Con mucha alegría celebran su primer año de Biotecario con una nueva edición de su catálogo, haciéndolo más afín a su visión de sostenibilidad, y dando más lugar a su creatividad.
En esta edición, le ofrecen un menú elaborado con mucho cariño y creatividad para sus reuniones o eventos: merienda, desayuno, almuerzo y cena, sobre todo vegano y vegetariano, con algunas opciones omnívoras. Ajustan los platos según sus restricciones alimentarias, y pueden elaborar una oferta según su presupuesto.
Si no cuenta con un lugar para su actividad, ofrecen el amplio Salón de Eventos Los Proteros o los espacios verdes de la Finca Solar en San Isidro de Heredia.
En el mes de abril de este presente 2022, hemos sido testigos como Escuela Comunitaria del Sur, acerca del constante hostigamiento, de las amenazas y de ataques graves en contra de personas indígenas integrantes de los procesos de recuperación territorial en el territorio indígena de China Kichá, a saberse estas agresiones provienen de integrantes de la Familia Rivera, quienes además han emprendido recientemente con ataques en contra de jóvenes indígenas recuperadores.
Así, ayer 30 de abril, Leandro Rivera, integrante de esta familia, arremetió en contra del joven indígena Darío Ríos, a quien provocó una herida con arma blanca y según testigos presentes en el momento, la intención del victimario fue agredir de muerte a Darío Ríos, quien logró esquivar el ataque y huir de la escena.
El 9 y 10 de abril Harold y Leandro Rivera amedrentaron al compañero Greivin Fernández y a su familia, a quien posteriormente amenazaron de muerte con arma blanca en la finca recuperada de Kono Ju, además, mujeres de la Familia Rivera amenazaron, ofendieron y cometieron daños en contra de Marcela y Jason en la Finca recuperada Kelpegö.
El 13 de abril quien sufrió de una agresión por parte de Leandro Rivera, fue el joven indígena Alonso Fernández de 18 años, quién además fue amenazado de muerte con arma blanca. Al siguiente día 14 de abril, Nelson Morales vinculado a la Familia Rivera, realizó amenazas, afirmaba andar armado y con la intención de asesinar a cualquier persona recuperadora. Como si no bastara, el domingo 24 de abril Katherine y Jonathan Ríos sufrieron de insultos y amenazas de muerte por parte de integrantes de la Familia Rivera, amenazando incluso a Katherine de cortarle la cabeza mientras blandían armas blancas.
Todos estos actos conforman una seguida de actos de agresión y violencia en contra de las familias indígenas recuperadoras por parte de la familia Rivera. Desde los incendios provocados durante los meses de enero a marzo, como otros ataques graves acontecidos en lo que llevamos del 2022, tal como el intento de homicidio en contra del compañero Greivin Fernández en el mes de febrero y de los ataques recibidos por la compañera Katherine en el mes de marzo.
Como cierre de esta escalada de agresiones ayer 30 de abril, posterior al ataque de Leandro Rivera, la Fuerza Pública intervino a su favor ante la demanda y presión por parte de los compañeros y compañeras recuperadores, quienes se mantenían a la espera de la detención y traslado de Leandro Rivera a la delegación para los respectivos procesos judiciales, por el contrario, arremetieron en contra de las personas recuperadoras con un ataque de gases lacrimógenos, de forma indiscriminada. No es la primera ocasión que la Fuerza Pública actúa de estas formas según informan las personas recuperadoras, la indignación y la frustración ante la inoperancia e ineficiencia del ejercicio policial, del resguardo de seguridad y el cumplimiento de las leyes, han conllevado a un malestar generalizado en la población indígena.
Bien sabemos que, en cada territorio indígena, las personas y familias recuperadoras experimentan formas diferentes de agresiones y de violencia, en común subyacen, como formas de violencia estructural y del autoritarismo del Estado, que operan de forma omisa, negligente y racista, fomentado un estado de impunidad e impotencia y facultando las condiciones de cultivo para la persistencia del conflicto de violencia contra los pueblos indígenas.
Ante esto, como Escuela Comunitaria hacemos un llamado a las comunidades, organizaciones y personas activistas aliadas, a sumarse en un tejido de solidaridad en apoyo a las familias recuperadoras del territorio de China Kichá por la defensa de sus derechos territoriales, culturales y humanos.
A la institucionalidad del Estado y las entidades del Gobierno de Costa Rica, asuman el deber constitucional y hagan valer el cumplimiento de la legislación nacional y de los dictámenes internacionales sobre el ejercicio del derecho indígena, asimismo al Ministerio de Seguridad, al Poder Judicial, a la Fiscalía de Asuntos Indígenas y demás entidades competentes, recae en su responsabilidad el velar por la seguridad de la ciudadanía, el cumplimiento de las leyes y el respeto a la institucionalidad democrática, la promoción de culturas de paz sustentadas en el respeto a una vida digna y a la propia cosmovisión del pueblo indígena así como del derecho a una justicia pronta y cumplida, contra toda impunidad, discriminación e injusticia, y por el ejercicio en pleno de los derechos humanos de las poblaciones indígenas de la Gran Región Brunca.
Compartido con Surcos Digital por Red Organizativa de la Escuela Comunitaria del Sur.
Por fin vemos los resultados de este gran esfuerzo colectivo: Minae confirma que el contrato con Fundazoo NO será renovado, iniciando así el proceso de cierre del zoo Simón Bolívar y el Centro de Conservación de Santa Ana. A tod@s quienes trabajaron para conseguirlo: ¡¡GRACIAS!!
Se mantiene la manifestación del lunes 16 de mayo a las 9:30 frente al MINAE. La lucha continúa hasta que cada Animal sea trasladada y se transformen las instalaciones en espacios que aporten a la conservación sin encerrar animales.
El Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli le invita a comprar su nuevo libro “Coyotes de la misma loma”, en el que analiza la situación de las elecciones del 2022 y la urgencia de analizar a fondo el contexto actual y pasado para comprender por qué son las elecciones ¡más peligrosas!
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Lleva razón el demógrafo, Dr. Luis Rosero, cuando dice que las medidas recientes del nuevo gobierno sobre el uso de la mascarilla y la vacunación han politizado la pandemia, no así cuando destaca que “en Costa Rica esto se había evitado”, eximiendo a la administración anterior de esta politización.
Aunque hay que reconocer aciertos y logros en el manejo de la política sanitaria del gobierno saliente, particularmente de la Caja Costarricense del Seguro Social y los esfuerzos del ministro de salud, el Dr. Daniel Salas, lo cierto es que en el manejo en general de la pandemia también predominó el criterio político de corte neoliberal, inducido por intereses de grupos de presión económica, no atendiendo suficientemente a criterios técnico-científicos y ético-sociales.
Así, por ejemplo, se flexibilizaron las medidas en la Semana Santa del año 2021 a sabiendas de los riesgos que implicaba y que ya habían sido advertidos, particularmente por las proyecciones estadísticas y matemáticas. Asimismo, a contrapelo de las recomendaciones de las organizaciones de salud, como el Colegio de Médicos, el sindicato de los trabajadores de la salud, así como de las organizaciones magisteriales, se dio la apertura del curso lectivo bajo la modalidad presencial.
Efectivamente, el gobierno de don Carlos Alvarado también politizó las medidas para encarar la pandemia, cuando no atendió, no sólo a los consejos técnico-científicos de las instancias competentes en materia propiamente sanitaria, sino tampoco a las medidas sugeridas por científicos sociales y organizaciones de la sociedad civil, incluida la academia, para contener el impacto socio-económico entre los sectores más vulnerables. El país fue raquítico en invertir en condiciones donde se exacerbaron dichos impactos, ocupando el último lugar entre los países de la OCDE.
La politización está a la vista, cuando se toman medidas riesgosas y contraproducentes con tal de no tocar a grupos de poder económico. Siempre se apeló a leyes y medidas para exigir contribuciones solidarias a empleados y pensionados del sector público, para no tocar a los sectores del gran capital empresarial y financiero, a quienes más bien se les premió con flexibilizaciones para la contratación del empleo y con exoneraciones y amnistías.
Fue por estas razones, entre otras, que en algún momento mencionamos que el gobierno de don Carlos Alvarado emulaba “los tenebrosos caminos” de Donald Trump y Jair Bolsonaro, quienes desatendiendo los criterios de la ciencia subvaloraron la pandemia, en el caso de Trump justificando sus medidas permisivas aduciendo que era más importante “evitar el pánico” y en el caso de Bolsonaro calificando la pandemia de “gripiña”. Concepciones y acciones de este tipo condujeron a ambos países, Estados Unidos y Brasil, a ser los punteros mundiales en mortalidad por causa del coronavirus Sars Cov 2.
El columnista brasileño Ricardo Kotscho, en el contexto de las manifestaciones brasileñas pidiendo la renuncia de Jair Bolsonaro el 19 de junio del 2021, cuando el número de muertes alcanzó al medio millón de personas, se refería a la “historia de horror que vivimos en tiempos en que la ignorancia venció a la ciencia y las mentiras superaron a los hechos”.
Sí, hay que evitar seguir transitando por una politización que enceguece y da la espalda a los mejores criterios técnico-científicos y ético-sociales, para encarar los grandes desafíos de un país que viene apostando por un verdadero cambio, que ponga la política al servicio del bien común.
Por: Adrián Pignataro López y Eugenia Aguirre Raftacco, investigadores de la Escuela de Ciencias Políticas
El proyecto de ley número 21407 busca reformar la Constitución Política en artículos varios para eliminar la segunda vicepresidencia en Costa Rica. Sostiene que la doble vicepresidencia es inefectiva (“tener dos Vicepresidencias no contribuye a mejorar la eficiencia en la conducción del gobierno”), que los puestos son poco conocidos, que muchas veces caen en “la invisibilidad y olvido” de una administración y que podrían ahorrarse recursos financieros condensando la vicepresidencia en una única persona. El presente criterio aborda consideraciones de fondo para consideración de las señoras Diputadas y los señores Diputados integrantes de la Comisión Especial que analiza la reforma constitucional propuesta.
El origen de la figura vicepresidencial
La vicepresidencia nació en Estados Unidos como un puesto para sustituir a la presidencia y para desempatar votos en el Senado. Aunque en un inicio la selección de vicepresidentes se basaba principalmente en criterios electorales, con el tiempo la vicepresidencia adquirió una renovada relevancia cuando los presidentes empezaron a escoger compañeros de fórmula con capacidad de contribuir sustantivamente en la administración y de proveer consejo y apoyo al presidente. La vicepresidencia de Walter Mondale durante la presencia de Jimmy Carter (1977-1981) marcó un precedente en este sentido (Goldstein, 2016). Desde entonces, los vicepresidentes y la vicepresidenta no solo han asumido tareas sustantivas en cada administración sino que se han convertido en consejeros relevantes. La mayoría de los países en América Latina replicaron la institución vicepresidencial de Estados Unidos en sus constituciones y actualmente solo México y Chile no cuentan con vicepresidentes (aunque, para el segundo, esto podría cambiar con la nueva constitución).
En Costa Rica, la Constitución de 1949 estableció la doble vicepresidencia, elegida en una fórmula de manera simultánea con el presidente (artículo 138), con los mismos requisitos para los tres cargos (artículos 131 y 132). La doble vicepresidencia no es la configuración más común en el mundo, pero tampoco es única de Costa Rica. Panamá (antes de 2004) y Perú son otros ejemplos cercanos. En El Salvador existen tres vicepresidentes (llamados designados presidenciales). En países parlamentarios también han existido múltiples vicepresidencias que acompañan al primer ministro (por ejemplo, el actual gobierno español cuenta con tres).
En el texto constitucional costarricense, las únicas funciones consignadas son la sustitución de absoluta o temporal de la persona que ocupe la presidencia (artículo 135). Además, se faculta la posibilidad de que las personas vicepresidentas se desempeñen como ministras o ministros (artículo 143). Pero la ausencia de funciones específicas, más allá de la sustitución, no ha impedido que las vicepresidencias en Costa Rica asuman roles y tareas, de manera formal (por decretos) o informal, en las distintas administraciones. Esto surge de un dilema muy simple al que se enfrentan las personas presidentas de la República: ¿qué hacer con las personas que las acompañaron en la papeleta? Los candidatos y las candidatas presidenciales tienen incentivos para seleccionar compañeras y compañeros calificados, para hacer atractiva su fórmula al electorado. Es decir, si escogen personas con capacidad y conocimiento para obtener votos, pueden también recurrir a ellas en el ejercicio del gobierno. Los datos muestran que ha sido así.
La evidencia en Costa Rica
Desde 1970 hasta 2018 (periodo para el cual se obtuvo información), solamente dos de los 26 vicepresidentes y vicepresidentas en los trece gobiernos no han tenido un cargo formal (o al menos identificable con la información recolectada). Las otras 24 personas han, desde la vicepresidencia, liderado ministerios[1] (Ambiente, Cultura, Economía, Hacienda, Industria y Comercio, Justicia, Planificación, Presidencia, Relaciones Exteriores), coordinado consejos presidenciales (Social, Económico, de Competitividad, de Economía Social Solidaria, de Cooperación Internacional, Política Exterior y Negocios Internacionales y de Sostenibilidad Ambiental), presidido la Comisión Nacional de Emergencias y dirigido el Consejo de Seguridad Nacional[2].
Adicionalmente a los roles formalmente asignados, las personas vicepresidentas han liderado tareas de alto relieve nacional, por ejemplo, en la atención de la emergencia por el Huracán Juana (Jorge Manuel Dengo Obregón), en el impulso de legislación sobre la igualdad de la mujer (Victoria Garrón Orozco) y el matrimonio igualitario (Ana Helena Chacón), en la negociación política-partidaria (Rodrigo Oreamuno Blanco), en la creación e implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza (Rebeca Grynspan Mayufis), en la coordinación del Triángulo de Solidaridad (Astrid Fischel Volio), en el equipo de evaluación de la mina de Crucitas (Alfio Piva Mesén), en la coordinación del Plan Franja de Desarrollo de la Zona Norte (Epsy Campbell Barr) y de la Mesa Caribe para el diálogo, el desarrollo económico y la inclusión social en la región Huetar Caribe (Marvin Rodríguez Cordero), entre otras.
Por lo tanto, aunque algunas puedan ser personas poco conocidas para la opinión pública (como lo son muchas otras personas funcionarias públicas, incluyendo diputadas, diputados, ministras y ministros), la evidencia indica que las vicepresidencias en Costa Rica han aportado en la gestión gubernamental. Este rol es variable, pues existen casos extremos de baja o nula participación y de conflictos con la presidencia (lo que también ha sucedido en otras democracias).[1] Sin embargo, los roles y tareas de las personas vicepresidentas son prerrogativas presidenciales. Las personas vicepresidentas pueden convertirse en un recurso en las tareas de gobierno, si quien ocupa la presidencia considera que esto contribuye a su gestión. Teniendo presente el concepto de centro presidencial, es decir, “los núcleos que apoyan directamente la labor de los jefes de gobierno y buscan reforzar su autoridad y su liderazgo […] mediante funciones de asistencia y asesoramiento, de coordinación, control político y planeamiento estratégico” (Lanzaro, 2018, p 13), entonces disminuir la vicepresidencia a la mitad (eliminando la segunda de ellas) implica una reducción en el margen de acción de la persona que ocupa la presidencia en particular y del centro presidencial en general.
Esta reducción de número no sería meramente formal. Las diversas labores de las personas elegidas para la vicepresidencia son un reflejo de que las candidaturas vicepresidenciales presentan altos niveles de experiencia política y conocimiento técnico-político (policy expertise). Pignataro y Taylor-Robinson (2021) muestran que más de la mitad de las personas candidatas en la vicepresidencia en los principales partidos (1974-2018) tienen experiencia política previa (media o alta), conocimientos técnico-políticos y un posgrado universitario. Es decir, no son mero “relleno” en la fórmula sino que son personas que pueden aportar con conocimiento y capacidad en el gobierno.
Vicepresidencias y representación democrática
Asimismo, la vicepresidencia es un espacio de representación ampliada (Pignataro y Taylor-Robinson, 2021) para grupos que no siempre tienen presencia en otros puestos, particularmente en la presidencia.
Mientras que el número de mujeres candidatas presidenciales en partidos grandes (con altas posibilidades de ganar) es reducido, muchas más mujeres han competido por la vicepresidencia y han ejercido este cargo. Desde 1990 hasta 2022, en todas las elecciones más de 40% de las candidaturas vicepresidenciales han sido mujeres (exceptuando 2010, cuyo porcentaje es de 38.9%, cuando fue electa la primera y única mujer presidenta). En la historia democrática de Costa Rica, mientras ocho mujeres han ejercido el cargo de vicepresidenta, tan solo una ha logrado llegar al puesto presidencial. Asimismo, en las candidaturas vicepresidenciales se cuentan personas afrodescendientes y personas del movimiento LGTBI. Reducir el número de vicepresidencias a uno implica una disminución de este espacio ampliado de representación.
Las candidaturas vicepresidenciales también permiten la representación multipartidaria en la misma papeleta. En otros países de América Latina es común que existan vicepresidentes de otros partidos (Marsteintredet y Uggla, 2019), por lo que la fórmula permite consolidar coaliciones partidarias. Incluso en sistemas parlamentarios se han utilizado las vicepresidencias para este tipo de equilibrios en gobiernos de coalición, como en el gobierno de Pedro Sánchez (España) y en el primer gabinete de Giuseppe Conte (Italia). Esta es una opción que en Costa Rica no se ha materializado en sentido estricto, pues ha habido vicepresidentes que en el pasado militaban en distintos partidos, pero no continúan al momento de formar parte de la papeleta (Ana Helena Chacón Echeverría es un ejemplo). Pero algunos partidos sí han utilizado los puestos de vicepresidentes para la representación intrapartidaria, cuando distintas facciones de un mismo partido se encuentran representadas por medio de las candidaturas vicepresidenciales para apostar a la cohesión partidaria. El Partido Unidad Social Cristiana solía utilizar esta estrategia en sus candidaturas de los años ochenta y noventa,
Fuente: Elaboración propia con las papeletas del Tribunal Supremo de Elecciones.
Actualmente, a la luz de escenarios legislativos con mayor número de partidos políticos y más tendientes al transfuguismo político (los llamados diputados y diputadas “independientes”), si se considera la figura de la vicepresidencia según el orden de sustitución presidencial, es posible imaginar que, en escenarios hipotéticos con una vicepresidencia menos y ante la eventual ausencia de la presidencia y la vicepresidencia, asumiría el cargo una diputación de oposición como resultado de un directorio legislativo multipartidista o estrictamente de oposición al partido de gobierno. Ello sería problemático para dar continuidad a la línea programática del partido que democráticamente obtuvo la presidencia en una elección popular. La segunda vicepresidencia garantiza que, en caso de ausencia de las personas en la presidencia y en la primera vicepresidencia, el Ejecutivo se conserve en el partido ganador de la elección presidencial.
Por último, la eliminación de una de las figuras vicepresidenciales también puede tener repercusiones en el desarrollo de carreras políticas. De los 26 vicepresidentes y vicepresidentas de Costa Rica en el periodo 1970-2018, cinco han optado por presentarse como candidatos y candidatas presidenciales luego de ejercer como vicepresidentes (de forma consecutiva o no). El caso en que se concretó la aspiración presidencial lo representa Laura Chinchilla Miranda, quien fungió como vicepresidenta entre 2006 y 2010 antes de buscar la presidencia en el siguiente periodo. Más recientemente la exvicepresidenta Lineth Saborío Chaverri (2002-2006) buscó el alto cargo de forma no consecutiva.
Conclusión
La doble vicepresidencia en Costa Rica amplía la representación política y partidaria, así como la capacidad de gestión política del centro presidencial. El ahorro presupuestario por eliminar la segunda vicepresidencia es ínfimo como porcentaje del presupuesto.[1] Aunque la constitución es minimalista respecto a las funciones de las vicepresidencias, la tendencia histórica de las últimas presidencias ha sido aprovechar las capacidades y conocimientos de estas personas elegidas en las tareas del gobierno, de una forma variada y flexible. Reducir el número de vicepresidentes limitaría esta posibilidad a la presidencia y su capacidad para ejecutar un programa.
[1] También en otros países latinoamericanos se encuentran casos de vicepresidentes en ministerios: Juan Carlos Varela e Isabel Saint Malo en Relaciones Exteriores (Panamá), Salvador Sánchez Cerén en Educación (El Salvador), Martín Vizcarra en Transportes y Comunicaciones (Perú), por citar algunos ejemplos.
[2] El Consejo de Seguridad Nacional fue una instancia informal creada en la administración de Luis Alberto Monge Álvarez para coordinar acciones internas y externas relacionadas con Nicaragua (Sojo, 1999, p. 84).
[3] El caso más emblemático de conflicto entre presidencia y una vicepresidencia Costa Rica aconteció entre Abel Pacheco de la Espriella y Luis Fishman Zonzinski. El primero no asignó funciones al segundo, quien renunció tres años después sin haber ejercido la vicepresidencia de manera efectiva. Esto contrasta con la proactiva vicepresidencia de Lineth Saborío de la misma administración, mostrando que el conflicto derivó por razones personales y políticas, no por la vicepresidencia como institución.
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (2019). Proyecto de Ley: Reforma de los Artículos 133, 135, 136, 137 y 138 de la Constitución Política (Eliminación de la Segunda Vicepresidencia de la República). Expediente No. 21.407.
Goldstein, Joel K. (2016). The White House Vice Presidency. The Path to Significance, from Mondale to Biden. University Press of Kansas.
Lanzaro, Jorge (coordinador) (2018). Centro presidencial. Presidencias y centro de gobierno en América Latina, Estados Unidos y Europa. Madrid: Tecnos.
Marsteintredet, Leiv y Fredrik Uggla (2019). Allies and Traitors: Vice-Presidents in Latin America. Journal of Latin American Studies, 51(3), 665-688.
Pignataro, Adrián y Michelle M. Taylor-Robinson (2021). Party competition, gender quotas, and enhanced inclusiveness in the selection of vice-presidential candidates. Politics, Groups, and Identities, 9(4), 721-738.
Sojo, Carlos (1991). Costa Rica: política exterior y sandinismo. San José: FLACSO.
Adrián Pignataro López y Eugenia Aguirre Raftacco Investigadores de la Escuela de Ciencias Políticas, UCR
Albán Camacho Lobo, Sociólogo y activista cultural
El pasado lunes 9 de mayo 2022 me presenté a interponer un Recurso de Amparo contra el presidente entrante R. Chaves por aparente falta del 192 de la Constitución Política, el cual resguarda el derecho ciudadano a contar con servidoras y servidores públicos con “idoneidad demostrada”, en este caso se impugna el nombramiento de la Sra. Y. Guadamuz como ministra de Cultura y Juventud.
El Recurso de Amparo por un lado busca la salvaguarda del derecho constitucional, por lo que se acude al ente superior para obtener su pronunciamiento al respecto. Si no, a la vez, es un llamado de atención a las autoridades del Gobierno entrante, sobre la condición de Emergencia que vive el sector, el cual incluso debió darse a la tarea de diseñar, presentar, cabildear y reglamentar una ley especial, ya aprobada, la Ley 10041.
Por ende, el recurso de amparo, el primero presentado contra el presidente Chaves, en su primer día de gestión, es un llamado al respeto integral hacia las y los actores en el campo de la cultura.
COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (27) Tercera época Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
Observando la puesta en escena del cambio de mando legislativo del día domingo 1 de mayo de 2022, en el horripilante edificio de la sede de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, la que puede ser caracterizada como un despliegue de las fuerzas más conservadoras y reaccionarias dispuestas a acabar con lo poco que queda de nuestra democracia y la institucionalidad de la Segunda República, no pude evitar la tentación de que viniera a mi mente aquel grabado de don Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828), tan caro a mi querido colega y compañero en la UNA, además de poeta y artista consumado Maynor Antonio Mora, a propósito de que EL SUEÑO DE LA RAZÓN PRODUCE MONSTRUOS, donde el color negro y el tono sombrío de las imágenes y los personajes operó en mi memoria, de manera inmediata: 51 diputados reaccionarios a más no poder se agruparon para aislar, denostar y ningunear a los seis jóvenes diputados del Frente Amplio allí presentes, quienes por un prodigio de la naturaleza, me parecieron como una bocanada de aire fresco, en medio de aquel despliegue de lo más sombrío que se ha venido acumulando a lo largo de nuestra historia republicana, por un momento reparé en ellos y me puse a averiguar ¿quiénes son estos jóvenes diputados, que hoy representan de alguna manera al más desperdigado conjunto de fuerzas progresivas que aún quedan y a una izquierda o izquierdas cada vez más desorientadas que no son ni han sido de mi agrado? Las que en su errático andar han venido siendo demolidas, desde adentro y desde afuera, a lo largo de los últimos años de gobiernos del PAC, en los que la centroizquierda que nunca fue se mostró como la ultraderecha más feroz y taimada, con su disfraz presuntamente progre.
El fascismo neoliberal/neoconservador de Costa Rica se mostró así, por primera vez, en toda su miseria y desnudez, hasta con sus rasgos de hipócrita y taimada santurronería, siempre bien calculada para engañar a un gran sector de la población, biblia en mano, algunos dicen ser oposición o gobierno aunque todos ellos, en el fondo, demuestran ser la misma cosa: los sepultureros de los restos de la Segunda República y de nuestro estado social de derecho, estamos avisados.
La vieja dinámica del juego político parece haber consistido en una especie de artificio, según el cual se trata de que todo cambie para que todo siga siendo igual, al menos en la superficie de las cosas. Eso es al menos lo que se planteaba en aquella célebre novela acerca del gatopardismo de Giuseppe Tomassi di Lampedusa(1896-1957), a propósito de la transición italiana del feudalismo siciliano o calabrés al capitalismo piamontés que tuvo lugar durante el ressorgimento, a partir de 1860, con la unificación de Italia como un estado nación y su entrada, un tanto tardía a la modernidad. La creatura de Garibaldi, Massini y otros patriotas dio lugar a la monarquía liberal con la que Italia entró al siglo XX, aunque el juego político se entrabó dando lugar al totalitarismo fascista, con la famosa Marcha de los Camisas Negras sobre Roma, en 1922 y el ascenso de Mussolini al poder.
Los monstruos continuaron asediando a la razón ilustrada y las expectativas de Kant y de Hegel de que la humanidad había llegado a su madurez se diluyeron en medio de la barbarie, la que no ha dejado de asecharnos, a pesar de la derrota del nazifascismo en aquella fecha lejana de 1945.
Mientras, en lo local, la mediocre y mentirosa prensa costarricense, siempre al servicio de unas élites angurrientas y desalmadas, se dedicó al satanizar al candidato presidencial que no era de su agrado, ahora ante lo inevitable se prepara para tenderle un cerco ideológico al tecnócrata del FMI, hoy convertido en presidente de la república. Lo atacan para obligarlo a actuar de acuerdo con sus intereses, engañando y confundiendo al grueso de la población a propósito de unos decretos y unas mascarillas, cuando en realidad el juego no pasa de ser una mascarada de muy mal gusto: deberá seguirles facilitando la evasión y la elusión tributarias, también el juego con las tasas de interés de la deuda interna que estos especuladores han comprado, la realización de sus negocios fraudulentos con la obra pública y las grandes compras del estado, continuarán con sus monopolios y oligopolios privados mientras se preparan para asaltar al ICE, la CCSS y el CNP, se asegurarán de que continúe el saqueo de los dos regímenes de la CCSS, el de enfermedad y maternidad y el de Invalidez, Vejez y muerte que vienen siendo saqueados desde hace medio siglo, las pensiones de la Caja así saqueadas seguirán bajando sus perfiles de beneficios como los montos y la edad para retirarse y la medicina será incosteable para la gran mayoría de la población. Por otro lado, se están preparando para la eliminación de las prestaciones de los trabajadores que se jubilan (Pedro Muñoz y Yorleni León, esa que no le teme al pueblo), los salarios nominales continuarán congelados, la inflación alcanzará varios dígitos y así sucesivamente, mientras que el PLN y el PUSC, junto con algunas sectas neoliberales, seguirán cogobernando en contra y de espaldas a las mayorías, al igual que durante estos ochos años de gobiernos progre, avalados por una cierta izquierda boba y dada a recibir instrucciones del diario La Nación y de cierta embajada que antes sólo daba directrices a una derecha, mucho más ilustrada que la de este cambio de siglo. La chusma reaccionaria e ignorante se refocila en su juego liberticida, seguimos en la Torre de Babel y los monstruos están desatados en su desenfreno totalitario, los cortesanos abundan y nos insultan un día sí y otro no.
Según reportan varios medios de prensa (véase nota de El Monstrador y cable EFE registrado en La Vanguardia), el Senado de Chile aprobó este 12 de mayo en primer debate constitucional el Acuerdo de Escazú: lo hizo con una abrumadora mayoría de 105 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones.
Un segundo debate debería llevarse a cabo muy pronto en el seno de esta misma cámara alta del congreso chileno.
Breve puesta en contexto
Como se recordará, hace 4 años, el Acuerdo de Escazú (véase texto completo) se adoptó en Costa Rica, después de un largo y arduo proceso de negociación, que duró exactamente 5 años, 7 meses y 7 días. Este proceso fue co-liderado por Chile y Costa Rica, quienes pusieron a sus mejores equipos de negociadores para lograr llevar a feliz término el proceso de discusión entre los 33 Estados que integran la CEPAL (un trabajoso proceso que requirió un total de 9 rondas de negociación).
Su nombre completo es «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe» (véase acta final de la novena ronda de negociaciones, realizada en marzo del 2018 Costa Rica). El Acuerdo de Escazú se adoptó en Costa Rica un 4 de marzo, siendo escogida la fecha del 4 de marzo como un homenaje de toda la región al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca, asesinada en el 2016 (véase nota de Amnistía Internacional publicada en marzo del 2022 al conmemorarse 6 años desde su asesinato).
Adoptado en marzo, en el mes de junio del 2018, con ocasión del Día Internacional del Ambiente, en calidad de copresidentes, Chile y Costa Rica en una declaración conjunta (véase texto completo) enfatizaron que:
«Ambas co-presidencias invitan a todos los treinta y tres gobiernos de la región a suscribir este importante tratado y contribuir por medio de su implementación a una protección más integral del ambiente y el fortalecimiento de los Derechos Humanos. Asimismo, reiteran que el Acuerdo de Escazú inaugura, desde las particularidades de América Latina y el Caribe, un nuevo estándar para la construcción y consolidación de la democracia ambiental. Costa Rica y Chile creen firmemente que la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y representa una importante contribución al multilateralismo«.
Esta declaración conjunta del mes de junio del 2018 constituye la última manifestación oficial de ambos Estados en favor del Acuerdo de Escazú: hay que agradecer a la diplomacia chilena por haberla mantenido en su portal desde entonces.
Un paso más hacia una rectificación por parte de Chile
Esta primera aprobación en el Senado chileno constituye un importante logro para el Poder Ejecutivo de Chile que permite vislumbrar una muy pronta nueva ratificación del Acuerdo de Escazú: un tratado regional que ya cuenta con 12 Estados Partes (los últimos en ratificarlos en enero del 2021 siendo Argentina y México).
Por parte de América Latina, Chile vendría así a sumarse a las ratificaciones ya registradas (véase estado oficial de firmas y ratificaciones) de Bolivia y Uruguay (septiembre del 2019), Panamá y Nicaragua (marzo 2020), Ecuador (mayo 2020), así como Argentina y México (enero 2021). Se trata de Estados en los que, dicho sea de paso, no se ha observado en lo más mínimo una salida de las inversiones extranjeras o una parálisis de sus economías desde que se aprobó el Acuerdo de Escazú. Ni mucho menos una invasión indebida de la inversión de la carga de la prueba en el ámbito del derecho penal, como escuchado en Colombia o en Costa Rica pero también en Perú y en Paraguay (Nota 1) por parte de algunos colegas (de manera bastante extraña, debemos precisar para el caso costarricense, como lo explicaremos en las líneas que siguen).
Al haber firmado el texto (en setiembre del 2018) , pero no haberlo aún ratificado, Costa Rica comparte esta situación con además de Chile, en lo que atañe a América Latina los siguientes Estados: Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. ¿Costa Rica, que ha basado históricamente su imagen internacional en el respeto a los derechos humanos y la protección del ambiente, … en esta lista de Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente? Así como se lee.
Supuestos «argumentos» en contra de Escazú que la realidad objetiva desnuda
Tratándose de un tratado internacional que establece el mismo régimen de obligaciones para todos los Estados que lo aprueban (al no permitirse ningún tipo de reserva – Artículo 23 – que pueda modular el alcance de algunas de sus disposiciones), se entiende cada vez mejor, conforme es aprobado el Acuerdo de Escazú en otras latitudes de la región, que los supuestos «argumentos» en su contra escuchados por parte de sectores políticos y económicos opuestos al Acuerdo de Escazú, en realidad, no lo son: un tempranero ejercicio periodístico desde la Universidad de Costa Rica (UCR) ya lo había así detectado (véase nota de Doble Check del 26 de abril del 2021 la cual no ha dado lugar, a la fecha, a ningún derecho de respuesta o aclaración por parte de la UCCAEP, una influyente cámara empresarial costarricense).
Al respecto, tuvimos la oportunidad de lanzar públicamente algunas preguntas a algunas cámaras empresariales costarricenses y a sus (siempre muy hacendosas) fichas políticas: véase nuestra breve nota publicada en el medio Delfino.cr el pasado 3 de marzo (que, por alguna razón, no ha sido aún contestada).
Remitimos también al artículo del jurista costarricense Mario Peña (véase texto completo) titulado precisamente “Desmitificando el Acuerdo de Escazú” y publicado en el sitio jurídico especializado de DerechoalDia. Con relación al punto específico de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental que tanto pareciera preocupar a algunas cámaras empresariales (así como a una magistrada de la Sala Constitucional de Costa Rica hasta hace poco), se trata de un principio que ha recibido acogida en la legislación y en la jurisprudencia de tribunales costarricenses desde hace ya muchos años (1998). Así se indica en este valioso artículo del precitado jurista publicado en el medio digital Delfino.cr: este artículo tampoco ha dado lugar a una aclaración o reacción por parte de algunos sectores que han invocado la inversión de la carga de la prueba como un sólido «argumento» para oponerse al Acuerdo de Escazú.
Chile: un Estado anfitrión de la primera COP sin serlo del todo
Cabe recordar que los pasados 20-22 de abril, se celebró en Chile la primera Conferencia de Estados Partes (COP) al Acuerdo de Escazú: la localización de esta cumbre regional se debió a la ubicación geográfica de las instalaciones de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (más conocida como CEPAL), ente que auspició las negociaciones de este innovador instrumento regional.
Sobre esta primera COP, una reunión fundamental de cara a la futura implementación del Acuerdo de Escazú, remitimos a nuestros estimables lectores a una breve nota explicando sus alcances (versión en español así como en inglés).
A la cita, además de los 12 Estados Parte al Acuerdo de Escazú, participaron como Estados observadores delegaciones de Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia y Perú, al no haber aún aprobado dicho instrumento regional estos Estados: en el caso de Colombia, su representante no pasó desapercibido, al ser una persona conocida de movimientos sociales colombianos, familiares de personas fallecidas y gravemente heridas durante las protestas acaecidas en Colombia en el 2019 (Nota 2).
Berta Cáceres Flores, lideresa hondureña lenca, asesinada el 3 de marzo del 2016. Foto extraída de la nota del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (Gaipe). Este es un equipo de investigación internacional constituido para esclarecer su asesinato y en particular la trama político-empresarial responsable de su muerte, la cual el mismo Estado hondureño intentó encubrir y maquillar en un primer momento (véase al respecto el informe titulado «Represa de Violencia. El Plan que asesinó a Berta Cáceres»).
A modo de conclusión
El pasado 18 de marzo, el nuevo Presidente de Chile, durante una muy emotiva jornada vivida en el Palacio de la Moneda, firmó el Acuerdo de Escazú, poniendo así fin a un craso error de lectura de su antecesor en el cargo y cerrando una paréntesis bastante triste para los derechos humanos y el ambiente que significó la administración 2018-2022 en Chile.
Desde este momento, el Poder Ejecutivo inició de forma decidida el proceso en la dirección correcta que nunca debió abandonar, reafirmando de esta manera el regreso de Chile y el de su indiscutible liderazgo en la región en temas de ambiente y de derechos humanos.
El pasado 3 de mayo del 2022 , un primer paso se inició en esta dirección en el Senado de Chile (véase, entre muchos, esta nota de Swissinfo que reproduce un cable de la agencia de noticias EFE). En cambio, el 4 de mayo la agencia de noticias alemana DW (véase nota) y la francesa AFP (véanse esta nota de RFI y la única nota aparecida en Costa Rica en el Tico Times) reportaron lo escuchado en Costa Rica: lo cual, como era previsible, va en la dirección exactamente opuesta.
– -Notas- –
Nota 1: Ante la aparición de «argumentos» muy similares en contra del Acuerdo de Escazú, esfuerzos valiosos desde la sociedad civil y la academia han denunciado esta campaña de desinformación contra este tratado internacional. En el caso de Costa Rica, véase en particular PEÑA CHACÓN M., «Desmitificando el Acuerdo de Escazú«, DerechoalDía, edición del 28 de noviembre del 2020, disponible aquí; así como MADRIGAL CORDERO P. & GONZALEZ BALLAR R., «Acuerdo de Escazú: desmitificando falacias y construyendo argumentos«, Colección Perspectiva, Friedrich Ebert Stiftung, agosto del 2021, disponible aquí. Un esfuerzo muy similar debió de hacerse en Perú con relación a «argumentos» idénticos a los escuchados en Costa Rica (véase el informe SPDA, «Diez mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales», disponible aquí) así como en Colombia (véase la publicación titulada «Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú» disponible aquí). Un interesante ejercicio sobre el balance informativo consistiría, en el caso de la prensa de Costa Rica, como también en el caso de la de Colombia y de Perú, en analizar la cantidad de referencias de grandes medios de prensa a estos esfuerzos, a contraponer con la cantidad de referencias reproduciendo los supuestos «argumentos» en contra de Escazú difundidos por sectores corporativos.
Nota 2: El ahora diplomático Guillermo Botero con rango de embajador en Chile fue Ministro de Defensa en Colombia en 2019, un período extremadamente tenso desde el punto de vista social y político. Después de su renuncia como Ministro (noviembre de 2019), las ONG y las organizaciones sociales negociaron con el Poder Ejecutivo colombiano las condiciones para poner fin a las protestas masivas en las calles: obtuvieron, entre otras cosas, del Poder Ejecutivo colombiano, la firma del Acuerdo de Escazú (diciembre de 2019). Desde entonces una fuerte campaña de desinformación en contra del Acuerdo de Escazú ha frenado su aprobación, orquestada por cúpulas empresariales colombianas y sectores políticos afines empecinados en presentarlo como un verdadera freno al desarrollo: se trata de sectores reacios a que se proteja la vida y la integridad física de líderes comunitarios, campesinos, indígenas y ecologistas que defienden el ambiente en Colombia.
(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Cuando el Partido Liberación Nacional en el siglo pasado gozaba de cierta dosis de socialdemocracia planteaba algunas cosas interesantes; dos de ellas eran muy atractivas.
La primera, en el aspecto económico, era que había convertir a Costa Rica en un país de propietarios y no de proletarios.
La segunda, en el campo social, era que había que competir en el mercado internacional no con la vista puesta en Centroamérica sino en los países nórdicos, en la Alemania de Brand, en los países socialdemócratas de Europa. Era en otras palabras, que había que competir para atraer inversiones NO con bajos salarios, malas condiciones de vida de los trabajadores o desmejorando la Seguridad Social. Nuestro futuro, decían, estaba en la calidad de la mano de obra, en la igualdad, en buenos salarios, en buenas condiciones de salud, en fin, en un Estado de Bienestar universal.
Ninguno de estos postulados ha perdido vigencia, son principios de la vieja socialdemocracia.
El proyecto de flexibilidad laboral que permite a los patronos establecer una jornada de 12 horas por 4 días, se asemeja más a los países más atrasados laboralmente hablando, que a los más desarrollados con los cuales tenemos que compararnos.
Ingresamos a la OCDE para efectivamente jugar en el club de los países con mayor desarrollo económico y para aprovechar y copiar sus mejores políticas.
La jornada laboral promedio de los países de la OCDE es de 40 horas semanales. Costa Rica con jornada de 48 horas a la semana, con Méjico y Colombia están entre los que más trabajan.
Debería aprovecharse el proyecto de flexibilización laboral para reducir la jornada semanal a 40 horas y, si se considera conveniente, laborar 10 horas diarias por 4 días. Esta medida reduciría considerablemente los problemas de las mujeres y el estudio de los trabajadores estudiantes.
Una jornada de 40 horas semanales no perjudica la competitividad ni la productividad de la mano de obra costarricense que es sumamente calificada, como lo han reconocido los inversionistas. Además, la prueba contundente de que no restaría competitividad al país es que los países de la OCDE son de los que menos horas trabajaban los asalariados. Francia desde 1999 tiene una jornada laboral de 35 horas semanales y es la segunda economía de Europa; y en Australia, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Bélgica y Alemania es de 38 horas.
Colombia y Chile con jornadas iguales a las de Costa Rica se proponen reducirlas al promedio de la OCDE, sea 40 horas, de aquí a finales de 2026.
El proyecto de flexibilidad laboral ha permitido a las Cámaras patronales echar mano al manido recurso de manifestar que con esa medida aumentará el empleo. Todas las medidas que atenten contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras para esas cámaras crean más empleo. Estos son los que ven -como decían los socialdemócratas- a los países más atrasados y no a los más avanzados.
Pero lo que si puede ser un cambio radical y un aumento sustancial del empleo es reducir la jornada de trabajo porque se requeriría más mano de obra o sea más trabajadores, lo cual aumentaría la rentabilidad de las empresas y con ello sus utilidades. Así lo comprueban las sociedades europeas más avanzadas.
La excusa que utilizan los patronos para aumentar el empleo es reducir las condiciones laborales de los trabajadores.
Pero lo cierto es que el mejoramiento de las condiciones de los asalariados, como se demuestra en la OCDE, genera un aumento sustancial del empleo y de la competitividad.
Es al revés, sino véase que la tasa de desempleo nacional no se ha reducido en años a pesar del congelamiento de salarios y deterioro de las condiciones de vida.
