En el Programa de Interferencia de hoy a las 6:00 p.m. se conversará sobre “Las secuelas de las supuestas, “terapias de conversión”.
Quienes participarán del conversatorio son:
Si desea dar seguimiento al programa, sintonice por Radios UCR o por el Facebook y YouTube Live de Interferenciacr.
Desde diferentes sectores de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal le invitan al ‘’Encuentro de Análisis de la Coyuntura Nacional’’.
La organización de este encuentro es un esfuerzo honesto y una iniciativa conjunta que se ha impulsado a través de los diversos sectores sociales y productivos para la transformación social desde los espacios de formación y diálogo social, auspiciado por el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional.
Uno de los objetivos principales de este encuentro es lograr por medio del diálogo en abordaje de mesas temáticas y precisar elementos que fortalezcan una ruta de trabajo estratégica frente a los siguientes temas macro para el país, como:
La actividad se llevará a cabo el sábado 05 de noviembre de 2022 en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en el Auditorio Cora Ferro, Campus el Higuerón Universidad Nacional, San Pablo de Heredia, 1 kilómetro al Este de Burger King.
Si desea participar de esta actividad debe confirmar su asistencia al número de teléfono 8400 3435.
Compartido a SURCOS por Henry Mora Jiménez.
Mostrando pancartas y banderas de la Fentragh y la Rel UITA, trabajadores y trabajadoras del banano, palma africana y piña exigieron respuestas inmediatas a las denuncias y solicitudes de inspecciones presentadas hace meses, así como los resultados de las que ya fueron realizadas.
“Desde el año 2019 venimos presentando denuncias y reclamos y no han avanzado. El 10 de agosto de este año nos reunimos con las nuevas autoridades y presentamos un documento con nuevas denuncias. Han pasado dos años y no hay respuestas”, dijo Maikol Hernández, secretario general de Fentragh.
“Es una grave falta de atención a los trabajadores agroindustriales y es por eso que, una vez concluido el seminario, decidimos venir hasta aquí para que nos escuchen, atiendan las solicitudes de los sindicatos y se instale una mesa de diálogo”, explicó el dirigente sindical.
En este video, dirigentes de Sinatraa, Sitrapa, Sintrapybcr y Fentragh explican las razones de este plantón de protesta.
La suspensión injustificada de fondos a la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) provocará el cierre de programas en derechos humanos, redes comunitarias y capacitación para el empleo de personas mayores.
Desde hace cinco meses, el MTSS suspendió la transferencia de fondos a AGECO, sin una resolución administrativa y sin el debido proceso, lo que está afectando la atención de miles de personas usuarias de los servicios de esta organización no gubernamental, la única que aborda integralmente el envejecimiento activo.
Debido a estas informaciones se ha coordinado un espacio desde Cáritas, liderado por el Arzobispo Edwin Aguiluz para conocer más detalles sobre la situación. Su participación es de fundamental importancia ya que se necesita articulación de sectores para hacer eco de las situaciones que se presentan en la actualidad y afectan a las poblaciones que más requieren de programas sociales.
Dicho espacio se realizará el próximo martes 18 de octubre, 2022 a las 10:00 am, por Zoom en el siguiente enlace:
https://us06web.zoom.us/j/85398986047pwd=Vmt5M05yYklCaytRVncwMXZ5T3NDUT09
El último acto lo efectuó el 15 de septiembre, celebración de un nuevo aniversario de la independencia, cuando anunció que será candidato a la presidencia en 2024, violando la constitución, que prohíbe la reelección de manera inmediata.
La prohibición de la reelección inmediata se basa en la previsión de eliminar las ventajas que tendría un presidente en funciones porque utilizaría el poder del Estado para asegurar su triunfo sobre otros aspirantes.
La argumentación de los publicistas de Bukele consiste en afirmar que es un presidente popular y que nadie ha hecho lo que él ha logrado, y que eso le da derecho a reelegirse.
En el camino de la reelección se inscribe la destitución inconstitucional por el parlamento de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que fueron remplazados por otros, dóciles al gobierno.
Los publicistas del gobierno “justifican” el proyecto de reelección en que Bukele ha sido un buen administrador, sobre todo cuando la pandemia, pero “olvidan” que en esta legislatura se dictó una ley para eliminar el acceso a la información de todo lo realizado por el ministro de Salud (como el uso discrecional de varios centenares de millones de dólares provenientes de Estados Unidos) y otros ministerios que también usaron fondos públicos.
Otro de sus argumentos refiere a la reducción notable de la cifra de homicidios desde que Bukele asumió, el 1 de junio de 2019 (no hubo ninguno hasta marzo de 2022, cuando como rayo en cielo sereno hubo 80 asesinatos en un fin de semana).
El periódico virtual El Faro demostró que en esos casi 3 años Bukele estableció un pacto secreto con las pandillas (maras). Luego rompió con una de ellas, la Mara Salvatrucha 13 (MS 13), por incumplimiento de las prebendas pactadas. No obstante, en ese mismo periodo crecieron las cifras de personas desaparecidas, así como el hallazgo de cementerios clandestinos, acciones atribuibles a las pandillas.
El Faro demostró, años atrás, que funcionarios de los gobiernos de ARENA y del FMLN tuvieron acuerdos secretos con las pandillas, por lo que fueron procesados por la fiscalía general de la república.
Pero eso no ha sucedido con funcionarios del gobierno de Bukele, porque la asamblea legislativa constituida el 1 de mayo de 2021, con mayoría absoluta de diputados del partido del presidente, destituyó, en la misma sesión de apertura, al fiscal general que investigaba las operaciones secretas del mandatario con las pandillas y la corrupción de otros funcionarios del gobierno actual.
El Fiscal General nombrado el 1 de mayo de 2021, obediente a las directrices del presidente, destituyó a los fiscales que investigaban el pacto con las pandillas y eliminó el acuerdo con la OEA que creaba la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES).
A partir de marzo pasado, para encubrir la mentira del control territorial que ejercía el gobierno, Bukele tuvo una reacción violenta para “castigar” a los pandilleros y mostrar ante la población su poder.
Así, se instaló el “régimen de excepción”, que supone la pérdida de cuatro garantías constitucionales: el derecho a la libertad de reunión y asociación; el derecho a la defensa; el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia e intervención de las comunicaciones sin que sea necesaria una orden judicial y el plazo de detención administrativa solo por 72 horas (que pasó a 15 días).
Entre marzo y septiembre últimos, el ejército y la policía nacional civil han capturado a más de 50 mil personas, incluidas muchas que no tienen relación con las pandillas pero que viven en los barrios populares y su condición de pobreza da a los captores la justificación para su apresamiento.
Se sabe sin embargo que las dirigencias de varias pandillas no están encarceladas y que además, hay decisión gubernamental de no entregar a líderes pandilleros solicitados por la justicia de Estados Unidos para ser juzgados en ese país.
Hay restricciones para que los presos accedan a procesos legales para demostrar su inocencia. No tienen acusaciones por delitos cometidos sino la presunción de que son pandilleros por apariencia o por lugar de residencia y porque forman parte de las cuotas de capturados que deberían cumplir los soldados y los policías diariamente.
Hoy hay en El Salvador, entre estos nuevos presos y los anteriores, unos 80.000 detenidos hacinados en las cárceles del país, que tienen una capacidad máxima cuatro veces inferior a esa cifra.
Durante los últimos seis meses ha habido denuncias de homicidios efectuados por autoridades carcelarias o por otros prisioneros y de muertes por negligencia en la atención médica de las personas privadas de libertad.
Bukele ha destruido la institucionalidad democrática y ha creado una maraña de manejables funcionarios para su propósito de la relección.
Cuenta a su favor el desencanto de la población con todos los gobiernos que se han sucedido en los últimos años (cuatro de ARENA y dos del FMLN), que no proporcionaron alivio a la pobreza y miseria grandes sectores. La antigua estructura de dominación política y de concentración económica sigue vigente. Es pasado y presente.
La miseria ha llevado a grandes cantidades de salvadoreños, buena parte de ellos jóvenes, a emigrar, a integrarse a las maras, que se han constituido en un poder territorial y hasta político, o a sumarse al ejército de desocupados que no encuentran trabajo.
El Salvador tiene además acumulados problemas como una estructura económica concentradora del ingreso; marginación y exclusión social; inseguridad generalizada; emigración obligada; desempleo creciente; medio ambiente amenazado; deterioradas finanzas públicas y creciente endeudamiento externo; uso corrupto de presupuestos públicos; estancamiento educativo…
Bukele ha sabido captar ese desencanto, atacando a los partidos tradicionales y prometiendo mano dura a la delincuencia, y al mismo tiempo ha copado las instituciones del Estado para eliminar toda oposición.
El presidente considera un lastre para su gobernabilidad autoritaria las reglas democráticas constitucionales y con su mayoría legislativa controla todos los resortes del poder político.
Tras tres años de gestión está claro que gobierna para su grupo familiar y amistades, aliados a familias de la vieja oligarquía, de la cual sigue el mismo patrón de conducta: utilizar el aparato del Estado para incrementar su patrimonio.
Ahora necesita ser reelecto para evitar que un nuevo gobierno investigue su corrupción y para mantener el control del Estado con el fin de continuar la acumulación económica de su familia y allegados.
Fuente: http://www.rel-uita.org/el-salvador-2/camino-a-la-dictadura/
Reciba de mi parte un cordial y respetuoso saludo.
El pasado 29 de setiembre en razón del primer Plenario Legislativo realizado en mi ciudad natal. Usted en su intervención oral nos faltó el respeto a todos los puntarenenses, cayendo en una lamentable contradicción con relación a su discurso y promesas de campaña ofrecidas ante nosotros ciudadanos costeños.
He de decirle con firmeza que ningún pueblo o ciudadano en su sano juicio elige la pobreza como forma de vida. Es más que evidente que los litorales de Costa Rica cuentan con grandes riquezas naturales y sistémicas que han sido expoliadas para beneficio exclusivo de los habitantes del centro del país.
Bastaría con citar el caso del FEES, cuyo 57% lo recibe la Universidad de Costa Rica y que gasta un 51% en el Cantón de San Pedro de Montes de Oca.
El Desarrollo Social para el Bienestar Humano, solo en unas de sus dimensiones básicas, requiere de la Educación. Pregunto: ¿Cómo se llaman las universidades estatales de Limón, Puntarenas y Guanacaste?
No pretendo extenderme en argumentaciones sobre verdades de Perogrullo. Mi intención es solicitarle que sea consecuente con sus promesas de campaña y atienda el clamor de mis coterráneos apoyando la Declaratoria de Interés de Estado del Proyecto El Camino.
Nuestras comunidades sufren profundamente de miseria, violencia y crimen. Los jóvenes se han transformado en carne de cañón del crimen organizado. Ya es tiempo de que la sangre de Juan Rafael Mora Porras vuelva a circular por las venas escleróticas de nuestros políticos.
Espero que usted rectifique su postura atendiendo el clamor de las Verdaderas Costas Ricas…
Como dijo Óscar Niemeyer «Hay que ser consecuente hasta el final…»
A sus gratas órdenes, suscribo; MSc. Herbert E. Contreras Vásquez, orgullosamente nacido mirando al mar.
Bajo el título que antecede a este comunicado, un grupo de costarricenses publicó un excelente volante, cuyo objetivo central es la absolutoria definitiva a favor de Orlando Barrantes Cartín. Propuesta que, desde el Partido Vanguardia Popular apoyamos totalmente. Compartimos esa noble aspiración, pues ella recoge la esencia de lo que el encabezado reclama: “La esperanza”.
Hoy en Guápiles, se tenía prevista la lectura de las conclusiones de un juicio que lleva largos 22 años, donde queda claro que las desvergüenzas de la “justicia pronto y cumplida”, son solo una marca del marketing judicial. Ni pronta, ni cumplida: ¡Nada más alejado de la realidad!
Con una participación de cerca de 200 personas, de colectivos sociales y partidos políticos, entre ellos el MTC, PRT, NPS, CGT, SEPI, PT, ACODEDHU, diferentes colectivos por la vivienda Popular, LA MOROCHA y el PVP, frente a los Tribunales de Justicia, los manifestantes gritaron dos consignas muy emotivas: “Orlando amigo el pueblo está contigo” también se coreó con mucha fuerza esta otra: “Se oye se siente, Orlando es inocente”.
Mientras en la Sala de Juicio, se siguen conspirando contra la protesta social, buscando pruebas para justificar un “falso positivo Judicial”. Los corruptos deambulan por la calle, bajo el manto sucio de la impunidad, amparados en sus cobijas políticas. Se destapan ollas en la cosa pública que hieden y dejan ver como se descompone la democracia, pero los jueces, como el monumento a la justicia, cierran sus ojos y dirigen toda su fuerza contra los verdaderos dirigentes populares.
Sí, definitivamente es cierto. No pasa lo anterior frente a los luchadores sociales, honestos y comprometidos que enarbolan la bandera de la justicia para las grandes mayorías. Este es el caso concreto del juicio político que lleva ya 22 años de persecución sostenida contra ORLANDO BARRANTES CARTÌN. Dígase en verdad a los hechos: “Es el juicio más largo de la historia en Latinoamérica” (y eso que somos un país de Derecho).
Hoy, como parte del decoro y la urgencia de devolver el prestigio al Poder Judicial, se debió haber dictado la absolutoria definitiva para el compañero Barrantes; pero no, vuelven a generar la incertidumbre y convocan nuevamente para este miércoles 26 de octubre.
DESDE EL PARTIDO VANGUARDIA POPULAR, le pedimos al pueblo costarricense, sus movimientos sociales, populares y sindicales, que en una sola voz exijamos la absolutoria definitiva para Orlando Barrantes Cartín.
¡¡¡Basta ya!!!, la protesta social es un Derecho Humano Fundamental.
No a la criminalización de los luchadores sociales
Los efectos del huracán Julia en la zona sur del país fueron devastadores. Las inundaciones provocaron pérdidas de cosechas y animales en la zona sur, específicamente en Curré.
Las familias debieron ser evacuadas a albergues ante la desolada situación.
Familiares de los gestores locales Rodrigo Rojas y Mileydi González no escaparon de la situación y tuvieron que ser evacuados.
Se espera que la situación mejore conforme el huracán se aleje del territorio costarricense.
Compartido con SURCOS por Rafael López Alfaro.
El pasado 12 de octubre se tuvo un encuentro y taller entre los proyectos de Trabajo Comunal Universitario TC-765 Semillero Estudiantil para la Acción contra el Racismo y el TC-645 Sikua Ditsö: compartiendo aprendizajes, en la Sede del Atlántico, UCR.
Parte de la actividad era poner en común lo que se piensa sobre el racismo, cómo puede definirse, identificarse, cómo se manifiesta en los cuerpos, en las formas de pensar y educar.
Asimismo, en el encuentro se identificaron preguntas para definir cómo se reproduce el racismo en las instituciones y empresas, en los medios de comunicación, por medio del lenguaje, los prejuicios y las exclusiones de la diversidad de cuerpos y culturas.
El encuentro vino a redefinir una fecha como el 12 de octubre que ha sido silenciada y borrada como fecha de conmemoración, en lugar de haberse resignificado en los discursos, en los textos educativos, en las memorias institucionales y reorganizado de manera crítica en los espacios públicos de todo el país.
Con este tipo de espacios de encuentro y diálogo, se espera promover en el estudiantado una mirada crítica y reflexiva de su contexto, así como de la realidad tanto nacional como individual, de esta forma su accionar podrá generar cierto impacto en los proyectos de los TCUs, y lo más importante, en el desarrollo de las acciones conjuntas con las poblaciones, comunidades y personas con las que se relacionan.
En la actualidad es muy común escuchar en los medios y noticias expresiones como:
Que solo buscan ultimar la fase dos de los objetivos incompletos que encubrían la ley 9635 de » fortalecimiento de las finanzas públicas”, la ley 9808, que elimina el derecho a la protesta social (incluida la huelga en el sector público y sus efectos e impactos en los sindicatos del sector), y la ley de empleo público. Todo en un ataque a las autonomías constitucionales creadas en la Constitución Política de 1949.
Una táctica ruin del presidente Rodrigo Chaves y su gobierno de derecha más antiguo y descarado del país, aprovechándose de la popularidad le quita al pueblo en frente de sus narices, las instituciones que tanto le dieron a Costa Rica y que provienen de luchas sociales de derecho.
“Estamos transitando como país hacia una peligrosa concentración del poder como la que existió antes de 1949”.
Compartido con SURCOS por el autor.