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Autor: María José Ferlini Cartín

ALTERNATIVAS. 8M: situaciones que afectan la vida y la calidad de vida de las mujeres

Este próximo viernes 3 de marzo de 2023 a las 18:00 horas (-6UTC) será llevado a cabo el programa por medio de ALTERNATIVAS titulado “8M: situaciones que afectan la vida y la calidad de vida de las mujeres”. 

El panel invitado está conformado por Ana Cecilia Hernández, activista y educadora popular feminista; Ericka Álvarez, abogada y activista social por los derechos humanos; Priscilla Vindas, activista feminista, politóloga y diputada; Irené Barrantes, activista feminista y Yendry Porras, administradora y defensora popular. 

Puede ver el programa en vivo a través del Facebook Live, por YouTube o el Spotify de ALTERNATIVAS. La repetición será el sábado 4 de marzo de 2023 a las 19:00 horas (-6 UTC) por Radio Gigante (8:00 a.m.), por Tunein y Online Radio Box.

ÁMBAR – Cine costarricense

Adriano Corrales Arias*

Desde su primer largometraje, Caribe, he seguido con mucho interés el trabajo cinematográfico de Esteban Ramírez. Es, sin duda, el cineasta más prolífico riguroso y reconocido en la historia reciente de nuestro cine. Como director, lleva siete películas y dos cortos; I Mae, que se encuentra en YouTube, sigue vigente ante un público que suele solicitar que lo conviertan en serie. En fin, es un realizador que goza de mucha estima entre sus colegas, la crítica y el público, ya que cuenta con tres éxitos de taquilla nacional: además de Caribe, Gestación y Presos. Por cierto, la tercera es la primera producción latinoamericana que logra ser exhibida por Netflix.

Con Ámbar, coproducción argentino/costarricense, Ramírez ingresa en el cine policiaco con un guion suyo y de Agustina Liendo apoyados por el consultante Matías Bertilotti: una muchacha es atropellada por un conductor que se da a la fuga, Ámbar es su nombre, parece huir de algo o de alguien y es hija de un detective privado, Helmut (Freddy Víquez), con quien trabaja Raquel (Paula Sartor). Lo que sigue es la investigación del acontecimiento con mínimas sorpresas. El filme, una suerte de híbrido entre policial y melodrama, no logra adentrarse en el conflicto ni en sus personajes, sobre todo en el de Helmut, que es el más interesante dentro de la trama.

El guion, técnicamente correcto, es, sin embargo, endeble pues se queda en la superficie temática sin aumentar la tensión dramática, lo que genera personajes débiles, como el de Junior, que se quedan en la maqueta o el arquetipo. Quizás las actuaciones, en general, no estén al nivel de la complejidad psicológica esperada. En mi caso, pensé que el suceso automovilístico nos llevaría a un acontecimiento más denso, digno de un buen drama policíaco o detectivesco. Pero me quedé esperándolo. Se deriva a un tema secundario que le resta protagonismo al central: el homosexualismo, elemento de cine políticamente correcto, pero que luce impostado con un final melodramático y soso.

Reitero, la película es digna, técnicamente hablando, en un contexto nacional de escasos recursos y baja producción: buena fotografía y dirección de cámaras; sonido y banda sonora aceptables, aunque la segunda a veces está subrayada; actuaciones solventes, pero no todas a la altura de los personajes y del conflicto. No obstante, como ya lo he dicho, adolece de profundidad psicológica y dramática al quedarse en la superficie de un acontecimiento que, bien hilvanado, pudo conducir a otro más acuciante y actual, aprovechando la cantidad de sucesos delictivos en una realidad en crisis con una criminalidad en ascenso como la nuestra. Es una pena.

Si el cine, de alguna manera, es la gran pantalla donde puede y debe mirarse la sociedad con sus conflictos, problemáticas, deseos y temores, nuestra producción nacional debería investigar y bucear más en la actual coyuntura signada por la contrarreforma neoliberal que pretende desmantelar el Estado Social de Derecho. He allí una cantera inagotable de temas y de dramas, sobre todo para el género policíaco.

 

*Escritor.

Imagen : deleFOCO

Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes

José Luis Pacheco Murillo

Cada 2 de marzo se celebra el Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes, con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de los problemas de salud mental que afrontan los adolescentes, así como des estigmatizar este tipo de trastornos y ofrecerles apoyo. La creación del Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes en el año 2020 ha sido gracias a la iniciativa de The Hollister Confidence Project, con la finalidad de observar el bienestar mental de los adolescentes. Se fijó como fecha de celebración de esta efeméride el día 2 de marzo de cada año.

El Proyecto de Confianza de Hollister es una iniciativa impulsada por personas que se dedican a ayudar a los adolescentes de todo el mundo a sentirse más seguros y capaces.

La adolescencia es una etapa del desarrollo humano fundamental para la formación de hábitos sociales y emocionales que impactan en el bienestar mental del individuo. Pero en muchas ocasiones en esta etapa los jóvenes están desorientados, con falta de apoyo, muy propensos a caer en depresión o en drogas y eso les afecta emocionalmente.

En ocasiones los adolescentes dan señales a través de las cuales piden auxilio para que se les preste atención y a veces no prestamos atención a esas señales y por ello se sienten abandonados, desplazados, marginados y eso les lleva a situaciones de mucha ansiedad y desesperanza que en ocasiones, desgraciadamente, al suicido.

Es urgente establecer acciones concretas de atención a los adolescentes y es urgente que en los hogares se les brinde la atención y el apoyo necesario para que transiten esta etapa de la forma más provechosa posible y se fortalezcan en ella sus principios y valores para enfrentar su vida futura.

Dios quiera que podamos apoyar a los adolescentes y que bajen las estadísticas negativas que existen hoy en día con relación a los adolescentes.

Resistencia colectiva al neoliberalismo – Paul Almeida y Amalia Pérez Martín, CLACSO

“Resistencia colectiva al neoliberalismo” es un libro digital publicado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en febrero de 2023, escrito por Paul Almeida y Amalia Pérez Martín. El libro contiene los siguientes capítulos: “Resistencia al neoliberalismo”; “Los ritmos temporales y la geografía de la revuelta”; “Las consecuencias de la resistencia al neoliberalismo” y “El futuro del neoliberalismo y las alternativas”.

A continuación se comparte la Introducción del libro: 

Entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, cientos de miles de agricultores de los estados del norte de la India marcharon y sitiaron la periferia de Nueva Delhi al realizar una sentada masiva y un campamento en las carreteras principales. Con una presencia prominente de mujeres, los agricultores dirigieron sus protestas contra la desregulación de los precios de los productos básicos agrícolas y las políticas relacionadas, y exigieron un precio mínimo para sus productos (Singh 2022). Los principales sindicatos de la India se unieron en una huelga de solidaridad de un día contra las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno en la que participaron unos 250 millones de trabajadores. Unos meses antes, el Primer Ministro Narendra Modi y su partido Bharatiya Janata (BJP) habían aprobado tres leyes en el Parlamento que rápidamente anularon la legislación que protegía a los productores rurales y que había sido promulgada en 1955 en el apogeo del desarrollo liderado por el Estado en el Sur global (Narayanan, 2020; Waghre, 2021). Las acciones dramáticas en la India representan

el nivel más alto de resistencia colectiva al neoliberalismo a nivel nacional hasta la fecha. A fines de 2021, después de un año de campamentos permanentes de protesta y derrotas electorales regionales, el Primer Ministro Modi anunció que derogaría las leyes agrícolas.

En Chile, en un período de diez semanas entre mediados de octubre y diciembre de 2019, diversos actores colectivos produjeron más de 3.300 eventos de protesta, con marchas en las calles que llegaron a tener un millón de participantes . Este estallido social constituye la mayor manifestación de disidencia masiva en décadas en este país (Somma et al., 2020). La represión policial a las protestas dejó como resultado veinte muertos y miles de heridos (Somma et al., 2021). Si bien las subidas repentinas de los precios en el transporte público desencadenaron el levantamiento inicial, las protestas más frecuentes en las semanas siguientes se dieron por el debilitamiento del Estado de Bienestar y las demandas estuvieron relacionadas con la atención médica, acceso a la educación, vivienda, y derecho sociales en general (Somma et al., 2021). Al igual que en la India, los chilenos también denunciaron los abusos de las fuerzas represivas (Godinez Galay y Binder, 2021). Las demandas de los chilenos para ampliar los derechos sociales de los ciudadanos parecen especialmente llamativas dado que durante décadas Chile sirvió como ejemplo de reformas de mercado exitosas en el mundo en desarrollo (Harvey, 2005). El levantamiento masivo también dio lugar a la elección de una nueva Asamblea Constituyente en 2021, en la que los partidos de centroizquierda y los nuevos distritos electorales de los movimientos sociales tuvieron un desempeño muy bueno. El año terminó con la victoria de la coalición progresista Convergencia Social en las elecciones presidenciales. 

Las protestas históricas en India y Chile demuestran de manera vívida la resistencia actual al neoliberalismo en todo el mundo. Estas campañas a gran escala también ilustran muchos de los componentes de la acción colectiva discutidos en las páginas siguientes. Examinamos la dinámica de diversas formas de amenazas económicas, campos organizacionales e infraestructuras, repertorios disruptivos de contención y las consecuencias políticas de la oposición movilizada contra el neoliberalismo. Estos desafíos colectivos siguen siendo relevantes, ya que los analistas de políticas pronostican una mayor austeridad económica por parte de los gobiernos de todo el mundo hasta 2025 (Ortiz y Cummins, 2021).

Los actores de la sociedad civil han cuestionado la transición de los últimos cincuenta años hacia una economía global, basada en los principios de la desregulación, el libre comercio y una sociedad de mercado cada vez más profunda. Tanto los académicos como los activistas suelen referirse a estos principios como la doctrina del neoliberalismo. Dada la omnipresencia de las reformas impulsadas por el mercado, la movilización contra las medidas neoliberales representa una de las formas más comunes de actividad de los movimientos sociales en todo el mundo. Más recientemente, en 2019, se produjo una nueva ola de levantamientos económicos en Chile, Ecuador, Francia, Honduras, Irak, Irán, Líbano, Sudáfrica y Sudán.

Incluso durante la pandemia mundial de COVID-19, entre 2020 y 2022, estallaron campañas de protesta popular masivas contra las políticas económicas en Ecuador, Costa Rica, Colombia, Cuba, Kazajstán, Panamá, Sri Lanka, Sudán e India. Varias de las campañas recientes rompieron récords nacionales debido a su tamaño y escala. 

En esta obra exploramos la evolución de la resistencia a la liberalización económica desde los años setenta hasta las dos primeras décadas del siglo XXI. El estudio destaca la oposición cívica masiva a la implementación de políticas de libre mercado en múltiples escenarios, incluyendo reflexiones sobre: las políticas económicas específicas que impulsan la acción colectiva; la distribución geográfica de los principales eventos de protesta en distintas localidades, regiones del mundo y épocas; la composición de las coaliciones de protesta; los resultados de las campañas de los movimientos.

El contexto económico de la movilización, especialmente en términos de las distintas formas de comercio, regulación del mercado y relaciones entre el Estado y el capital, es usualmente desestimado en los estudios actuales sobre los movimientos sociales. Las obras más influyentes que incorporan la economía política en los análisis de los movimientos tienden a utilizar comprensiones neopolanyianas amplias sobre el “doble movimiento” como oposición a las formas irrestrictas de la sociedad de mercado (Roberts, 2008; Silva, 2009).

Dado que el neoliberalismo opera a nivel global como la formación económica dominante y la movilización de masas a menudo es desencadenada directa o indirectamente por sus políticas específicas, un enfoque sostenido en los impulsores económicos de la protesta y el

malestar popular ofrece enormes beneficios a nuestra comprensión de los movimientos sociales en múltiples continentes y períodos.

Ahora bien, la información sobre los autores: Paul Almeida es un sociólogo, máster y PhD en sociología por la Universidad de California, es profesor de Sociología en esta misma universidad. Sus investigaciones se enfocan en la eficacia de la movilización colectiva, entre sus trabajos se encuentran la documentación de movimientos sociales a gran escala, la acción climática, la salud, las condiciones de las sociedades, entre otros. 

Amalia Pérez Martín es profesora en la Universidad Estatal de California, Sacramento, es doctora en Sociología por la Universidad de California, Merced, y Licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana, posee también estudios en Ciencias Políticas. Sus intereses investigativos giran en torno a las intersecciones del Derecho, los movimientos sociales y las revoluciones sociales en América Latina y Cuba, de igual forma, las desigualdades de género, los movimientos feministas, las identidades políticas y el legalismo autocrático. 

 

Información compartida con SURCOS por German Masís Morales.

Prisma Latinoamérica: El fraude del que no se habla

Prisma Latinoamérica compartió un vídeo en su página de Facebook titulado: “El fraude del no se habla en Costa Rica”, acerca del fondo para las pensiones de los docentes. En él, se expone lo siguiente: los docentes costarricenses cotizaron entre 1958 y 1992 para crear un fondo que atendiera sus pensiones, sin embargo, el Estado malversó esos recursos en actividades ajenas por ley, y no aportó a los fondos de los docentes como dicta la ley. 

Para cubrir con esta obligación, se creó el Régimen Temporal de Reparto, como si este fuera un fondo de gracia, y no como corresponde ante una indemnización por el daño causado por el desvío ilegal e inconstitucional de los fondos de la pensión de los docentes.

A pesar de ser víctima del desvío ilegal de los fondos por parte del Poder Ejecutivo y con la ayuda del Poder Legislativo y la Contraloría General de la República, los docentes de este régimen son tratados o acusados como los responsables de que no existan recursos para las demás pensiones.

Si desea observar el vídeo completo lo puede hacer al siguiente link: https://fb.watch/i_k1bBtuG-/?mibextid=2Rb1fB

 

Información compartida con SURCOS por Miguel Sobrado y por Carlos Sáenz.

Primera Edición de El Traspatio 2023

Ya está disponible la primera edición del El Traspatio 2023 en la que se expone los temas de “buscando una sostenibilidad auténtica”, en donde se destaca que en las principales actividades turísticas sostenibles de la región se orientan hacia la protección y observación de especies biológicas, apreciación de paisajes y sitios de las comunidades, fortalecimiento de la producción local y ecológica, defensa comunitaria y conexiones de rutas por medio del senderismo, entre otros. Un segundo tema titulado “una alianza para crecer” en el que se señalan propuestas como la gestión integrada para desarrollar intercambios constantes de experiencias entre los proyectos, contar con iniciativas locales, entre otros. 

En el caso de esta edición también comparten una nota elaborada por Dany Villalobos sobre el Encuentro Latinoamericano de Turismo Comunitario y Sostenible en Mata Oscura de Veraguas en Panamá, en el que se reunieron treinta y tres representaciones organizativas de proyectos turísticos con enfoques ecológicos y culturales. A partir del encuentro, nació la Alianza Latinoamericana de Turismo Sostenible (ALTUS) que agrupa iniciativas guiadas por conceptos como la sostenibilidad y la gestión comunitaria, especialmente de áreas rurales. 

RedESS invita a visitar y apoyar a organizaciones por medio del turismo comunitario, e inscribirse a su boletín. 

En el siguiente link puede observar esta primera edición: http://mailchi.mp/e176dc5cd52c/2023-aproveche-el-verano-con-turismo-comunitario

 

Información compartida con SURCOS por RedESS tejiendo economía solidaria.

Denuncia relacionada con los ingresos y gastos de los seguros a cargo de la CCSS

Rodrigo Arias López, miembro de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social dirigió una denuncia este 25 de febrero de 2023 relacionada con los ingresos y gastos de los seguros a cargo de la Caja Costarricense del Seguro Social dirigida a Olger Sánchez Carrillo de la auditoría interna, en el que presenta una serie de denuncias y solicita a dicha Auditoría Interna a que se investigue los hechos que comparte y que se emitan las recomendaciones y acciones que correspondan con el ordenamiento jurídico. 

A continuación se adjunta lo escrito en la denuncia: 

De conformidad con los artículos 27, el artículo 7 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y según el “Poder ciudadano de denunciar” del Reglamento de esta Ley, así como la Ley de Regulación del Derecho de Petición, presentó las siguientes denuncias y solicitó a esa Auditoría Interna que se investigue lo siguiente y se emitan las recomendaciones y acciones que correspondan con el ordenamiento jurídico y las potestades de ese órgano auditor.

Primera denuncia.

Como es del conocimiento de esa Auditoría, hasta antes de alrededor del año 1970 la CCSS solo tenía bajo su cargo el seguro social (seguro de los trabajadores asalariados y sus familiares dependientes económicamente); el cual, como todo seguro, era para atender las contingencias una vez que sucedieran; no para prevenir esas contingencias.

A pesar de la universalización de las coberturas del seguro de salud a toda la población, promovidas por las leyes 5349 y 5905, esa condición de seguro “reparativo” no preventivo se mantuvo, tal y como consta en el artículo 6 de la Ley 5349 original. No obstante, a partir del año 1993 con la promulgación de la Ley 7374, se trasladó hacia la CCSS la medicina preventiva (antiguas unidades sanitarias del Ministerio de salud o primer nivel de atención de la salud, que hoy corresponden a las Áreas de Salud). Conforme a los artículos 7, 8 y 9 de esa Ley. Este último artículo dice así:

“ARTICULO 9.- El Ministerio de Hacienda, a efecto de cumplir con lo establecido en los artículos 7 y 8 de la presente Ley, tomará las previsiones presupuestarias, para trasladar mensualmente a la Caja Costarricense de Seguro Social los recursos financieros necesarios, a fin de cubrir las nuevas obligaciones asumidas por el traspaso del programa de atención a las

personas.”

Como queda claro, el costo de atención de la salud del primer nivel de atención es por cuenta del Estado y no se pueden utilizar los dineros del Seguro Social para financiar ese costo, pues el artículo 73 de la Constitución, en su tercer párrafo lo prohíbe, tal y como se observa en la sentencia siguiente:

En la sentencia de la Sala Primera del 8 de marzo de 2018 expediente No. 13-006261-1027-CA, en el que establece las obligaciones del Estado: “…que el Estado debería trasladar, mensualmente y sin límite de tiempo los recursos financieros para cubrir su continuidad, a efecto de lo cual el Ministerio de Hacienda debía tomar las previsiones presupuestarias. 

Ahora bien, la Junta Directiva de la CCSS y las autoridades administrativas de la CCSS de manera irresponsable y violentando los artículos 11 y 73 de la Constitución Política y los artículos 3 siguientes y concordantes de la Ley No 8422, no le cobran al Estado el costo real que se le trasladó a la CCSS de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley 7374. De la misma forma, las autoridades de Gobierno no han pagado ni siquiera lo poco que la CCSS ha cobrado al Estado. Consta, por ejemplo, en los estados financieros del seguro de salud del 2021, que la CCSS le cobró al Estado ₡20.462 millones, supuestamente por el costo del primer nivel de atención de la salud trasladado a la CCSS con Ley 7374.

Tal y como consta en los párrafos anteriores, la CCSS pretende cobrar al Estado un monto de ₡190.773 millones por el costo de la atención primaria de la salud de 6 meses de 2019, que corren de abril a setiembre; es decir, a razón de aproximadamente ₡380.994 millones por el año 2019 completo. De la misma manera, lo pretendido por la CCSS en dicho expediente es contradictorio con las cifras que se presentan en el Cuadro 32 del estudio actuarial del seguro de salud con corte al 31/12/2021. 

En la imagen se proyecta los gastos destinados a la atención de la Salud; para el 2023 será de 728,425 millones de colones, para el 2024 de 836,074 millones de colones y para el 2025 963,101 millones de colones. 

Por otro lado, un tema que se destaca es la distribución de los gastos del Seguro Social del 2017 al 2021 en millones de colones: Es decir, los gastos crecieron en ese período un 5,91% en promedio por año (2018 a 2021). Si proyectamos la pretensión de la CCSS ante los tribunales y deflactamos el valor del costo de “Áreas de Salud” de 2023 del Cuadro 32 anterior, usando esa tasa media de 5,91%, y tomamos las diferencias, se tiene una diferencia del 52% entre lo que se indica en el estudio actuarial y lo que la CCSS solicitó a los Tribunales, que en cinco años acumularía una diferencia de ₡1,1 billones.

Por tanto, la solicitud para la denuncia 1 es: se requiere que esa Auditoría Interna determine el monto del gasto real en que la CCSS ha incurrido por el traslado del primer nivel de atención de la salud desde el Ministerio de Salud hacia la CCSS, desde el año 1993 hasta la fecha, incluyendo los intereses legales y la indexación. Así mismo, que esa Auditoría determine las responsabilidades administrativas y políticas, tanto de funcionarios de la CCSS como de Gobierno, en relación con la falta de aplicación del artículo 9 de la Ley 7374, para lo cual en caso de que lo considere necesario puede recurrir a solicitar colaboración de la Contraloría General de la República.

Segunda denuncia. 

Para esta segunda denuncia cita un cuadro respecto a los ingresos por cuostas, gastos en salud y subsidios en millones de colones del 2021: el gasto del Cuadro anterior corresponde al año 2021 y suma ₡2.512.681 millones, el cual es un 7,4% superior al monto de ₡2.34.538, lo que parece razonable si observamos las tasas de crecimiento que se presentan en el Cuadro 16 del

mismo informe. De aquí se concluye que el Gasto del Cuadro 43 incluye el costo del primer nivel de atención de la salud, el cual, como quedó demostrado, es por cuenta de los salarios y no se debe cargar a ninguno de los grupos o modalidades de aseguramiento. En el año 2022 dicho costo, según la estimación del Cuadro A, es de ₡687.842 millones. Por otro lado, en cuanto a los ingresos del Cuadro 43, todos sabemos que el Estado no aporta nada hasta la fecha por el costo del primer nivel de atención de la salud.

Por lo tanto, de conformidad con el artículo 73 de la Constitución y lo indicado por la Sala Primera de la Corte en cita de arriba, el costo del primer nivel de atención de la salud no se puede cargar sobre las planillas de salarios o ingresos de ninguna modalidad de aseguramiento, por lo que el monto de ₡687.842 millones debe excluirse del Cuadro 43, prorrateando según la columna “Gasto (B)” del mismo cuadro. Así se obtiene que la cuota que el seguro de salud requiere para el seguro de los trabajadores asalariados y sus familias de conformidad con los artículos 22, 23 y 32 de la Ley Constitutiva de la CCSS, es de un 7% y que en el año 2022 le sobraron ₡999.425 millones a dicho seguro, los cuales debieron ser utilizados en el régimen de capitalización de Invalidez, Vejez y Muerte (Ver Cuadro B). Aclaro que este procedimiento mostrado en el Cuadro anterior, lo denuncio por primera vez ante esa Auditoría y lo obtuve a partir de los razonamientos de la Sala Primera de la Corte, antes citados.

Como se observa en el cuadro anterior (Cuadro C: Relación de ingresos con masa de ingresos, año 2022. Montos en millones de colones) que aparece en el Reglamento del Seguro de Salud, de donde se concluye que los ingresos que se indican en el Cuadro 43 no son ingresos efectivos, sino ingresos reglamentarios calculados, por lo cual, dicho cuadro no muestra la realidad de lo que sucedería en el año 2022, ya que no considera la morosidad del Estado del 68% que se indica en la página 6 del mismo informe actuarial. Lo anterior también se desprende notando que el informe actuarial es de octubre de 2022, por lo que aún no se conocían los gastos ni los ingresos efectivos del año 2022; a pesar de lo cual, en el mismo informe tampoco se muestra el balance según modalidad de aseguramiento del año 2021.

En relación con estos asuntos, esa Auditoría interna informó en el oficio AI-0315-2023 del 17 de febrero de 2023, que “(…) se incluyó dentro del Plan Operativo 2023 en la evaluación denominada “Auditoría de carácter especial sobre la oportunidad en la emisión de las evaluaciones actuariales del SEM e IVM y la aplicación de la Base Mínima Contributiva proporcional”, la cual tiene como parte de los objetivos verificar el cumplimiento de los artículos anteriormente mencionados de la Ley Constitutiva (…)”, por lo cual solicito que en dicho estudio se consideren los elementos técnicos y legales aquí mencionados, entre ellos la elaboración del Cuadro 43 del estudio actuarial del SEM antes citado, considerando los ingresos efectivos y los gastos efectivos de varios años ya observados y excluyendo los gastos que son responsabilidad del Estado de conformidad con el artículo 9 de la Ley 7374.

Compartimos el documento completo con imágenes:

 

Información compartida con SURCOS por Rodrigo Arias López.

El hábito no hace al monje… pero lo distingue

Vladimir de la Cruz

La Presidencia de la República, sin lugar, a dudas es un honor, para quien la ejerza. Es un puesto de trabajo de enorme responsabilidad. Tiene que ver con el desenvolvimiento del Estado, de su Administración pública, con la seguridad del territorio nacional, con la seguridad de las personas, con la defensa de la Soberanía, con la preocupación diaria de velar por la Libertad de las personas que habitan el territorio nacional y con su derecho a disfrutar del régimen de libertades ciudadanas y derechos constitucionales.

Tiene que ver con las relaciones internacionales que, como país, cómo Nación, como organización estatal establecemos, relaciones que descansan constitucionalmente en quien ejerza la Presidencia de la República, y dentro de esa perspectiva el establecimiento de alianzas estratégicas para procurar un mejor desarrollo del país, en todos sus campos.

Tiene la enorme responsabilidad de velar por ver como se logra la mayor felicidad del pueblo y el mayor bienestar posible.

Los actos que realiza la Presidencia naturalmente pueden no satisfacer ni gustar a todos los ciudadanos.

En su ejercicio habrá actos, acciones, programas, poses de quien ejerce la Presidencia que serán aplaudidas por mayoría y que también serán rechazadas por mayoría.

Quien ejerce la Presidencia de la República se espera que conozca la Historia Nacional, sin tener que ser un especialista, que conozca las tradiciones históricas, culturales y populares para que las afirme y enriquezca desde su mandato.

En su ejercicio de la Presidencia el Primer Mandatario de la República, como se conoce a quien ejerce el cargo, simbolizando con ello que está obligado a cumplir el Mandato de sus Mandantes, del Pueblo Soberano, y que no puede separarse de ese Mandato, que está obligado a cumplirlo y respetarlo, que si se aparta de él, por convertirse en un tirano, un dictador, un sátrapa, un gobernante autoritario que no respeta el Estado de Derecho que le regula su gestión, que opera, actúa y reacciona contra el pueblo que le depositó su Mandato, ese mismo pueblo puede, y tiene el Derecho a hacerlo, quitarle el poder de su representación.

A quien ejerza la Presidencia de la República no se le piden grandes atributos. Los más importantes, su honradez, su honestidad, su capacidad de reconocer errores, y de enmendarlos, no ser arrogante, ser trabajador en las tareas que tiene encomendadas, en procurar hacer lo mejor de su trabajo, y ser ejemplo con ello, no ser hipócrita, no burlarse de la gente, ni de quienes lo adversan, respetar con humildad las posiciones u opiniones disidentes, sin burlarse o denigrar a quienes las sostienen, ser generoso y no actuar mezquina y avaramente, no ser codicioso, ni envidioso, ni egoísta viéndose en el espejo de la Patria con quienes anteriormente a él han ejercido el mismo cargo.

No se le piden títulos profesionales. Se le pide que no sea de mal humor, responsable y valiente para actuar en las responsabilidades que se le depositan.

Un rasgo de nuestra sociedad democrática es su sentimiento antimilitarista, que se expresa, en la fortaleza del régimen democrático que vivimos, y en la ausencia de un Ejército, con los males que su existencia provoca, la arbitrariedad, el matonismo, la violación de la privacidad, la restricción de derechos y libertades, la persecución, las detenciones arbitrarias, las torturas y maltratos de detenidos y privados de Libertad, y de sectores opositores, la desaparición física de personas, la prepotencia con que actúan quienes portan armas oficialmente, que intimidan, atemorizan, provocando temor reverencial, abriéndose paso a la fuerza, imponiendo la fuerza institucional del Estado y de los organismos de seguridad, amenazando la integridad física de las personas y su propia vida, imponiendo desde la práctica la pena de muerte, abolida desde 1882, e inaplicada, en varias ocasiones, desde los Gobiernos de José María Castro Madriz, a principios de nuestra vida Independiente.

El antimilitarismo se desarrolló, desde mi punto de vista, con más fuerza cuando militares que se habían distinguido en la Guerra Nacional contra los filibusteros norteamericanos, conspiraron contra el Presidente Juan Rafael Mora y actuaron contra él juzgándolo y asesinándolo, junto al General José María Cañas, en 1860, sin que ese Crimen de Estado haya sido reparado con el Funeral de Estado que se les adeuda. Desde entonces la institución militar existente empezó a debilitarse. En su lugar se fortaleció la educación pública. El último emblema militar, existente en el Escudo Nacional, un cañoncito en su base, fue eliminado hace ya 120 años.

Valores cívicos, ciudadanos, ejercicio de libertades y derechos, controles públicos de los gobernantes se fortalecieron.

La sociedad en todo este proceso entendió que quienes gobernaban debían ser protegidos en su seguridad física, ellos, sus familiares y los miembros de sus gobiernos. La sociedad especializó escoltas presidenciales de seguridad.

Las escoltas presidenciales, el cuerpo de escoltas de los Presidentes, se ha venido formando y especializando como un cuerpo muy destacado, por la enorme responsabilidad que tienen. A los escoltas presidenciales los han entrenado, porque los han enviado a entrenarse, a lugares de alto nivel profesional. Organismos de seguridad como el FBI, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, los de Israel, los de China Taiwán, los de Corea del Sur, de la antigua Alemania Federal, y de algunos países latinoamericanos, han servido para el entrenamiento de los oficiales de la guardia civil costarricense que forma parte de ese grupo de Escoltas del Presidente.

Generalmente, en los países, estas escoltas son discretas en su presencia, visten muy bien, no exhiben armas, aunque las porten. Menos exhiben armas de combate o de guerra. Actúan alrededor de los presidentes, en círculos ejerciendo control de quienes se les acercan y de lo que portan quienes se acercan al Mandatario.

Hasta el Gobierno de Daniel Oduber en la Policía Militar, cuerpo policial existente en la misma Casa Presidencial, había un destacamento bien y elegantemente uniformado, de Edecanes que se le ponían detrás al Presidente. A partir del Gobierno de Rodrigo Carazo desaparecieron de la escena. Los guardaespaldas del Presidente se invisibilizaron sin abandonarlo. Vestidos de civil, generalmente de trajes oscuros y corbatas, les acompañaban con discreción.

A los Presidentes Rodrigo Carazo y Oscar Arias les gustaba con frecuencia manejar sus propios carros, seguidos de un carro de escoltas. Un poquito más atrás se cuenta de cuando al Presidente Otilio Ulate, en ejercicio de la Presidencia, caminando, lo atropelló una persona en bicicleta.

Las Primeras Damas de la República, de las que me consta, como las de Rafael Ángel Calderón Fournier, José María Figueres, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, con frecuencia me las encontré en supermercados haciendo sus compras sin escolta alguna, tan solo su chofer, o tomando un café en Giacomín, en los Yoses, también solas con sus amigas, experiencia que pudieron haber vivido otros ciudadanos con otras Primeras Damas. Igual podría hacer relatos de Vicepresidentes, Ministros y diputados en general, hombres y mujeres, que se desplazaban solos, sin escoltas.

Me impactó una vez en Venezuela, cuando el Presidente Lusinchi, entró a la Ciudad de Maracaibo, donde lo esperaban. Una caravana de carros de por los menos trescientos metros, con carros de bomberos, ambulancias, carros oficiales del Ejército y de las policías locales, oficiales de tránsito en sus motos a montón, sirenas por todo lado, calles y avenidas cerradas por donde pasaba la caravana…No estaba yo acostumbrado a ese espectáculo, que me impactó y me repugnó…

Hoy, en Costa Rica, empiezan a aparecer las orejas del lobo del militarismo, del autoritarismo, del abuso oficial expresado en las acciones que acompañan al Presidente Rodrigo Chaves Robles, que por su propia lengua, porque parece que en muchas ocasiones no liga su lengua con su cerebro, va a seguir haciendo desplantes militarotes como el recién realizado en su gira por la zona sur. Caravanas de vehículos, al estilo que describí de Venezuela, escoltas nada discretas. Al contrario. Un grupo de personas, que más parecía una guardia particular que un cuerpo policial oficial, acompañando de manera agresiva al Presidente en sus pasos. Sus armas eran de exhibición, ametralladoras, armas de combate y de guerra. El primer impacto de las fotografías que vi me trasladaron a los grandes líderes mafiosos de los carteles de las drogas, de paso muy metidos en el país, bajo la complacencia oficial, como se aprecia por los embarques que se hacen a Europa, entre otros detalles. Una de las fotos del Presidente con un armado hasta los dientes a su lado y otro flanqueándolo detrás, exhibiendo sus metralletas parecía no ser Costa Rica. Parecía una finca de un mafioso bien protegido por su cuadrilla militar, aparentemente no muy bien vestidos, sin trajes oficiales de policías, pero bien armados, uno de ellos hasta medio barrigón daba la sensación de la foto…

Si el país empieza oficialmente a desarrollar estos escuadrones militares, sin uniformes, o con uniformes, no estaremos muy lejos, con un déspota, con tiranuelo, con un dictadorcillo, con un gobernante autoritario, de introducir grupos organizados, que desde la Casa Presidencial puedan ejecutar, por la libre, o bajo tenebrosas directrices, amenazas, robos, sabotajes, secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, desapariciones de ciudadanos, atentados para combatir no solo la delincuencia sino también para amedrentar o eliminar críticos del gobierno y de sus autoridades administrativas, así como a los disidentes políticos, en general, al margen de la legalidad y la constitucionalidad de nuestro Estado de Derecho.

El Presidente goza aún de simpatía expresada en las encuestas, aunque ya decrece su apoyo. Le encanta rozarse con la gente. En sus actos públicos no ha enfrentado manifestaciones ni movilizaciones en su contra. ¿Para qué necesita andar comportándose como un matón presidencial? ¿A cuál Presidente de la región quiere imitar o emular con esos desplantes militaristas, autoritarios, de engendro de dictador?

El hábito no hace al monje, pero lo distingue. Presidente, póngase el traje del Presidente de la República, no el traje del matón, del militarista, del gorila, del personaje autoritario, del irrespetuoso y se va a distinguir en su esencia… No me cabe la menor duda.

PLN le hace el trabajo sucio al gobierno Chaves Robles

Juan Carlos Durán Castro
SIFUPCR

Desde el SIFUPCR indicamos a la familia laboral del sector público que una vez más el PLN, le hace el trabajo sucio al gobierno Chaves Robles y muestra además cómo está tomado y conducido por gente de pensamiento ortodoxo, lo cual lo coloca como igual o superior al propio Gobierno.

Muestra así el PLN, su verdadero rostro pro trabajo precario y esclavo, ayudando al Gobierno y en dicha tarea surge la figura tristemente célebre de la Diputada Kattia Rivera en su rol de jefa de fracción del PLN, que como abanderada de la precariedad laboral, se presta como buena marioneta al juego de los Arias Sánchez, esperando sin duda alguna recompensa posterior, pero de paso le echa una buena paleada más de tierra a los colores verdiblancos de cara a las elecciones municipales 2024.

Así las cosas, se va acumulando rebeldía ciudadana que tarde o temprano explotará de alguna forma.

Estudiantes del Colegio Humanístico Costarricense protestan por falta de recursos del MEP

Tomaron las calles de Heredia con carteles con “justicia y presupuesto para el Huma” ante los retrasos burocráticos del MEP que tiene al colegio sin presupuesto desde año pasado.

En un comunicado la directora Yanixa Miranda Benavides explicó que “ya se cumple la fecha límite para el depósito de parte de Ministerio de Hacienda, para cumplir con las obligaciones estudiantiles, salariales y gestión operativa del Colegio. Lamentablemente a esta hora no hemos recibido dicha transferencia. De parte del viceministro Leonardo Sánchez Hernández, quien brinda un comunicado a la Junta Administrativa, mencionado que el día de hoy fue firmado el decreto ejecutivo, y que está listo para publicación en la Gaceta. Lo que permite deducir que hoy tampoco estaremos recibiendo el pago de lo adeudado”.

“Es por eso que, desde la dirección, estoy convocando a la población estudiantil, personal docente, administrativo, y personas que deseen apoyarnos; nos estaremos manifestado en las afueras de la Institución evidenciando nuestra inconformidad con esta situación, debido a que se están vulnerando los derechos fundamentales de nuestra comunidad”.

“En caso de no ocurrir la transferencia el día de hoy 1 marzo, el día jueves 2, la manifestación de la protesta se trasladará a las afueras del Ministerio de Hacienda en Heredia”.