Diego Montero Hernández
Vicepresidente de la Red Nacional Antitabaco (RENATA)
El pasado 31 de mayo, en conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco, la Red Nacional Antitabaco (RENATA) tuvo la oportunidad de organizar un foro de presentación de resultados en el antiguo edificio legislativo acerca de dos estudios que se hicieron en el último año relacionados con la interferencia de la industria tabacalera en políticas de control de tabaco, el cual contó con el apoyo del diputado Jonathan Acuña de la fracción del Frente Amplio.
La interferencia de la industria tabacalera se entiende como esa gran variedad de tácticas y estrategias utilizadas, directa o indirectamente, por las compañías del tabaco y sus representantes para debilitar, obstaculizar o eliminar la aplicación o desarrollo de las medidas efectivas de control del tabaco. Se ha reconocido en distintas ocasiones que este flagelo ha sido responsable de que muchos países no hayan podido avanzar en una mejor legislación en control de tabaco.
Precisamente, se diseñó el Índice Global de Interferencia de la Industria Tabacalera como una herramienta de medición que cuenta la sociedad civil para evidenciar la intromisión de estas compañías en dudosas decisiones que toman los gobiernos y entes legislativos. Según se expuso en el foro de presentación, Costa Rica reporta casos preocupantes, como la presencia desde el año 2016 de representantes de cámaras empresariales en la Comisión Mixta contra el Comercio Ilícito del Ministerio de Hacienda, donde se ha invitado a compañías tabacaleras sin que se dé a conocer lo discutido en el acta de reunión; el tratamiento especial por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo hacia la industria tabacalera al protegerla durante la reforma fiscal; o la donación de insumos médicos de la tabacalera Philip Morris Internacional a la CCSS en medio de la pandemia.
Por otro lado, se presentaron los resultados del estudio Sin cortinas de humo, que documentó el proceso de aprobación del proyecto de ley de regulación de cigarrillos electrónicos, vaporizadores y productos de tabaco calentado (proyecto 21.658) para localizar a los sectores que se opusieron a su aprobación y sus argumentos. Se identificó el uso de tácticas de interferencia indirecta por parte de las tabacaleras durante el periodo en que se discutió el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa (entre octubre del 2019 y 2021), que incluyeron las relaciones públicas, para influenciar publicaciones en medios de comunicación que promovieron los vaporizadores y productos de tabaco calentado; también las acciones de responsabilidad social con instituciones públicas, donde es evidente el esfuerzo de la industria por mostrarse como un miembro responsable de la sociedad; y la utilización de alianzas con las cámaras empresariales, quienes defendieron públicamente los argumentos de oposición de estas compañías.
Una de las situaciones más preocupantes que se evidenció fue que la diputada que mostró mayor oposición al proyecto de ley 21.658 renunció a su curul para comenzar a trabajar, meses después, con la compañía tabacalera Philip Morris Internacional. Lo que ahora genera dudas sobre los intereses que en su momento tuvo la legisladora al oponerse a dicho proyecto de ley, y si ello significó mantener reuniones poco transparentes con tabacaleras, lo que violentaría el artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), tratado internacional en la materia ratificado por Costa Rica desde el 2008.
Desde la RENATA abogamos porque se establezcan mayores regulaciones al cabildeo en la Asamblea Legislativa, medidas claras de transparencia, y que el Ministerio de Salud, como rector nacional en control de tabaco, sea el primer ente en implementar un Código de Conducta para relacionarse con la industria tabacalera o sus representantes solo cuando sea estrictamente necesario, tal y como lo exigen las directrices de aplicación del artículo 5.3 del CMCT.
Hacemos un llamado a distintos actores de la sociedad civil, a hacer un frente común que defienda una agenda de salud pública consensuada en beneficio de toda la población costarricense, anteponiendo siempre el derecho a la salud por encima de intereses comerciales.