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Autor: María José Ferlini Cartín

Solicitud de SITRAHSAN al Ministerio de Hacienda sobre el salario escolar

El pasado 17 de enero de 2023, SITRAHSAN por medio de un correo electrónico, le realizó ciertas solicitudes a la Tesorería Nacional o a quién corresponda sobre el depósito y pago del salario escolar a los funcionarios públicos, esto luego que por medio de un comunicado de prensa el Ministerio de Hacienda compartió la noticia que el pasado viernes 20 de enero, el Gobierno depositó 150.958 millones de colones a los funcionarios activos del Gobierno y órganos descentrados (Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa, Defensoría de los Habitantes, Contraloría General de la República, Poder Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones). 

En primer instancia, comentan que consideran reprochable que se tenga previsto un 5% que se debe de entregar al trabajador por concepto de salario escolar y que ya es momento que una coletilla salarial sea enviada a los funcionarios del Ministerio de Hacienda, para así tener certeza del monto o pago y de cuánto se debe disponer por el desglose de las deducciones. Adicionalmente, requieren que el Poder Ejecutivo sea excluido del primer grupo del cuadro anexado en el comunicado de Hacienda, esto con el propósito de evidenciar la diferencia en cantidad y porción que representa el grupo de trabajadores de Hacienda y los del Ejecutivo.

Por tanto, requieren que se les sean brindadas coletillas salariales con el detalle antes del pago correspondiente, que se detalle o separe la cantidad de trabajadores y monto destinado a los funcionarios del Poder Ejecutivo, que se brinde un detalle del salario escolar dado a los funcionarios de los tres poderes del Estado, para que de esta forma la población tenga un panorama más transparente respecto a las diferencias salariales. 

Pretenden además que se publique en coordinación con la Contraloría General para que la población civil pueda valorar y juzgar la situación, que a tanto las instituciones como a los empleados tengan certeza y seguridad de dónde se remiten los fondos, que se tenga seguridad en la planillas y sus correspondientes pruebas, pese a los hackeos y la decisión de asegurar a INTEGRA 1 y 2, para así evitar pagos en exceso. Y finalmente que de no tenerse de manera inmediata los requerimientos, se indique la fecha en la que se pueda acceder a dichas solicitudes. 

 

Información compartida con SURCOS por SITRAHSAN.

Programa Alternativas. «Perú: crisis, represión y muerte. ¿Hay alternativas?»

El pasado viernes 20 de enero de 2023 se transmitió en el Programa Alternativas con el tema: «Perú: crisis, represión y muerte. ¿hay alternativas?». Se contó con la participación de  Lucia Alvites, socióloga, MSc Estudios de Género, docente universitaria, militante de Nuevo Perú; Gustavo Espinoza, periodista, escritor y ex parlamentario; Nidia Fonseca y José Amesty como invitado. 

La situación en Perú se presenta como un punto de arranque para otras situaciones de lucha ciudadana en latinoamérica. El inicio del conflicto en el país suramericano se sitúa desde que el expresidente Pedro Castillo asumió y los sectores de ultraderecha del parlamento estuvieron en contra, las manifestaciones como tal se sitúan el pasado 7 de diciembre cuando se logra la destitución del expresidente y se da ese quiebre de la voluntad popular.

Se explica que los objetivos de las manifestaciones incluyen: la salida de la actual presidenta Boluarte del Palacio de Gobierno, el cierre del Congreso y el cambio del actual presidente del Congreso y por último, nuevas elecciones en las que se plantee un cambio de Constitución, esto pues encuestas arrojaron que cerca del 70% de la población quiere la elección de una Asamblea Constituyente. 

La actual lucha que se mantiene desde el diciembre pasado, tiene el potencial de ser interminable en el contexto de la diversidad de zonas que tiene un país tan extenso como Perú y que la tranquilidad en una zona o en algunos sectores de la población, no garantiza la lucha de otros sectores, al ser la capacidad de lucha del pueblo peruano muy extendida. 

Puede observar el programa entero con las distintas intervenciones en el siguiente enlace: https://fb.watch/iaWulSJ-dk/

Historieta “Cantando sin guitarra”

El Comité de Solidaridad con los Pueblos Originarios Iriria Tsöchok elaboró esta historieta titulada “Cantando sin guitarra”, en la que se ilustra cómo el asesino del líder indígena Jehry Rivera, se jactó frente al gobierno, policía y personas de la comunidad de haberlo hecho y aún así mantuvo su libertad. 

¡Justicia para Jehry! ¡Alto a la impunidad! Defender las tierras ancestrales es un derecho humano de todos los pueblos originarios del mundo.

Certificación de retiro de solicitudes de aumentos tarifarios de empresas autobuseras

El señor Reiner Canales Medina, representante legal de la Asociación por los Derechos de los Usuarios de los Servicios Públicos solicitó que se le certifique, en el periodo de 2014 a 2023 cuántas y cuáles empresas autobuseras, habiendo presentado solicitud de aumento tarifario, retiraron del trámite las mismas, ya sea en el proceso de admisibilidad, proceso de audiencia pública, o antes de la resolución final por parte de la ARESEP. A las mismas le solicita indicar los números de ruta y descripción de las mismas.

https://surcosdigital.com/suscribirse/

 

Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Transmisión del juicio por el asesinato de Jehry Rivera Rivera

La Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) comparte la transmisión en vivo del juicio por el asesinato de Jehry Rivera Rivera, compañero líder Brörán asesinado el 24 de febrero del 2020. Jehry fue asesinado por su participación en los procesos de recuperación de tierra-territorio en el Territorio Brörán de Térraba. 

Agradecemos profundamente a las y los compañeros de Bloque de Vivienda por transmitir esta primera sesión del juicio que tomó lugar el día 23 de enero del 2023, en el que se interroga al señor William Mora Alfaro, investigador judicial en la unidad de Buenos Aires, que fue convocado como uno de los testigos respecto a las actuaciones policiales en este caso.

Puede ver la transmisión completa en el siguiente enlace https://fb.watch/iesy9G3Ea6/ 

JUSTICIA PARA JEHRY Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.

CELAC: muro, equilibrio y protagonismo

Mag. José A. Amesty Rivera

El 23 y 24 de enero 2023, inicia la cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, en la República de Argentina. Asistirán al menos unos quince presidentes de la región latinoamericana.

Este organismo de integración, fue propuesto por en febrero de 2010 por iniciativa del Gobierno de México, para reunir a mandatarios de los 33 países de América Latina y el Caribe en un espacio de diálogo y concertación política.

Finalmente fue creada en Caracas entre los días 2 y 3 de diciembre de 2011 en el marco de la IIIª Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC) y de la XXIIª Cumbre del Grupo de Río, y convocada por el presidente Hugo Chávez Frías.

Inicialmente, fue una instancia como contrapeso a algunas organizaciones como, la Organización de Estados Americanos OEA, al Área de Libre Comercio para las Américas ALCA entre otras, para viabilizar políticas de verdadera integración latinoamericana, y que fuera un dique contra las políticas imperiales y de injerencismo de EEUU en América Latina.

Han pasado varios años de hechos históricos desde la creación de la CELAC, por lo que este año, algunos la llaman el «relanzamiento» de la Comunidad.

El actual presidente pro tempore de la CELAC es el argentino Alberto Fernández, quien funge desde el 7 de enero del 2022.

Hemos sido testigos en los últimos años y en un constante crecimiento, de los niveles deshonestos del intervencionismo de EEUU en América Latina, por lo que deseamos juntamente con Atilio Boron sobre «la necesidad de una robusta CELAC para ponerle freno a tanta prepotencia imperial. Sólo una acción concertada entre nuestros países podrá evitar la brutal recolonización de Latinoamérica y el Caribe, montada sobre una derecha radical y violenta que es promovida, asesorada y financiada desde Washington a través de numerosos canales«.

Agregando Boron, «Por eso la CELAC es más necesaria que nunca. Ojalá que la Cumbre de Buenos Aires pueda a ser recordada como aquella en la que se recuperó el proyecto original que le dio nacimiento en 2011«.

Igualmente, Marcos Roitman Rosenmann, plasma su sueño con las siguientes palabras, «Es una oportunidad que no se puede dejar escapar. Debe ser cuna de un pensamiento emancipador, revitalizado, base para una propuesta de integración regional. La convocatoria, abre una puerta para restar poder y levantar los cimientos de una patria grande, el sueño de Simón Bolívar, Augusto Sandino, Lázaro Cárdenas, Fidel Castro, Salvador Allende o Hugo Chávez. Es el momento del cambio y recoger el testigo. Los presidentes de Brasil, México, Colombia, Argentina, Cuba, Venezuela, Bolivia deben asumir responsabilidades y liderar un nuevo proyecto de integración latinoamericana. De su determinación y compromiso antimperialista depende el futuro de la democracia en nuestra América».

Aunque el sueño se trunca abruptamente, ante las declaraciones en las redes sociales que, el presidente de Venezuela Nicolas Maduro Moros, no asistirá a Cumbre de la CELAC: gobierno denuncia nuevo plan de agresión.

Pero como lo señala así mismo, Katu Arkonada, «la derecha latinoamericana, de la mano del Departamento de Estado y sus agencias de inteligencia, conspiran para impedir el desarrollo de la CELAC«.

Indicando a su vez que, «se suma el interés de la derecha cubano americana de Miami que tiene como objetivo golpear la presencia de las delegaciones de Cuba, Venezuela y Nicaragua, además de los gobiernos que ellos consideran socialistas como Bolivia, Honduras, México, y Brasil, ahora que ha anunciado su reincorporación a la CELAC».

«Entre los extremistas de Miami que se están reuniendo para conspirar contra la CELAC destacan:

Orlando Gutiérrez Boronat, presidente del Directorio Democrático Cubano (DDC) que se ha caracterizado por su permanente accionar de provocación contra las delegaciones cubanas en cumbres iberoamericanas y otros foros internacionales.

Tomás Pedro Regalado y Valdez, ex Alcalde de Miami, militante del Partido Republicano y fiel seguidor de Trump, actual Presidente del Instituto Interamericano para la Democracia.

Luis Manuel de la Caridad Zuñiga Rey. Ex agente de la CIA y ex Directivo de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), de la que fue responsable de su grupo paramilitar.

Rosa María Payá, respaldada por Marcos Rubio y Luis Almagro, su misión es la campaña anti cubana en el exterior, siendo recibida por miembros del Parlamento Europeo a solicitud del Departamento de Estado«.

Todos/as los anteriores, reciben financiamiento para la conspiración, reforzar, impulsar y avalar bloqueos, e intervención militar contra Cuba y Venezuela.

La denuncia de Arkonada, muestra igualmente a los/as cómplices colaboradores en Argentina:

Gabriel Salvia, Presidente de la fundación Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina (CADAL), financiada por USAID y el Departamento de Estado.

Gerardo Bongiovanni, directivo de la Fundación Libertad, financiada por la NED y USAID, y vinculado también con las fundaciones ATLAS, FUPAD, RELIAL, CATO Institute, Friedrich Neuman y Konrad Adenauer, todas ellas en permanente campaña contra los gobiernos progresistas latinoamericanos.

Leandro Querido, con estrechas relaciones con Rosa María Payá, director ejecutivo de la ONG Transparencia Electoral.

Agustín Antonetti, coordinador del grupo joven de la Fundación Libertad, articulador mediático de la Red Atlas y principal operador en Twitter de la campaña anticubana en julio de 2021 y 2022.

Micaela Hierro Dori, fundadora y presidenta de la asociación Cultura Democrática, utilizada por la NED como intermediaria para financiar organizaciones como el Movimiento San Isidro. 

Cual perla infame se destacan las acciones imperiales de estos grupos y personas, contra el fracaso de la cumbre presidencial de la CELAC:

  • «Iniciar una fuerte campaña en medios y redes sociales contra las delegaciones de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y México, utilizando medios regionales y también nacionales, para que brinden una cobertura negativa sobre la Cumbre de la CELAC.
  • Utilizar fondos de agencias federales de Estados Unidos, y fondos destinados a proyectos sociales de la OEA para financiar el traslado a Buenos Aires de elementos de la ultraderecha latinoamericana, con el fin de realizar acciones en el marco de la CELAC.
  • Ante la compleja situación por la que atraviesa la aerolínea oficial de Cuba y la posibilidad de que se recurra a una aeronave rusa o venezolana, exploran una maniobra legal para retener el avión, tal y como sucedió recientemente con el avión de carga venezolano-iraní de la empresa Emtrasur.
  • Movilizar en Buenos Aires a cubanos contrarrevolucionarios, amigos argentinos y de otras nacionalidades, para manifestarse frente a las embajadas de los países anteriormente mencionados.
  • Utilizar los contactos de Rosa María Payá con el Presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou para reeditar durante la CELAC los ataques contra Cuba, al igual que sucedió en la anterior cumbre en México.
  • Realizar gestiones con las delegaciones de Paraguay y Ecuador para que en el contexto de la Cumbre realicen declaraciones contra los gobiernos calificados de “dictatoriales.

Al igual que sucedió en 2006 en Mar del Plata, es indispensable que en 2023 en Buenos Aires sea rechazado este nuevo ataque contra la integración latinoamericana y caribeña».

Como corolario positivo de la Cumbre, anexamos la Declaración de CELAC Social:

Celebramos:

– La realización de la VII Cumbre de la CELAC y la vocación y el compromiso de los gobiernos de la región en avanzar en un camino de mayor integración regional, así como en posiciones conjuntas en temas clave de las agendas global y regional, en pos de los intereses de nuestros pueblos.

Declaramos:

– Que es imperioso que la CELAC sostenga un posicionamiento firme en relación con la finalización de la guerra en Ucrania, articulando todos los recursos diplomáticos disponibles en aras de un diálogo político que lleve a la paz en esa región del mundo, asumiendo los compromisos pertinentes respecto al sostenimiento de un orden internacional multilateral basado en el derecho. En ese sentido, es imperioso que se detengan los avances de la OTAN en la zona, así como la inclusión de Ucrania en esta organización.

– Rechazamos toda forma de colonialismo o neocolonialismo en América Latina y el Caribe.

– Denunciamos que la base de la OTAN, representada por Gran Bretaña, en el territorio usurpado a la República Argentina, representa un peligro para toda la región y forma parte de un dispositivo de dominio anglosajón más amplio y ambicioso sobre la región. Exhortamos a los gobiernos de la CELAC a tomar las medidas necesarias para poner fin pacíficamente a esta situación, al amparo del derecho internacional.

– Reafirmamos los legítimos derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y el Sector Antártico Argentino, en el sentido en el cual fue establecido una vez más por la CELAC en la Declaración Especial de septiembre de 2021.

– Repudiamos todo bloqueo ejercido contra cualquier país de la región, y demandamos no solo la finalización de los bloqueos actualmente existentes sino la definición de mecanismos de reparación a los pueblos que los sufren. Con relación al caso de los 62 años de bloqueo a Cuba, exigimos que los EEUU apliquen la resolución votada en treinta oportunidades en la Organización de las Naciones Unidas de levantarlo. Asimismo, demandamos que EEUU retire a Cuba de la arbitraria lista de patrocinadores del terrorismo internacional. En el caso específico del bloqueo a Venezuela, se destaca el hecho de que impide que el Astillero Río Santiago, en Argentina, cumpla con su compromiso de entregar el buque petrolero Eva Perón y la continuidad de su construcción gemela, el buque Juana Azurduy.

– Solicitamos a los gobiernos de la CELAC iniciar acciones coordinadas para desmantelar las bases militares instaladas por EEUU en América Latina y en el año en que se cumplen 200 años de la Doctrina Monroe, condenamos fuertemente lo que ella implica y cualquier tipo de injerencia en nuestra región por parte de EEUU.

– Demandamos que la CELAC tenga una voz concertada en cuanto a las transformaciones necesarias de la arquitectura financiera internacional y la deuda externa de los países. Es necesaria una Nueva Arquitectura Financiera Internacional, orientada al desarrollo productivo con inclusión social. Esta Nueva Arquitectura Financiera Internacional debería comenzar con una fuerte revisión del proceso de endeudamiento salvaje de nuestros países por parte de los centros financieros y sus agentes especulativos, así como diseñar estrategias donde el repago de las deudas soberanas recaiga sobre los actores económicos que se han beneficiado de estos procesos, y no sobre el conjunto de los sectores populares de la región. Acuerdos tributarios entre países, para detectar la fuga de capitales de los grandes especuladores de origen local, es el primer paso para construir un espacio monetario más soberano.

– Consideramos imperioso que se encare con decisión la cuestión de la extranjerización de la tierra en nuestra región, un flagelo que se ve agravado por la actual disputa hegemónica global. En ese sentido, advertimos sobre la gravedad y el riesgo generado con los procesos de extranjerización de tierras y espacios marítimos y fluviales en beneficio de empresas estatales, privadas o individuos ajenos a nuestra región. Existe la posibilidad de que se constituyan en instrumentos de la apropiación y el saqueo de nuestros recursos naturales y la excusa para la intervención de poderes extranjeros.

– Abogamos por una integración regional que constituya el mejor instrumento para fortalecer la soberanía y la autonomía de nuestra región, para que los destinos de este territorio sean definidos democráticamente según la voluntad de sus pueblos.

– Condenamos los golpes de Estado que han tenido lugar en la región. Recientemente, el perpetrado en Perú y el intento en cometido en Brasil. Asimismo, condenamos los recientes intentos de magnicidio de la ex presidenta y actual vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y de la actual vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez.

– Buscamos que sea promovida una integración regional que fortalezca la independencia económica de América Latina y el Caribe, disminuyendo los condicionantes económicos externos a partir de una inserción internacional y acuerdos regionales que creen y fortalezcan capacidades productivas y tecnológicas propias, en pos de una reducción de las brechas de desarrollo con los países. Demandamos que se desande el sendero de acuerdos de libre comercio y tratados bilaterales de inversión que han sido perjudiciales para nuestros países.

– Es imperioso encarar la cuestión de la crisis climática, con un posicionamiento firme de la CELAC en relación a las responsabilidades comunes pero diferenciadas en esta cuestión, promoviendo a nivel global una transición justa.

– Sostenemos que se deben retomar los principios y mandatos reconocidos en las Declaraciones de la II, III, IV, V y VI Cumbres de la CELAC relativos a la generación de trabajo digno y productivo, la reducción de las desigualdades, el establecimiento de salarios mínimos vitales y su elevación progresiva, la protección, asistencia y seguridad social, la eliminación del trabajo infantil, el fortalecimiento de la educación técnica y la formalización profesional, la promoción de la igualdad y la equidad de género, la empleabilidad juvenil, el fomento a la libertad sindical y a la negociación colectiva, el respeto al derecho de huelga y el fortalecimiento de la administración del trabajo. Creemos en la necesidad de que la CELAC adopte una Carta Sociolaboral Latinoamericana, de modo de garantizar a través de un instrumento internacional, una serie de pisos mínimos en materia de derechos laborales que obligue a los Estados parte a comprometerse con respetarlos y a no promover ninguna reforma legislativa al respecto. Asimismo, demandamos la defensa de los sistemas previsionales públicos y de reparto.

– Con base en los compromisos adoptados en la resolución sobre la inclusión de un entorno de trabajo seguro y saludable en el marco de la OIT, relativos a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, solicitamos a los jefes y las jefas de Estado de la CELAC que promuevan la elaboración de una hoja de ruta de América Latina y el Caribe sobre Seguridad y Salud en el trabajo y la creación de un grupo de trabajo técnico para el diseño de la hoja de ruta.

– Afirmamos que sin igualdad de género no hay justicia social, por lo que resulta necesario el compromiso de los Estados en la generación de las condiciones que aseguren el pleno ejercicio de los derechos y libertades a todas las personas, en especial a mujeres y diversidades. Reclamamos medidas urgentes para erradicar las violencias de género.

– Demandamos la protección de las personas migrantes y sus familias, según los instrumentos del derecho internacional que rigen en la región.

– Demandamos la institucionalización de espacios permanentes de diálogo de los gobiernos con las organizaciones y movimientos sociales, así como de participación de la sociedad civil organizada. La región cuenta con un importante acervo al respecto que es central recuperar prontamente. Retomamos la demanda presentada ante la VI Cumbre de la CELAC que tuvo lugar en México, en la Declaración Abierta de organizaciones sociales de América Latina y el Caribe que llama a encaminar junto con los gobiernos un espacio de diálogo sobre las grandes tareas y desafíos que tiene nuestro continente.

– Demandamos la promoción, por parte de los gobiernos de la CELAC, de procesos de democratización de los poderes judiciales en América Latina y el Caribe, que se encuentran cooptados por intereses internacionales y locales que no corresponden con los de nuestros pueblos, para así dar fin al disciplinamiento social, la criminalización de la pobreza, la juventud y la protesta, así como a la persecución político-judicial o guerra jurídica contra los y las líderes populares. Demandamos la liberación de todos los presos políticos y todas las presas políticas en la región, sin cuya liberación no hay democracia. Exigimos la liberación de la dirigenta argentina Milagro Sala.

– Demandamos la creación de un ámbito para la elaboración de estrategias comunicacionales conjuntas, que no sólo permitan formular políticas y desarrollar actividades frente a las noticias falsas (fake news), y las propias acciones de las grandes corporaciones de medios con un claro sentido de dominación, sino que también refleje y exprese el bagaje cultural latinoamericano, las experiencias organizativas, las luchas populares, las historias de resistencia, la vida cotidiana de los pueblos.

– Demandamos que la CELAC active todos los dispositivos y la coordinación necesaria para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en la región.

– Demandamos que los Estados garanticen los derechos económicos, sociales y culturales de los Pueblos Originarios, reivindicando la Plurinacionalidad de Territorio de América Latina y el Caribe.

– Demandamos que la región dé una respuesta propia a la cuestión haitiana, respetando el principio de no intervención y el derecho del pueblo de Haití a definir soberanamente su destino.

– Reafirmamos el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico y abrazamos a su pueblo reclamando que se ponga fin a toda forma de colonialismo en ese territorio.

– Nos comprometemos a articular la solidaridad y la organización de los pueblos para la realización efectiva de lo aquí demandado y con el sostenimiento en el tiempo de espacios como la CELAC social.

Buenos Aires, Patria Grande, enero de 2023.

Finalmente, como cristianos y revolucionarios, abogamos por el triunfo de la cita CELAC, para que el organismo por la integración latinoamericana, sea un muro contra todas estas artimañas; se posesione un equilibrio entre los países latinoamericanos y realmente se consolide un verdadero protagonismo de la CELAC.

Inicia juicio por el asesinato del líder brörán de térraba, Jerhy Rivera Rivera

COMUNICADO PÚBLICO

– Organizaciones de Pueblos Originarios de la Zona Sur y organizaciones solidarias de distintas partes del país acompañan a la madre, familia de Jerhy Rivera y al Pueblo Brörán de Térraba en las afueras de los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón.

– El Tribunal de Pérez Zeledón admite como prueba el vídeo de la confesión del imputado Varela por el asesinato de Jehry Rivera e investigador judicial admite en su testimonio que Jerhy Rivera Rivera fue asesinado por el conflicto existente por las tierras-territorios en la Zona Sur y que Jerhy fue arrastrado por el suelo al menos 5 metros del lugar donde fue asesinado.

Lunes 23 de enero del 2023. El día de hoy inició el juicio por el asesinato de líder Brörán del Territorio de Térraba, Jerhy Rivera Rivera. Jerhy fue asesinado por su rol en los procesos de recuperación de tierras-territorios del Pueblo Brörán de Térraba el 24 de febrero del 2020, en el segundo día en el que una turba de entre 150-200 personas asedieron a las personas del Pueblo Brörán que se encontraba recuperando tierras territorios desde el 23 de febrero de ese mismo año.

En las afueras del recinto judicial se encuentran distintas organizaciones acompañando a la madre, familiares de Jerhy Rivera y al Pueblo Brörán de Térraba: una comitiva de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, el Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa (Autogobierno Bribri de Salitre), la Red de Mujeres Rurales, el Comité de Solidaridad con los Pueblos Originarios Iriria Tsöchok, la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), además de personas de los Pueblos Originarios de otros Territorios de la Zona Sur y otras organizaciones de distintas partes del país.

Entre los hechos más importantes y que han sucedido en el desarrollo del juicio hasta ahora se encuentran: 1) *el Tribunal de Justicia de Pérez Zeledón admitió como prueba el vídeo de la confesión del imputado Varela por el asesinato de Jerhy Rivera* y; 2) según el testimonio de *William Mora Alfaro, investigador judicial de Buenos Aires, *reconoció que Jerhy fue asesinado por su participación en el conflicto de tierras-territorios en la Zona Sur y además admitió que Jerhy fue arrastrado 5 metros después de ser asesinado.*

Mora Alfaro fue el investigador encargado del levantamiento de informes policiales, así como de las primeras investigaciones del homicidio por razones políticas. *Su testimonio confirma que Jerhy fue asesinado por razones políticas y que además sufrió ensañamiento por parte de la turba que se encontraba hostigando y violentando a las personas recuperadoras del Pueblo Brörán desde el 23 de febrero del 2020.*

Llamamos a la comunidad nacional e internacional, a las organizaciones hermanas y solidarias a continuar atentos y atentas al desarrollo del juicidio sobre el asesinato de Jerhy Rivera Rivera. A estar vigilantes de que la impunidad sobre este caso se detenga.

*Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).*

El Perú en un callejón sin salida

«Yo no soy un aculturado; yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz habla en cristiano y en indio, en español y en quechua». Con esta frase, hoy 18 de enero, recordamos el nacimiento del escritor, antropólogo y etnólogo peruano autor de “Los ríos profundos”, José María Arguedas.

Rogelio Cedeño Castro. Sociólogo y escritor costarricense.

La pérdida de más sesenta vidas de ciudadanos peruanos, como fruto de la represión del gobierno instaurado, mediante un golpe de estado congresal militar, por los perdedores de las elecciones de 2021, no es un acto que se pueda calificar como democrático, más bien representa la instauración de una dictadura sangrienta y represora, un régimen donde los derechos humanos y el estado de derecho no existen. Las grandes mayorías del Perú Profundo: gentes de los Andes, la costa y la selva que han salido a defender su voto, además de su derecho legítimo de participar en la toma de decisiones en un país profundamente desigual, racista y discriminador de las grandes mayorías urbanas y rurales.

Cuando se mencionó el caso de Brasil, con el asalto a los edificios de los poderes públicos en la capital brasileña, y los peligros que estas acciones representan para la democracia en la región latinoamericana, se omitió profundizar en las condiciones mínimas de legitimidad y de respeto al estado de derecho que se requieren para que la democracia latinoamericana vaya más allá de las mascaradas electorales que se organizan cada cuatro o cinco años en nuestros países. La ausencia o el irrespeto sistemático al debido proceso, la presunción de inocencia, las garantías de contar con una defensa legal y el habeas corpus conforman una peligrosa corriente que nos deslizan hacia el autoritarismo y el totalitarismo de una derecha agresiva, inculta, mentirosa y enemiga de la libertad de pensamiento: todo ello con el concurso decisivo de los poderosos medios de comunicación corporativos, y de un poder judicial manipulado por los poderes fácticos e imperiales, donde algunos jueces, y fiscales manipulan descaradamente los mecanismos de la “justicia” tornándola inviable, tanto como la democracia misma en los países de América Latina, al judicializar la política en beneficio de sus intereses acusando falsamente, a través de los mecanismos del lawfare, a aquellos políticos que se quieran salir de la disciplina neoliberal, con sus políticas de saqueo sistemático de nuestros países y de irrespeto a los derechos humanos. En síntesis una institucionalidad presuntamente democrática de espaldas al pueblo, sin su participación más allá del manipulado sufragio.

Además, la intervención descarada de los defensores incondicionales de los intereses de las corporaciones transnacionales europeas y estadounidenses (incluida la jefe del Comando Sur de los Estados Unidos) acentúan lo que constituye el mecanismo, mediante el que se ha tornado imposible el ejercicio democrático efectivo en la mayoría de los países de nuestra región, por lo que nos encontramos en una profunda crisis de la democracia, sólo equivalente a la que planteó en 1966, el expresidente dominicano Juan Bosch (1909-2001) en su libro CRISIS DE LA DEMOCRACIA DE AMÉRICA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA, a raíz de la invasión de la República Dominicana, en abril de 1965, por cuarenta mil marinos estadounidenses, con el propósito de impedir el retorno a la democracia en ese país caribeño, emprendido por los revolucionarios constitucionalistas de aquella generación dominicana. Bosch calificó esa figura dándole el nombre de pentagonismo, ahora estamos ante un ascenso neofascista a escala internacional y regional.

Dado lo anterior, es que surge la obsesión de algunas gentes, por descalificar el recurso de acudir a los planteamientos teóricos de algunos autores y estudiosos de la sociología política, o la sociología del conocimiento (que trata de destrabar-por así decirlo- o explicitar la intrincada y compleja relación entre el conocimiento y la existencia social en sí misma), para intentar explicar o entender los alcances y componentes de la presente crisis peruana y latinoamericana, no importa si los aportes de los años sesenta y setenta del siglo pasado, o los de este cambio de siglo, en cuanto a los alcances de sus elaboraciones teóricas y trabajo de campo sobre estos temas, esa hostilidad latente aunque agresiva es algo que raya en el desvarío, el ridículo y la sinrazón manifiesta por parte de algunas gentes de la derecha totalitaria, que incluso se atreven a opinar sobre temas que no conocen o de los que no han leído ni una página.

Lo cierto es que, tanto la sociología como la antropología y la historia social, como las mismas sociedades latinoamericanas en tanto objeto de estudio, han experimentado grandes cambios en este medio siglo transcurrido, dentro del tiempo de la larga duración histórica: un hecho esencial, en el caso del Perú, es que hasta la década de los sesenta las grandes mayorías campesinas de los Andes Centrales del Perú estaban sometidas a un régimen de servidumbre, discriminación y racismo manifiesto, un tema que trataron con una dosis de empatía, e identificación con los pueblos originarios, no carentes del rigor analítico y el conocimiento sobre el terreno en el que se ponen de manifiesto esas realidades, autores como el antropólogo, novelista, poeta y traductor quechuahablante José María Arguedas Altamirano (Andahuaylas 1911-Lima 1969) y el periodista, escritor, cronista, poeta y novelista Manuel Scorza ( Lima 1928- Madrid 1983), con su saga de novelas cortas sobre las luchas campesinas en los Andes Centrales en aquellos años, previos a las reformas que introdujo el general Juan Velasco Alvarado, entre 1968 y 1975, quienes no necesariamente fueron sociólogos o se asumieron como tales, además de Héctor Béjar, el gran maestro de la sociología peruana, dada la inmensa producción bibliográfica producto de varias décadas de investigación y reflexión sistemática.

La verdad es que en un texto como este no pretendo, ni podría jamás agotar todo el complejo problema de la nación peruana, desde sus orígenes en cuanto a estado-nación, dos siglos hacia atrás, cuando fue inventada por los criollos herederos de los colonizadores españoles como un país, sin tener en cuenta a los pueblos originarios y poblaciones afrodescendientes.

La sociología, en tanto ciencia social, al igual que historia y la economía política no legitima en sí misma a los gobernantes de una nación, pero el apoyo del pueblo sí. En el caso peruano, nos encontramos con que Dina Boluarte, la presidenta de facto y sus titiriteros militares y oligarcas fujimoristas son rechazados por casi el noventa por ciento de la población(88 por ciento, según una encuesta de las más recientes).

A propósito de las acusaciones contra el presidente derrocado Pedro Castillo Terrones. formuladas por jueces y una fiscal oficiosa, además de parcializada, alguna gente parece olvidarse del debido proceso, la presunción de inocencia y el habeas corpus pilares del estado de derecho en una sociedad que sea democrática de verdad, tal y como habíamos mencionado al inicio de este texto. Ahora bien, de lo que se acusa a Pedro Castillo es de “acciones ilícitas” por las que no podía ser juzgado siendo presidente, las que, de ser ciertas, resultan ser insignificantes a la par del prontuario de todos los presidentes que lo antecedieron en el cargo, a lo largo de los últimos treinta años: unos presos, otros en fuga y uno suicidado (Alan García Pérez).

En el contexto actual, resulta inocultable la necesidad de destacar lo antidemocrática y mala perdedora que es la mayoría de la derecha en esta parte del mundo, no sólo en el Perú, sino también en Bolivia y hasta en Brasil, donde hace unos días trataron de dar un golpe de Estado. Por supuesto que esos son temas que a algunas gentes de la derecha no les interesan por lo que prefieren obviarlos, al igual que las más de sesenta víctimas mortales ocasionados por la represión ultraderechista ¿será que esos peruanos asesinados no son seres humanos? algo muy similar, a lo que pasó en Bolivia, en noviembre de 2019, con las víctimas de Sakata y Senkaba (alrededor de 40) durante la dictadura de Yanine Áñez, esa que el valiente pueblo boliviano supo revertir.

El presidente legítimo del Perú, el señor Pedro Castillo Terrones continúa secuestrado por gentes que usurparon el mando de la fuerza pública, cuando aún no había sido vacado por el congreso, ni se había seguido el debido proceso para concretarla. En lo que fue una clara violación del orden constitucional, algo que resulta de suyo evidente.

La lamentable ignorancia y cinismo manifiesto de algunas gentes las alejan cada vez más de la realidad. A fin de cuentas, tal vez no haya ciencia social o ciencias sociales(tal vez la brujería y la nigromancia podrían resultar mejores para algunos) como suelen afirmar sin ningún fundamento, pero lo cierto es que la mentira descarada sobre lo social tampoco nos aproxima al conocimiento de lo que de verdad ocurre: Todos los anteriores presidentes del Perú se agacharon ante la oligarquía y firmaron su hoja de ruta, a pesar de ello Alan García Pérez se suicidó cuando iba a ser detenido hace ya tres años(¿se asiló en los infiernos acaso?) al haber graves evidencias en su contra, Alejandro Toledo sigue detenido en Estados Unidos esperando ser deportado por defraudaciones multimillonarias, Ollanta Humala sigue procesado y con detención domiciliaria, Alberto Fujimori en la cárcel por crímenes contra la humanidad y así sucesivamente. Lo extraño es que a Pedro Castillo Terrones, que de socialista o comunista no tiene nada, no se le siguió el debido proceso y continúa secuestrado por el nuevo régimen, ese que ya ha asesinado a más de sesenta peruanos. Dina Boluarte, al igual que Jeanine o Yanine Áñez, la aprendiz de dictadora de Bolivia en 2019-2020, tiene manchadas las manos de sangre, al igual que su premier militar ultraderechista Alberto Otárola, terminará en la cárcel como la boliviana y el ultraderechista Fernando Camacho, otro de los ejecutores del golpe de estado de 2019 en Bolivia.

Los cambios que se necesitan en las negociaciones sobre el Cambio Climático

Las cumbres sobre Cambio Climático, como la COP 27 del año 2022 realizada en Egipto siguen teniendo, según nuestro criterio, un enfoque equivocado. No dudamos de que muchos de los participantes tienen la mayor y mejor voluntad de lograr avances. Más, sin embargo, todo parece indicar que se trata de un asunto de paradigma.

Por Allan Astorga

Hay una confusión de objetivos, prioridades y expectativas. Trataremos aquí de analizar, por tanto, algunos de los cambios más importantes que se requieren implementar en el contexto de esas negociaciones.

Un problema de raíz: la petición de los países pobres por recursos: en primer lugar, las negociaciones no pueden centrarse en el hecho de que los países pobres se pasen pidiendo recursos de compensación a los países ricos. Fondos que quieren dedicarse en la mitigación y adaptación a los efectos del Cambio Climático, como si las acciones con objetivos preventivos y correctivos no urgieran.

Son tantos los reclamos y las variantes de éstos que es muy difícil priorizarlos. Se produce mucho desgaste en la competencia entre los países para buscar recursos.

Se tiene que tener claro que, aunque hubiera recursos y los mismos se entregaran a los países pobres, eso no significa que se haga algo verdaderamente efectivo contra el Cambio Climático y el desequilibrio en que se encuentra la Ecosfera terrestre.

Tampoco se tiene claro en qué terminarían esos recursos. No podemos olvidar el grado de corrupción que existe en nuestros países. Muchos de esos recursos terminan en consultorías innecesarias y muchos escritos con propuestas que recomiendan más de lo mismo.

Al final, parece que las negociaciones hasta ahora se han desgastado en cosas superficiales y no en asuntos verdaderamente efectivos. El avance es muy reducido, para no decir que es negativo.

Perspectiva de la crisis de la Ecosfera terrestre: La Crisis Climática no ha terminado y más bien está empeorando. Todavía no es hora de ponerse a pagar compensaciones. Los recursos deben ser invertidos en acciones preventivas globales.

Pero, la crisis climática es solo uno de los varios indicadores del desequilibrio de la Ecosfera terrestre. La pérdida de bosques (principalmente tropicales), la degradación y la extinción de la vida y la biodiversidad en zonas terrestres y marinas, la degradación del suelo, la situación de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas y la contaminación de los océanos y su disminución de su capacidad de aportación de pesca, son solo algunos de los grandes problemas que urge atender.

Las acciones que apremia tomar deben ser locales, pero con visión planetaria, es decir, de acción ubicua. La efectividad de las acciones debe llevar como resultado dar insumos a los gobiernos locales para que, junto con sus comunidades, puedan tomar acciones concretas en sus territorios jurisdiccionales. Mientras esto no se haga no podemos decir que estamos avanzando.

Las acciones a desarrollar tienen que tomar en cuenta la atención de corrección de los límites planetarios que están en zonas críticas y que tienen a la Ecosfera terrestre en un significativo estado de desequilibrio ambiental. Esto, mientras se promueve el desarrollo económico y el progreso humano que debe sostener una población humana de más de ocho mil millones de habitantes en todo el planeta.

Enfoque de gobiernos locales: como hemos señalado antes la clave para implementar acciones efectivas contra el Cambio Climático y en la lucha por restaurar el equilibrio de la Ecosfera terrestre son los gobiernos locales. Esto, por cuanto se requieren acciones locales, puntuales, pero con alcance global por su ubiquidad. Solo cuando empecemos a tomar este tipo de acciones podremos decir que realmente estamos en el camino correcto.

Podemos preguntarnos, cómo hacer para que un municipio de una zona rural pobre de Honduras o de Bolivia, o de Nigeria o de Indonesia realicen acciones concretas por restaurar el equilibrio del planeta.

Se requiere que esos gobiernos locales dispongan de información ambiental inteligente, de datos para ordenar y planificar su territorio de forma tal que como parte de sus medidas de desarrollo incorporen, con criterio y orden, medidas específicas para controlar la contaminación, restaurar suelos, bosques y biodiversidad, realizar gestión preventiva del riesgo, impulsar la agricultura y ganadería regenerativas y promover un progreso económico sustentable.

El financiamiento desde los países desarrollados debe basarse en esto. Es decir, que los gobiernos locales desarrollen plataformas de acción local con alcance global. Caso contrario siempre de desarrollará desconfianza en lo referente al manejo de los recursos, con lo cual se retardará cada vez más el inicio de aplicación de acciones efectivas.

En este contexto, resulta estratégico y prioritario atender la región tropical y subtropical, dado que es primordial recuperar bosques y ecosistemas de estas latitudes.

La ventaja que esto tiene es que, además de actuar en pos del equilibrio de la Ecosfera terrestre, también se estaría impulsando la recuperación y el progreso socioeconómico de los países tropicales muchos de los cuales son países pobres y la principal fuente de migración hacia el hemisferio norte.

El inicio de la recuperación del equilibrio de la Ecosfera Terrestre y la ralentización de los efectos del Cambio Climático tiene que ir aparejado con una mejora de la situación socioeconómica de los países más pobres. Se trata de objetivos que pueden se logrados simultáneamente aplicando las mismas acciones. Esto es vital comprenderlo.

COP 15 de Biodiversidad: una buena noticia que nos llena de esperanza: los resultados son positivos y esperanzadores. Ha habido acuerdo para que, con meta en el 2030, la humanidad restaure el 30 % de los ecosistemas terrestres y el 30 % de los ecosistemas marinos.

Algunos expertos consideran que ese es el umbral crítico para evitar los efectos de una extinción masiva de especies.

La noticia es buena, pero todavía falta lo más difícil que es su implementación. No obstante, es un gran comienzo.

Los pasos a seguir: hemos sido insistentes que las acciones globales no son suficientes. Se requiere implementar acciones locales, pero ubicuas. Todos los gobiernos locales del planeta tienen las mismas tareas y las mismas parten de realizar un efecto ordenamiento ambiental de su territorio, así como una correcta planificación territorial y del uso de sus recursos.

La inversión desde los países con mayores recursos debe ir encaminada a financiar el desarrollo de acciones concretas en los gobiernos locales del mundo. Es vital desarrollar un mecanismo de financiamiento para el desarrollo de suelos, bosques y biodiversidad en países tropicales, así como en el impulso por el desarrollo de la agricultura y la ganadería regenerativas.

Es fundamental empezar la descontaminación de los océanos y el impulso al desarrollo de la vida y la biodiversidad marinas.

Mientras no empecemos a desarrollar estas acciones, todavía no podremos afirmar que estamos avanzando en la lucha contra el Cambio Climático y por la restauración del equilibrio de la Ecosfera terrestre. Tenemos una ardua tarea por delante, pero posible de lograr.

 

Fuente: https://www.pressenza.com/

Asamblea General de Naciones Unidas confirma solicitud de opinión consultiva a justicia internacional sobre la situación en Palestina: Costa Rica y Guatemala votan en contra

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

El pasado 30 de diciembre del 2022, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución que confirma y ratifica una anteriormente aprobada en el mes de noviembre del 2022 (Nota 1): en ella, se solicita a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya pronunciarse mediante una opinión consultiva, sobre la ocupación prolongada y la colonización del territorio palestino por parte de Israel (véase nota de la DW así como está muy completa nota de TV5Monde, y el comunicado oficial de Naciones Unidas).

Las dos preguntas formuladas a la CIJ contenidas en la resolución A/Res/77/247 (véase texto) se leen de la siguiente manera (párrafo 18):

«a) ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de que Israel continúe violando el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, de sus prolongados actos de ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de la aprobación por Israel de legislación y medidas discriminatorias conexas?

b) ¿Cómo afectan las políticas y prácticas de Israel que se mencionan en el párrafo 18 a) al estatuto jurídico de la ocupación y qué consecuencias jurídicas se derivan de ese estatuto para todos los Estados y para las Naciones Unidas?«

Ya habíamos tenido la oportunidad de analizar y de poner en perspectiva el voto anterior, acaecido el 11 de noviembre del 2022 en el seno de la Cuarta Comisión de la Asamblea General; así como de señalar el profundo temor que despertó en las máximas autoridades de Israel: véase nuestra nota al respecto titulada «Palestina: ocupación y colonización por parte de Israel prontas a ser examinadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ)».

Este temor anunciaba gestiones diplomáticas al más alto nivel, las cuales fueron desplegadas por parte de Israel y de su fiel aliado norteamericano a partir del 11 de noviembre para frenar a toda costa esta iniciativa: tal como lo veremos a continuación, estas gestiones tuvieron una efectividad bastante limitada, salvo contadas excepciones (una de ellas siendo Costa Rica).

Alcance de las presiones diplomáticas ejercidas entre los dos votos

El 11 de noviembre, en el seno de la Cuarta Comisión de la Asamblea General, el resultado había sido de 98 votos a favor, 17 en contra y 52 abstenciones. En la votación realizada el 30 de diciembre en la Asamblea General como tal, el resultado arrojó un total de 87 votos a favor, 26 en contra y 53 abstenciones.

El tablero de la votación reproducido a continuación permite conocer en detalle cuáles fueron los Estados que sucumbieron a las intensas presiones de toda índole desplegadas por el aparato diplomático israelí y por su incondicional aliado norteamericano. Cabe advertir desde ya que estas gestiones diplomáticas no produjeron mayores efectos, salvo algunas excepciones: con un único caso – algo peculiar – de un Estado que votó a favor en noviembre y en contra en diciembre (Kenia). Como viene siendo costumbre en este tipo de contiendas, ninguna explicación oficial se ha dado sobre tan repentino cambio de posición del delegado de Kenia en Naciones Unidas.

El voto de los Estados de América Latina en este 2022: Guatemala y Costa Rica únicos en votar en contra

Al revisar en detalle lo que ocurrió entre noviembre (primera votación) y diciembre (segunda votación), en América Latina, Guatemala, mantuvo su voto en contra en ambas votaciones. Cabe precisar que Guatemala fue el único Estado de América Latina en votar en contra durante la votación registrada en noviembre del 2022. No está de más recordar que Guatemala ha sido el único Estado en el mundo en sentirse obligado a «segundar» al entonces Presidente de Estados Unidos en el 2018, trasladando también su embajada a Jerusalén después de Estados Unidos (véase nota de France24).

En esta segunda votación, Ecuador, Haití, Honduras y Uruguay por su parte mantuvieron su abstención anterior del mes de noviembre. No está de más indicar que pese a que estos cuatro Estados (al igual que muchos otros), recibieron diversas presiones por parte de Israel y de su fiel aliado norteamericano, optaron por no cambiar de posición.

En cambio, es de destacar el repentino cambio de posición entre el voto del 11 de noviembre y el del 30 de diciembre de los siguientes Estados: Brasil votó a favor el 11 de noviembre y se abstuvo el 30 de diciembre. Igual sucedió con las delegaciones de Panamá y de República Dominicana. El voto de Brasil se dio mientras ya emprendía viaje su entonces Presidente hacia Estados Unidos, declinando participar a la ceremonia de toma de posesión de las nuevas autoridades electas brasileñas, realizada el 1ero de enero del 2023.

Mucho más llamativo, son los casos de Costa Rica y de Colombia, que se habían abstenido en la primera votación del 11 de noviembre.

– Costa Rica, que se abstuvo el 11 de noviembre, pasó a votar en contra el 30 de diciembre, uniéndose a 25 otros Estados (entre los cuales reaparece el grupo de Estados que, año tras año, busca proteger a Israel en Naciones Unidas de forma automática, a saber, Australia, Canadá, Estados Unidos, Islas Marshall, Micronesia, Nauru y Palau). Salvo error de nuestra parte, ninguna explicación oficial se ha dado con respecto a este repentino cambio de posición por parte del aparato diplomático costarricense;

– Colombia por su parte, optó por cambiar de posición y de votar a favor de la resolución.

Fueron únicamente Guatemala y Costa Rica por parte de toda América Latina, los Estados que votaron en contra de esta resolución. Es la primera vez después de muchos años que se observa un voto tan singular por parte de Costa Rica sobre la cuestión palestina, tratándose de un Estado que había logrado tomar sus distancias con Israel a partir del 2006, después de un largo período de «intricado, pero aún velado conjunto de intereses que entraban en juego al tratarse el tema de Israel» en Naciones Unidas, según la expresión usada por el excanciller costarricense Bruno Stagno (Nota 2).

En Europa los Estados que se abstuvieron en noviembre y que votaron en contra en diciembre fueron Croacia, Reino Unido y Rumanía.

La inquebrantable «coalición» en Naciones Unidas con la que Israel siempre puede contar

Como ya viene siendo costumbre en este tipo de contiendas en Naciones Unidas, un observador reconocerá entre los votos en contra el «núcleo duro» de Estados opuestos a cualquier texto a favor de Palestina, que incluye a Australia, Canadá, Islas Marshall, Israel, Micronesia, Nauru, Palau y Estados Unidos. En general, este pequeño núcleo consigue atraer algunos votos ocasionales y circunstanciales (sea de Europa, de África, así como de América Central).

Como ejemplo, entre otros muchos, cuando en noviembre de 2012 la Asamblea General reconoció a Palestina como «Estado Observador No Miembro«, adoptando la resolución A/Res/67/19 (138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones), a esta extraña asociación de Estados se unieron Panamá y la República Checa (véase comunicado oficial de Naciones Unidas).

De idéntica forma (9 votos en contra), en una votación en el seno de la Asamblea General sobre la obligación de no trasladar embajadas a Jerusalén que tuvo lugar diciembre del 2017, reuniendo 128 votos a favor y 35 abstenciones (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas): cabe precisar que se trató de un texto muy similar objeto de la una votación previa en el seno del Consejo de Seguridad, en la que Estados Unidos votó en contra de manera solitaria (veto) frente a 14 votos a favor (véase nota nuestra al respecto).

Esta curiosa «coalición» según el término utilizado por el Washington Post en 2012 (véase artículo), también se expresó en el 2021, durante la votación de la resolución A/RES/76/225 (véase texto), con sus 7 votos en contra, frente a 156 votos a favor y 15 abstenciones (véase detalle de la votación): lejos de ser una alianza circunstancial, los lazos que unen a sus miembros parecieran ser los de un frente real, duradero y bastante sólido.

En el año 2022, estos vínculos reaparecieron durante la votación de la resolución titulada «Arreglo pacífico de la cuestión de Palestina» A/77/L.26, adoptada el 30 de noviembre de 2022 por 153 votos a favor, 9 en contra y 10 abstenciones (véase detalle de la votación durante la cual Hungría y Liberia se unieron a la mencionada «coalición«, habiéndose abstenido finalmente Australia).

Este pequeño grupo puede a veces verse algo aún más reducido: una de las expresiones más modestas en número de votos de la llamada «coalición» (4 votos: Estados Unidos, Israel, Islas Marshall y Micronesia) es sin duda esta resolución votada en octubre de 2003 sobre la construcción del muro construido por Israel en territorio palestino, adoptada con 144 votos a favor y 4 en contra (véase el comunicado oficial de Naciones Unidas).

Un detalle de cierto interés sobre los «no votantes» («No Show»)

Como bien se sabe, cada uno de los 193 Estados representados en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas tiene ante sí tres opciones al momento de votarse una resolución: instruir a su delegado votar a favor, en contra, o bien abstenerse. Una cuarta «opción» sin serlo del todo, consiste en rehuir tomar posición o abstenerse, y ordenar a su representante en Naciones Unidas no hacerse presente al momento de registrarse la votación (una técnica también denominada en inglés del «No Show«).

Mientras que fueron 27 los Estados que optaron por el «No Show» (ausencia de su delegado al momento de registrarse el voto ) el 30 de diciembre, habían sido 24 en el voto de noviembre: entre las ausencias más llamativas registradas el pasado 30 de diciembre, están las de los delegados de Afganistán, de Antigua y Barbuda, de Benin, de Cabo Verde, de Chad, de Comoras, de Gambia, de Niger, de Timor-Leste, de Surinam, de Zambia, de Ucrania, y de Uzbekistán que habían votado a favor de esta misma resolución en noviembre del 2022.

Es muy probable que las antes mencionadas «gestiones» se relacionen con esta súbita «ausencia colectiva» de estos 12 Estados al momento de votarse esta resolución, lo cual merecía una pequeña mención.

A modo de conclusión

Más allá del efecto (algo limitado) de las presiones ejercidas por Israel y Estados Unidos para frenar esta iniciativa, lo cierto es que esta resolución fue ratificada y que fue trasladada al juez internacional de La Haya para que examine la situación que se vive en Palestina a la luz de la normativa internacional vigente: dicha solicitud fue oficialmente registrada el pasado 19 de enero en La Haya (véase comunicado oficial de la CIJ en francés y en inglés con fecha del 20 de enero del 2022). El procedimiento consultivo ante la CIJ permite la presentación de escritos por parte de los demás Estados, por lo que es muy probable que Israel y Estados Unidos logren convencer a varias cancillerías a redactar opiniones jurídicas a favor de Israel (Nota 3).

En momentos en que Estados Unidos y Europa buscan convencer al resto del mundo de la imperiosa necesidad de condenar fuertemente a Rusia por la agresión militar que sufre Ucrania desde el pasado 24 de febrero del 2022, por la destrucción intencional por parte de Rusia de infraestructura pública que permite la susbsistencia de la población civil ucraniana, los dos votos relacionados a Palestina en los últimos meses del 2022 evidencian la inconsistencia de muchos, al no querer invocar la aplicación de estas mismas normas internacionales en el territorio palestino. ¿Acaso no es de interés de cualquier Estado Miembro de Naciones Unidas y de la comunidad internacional como tal que estas mismas reglas invocadas, con justa razón, por Ucrania se apliquen de manera uniforme y sean debidamente respetadas por todos los demás Estados, incluyendo Israel (Nota 4) ? ¿Acaso no es una atribución de cualquier Estado el acudir a una instancia judicial internacional como la CIJ cuando se considera víctima de violaciones de reglas vigentes en el ordenamiento jurídico internacional por parte de otro Estado? Esta segunda pregunta debería interpelar a los Estados que ya reconocen oficialmente a Palestina como Estado (y que totalizan 138 en la actualidad), un reconocimiento en el que Costa Rica jugó un notorio y decisivo papel en América Latina (Nota 5).

— Notas —

Nota 1: El texto de la resolución adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 11 de noviembre de 2022 está disponible en las distintas lenguas oficiales aquí. En cuanto a los pocos estudios realizados sobre esta resolución, véase POWER S., «UN General Assembly Committee Adopts Resolution Requesting Second Advisory Opinion from ICJ on Occupied Palestinian Territory«, EJIL-Talk, edición del 20 de diciembre del 2022, disponible aquí. Así como este muy completo folleto de 13 preguntas elaborado por Diakonia, Centro de Derecho Internacional Humanitario (sin indicación de autores), «The ICJ advisory opinion on the legal consequences of Israel’s occupation of Palestinian territory«, noviembre de 2022, disponible aquí.

Nota 2: En un libro editado en el 2013, Bruno Stagno, canciller de Costa Rica en el período 2006-2010, escribe: «Recordé dos casos que de una u otra manera reflejaban el intricado, pero aún velado conjunto de intereses que entraban en juego al tratarse el tema de Israel. Como Embajador, Representante Permanente ante las Naciones Unidas, lo había vivido y sufrido. Recordaba como para marcarme en las votaciones sobre la situación en Medio Oriente, el entonces embajador de Costa Rica en Washington DC, Jaime Daremblum, alienaba a algunos miembros del Congreso de Estados Unidos, para que me enviaran cartas instándome o instruyéndome a votar a favor de Israel. El congresista Tom Lantos sería el más insistente, dirigiéndose incluso directamente al Presidente Pacheco de la Espriella. También, recordé la indignación con que la Embajadora Emérita, Emilia Castro de Barish, comentaba cómo en el pasado se había aceptado que un funcionario de la Misión Permanente de Israel se sentara en la segunda fila de asientos, reservados para Costa Rica, con el fin de velar por el voto «correcto» de Costa Rica». Véase STAGNO UGARTE B., Los caminos menos transitados. La administración Arias Sánchez y la redefinición de la política exterior de Costa Rica, 2006-2010, Heredia, Editorial UNA (EUNA), 2013, pp. 70-71.

Nota 3: La misma CIJ en el 2004 emitió una opinión consultiva sobre las consecuencias legales de la construcción de un muro por parte de Israel en el territorio palestino ocupado. La pregunta que había sido formulada al juez internacional en el 2003 por parte de la Asamblea General en la Resolución ES/10/14 (véase texto) adoptada con 90 votos a favor, 8 en contra – Australia, Estados Unidos, Etiopía, Islas Marshall, Israel, Micronesia, Nauru y Palau – y 74 abstenciones (véase comunicado oficial) era la siguiente: «¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de la construcción del muro que levanta Israel, la Potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y sus alrededores, según se describe en el informe del Secretario General, teniendo en cuenta las normas y principios de derecho internacional, incluido el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General?«. En aquel período del 2003-2004, casi 50 Estados presentaron a la CIJ su opinión jurídica (véase enlace oficial con remisión a los documentos enviados por estos Estados). En el texto de la opinión consultiva dada a conocer tan solo siete meses después, y cuya lectura integral se recomienda, se notará que la parte resolutiva – párrafo 163, 2) – se tomó con 14 votos a favor y tan solo uno en contra, el juez norteamericano Thomas Buergenthal. En este otro enlace de la misma CIJ, se puede leer el texto en español de esta importante opinión consultiva del 2004. Con relación a la votación de la resolución ES/10/14 del 8 de diciembre del 2003, en América Latina votaron a favor Argentina, Brasil, Cuba, Haiti, México, Panamá, y se abstuvieron los siguientes Estados: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Nota 4: Sobre el caso de Ucrania y Rusia, remitimos a nuestro breve análisis sobre la no comparecencia de Rusia ante el juez de La Haya: BOEGLIN N., «La fuerza del derecho ante el derecho a la fuerza. A propósito de la no comparecencia de Rusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 23 de marzo del 2022. Texto disponible aquí.

Nota 5: El reconocimiento de Palestina como Estado por parte de Costa Rica en febrero del 2008 vino a reactivar en la región latinoamericana y en otras partes del mundo el apoyo a Palestina como Estado. Con posterioridad al reconocimiento de Costa Rica, América Latina respondió a este llamado procediendo a similar gesto en favor de Palestina: por orden cronológico, se trata de Venezuela (abril del 2009), República Dominicana (julio del 2009), Bolivia, Brasil, Ecuador y Paraguay (diciembre del 2010), Perú y Chile (enero del 2011), Argentina (febrero del 2011), Uruguay (marzo del 2011), El Salvador y Honduras (agosto del 2011) así como Guatemala (abril del 2013). En agosto del 2018, Colombia procedió a reconocer a Palestina como Estado. Cabe precisar que una solicitud oficial de Palestina hecha en el 2011 ante el Consejo de Seguridad para integrar de pleno Naciones Unidas como Estado Miembro (véase nota) espera /aún) que se resuelva: el hecho que no haya sido resuelta al iniciar el año 2023 no ha impedido en lo más mínimo que ya sean 138 los Estados que reconozcan formalmente a Palestina como Estado; y que desde el 2012, Palestina se haya visto otorgado el estatuto de «Estado No Miembro Observador» por la Asamblea General de Naciones Unidas, permitiéndole desde entonces acceder a un sinnúmero de tratados multilaterales. En caso de dudas sobre el punto de saber si, jurídicamente, un Estado no Miembro de Naciones Unidas tiene esta capacidad legal, basta recordar que Suiza no fue miembro de Naciones Unidas sino hasta el 2002.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Foto principal extraída de nota de prensa titulada «The Media’ s Pro-Israel bias echoes coverage of apartheid», 2019.