En 1982 el país, bajo el gobierno de Luis Alberto Monge, inició la era del neoliberalismo con un vasto programa de exoneraciones fiscales y subvenciones a los empresarios nacionales. Para ese efecto se promulgó una ley cuyo fin era promover la diversificación de exportaciones mediante las ayudas o beneficios fiscales, crediticios y monetarios que todos los costarricenses dieron al empresariado nacional y extranjero.
Esa ley, según palabras de uno de los más conspicuo representante del neoliberalismo nacional, Roberto Artavia, “ tuvo un costo GIGANTESCO para el país”. (Delfino. 14-09-2020).
Los éxitos, según los defensores de ese cambio estructural, fueron muy positivos ya que hoy se exportan 4.000 artículos a 150 países. Eso es aceptable.
Sin embargo, se debe entender que ese éxito se debe a un esfuerzo que hizo todo el país, en especial los trabajadores o asalariados en beneficio de un sector empresarial muy reducido. En otras palabras, los asalariados mediante el esfuerzo en el pago de impuestos o altas tasas de interés en los créditos, financiaron a las empresas. En otras palabras, la acumulación originaria de capital de esas empresas que hoy exportan o aún gozan de exoneraciones fiscales y de otro tipo, se produjo por el esfuerzo y el trabajo de todos los costarricenses, especialmente los pobres y asalariados que son los que pagan más caro el esfuerzo nacional.
Efectivamente los empresarios tuvieron éxito y amasaron gigantescas ganancias y enormes patrimonios individuales. De esa época surgen los poderosos banqueros (Liberman, Baruch, Loeb), los bananeros ( Álvarez), los arroceros (González), los piñeros, los comerciantes (Constela, Uribe), el turismo (Garnier), las farmacéuticas (Uribe), los constructores (Chacón, Solís, Cerdas) y muchos otros que exhiben actualmente su lujosa vida.
El GIGANTESCO esfuerzo nacional creó también otra Costa Rica, de menos éxito: entre las más desiguales del mundo, con desempleo estructural permanente, una pobreza que no cede, inseguridad creciente, etc., por lo que ese costo nacional se fue solo para un lado de la sociedad.
Decimos lo anterior para afirmar que esta nueva época debe ser de subsidios, ayudas y exoneraciones pero para los sectores que no tuvieron éxito desde el 82, para los “perdedores” que llaman algunos economistas.
El mundo está viviendo una guerra que aunque localizada, sus efectos se trasladan a nivel global. El aumento de los precios (de la inflación), la carestía de productos y las tendencias militaristas de una nueva guerra fría, crean el riesgo de un aumento de la pobreza, el desempleo e incluso del hambre.
Entonces, es el momento de controlar los precios, subsidiándolos, especialmente los de efecto en los trabajadores, aumento verdadero de salarios que compense el alto costo de la vida. En fin, se trata de que ahora los que antes se beneficiaron con los subsidios, ayuden y subvencionen a los que mayoritariamente hicieron el esfuerzo por ellos en el pasado. Deberían retribuir algo. Sin embargo, es casi imposible dado el carácter estructural de nuestra sociedad.
Por ello no basta la razón, hay que crear la fuerza, la fuerza de la razón.
Le invitamos al “Congreso en Línea sobre Educación Popular y Tecnologías Libres”, que se realizará entre el 17 y el 21 de octubre de 2022. Será una actividad 100% en línea, gratuita y abierta. En esta etapa abrimos el llamado a contribuciones para que las personas interesadas en exponer nos envíen sus resúmenes.
El 8 de julio a las 18:00 (-6 UTC), el colectivo Reflexión-Acción Alternativas presenta el programa “Papel de la poesía en la Costa Rica contemporánea”.
Se contará con los invitados: Carlos Villalobos, escritor y periodista; Marta Rojas, Licda. en filología española y Magister en Lingüística; Nidia Marina González, artista plástica y escritora; Juan Carlos Ureña, cantautor y PhD en estudios hispánicos y Guadalupe Urbina, cantante y pintora.
Este programa será trasmitido en radio 16 (1590 AM), y en vivo por Facebook y YouTube en el siguiente enlace: https://N9.CL/ALTERNATIVAS
Por más de 30 años, tres científicos costarricenses se dedicaron a cambiar la salud de Costa Rica con invenciones y aportes que todavía hoy siguen contribuyendo al bienestar de la población
“Nací el 18 de julio, sietemesino, pesaba tres libras y con un hermano gemelo. Recién nacidos yaestábamosenelcampodeconcentraciónenCosta Rica. De aquí nos mandan a Estados Unidos a otro campo de concentración y, en un intercambio de prisioneros civiles, nos mandan luego a Alemania. Llegamos ahí cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial”.
De esa forma el Dr. Karl Schosinsky Nevermann, emblemático científico costarricense y profesor emérito de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica (UCR), recordó sus inicios en este diminuto país que en 1941 le había declarado la guerra a Alemania durante el conflicto bélico internacional.
Afortunadamente, esa etapa de su vida finalizaría y, desde sus propias palabras, “con nada de llanto y mucho aprendizaje”, para luego regresar a Costa Rica e iniciar una carrera vinculada a la ciencia.
Junto con él, otras dos personalidades prestigiosas, el Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez y el Dr. German Saénz Renauld, también recordaban sus caminos y legados invaluables.
En un mismo auditorio cargado de sencillez pero de muchas memorias, estos tres hombres fueron homenajeados en una celebración que se lució por el respeto, la admiración, pero, principalmente, el agradecimiento. ¡Más que merecido! Estas mentes maestras de la ciencia abrieron el camino que hoy disfruta la sociedad costarricense con claras mejoras en diversos ámbitos de la salud.
Desde estudios revolucionaros que permitieron perfeccionar los diagnósticos en padecimientos como la enfermedad de Wilson ―trastorno hereditario que impide que una persona deseche el exceso de cobre―, liderada por el Dr. Schosinsky, hasta mejoras en los sueros antiofídicos por el Dr. Gutiérrez o, en el caso del Dr. Saénz, la confirmación de que en Costa Rica existía la drepanocitosis, una alteración en los glóbulos rojos que genera microinfartos y otros síntomas.
Si algo tuvo ese día de honra fue una gran algarabía mezclada con la sabiduría que solo los años, la experiencia y la humildad pueden otorgar. Más allá del auditorio, los fieles testigos eran sus miradas de serenidad y orgullo que provienen, únicamente, de la satisfacción por el deber cumplido al llegar a la edad dorada. Ningún año pasó en vano.
“Este es un acto en realidad sencillo, pero con mucho cariño. Es un acto de sentimiento de una Facultad que podemos llamar una familia. Por lo tanto, es un acto de gratitud y de reconocimiento”, manifestó el Dr. Norman Rojas Campos, director de la Facultad de Microbiología de la UCR.
“Realmente llena el alma de devoción el estar aquí. Es un honor estar presentes con ustedes, porque cada uno se ha distinguido por sus amplísimas contribuciones a la ciencia, al conocimiento, al país pero también, y mucho más importante, se han distinguido por su manera de ser, su amor y su dedicación por la Microbiología, a enseñar y a formar”, agregó la Dra. María Laura Arias Echandi, vicerrectora de investigación de la UCR.
Recorridos tan amplios no podían ser resumidos en unos pocos párrafos. Por eso, en la siguiente entrega, les presentamos los principales eventos de vida y los logros académicos que estos científicos recordaron durante su homenaje.
El Dr. Schosinsky, en el medio, junto con el Dr. Gutiérrez a su izquierda y el Dr. Saénz a su derecha. Foto de Anel Kenjekeeva, UCR.
Entre moléculas
Sin titubear en ningún momento y con una admirable lucidez mental a pocos días de cumplir 80 años, el Dr. Schosinsky llevó a la audiencia a un viaje histórico poco, o nada, recordado: la Segunda Guerra Mundial y el campo de concentración que tenía Costa Rica.
¿Quién recordaría ese pasado? Solo alguien que lo vivió de cerca, fue enviado a Alemania y luego decidió volver a Costa Rica para generar una nueva historia.
“Mi mamá, en Alemania, recogía colillas de cigarro que dejaban los soldados norteamericanos para vender el tabaco en el mercado negro, poder recibir un poquito de dinero y alimentarnos. Mi papá también estaba presente, pero la madre, que realmente se dedica a cuidarlo a uno, es otra cosa”, afirmó Schosinsky.
Al regresar a Costa Rica, la Facultad de Microbiología de la UCR sería su nueva casa y la carrera, que duraría en principio cinco años, se convirtió en siete.
“Al principio me fue pésimo. Pero luego un profesor, ‘Paco’ Chávez de Química Orgánica, dijo: ‘Quiero felicitar a un estudiante. Me duele que no sea de Química porque obtuvo un 90 en el examen parcial. Póngase de pie Karl Schosinsky y aplaudan todos’. Él logró que fuera un buen estudiante, porque no quería fallarle a él ni a mí”, memoró el científico.
El Dr. Schosinsky recibe su reconocimiento de las manos del Dr. Rojas y la Dra. Arias. Foto de Anel Kenjekeeva, UCR
Después de ese día, Schosinsky llegó a convertirse en uno de los mejores estudiantes, a ser responsable y jamás claudicar, inspirado por “Paco” González y el Dr. Rodrigo Zeledón, microbiólogo. Este último lo motivó a lograr en Estados Unidos, en la Universidad de Louisiana, su doctorado en Química Clínica que alcanzó después de cuatro años. Así, según menciona, se convirtió en el primer estudiante tico en alcanzar el título en esa área.
“El Dr. Karl Schosinsky entró a laborar a esta Facultad desde el año de 1969 y obtuvo la categoría de profesor catedrático en 1974. Su trabajo en el Departamento de Análisis Clínicos ha sido fundamental. Él es un forjador y un pionero de métodos, de sistemas de trabajo y de diagnóstico. Hasta la fecha, sus modificaciones y adaptaciones se siguen usando, son viables y referentes a nivel internacional en diferentes padecimientos”, contó el Dr. Norman Rojas.
Los aportes de Schosinsky impactaron a Costa Rica y al mundo en aproximadamente 75 contribuciones basadas en estudios científicos. No obstante, él considera cinco como los más relevantes.
La primera fue en la enfermedad de Wilson, al proponer usar una técnica que él había desarrollado en Estados Unidos basada en identificar ceruloplasmina ―proteína en el hígado que almacena y transporta el cobre―.
Antes de la técnica de Schosinsky, Costa Rica y el mundo solo reportaba cerca de cinco casos de la enfermedad de Wilson por cada millón de habitantes y el diagnóstico se hacía mediante electrofloresis, comentó. Con la ceruloplasmina se encontró que en Costa Rica no había cinco, sino 61 casos.
Eso revolucionó la detección de la enfermedad de manera importante. Científicos de Estados Unidos y otros países usaron la técnica y demostraron que funcionaba muy bien. “Después de este trabajo se reportaban entre 30 a 40 casos de la enfermedad de Wilson en el mundo. Costa Rica era el país con el mayor número casos de la enfermedad, no porque tuviera más, sino porque era donde mejor se había estudiado”, relató Schosinsky.
Posteriormente, impulsó el diagnóstico en saliva de la Helicobacter pylori ―la principal bacteria causante del cáncer gástrico―. Esto abrió las puertas para que otros científicos desarrollaran pruebas adicionales, como las que hoy el país usa con el objetivo de determinar ese mismo microorganismo en aliento.
Otro aporte sustancial estuvo vinculado en un análisis capaz de evaluar el grado de preparación pulmonar del feto antes de nacer (madurez pulmonar fetal). Conocer este dato es vital para saber si los pulmones del bebé se están expandiendo o colapsando. Aquí, Schosinsky impulsó un análisis en el cual utilizó veneno de serpiente para hacer la determinación.
También, ideó una técnica enfocada en cuantificar el cloruro en suero de pacientes internados. El cloruro ayuda, principalmente, a conservar el equilibrio de líquidos en el cuerpo, y Schosinsky logró hacer la cuantificación de una manera más ágil que los métodos tradicionales de la época. Finalmente, efectuó una investigación con el Dr. Manuel Jiménez Díaz, relacionada con las colinesterasas ―unas enzimas―, que ayudó a precisar plaguicidas en seres humanos y plantas.
El Dr. Gutiérrez recibe su reconocimiento. Foto de Anel Kenjekeeva, UCR
Contra el veneno
Con más de 500 publicaciones, casi siete premios y una carrera intachable, el Dr. José María Gutiérrez puede considerarse un baluarte de la ciencia costarricense y un gran maestro de las generaciones que han tenido la dicha de formarse bajo sus enseñanzas.
Su gran conocimiento lo caracteriza pero, si hay un aspecto que lo engrandece aún más, es la humildad, su lucha por la justicia social y el esfuerzo liderado para promover el acceso equitativo a los fondos de financiamiento para la ciencia en general.
“La trayectoria académica del doctor José María Gutiérrez es impresionante. Para nadie es un secreto 500 publicaciones no es algo que se hace de la noche a la mañana. Esto, además de las presentaciones en congresos que van desde manuales de trabajo de investigación, hasta libros y folletos de acceso global a todas las personas que necesiten saber algo sobre envenenamiento ofídico, antivenenos y, por supuesto, sobre la fisiología y lo que pasa después de una mordedura”, comentó el Dr. Norman Rojas.
El Dr. Gutiérrez, al igual que muchos jóvenes que han pasado por las aulas de la UCR, es producto de un aprendizaje que vino de grandes profesores “estimulantes y extraordinarios”. En efecto. “Chema” como le dicen sus allegados con cariño, llegó en la década de los setenta a una facultad cuya efervescencia académica y social estaba en su apogeo.
Desde movimientos políticos y sociales contra Alcoa, hasta notables avances notables científicos cultivados desde años antes por el Dr. Clodomiro Picado Twight y el Dr. Alfonso Trejos Willis, quienes dieron los primeros pasos para que Costa Rica se encaminara hacia la producción de sueros antiofídicos.
“Cuando yo iba a ingresar a la universidad en 1972, me estaba planteando qué estudiar. Tenía una idea de que yo quería, en la medida de lo posible, dedicarme a la investigación científica. Rápidamente, al recabar alguna información de la universidad, me quedó muy claro que la facultad pionera estrella en investigación en ese tiempo a principios de los 70’s era la facultad de Microbiología. De manera que me decidí por ella y me di cuenta que la selección había sido muy correcta”, narró el investigador.
Su amor por la inmunología, que lo movería años después apasionarse en el estudio del veneno de las serpientes, despertó en agosto de 1975. En ese año el Dr. Gutiérrez llevó el curso de inmunología impartido por el Dr. Roger Bolaños Herrera y el Dr. Luis Cerda Fallas. No obstante, su interés por esta área se afianzaría al ingresar como asistente de investigación al Instituto Clodomiro Picado (ICP-UCR).
“Fue un sábado cuando un amigo y yo fuimos al Instituto porque hacía unas exhibiciones que presentaban a las serpientes. De casualidad, viendo la exhibición, pasó en el serpentario mi compañero Edgardo Moreno que en ese tiempo era estudiante y estaba a punto de graduarse como microbiólogo. Edgardo y yo éramos amigos porque compartíamos actividades de movimiento estudiantil y a la salida me preguntó si me interesaría trabajar en el Instituto porque él iba a dejar la plaza de asistente. Yo le dije que sí, el Instituto ya tenía un renombre importante”, manifestó el Dr. Gutiérrez.
Con solo 26 años, el Dr. Gutiérrez vio al ICP-UCR como un lugar “fascinante” en donde se desarrollaba investigación de alto nivel, con gran estímulo y de gran proyección a la sociedad. En 1980, tuvo la oportunidad de recibir una plaza y, así, ese mismo año partió a Estados Unidos para estudiar un doctorado en Ciencias Fisiológicas, en la Universidad Estatal de Oklahoma, que concluyó en 1984.
Al volver, muchos sueños se hicieron realidad. Desde proyectar la labor del Instituto a nivel internacional, hasta lograr producir un antiveneno para África subsahariana e incidir en la Organización Mundial de la Salud para que se reconocieran las mordeduras de serpiente como un problema de salud desatendido.
También, ayudó a establecer un conjunto regional de laboratorios en América Latina y que Costa Rica se proyectara aún más a las comunidades con nuevos proyectos de investigación. Lo anterior, para el Dr. Gutiérrez, al inicio parecía solo una utopía y se logró, según dice, no por solo por él, sino por el trabajo colectivo que unía muchas ilusiones y esperanzas.
“Realmente puedo decir, y no con falsa modestia, que lo que haya podido construir con estos más de 40 años de vida institucional se debe, fundamentalmente, a que he participado en grupos colectivos académicos, sociales y políticos muy especiales, con gente muy especial. De ellos y ellas he aprendido muchísimo, me han enriquecido y me han ayudado a lograr las cosas que se han podido lograr”, cerró el científico.
El Dr. Saénz agradeció por el homenaje dado. Foto de Anel Kenjekeeva, UCR.
Ciencia por las venas
Un apasionado de la hematología, la docencia y la investigación. Así es el Dr. German Saénz Renauld, un pionero del estudio de la sangre que logró encontrar por qué, en la década de los sesenta, algunas personas de Guanacaste y Limón sufrían microinfartos de manera constante.
La razón se ocultaba en sus glóbulos rojos y tenía un nombre: drepanocitosis, un trastorno que entorpece la circulación, deteriora la oxigenación sanguínea y, en poco tiempo, provoca en la víctima serios cuadros de dolor, frecuentes infecciones bacterianas y un mayor riesgo de desarrollar necrosis ―degeneración de los tejidos―.
Con la ayuda de otros científicos, el Dr. Saénz comprobó que en Costa Rica existían dos de las hemoglobinas anormales causantes de la enfermedad: la drepanocítica S y la mediada por la hemoglobina C. Ambas anomalías estaban posicionadas en su época como las más frecuentes y perjudiciales del mundo.
“En 1960 se creó la única cátedra de Hematología del país y fue en la UCR. En ese momento nos enteramos de que las hemoglobinas anormales, trastornos hereditarios que comprometen el funcionamiento de la sangre, tenían su presencia en el país. Ahondamos un poco más en esa materia con una gran sorpresa: si había un problema serio a nivel nacional que no había sido tomado en cuenta, porque era una condición que experimentaban los de menos recursos económicos. Las personas afrodescendientes eran las más perjudicadas”, expuso el Dr. Saénz, en una entrevista dada el 29 de octubre del 2018.
Así es como este percusor de la ciencia, y fundador del único Centro de Investigación en Hematología y Trastornos Afines del país (Cihata-UCR), se enrumbó en un camino lleno de estudios científicos y docencia que llevó a otros importantes hallazgos: la talasemia. Si bien esta ya se conocían en el mundo, su presencia en el país era incierta.
“Así como encontramos hemoglobinas anormales que generan la enfermedad, como la S y la C, también en los blancos está la talasemia que, cuando se heredan dosis dobles, es muy grave. La persona requiere transfusiones desde que nace”, dijo Saénz en un reportaje elaborado por la UCR el 18 de octubre del 2018.
La talasemia se caracteriza por destruir los glóbulos rojos y generar anemia. Sus efectos se evidencian desde los primeros años de vida, cuando los menores tardan en crecer, llegan más tarde a la pubertad y el riesgo de insuficiencia cardíaca aumenta exponencialmente.
“Los aportes del doctor Germán Saénz en el campo de la microbiología y de la hematología son muy importantes para todos los laboratorios del país, puesto que dio las bases del estudio y del diagnóstico hematológico que se tiene actualmente. Prueba de ello son sus libros y ediciones revisadas que, a lo largo de los años, 2 600 microbiólogos de este país hemos usado en nuestros cursos y vida profesional”, rescató el Dr. Norman Rojas.
“Cuando hay un reconocimiento es porque algo hizo. Al igual que los otros dos compañeros, puedo decir que lo que hicimos fue con mucho amor y esfuerzo para que se llegara a cumplir el máximo objetivo de una unidad académica como lo es la Facultad de Microbiología. En el caso mío, y de los otros dos compañeros, estuvimos enamorados de la ciencia y, en mi caso, de la hematología, de la docencia como tal y de la investigación. Quiero agradecerles por ese momento”, compartió Sáenz.
Jenniffer Jiménez Córdoba, Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
La Memoria Histórica del M19, el presente y el futuro.
Carta a los sobrevivientes del M19
Por Jorge Senior, miembro de Dirección Nacional a partir de la IX Conferencia
El legado emborronado
Más de tres décadas después de la desmovilización del M19 hay dos hechos políticos electorales contundentes en el balance: la victoria de la lista a la Asamblea Nacional Constituyente en 1990 y la victoria de la candidatura de Gustavo Petro a la Presidencia de la República. La primera victoria fue histórica y dejó su impronta en la Constitución Nacional, pero no tuvo sostenibilidad o continuidad: la Alianza Democrática M19 pronto desapareció.
En el lapso de 32 años desde entonces, hubo otras victorias electorales en procesos que atravesaron diversas denominaciones y confluencias, logrando triunfos en alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas, cámara y senado, dentro de las cuales se destaca la Bogotá Humana como el hito más importante. Sin embargo, no hubo un partido político fuerte y estable que recogiera el legado del M19, el cual pervivió en individualidades como Antonio Navarro Wolff, Gustavo Petro, Jorge Iván Ospina, entre otros. Hubo también ejercicios de ONGs, pero sin alcanzar el impacto de una Corporación Arcoiris, por ejemplo. No hubo centros de pensamiento y muy poca producción bibliográfica (dentro de la cual cabe destacar la obra de Darío Villamizar). El M19 y su memoria se fueron difuminando.
A pesar de la apertura democrática que significó la nueva Constitución, el devenir subsiguiente del país estuvo fuertemente determinado por las FARC, el paramilitarismo y el uribismo. El neoliberalismo se impuso en Colombia, como sucedió a nivel global. La propia Constitución sufrió más de 30 contrarreformas, aunque muchos de sus logros permanecen: Corte Constitucional, tutela, independencia del Banco de la República. Reconozcamos que el Estado Social de Derecho no es una realidad.
El caso de Gustavo Petro es excepcional, pues en estas tres décadas se convirtió en el único puntal del legado M19 que logró un crecimiento imparable en medio de un contexto negativo. Petro creció como opositor dialéctico del uribismo, pero tuvo la audacia de pasar al terreno constructivo y ejecutivo con “el segundo cargo del país”, la alcaldía de la capital. Y lo hizo con un proyecto revolucionario de ciudad, no como alcalde anodino. Mantuvo el ideal antioligárquico y popular del proyecto político del M19 y lo enriqueció con nuevos elementos como el cambio climático y la transición energética. Finalmente tuvo arrestos para lanzarse al asalto de la presidencia. Los demás, los que no traicionamos el proyecto, fuimos acompañantes junto a las nuevas generaciones y los sectores de convergencia democrática.
La imagen del guerrillero
El triunfo en 1990 mostró que el M19 se desmovilizó con una gran popularidad que se tradujo en el impacto inicial ya mencionado, pero el auge posterior de la guerra degradada minó por completo el aura del guerrillero como figura heróica y atractiva. Después del Caguán la opinión pública aprendió a odiar a las Farc, generó el fenómeno político Uribe y a los ojos de la mayoría de los colombianos la imagen de la guerrilla se volvió más negativa que nunca, arrastrando en esa vorágine de odios, miedos y rabias la propia memoria del M19 como una guerrilla chévere, popular, atrayente, audaz, imaginativa, con ideales, que generaba muchas simpatías.
Basta contrastar los resultados electorales del M19 en 1990 con los de las Farc tras su desmovilización y se puede apreciar el abismo entre las dos guerrillas y su imagen. Lo malo es que la imagen negativa de las Farc terminó borrando en gran parte la imagen positiva del M19, hasta el punto de revivir el lenguaje ochentero de “grupo terrorista”, “narcoguerrilla” para aplicárselo al pasado guerrillero de Gustavo Petro.
La carátula de Semana planteando las dos opciones de segunda vuelta en junio de 2022 como una escogencia entre un exguerrillero y un ingeniero tenía veneno, por supuesto, pero esa toxicidad tenía como prerrequisito el desprestigio y el repudio del concepto de “guerrillero”. Incluso dentro de sectores simpatizantes de Gustavo Petro se asumió su defensa en términos cristianos como “pecador arrepentido”, como si se tratase de un personaje de mala vida que renace al convertirse.
Pero esa defensa es equivocada. La autobiografía de Gustavo Petro y su discurso son claros: no hay un arrepentimiento o una negación del pasado, aunque desde luego pueda haber críticas y autocríticas como es apenas natural. El punto es que la victoria de Petro a pesar de su estigmatización como exguerrillero significa una reivindicación de la memoria histórica del M19 que debemos repotenciar. Significa que el carácter de guerrilla de la gesta del M19 no implicó la degradación y tiene un alto valor ético que anticipa desarrollos posteriores del Derecho Internacional Humanitario. Los trabajos del Centro Nacional de Memoria Histórica bajo la dirección de Gonzalo Sánchez y de la Comisión de la verdad que surge del acuerdo Estado – Farc, evidencia en cifras la superioridad ética del M19, un argumento que he desarrollado en otro escrito y no voy a desplegar aquí.
Los viejos militantes ante el presente y el futuro del Ser Gobierno
Durante los próximos 4 años un exguerrillero del M19 es el Presidente de la República. Nada menos. Más aún, ese “detalle” del pasado es lo que más resalta ante los ojos del mundo. Y lo más importante: su proyecto político mantiene el ideario del M19, remozado con nuevos énfasis acorde a los tiempos. Vida, paz y democracia. Paz, justicia social y justicia ambiental. En ese trípode, lo ambiental es el componente más renovador, aunque no estaba ausente en los años 80 (Por ejemplo, logramos evitar la construcción de una ciudadela industrial en el parque Isla de Salamanca en 1980) . Esto es lo que suelo llamar una política antropocénica, es decir, en sintonía con los desafíos que enfrenta la humanidad en el Antropoceno.
Hay también nuevas ciudadanías y elementos identitarios, representados por ejemplo en Francia Márquez, que enriquecen el programa de gobierno en ejes étnicos, de género, de libertades individuales. Se configura así una corriente de pensamiento, plural por sus matices, pero vertebrada por el progresismo humanista.
Tenemos entonces un proyecto insurgente que transmutado en movimiento legal y tras un duro y complicado trasegar, con un desarrollo no lineal, logra la victoria electoral al cabo de tres décadas. La consigna tantas veces repetida: “Comandante Pablo, cumpliremos!”, se hace por fin realidad, aunque es sólo el final de una etapa de lucha y el inicio de otra fase de carácter constructivo y reformador. No dudo que la nueva etapa que se inicia será aún más difícil y necesita, por tanto, el concurso de todos nuestros esfuerzos, de toda nuestra experiencia y conocimiento.
Si bien el Frente Amplio y el propio Pacto Histórico, como convergencias democráticas abarcan más que la izquierda, el hecho es que se trata de la primera victoria popular y alternativa de la historia de Colombia o por lo menos desde que se instauró el Orden Conservador en 1886.
Ante semejante triunfo histórico, ¿cuál es el papel de los viejos militantes del M19 en aquella gesta clandestina de 1974 a 1989? ¿Cuál es el significado de esta victoria para nosotros, como seres humanos combatientes que ya entramos o estamos entrando en la última etapa de nuestras vidas?
En primer lugar, creo que la hazaña del momento amerita una fiesta de la victoria, un reencuentro festivo de los sobrevivientes del Eme, ya sea en Bogotá o en Cali. Un evento de alegría compartida que revitalice la cadena de afectos, pero también un espacio de análisis sobre lo que se viene y nuestro papel protagónico.
Ser gobierno implica en primer lugar la posibilidad de trabajar de verdad y en serio la memoria histórica del período 1970 – 1990. La portada del pasquín fue derrotada, ser exguerrillero del M es un orgullo y un honor, y el voto mayoritario de los colombianos lo ratificó. Ese es uno de los significados del triunfo del exguerrillero sobre el ingeniero. Esto podría hacerse con el Centro Nacional de Memoria Histórica y también con proyectos trabajados desde la academia o las ONGs. Pero además, sería ideal una asociación de los sobrevivientes, de los viejos militantes mecas, una Sociedad por la Memoria Histórica del M19.
Ser gobierno implica también participar en el ejercicio del poder ejecutivo, no en el plan clientelista y burocrático de la tradición politiquera, sino en la actitud y el compromiso de impulsar las transformaciones estructurales en los niveles económico, social, político, militar y cultural. La gobernabilidad en el Legislativo es relativamente fácil. El verdadero reto es enfrentar a los poderes fácticos: las élites económicas (la oligarquía, los gremios, los cacaos, el capital extranjero) y la doctrina militar de las FFAA. No olvidemos que una cosa es tener el gobierno y otra tener el poder. Ser gobierno es un medio y una etapa para ser poder. Seremos poder cuando la cultura democrática sea el nuevo sentido común de la sociedad colombiana.
El Frente Amplio que logró la mayoría y el Acuerdo Nacional que busca negociar un nuevo contrato social marcan la estrategia general. Pero se necesita urgentemente el fortalecimiento y la consolidación de una férrea organización política, un movimiento que no se quede en lo electoral, que no gire alrededor de los individuos elegidos a una curul o cargo (y menos aún de influencers), que piense y trabaje colectivamente el proceso transformador dentro y fuera del gobierno, desde arriba y desde abajo, que tenga presencia en las comunidades y organizaciones sociales, y que más allá de Colombia haga parte de alianzas y corrientes internacionales en función de una política mundial progresista y humanista frente a los desafíos del Antropoceno.
Esa organización política podría ser Colombia Humana, con personería e identidad propia, distinguible con respecto a las alianzas y coaliciones del tipo Pacto Histórico o Frente Amplio. Dentro de esa organización política, el núcleo meca, con los cercanos y afines de todas las edades, pero sobre todo de las nuevas generaciones, podríamos conducir a Colombia Humana a ser un agente político efectivo, con estructuras fuertes, democráticas y dinámicas, con infraestructura, logística, finanzas, con cuadros profesionalizados, con capacidad de movilización y acción, con visión estratégica de poder.
Compañeros, no repitamos la historia de los años 90 cuando la Alianza Democrática M19 subió como palma y bajó como coco, como predijo el astuto Alfonso López Michelsen. No repitamos la historia de la Bogotá Humana, que una vez terminó el período de Petro, se perdió la continuidad y permitió el retorno de un Peñalosa. Que el período 2022-2026 no sea un pequeño oasis o, peor aún, un espejismo. Ya no tenemos tiempo para esperar otra oportunidad. O fue ahora o no lo será nunca para nuestra generación.
Resumen de propuestas
Fiesta de la victoria
Sociedad de la memoria histórica del M19
Ser gobierno: participar en el poder ejecutivo para ejecutar transformaciones estructurales con la visión del proyecto político
Asumir la conducción de Colombia Humana como el más poderoso vector de cambio
José Miguel Villalobos, abogado defensor de Carlos Andrés Pérez Sánchez, exfuncionario de Recope y trabajador detenido durante las manifestaciones contra la Ley del Combo Fiscal, presentó un recurso de apelación contra la sentencia que lo condenó a cinco meses de cárcel, debido a falencias en el proceso.
Su defensa solicita que se celebre un nuevo juicio con un Tribunal diferente.
Hoy miércoles 6 de julio, se extiende una invitación a escuchar el programa Voces y Política, donde el tema principal es “Memoria, Verdad y Justicia: Niñez Desaparecida en El Salvador”, a partir de las 5:00pm.
Se entrevistará a integrantes de Pro-Búsqueda (Organización Defensora de Derechos Humanos de El Salvador), conjuntamente con sobrevivientes, víctimas y familiares de personas menores de edad desaparecidas durante el conflicto armado.
Puede escuchar el programa por 96.7 FM en Radio Universidad o sintonizar a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica y el programa Kioscos Socioambientales.
En el Auditorio de la Plaza de la Autonomía de la UCR se dieron cita algunos estudiantes y profesores de la carrera Marina Civil, quienes quisieron ser testigos presenciales de la entrega de la homologación por parte del MOPT a la UCR. Les acompañaron el Lic. Nelson Soto y el Dr. Gustavo Gutiérrez (al centro, ambos con corbata), y Otto Noack Sierra, director ejecutivo de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM, de último a la derecha). Foto Karla Richmond, UCR.
Las autoridades de Rectoría, Vicerrectoría de Docencia, Sede del Caribe y del MOPT, trabajan en conjunto para subsanar todos los contratiempos y cumplir con el compromiso académico asumido con las y los estudiantes
Paso a paso, con una labor en equipo y con el objetivo de que la carrera Marina Civil, que se imparte en la Sede del Caribe de la UCR, cumpla con todos los requisitos para que sus estudiantes sean reconocidos internacionalmente como profesionales, la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) lograron completar uno de los requisitos primordiales: la homologación de la carrera.
Se trata de una certificación que entrega dicho Ministerio, por ser la entidad regidora de las actividades marítimas y portuarias de país, hacia aquellas instituciones educativas que pretendan formar a la gente de mar.
Como una primera etapa de este proceso, se entregó lahomologación provisional,quetendrá vigencia por un año, mientras la UCR cumple con ciertos requisitos adicionales para poder optar por la homologación permanente, la cual se extiende por cinco añosprorrogables.
El acto oficial de entrega de dicha certificación se realizó este lunes 4 de julio en el Auditorio de la Plaza de la Autonomía de la UCR, actividad a la que asistieron representantes de ambas instituciones públicas, profesores y estudiantes.
Voces de aliento, perseverancia y satisfacción
El Lic. Nelson Soto Corrales, jefe de la Dirección de Navegación y Seguridad del MOPT, aseguró que la meta es que Costa Rica desarrolle su potencial en cuanto a la formación de profesionales marinos, para que se desempeñen en diversos puestos de trabajo tanto a lo interno, como fuera del país.
Sin embargo, una vez que se cumpla el proceso de homologación, todavía existen ciertos requisitos para que la carrera esté reconocida en todo el mundo.
El Lic. Nelson Soto Corrales del MOPT, el rector Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta de la UCR (al centro), y Yeison Mora Díaz, presidente de la Asociación de Estudiantes de Marina Civil, muestran el documento que certifica la homologación por un año. Foto Karla Richmond, UCR.
“La certificación ISO 9001, que es una norma de estandarización que busca que el ‘producto’ siempre sea el mismo, y en temas de formación marítima es lo mismo. La OMI (Organización Marítima Internacional)y los países firmantes de sus convenios buscan que todas y todos los marinos tengan una formación estándar al final del proceso educativo, para que se puedan embarcar en cualquier parte del mundo y en cualquier buque, sin que existan diferencias de criterios. Esa estandarización se busca promover por medio del sistema de gestión, en donde todos los procesos de formación y administrativos sean los correctos e iguales”, señaló Soto.
Asimismo, esa certificación establece que el sistema que rige la carrera garantiza que los estudiantes siempre tendrán al profesor adecuado, que el equipo tecnológico de los laboratorios y simuladores funcionarán debidamente y tendrán el mantenimiento adecuado, que la bibliografía estará actualizada, que las metodologías serán las adecuadas, entre otras aristas más.
“Ese es el principal requisito que necesita la UCR para obtener la homologación definitiva, aunque también hay otros temas en los que la idea es que el programa académico esté muy claro para que las competencias incluidas en el convenio STconvenio ST se vean reflejadas allí. De esa forma nosotros, como administración marítima nacional, podemos comprobar que lo que hace la UCR es lo requerido por el estándar internacional”, indicó Soto.
El Director de Navegación y Seguridad hizo énfasis en que ha trabajado a la par de la UCR porque a ambas instituciones las mueven objetivos comunes, “lo que nos interesa es el desarrollo de Costa Rica y no establecer meramente un proceso de auditoría, y al final establecer si se cumplen los requerimientos o no. De eso no se trata, porque lo que queremos es impulsar el desarrollo, por eso el acompañamiento del MOPT será hasta el final para que la carrera de Marina Civil se consolide adecuadamente. Esta Universidad ha realizado un gran esfuerzo y los frutos vendrán”, destacó Soto.
Existe un tema adicional dentro del sistema marítimo internacional, que es la inclusión deCosta Ricadentro de la conocida Lista Blanca de la OMI, que reúne a los países que han consolidado los requisitos arriba descritos y mantienen la calidad en la formación de las y los profesionales marinos.
“Tramitamos la solicitud a la Jefatura de Cooperación Técnica de la OMI, para quesolicitentoda la información querequieran y que vamos a generar desde acá, como por ejemplo todos los procedimientos y una muestra del proceso de homologación. Una vez que la OMI califique este proceso como robusto, entonces vamos a poder entrar en la Lista Blanca, para que los marinos nacionales tengan ese plus.”, subrayó Soto.
La carrera de Marina Civil se imparte únicamente en la Sede del Caribe de la UCR. Foto Karla Richmond, UCR.
Por su parte, el M.Sc. Julio Brenes Arroyo; asesor de la Rectoría UCR, coordinador de sedes y quien ha liderado este proceso desde que se dio el cambio de administración universitaria en enero del 2021, dijo que trabajan continuamente en tres procesos que son fundamentales para el fortalecimiento de la carrera.
“El primero es la homologación, que por ahora es provisional pero nos sirve para consolidar los otros procesos y después obtener la homologación quinquenal. Esto inclusive nos permitió graduar a los dos primeros estudiantes en la Sede del Caribe. El segundo paso es la certificación 9001, porque al tener ese sistema de gestión de calidad activo nos permite tener garantía de que los procesos internos de la carrera caminan de acuerdo al convenio internacional. Además, yacontamos con la aprobación de laauditoría interna y en estos díasla empresa Lloyd’s Register,contratadaparaque aplicarala auditoría externay es una de las más reconocidas en todo el mundo, nos comunicó que la primera etapa fue aprobada con muy buenos resultados, y que la segunda etapa de la auditoría la harán virtual, pues les parece que no hace falta que sea presencial, dada la calidad que pudieron comprobar. Esperamos que a finales del mes de julio tengamos esa certificación. El tercer proceso es la reapertura de la carrera, que forma parte de la enseñanza y el aprendizaje, aspectos que son evaluados por el sistema de gestión de calidad, y por lo tanto hay que contar con promociones de estudiantes, para que no se caiga todo el proceso”, detalló Brenes.
Precisamente, Brenes manifestó que de la mano con la Vicerrectoría de Docencia, del Centro de Evaluación Académica (CEA) y de la Sede del Caribe, se busca subsanar los inconvenientes detectados en el plan de estudios de la carrera Marina Civil, para presentar la reapertura de la matrícula ante el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y que sea aprobada.
Finalmente, los estudiantes Fressy Bustos Castillo y Yeison Mora Díaz, vicepresidenta y presidente de la Asociación de Estudiantes de Marina Civil de la Sede del Caribe, se mostraron confiados en que ellos formaran parte de la primera generación de profesionales marinos de Costa Rica.
“Ha sido un trayecto muy difícil, pero sentimos confianza cuando entró la nueva administración de la UCR y nos dijeron que iban a rescatar la carrera. El trabajo está rindiendo los resultados que queríamos y estamos muy complacidos con las gestiones hechas desde la Rectoría.Aunque queda camino por recorrer, nos sentimos esperanzados”, expresó Fressy Bustos.
“Llevamos 10 años de luchar y hoy me siento bien, nunca es tarde para ver los resultados llegar y de acá en adelante confío en la voluntad de la administración de la UCR para sacar esto adelante. Ha sido un proceso muy difícil y queremos disfrutar este momento, pero pensando en que hay que concretar lo que falta”, concluyó Yeison Mora.
Otto Salas Murillo Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Foto: El nuevo Presidente de Chile Gabriel Boric y Constance Nalegach, ex negociadora del Acuerdo de Escazú durante su proceso de discusión (2012-2018) en la ceremonia oficial de la firma del Acuerdo de Escazú, en el Palacio de la Moneda, celebrada el 18 de marzo del 2022 (foto extraída de redes sociales).
Nicolas Boeglin (*)
En la última semana del mes de junio del 2022, Naciones Unidas ha procedido a actualizar el estado oficial (véase enlace) de las firmas y de las ratificaciones del Acuerdo de Escazú: desde el 13 de junio, por parte de la Oficina de Tratados de la Secretaría General de Naciones Unidas, fue registrado el instrumento de adhesión depositado formalmente por Chile.
Las mayorías obtenidas en las dos cámaras del Poder Legislativo chileno en menos de 20 días en el mes de mayo del 2022 en favor del Acuerdo de Escazú merecen mención: el 11 de mayo, la Cámara de Diputados lo aprobó con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones, al tiempo que el 31 de mayo lo aprobó el Senado con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones. Estas mayorías indiscutibles evidencian que los supuestos «argumentos» en contra del Acuerdo de Escazú ya no impresionan sino a unos muy pocos, y que forman parte del pasado. A su vez, estas cifras obtenidas en ambas cámaras chilenas recuerdan que en noviembre del 2020, el Senado de México aprobó el Acuerdo de Escazú por unanimidad (véase comunicado oficial de su Senado), que en septiembre del 2020, en Argentina, la votación en la Cámara de Diputados registró 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones (véase nota oficial) y que en el 2019, el Parlamento bicameral de Uruguay lo aprobó por unanimidad (véase ficha técnica).
A partir del 13 de junio del 2022, el número de Estados Partes al Acuerdo de Escazú se eleva a 13. La forma con la que Chile adhirió al Acuerdo de Escazú, el nivel de consenso con el que se aprobó tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado plantea ahora algunas interrogantes en los Estados en los que los detractores al Acuerdo de Escazú referían a la discusión en Chile como un «argumento» para no aprobar este tratado regional, adoptado en el 2018 en Costa Rica por 33 delegaciones de América Latina y del Caribe.
Una anhelada rectificación por parte de Chile
La aprobación del Acuerdo de Escazú constituye un gran logro del actual Poder Ejecutivo, que pone fin a una innecesaria polarización que se inició a mediados del 2018 con la negativa de las autoridades chilenas de tan siquiera firmar este instrumento regional de vanguardia para la región y para el mundo. De poca grata memoria, cabe recordar que en el mes de septiembre del 2018, Chile ni siquiera envió a un delegado a la gran ceremonia oficial en Naciones Unidas de apertura oficial del Acuerdo de Escazú a la firma de los 33 Estados Miembros de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina (CEPAL): un gesto insólito por parte de una desconcertante administración como la del Presidente Sebastián Piñera, jamás observado en un recinto como el de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
La movilización de un importante sector de la sociedad civil chilena solicitando que el Poder Ejecutivo reconsiderara tan insólita posición (véase carta colectiva que circuló en septiembre del 2018) no logró mayor efecto. El hecho que, desde el Vaticano, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR) reiterara en el 2020 a Chile (y a los demás Estados de la región) aprobar el Acuerdo de Escazú (véase nota del VaticanNews) conoció la misma suerte.
Escazú: un instrumento de vanguardia
Escazú ha sido descrito por especialistas como un instrumento moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental (Nota 1). Pero tal es el carácter visionario de Escazú que el pasado 24 de junio del 2022 se anunció por parte de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (UNECE) la designación de un relator sobre personas defensoras del ambiente (véase comunicado oficial de la UNECE), inspirándose en los debates y en los logros inobjetables e incuestionables alcanzados en el Acuerdo de Escazú, no contemplados en la Convención de Aarhus.
Como se recordará, Escazú (2018) es el equivalente para América Latina y el Caribe del Aarhus (1998) en Europa. Una evidencia más de la visión meridiana que tuvieron, y ello desde sus inicios los Estados que gestaron el Acuerdo de Escazú, y que debería reforzar en América Latina y el Caribe, la convicción de su urgente y necesaria aprobación.
En el mes de abril, la CEPAL difundió una guía de implementación (de casi 200 páginas) del Acuerdo de Escazú, de lectura muy recomendada para organizaciones sociales y entidades públicas así como público en general interesado.
En estos primero días del mes de julio, Argentina ha anunciado (véase nota de prensa) una consulta pública de cara a mejorar su estrategia nacional sobre cambio climático, una consulta que se inscribe dentro de los lineamientos del Acuerdo de Escazú.
Chile avanza con Escazú y se abren perspectivas
Chile en este mes del ambiente logró realizar el depósito de su adhesión en Naciones Unidas pocos días después de las festividades del Día Internacional del Ambiente. Es de notar que otros Estados, al igual que Chile, al ratificar el Acuerdo de Escazú tuvieron el esmero de depositar su instrumento formal de ratificación en Naciones para fechas simbólicas para el Ambiente y para el mismo Acuerdo de Escazú (Nota 2).
Días antes del 5 de junio, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile emitió también una instrucción (véase texto) que debería desde ya inspirar a muchos otros Estados de América Latina sobre participación de las comunidades afectadas o potencialmente impactadas. El pasado 22 de junio, las tres titulares de carteras ministeriales chilenas (Ambiente, Relaciones Exteriores y Justicia) se reunieron para elaborar una hoja de ruta de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú (véase comunicado oficial del Ministerio de Justicia).
No cabe duda que, Escazú ha encontrado en Chile en este 2022 a uno de los equipos de gobierno que mejor entiende el alcance de su contenido y ejemplifica a los demás cómo materializar los principios que enuncia. Después de la primera Conferencia de las Partes (COP) celebrada en Chile en abril del 2022 que tuvimos la oportunidad de analizar, la segunda se realizará… también en Chile en el 2024, al tiempo que una reunión intermedia se realizará en el 2023 en Argentina.
En América Latina se considera que a raíz de los cambios políticos acaecidos en Colombia, Escazú tiene ahora posibilidades de ser aprobado ahí, sin más titubeos, zancadillas y maniobras de todo tipo gestadas desde el mismo Poder Ejecutivo colombiano saliente. Así lo deja entrever quien asumirá próximamente la Presidencia del Congreso de Colombia en una muy reciente entrevista.
Honduras por su parte sigue con un Ejecutivo que a la fecha no ha iniciado la firma del Acuerdo de Escazú: un gesto político de importancia que bien podría materializarse, si se considera que la fecha del 4 de marzo del 2018 para el Acuerdo de Escazú se escogió como un homenaje de América Latina y del Caribe al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca asesinada en Honduras en el 2016: el autor intelectual de este vil asesinato acaba de ser condenado el pasado 21 de junio (véase nota de la BBC), al tiempo que persisten dudas sobre las reiteradas negligencias de las entidades bancarias europeas a cargo del proyecto Agua Zarca. El 30 de junio del 2022, la ONG Human Rights Watch envió una larga petitoria a las autoridades hondureñas (véase texto) que solicita la firma y pronta aprobación del Acuerdo de Escazú, al señalar que:
«Al menos 10 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2021, indicó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), mientras que 199 defensores de derechos humanos sufrieron hostigamiento, amenazas o ataques ese mismo año. De esa cifra, el 80 % defendía derechos sobre la tierra o ambientales. En casi todos los casos, las amenazas y los ataques contra los defensores de derechos humanos quedan en la impunidad«.
Honduras, al igual que Cuba, El Salvador y Venezuela permanecen ausentes entre quienes no han firmado tan siquiera el Acuerdo de Escazú.
Costa Rica y Escazú: interrogantes y situación incómoda
No está de más señalar que los siguientes Estados han firmado el Acuerdo de Escazú y se niegan a la fecha a aprobarlo sus respectivos congresos: Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Costa Rica en… ¿semejante lista de Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente? Así como se lee.
En el caso de Costa Rica, el magnífico ejemplo de la adhesión de Chile podría iniciar sus efectos en la discusión en el seno de su Poder Legislativo, tal y como se explicó en su momento con ocasión del Día Internacional del Ambiente en este 2022. Iniciativas legislativas recientes altamente preocupantes que limitarían sustancialmente las normas vigentes en Costa Rica sobre participación ciudadana en materia ambiental han encendido las alarmas en estos primeros días del mes de julio del 2022 (véase por ejemplo nota de prensa titulada «Ambientalistas advierten sobre deriva autoritaria de Chaves en materia ambiental» y artículo sobre las incertidumbres que plantea esta «reforma» de la máxima instancia ambiental en Costa Rica); al mismo tiempo, un notorio caso de contaminación del agua potable en la comunidad de Cipreses evidencia la total impericia de las actuales autoridades a cargo de velar por la calidad del agua suministrada (véase carta del colectivo EcoCipreses del 30 de junio), y confirma – una nueva vez – la urgente necesidad de garantizar y de consolidar un participación ciudadana informada en materia ambiental en Costa Rica. El impacto en la salud humana de personas pertenecientes a comunidades afectadas por la expansión piñera es otra gran pesada deuda que arrastran desde muchos años las autoridades de Costa Rica (véase muy completo reportaje del 2019, cuya lectura se recomienda).
Como lo recordábamos durante la última semana de junio en un foro internacional celebrado en San José sobre Derechos Humanos (Congreso sobre BioDerecho y Derechos Humanos y video – intervención nuestra a partir de 1:59:00), el eje de la participación ciudadana en materia ambiental constituye uno de los pilares del Acuerdo de Escazú del 2018, así como de la Convención de Aarhus (1998).
Los costarricenses ya han podido por sí solos observar que nada de lo que se prevé por parte de algunas pocas cámaras empresariales que va a ocurrirle a la economía costarricense si se aprueba el Acuerdo de Escazú ocurrió en el caso de las economías de Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Panamá y Uruguay al aprobarlo. Se prevé que la economía chilena tampoco se verá impactada negativamente y que más bien, el indiscutible liderazgo ambiental y en materia de derechos humanos en la región que reafirma con su adhesión al Acuerdo de Escazú le deparará a Chile novedosos proyectos de inversión y en materia de cooperación.
Siguen siempre esperando una respuesta varias preguntas que lanzamos a las cámaras empresariales en el medio digital costarricense de Delfino.cr, en marzo pasado. Reiteramos el hecho que los supuestos «argumentos» contra el Acuerdo de Escazú corresponden a mitos, promovidos por varias cúpulas empresariales de América Latina y por sus (siempre hacendosas) fichas políticas.
Ya nuestro colega Mario Peña ha explicado que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental aplica desde 1998 en el ordenamiento jurídico costarricense y que no ha ahuyentado a nadie en particular, pese a lo sostenido por cámaras empresariales y por una magistrada de la Sala Constitucional para oponerse al Acuerdo de Escazú (Nota 3). Con relación a otros supuestos «argumentos“ contra Escazú, tempranamente el equipo de periodistas de la Universidad de Costa Rica (UCR) de Doble Check así lo demostró con un titular que (a la fecha de hoy…) no ha dado lugar a ningún derecho de respuesta o de rectificación por parte de la entidad aludida y que se lee así: «UCCAEP usa argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú«.
El mismo jurista Mario Peña había por su lado desmitificado en otra valiosa contribución publicada en noviembre del 2020 las sinrazones y verdaderas leyendas vehiculadas por algunos sectores en Costa Rica en contra de Escazú. Sinrazones y leyendas que encontramos diseminadas de manera casi idéntica en otros comunicados al de la UCCAEP (véase por ejemplo carta de cámaras ligadas al sector agroexportador costarricense) y en otras latitudes del continente: véanse por ejemplo en Perú este documento suscrito por su Colegio de Ingenieros y este otro documento suscrito por altos mandos militares peruanos sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana, o bien a este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase texto completo).
Volviendo a Costa Rica, la Cámara Nacional de Eco Turismo y Turismo Sostenible (CANAECO) tuvo el valor de refutar públicamente a sus homólogas en un comunicado a favor del Acuerdo de Escazú, no así la CANATUR (véase comunicado): la cámara nacional de la industria turística costarricense, que se basa en los atractivos de la prodigiosa biodiversidad de Costa Rica, ¿adversando el Acuerdo de Escazú establecido para proteger a quienes defienden el ambiente? Vaya consternación para muchos.
Siempre con relación a Costa Rica, cabe mencionar un «descubrimiento» único de su Poder Judicial. En efecto, ningún otro Poder Judicial en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, como tampoco el Poder Judicial peruano (véase documento), y mucho menos el chileno (véase documento), ha sostenido un criterio similar al expuesto por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica: según ella (y solamente ella…), el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense. El Acuerdo de Escazú ¿obliga a un esfuerzo económico adicional para el presupuesto de la justicia en Costa Rica y únicamente en el caso de Costa Rica? Vaya innovación y esfuerzo de creatividad. En realidad, este «descubrimiento» no debe verse como algo fortuito, sino que se inscribe en una línea jurisprudencial regresiva de la Sala Constitucional costarricense en materia de participación ciudadana en materia ambiental pocamente divulgada y cuestionada (Nota 4).
Es más que probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú por venir), la mezquindad – en nuestra opinión bastante insólita – del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares de América Latina y del Caribe.
A modo de conclusión
Conforme vayan registrándose nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú, la posición exhibida por Costa Rica en el plano internacional se volverá más incómoda e insostenible, por lo que planteamos desde ya las siguientes interrogantes: ¿estaremos aún a tiempo, después de Chile, de rectificar? Habiendo Chile y Costa Rica co-liderado el proceso de negociación entre el 2012 y el 2018 ¿no debió la primera COP realizarse en Chile y la segunda en Costa Rica? ¿Habrá que esperar que Colombia también lo apruebe (y luego tal vez Brasil, Honduras, Perú o Paraguay) para que Costa Rica se sienta de una u otra manera interpelada por otros Estados de la región y reaccione? Como ciudadanos, ¿qué más podemos hacer con relación a la urgente necesidad de consolidar un modelo de gobernanza ambiental mucho más funcional que el existente en Costa Rica, y que ofrece a todo Estado que lo aprueba el Acuerdo de Escazú?
No quisiéramos concluir estas breves líneas sin externar a la jurista chilena Constance Nalegach, con quien tuvimos el privilegio de compartir varios espacios y foros, en particular una reciente entrevista en la televisión universitaria, nuestra profunda admiración por su labor incansable y su compromiso inclaudicable en favor de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: el Acuerdo de Escazú y todos los defensores del ambiente de América Latina le deben mucho a esta gran figura chilena.
– -Notas- –
Nota 1: Véase por ejemplo PEÑA M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental«, Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a dos valiosas publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL/Universidad del Rosario (Colombia), 298 páginas, disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la economía y democracia del siglo XXI, 330 páginas, 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se confirma aún más al revisar los desarrollos para la aplicación del Artículo 7 elaborados por la misma CEPAL en la guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada en abril del 2022 (disponible aquí, pp.108-126).
Nota 2: Es así como algunos Estados escogieron el segundo año de vida de Escazú (Antigua y Barbuda logrando el depósito en la misma fecha, Nicaragua y Panamá unos pocos días después), el primer aniversario de la apertura de su firma (Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Uruguay con un cronograma realmente envidiable y ejemplar). En el caso de Argentina y de México, ambos aparatos diplomáticos coordinaron la fecha del 22 de enero del 2021 para permitir una entrada en vigor de Escazú para el Día de la Tierra, el 22 de abril. Como vemos, cada Estado a su manera ha buscado honrar Escazú con una fecha simbólica escogida para depositar formalmente su instrumento de ratificación en Naciones Unidas, destacándose la perfecta sintonía entre los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para darle el mayor realce posible a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Escazú.
Nota 3: La posición de la antes mencionada magistrada se puede leer en la «nota» que acompaña el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 sobre el Acuerdo de Escazú (véase texto completo). Es de notar que en su voto salvado, el Magistrado Paul Rueda señala la lectura totalmente errónea hecha por sus colegas de la Sala: «Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado “contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas”. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone«.
Nota 4: En efecto, no es la primera vez que, en Costa Rica, la mayoría de la Sala Constitucional busca la manera de limitar significativamente el alcance de la participación ciudadana en materia ambiental, uno de los tres pilares fundacionales del Acuerdo de Escazú. Se trata de una cara de la justicia costarricense constitucional pocamente divulgada y conocida, pese a que, en nuestra modesta opinión, debiera serlo, además de discutida y denunciada. En el 2017, la Sala Constitucional de Costa Rica, decidió que la participación ciudadana en materia ambiental ya no califica (según ella y… solamente ella) como un derecho humano: ello se desprende del párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo). Resulta oportuno señalar que esta decisión fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda): los cinco magistrados/a restantes consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ameritaba ninguna reflexión particular. Un año antes, en el 2016, el juez constitucional costarricense consideró que la libertad de empresa prevalece sobre un acuerdo municipal estableciendo una moratoria para nuevas plantaciones de piña: un acuerdo municipal tomado en aras de proteger la salud pública de las comunidades aledañas a este monocultivo en el cantón de Los Chiles. Véase texto completo de la sentencia 11545-2016 en la que se lee textualmente que: «Dicho lo anterior, las municipalidades no tienen competencia para prohibir una determinada actividad económica lícita en sus territorios o declarar moratorias, definidas o indefinidas. Esa competencia corresponde al Estado, toda vez que el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) es claro y preciso, en el sentido de que el régimen de las libertades públicas está reservado a la Ley. En el caso que nos ocupa, no existe ninguna norma jurídica con rango de Ley que autorice a la municipalidad recurrida a prohibir el cultivo de piña en su territorio, o declarar una moratoria indefinida del cultivo de ese producto, de ahí que su actuación es arbitraria y, por consiguiente, contraria al ordenamiento jurídico». Al tratarse de una moratoria por un plazo muy preciso de 5 años, resulta más que cuestionable que la Sala considerara que se trataba de una «moratoria indefinida«. Nuevamente aquí la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz permite ver cuán errática, antojadiza y cuestionable es la decisión tomada por la mayoría de sus colegas: el magistrado Cruz concluye explicando que «dadas las amenazas y efectos lesivos para la salud y el ambiente que provoca el cultivo de la piña, las comunidades tienen plena legitimidad legal y política para dictar medidas preventivas, temporales, para asegurarse que sus ciudadanos no resultarán perjudicados por una actividad agroexportadora que provoca daños y amenazas sobre la biodiversidad».
(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
El pasado mes de junio se realizó la conferencia llamada “Importancia de la medicina en la sociedad y el papel del médico en los servicios nacionales”, impartida por el Dr. Juan Jaramillo Antillón.
La charla abordó temas sobre la importancia del médico y sobre los problemas que presentan los médicos dentro del sistema de salud para dar excelentes servicios. Asimismo, se habló sobre los desafíos que tienen los pacientes del sistema de salud para recibir dichos servicios esenciales.
Esta conferencia planteó la idea de la importancia de la empatía por parte de los médicos para poder construir en la sociedad un sistema de salud donde las relaciones entre pacientes y médicos sean saludables, estables y movilizadoras del mismo sistema de salud en sí para el bienestar de todos y todas.
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