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Cuando la positividad se vuelve violencia

Mauricio Ramírez

Mauricio Ramírez Núñez

Pocos van a entender esto, quizás dirán que estoy algo obsoleto para la época, pero es necesario decirlo: la cultura del positivismo emocional, el new age y el horizontalismo radical ha dado lugar a una nueva forma de cancelación. Una forma amable en apariencia, pero profundamente violenta en el fondo. Un nuevo orden simbólico que se presenta como espiritual, armónico e inclusivo, pero que en realidad cancela la diferencia, desactiva la crítica y niega lo trágico. Se trata, en definitiva, de una cultura fascista que no usa botas ni uniformes, sino sonrisas, frases motivacionales y cristales energéticos.

El positivismo emocional tan celebrado hoy en redes sociales y espacios de autoayuda por doquier exige una actitud permanente de optimismo, adaptación y gratitud. Se ha vuelto una especie de mandamiento secular: “si no puedes ser feliz, cállate”. La tristeza, el enojo o la crítica son tratados como fallas morales o energías tóxicas, más que como experiencias humanas legítimas. Así, el sufrimiento no se acompaña, se silencia y la soledad junto con la depresión comienzan a reinar. La melancolía no se nombra, se reprime. La crítica no se escucha, se descarta por “negativa”. En nombre de la luz, se instala una censura emocional.

El new age, por su parte, ha transformado la espiritualidad en una mercancía. Promueve una estética de lo etéreo y lo holístico, pero sin profundidad. Es una pseudo espiritualidad sin tradición, sin historia, sin comunidad real. Una espiritualidad a la carta que se adapta al mercado y al narcisismo de la autoayuda. Con frecuencia, se convierte en un instrumento de despolitización: todo problema social se reduce a una falta de “vibración” o “desalineación personal”. Se cancela así la historia, se ignora la injusticia estructural, se le da la espalda al otro. Y mientras tanto, se vende incienso.

El horizontalismo radical, en su afán por democratizar todos los ámbitos y relaciones, ha terminado por erosionar la autoridad legítima, el conocimiento experto y el sentido de responsabilidad. Bajo el lema de una igualdad mal entendida, se equipara lo inconmensurable: la evidencia con la mera opinión, la experiencia con el capricho. Es una dinámica profundamente nietzscheana, como advirtió el filósofo, no hay hechos, solo interpretaciones, pero llevada al extremo de que «todo vale».

El resultado es la parálisis: lo colectivo deviene inoperante, y lo comunitario se diluye en asambleas interminables donde priman la indecisión y el miedo a asumir posturas. Es la tiranía del consenso superficial, donde cualquier crítica a contradicciones estructurales o fallas éticas se tacha de autoritarismo o de resistirse al flujo colectivo. Este nuevo orden cultural que mezcla positivismo, misticismo comercial y horizontalismo mal digerido, ha creado su propia forma de cancelación autoritaria. No persigue con violencia física, sino con desaprobación pasiva-agresiva. No excluye con fuerza bruta, sino con la moralización de lo emocional. Se cancela al que no “vibra bonito”, al que no “cree en la energía”, al que piensa críticamente. Se le aísla, se le invalida, se le acusa de “negativo”, de “tóxico”, de “no trabajar en sí mismo”.

Así, el disenso no se enfrenta, se disuelve. El dolor no se acompaña, se niega. La complejidad no se piensa, se simplifica. Y todo esto se hace en nombre del amor, la armonía y la paz. Pero esa paz es falsa. Esa armonía es superficial. Y ese amor, muchas veces, no es más que un egoísmo disfrazado de virtud. Porque el verdadero amor no cancela, escucha. El verdadero bienestar no niega el conflicto, lo integra. Y la verdadera espiritualidad no esquiva el sufrimiento, lo abraza.

En tiempos donde todo se vuelve apariencia, lo más revolucionario es recuperar la profundidad. Volver a lo real, incluso si duele. Atreverse a sentir la oscuridad sin culparse. A disentir sin miedo. A pensar sin pedir permiso, a volver a tener esa capacidad de discernir, de cuestionar lo incuestionable y de atrevernos a nombrar lo que otros prefieren ocultar. La auténtica transgresión ya no es derribar estatuas, ni negar toda jerarquía, sino distinguir entre el poder arbitrario y la autoridad legítima.

En un mundo que confunde ruido con libertad y consignas con pensamiento, rebelarse es elegir la lucidez sobre la complacencia, incluso cuando eso implique nadar contra la corriente. Porque la oscuridad más peligrosa no es la que carece de luz, sino la que se disfraza de ella.

Con Chaves hemos tocado fondo como sociedad. ¡Qué indignante!

Por Carmen María Muñoz Quesada*

La presidencia de una nación no es un chiste. No es un espacio para la chabacanería, la grosería o el desplante vulgar. Es, ante todo, la representación máxima de un pueblo, de sus aspiraciones, de su historia y de sus valores. Por eso, cuando quien ocupa ese cargo responde con burla, desdén y comentarios triviales ante una pregunta legítima -por más polémica o “inoportuna” que a Chaves le resultara-, no solo fracasa en su deber, sino que degrada, otra vez, la institución que representa.

El presidente Rodrigo Chaves, al ser interpelado sobre la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con Israel, tuvo la oportunidad de responder con altura. Podría haber argumentado su postura con seriedad, explicando las razones económicas, diplomáticas o políticas de su Administración, o incluso haber rechazado los calificativos usados por el periodista, si así lo consideraba necesario. En lugar de ello, optó por la burla, por el comentario soez y ayuno de humanidad, por el gesto infantil de mostrar un lapicero con el que firmaría, como si la pregunta mereciera menos respeto que el que concedemos a una broma de cantina.

Este comportamiento no es solo una falta de respeto hacia quienes esperan seriedad en sus gobernantes, sino también una muestra de profunda inmadurez política y personal. La democracia exige debate, exige confrontación de ideas, exige diálogo y tender puentes, pero nunca el vacío de contenido que provoca el ridículo. Cuando un presidente se ríe en lugar de argumentar, cuando evade la discusión sustituyéndola por gestos vulgares, está diciendo, en esencia, que no toma en serio a sus ciudadanos y ciudadanas, ni a los principios que deberían guiar su cargo.

Como sociedad merecemos más: liderazgos que comprendan que la política no es un espectáculo circense, que entiendan que las palabras presidenciales llevan no sólo el peso de la historia, sino también la urgencia de labrar futuro y que cada risa innecesaria, cada comentario soez, cada evasión grotesca, erosiona la confianza ciudadana y mancha el prestigio de un país que, a pesar de nuestras contradicciones, ha sabido proyectarse al mundo con dignidad.

Hoy, más que nunca, es necesario recordar que gobernar no es actuar como un bufón, sino asumir con responsabilidad el mandato de un pueblo que es rico en su diversidad, crítico y exigente. Si el presidente Chaves no está a la altura de ese desafío, la historia -y el pueblo- se lo cobrarán. La frivolidad no es un lujo que un mandatario pueda permitirse. Menos aun cuando lo que está en juego es el respeto hacia una sociedad que merece algo mejor que el espectáculo bochornoso de un gobernante que un día sí y otro también, confunde el poder con un acto circense.

Aclaración:
Presidente Chaves el gobierno de Israel no come chiquitos, no más los asesina.

*Publicado en el espacio de Facebook de la autora y compartido con SURCOS por varias personas. La imagen es tomada del mismo espacio.

Las mujeres no están solas: llamamos a la alianza institucional

Enid Cruz Ramírez

En estos días, muchas organizaciones de mujeres, colectivos feministas y comunidades a lo largo del país estamos alzando la voz contra el proyecto de ley que pretende imponer jornadas laborales de 12 horas durante cuatro días (la llamada jornada 4×3), sin pago de horas extra y con impactos graves en la salud, la vida cotidiana y los derechos adquiridos por las personas trabajadoras, especialmente las mujeres.

Que la institucionalidad camine con nosotras

En Costa Rica, durante décadas se ha levantado un entramado institucional robusto en materia de igualdad y equidad de género: comisiones de género en instituciones públicas, redes interinstitucionales de atención y prevención a la violencia contra las mujeres, políticas públicas específicas como el Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia (PLANOVI), Comisiones Municipales de la Mujer, y una Comisión Permanente de la Mujer en la Asamblea Legislativa.

Todas estas instancias existen, en teoría, para garantizar los derechos de las mujeres, prevenir las violencias estructurales y promover condiciones de vida dignas y equitativas.

Sin embargo, ante el actual debate sobre la propuesta legislativa para instaurar la jornada 4×3, una medida que implica trabajar 12 horas diarias durante cuatro días, sin reconocimiento de horas extra y con efectos negativos en la salud, la vida familiar, el tiempo de cuidado y la calidad de vida, el silencio institucional es ensordecedor.

El país ha invertido recursos humanos, económicos y políticos para crear un marco institucional que vele por la igualdad sustantiva. Pero la institucionalidad no puede ser solo ornamental ni técnica. Debe ser política. Debe alzar la voz cuando los derechos de las mujeres se ven amenazados por reformas regresivas que profundizan las desigualdades de género.

Cuando las mujeres luchan, las instituciones deben responder

Hoy no escribo solamente para denunciar la ausencia, sino para invitar a actuar. Este no es un llamado solo a la ministra o al INAMU, sino a todas las personas e instancias que alguna vez se han declarado aliadas de los derechos de las mujeres.

Es hora de pasar del discurso a la acción. De entender que la defensa de nuestros derechos no puede depender únicamente de las organizaciones sociales o del activismo de base: debe ser una responsabilidad compartida entre quienes habitamos las comunidades y quienes ocupan espacios institucionales.

La jornada 4×3 no es solo una propuesta técnica o económica. Es una amenaza que profundiza

desigualdades estructurales y precariza la vida, sobre todo de quienes históricamente han sostenido el país desde los márgenes: mujeres rurales, trabajadoras del sector informal, cuidadoras, migrantes, madres solas.

Si no logramos que el Estado escuche a estas voces, si no logramos que la institucionalidad responda, entonces estaremos fallando colectivamente.

Que el entramado institucional no le falle a las mujeres

Hoy hacemos un llamado firme y fraterno: necesitamos que cada comisión, cada red, cada oficina de género, cada voz con poder dentro del Estado se coloque del lado correcto de la historia. Que se sumen a esta defensa legítima, no desde la formalidad, sino desde la convicción.

Porque cuando los derechos de las mujeres están en riesgo, el silencio no es neutral: es cómplice.

Lo personal es político, y el trabajo también lo es.

Renunciar a la inmunidad

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

El ministro de Justicia, Gerald Campos, para evitarle al Estado, el gasto inútil de tiempo del Congreso, y, consecuentemente, de recursos financieros, renunció a su inmunidad, para ser procesado judicialmente, como ciudadano común sin privilegios odiosos. Por otro lado, la diputada oficialista Pilar Cisneros, adelantó que, si en el caso de la llamada «estructura paralela» de financiamiento electoral, por la que se le acusa y a otros seis funcionarios, la Corte Suprema de Justicia, solicitara a la Asamblea Legislativa el levantamiento de su inmunidad, ella, gustosa, renunciaría a la misma, por las mismas razones consideradas por don Gerald. Meses antes, la expresidenta ejecutiva de la Caja, doña Marta Esquivel, dio un mal ejemplo, pues, ante un muy delicado proceso en su contra, que afecta las finanzas de la CCSS, más bien corrió para que el presidente Chaves, la nombrara en el puesto de ministra de Planificación (para el que no cumple con los requisitos), para adquirir la inmunidad que no tenía. Es decir, hizo lo contrario a lo hecho por el ministro de Justicia, y lo anunciado por la diputada Cisneros.

En el caso que nos ocupa, al presidente se le acusa de haber facilitado, directamente, un pago, presuntamente a la medida, para favorecer a un asesor muy particular, aprovechándose de su alto cargo, incurriendo así en el delito penal de concusión.

Se trata de un proceso inédito, pues jamás antes, la Corte Plena del Poder Judicial, había tramitado algo semejante, y sucede a menos de un año del término de su gestión gubernamental. Por ello, de discutirse en el Congreso de la República, el caso podría hacerse más grande cada día, en virtud de la ya iniciada campaña electoral, por lo cual trastornaría, aún más, el ambiente de paz que demanda el país, ya muy golpeado por los casos de narcotráfico. Por ello creemos, que por prudencia, el señor presidente Rodrigo Chaves, debería considerar inteligentemente, las alternativas que se le ofrecen: 1. Seguir el camino de renunciar a la inmunidad, que ha marcado dignamente el ministro Gerald Campos, y acorde con lo manifestado por la diputada Pilar Cisneros, o, 2. El seguido por la ahora ministra inmune, Marta Esquivel.

Al momento de escribir este comentario, el mismo día de la decisión de los señores magistrados, no conocemos lo decidido por Chaves…

La ONU ha muerto (y nadie fue a su funeral)

Mauricio Herrera Kahn

Murió la ONU. No en un atentado, no bajo los escombros de Gaza, no entre gritos de guerra ni misiones de paz frustradas. Murió en silencio, en pasillos alfombrados, en comunicados tibios, en la indiferencia de los poderosos. Murió de irrelevancia. De burocracia. De cobardía. Y nadie fue a su funeral porque nadie la necesitaba viva.

La vimos agonizar en Siria cuando el Consejo de Seguridad se convirtió en un ring entre vetos y cinismos. La vimos perder credibilidad en Afganistán cuando no supo proteger ni a sus propios funcionarios. La vimos desangrarse en Ucrania convertida en espectadora de una guerra que no pudo frenar. Y la terminamos de enterrar en Gaza cuando miles de niños murieron y la ONU solo alcanzó a escribir informes. Informes que nadie lee. Informes que no detienen los drones.

La ONU ya no es garante de nada. Ni de paz, ni de justicia, ni de soberanía. Es un club de potencias con derecho a veto y una galería de países pobres que asienten. Un sistema donde los crímenes más graves pueden quedar impunes si los comete un aliado. Donde la masacre puede ser diplomáticamente “compleja” y la invasión puede rebautizarse como “operación preventiva”. Donde Israel puede bombardear escuelas sin sanción y Rusia puede vetar cualquier castigo. Donde los muertos pesan menos que los intereses.

El Consejo de Seguridad es hoy el consejo de la parálisis. Y la Asamblea General, una asamblea de discursos impotentes. Ya no hay liderazgo moral. No hay Kofi Annan. No hay Mandela. Solo queda Guterres recitando advertencias que rebotan como gotas en un desierto. No hay sanciones, no hay castigos, no hay protección. Solo hay declaraciones de preocupación. Condenas verbales. Misiones que no despegan. Y un cementerio de esperanzas.

Los cascos azules son un recuerdo de otra época. Hoy la ONU no puede proteger ni a los suyos. Ni siquiera a los niños palestinos que dormían en sus escuelas. Ni siquiera a los refugiados de Sudán. Ni a las mujeres violadas en Congo. La ONU se convirtió en testigo de su propia impotencia. Y en algunos casos en cómplice por omisión.

Pero no todo es incapacidad. También hay cálculo. Porque la ONU no murió solo por falta de poder, murió por exceso de hipocresía. Porque sus resoluciones valen dependiendo del país al que apuntan. Porque si eres Irán te sancionan. Si eres Arabia Saudita te invitan al Consejo de derechos humanos. Si eres Venezuela te vigilan. Si eres Israel te protegen. Si eres Estados Unidos te temen. Porque el multilateralismo murió el día que el poder se volvió selectivo.

Y entonces surge la pregunta incómoda, para qué sirve la ONU? ¿Para dar discursos? ¿Para firmar acuerdos que no se cumplen? ¿Para crear oficinas que nadie financia? ¿Para legitimar intervenciones disfrazadas de ayuda humanitaria? ¿Para instalar paneles solares en medio de una guerra?

El mundo ya no espera nada de la ONU. Los pueblos tampoco. No fue capaz de detener la invasión a Irak, ni la destrucción de Libia, ni la ocupación de Palestina. No fue capaz de impedir el genocidio en Ruanda, ni las limpiezas étnicas en Bosnia, ni la guerra eterna en Yemen. ¿De qué sirve una institución que llega después de las fosas comunes?

Lo más trágico no es su muerte. Es que no tenga reemplazo. Porque mientras la ONU se apaga, no hay otro organismo con legitimidad global. Y en ese vacío crecen las guerras, las alianzas armadas, los bloques cerrados. Crece la OTAN como brazo militar de Occidente. Crecen los BRICS como contrapeso económico. Crecen las cumbres sin reglas, los pactos bilaterales, los escudos nucleares. Pero no crece la paz.

Y sin paz, todo es humo. Porque no importa cuántos tratados se firmen si no hay instituciones que los hagan valer. No importa cuántas conferencias se celebren si las bombas siguen cayendo sobre hospitales. No importa cuántos premios Nobel se entreguen si la ONU ya no puede cumplir su carta fundacional.

El futuro no se juega en Nueva York, sino en Beijing, Moscú, Teherán, Bruselas y Washington. Naciones Unidas dejó de ser el foro principal. Ahora es un edificio simbólico rodeado de banderas y vigilado por cámaras. Un museo de lo que alguna vez fue el sueño del multilateralismo. La ONU está viva solo en los discursos. Pero muerta en el terreno.

Y sin embargo, nadie se atreve a enterrarla. Porque su cadáver aún es útil. Sirve para justificar inacciones, para dar apariencia de diálogo, para mantener una burocracia que sobrevive aunque el mundo colapse. La ONU es hoy un refugio de diplomáticos sin guerra, no un escudo para los pueblos sin paz.

Si mañana desapareciera, pocos lo notarían. Los poderosos ya negocian fuera de ella. Los débiles ya no esperan nada de ella. Los pueblos ya no la invocan. Solo queda el ritual. Las banderas, los traductores, los comunicados que nadie contesta.

La ONU ha muerto. Y nadie fue al funeral.

Porque todos estaban demasiado ocupados preparándose para la próxima guerra…..

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2025/06/la-onu-ha-muerto-y-nadie-fue-a-su-funeral/

Imagen: Wikipedia

Los distritos y su nivel de desarrollo social, ¿adónde estamos en el mapa del desarrollo?

Los de mayor desarrollo en la GAM y los del menor desarrollo en las regiones periféricas

German Masís

Es posible que alguna vez nos hayamos preguntado cuál es el nivel desarrollo socioeconómico del distrito donde vivimos o del distrito donde nacimos o crecimos, pero la realidad del desarrollo de todos los distritos se revela en el Índice de Desarrollo Social de MIDEPLAN, con datos al 2023, el cual nos permite ubicar el nivel de desarrollo de cada distrito del país, de acuerdo con 6 dimensiones de análisis: la Económica, la Salud, la Educativa, la de Seguridad y la de Participación Electoral.

Esta calificación por dimensiones de los distritos, a su vez conduce a ubicarlos en quintiles de desarrollo, en donde el V indica una situación social muy buena, el IV una situación buena, el III una situación regular, el II una situación mala y el I una situación social muy mala.

De esta manera, se configura un mapa de los 483 distritos, en el que es posible conocer por provincia, cantón o región, en cuál quintil se encuentran las diferentes distritos, y cuál es su nivel desarrollo, dividiendo el país en 5 estratos o al menos en 3, los distritos que tienen una muy buena o buena situación social, los que tienen una situación apenas regular y las que tienen una situación mala o muy mala.

En consecuencia, podemos señalar los distritos que pertenecen al quintil V, de una situación muy buena, que como veremos se concentra casi exclusivamente en los distritos de los cantones de las 4 provincias que conforman la GAM, así los distritos de los cantones de Santa Ana, Escazú, Goicoechea, Desamparados, Coronado, Curridabat, Moravia, Tibás y algunos de San José Centro, en la provincia de san José; los de Atenas, Palmares y algunos de Poás en Alajuela, el Cantón Central y La Unión en Cartago, Santo Domingo, San Rafael, Belén, San Joaquín, Barva, San Isidro y Heredia Centro. Esos son los distritos de mayor desarrollo social, desagregado en las mayores puntuaciones en Economía, Salud, Educación, Seguridad y Participación electoral de los cantones y provincias del país, siendo Heredia la provincia y sus cantones, los que tienen la mayor cantidad de distritos en el quintil V, de situación social muy buena. En total suman 94 distritos del quintil V, un 19% del total

En el quintil IV, de situación social buena, se encuentran la mayoría de los distritos de Desamparados, del cantón Central de San José, algunos de Goicoechea, Alajuelita y Puriscal en la provincia de San José, la mayoría de los del cantón central de Alajuela, de San Ramón, Grecia, Zarcero, Valverde Vega y algunos de naranjo en la provincia de Alajuela, la mayoría de los del cantón central de Cartago, de la Unión, de Alvarado y algunos de paraíso, en la provincia de Cartago, la mayoría de santa Bárbara y dos de Barva en la provincia de Heredia, la mayoría de los de Liberia, de Santa Cruz y algunos de Carrillo en la provincia de Guanacaste, algunos de Pococí en Limón, de San Carlos y de Pérez Zeledón.

En total son 96 distritos, un 19.8%, con una situación social buena, tanto de cantones de las provincias de la GAM, como incluyendo de cantones de guanacaste, como uno de Limón y las ciudades de San Carlos y Pérez Zeledón, fuera de la GAM, siendo que los cantones centrales de Alajuela, de Cartago, Desamparados, San Ramón, Grecia, Zarcero, Sarchí, Pacayas, Liberia y Santa Cruz de Guanacaste, son los cantones en los que se concentran los distritos del quintil IV.

Tratando de determinar el conjunto de distritos que se ubican en los quintiles V y IV, es decir los de una situación muy buena y buena, podemos establecer que son 190 distritos o el 39% de los distritos del país, ubicados sobre todo en los cantones de la GAM y algunos de Guanacaste y algunas ciudades intermedias periféricas los que tienen esta condición en el país, ostentando el mayor desarrollo económico, el mayor nivel de salud, de educación, de seguridad y de participación electoral. Esta es la Costa Rica desarrollada, próspera y de mejor calidad de vida.

En el quintil III de una condición social regular, se encuentran varios distritos de Aserrí, Mora, algunos de Desamparados, Puriscal, Alajuelita y del cantón central de San José, varios del cantón Central de Alajuela, de San Ramón, de Naranjo, de San Carlos y algunos de Poás, Zarcero, San mateo y Orotina, de la provincia de Alajuela, varios de Paraíso, de Oreamuno, de Jiménez, de la provincia de Cartago, la mayoría del cantón central de Puntarenas, varios de Nicoya, de Carrillo, de Cañas y Hojancha de Guanacaste, más Limón y Jiménez de Pococí en Limón. Son en total 97 distritos del quintil III, ubicados sobre todo en varios cantones de San José, Alajuela, Cartago, Guanacaste y Puntarenas, con una situación social regular. Es la Costa Rica de un desarrollo parcial e incompleto, que alcanza puntajes medios en una o dos de las dimensiones, ya sea en salud y educación, pero en las demás tienen un nivel desarrollo bajo, tanto a nivel económico, de seguridad y en participación electoral.

En cuanto al quintil II, de una baja situación social, en éste se encuentra la mayoría de los cantones de León Cortés, de Pérez Zeledón, de Turrialba, de San Carlos y del cantón central de Puntarenas y varios de San Ramón, de Esparza, de Quepos y de Corredores de Puntarenas, de Tilarán, Bagaces, Nandayure y Hojancha de Guanacaste, así como de Pococí, Siquirres y Guácimo en Limón. En total suman 98 distritos del quintil II, generalmente ubicados en las provincias periféricas de Puntarenas, Guanacaste y Limón, junto a varios de los cantones de León Cortés, Turrialba y San Ramón.

Finalmente, en el quintil I, de muy mala situación social, se ubican la mayoría de los distritos de Upala, Guatuso, Los Chiles y Río Cuarto de Alajuela, la Cruz de Guanacaste, Sarapiquí de Heredia, Buenos Aires, Osa y Coto Brus de Puntarenas, Matina, Talamanca y Siquirres de Limón, y algunos de León Cortés, Tarrazú, Dota, Acosta y Turrubares de San José, Turrialba, el cantón central de Puntarenas y Golfito, Cañas y Abangares de Guanacaste.

Son 98 distritos, un 20% del total, predominantemente de las regiones periféricas y de las zonas aledañas a San José, como los Santos y la Central Sur de cantones, que en su conjunto conforman distritos costeros, fronterizos y rurales. Los distritos de los quintiles I y II, de una condición mala y muy mala, suman 196 y representan el 40.5% de la totalidad de distritos del país, en donde las calificaciones de las dimensiones son en general bajas, expresadas en bajos niveles de desarrollo económico, de salud, educación y seguridad ciudadana, mientras que en ellos la participación electoral suele ser la más baja del país.

Estos dos segmentos, representan la Costa Rica, poco desarrollada, con grandes limitaciones, ubicada en las costas y las fronteras y abandonada por la acción estatal, asociada a los mayores niveles de pobreza, de desigualdad y desarrollo humano de las regiones y del país como lo hemos mencionado en artículos anteriores.

¿Ahora son tres Costa Ricas, la de situación social alta, media y la más baja, a cuál perteneces?

La trampa de las elecciones nacionales

Por José Rafael Quesada Jiménez

Cada cuatro años, los costarricenses nos sumergimos en un ritual cívico que despierta pasiones, esperanzas y falsas promesas: las elecciones nacionales. Una vez más, se nos dice que “ahora sí” todo cambiará o nos renovamos para cambiar. Pero, ¿y si la transformación que necesitamos no puede lograrse solo en las urnas? ¿Y si estamos atrapados en un mecanismo que reproduce el inmovilismo?

Elecciones sin rumbo

Las elecciones, aunque necesarias, no son suficientes. Las promesas se repiten, se diluyen, y al poco tiempo son sustituidas por la decepción. Los partidos —viejos y nuevos— insisten en discursos desgastados, carentes de visión estratégica. Pero lo más grave: no tienen un relato histórico nacional claro, ni un proyecto colectivo que inspire a las nuevas generaciones. Parece que solo el Ejecutivo parece tener una imagen de lograr la mayoría electoral para transformar el Estado Nacional, asamblea constituyente incluida.

Como diría Rodrigo Facio Brenes, se requiere una «revolución mental» para que el país tome conciencia de su propio destino. Pero en lugar de revolución, lo que vemos es reiteración. En vez de despertar, hay una anestesia colectiva sostenida por una clase política sin audacia ni profundidad.

Un país sin imagen de futuro

El país está extraviado. No porque falten candidatos o partidos —tenemos demasiados—, sino porque ninguno propone una visión transformadora de largo plazo. La política costarricense ha perdido altura y densidad histórica. Lo que hace falta no es más administración de lo mismo, sino una nueva dirección histórica, un nuevo relato. Desde mi mirada, ese relato debe ser humanista o al menos cercano a esa visión.

Como se afirma en el Documento Humanista:

Nada por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo de otro.”

Ese principio esencial exige una transformación profunda del modelo político, económico y cultural. Las elecciones deberían abrir camino a esa transformación, pero hoy más bien la cierran, la disimulan o la falsean.

El problema es estructural, no coyuntural

No estamos ante una crisis de gestión; estamos ante el agotamiento de un modelo. Las instituciones fundamentales del país —educación, salud, transporte, seguridad, ambiente— no están funcionando como garantes del bienestar colectivo:

  • Educación: abandonada, rezagada, desarticulada, sin alma

  • Telecomunicaciones: Un ICE que termina siendo un competidor más en el mercado, sin entrar en la disminución de la brecha digital

  • Salud: colapsada, sobrepasada, burocratizada, deshumanizada

  • Transporte: anticuado, con estrés y contaminación, sin propuestas

  • Seguridad: realmente inseguridad, absorbida por la lógica del narco y la criminalidad, patrimonial y social.

  • Los seguros: El caso del INS que no permite pensar en la solidaridad como instrumento de cobertura de los más vulnerables

  • Crisis climática: sin alma para soluciones, sin emoción y apoyo de la población

Como decía don Manuel Mora Valverde, «el Estado debe ser el protector de los débiles y regulador del poder económico», pero hoy el Estado parece más bien desmantelado, impotente o cómplice de intereses privados.

El mesianismo electoral y la fragmentación sin sentido

Otra trampa es el mesianismo político: la creencia en que un solo líder (candidatura) «lo resolverá todo». Pero no hay mesías. Ni candidatos milagrosos. Hay cientos de candidaturas dispersas, promoviendo un nuevo mosaico partidario donde lo más probable es que uno o dos partidos concentren una fracción legislativa mayor a los 30 diputados, mientras el resto del Congreso se fragmenta en 10 o más fracciones políticas sin rumbo, sin propósito estratégico, sin unidad de proyecto país.

Este “picadillo” legislativo impediría la gobernabilidad real y favorece el chantaje parlamentario, los intereses particulares y la parálisis institucional.

Como advertía Alberto Cañas Escalante, “el país no necesita más partidos, necesita más ciudadanos con conciencia histórica, con ética pública y sentido de dirección”.

Desconexión con el mundo

Uno de los errores más graves de la actual dirigencia política (de gobierno y oposición) es no ver el mundo. No parecen leer los cambios de época. No entienden el papel de la inteligencia artificial, la transformación laboral, la crisis climática, ni las disputas geopolíticas globales en la transformación civilizatoria que se avizora en el camino mundial, como tampoco la posibilidad de avance hacia una “singularidad histórica y tecnológica” que transformaría la vida del Sapiens sapiens como lo conocemos hoy.

Costa Rica sigue alineándose a bloques de poder internacional sin análisis, sin estrategia. No tenemos política exterior, ni visión económica a largo plazo. Nuestra neutralidad histórica se desvanece sin reflexión colectiva, y parecemos repetir errores históricos por omisión.

¿Para qué sirven entonces las elecciones?

No hay que desecharlas. Las elecciones son un punto de partida, pero no un final. No se puede seguir presentándolas como la “gran solución nacional”. Su verdadero valor está en abrir posibilidades, generar pequeñas rupturas del orden establecido y permitir que nuevas fuerzas sociales impulsen un proceso profundo de transformación. Debemos avanzar hacia una democracia real y superar la insuficiente democracia representativa que nos caracteriza por imprimir negación a los avances, representación territorial y mecanismos realmente democráticos que requiere esta nueva época.

Como dice el Movimiento Humanista, “la verdadera revolución no se hace con armas, ni desde arriba, sino desde las conciencias, desde abajo, desde el cambio profundo de la mirada sobre uno mismo y los otros”.

Conclusión: una dirección histórica humanista

Costa Rica necesita despertar. No hacia la ilusión de un nuevo gobierno, sino hacia la construcción de un nuevo país. Un país donde el humanismo no sea un eslogan sino una dirección histórica. Donde la política no sea espectáculo sino servicio. Donde la ciudadanía sea protagonista y no espectadora. Donde la democracia sea Real y no una ilusión.

Y ese proceso no empieza ni termina con una elección. Comienza cuando decidimos romper con la trampa y asumimos la construcción colectiva de un nuevo horizonte civilizatorio.

Del combate a la corrupción al abuso de poder: Costa Rica en la mira

Martín Rodríguez Espinoza

Yo no sé ustedes, pero a mí como ciudadano me preocupa como se vienen dando estas, y muchas otras cosas sin que se le ponga freno, antes de que sea tarde. ¿Violar la Constitución Política, las Leyes y autonomía de los Poderes de la República?, me suena a que se cocina un régimen autoritario, con sesgos cercanos al fascismo muy fuertes. Esto, aunque crea que crea en que vivimos en una democracia de los ricos y no del pueblo, la Constitución, no perfecta, pero con cosas importantes, es La Constitución.

También creo que, desde el golpe de Estado en 1948, los años 50’s, 60’s, 70’s, y profundizándose más fuertemente desde los años 80’s a esta parte del siglo XXI, la corrupción descarada, el saqueo y la estafa han prevalecido. Hay un poder financiero de un grupúsculo de familias que han manejado títeres en la silla presidencial y las curules legislativas, así como en gobiernos locales, para seguir acrecentando sus ganancias a costa de la clase trabajadora y el pueblo en general.

Ya lo vemos hoy con el tema de la CCSS, la jornada de 12 horas, la Ley antihuelgas, el Combo Fiscal, la Ley de Empleo Público, el TLC y tantos otros nefastos inventos impulsados por ese poder económico y ejecutado por los verdugos del pueblo desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, aparte de los “medios de comunicación”, que pertenecen a esta casta financiera.

Claro que hay razón para hablar que hay una inmensa telaraña de corrupción y saqueo en Costa Rica, siempre dije que este país es de los más corruptos del mundo.

Pero en Costa Rica estamos viendo con profunda preocupación cómo el aparato estatal está siendo utilizado para perseguir políticamente a congresistas y periodistas, bajo el pretexto de combatir esa corrupción. Que una unidad como la UEI, adscrita al Ministerio de la Presidencia, reciba órdenes “de arriba”, como dicen los medios de comunicación, para vigilar a diputados vinculados a Huawei y a comunicadores sociales es un grave atentado contra la Constitución Política, aunque ya lo han hecho contra dirigentes sociales desde hace décadas.

No estamos hablando de una investigación judicial legítima, sino de seguimientos extralegales ordenados desde el poder Ejecutivo, lo cual recuerda los peores momentos del autoritarismo disfrazado de lucha contra la corrupción. Cuando el Estado vigila a quienes deben fiscalizarlo, cuando se espía a la prensa y al parlamento, no estamos ante un gobierno transparente, sino ante uno que abusa del poder para silenciar y amedrentar. La verdad no se busca con espionaje, se exige con rendición de cuentas, respeto a la libertad de expresión y al proceso de recolección de pruebas que demuestren el delito.

Esto que vivimos en este momento, como sucedió en la Alemania Nazi, en el Chile de Pinochet, de Efraín Ríos Montt en Guatemala, los Somoza en Nicaragua y tantos otros, puede convertirse en una dictadura fascista. Eso, quiéranlo aceptar o no, es una tragedia social de grandes y nefastas consecuencias.

En mi siguiente comentario, “El bonapartismo en Costa Rica”, que estoy por terminar, comentaré sobre cómo y por qué surgen este tipo de peligrosos sujetos, y cómo desde el marxismo ya estaba identificado este tipo de situaciones producto de la podredumbre del sistema capitalista en decadencia.

29 de junio de 2025

Costa Rica: ¿Progreso o retroceso? La contradicción de un gobierno que prioriza horas sobre desarrollo

Por JoseSo
Analista Político

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y numerosos estudios en especial en países europeos, además de Colombia y México qué están avanzando en este tipo de legislación, demuestran que reducir la jornada laboral a 40 horas semanales o menos aumenta la productividad porque mejora el equilibrio entre vida y trabajo, reduce el estrés y previene el agotamiento. Trabajadores más descansados y con mayor bienestar cometen menos errores, son más creativos y mantienen una mayor concentración. Países como Alemania, Dinamarca y Noruega, con jornadas más cortas que las de Costa Rica, registran altos niveles de eficiencia y competitividad, demostrando que no son las horas trabajadas, sino su calidad, lo que impulsa el rendimiento.

Además, la OIT sostiene que las jornadas excesivas generan costos ocultos en salud pública y rotación laboral. En Europa, experiencias como la de Islandia —que redujo la semana laboral a 35-36 horas sin bajar salarios— mostraron que los empleados mantuvieron o incluso incrementaron su productividad, mientras empresas reportaron menor absentismo y mayor retención de talento. Esto confirma que políticas laborales inteligentes no están reñidas con la eficiencia económica; al contrario, invertir en condiciones dignas es invertir en productividad sostenible.

Paradoja de la administración Chaves Robles y los partidos tradicionales que se les alían en esta contradicción

En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado una paradoja difícil de ignorar: mientras el país necesita con urgencia modernizar su infraestructura y servicios públicos para no quedarse atrás en competitividad, el gobierno insiste en impulsar políticas que, en lugar de avanzar, nos retrotraen a modelos laborales del siglo pasado. La convocatoria a sesiones extraordinarias para aprobar las Jornadas 12 horas 4×3 es un ejemplo claro de esta contradicción. ¿Por qué dedicar esfuerzos políticos a flexibilizar horarios laborales —un tema que erosiona derechos históricos— en lugar de priorizar proyectos clave como la Ley Marco de Asociación Público-Privada (APP), que podría dinamizar la inversión en carreteras, transporte y energía?

Las jornadas de 12 horas 4×3: Un paso atrás en el Estado Social de Derecho

El proyecto de jornadas 4×3 no es neutral: representa un retroceso en las condiciones laborales que por décadas han distinguido a Costa Rica en la región. El país construyó su estabilidad social sobre pilares como el salario digno, la jornada de 8 horas y el respeto a los derechos de los trabajadores. Estas conquistas no son solo un legado ético; son también la base de una mano de obra calificada y productiva. Flexibilizar las jornadas sin garantías sólidas —como sucede en la propuesta actual— no solo desgasta la calidad de vida de las familias, sino que puede aumentar el desgaste físico y mental, reduciendo la eficiencia a mediano plazo.

El argumento de “generar empleo” es engañoso: el empleo precario no desarrolla un país. Si el gobierno realmente quisiera reactivar la economía, debería enfocarse en crear empleo de calidad, vinculado a proyectos estratégicos que resuelvan los cuellos de botella que ahogan nuestra competitividad.

La APP: La deuda pendiente con el desarrollo

Mientras el Congreso discute cómo alargar la jornada laboral, otros temas urgentes duermen en la gaveta. La Ley Marco de Asociación Público-Privada lleva años postergada, a pesar de que el modelo actual de concesiones —heredado de los 90— ha demostrado ser lento, opaco e ineficiente. Basta ver el estado del transporte público, las carreteras colapsadas o la lentitud en proyectos de energía renovable para entender que el Estado solo no puede resolver estos problemas.

Las APP bien diseñadas —con controles claros y participación ciudadana— podrían ser una herramienta para atraer inversión, descongestionar la infraestructura y mejorar servicios esenciales. Pero en lugar de impulsar este debate, el gobierno prefiere enfocarse en una reforma laboral que divide a la sociedad y beneficia solo a ciertos sectores empresariales.

¿Dónde está la prioridad?

No se trata de satanizar la flexibilidad laboral o idealizar las APP, sino de cuestionar la coherencia de un gobierno que habla de progreso, pero invierte su capital político en iniciativas regresivas. Costa Rica necesita un plan integral que:

  • Proteja los derechos laborales sin caer en rigidices, pero sin sacrificar el bienestar de los trabajadores.

  • Acelere la inversión en infraestructura mediante mecanismos modernos y transparentes, como las APP.

  • Priorice lo urgente. El país no puede permitirse otro lustro de debates circulares mientras el transporte colapsa y las empresas pierden horas en tacos.

Mientras otros países de la región avanzan en alianzas estratégicas para modernizarse, Costa Rica arriesga su futuro discutiendo si es aceptable que un trabajador labore 12 horas seguidas. La pregunta no es solo técnica, sino moral: ¿qué clase de desarrollo queremos? Uno que recorta derechos, o uno que construye bases sólidas para crecer.

El gobierno tiene la palabra. O mejor dicho, la acción en el año que le queda, después de tres años de hacer lo contrario, pelear hasta con partidos afines a sus políticas, solo para poner excusas y quedar bien por estilo retórica y no legado permanente.

Irán  / Israel: algunas reflexiones desde la perspectiva del derecho internacional público

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

La reciente confrontación durante 12 días entre Israel e Irán ha dado lugar a numerosos comentarios y análisis en medios de prensa en este mes de junio del 2025.  

No obstante, desde la la perspectiva jurídica internacional, es preciso señalar algo que, por alguna razón, no se ha mayormente dado a conocer: el carácter totalmente ilegal de los bombardeos sobre Irán por parte tanto de Israel como de Estados Unidos. 

Víctimas civiles, y una justificación para atacar a Irán más que cuestionable

Lejos de limitarse a alcanzar únicamente objetivos militares, los bombardeos de Israel provocaron la muerte de 610 personas en Irán, de las cuales 16 eran científicos y 10 altos mandos militares y más de 4.700 heridos (véase nota de Reuters del 28 de junio del 2025). En este mismo cable se precisa que las respuestas militares de Irán en el territorio de Israel, causaron la muerte de 28 personas e hirieron a 3.238 israelíes.

En una reciente entrevista (26 de junio), el funcionario de Naciones Unidas con mayor conocimiento sobre los alcances del programa nuclear iraní confirmó que Irán no estaba en posesión de ninguna arma nuclear ni a punto de poseerla, al momento de iniciar Israel sus bombardeos sobre Irán (véase entrevista de RFI- Radio France Internationale). Las últimas comunicaciones de Irán a Naciones Unidas sobre su programa nuclear (3 de junio) así lo señalaban (véase enlace oficial).

Nótese que, en América Latina, fueron varios los Estados en condenar desde el primer día el ataque de Israel a Irán,  como por ejemplo Bolivia (véase comunicado oficial del 13 de junio), Brasil (véase comunicado oficial), Chile (véase comunicado oficial), Colombia (véase comunicado oficial), Perú (véase comunicado oficial) y Venezuela (véase comunicado oficial). En Europa, se puede mencionar el comunicado oficial de España del 13 de junio y el de Noruega (véase texto), entre otros. 

De igual manera, en Oriente Medio, se puede referir al texto circulado por el aparato diplomático de Turquía (véase comunicado), de Emiratos Árabes Unidos (véase comunicado) y de Qatar (véase comunicado), entre otros; o bien en Asia, al comunicado de Malasia (véase comunicado oficial). Por su parte, Sudáfrica emitió un extenso comunicado oficial, en el que recuerda las reglas básicas que imperan desde 1945 (véase texto).

En América Latina, el mutismo de los aparatos diplomáticos de Argentina y de Paraguay al respecto, así como de Costa Rica, de Ecuador y de Panamá, merecen ser señalados.

En el caso de Costa Rica, no fue sino 10 días después (el 23 de junio) que se leyó (véase comunicado oficial)  en un texto bastante escueto, y que omite mencionar a Israel y a Estados Unidos (así como a Irán), que:

«Costa Rica expresa su honda preocupación por el aumento de tensiones en Medio Oriente y urge a las partes a recurrir a la diplomacia para encontrar una solución pronta y sostenible al conflicto que evite mayores pérdidas de vidas inocentes en los países involucrados«.

La reglas básicas del ordenamiento jurídico internacional

El uso de la fuerza por parte de un Estado contra otro Estado que no haya sido objeto de un ataque previo, constituye una violación a la Carta de Naciones Unidas adoptada en 1945; en este preciso caso, ni Israel, ni Estados Unidos fueron objeto de un ataque previo por parte de Irán, por lo que sus acciones militares en el territorio iraní constituyen una clara violación a la Carta de Naciones Unidas.  

La posición de ambos Estados es jurídicamente «indefendible«, tal y como lo titula este artículo publicado en el sitio especializado de JustSecurity en Estados Unidos, y este otro publicado en el sitio europeo especializado de EJIL-Talk.

Desde el inicio de las operaciones militares isralíes en su contra, Irán circuló en Naciones Unidas una carta sobre el carácter ilegal, desde la perspectiva del derecho internacional público, de los bombardeos israelíes (véase carta). En otra carta con fecha del 28 de junio, Irán ha solicitado al Consejo de Seguridad declarar a Israel y a Estados Unidos como iniciadores de esta agresión, con miras a exigirles a ambos el pago de compensaciones e indemnizaciones por los daños ocurridos en Irán desde el 13 de junio  (véanse extractos de la carta en esta nota de prensa de TasminNews). 

Las reglas que invoca Irán contra Israel son muy similares a las invocadas por Ucrania al sufrir desde el 24 de febrero del 2024 una invasión militar por parte de Rusia y exigir, de igual manera, compensaciones y reparaciones. Resulta más que llamativo la inconsistencia de muchos Estados al solidarizarse con Ucrania en febrero del 2022 y al mantenerse extremadamente cautos a la hora de condenar a Israel (y luego a Estados Unidos) en este mes de junio del 2025: su posición en junio del 2025 puede ser comparada al voto registrado en marzo del 2022 en Naciones Unidas condenando de manera abrumadora la agresión de Rusia a Ucrania (Nota 1).

Los bombardeos de Israel en Irán no fueron solamente declarados ilegales por las máximas autoridades persas. También fueron condenados por los precitados Estados de Américta Latina y de otros continentes, y denunciados por expertos de derechos humanos de Naciones Unidas como atentatorios a las reglas vigentes en derecho internacional público: véase al respecto este comunicado de prensa del 20 de junio, pasado prácticamente desapercibido en los principales medios de prensa internacional. La misma poca difusión se puede observar con relación a este otro comunicado conjunto condenando los ataques por parte de Estados Unidos a Irán (véase comunicado del 26 de junio del 2025), que señala que:

«“Preventive” or “anticipatory” self-defence against speculative future threats, such as nuclear proliferation or terrorism, has not been permitted by international law since the United Nations Charter was adopted 80 years ago.

Accepting preventive self-defence would unleash a catastrophic era of ‘might is right’, where powerful countries could bomb others to advance their security or foreign policy interests. This would fuel corrosive suspicion, ‘arms races’ and destabilising ‘balance of power’ alliances – precisely what the post-1945 order, out of the ashes of a world war, aimed to avoid,” they said. “It would further destabilise the Middle East region and increase the risk to human rights everywhere.

Ataques de Israel y Consejo de Seguridad: algunas experiencias pasadas

Más allá de la poca difusión de los comunicados de prensa de Naciones Unidas cuando condenan el accionar de Israel, lo cual plantea preguntas muy válidas, cabe reiterar algo pocamente difundido, al menos en las diversas notas de prensa que se han publicado en medios informativos en América Latina: el derecho internacional público y la Carta de Naciones Unidas no contemplan una supuesta «legítima defensiva preventiva» tal y como la invocó, por ejemplo, Estados Unidos al inicar su ofensiva militar contra Irak en el 2003, así como Israel en 1981 al bombardear en Irak la central nuclear de Osirak (Nota 2). En aquella ocasión (1981), el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 487(1981) en la que se lee que el Consejo de Seguridad:

«l. Condena energicamente el ataque militar de Israel que viola claramente la Carta de las Naciones Unidas y las normas de) comportfimiento internacional; 

2. Pide a Israel que se abstenga en el futuro de cometer actos de esa clase o amenazar con cometerlos; 

3. Considera asimismo que el ataque mencionado constituye una grave amenaza para todo el regimen de salvaguardias del Organismo Internacional de Energia Atómica, que es el fundamento del Tratado sobre la no proliferaci6n de armas nucleares; 

4. Reconoce plenamente el derecho soberano inalienable del Iraq y de todos los demas Estados, en especial los países en desarrollo, de establecer programas de desarrollo tecnológico y nuclear a fin de desarrollar su economia e industria con fines pacíficos, de acuerdo con sus necesidades actuales y futuras y en forma compatible con los objetivos internacionalmente aceptados de impedir la proliferaci6n de armas nucleares». 

En 1985, al realizar un ataque Israel a Túnez, con el fín de destruir el cuartel general de dirigentes palestinos, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 573 (1985) en la que el Consejo de Seguridad:

«1. Condena enérgicamente el acto de agresión armado perpetrado por Israel contra el territorio de Túnez en patente violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho y las normas de conducta internacionales; 

2. Exige que Israel se abstenga de perpetrar tales actos de agresión o de amenazar con perpetrarlos; 

3. Insta a los Estados Miembros que adopten medidas para disuadir a Israel de recurrir a tales actos contra la soberanía y la integridad territorial de cualquier Estado; 

4. Estima que Túnez tiene derecho a una reparación apropiada por la pérdida de vidas humanas y los daños materiales que ha sufrido y de los que Israel se reconoce responsable».

De igual manera se condenó a Israel por una acción similar en Túnez en 1988 mediante la resolución del Consejo de Seguridad 611(1988).

Quiérase o no, desde 1981,1985, 1988, las reglas vigentes en derecho internacional público se han mantenido inmutables, y ello en realidad desde 1945: no hay jurídicamente manera de defender o bien de justificar la idea de acciones militares «anticipadas» o  de carácter «preventivo» de un Estado contra otro Estado.

En este mes de junio del 2025, el bombardeo deliberado de centrales nucleares en Irán por parte de Israel, y luego por parte de Estados Unidos, constituyen a su vez una violación grave a la Carta de Naciones Unidas. Sobre este preciso punto, el Director General de la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) declaró desde desde el mismo 13 de junio (véase texto completo de su declaración) con relación a los bombardeos sobre Irán por parte de Israel que:

«any armed attack on and threat against nuclear facilities devoted to peaceful purposes constitutes a violation of the principles of the United Nations Charter, international law and the Statute of the Agency«

Resulta sumamente llamativo que la total ilegalidad del accionar de Israel en Irán iniciado el 13 de junio, y luego la operación militar puntual de Estados Unidos en Irán del 22 de junio,  no hayan sido mayormente denunciadas como una clara y peligrosa deriva, que atenta contra los principios más básicos del ordenamiento jurídico internacional vigente desde 1945. 

Estados Unidos e Israel: una dupla a toda prueba

De manera a relacionar lo ocurrido desde el 13 de junio del 2025 con el contexto propio de las relaciones entre Israel y Estados Unidos, no resulta de más recordar que el actual mandatario norteamericano confía ciegamente en las informaciones con las que le provee Israel. 

En efecto, durante su primer mandato, optó el 8 de mayo del 2018 por retirar a Estados Unidos del denominado «pacto nuclear» sellado en julio del 2015 entre Irán y la comunidad internacional, luego de casi 20 años de intensas negociaciones. La decisión unilateral de Estados Unidos se basó en «informes de inteligencia» de Israel sobre el programa iraní, dadas a conocer a finales del mes de abril del 2018 (véase artículo de prensa del New York Times). Las conclusiones a las que llegó Estados Unidos fueron formalmente desmentidas por la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) de Naciones Unidas, al sostener que Irán sí estaba cumpliendo a cabalidad con todo lo pactado en el 2015 con la comunidad internacional, tal y como tuvimos la oportunidad de plantearlo en un texto titulado precisamente: «¿Informantes malinformados? OIEA desmiente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear» (Nota 3). 

En los primeros días del año 2020, tuvimos la oportunidad de analizar desde la perspectiva jurídica, el asesinato en Irak de un alto mando iraní por parte de Estados Unidos (Nota 4): la carta enviada el 6 de enero del 2020 por Irak a Naciones Unidas (véase texto) invoca, de igual manera que Irán en junio del 2025, las reglas imperantes que derivan de la misma Carta de Naciones Unidas desde 1945. En setiembre del 2024, el Líbano de igual forma las invocó, al sufrir una serie de bombardeos de Israel en su territorio (véase carta).

Como ya indicado con anterioridad, en octubre de 1985, fue esta vez Túnez la que denunció ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas las violaciones perpetradas por la aviación de Israel en su territorio (véase carta).

Israel: la necesidad de desviar la atención de lo que ocurre en Gaza

Como ya viene siendo costumbre desde la tarde /noche del 7 de octubre del 2023, es en gran parte en aras de desviar la atención internacional sobre el drama que se vive Gaza, y cohesionar a sus aliados cuando se distancian de Israel, que Israel optó por ir a bombardear sitios nucleares en Irán. Lo hizo el 13 de junio, pocas horas después de un nuevo fracaso diplomático con relación a Gaza en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, registrado el 12 de junio (Nota 5). Al optar por ir a bombardear a Irán, Israel se arriesgó a una respuesta militar iraní inmediata o casi, y a una escalada mayor entre ambos, permitiéndole desviar aún más la atención sobre lo que ocurre en Gaza. 

El último informe de Naciones Unidas al 26 de junio sobre la situación en Gaza (véase enlace) detalla la extrema violencia contra la población civil que impone Israel, con saldos mortíferos diarios y saldos de heridos graves que deben ser atendidos por una red hospitalaria en Gaza prácticamente destruída, sin medicamentos ni material. Este mensaje del Secretario General de Naciones Unidas del 27 de junio (véase enlace) recuerda la imperiosa necesidad de dejar entrar sin más preludios la ayuda humanitaria a Gaza y descartar la entrega de esta ayuda por una fundación privada que ha demostrado ser incapaz de superar los desafíos que supone atender a 2,3 millones de personas hambrientas y desesperadas. 

Tuvimos hace poco en la radio universitaria costarricense (véase enlace) la posibilidad de externar criterio en el marco de una emisión radial, en compañia de la representante de Palestina en Costa Rica, titulada: «La deshumanización como técnica narrativa para volver aceptable lo inaceptable: el genocidio en Gaza» (audio en Spotify disponible aquí). El pasado 19 de junio, la Universidad de Nottingham en el Reino Unido auspició una mesa redonda para profundizar las relaciones existentes entre apartheid, genocidio y limpieza étnica con diversos especialistas (véase enlace del programa).

Nótese que el pasado 25 de junio, Israel anunció la muerte de siete jóvenes soldados en Gaza, con edades oscilando entre 19 y 21 años (véase nota del Timesof Israel): un aspecto que debiera preocupar a muchos en Israel, al evidenciarse, como en ocasiones anteriores, la poca experiencia y preparacion de los soldados que envía a combatir en Gaza. A mediados de junio, fueron ocho las bajas de muy jóvenes israelíes en un solo día (véase nota del TimesofIsrael del 15 de junio). Al iniciar junio, esta nota del TimesofIsrael también refirió a tres soldados muy jóvenes que perdieron la vida en Gaza.  

No está de más recordar que, de manera a distraer la atención sobre lo que ocurre en Gaza, días antes de iniciar el segmento de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas en setiembre del 2024 (que se alistaba a examinar la dramática situación en Gaza), Israel lanzó una operación militar en el Líbano con la explosión a distancia de miles de beepers el 17 de setiembre del 2024, iniciando una confrontación con el Hezbollah más allá del Sur del Líbano. 

Es con este misma idea de desviar la atención de la opinión pública internacional, que horas antes de que la CIJ diera lectura a su primera ordenanza sobre Gaza en La Haya el 26 de enero del 2024, Israel informó al mundo de informes de inteligencia sobre supuestos «nexos» entre funcionarios de la Agencia de Naciones Unidas que asiste a los refugiados palestinos (más conocida por sus siglas UNRWA) con el Hamás: la UNRWA sigue desde entonces esperando evidencias y pruebas al respecto (véase sección titulada «UNRWA: Claims versus facts» en este enlace oficial de la UNRWA).

A modo de conclusión

La previsible respuesta militar de Irán ha puesto a prueba el sistema de defensa antimisiles de Israel, dejando en entredicho su eficacia, al alcanzar varios misiles iraníes sus objetivos en Israel durante los 12 días de confrontación militar entre ambos Estados, separados por 1500 kilómetros. 

En esta reciente nota del Newsweek, se hace ver que uno de los altos mandos militares supuestamente eliminado por Israel en Teherán, en realidad no lo fue.  

Con relación a la fecha escogida por Israel para llevar a cabo su ofensiva militar sobre Irán el pasado 13 de junio del 2025, es de señalar que también obligó a Francia y a Arabia Saudita a suspender la cumbre prevista a partir del 17 de junio en Nueva York sobre la solución de dos Estados y el reconocimiento de Palestina como Estado (véase enlace de la diplomacia gala al respecto). De paso, vació de todo sentido las negociaciones que llevaba a cabo Irán con Estados Unidos sobre su programa nuclear, con una sexta ronda de negociaciones prevista en Omán el 15 de junio que se suspendió (véase nota de la agencia Reuters).

Resulta notoria la forma tan peculiar de Israel de torpedear y posponer esfuerzos hechos para encontrar una solución pacífica negociada en álgidos temas que sacuden a Oriente Medio desde largos años, y de paso, desviar la atención del mundo del drama indecible que se vive en Gaza. Pero más llamativa resulta la complacencia de muchos Estados, al no condenar de manera vehemente este nuevo episodio, que, pese a su silencio (o a su reacción más que reservada), atenta contra los principios juridicos fundacionales que sostienen el ordenamiento jurídico internacional desde 1945. 

–  Notas  –

Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Agresión de Rusia a Ucrania: abrumador voto en la Asamblea General de Naciones Unidas«, 2 de marzo del 2022. Texto integral  disponible aquí.

Nota 2: Véase al respecto FISCHER G., «Le bombardement par Israël d’un réacteur nucléaire irakien«, AFDI (Annuaire Français de Droit International), Vol. 27 (1981), pp. 147-167. Texto integral disponible aquí

Nota 3: Véase BOEGLIN N., «¿Informantes malinformados? OIEA desmiente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear«, Sitio jurídico de Derechoaldia.com, edición del 13 de mayo de 2018, Texto integral disponible aquí.

Nota 4: Véase BOEGLIN N., «El asesinato de Ghassem Soleimani por parte de Estados Unidos en Irak: breves apuntes desde la perspectiva jurídica«, 4 de enero del 2020. Texto integral disponible aquí

Nota 5: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: desde una Costa Rica omisa, apuntes relativos a la abrumadora votación en Naciones Unidas que aisla más a Israel«, 12 de junio del 2025. Texto disponible aquí.