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Autor: María José Ferlini Cartín

Infografía: Carlos Andrés Pérez es inocente

Surcos comparte la siguiente infografía, en la cual se detalla información importante sobre el caso de Carlos Andrés Pérez, joven condenado en Limón el marzo anterior. En dicha imagen se especifican los motivos de su sentencia. 

Además de lo anterior, la infografía se encarga de presentar una invitación para manifestarse en contra de las consecuencias del juicio el miércoles 22 de junio a las 2 p.m. al frente de los Tribunales de Goicoechea, en San José. 

Compartido y firmado por ACODEHU, Bloque de Vivienda, MTC, Confederación Unitaria de Trabajadores, ANEP, y Mujeres en Lucha Social.

Áj Kúk: Uno de los eventos culturales más importantes de la cultura Bribri

Se le invita abiertamente a participar de Áj Kúk, uno de los eventos culturales más importantes de la cultura Bribri. El significado de esta frase es “jala de piedra”. Se llevará a cabo en Salitre, Buenos Aires, Puntarenas.

Dicho evento tendrá lugar el sábado 16 de julio, cualquier información adicional necesaria puede ser consultada al número telefónico 8505-2287. Datos adicionales y mayor información sobre el evento puede ser encontrada en el siguiente enlace, además de en el Facebook de Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/537863387829064/

 

Compartido con Surcos por Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS.

PILAR CISNEROS: LA DIPUTADA DE LAS 3 P

Marielos Aguilar

El periodista de investigación y escritor MOISÉS NAÍM, preocupado por las nuevas corrientes autoritarias que están amenazando la trayectoria del sistema de pesos y contrapesos en los países democráticos, ha publicado un interesante libro denominado LA REVANCHA DE LOS PODEROSOS: CÓMO LOS AUTÓCRATAS ESTÁN REINVENTANDO LA POLÍTICA EN EL SIGLO XXI. Es una obra que se propone defender el modelo de las democracias liberales occidentales del siglo XX.

Al abrir este texto, es inevitable no pensar en la periodista y diputada PILAR CISNEROS, hoy día representante del partido oficialista que llevó a la silla presidencial al economista RODRIGO CHAVES, ambos ejemplos muy claros del modelo que Naím propone para reconocer a los dirigentes políticos antiliberales de nuevo cuño.

A estos nuevos políticos Naím los denomina con el nombre de LOS AUTÓCRATAS DE LAS 3 P, para resumir la fórmula antidemocrática de la que echan mano. Esos tres elementos son el POPULISMO, la POLARIZACIÓN y la POSVERDAD, una conjunción que les permite ir desmantelando los contrapesos que en una democracia garantizan la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Esos autócratas recurren a estrategias cada vez más notorias: el uso de un lenguaje catastrofista y pesimista para dirigirse al pueblo en general, la caracterización del entorno que nos rodea como caótico y fallido y, en no pocas ocasiones, a manifestaciones de un gran desprecio por el conocimiento y el papel de los profesionales e intelectuales en la sociedad. Instituciones como las universidades y los medios de comunicación son con frecuencia satanizadas. Se trata de fomentar la polarización social agudizando el escepticismo y la apatía respecto al ejercicio de lo que ellos denominan la política tradicional, sea de izquierda o de derecha.

Al recurrir a la POSVERDAD, estos políticos de vocación autócrata van más allá de la simple mentira, niegan verdades y realidades constatables para socavar los contrapesos que ponen límites a sus excesos de poder.

Para ellos los aspectos objetivos tienen menos importancia que las opiniones y las emociones que produce su discurso populista, polarizante y demagógico, todo ello con el deseo de fomentar las condiciones necesarias en la opinión pública para justificar sus abusos de poder.

Cuando vemos cómo la diputada Cisneros insiste en transmitirle a la población costarricense su escepticismo sobre la labor que se realiza en el ámbito parlamentario, o cuando el presidente Chaves va al Poder Judicial a señalarle sus debilidades, que las tiene, sin reconocer la importancia de la separación de los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial, una cosa queda clara: su objetivo es socavar nuestro modelo de Estado y darle rienda suelta a sus sueños autócratas. Se vislumbra en un futuro cercano una Costa Rica convertida en una autocracia de derecha, con una población cuyas esperanzas se desvanecen a punta de mensajes catastrofistas y donde las grandes ausentes sean las propuestas para profundizar la democracia costarricense, con políticas redistributivas eficientes para combatir la pobreza y la injusticia social.

Frente a esta amenaza, los movimientos sociales tienen la palabra: ambientalistas, sindicalistas, feministas, frentes estudiantiles y juventudes organizadas, movimientos indígenas y de otras comunidades.

Nuestra herencia progresista, democrática y pluralista está por encima de todo.

¡Para mañana es tarde!

 

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Sueños destruidos

Manuel Delgado

Hace muchos años que no uso reloj, pero cuando era estudiante de secundaria cayó en mis manos un viejo Vulcain que mi padre había adquirido no sé cómo. Ese finísimo aparato que tenía el aspecto de cachivache viejo me acompañó por muchos años, hasta que un día, después de muchas reparaciones, dejó de funcionar. Simplemente se murió de muerte natural. Allá estará en el cielo de los relojes y quizá, si alguien le cuenta de este comentario, me regalará una sonrisa de cariño.

El recuerdo de mi viejo reloj se me vino de pronto cuando leí el libro de Flora Fernández tristemente titulado “El destructor de vidas y sueños”. La cosa es que alguien me dijo que en ese tipo de relojes los expertos estaban en la Relojería Fernández, que quedaba en la Avenida Central, y allí estuve yendo mucho tiempo. Me atendía un señor ya cargado de años y de amabilidad. Era posiblemente el padre de Flora, don Julio, hijo del fundador de la joyería y su segundo propietario, llamado también Julio Fernández.

El libro de Flora trata de esa experiencia de vida de su abuelo y de su padre, y de la destrucción de sus ahorros y con ellos de sus sueños por una de las estafas más sonadas de nuestra época, la del grupo Aldesa.

De una manera documentada y sagaz, Flora desnuda el proceso de la estafa que acabó con los ahorros de muchos costarricenses y que sigue golpeando hoy a empresarios grandes y medianos, a pequeños ahorrantes, a miles de solidaristas y a sistemas de pensiones. Por eso este libro es tan notable, digno de ser leído por todos los costarricenses.

Pero hay otra cosa que me interesa mucho y es el tratamiento humano, la búsqueda de la experiencia vida, del testimonio, del dolor y la queja, del rostro oculto en el momento del llanto. Desde este punto de vista, la obra de Flora es un aporte valiosísimo a la literatura del testimonio, al periodismo de profundidad. La verdad, sobre todo en materia económica y financiera, siempre tiene números. Trabajé como periodista muchos años en este tipo de notas y lo sé de sobra. Pero por encima de las cifras está el ser humano, su dolor inequívoco, su vida irrepetible. Eso lo recoge Flora de maravilla. En primer lugar, su propia experiencia y la de su negocio, la Relojería Fernández.

En esta triste experiencia de despojo hay cosas que no pueden dejar de mencionarse. ¿Cómo es posible que el gobierno de Alvarado haya mantenido como ministra de Hacienda a una persona involucrada en Aldesa y que luego la haya promovido nada menos como superintendente de entidades financieras? ¿Cómo es posible que otra alta jerarca de Aldesa fue jefa del aparato económico del estado y luego fuera promovida como embajadora nada menos que en una entidad internacional, el BID? ¿Cómo es posible que hayan sido arropados jerarcas de bancos y prensa involucrados en este hecho? ¿Cómo es posible que sigan tan campantes en esos puestos? ¿Cómo es posible, en fin, que aquí se les arrebataron los ahorros a miles de costarricenses y sigue sin pasar nada?

El libro recuerda el caso del Esquema Ponzi, ideado por Bernard Madoff, instrumento del fraude de millones de dólares a ahorrantes norteamericanos. Madoff terminó en la cárcel y se hicieron reformas profundas al sistema financiero para proteger a los inversionistas. Pero en nuestro país, como generalmente ocurre, no pasa nada. Vivimos no en una democracia sino en un reino: el de la impunidad.

Y basta. Recomiendo esta obra desde el fondo de mi cerebro y de mi corazón. Desde allí expreso mi dolor y mi sentimiento de odio contra esos pillos. Y desde allí reconquisto al mismo tiempo mi cariño por don Julio, su relojería y mi relojito. Gracias Flora, y adelante.

“Súmese a nuestro pedido para que Palma Tica construya sanitarios en los campos”

SITRAPA hace un llamado a la ministra de Trabajo

Rel UITA

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Palma y Afines (SITRAPA) Dania Obando, hace un pedido directo a la ministra de Trabajo, Marta Esquivel animándola a que se sume y presione para que la empresa Palma Tica construya sanitarios en sus campos.

La dirigente relata en el video las precarias condiciones en las que trabajadores y trabajadoras deben realizar sus necesidades fisiológicas.

Mira el mensaje completo. Compártelo.

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/sumese-a-nuestro-pedido-para-que-palma-tica-construya-sanitarios-en-los-campos/

La historia de Carlos Andrés Pérez – II

Isabel Ducca D.

¡La Fuerza Pública tenía el control de todo el plantel!

A cierta hora, se presentaron dos unidades de la estación de bomberos de Limón, lo que confirmó que había una fuga de gas. Según la constancia emitida por el Cuerpo de Bomberos de Limón, la visita fue realizada a las 18:19:35, dice textualmente:

Personal de Recope impide el acceso a las instalaciones, se conversó con los encargados de los mismos (sic) he (sic) indicaron no haber ninguna fuga de gas. Se realizó otro (sic) revisión por otro acceso en el que un funcionario nos indicó que hubo un trasiego de combustible por la tubería y por lo cual emite algún tipo de olor al medio ambiente.

Nota, por la respuesta del trabajador de Recope, que nos indica que no había nada, no se anotan afectados.[1]

La suma de todos esos factores, hizo que un grupo de trabajadores ingresara a las instalaciones para prevenir una tragedia; esos obreros querían cerciorarse de que no había peligro. Así como solían entrar para utilizar los servicios sanitarios, ingresaron por el portón principal, custodiado por los policías. No hubo prohibición de ingreso, aunque las autoridades así lo afirmaron después. El grupo se encaminaba directamente a la zona de gas, porque sospechaba que ahí se podía presentar alguna emergencia.

Se unieron diferentes factores, sobre todo de índole afectiva. El sentido del deber y el cariño a la institución que les da el sustento para sus familias. Querían asegurarse de que no estuviera ocurriendo algo grave y, si estuviera sucediendo, detener el percance o avisar sobre el mismo. Dentro del plantel, observaron mucho movimiento de vehículos policiales, pero no se alarmaron, porque no existía prohibición de entrar. No llegaron hasta la zona de las esferas de gas, se detuvieron en una esquina para comprobar que los movimientos no eran los habituales. Había una situación irregular en muchos sentidos. En ese preciso momento, una patrulla estacionó detrás.

Ahí, en esa bocacalle, fue cuando recibió el grito: Tírese al suelo o disparo. Carlos Andrés llevaba dos noches sin dormir, apenas había repuesto el sueño. Su cerebro entró en pánico, corrió, como lo hicieron sus demás compañeros; él lo hizo hacia otra dirección, solo él fue detenido poco después. Todo fue tan sorpresivo e inesperado que había entrado al plantel con las tenis, compradas esa misma mañana, desamarradas, pues había estado descansando en una de las hamacas que habían puesto afuera del plantel donde se encontraba el grupo en huelga.

La lógica del pánico no tiene lógica. Su reacción fue apremiante; la amenaza de la detonación contactó directamente con su entrenamiento por la explosión que ocasionaría un disparo en medio de todo ese combustible.

 ¡Solo a un policía que había trabajado más de chófer que de guarda, se le ocurre gritar “disparo” en medio de una refinería!

Al obrero lo detuvieron aproximadamente a las 20:00 horas, la alarma a los bomberos se había dado desde las 18 horas y unos minutos. La visita de los bomberos confirma la presencia de algo irregular.

En un primer momento, no tuvo conciencia de que se encontraba en una situación grave, porque los policías no sabían qué hacer con él. Pensaba que todo se aclararía con una explicación de lo sucedido. Al cabo de dos horas, lo condujeron a la Comandancia de Limón y después a la Fiscalía. Hasta ahí fue que tuvo conciencia de que se encontraba en serios problemas. ¡La acusación lo dejó perplejo! ¡La acusación por fragancia fue para justificar su encarcelamiento! ¡En nombre de la ley se violó la ley! El juez dictó prisión preventiva sin que la Fiscalía lo solicitara.

Los medios de comunicación hicieron un festín. No faltó la piñata de insultos y epítetos denigrantes para el trabajador de Recope, los sindicalistas y los huelguistas.

El 27 de noviembre del 2018 se llevó a cabo el juicio con una condena inesperada para todos, excepto para quienes se favorecían con la exhibición de un culpable. Ese día era el cumpleaños de su hermano. La familia entera guardó el pastel y las velitas para la noche, pues esperaban festejar por partida doble. Los juicios por fragancia se hacen después de las 17 horas y, dada la inocencia de Carlos Andrés, celebrarían en la noche. ¡No hubo festejo, hubo llantos!

 Según el Tribunal de apelación, el desbarajuste jurídico es tal que:

A ello hay que agregar que el juez Céspedes Rivera usa en su fallo -que, más que una decisión jurisdiccional, es la emisión de una serie de opiniones, pues no es sentencia todo lo que emane de un juez sino solo aquella decisión razonada que haga un escrutinio de la prueba evacuada y contraste los argumentos vertidos frente al derecho vigente- un discurso como si él fuera el garante de la seguridad del país y no un funcionario llamado a resolver un conflicto específico.[i]

Anteriormente, ese tribunal ha señalado que la resolución permitió comprobar la exclusión de toda la prueba aportada por la defensa. Poco después, el mismo tribunal de apelación señaló que el juez se convirtió en testigo para disculpar a un policía que fue lacónico en su declaración.

El daño físico, moral y psíquico no tiene palabras adecuadas a su magnitud. Carlos Andrés es una persona de pocas palabras, su mirada triste es la que deja entrever, como entre sombras, lo que fue el suplicio: Pasar por una cárcel, cambia a cualquiera. Tuve mucho tiempo para analizar y meditar. No le tengo la misma confianza a las personas. He llorado, no lo puedo negar. Al principio, me sentí muy solo. Agradezco a las organizaciones, los sindicatos, mi familia que me han ayudado. Me han dado fuerzas para poder seguir y no desfallecer. En esas condiciones, la falta de apoyo puede llevar a la desesperación. En la celda, en la que estuve, se habían ahorcado dos personas… Soy católico, pero iba a los cultos para tener la esperanza en Dios y tener la mente ocupada.

Ahora, se presentó una nueva apelación. Este miércoles 22 de junio el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Circuito de Goicoechea recibirá a Carlos Andrés Pérez y a su abogado defensor por la petición de anular la condena establecida en marzo de este año.

Las organizaciones sociales están solicitando la ANULACIÓN DE LA SENTENCIA CONDENATORIA y El SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO.

Ustedes pueden mostrar su solidaridad firmando en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMYtKu37_3hSUFJyIBXYPVh5gwHTWZoUwFpj_NkoVKsA2_eQ/viewform

[1] Constancia extendida a solicitud de Carlos Andrés Pérez Sánchez.  Firma y sello del Cuerpo de Bomberos de Limón.

[i] Chinchilla, R.,  García, A. y Rojas, G. (2019).  Resolución: 2019-0319 Expediente: 18-000244-1130-PE (7)TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL,  Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, p.24.

 

Enviado a SURCOS por la autora.

Colombia: Respeto por la voluntad nacional y la soberanía

Edgar Chacón Morales

El candidato Gustavo Petro es el ganador de la segunda vuelta electoral del proceso colombiano, por tanto, es el presidente electo y el próximo presidente constitucional de Colombia.

En los conteos preliminares: Gustavo Petro11.281.002, 50,44%, Rodolfo Hernández 10.580.399, 47,31% para el período 2022-2026 cnn.

Felicitaciones al pueblo colombiano, por esta oportunidad de construir paz y soberanía. Felicitaciones a la democracia colombiana.

Nuestros mejores deseos para llevar adelante con éxito esta tarea patriótica y que se unan en el mejor proyecto, los intereses nacionales.

Salud colombianos y colombianas.

 

Imagen ilustrativa.

Proteger las políticas de salud pública de la interferencia de la industria tabacalera

Diego Montero Hernández

Vicepresidente de la Red Nacional Antitabaco (RENATA)

El pasado 31 de mayo, en conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco, la Red Nacional Antitabaco (RENATA) tuvo la oportunidad de organizar un foro de presentación de resultados en el antiguo edificio legislativo acerca de dos estudios que se hicieron en el último año relacionados con la interferencia de la industria tabacalera en políticas de control de tabaco, el cual contó con el apoyo del diputado Jonathan Acuña de la fracción del Frente Amplio.

La interferencia de la industria tabacalera se entiende como esa gran variedad de tácticas y estrategias utilizadas, directa o indirectamente, por las compañías del tabaco y sus representantes para debilitar, obstaculizar o eliminar la aplicación o desarrollo de las medidas efectivas de control del tabaco. Se ha reconocido en distintas ocasiones que este flagelo ha sido responsable de que muchos países no hayan podido avanzar en una mejor legislación en control de tabaco. 

Precisamente, se diseñó el Índice Global de Interferencia de la Industria Tabacalera como una herramienta de medición que cuenta la sociedad civil para evidenciar la intromisión de estas compañías en dudosas decisiones que toman los gobiernos y entes legislativos. Según se expuso en el foro de presentación, Costa Rica reporta casos preocupantes, como la presencia desde el año 2016 de representantes de cámaras empresariales en la Comisión Mixta contra el Comercio Ilícito del Ministerio de Hacienda, donde se ha invitado a compañías tabacaleras sin que se dé a conocer lo discutido en el acta de reunión; el tratamiento especial por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo hacia la industria tabacalera al protegerla durante la reforma fiscal; o la donación de insumos médicos de la tabacalera Philip Morris Internacional a la CCSS en medio de la pandemia.

Por otro lado, se presentaron los resultados del estudio Sin cortinas de humo, que documentó el proceso de aprobación del proyecto de ley de regulación de cigarrillos electrónicos, vaporizadores y productos de tabaco calentado (proyecto 21.658) para localizar a los sectores que se opusieron a su aprobación y sus argumentos. Se identificó el uso de tácticas de interferencia indirecta por parte de las tabacaleras durante el periodo en que se discutió el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa (entre octubre del 2019 y 2021), que incluyeron las relaciones públicas, para influenciar publicaciones en medios de comunicación que promovieron los vaporizadores y productos de tabaco calentado; también las acciones de responsabilidad social con instituciones públicas, donde es evidente el esfuerzo de la industria por mostrarse como un miembro responsable de la sociedad; y la utilización de alianzas con las cámaras empresariales, quienes defendieron públicamente los argumentos de oposición de estas compañías.

Una de las situaciones más preocupantes que se evidenció fue que la diputada que mostró mayor oposición al proyecto de ley 21.658 renunció a su curul para comenzar a trabajar, meses después, con la compañía tabacalera Philip Morris Internacional. Lo que ahora genera dudas sobre los intereses que en su momento tuvo la legisladora al oponerse a dicho proyecto de ley, y si ello significó mantener reuniones poco transparentes con tabacaleras, lo que violentaría el artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), tratado internacional en la materia ratificado por Costa Rica desde el 2008.

Desde la RENATA abogamos porque se establezcan mayores regulaciones al cabildeo en la Asamblea Legislativa, medidas claras de transparencia, y que el Ministerio de Salud, como rector nacional en control de tabaco, sea el primer ente en implementar un Código de Conducta para relacionarse con la industria tabacalera o sus representantes solo cuando sea estrictamente necesario, tal y como lo exigen las directrices de aplicación del artículo 5.3 del CMCT.

Hacemos un llamado a distintos actores de la sociedad civil, a hacer un frente común que defienda una agenda de salud pública consensuada en beneficio de toda la población costarricense, anteponiendo siempre el derecho a la salud por encima de intereses comerciales.

“CANALLA”

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Las palabras nos definen, nos dan identidad, dicen, al utilizarlas, quiénes somos como individuos y como sociedad. Al parecer, el nuevo Presidente de la República tiene esta palabra como una de sus preferidas. El Diccionario de la RAE nos presenta de ella tres acepciones: 1. Perrería, muchedumbre de perros; 2. Gente baja; y 3. Persona despreciable y de bajos procederes. Como vemos, referirse a alguien con este epíteto, tiene un carácter eminentemente agresivo, injurioso e insultante.

Esta palabra la utilizó el ahora Presidente, varias veces, durante la campaña electoral para dirigirse a toda la prensa que lo criticaba o contradecía. Ahora, en visita “de cortesía” a la Corte Suprema de Justicia, la vuelve a utilizar para referirse a las denuncias penales interpuestas en su contra y en contra del partido que lo llevó al poder. Lo más grave es que algunas de esas investigaciones se originaron en un traslado que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones –no cualquier ciudadano- al Ministerio Público, por considerar que hay base suficiente para indagar si se han cometido importantes delitos. La cuestión cae por su propio peso: ¿son los magistrados y magistradas del TSE una especie de jauría canina, gente baja, despreciable y de bajos procederes? ¿Qué respeto estamos teniendo por las instituciones? ¿Qué nivel le estamos dando al ejercicio “docente” de la política, por parte de las máximas autoridades de la República? Con profundo pesar, como simple ciudadano, tengo que reconocer que la ola del peor “trumpismo” nos ha arrastrado y un peligroso discurso, barbárico y falaz, está sembrando vendavales.

El problema es complejo porque el Presidente aprovecha su visita a la Corte para hacer una mezcla absolutamente impropia, entre deficiencias reales en nuestra administración de justicia, junto a intereses personalísimos por las causas abiertas en su contra. Esas deficiencias tienen años de estarse conociendo y tratando de superar desde que el propio Poder Judicial llamó al Programa Estado de la Nación para efectuar evaluaciones periódicas, en un afán de transparencia que no tiene ningún otro poder público. Si es mucho pedir cortesía y prudencia al nuevo mandatario, es necesario exigirle respeto al principio de división de poderes y respeto a las autoridades que investigan hechos posiblemente delictivos, eventualmente perpetrados por su persona.

Un Presidente de la República no puede arrogarse la soberanía popular, ni ponerse los tacones y peluca de Luis XIV y arremeter contra los jueces, diciéndoles qué deben y qué no deben hacer. Si bien es cierto que en todo el mundo está de moda el “Lawfare”, esa desventurada estrategia de utilizar el sistema judicial para sacar del juego a adversarios políticos, nadie puede arrogarse el monopolio de la verdad ni la facultad de auto-erigirse en el gran decisor. Resulta ridícula la falacia utilizada como argumento: “todas las acusaciones por corrupción deben castigarse, con la única excepción de las que se sigan en mi contra”.

En un régimen democrático nadie puede ser, de entrada, condenado o absuelto. Cada denuncia debe investigarse bajo el estricto cumplimiento del debido proceso y el respeto a las garantías constitucionales. Esta es la única vía para establecer si se ha cometido un hecho delictivo y quién o quiénes son los responsables. La investigación, el acopio de pruebas y las definiciones últimas en una sentencia, corresponden a la policía, la fiscalía, la defensa y los tribunales de justicia. A nadie más. Parece mentira que tengamos que estar recordando estos conceptos elementales de educación cívica. Pero así estamos.