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Etiqueta: UNA

Desigualdades afectan más a las mujeres en su etapa adulta mayor

Llegar a la tercera edad está lejos de ser un escenario de igualdad y equidad entre hombres y mujeres. Por el contrario, la vida de ellas queda marcada por brechas significativas que las exponen a la pobreza, la marginación, el poco acceso a servicios y hasta a una pensión digna.

La investigación Personas mayores en Costa Rica: condiciones de vida, género y derechos humanos analizó la situación de la población de 65 años del país en diversas áreas. Se llevó a cabo en el marco del Programa Análisis de Coyuntura, Sociedad y Democracia, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).

La correlación de factores tomó como base la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del 2024, sobre características sociodemográficas de la población costarricense.

Con respecto a la conformación de los hogares, se determinó que aquellos unipersonales (quienes viven solos), son habitados en su mayoría por mujeres, con un 67.3%, que duplica el porcentaje de hombres (32.7%).

Aunque se ha documentado que la expectativa de las mujeres es más alta que la de los hombres (83,5 años versus 78,6 años), la investigación detalla que “una vida más prolongada no implica que lo hagan en mejores condiciones, sino que muchas veces se enfrentan a situaciones de viudez, desamparo, soledad no deseada y abandono”.

Ser jefe o jefa de hogar es un rol que en el caso de adultos mayores lo ejercen en su mayoría hombres (29.1%) con respecto a las mujeres (18.6%). Esto se debe a que, tradicionalmente, a ellos se les vincula con las actividades productivas, el trabajo remunerado y la toma de decisiones, mientras que a ellas se les delega más en función del espacio privado del hogar, las labores domésticas y los cuidados.

En concordancia con lo anterior, el informe destaca que la labor de cuido, ya sea de niños, otras personas adultas mayores o con alguna condición de discapacidad, la realizan, en su mayoría, las mujeres (61%) con respecto a los hombres (38.9%).

Para Rebeca Espinoza, académica y coautora de la investigación, los datos reflejan el vínculo existente entre la sociedad del cuidado y la discriminación de género, en la etapa adulta mayor. Por ello, considera fundamental que la “socialización de género” empiece desde etapas tempranas de la educación. “A los niños y niñas se les debe educar en el sentido de que mujeres y hombres podemos realizar diversas actividades, sin que la labor de cuido se les recargue únicamente a ellas”.

Otros factores

La condición de viudez en personas mayores de 65 años, la viven en su mayoría la población femenina, con un 80.65%.

De la interpretación de este aspecto, también se esconden manifestaciones de desigualdad, que van más allá de la expectativa de vida por género. “La mayor viudez se relaciona en las mujeres con patrones que fomentan el matrimonio con hombres de mayor edad”.

En el ámbito económico existe un elemento a resaltar: los adultos mayores en condiciones de pobreza se incrementaron de 109.746 personas, en el 2015, a 189.373, en el 2022. Es decir, pasaron de un 24.1% a un 26.9% del total de la población mayor.

Al desmenuzar los datos, se confirma que son las mujeres quienes más sufren de pobreza. Por ejemplo, en números absolutos, en la clasificación de “pobreza no extrema”, esta afecta a 64.745 hombres frente a 76.104 mujeres, mientras que en la categoría de “pobreza extrema”, es la población femenina la que lidera con 14.119 casos frente a 11.901 casos entre la población masculina.

De nuevo, este indicador socioeconómico se relaciona con factores como la discriminación, la violencia y la exclusión de trabajos no remunerados. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho llamados para que los países reduzcan los niveles de pobreza en la población adulta mayor bajo una perspectiva de género, como una prioridad de política pública.

Lo anterior está vinculado con el hecho de que un 75% de las personas adultas mayores dependientes de una institución del Estado para mantener un hogar, son mujeres. Incluso, más de la mitad de ellas (57.7%) proviene de hogares unipersonales.

La fragilidad socioeconómica sobresale también en aspectos como el acceso a una pensión. Mientras que un 14.3% de los hombres carecen de esa fuente de ingreso, el porcentaje aumenta a un 17.8% en las mujeres.

En cuanto al acceso a las tecnologías de información y comunicación, los resultados de la encuesta arrojan que una mayoría de adultos mayores no disfrutan de los avances de la era digital. Del total de la población, por ejemplo, solo un 3.8% utilizó tabletas en los últimos tres meses.

De ese porcentaje que sí tuvo acceso, son las mujeres las que menos oportunidades recibieron. En el uso de Internet, ellas no lo utilizaron en el 57% de los casos, dato que se incrementa a un 59.6% si se trata de la telefonía celular.

¿Estas desigualdades responden a estructuras heredadas desde años anteriores o se radicalizan en esta etapa de sus vidas? Para Rebeca Espinoza, las investigaciones alrededor de la “feminización de la vejez” sugieren que las discriminaciones por género se van acumulando con el paso del tiempo.

A pesar de ello, la perspectiva de incremento de la población adulta mayor a mediano plazo, incorpora un elemento de presión adicional a este fenómeno. Al respecto Fernando Méndez, coautor del estudio, indicó que “se ha tendido hacia una visión generalizada de las vejeces, y ante la evidencia, se deben aterrizar políticas públicas hacia las necesidades específicas de grupos particulares de adultos mayores”.

Además del género, los autores también valoraron aspectos como la etnicidad, las orientaciones sexuales, condiciones de discapacidad y de salud, territorialidades, entre otros. Espinoza complementó al respecto, al afirmar que “si bien tenemos una Política Nacional de Envejecimiento y Vejez y una Política Nacional de Cuidados, hay una carencia de un enfoque de género diferenciado que permita cubrir necesidades específicas”.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Paro activo en la UNA busca fortalecer discusión sobre el FEES

La Universidad Nacional convocó a un paro activo que permitirá abrir espacios de reflexión y análisis sobre el FEES 2027, sin suspender las clases ni las labores académicas y administrativas de la institución.

La Universidad Nacional (UNA) convocó a un paro activo del 6 al 15 de mayo con el fin de abrir espacios de reflexión, información y análisis sobre la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 y el contexto actual de la educación superior pública en el país. La medida implica un cambio temporal de actividades institucionales para facilitar la participación de estudiantes y personal universitario en distintas actividades organizadas por la Rectoría y la Rectoría Adjunta.

La convocatoria surge en medio de la discusión nacional sobre el financiamiento universitario y luego de que el Poder Ejecutivo presentara ante la Comisión de Enlace una propuesta de crecimiento del 0% para el FEES 2027. Según la Rectoría, este escenario requiere que la comunidad universitaria cuente con espacios para comprender el proceso, analizar sus implicaciones y participar de manera informada.

Durante esos días se desarrollarán actividades sobre temas como los orígenes y retos del FEES, el análisis de la propuesta presentada por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), y la autonomía universitaria ante el contexto político nacional.

La Rectoría solicitó a decanaturas, direcciones y jefaturas facilitar la participación en las actividades mediante ajustes en procesos académicos y administrativos cuando sea necesario. Jorge Herrera Murillo, rector de la UNA, destacó que este llamado busca fortalecer la participación y el análisis colectivo dentro de la institución.

“Este paro activo no significa detener la Universidad, sino abrir espacios para que la comunidad universitaria pueda informarse, reflexionar y comprender lo que está en discusión alrededor del financiamiento de la educación superior pública. El FEES tiene un impacto directo en las oportunidades de acceso, permanencia, investigación, acción sustantiva y desarrollo regional que las universidades públicas brindan al país”, indicó Herrera.

La convocatoria también establece que las actividades deberán desarrollarse bajo principios de respeto institucional, pluralidad, autonomía universitaria y formación crítica.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Exposición «1881-2026: El legado de Joaquín García Monge

El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi, el CIICLA de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, se complacen en invitarle a la inauguración de la exposición 1881-2026: El legado de Joaquín García Monge, en conmemoración del  145 aniversario de su natalicio y del Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor.

La exposición estará abierta al público del 8 al 30 de abril, en horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m.

Niñas y niños de Guararí exponen sus obras en la UNA

La creatividad de niñas y niños del programa socioeducativo Tierra Fértil, ubicado en Guararí de Heredia, llegará a la Universidad Nacional (UNA) con la exposición “El Arte de Tierra Fértil”, que se inaugurará el jueves 12 de marzo a las 4 p. m. en la Biblioteca Joaquín García Monge.

La muestra reúne 80 obras elaboradas durante 2025 por 80 niñas y niños entre los 7 y 13 años, quienes participaron en el taller de arte del programa. Las piezas fueron realizadas con la técnica del temple al huevo, un método de pintura de origen antiguo que utiliza pigmentos naturales mezclados con yema de huevo.

El proceso de creación fue parte del aprendizaje del taller. Las niñas y los niños prepararon sus propios materiales: maceraron pigmentos naturales, separaron la albúmina del huevo y mezclaron la yema con agua hasta obtener la pintura. Todo el trabajo se desarrolló con el acompañamiento de voluntariado y de la profesora del taller.

Tierra Fértil es un programa socioeducativo impulsado por los Misioneros del Espíritu Santo, que trabaja con población infantil y juvenil de Guararí mediante talleres formativos en áreas como arte, literatura, motricidad, habilidades para la vida y reforzamiento académico. En el caso de adolescentes, también se ofrecen espacios de aprendizaje en robótica, inglés conversacional y herramientas informáticas.

La iniciativa busca fortalecer capacidades personales y sociales en niñas, niños y jóvenes, a partir de actividades educativas y comunitarias. En 2019, el programa recibió un reconocimiento de la Defensoría de los Habitantes por su aporte al mejoramiento de la calidad de vida.

La exposición estará abierta al público durante un mes a partir del 12 de marzo. La inauguración oficial será a las 4 p.m. de ese día.

Entre tibiezas y olvidos: así enfocan planes de gobierno temas de migración y género

UNA. Desde problemas conceptuales, hasta aproximaciones muy superficiales e incluso olvidos absolutos: así transitan las propuestas relacionadas con políticas hacia la población migrante y al enfoque de género, en los planes de gobierno de los cuatro partidos políticos que encabezan las preferencias de voto.

Así lo valoraron Guillermo Acuña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA) y quien ha estudiado el fenómeno migratorio en los últimos 25 años y Larissa Arroyo, abogada especialista en género y derechos humanos, y académica del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM).

El tercer programa Praxis Electoral, de la Escuela de Filosofía de la UNA, se adentró en estos dos temas y analizó las propuestas de los partidos Pueblo Soberano (PPSO), Liberación Nacional (PLN), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Frente Amplio (FA).

Migración

Guillermo Acuña inició su valoración del tema migratorio bajo un contexto internacional que no es el idóneo. Calificó como un “proceso de tensión” las políticas implementadas por el mandatario Donald Trump en Estados Unidos, y que han desembocado en una resistencia civil tras el asesinato de una mujer en el estado de Minnesota, por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En Costa Rica, el fenómeno migratorio también ha mutado: existe migración en tránsito y aquella más vinculada hacia la expulsión de nacionales producto de la pobreza y la exclusión, en regiones específicas del país como la zona sur y el occidente. Bajo este entorno, el académico señaló que las propuestas políticas han optado por dos enfoques: la del control y la seguridad y la de integración.

Esta última, que es más garantista en temas de derechos humanos, predomina en las visiones de la CAC y del FA.

Para el caso del partido frenteamplista, Acuña afirma que es la agrupación que realizó un diagnóstico más certero “donde incluye acciones para fortalecer la institucionalidad y el trabajo en territorios”.

En el caso del CAC no visualiza tanta fortaleza en el programa de gobierno, al determinar que el tema se trata de manera tangencial y diluida a lo largo de su propuesta, sin que ocupe un espacio unificado.

Para el caso del oficialista PPSO, la visión se acerca más hacia ese enfoque de control y seguridad y a fortalecer los centros de detención. Acuña ve un alineamiento de esta visión con el apoyo que tuvo en el actual gobierno el traslado de personas migrantes desde Estados Unidos y su reclusión en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), en la zona sur del país, donde incluso la Defensoría de los Habitantes denunció faltas y agravios a los derechos de estas personas.

Sin embargo, una coincidencia no positiva de estos tres partidos es la ausencia de una visión de la persona migrante con autonomía y subjetividad, y, por el contrario, la orientación programática tiende a ser más vertical.

La otra cara de la moneda, en cuanto a la formulación de propuestas en esta materia, la representa el PLN, cuyo plan de gobierno no incluye una sola mención al tema migratorio, denunció el vicedecano de Ciencias Sociales.

Género

El análisis del tema de género y los derechos de las mujeres debe pasar por una premisa fundamental, de acuerdo con Larissa Arroyo: el Estado costarricense está en la obligación de tomar las acciones pertinentes para reducir las brechas de desigualdad y discriminación, en acatamiento de lo dispuesto por convenciones internacionales como Belém do Parà y la de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Estos mismos organismos han señalado la necesidad de que las soluciones se aborden desde la interseccionalidad; es decir, considerando los derechos de poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes y de la diversidad sexual, entre otros.

Bajo estos preceptos, la especialista ve propuestas más integrales en los planes del FA y la CAC, aunque sí enfatizó en que deben existir concreciones puntuales por medio de acciones afirmativas, que beneficien a los grupos poblacionales más excluidos.

En el caso del FA sí se hace referencia a las distintas manifestaciones de violencia que sufren las mujeres, mientras que, en el caso de la Coalición, se hace mención a los organismos internacionales y la responsabilidad estatal que eso conlleva.

En el PPSO, el plan de gobierno del partido que defiende la continuidad se enfoca más en el asistencialismo, con un énfasis en lo económico y laboral, más allá de lo estructural o en los derechos.

Al igual que en el ámbito de lo migratorio, el PLN resalta por la debilidad de sus propuestas. “Se quedan en la epidermis. Es un partido que no muestra con claridad cuál es su postura”, indicó Arroyo.

En cuanto al análisis de cuán factibles pueden ser las soluciones que plantean estos partidos, la académica del IEM señaló que pasa mucho por el contenido presupuestario, aunque indicó que esto no debe ser excusa para que un Estado garantice derechos vulnerados a la luz de lo que dictan los organismos internacionales. También debe existir mayor rendición de cuentas y transparencia.

En cuanto a migración, Guillermo Acuña también apuntó a la necesidad de asegurar los costos de regularización migratoria y un uso más transparente del Fondo Social Migratorio, que se nutre de los ingresos provenientes de los trámites que deben cumplir en el país las personas que realizan solicitudes de asilo.

El programa completo de este Praxis Electoral puede verlo desde el canal de YouTube de la Escuela de Filosofía: https://www.youtube.com/watch?v=z7vark5Qrkg

El cuarto episodio de este especial electoral se llevará a cabo el jueves 22 de enero a las 12 p.m. sobre los temas de política exterior y economía. Participarán los académicos Carlos Cascante, de la Escuela de Relaciones Internacionales, y María Leonela Artavia, de la Escuela de Economía de la UNA.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional

Consejo de la UNA llama a fortalecer la prevención de la violencia en centros educativos

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) emitió un pronunciamiento en el que rechaza las amenazas armadas que recientemente han afectado a universidades públicas y centros educativos del país, y hace un llamado a fortalecer las políticas públicas de prevención de la violencia en todos los niveles del sistema educativo.

El acuerdo, tomado en sesión ordinaria 43-2025, subraya que la seguridad de la juventud costarricense es una responsabilidad compartida y un valor democrático que requiere acciones articuladas entre el Ministerio de Educación Pública, el CONARE, las universidades públicas, las comunidades educativas y las organizaciones estudiantiles.

El documento contextualiza la situación en un escenario nacional caracterizado por el incremento de la violencia, la desintegración social y el deterioro de las condiciones educativas, lo cual afecta directamente el derecho a estudiar en espacios seguros. Señala además que la normalización de amenazas, evacuaciones y discursos violentos debilita la confianza en las instituciones y obliga a invertir recursos que deberían destinarse exclusivamente a la formación académica.

El pronunciamiento destaca que la crisis de seguridad también se agrava por la proliferación de discursos de odio, misoginia y descalificación, incluidos aquellos dirigidos hacia las universidades públicas, reconocidas por su aporte al pensamiento crítico y a la vida democrática. En este sentido, la UNA reafirma su compromiso histórico con la educación pública y expresa solidaridad con la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y centros educativos que han enfrentado situaciones similares.

Entre las acciones que propone el Consejo Universitario se encuentran:

  • Impulsar protocolos de seguridad integral, comunicación, atención psicosocial y cultura de paz.

  • Fortalecer el trabajo coordinado entre CONARE y MEP para una agenda común de prevención de la violencia.

  • Reconocer a las federaciones estudiantiles como actores clave en la defensa de espacios educativos seguros.

  • Promover actividades formativas sobre convivencia, valores democráticos y prevención de riesgos.

El acuerdo recuerda que diversos instrumentos internacionales —como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración sobre Escuelas Seguras— establecen la obligación de garantizar entornos de aprendizaje seguros, protectores y libres de violencia.

La Universidad Nacional concluye que la defensa de la educación pública requiere acciones firmes y coordinadas que permitan enfrentar la normalización de la violencia, proteger la integridad de las comunidades educativas y asegurar el ejercicio pleno del derecho a la educación en ambientes que fomenten la convivencia y la paz.

UNA alerta vicios legales y constitucionales en subasta de frecuencias de radio y televisión abierta

La Universidad Nacional (UNA) emitió un pronunciamiento oficial en el que advierte a Costa Rica sobre los riesgos democráticos, sociales y constitucionales asociados al proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión abierta impulsado por el Poder Ejecutivo y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). El acuerdo fue aprobado en la sesión ordinaria 43-2025 del Consejo Universitario (UNA-SCU-ACUE-429-2025).

Según la institución, el diseño actual de la subasta amenaza la pluralidad de voces, puede afectar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información, y pondría en riesgo la continuidad de medios comunitarios, regionales, culturales y religiosos, que durante décadas han sido actores fundamentales en las comunidades rurales, costeras, fronterizas e indígenas del país.

La UNA subraya que el espectro radioeléctrico, como bien público estratégico, debe asignarse según criterios de interés social y no únicamente económicos, pues constituye un recurso esencial para el acceso equitativo a la comunicación, la cultura, la educación y la participación democrática.


Argumentos principales del pronunciamiento

1. El espectro radioeléctrico y su función social

El comunicado destaca que el espectro es esencial para medios como la televisión, la radio o el internet, y que su uso debe democratizarse para favorecer la transformación digital y el desarrollo social, económico, cultural y político. La concentración mediática afectaría directamente este objetivo.

2. Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones

El TSE ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de modificar frecuencias durante el proceso electoral 2026, por considerar que ello podría afectar el acceso ciudadano a información político-electoral. Pese a ello, el Poder Ejecutivo y la Sutel continuaron impulsando cambios normativos y administrativos.

3. Vicios legales y medidas cautelares vigentes

La UNA recalca que la subasta se abrió pese a:

  • múltiples procesos contencioso-administrativos,

  • medidas cautelares dictadas por la Sala Constitucional,

  • órdenes vigentes de mantener el estatus actual hasta resolver el fondo de los casos.

4. Retroactividad normativa y afectación de derechos adquiridos

Los cambios normativos emitidos por el Poder Ejecutivo en 2024, a dos días del vencimiento de las concesiones, alteraron contratos que garantizaban prórrogas automáticas. La UNA sostiene que estas acciones violan:

  • artículo 34 constitucional (prohibición de retroactividad),

  • artículo 41 constitucional (seguridad jurídica).

5. Riesgo de monopolización

Los montos base fijados para participar en la subasta, que van desde $24.545 hasta $1.601.786, privilegian a unos pocos consorcios económicos y excluyen a medios pequeños. Esta situación, según la UNA, atenta contra el mandato constitucional que prohíbe los monopolios (art. 46).

6. Amenaza a la diversidad cultural y derechos fundamentales

La desaparición de emisoras comunitarias y culturales implicaría:

  • pérdida de patrimonio comunicacional,

  • debilitamiento de identidades locales,

  • afectación del acceso a la pluralidad informativa,

  • daño a derechos culturales y a la participación social.

La UNA recalca que la concentración mediática está reconocida por la jurisprudencia interamericana como un riesgo directo para la libertad de expresión.

7. Rol de la Universidad Nacional

La institución, comprometida con la probidad y la defensa de los recursos públicos, sostiene que no puede permanecer indiferente ante un proceso que:

  • modifica derechos contractuales sin aval legislativo,

  • erosiona principios constitucionales,

  • afecta la calidad democrática del país.


Petitorias del pronunciamiento

El Consejo Universitario acuerda:

  1. Rechazar el proceso de subasta por vicios de legalidad y constitucionalidad.

  2. Exigir a la SUTEL y al MICITT suspender la adjudicación hasta que se resuelvan las controversias constitucionales y se cumpla lo dispuesto por el TSE.

  3. Solicitar al Poder Ejecutivo presentar ante la Asamblea Legislativa un marco regulatorio que:

    • proteja medios comunitarios, culturales, regionales y religiosos,

    • asegure pluralismo y diversidad,

    • garantice acceso equitativo para pymes,

    • preserve el patrimonio comunicacional histórico.

  4. Pedir a la Asamblea Legislativa asumir competencia mediante ley expresa para regular el tema.

  5. Exhortar a la Asamblea Legislativa a reconocer que la asignación de frecuencias no es un asunto únicamente técnico o económico, sino constitucional y democrático.

  6. Hacer un llamado a la ciudadanía para informarse adecuadamente sobre el proceso y a las instituciones públicas para actuar con responsabilidad en defensa de la democracia y los derechos fundamentales.

El pronunciamiento es suscrito por el Dr. Braulio Sánchez Ureña, presidente del Consejo Universitario de la UNA.

Bukele y el ascenso de la derecha autoritaria en El Salvador: claves para comprender sus riesgos y aprendizajes para Costa Rica

Seminario UNA: Jornadas por la democracia y los derechos humanos

En el marco del seminario de la UNA “Jornadas por la democracia y los derechos humanos”, cuya actividad pública del 27 de noviembre debió suspenderse por razones de seguridad institucional, compartimos el análisis central preparado por el académico salvadoreño Carlos Molina Velásquez. El documento completo —Bukele y el ascenso de la derecha autoritaria en El Salvador: lecciones para Costa Rica— ofrece una reflexión profunda sobre las condiciones que permitieron el surgimiento del régimen autoritario de Nayib Bukele y los aprendizajes que otros países, incluido Costa Rica, deben considerar ante el avance regional de los autoritarismos.

A continuación, un resumen de los contenidos expuestos por el autor.


1. Cómo surgió Bukele: condiciones políticas previas

Molina explica que Nayib Bukele inició en la política local bajo la bandera del FMLN, combinando elementos de marketing digital, liderazgo juvenil, una cuidada imagen pública y posiciones reformistas ambiguas. Aunque sus gestiones como alcalde tuvieron resultados limitados, logró proyectarse como la única figura “capaz de transformar la política”, especialmente en un contexto donde amplios sectores estaban desencantados con los gobiernos tradicionales.

La descomposición institucional previa fue decisiva: corrupción generalizada, descrédito de la función pública, vínculos de actores estatales con el crimen organizado y el desgaste de los principales partidos políticos —ARENA y FMLN— facilitaron la aparición de un liderazgo percibido como una ruptura radical.

2. El rol de las izquierdas y del movimiento social

Una parte de la militancia del FMLN migró hacia Bukele ante la frustración por la falta de renovación interna. Otras izquierdas sociales —feministas, ambientalistas, sindicales, organizaciones de derechos humanos— vieron en él una opción “progresista” frente al desencanto acumulado, más por rechazo al FMLN que por claridad programática.

El movimiento social llegó fragmentado y debilitado a este giro histórico, tras años de tensiones y divisiones generadas por las políticas neoliberales adoptadas por gobiernos autoproclamados de izquierda.

3. Economía, remesas y narrativa tecnológica

El texto señala que la economía salvadoreña —dependiente de las remesas y con sectores productivos debilitados— fue terreno fértil para las promesas de modernidad financiera que impulsó Bukele, como el bitcoin. Esta narrativa encontró eco en una población que por décadas ha sostenido su economía familiar gracias a ingresos externos y que ve en el éxito financiero un horizonte posible, aunque incierto.

4. Pandillas, crimen organizado y Estado de excepción

Las maras habían consolidado un control territorial amplio y una presencia violenta en zonas urbanas y suburbanas. Bukele negoció inicialmente con las pandillas —como gobiernos anteriores—, pero luego emprendió una intervención militarizada que suspendió garantías constitucionales y extendió un Estado de excepción permanente.

Aunque la criminalidad disminuyó en cifras oficiales y muchas comunidades experimentaron alivio frente a la violencia, miles de personas inocentes fueron detenidas, asesinadas o desaparecidas, y el aparato represivo se consolidó como herramienta central de gobierno.

5. Desmantelamiento del Estado de derecho

Desde 2021, Bukele consolidó un control total sobre los poderes del Estado: sustituyó magistraturas, suspendió el habeas corpus y promovió una “legalización de la ilegalidad” mediante la reserva o bloqueo de información pública, deuda opaca, opacidad en la gestión de la pandemia y debilitamiento de los controles democráticos.

El régimen se sostiene mediante:

  • culto a la personalidad,

  • partido único de facto,

  • eliminación de contrapesos,

  • persecución del pluralismo político,

  • control militar de la vida pública,

  • economía concentrada en la familia presidencial,

  • desinformación masiva y manipulación emocional.

6. Fascismo neoliberal y enemigo interno

El académico clasifica el régimen como fascismo neoliberal, caracterizado por:

  • culto mesiánico al líder,

  • vaciamiento de la representación democrática,

  • construcción de enemigos cambiantes (partidos, maras, periodistas, ONG, organismos internacionales),

  • criminalización de la pobreza como categoría política,

  • movilización emocional basada en el odio y la “deshumanización del otro”.

La narrativa del “enemigo” se ajusta según la coyuntura y sostiene una maquinaria de persecución que afecta especialmente a comunidades empobrecidas.

7. Ataque a los derechos humanos

Basado en análisis de Franz Hinkelammert, Molina plantea que la política de Bukele constituye una “metafísica de la inhumanidad”, donde los derechos humanos se presentan como obstáculos irracionales que deben ser sacrificados por la “seguridad” y la “medicina amarga”.

El régimen no oculta su desprecio por los derechos humanos: los muestra como instrumentos contra el pueblo y reivindica la violencia estatal como mecanismo legítimo de ordenamiento social.

8. ¿Puede replicarse el modelo en Costa Rica?

El autor concluye que el modelo puede inspirar intentos en otros países, pero depende de condiciones muy particulares. La tarea para Costa Rica, afirma, no es caer en el triunfalismo ni en el fatalismo, sino mantener una vigilancia activa sobre:

  • debilitamiento institucional,

  • erosión del pluralismo,

  • ataques a la prensa y a la independencia judicial,

  • uso político de la desinformación,

  • discursos de odio,

  • militarización simbólica y real,

  • concentración de poder en el Ejecutivo.

El mensaje final es una invitación al análisis responsable, la organización colectiva y la acción solidaria para impedir que derivas autoritarias puedan arraigarse en el país.


Descargar el documento completo

El texto íntegro de la exposición puede descargarse aquí:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/11/Bukele-y-el-ascenso-de-la-derecha-autoritaria-en-El-Salvador.pdf

UNA suspende actividad de las “Jornadas por la democracia y los derechos humanos” por amenaza de ataque – siga en Onda UNED

La Universidad Nacional (UNA) informó la suspensión de la actividad prevista para este jueves 27 de noviembre, correspondiente a las “Jornadas por la democracia y los derechos humanos”, debido a la situación generada por una amenaza de ataque terrorista que obligó a activar los protocolos institucionales de seguridad.

La conferencia programada con el Dr. Carlos Molina —según informó la organización— será grabada de forma privada y puesta a disposición del público en los próximos días. Puede seguir la transmisión en vivo este jueves 27 a las 11 a.m. mediante Onda UNED: https://www.youtube.com/@OndaUNEDcr

Desde la coordinación de las jornadas se agradeció la comprensión de las personas inscritas y se reiteró el compromiso de continuar con las reflexiones que usualmente programa la UNA, cuando existan condiciones seguras para su realización.

SURCOS se mantendrá atento a la reprogramación y a la publicación del material que la UNA compartirá próximamente.

UNA fortalece la educación intercultural y la revitalización lingüística en comunidades indígenas

La Universidad Nacional (UNA) culminó cinco años de trabajo académico en territorios indígenas con el cierre del Programa de Apoyo Permanente a Escuelas Indígenas, ejecutado por la División de Educación Rural (DER) del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide). El programa, vigente de 2020 a 2024, consolidó acciones de investigación, extensión y cooperación internacional para fortalecer la educación intercultural bilingüe y la preservación de los idiomas originarios de Costa Rica.

Durante el quinquenio, el equipo académico desarrolló procesos de acompañamiento docente, producción de materiales educativos, giras académicas, talleres en comunidades y participación en redes internacionales. Las principales zonas de trabajo fueron Boruca, Curré y Talamanca, donde se generaron experiencias significativas de revitalización lingüística y educación contextualizada. “El trabajo desarrollado con las comunidades permitió avanzar en procesos de revitalización lingüística con docentes de lengua y cultura, quienes asumieron un rol activo en la enseñanza del idioma brunca en las escuelas”, explicó Federico Guevara Víquez, coordinador del programa y académico de la DER.

El PPAA nació con el propósito de acompañar al sistema educativo costarricense en la aplicación de políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas, en concordancia con los derechos culturales y lingüísticos reconocidos por el Estado. Desde su creación, articuló esfuerzos con las direcciones regionales del Ministerio de Educación Pública (MEP) y los Consejos Locales de Educación Indígena (CLEI) de cada territorio.

Su enfoque principal combinó la investigación participativa y la acción pedagógica en las aulas. En Boruca y Curré, por ejemplo, el programa impulsó el proyecto Upshigrajdin Di Tegat Yet, dedicado a la enseñanza del idioma brunca como segunda lengua. Esta iniciativa integró a docentes de lengua y cultura, supervisores de circuito y autoridades educativas del territorio.

A lo largo de tres años, los participantes recibieron capacitación en metodologías de enseñanza bilingüe, técnicas de planificación didáctica y estrategias fonológicas para contextos donde el idioma presenta un alto grado de desplazamiento. Los resultados incluyeron un documental de 46 minutos que registra el proceso de trabajo con los docentes y un artículo académico registrado que analiza los alcances de la experiencia.

Guevara destacó que estos productos constituyen evidencia del compromiso del equipo académico con la construcción colectiva del conocimiento intercultural. “El trabajo con los territorios de Boruca y Curré permitió un proceso de revitalización lingüística con docentes de lengua y cultura, con metodologías que fortalecen el aprendizaje y la identidad desde la escuela.

Aprendizaje desde los territorios

En Talamanca, el programa dio seguimiento al Plan Piloto Namu Wokir, desarrollado anteriormente por la División de Educación Rural con la Dirección Regional de Sulá. Las actividades incluyeron talleres de mediación pedagógica, evaluación educativa, planeamiento contextualizado y educación intercultural.

Carolina Arias Ortiz, académica de la DER y participante del programa, recordó que esta experiencia reafirma la importancia de trabajar junto con las comunidades educativas desde la realidad de cada territorio: “El acompañamiento en Talamanca y la experiencia del Plan Piloto Namu Wokir permitieron comprender la diversidad cultural de las regiones indígenas y la necesidad de abordar los desafíos educativos desde la interdisciplinariedad.”

El programa también propició espacios de diálogo comunitario, como el Consejo de Participación Comunal de la Dirección Regional de Sulá, donde abordó temas relacionados con la lengua, la cultura y el rendimiento académico de la población estudiantil indígena.

Como parte de la proyección internacional, Guevara y Arias presentaron la ponencia “Una mirada crítica a las políticas educativas en los territorios indígenas de Costa Rica” en el Congreso de Antropología y Educación del Royal Institute of Anthropology (RAI), realizado en junio de 2024 en Londres. En ese espacio, compartieron los resultados del programa y discutieron con académicos de distintas regiones sobre el impacto de las políticas educativas en comunidades marginadas.

“La participación en el Congreso del RAI visibilizó el trabajo de la UNA frente a especialistas de diversos continentes y abrió nuevas posibilidades de colaboración académica”, señaló Guevara durante su presentación en el informe final del programa.

El cierre del programa incluye la preparación del libro El Programa de Apoyo Permanente a Escuelas Indígenas de la DER: experiencias en Educación Intercultural y revitalización lingüística, de Federico Guevara Víquez y Jenny Mena López. El texto, en formato impreso y digital, sistematiza las experiencias del programa y su impacto en la enseñanza de lenguas originarias.

El equipo académico también produjo el documento “Aportes de la DER a derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas” y una ponencia sobre políticas educativas y multilingüismo en Costa Rica.

Además, los registros audiovisuales obtenidos en Talamanca documentan la aplicación de metodologías de investigación participativa y la coordinación con autoridades locales, que consolidan una memoria visual de los procesos educativos y culturales vividos en las comunidades.

Proyección y continuidad

Aunque el PPAA concluyó en diciembre de 2024, sus aportes académicos continúan vigentes. El equipo de la DER mantiene vínculos con las comunidades participantes y con las redes internacionales que acompañaron el proceso.

Los resultados obtenidos abren la posibilidad de nuevos proyectos enfocados en la formación docente, la sistematización de experiencias y la producción de materiales educativos bilingües. Asimismo, la universidad prevé nuevos espacios de diálogo entre las comunidades indígenas y las instituciones educativas, en coherencia con el enfoque de derechos culturales y lingüísticos.

La experiencia también fortaleció las capacidades de los académicos y estudiantes vinculados, algunos de los cuales desarrollaron trabajos finales de graduación en el marco del programa.

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Universidad Nacional