Ir al contenido principal

La hostilidad contra el voto electoral

Escrito en . Publicado en Análisis.

José A. Amesty Rivera

Durante las últimas tres décadas, América Latina ha vivido una intensa pelea política entre proyectos que buscan ampliar derechos sociales, fortalecer el papel del Estado y reducir desigualdades, y sectores económicos, mediáticos y políticos que defienden modelos más conservadores o neoliberales. En este escenario, las elecciones han sido fundamentales, pero no siempre suficientes.

Cada vez que un proyecto progresista o de izquierda, ha logrado llegar al gobierno por la vía democrática, han aparecido distintos mecanismos para limitarlo, debilitarlo o expulsarlo del poder. Algunas veces fueron golpes de Estado clásicos, con militares en las calles, otras veces se utilizaron fórmulas más sofisticadas como: campañas mediáticas permanentes, persecuciones judiciales, destituciones exprés, bloqueos institucionales o procesos conocidos como lawfare, es decir, el uso político del sistema judicial para neutralizar adversarios.

No existe consenso absoluto sobre cuántos casos deben clasificarse como golpes, lawfare o maniobras antidemocráticas. Sin embargo, al observar la región entre mediados de los años noventa y la actualidad, pueden identificarse al menos una decena de episodios relevantes que afectaron a gobiernos o líderes progresistas elegidos democráticamente.

Uno de los casos más conocidos ocurrió en Venezuela en abril de 2002. Tras una intensa confrontación política, sectores militares y empresariales lograron sacar temporalmente del poder al presidente Comandante Hugo Chávez y durante horas se instaló un gobierno de facto encabezado por Pedro Carmona.

La movilización popular y la reacción de sectores militares leales permitieron el retorno de Chávez al poder en menos de 48 horas. Este episodio mostró que, incluso en pleno siglo XXI, los golpes tradicionales seguían siendo una posibilidad.

En junio de 2009, militares hondureños sacaron de su casa al presidente Manuel Zelaya del país y lo enviaron al extranjero. Aunque los promotores intentaron presentar la acción como una medida constitucional, buena parte de la comunidad internacional la calificó como golpe de Estado.

El caso hondureño marcó una nueva etapa, la combinación de instituciones civiles, tribunales y fuerzas armadas para justificar la ruptura del orden democrático.

Otro caso fue la destitución relámpago de Fernando Lugo en Paraguay, fue sometido a un juicio político que duró apenas unas horas y tuvo escasas garantías para ejercer su defensa. Aunque formalmente se respetó el procedimiento constitucional, numerosos gobiernos latinoamericanos consideraron que se trató de un “golpe parlamentario”. El mensaje fue claro, ya no era necesario sacar tanques a la calle para remover a un presidente incómodo.

Recordemos igualmente la caída de Evo Morales en Bolivia, la crisis boliviana de 2019 sigue siendo objeto de debate político e histórico. Tras denuncias de irregularidades electorales, presiones policiales y militares llevaron a la renuncia de Evo Morales.

Sus partidarios sostienen que fue un golpe de Estado; sus detractores afirman que fue consecuencia de una crisis institucional provocada por el propio gobierno. Lo cierto es que un presidente electo abandonó el cargo bajo presión de las fuerzas armadas y la policía, un hecho extremadamente grave para cualquier democracia.

Por otro lado, irrumpe el Lawfare, que es la nueva cara de los golpes del siglo XXI. Durante buena parte del siglo XX, cuando las élites económicas y políticas querían sacar del camino a un gobierno popular, recurrían a los cuarteles, los tanques y los golpes militares. América Latina conoció demasiado bien esa historia.

Sin embargo, en el siglo XXI, esos métodos comenzaron a tener un alto costo político, ya no era tan fácil justificar ante el mundo que un grupo de militares derrocara a un gobierno elegido por el pueblo. Fue entonces cuando apareció una herramienta más sofisticada, el lawfare.

La palabra combina los términos ingleses law (ley) y warfare (guerra). En términos simples, significa utilizar las instituciones judiciales como armas de combate político. Desde la perspectiva de amplios sectores de la izquierda latinoamericana, el objetivo no es hacer justicia, sino neutralizar, desacreditar o sacar de la competencia electoral a dirigentes populares que no pudieron ser derrotados en las urnas electorales.

El mecanismo suele repetirse así: primero aparecen denuncias amplificadas durante meses por grandes medios de comunicación; luego llegan filtraciones selectivas, titulares escandalosos y una condena mediática anticipada; finalmente, fiscales y jueces impulsan procesos que terminan debilitando políticamente al dirigente señalado, aunque años después muchas de esas causas se derrumben o sean anuladas.

Para millones de latinoamericanos, el caso de Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, representan ejemplos de esta nueva modalidad de confrontación política. La acusación central es que determinados sectores del poder económico, mediático y judicial habrían actuado coordinadamente para impedir que proyectos populares mantuvieran o recuperaran el gobierno.

Por esto muchos movimientos sociales sostienen que los golpes del siglo XXI, ya no siempre usan botas militares, muchas veces usan trajes, micrófonos y togas.

Ahora, hablar de democracia, desestabilización y participación en América Latina sin mencionar a EEUU, sería dejar incompleto el análisis.

Durante décadas, Washington intervino abierta o encubiertamente en los asuntos internos de la región. Los golpes contra gobiernos reformistas o nacionalistas, en distintos países dejaron una huella profunda en la memoria colectiva latinoamericana. Esta historia explica por qué muchos sectores populares observan con desconfianza cualquier forma de injerencia extranjera.

Aunque los tiempos han cambiado y ya casi no predominan las intervenciones directas que marcaron gran parte del siglo XX, desde la izquierda latinoamericana existe la percepción de que continúan operando mecanismos de presión política, económica y diplomática destinados a influir en el rumbo de los países de la región.

Cuando gobiernos progresistas intentan fortalecer el papel del Estado, recuperar el control de recursos naturales estratégicos, impulsar proyectos de integración regional o desarrollar una política exterior más independiente, suelen encontrarse con fuertes resistencias provenientes de centros de poder internacionales.

Desde esta mirada, la disputa no es solamente entre izquierda y derecha, también es una disputa por la soberanía; es decir, por el derecho de los pueblos latinoamericanos a decidir su propio destino sin tutelas externas.

Por esta razón, para amplios sectores progresistas, la defensa de la democracia implica no solo impedir golpes o maniobras internas, sino también proteger la capacidad de cada nación para tomar decisiones de manera autónoma.

Hay otro elemento que se suma al análisis como un nuevo campo de batalla político. Si en el siglo pasado la batalla por la opinión pública se libraba principalmente en periódicos, radios y canales de televisión, hoy una parte importante de esa lucha se desarrolla en las redes sociales.

Facebook, X, Instagram, TikTok y otras plataformas se han convertido en espacios donde millones de personas reciben información política todos los días, pero también se han transformado en escenarios de confrontación ideológica permanente.

Desde la perspectiva de la izquierda latinoamericana, las redes han permitido romper parcialmente el monopolio informativo de los grandes grupos mediáticos. Movimientos sociales, organizaciones populares y medios alternativos han encontrado allí un espacio para difundir sus ideas y disputar el relato dominante.

Sin embargo, las mismas herramientas que democratizan la comunicación también pueden utilizarse para manipularla. Campañas de noticias falsas, ejércitos de bots, cuentas automatizadas, operaciones coordinadas de desinformación y ataques digitales forman parte del nuevo arsenal político del siglo XXI. En cuestión de horas puede construirse una narrativa capaz de instalar sospechas, destruir reputaciones o generar climas de descontento social.

El problema se agrava, porque los datos de redes suelen premiar los contenidos más emocionales, agresivos o escandalosos. La mentira muchas veces circula más rápido que la verdad, y una acusación impactante suele tener más alcance que una explicación rigurosa.

Por esto, para muchos analistas progresistas, las redes sociales se han convertido en un terreno decisivo de la lucha política contemporánea; allí se construyen consensos, se moldean percepciones y, en algunos casos, se preparan las condiciones para procesos de desestabilización.

La disputa por la democracia en América Latina ya no ocurre únicamente en los parlamentos, los tribunales o las calles, también ocurre en las pantallas de millones de teléfonos móviles, donde cada día se libra una batalla silenciosa por las ideas, la memoria y el sentido común.

Igualmente, si los golpes clásicos generan rechazo internacional inmediato, el lawfare suele ser más difícil de identificar, porque utiliza instituciones que, en teoría, deberían actuar con imparcialidad. Veamos algunos casos concretos:

Probablemente el caso más citado sea el de Lula da Silva. El ex presidente brasileño fue condenado y encarcelado en 2018, quedando fuera de las elecciones que encabezaba en las encuestas.

Años después, las condenas fueron anuladas por el sistema judicial brasileño debido a irregularidades procesales y cuestionamientos sobre la imparcialidad de algunos magistrados. Para millones de personas, aquello confirmó que la justicia había sido utilizada como herramienta política.

Recordemos que antes del encarcelamiento de Lula, la presidenta Dilma Rousseff fue destituida mediante un juicio político. Sus adversarios argumentaron que había cometido irregularidades fiscales; y sus partidarios sostuvieron que se trató de una maniobra para revertir en el Congreso lo que no habían logrado en las urnas. La destitución abrió una profunda discusión sobre los límites entre los mecanismos constitucionales y la utilización política de esos mecanismos.

Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, la ex presidenta enfrentó múltiples causas judiciales durante años; sus seguidores denunciaron una estrategia coordinada entre sectores judiciales, políticos y mediáticos para impedir su regreso al poder o debilitar su influencia. Más allá de las posiciones partidarias, el caso se ha convertido en una referencia obligada en los debates latinoamericanos sobre lawfare.

Rafael Correa en Ecuador, tras dejar la presidencia, Rafael Correa fue objeto de varios procesos judiciales que culminaron en condenas que le impidieron competir electoralmente. Sus partidarios consideran que se trató de una persecución política, destinada a excluirlo de la vida pública. Sus adversarios sostienen que se aplicó la ley; la controversia sigue abierta.

Los golpes y el lawfare no son los únicos mecanismos utilizados para debilitar gobiernos progresistas, también, han surgido, otras formas de desgaste y desestabilización, como: la Guerra Mediática. En varios países, grandes conglomerados de comunicación han mantenido enfrentamientos permanentes con gobiernos de izquierda o centroizquierda. La crítica periodística es parte esencial de la democracia, pero cuando la información se mezcla con campañas sistemáticas de desinformación, el debate público se deteriora.

El Bloqueo Legislativo, algunos gobiernos han enfrentado congresos hostiles que utilizan todos los mecanismos disponibles para impedir reformas o paralizar la gestión pública. Aunque estas prácticas pueden ser legales, a veces terminan vaciando de contenido el mandato popular expresado en las urnas. La Persecución Económica, fugas de capitales, ataques especulativos, boicots empresariales o presiones financieras, también han sido señalados en distintos momentos como herramientas para debilitar gobiernos considerados incómodos por ciertos sectores económicos. La Interferencia Externa, la historia latinoamericana está llena de intervenciones extranjeras. Aunque los métodos han cambiado, muchos analistas sostienen que continúan existiendo presiones diplomáticas, económicas y políticas sobre gobiernos que buscan caminos autónomos de desarrollo.

¿Cuántos casos hubo realmente de Intervenciones Extranjeras?

Si se consideran únicamente los episodios más relevantes de los últimos treinta años, pueden identificarse aproximadamente, 4 casos ampliamente descritos como golpes o rupturas del orden democrático contra gobiernos progresistas. Venezuela (2002), Honduras (2009), Paraguay (2012) y Bolivia (2019).

Entre 4 y 6 casos frecuentemente señalados como ejemplos de lawfare o judicialización de la política. Brasil (Lula y Dilma), Argentina (Cristina Fernández), Ecuador (Rafael Correa) y otros procesos discutidos en distintos países.

Numerosos episodios de bloqueo institucional, campañas de desinformación y conflictos de alta intensidad política. La cifra exacta depende de la definición utilizada, pero el patrón es evidente, cuando sectores populares logran conquistar gobiernos mediante el voto, la disputa por el poder no termina el día de la elección.

¿Cómo evitar estas anomalías intervencionistas?

La experiencia latinoamericana deja varias lecciones. Democratizar la justicia. Los sistemas judiciales deben ser independientes, tanto de los gobiernos como de los grandes poderes económicos; los procesos de selección de jueces deben ser transparentes y sometidos al escrutinio público. Combatir la concentración mediática. Una democracia saludable necesita pluralidad informativa, ningún grupo económico debería tener la capacidad de monopolizar la construcción de la opinión pública. Fortalecer la educación política. Una ciudadanía informada es menos vulnerable a campañas de manipulación. La formación cívica debe convertirse en una prioridad regional. Garantizar la subordinación militar al poder civil. Las fuerzas armadas deben mantenerse alejadas de la disputa partidaria; la historia demuestra que cuando los militares se convierten en árbitros políticos, la democracia se debilita. Construir organismos regionales fuertes. La integración latinoamericana puede actuar como mecanismo de protección frente a rupturas institucionales; cuando los países reaccionan de manera coordinada, resulta más difícil legitimar acciones antidemocráticas. Mayor transparencia en el financiamiento político. Es fundamental conocer quién financia campañas, fundaciones, organizaciones políticas y operaciones comunicacionales; la confusión suele favorecer la influencia de intereses ocultos. Movilización popular permanente. La democracia no puede reducirse al acto de votar cada cierto año, la organización social, sindical, comunitaria y ciudadana es una garantía fundamental frente a intentos de desestabilización.

Finalmente, la historia reciente de América Latina demuestra que la democracia sigue siendo un terreno de disputa. Los golpes militares tradicionales son menos frecuentes que en el siglo XX, pero han surgido nuevos mecanismos para alterar o condicionar la voluntad popular expresada en las urnas.

Sea mediante golpes abiertos, destituciones aceleradas, persecuciones judiciales o campañas de desgaste permanente, el objetivo suele ser el mismo, modificar por vías extraordinarias lo que fue decidido por la ciudadanía.

La principal enseñanza de estas tres décadas, es que la democracia no se defiende sola, requiere instituciones sólidas, justicia independiente, medios plurales, participación ciudadana y una vigilancia constante, frente a cualquier intento de sustituir la soberanía popular por intereses minoritarios. Porque cuando el voto deja de ser respetado, no pierde únicamente un partido o un líder político, pierde la democracia entera y el pueblo.

El atraso catracho

Escrito en . Publicado en Análisis.

Marlin Óscar Ávila.

Marlin Oscar Ávila

Salí de Honduras solamente por dos semanas. Después de dejar el aeropuerto a mi regreso, sentí como si hubiese viajado hacia atrás algunas décadas por «un túnel del tiempo».

Trato de explicarme las razones y factores que incidieron para que este país se estancara en su desarrollo.

Sería fácil creer que los períodos de dictadura militar fuese el factor esencial de este hecho. Sin embargo, hay otros que contribuyeron y contribuyen en ello.

Uno de ellos es el desconocimiento general de la existencia de otras sociedades latinas que han superado a este país, donde su economía y sociedades son mucho mejor educadas y dominan la tecnología de punta con mucha habilidad. Posiblemente a algunas de las empresas, de dominio mayormente jordano, no les conviene tener competencia en una sociedad abierta a la inversión internacional.

Cualquier persona que llega del exterior puede notar los atrasos de Honduras, tanto en la industria, como en la infraestructura para el transporte, la comunicación y movilización.

Hasta la vivienda de su ciudadanía expresa la segregación existente entre distintos sectores, con una pesada mayoría de pobres y una reducida minoría de ricos. Desde que Honduras está dirigida directamente por una élite de corte poco profesional, sin planes de desarrollo modernos, que hagan concierto con los países integrantes de la ONU, y otros grupos, existe pocas esperanzas de un desarrollo equilibrado.

Nada extraño es que la juventud hondureña se arriesgue en buscar en el exterior mejores condiciones de vida.

El sistema neoliberal que predomina, mixto con estructuras decadentes, mantienen un panorama singular que solamente favorece a una pequeña casta de empresarios cuyo aislamiento les beneficia.

Aquí no es Jordania, tampoco es Jerusalén, pero se vive dentro de condiciones muy parecidas a donde ha habido una guerra.

Esto, sin que se tenga, de nuevo, el dominio del expresidente Juan Orlando Hernández (condenado en Estados Unidos por narcotráfico en 2024), quien parece que muy pronto tomará nuevamente las riendas del país.

Es decir, Honduras volverá a ser un territorio del narcotráfico, ahora con el visto bueno del presidente Trump.

¿Por qué los Papas suelen llegar antes?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Glenm Gómez Álvarez, Pbro.

Recientemente un colega periodista me hizo una observación que merece ser pensada. Si la Iglesia suele ser percibida como una institución lenta, prudente y, a veces, excesivamente cautelosa, ¿por qué con frecuencia los Papas parecen adelantarse a debates que después terminan ocupando el centro de la discusión pública?

Ocurrió con la cuestión social en el siglo XIX, cuando León XIII publicó Rerum Novarum en medio de las tensiones provocadas por la revolución industrial. Mientras muchos observaban únicamente los conflictos laborales inmediatos, el Papa comprendió que estaba surgiendo una nueva cuestión social que marcaría buena parte del siglo siguiente.

Más recientemente ocurrió con Juan XXIII. Cuando convocó el Concilio Vaticano II en 1959, no pocos consideraron que se trataba de una iniciativa innecesaria. La Iglesia parecía estable y el mundo occidental vivía una etapa de prosperidad. Sin embargo, el Papa percibió transformaciones culturales que apenas comenzaban a manifestarse y comprendió que la Iglesia debía prepararse para dialogar con una sociedad profundamente distinta.

Ocurrió también con Pablo VI. En Populorum Progressio (1967), advirtió que el desarrollo humano no podía reducirse al crecimiento económico y alertó sobre las desigualdades entre naciones. Décadas después, la globalización, las migraciones y las persistentes brechas sociales confirmaron la vigencia de aquellas intuiciones.

Algo semejante sucedió con Juan Pablo II. Mucho antes de la caída del comunismo, percibió que los sistemas políticos que negaban la libertad humana contenían contradicciones internas que terminarían debilitándolos.

Ocurrió con la ecología integral en el pontificado de Francisco, mucho antes de que numerosos actores políticos asumieran plenamente la gravedad de la crisis ambiental. Y vuelve a ocurrir hoy con León XIV y su reflexión sobre la inteligencia artificial, la dignidad humana y el futuro de la civilización tecnológica.

La explicación más sencilla sería atribuirlo a la inteligencia excepcional de algunos pontífices o, para quienes somos creyentes, a la asistencia del Espíritu Santo. Sin embargo, esa respuesta tiene matices. Los Papas no son futurólogos ni disponen de una bola de cristal.

Quizá la explicación sea otra. Mientras gran parte de la política, de los medios de comunicación y de la vida pública está obligada a responder a la urgencia del día, los Papas suelen trabajar con horizontes mucho más amplios. Piensan en décadas; a veces, en siglos.

Mientras muchos observan los acontecimientos, los Papas suelen preguntarse por los procesos que los hacen posibles. Más que observar qué está ocurriendo hoy, se preguntan qué está ocurriendo con la persona humana. Y esa diferencia es decisiva.

Cuando una sociedad discute una nueva tecnología, normalmente se concentra en sus ventajas, riesgos o aplicaciones inmediatas. El Papa, en cambio, pregunta qué efectos tendrá sobre la libertad humana, sobre la verdad, sobre la dignidad de la persona, sobre la vida familiar o sobre la cohesión social. No comienza por la técnica. Comienza por la antropología. Por eso muchas veces parece llegar antes.

Existe además otro factor que suele pasarse por alto. La Iglesia está presente en todos los continentes, culturas y contextos sociales. Escucha simultáneamente las inquietudes de académicos, trabajadores, campesinos, empresarios, científicos, familias y comunidades pobres. Esa experiencia acumulada le permite percibir tendencias que a veces aún no son visibles para quienes observan únicamente una realidad local o nacional.

Paradójicamente, esta capacidad de anticipación convive con una realidad incómoda. Con frecuencia los Papas llegan antes que las propias estructuras. Las grandes intuiciones del magisterio pontificio suelen encontrar resistencias, cautelas excesivas o simples demoras en su recepción. Mientras los pontífices intentan leer los movimientos profundos de la historia, no pocas instancias eclesiales permanecen absorbidas por la administración cotidiana de problemas inmediatos.

No se trata de una crítica a personas concretas. Es una tensión inherente a toda institución. Quien debe gobernar una realidad compleja tiende a concentrarse en las urgencias del presente. Pero la historia demuestra que los grandes cambios culturales no anuncian su llegada con estridencia. Cuando se vuelven evidentes, normalmente ya llevan años actuando silenciosamente.

Tal vez por eso la pregunta correcta no sea por qué los Papas llegan antes. La pregunta verdaderamente inquietante es por qué nosotros llegamos después.

Quizá porque hemos desarrollado una extraordinaria capacidad para reaccionar y una preocupante incapacidad para anticipar. Quizá porque resulta más fácil administrar lo urgente que comprender lo importante. Y quizá porque no abundan —ni en la sociedad ni dentro de la Iglesia— liderazgos con la profundidad intelectual y la libertad interior necesarias para leer los signos de los tiempos antes de que se conviertan en crisis.

Juan XXIII vio venir una transformación cultural. Pablo VI percibió las fracturas de un desarrollo económico sin suficiente justicia. Juan Pablo II comprendió la crisis de los sistemas que negaban la libertad. Francisco advirtió los límites de una cultura que trata a la naturaleza y a las personas como objetos descartables. Y hoy León XIV nos obliga a preguntarnos qué ocurrirá con la dignidad humana en una civilización cada vez más gobernada por algoritmos.

Miguel Ángel Rodríguez y el tribunal de la historia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Glenm Gómez Álvarez, Pbro.

“La justicia juzga actos. La opinión pública suele juzgar personas enteras.”

Hay imágenes que una nación no debería olvidar. No para alimentar resentimientos ni para reabrir heridas, sino porque contienen lecciones que una democracia madura está obligada a aprender.

Una de esas imágenes pertenece a la memoria reciente de Costa Rica. El Dr. Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República y secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), regresaba al país para enfrentar la justicia y nunca utilizó la importancia de su cargo para evadir los procedimientos judiciales.

Regresó. Y el país entero observó cómo era trasladado bajo custodia —en perrera— mientras grupos de personas golpeaban el vehículo en que viajaba, gritaban insultos y celebraban anticipadamente una condena que todavía no había sido pronunciada por ningún tribunal.

Para algunos, aquellas escenas fueron presentadas como una victoria contra la “impunidad”. La prensa, ciertamente, cumplió un papel indispensable al investigar hechos que merecían ser investigados. Precisamente por la importancia de esa función resulta legítimo preguntarse también por los límites y responsabilidades de ese poder, pues existe una diferencia fundamental entre una acusación y una sentencia, entre investigar y condenar. Cuando esas diferencias desaparecen, la verdad deja de ser el objetivo principal y pasa a serlo la satisfacción colectiva de ver a alguien caer.

La historia demuestra que las multitudes rara vez condenan por sí solas. Antes se construyó un relato, se seleccionaron los hechos que debían recordarse, se estableció quiénes serían los héroes y quiénes los villanos. La indignación colectiva suele tener arquitectos, aunque con frecuencia permanezcan fuera del foco público. Por eso toda democracia debería preguntarse no solo quién fue acusado, sino también quién tuvo el poder de moldear la percepción de quienes acusaban.

Veinticinco años después, los procesos siguieron su curso, los tribunales emitieron sus resoluciones y los expedientes se cerraron.

Por eso resulta tan pertinente la insistencia de don Miguel Ángel Rodríguez en la memoria histórica. No se trata de reivindicar privilegios. Se trata de recordar los hechos completos. Todos los hechos. No solamente aquellos que favorecían las tesis dominantes de un determinado momento.

La memoria histórica tiene una curiosa tendencia: recuerda perfectamente a los acusados y olvida con facilidad a los acusadores. Costa Rica recuerda los nombres de Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón Fournier y José María Figueres. Pero pocos recuerdan hoy los nombres de quienes ejercían el poder de acusar, investigar, filtrar información o construir las narrativas públicas que marcaron aquellos años.

La historia exige examinar con el mismo rigor todas las formas de influencia pública. La observación no busca desacreditar a nadie. Busca recordar que acusar también es ejercer poder.

Por eso el caso de Miguel Ángel Rodríguez trasciende la figura de un expresidente, pues existe además una dimensión que suele desaparecer detrás de los expedientes y los titulares. Quien es sometido a una condena pública anticipada no enfrenta únicamente un proceso judicial. Enfrenta la sospecha permanente, el deterioro de su reputación, el silencio de antiguos amigos, el sufrimiento de su familia y una forma particular de soledad que pocas veces aparece en las crónicas.

No se trata de debilitar a la prensa- soy orgullosamente periodista-. Sería un grave error. Se trata de recordar que ninguna institución puede reclamar para sí una autoridad moral exenta de responsabilidad. Ni los políticos. Ni los jueces. Ni los fiscales. Ni los periodistas. La democracia exige rendición de cuentas para todos.

Miguel Ángel Rodríguez acudió a los tribunales. Compareció ante la opinión pública y ante el juicio inquisitorial de otros políticos. La pregunta que permanece abierta es si quienes contribuyeron a aquella gigantesca maquinaria de acusación están dispuestos a comparecer con la misma honestidad ante el tribunal de la historia.

Sobre la marihuana y el patrocinio del alcohol a las actividades deportivas

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Cuando estaba en la escuela Claudio González Rucavado, donde hice toda la primaria, en la década de 1950, con una sola maestra, como se acostumbraba, la niña Julieta de Vargas, que nunca he olvidado, que siempre la tengo presente en mi formación, se acostumbraba a llevarnos al Museo Nacional.

Una de esas visitas era para ir a visitar la parte del edificio que había que bajar, donde había, de entrada, en el sótano, unos carruajes tipo “diligencias” y pasar a un gran salón que permanecía literalmente a oscuras. Al centro del salón había una vitrina, que recuerdo tenía una luz naranja, que de esa manera se veía, custodiada por dos guardia civiles armados. En la vitrina, exhibida estaba una mata de marihuana. Allí nos explicaban brevemente el significado de la mata, su peligro, el daño y el por qué la tendían custodiada. Era una forma de advertirnos a los niños del peligro del consumo de drogas. Supongo que a jóvenes colegiales les repetían el tour al museo, con el mismo objetivo. El combate fundamental era la droga de la marihuana.

Drogas en Costa Rica existían desde mucho tiempo atrás. Así, por ejemplo, cuando trajeron chinos para trabajar en la construcción del ferrocarril al Atlántico, entre 1870 y 1884, en su contrato de trabajo se les autorizaba el consumo de opio, que obviamente lo traían los contratistas. De ese modo, empresarios, cafetaleros que contrataron chinos, y los empresarios e industriales a cargo de la construcción del ferrocarril, tenían que satisfacer las necesidades opiómanas de los trabajadores chinos. Por ello, debió haber habido un negocio de drogas, controlado o no, pero lo había.

Para la década de 1920-1930 ya se hablaba de la heroína en Costa Rica. Drogas fuertes que solo ricos, o personas adineradas, podían consumir. Drogas fuertes que solo ricos, o personas adineradas, podían consumir. Si había consumo, había negocio de traer y vender la heroína, como se trajo opio o como se producía marihuana.

Cuando estaba en la Universidad de Costa Rica, en los años 1967-1972, como estudiante enfrentábamos le penetración de la marihuana, el LSD y otras drogas que metían para el consumo de los estudiantes. Eran los tiempos de la asquerosa guerra colonial e imperialista en Vietnam. A los jóvenes soldados, el ejército estadounidense, y el Estado norteamericano, les facilitaban drogas para que pudieran combatir.

Así, las drogas de este tipo se generalizaron a la sociedad norteamericana y las esparcieron a todos los conglomerados juveniles y universitarios. En los Estados Unidos impulsaron festivales contra la Guerra de Vietnam y por la Paz, donde las drogas era pan cotidiano.

En la Universidad, en las luchas estudiantiles que iniciábamos, tuvimos que batallar contra esta “corriente” que se introducía para desorientar y desviar a los jóvenes de las luchas políticas, introducidas para embrutecerlos, para que perdieran sus funciones perceptivas, sus estados de ánimo, su conciencia y alteraran su comportamiento. Con el padre, el sacerdote Fernando Royo, dimos parte de esas batallas.

El sociólogo comunista Miguel Sobrado elaboró un afiche muy lindo para enfrentar a quienes metían droga y para ilustrar a los universitarios en el daño que se les hacía, y el comportamiento social que exhibían.

El afiche de Sobrado era con la imagen de un mono, juvenil, que exhibía a esos jóvenes drogados y aislados de las luchas políticas estudiantiles. El afiche se titulaba “el drogomono”.

La marihuana se fue distribuyendo cada vez en mayor escala, y se ligó a una imagen de “aceptación” social. con la marihuana introdujeron pastillas depresoras, estimulantes y alucinógenas. Se oía de heroína y metanfetaminas. La LSD era corriente. El alcohol y la cerveza se introdujeron en las celebraciones de las “semanas universitarias”. En una ocasión se llegó a decir que se había vendido más cerveza en una semana universitaria que en todo el mes de diciembre del año anterior en el país. A partir de allí se empezaron a establecer más controles en estos consumos en esas “semanas universitarias.”

Durante la lucha armada en Centroamérica, como resultado del triunfo de la revolución sandinista, el Ejército de los Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia, empezaron a distribuir drogas en la región, ya no solo marihuana, sino especialmente cocaína, y otras, para que su venta contribuyera a financiar a los grupos paramilitares y contra revolucionarios en Centroamérica. Ello provocó el escándalo que fue conocido como Irán-Contras o Irangate, como se le llamó en Estados Unidos, entre 1985 y 1986, bajo el gobierno de Ronald Reagan. Así se vendían armas a cambio de rehenes, como sucedió en Líbano, y se desviaban fondos para financiar a los grupos contra revolucionarios en Nicaragua. A cargo de esta operación de traída y venta de drogas estaba Oliver North un alto miembro del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. En lo referente a Irán era para procurar la liberación de rehenes estadounidenses que tenían en Líbano. La venta de armas la hacían a través de Israel.

El caso Irangate, o Irán contras en Centroamérica, resultó en un escándalo político que puso en evidencia acciones criminales de los Estados Unidos donde se evidenció el flujo de drogas y armas para financiar actividades políticas y militares en la región, para tumbar gobiernos y enfrentar movimientos insurgentes, y para “embrutecer” a la juventud y alejarla de las luchas políticas antiimperialistas.

La cocaína adquirió su lugar de prestigio en la región desde aquellos años. La marihuana y otras drogas se mantuvieron, empacadas “socialmente” para grupos diversos, que justificaron y toleraron su consumo. A la marihuana le atribuyeron facultades medicinales para facilitar su consumo y venta. Venta no oficial ni médicamente autorizada.

En Estados Unidos abrieron la puerta para su consumo. Hay 24 Estados, en los Estados Unidos, donde la producción de marihuana es legal. Para uso comercial y personal. Incluido el Distrito de Columbia, donde está la capital de los Estados Unidos, en Washington DC.

En los Estados Unidos cada Estado regula su forma de comercialización y producción. El consumo personal lo justifican bajo dos rubros, recreativo y medicinal. De esta forma, 40 Estados, en Estados Unidos, venden y permiten el consumo del cannabis, la marihuana, si se toma en cuenta el permiso para su uso recreativo. Si no es “medicinal” su uso se considera en los Estados Unidos como “droga peligrosa”. Aunque la marihuana se sigue considerando “ilegal” a nivel federal, su consumo está regulado legalmente.

En Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay tienen regulaciones para el uso de la marihuana o cannabis medicinal. El presidente Trump ha afirmado que flexibilizará las restricciones federales sobre la marihuana para reclasificarla como una droga menos peligrosa. En los Estados Unidos la marihuana la llaman popularmente “weed”, como “mala hierba”, que es la forma más común y universal de llamarla. También la refieren como “Pot” o “Grass”.

En los países donde se permite su uso recreativo se exige inscripción en un Registro Público de consumidores, bajo control de los Ministerios de Salud, personas que pueden “autocultivar” su marihuana. En Panamá y Costa Rica se permite el uso medicinal de la marihuana. No se permite para fines recreativos.

El consumo siempre estará determinado por el hábito, el presupuesto que se tenga para pagar la droga y el método de consumo. En Costa Rica, la situación legal de la marihuana depende de su uso. El consumo personal está despenalizado, aunque a veces lo controlan policialmente. El consumo de uso medicinal está regulado y el uso recreativo sigue siendo técnicamente ilegal. El uso medicinal hay que documentarlo.

Desde que se modificaron las leyes para no tener a quien porte una cantidad mínima, que se pueda justificar para uso personal, se facilitó de manera indirecta, pero real, que se comercialice la marihuana, y con ello que se produzca para esas ventas. La marihuana no es maná que caiga del cielo. Se produce, se distribuye para la venta y se promueve el mercado de consumo. Junto con las otras drogas, como la cocaína, produce también pleitos de bandas distribuidoras por controlar mercados de venta y consumo, y por controlar regiones. Así se realiza el gran negocio de las drogas, con facilidades institucionales y con complacencia o complicidad de autoridades policiales, de seguridad y políticas del Estado y de los gobiernos.

En la Asamblea Legislativa los intereses de las drogas están bien metidos, desde la llanura como desde las alturas gubernativas, y hasta con jugadores propios. Han querido ampliar el tema de la marihuana. Ahora es el del alcohol y las bebidas alcohólicas llevándolo bajo el Caballo de Troya del patrocinio de actividades deportivas.

Ahora quieren estimular el consumo de alcohol, de bebidas alcohólicas y similares a todo nivel, en toda la cancha nacional, en los estadios, en todos los sitios de concentración deportiva. Quieren asociar los deportes con el alcoholismo, con la bebida de licores de distinta naturaleza. Los estadios y los espacios quieren convertirlos en “Bares públicos”, con vallas, con ofrecimiento de licores, y de bebidas alcohólicas. La palabra BAR con la que se distingue el sitio donde las personas llegan a beber cervezas y otros licores, es un anglicismo que significa “Beer and Alcoholic Room”, dicho en sencillo, “lugar para beber cervezas y bebidas alcohólicas”.

Así los emborrachadores, los que pretender vender en exceso las bebidas alcohólicas, que ya hacen grandes negocios “emborrachando” personas, con lo que existe en el país, ahora dirigirán sus baterías de propaganda de consumo de bebidas alcohólicas a todo público, hacia los niños, los jóvenes, las mujeres y varones de todas las edades, engañándolos con que esa propaganda va a servir para ayudar a “combatir” el consumo dándole “dineros” de esas ventas de propaganda a clubes deportivos, asociaciones deportivas, a deportistas que anunciarán los licores y bebidas alcohólicas, a las instituciones sociales que atienden a los “enfermos” de alcoholismo.

Hoy el “alcoholismo” tiene categoría de enfermedad y a los “alcohólicos” hay que darles el trato de “personas enfermas”.

Las cifras de alcoholismo nacional son enormes. Las cifras de personas drogadictas son igualmente enormes. Esas personas “enfermas por el alcoholismo” son una gran tragedia para miles de familias costarricenses.

Me atrevo a decir que no hay una sola familia en el país que no conozca, o tenga, o haya sufrido, una situación de estas, de tener uno de esos “enfermos” alcohólicos. Con ellos también las familias se “enferman” de diversos males. Esa es la realidad. He vivido de cerca estas situaciones y no se las deseo a nadie.

“Ebrios” o “Beodos” los llaman para disimular socialmente. Borrachos muchas veces agresores de sus parejas matrimoniales, agresores de sus hijos, de sus hermanos, hermanas y padres. No tienen control cuando adquieren esa condición de borrachos.

En los Estados Unidos tienen hospitales para atender a los soldados afectados por las guerras en que participan, pero también los hay para desintoxicarlos del consumo de drogas que han hecho en el ejército para poder mantenerse combatiendo y matando. Se les llama en Estados Unidos Instalaciones de Tratamiento Militar, MTF.

Los centros de rehabilitación de adicciones, como espacios especializados para ofrecer tratamiento y acompañamiento de estas personas enfermas por las drogas o el alcohol, no reciben el suficiente apoyo estatal. Lo que se ofrece económicamente, a favor de este tipo de instituciones, y también deportivas, por aprobar los permisos para publicitar el consumo de bebidas alcohólicas en estadios, salones deportivos y en cualquier lugar es una verdadera mentira, una gran estafa nacional.

Se está ofreciendo criminalizar a todos los ciudadanos y familias. La Asamblea Legislativa está a punto de aprobar la etiqueta criminal que es la autorización para la venta de bebidas alcohólicas en todo sitio público, deportivos y recreativos.

Solo les ha faltado ofrecer que con esas ventas de bebidas alcohólicas van a arreglar las 800 escuelas que quieren cerrar por sus pésimas condiciones sanitarias.

Solo les falta ofrecer unos dos hospitales especializados para atender a los alcohólicos y a los drogadictos, así como se tiene el Hospital Gerontológico, bastante maltrecho en sus finanzas, para atender en mayor escala a los futuros borrachos, beodos, ebrios, enfermos alcohólicos, y a sus familiares afectados por esa enfermedad del alcoholismo.

No se debe autorizar ese permiso para la propaganda masiva de consumir bebidas alcohólicas de ningún tipo. De por medio está el bien superior de la buena salud física y mental de las familias y sus integrante, esposas, esposos, hermanos, hermanas, hijos, hijas, nietos, nietas, abuelos y abuelas.

La Salud de las Familias es lo primero. No se trata de la buena salud de los empresarios y empresas que producen enfermos sociales, que ellos no atienden, ni hay capacidad nacional para atenderlos. No se debe aprobar el patrocinio de bebidas alcohólicas para el deporte. Si así lo deciden por borrachera en la Asamblea Legislativa, hay que llevar el caso a las Defensorías de los Habitantes, de los niños, de las mujeres y a la misma Sala IV.

Los “justos” son condenados a pagar por unos pocos “pecadores”

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rafael A. Ugalde Q.*

A diferencia de lo enseñado en la catequesis, en relación con un “infierno” repleto de “mal portados”, en nuestro país quienes venden el alma al diablo son muy “poquitos” y sumamente poderosos, con “letras de cambio” avaladas por toda la mayoría, por lo menos mientras andemos en este “valle de lágrimas”. Gústenos o no.

Ni siquiera calentaba el presente mes de junio, cuando la presidenta, Laura Fernández, nos afirmó públicamente que su ministro de Hacienda, el exmandatario, Rodrigo Chaves Robles, “alista” un plan fiscal para sortear el incremento la deuda pública.

Según datos oficiales a disposición de quien quiera enterarse, nuestra deuda pública del Gobierno Central está alrededor de un 60,0% del Producto Interno Bruto (PIB), con un saldo estimado de unos 33,8 billones de colones.

Esto significa, a decir de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), que más ha alertado a los costarricense por tan pesado fardo, unos ¢16.000 millones diarios. Convertido a dólares son unos $31,2 millones al día solo por pago de intereses de la deuda pública., sostiene.

Para que el trabajador, el empleado público, el estudiante o el campesino tenga una noción de la magnitud de cualquier paquete fiscal, ese monto indicado es como sí cada hora tuviéramos que producir ¢666 millones destinados al pago, solo de intereses.

Visto con humor propio del “pura vida” tico equivale a una maquinita tirando ¢11,1 millones por minutos sin detenerse ni calentarse, ni siquiera durante las fiestas navideñas ni la romería a Cartago.

A semejante ritmo no hay fondos posibles para surtir de presupuesto justo a la educación pública de calidad para todos los costarricenses, menos para vivienda digna, salarios aceptables y disminuir velocidad brutal con que empujan a la Caja hasta su foso final, donde es esperada con los brazos abiertos por el negocio de la medicina privada.

Un dictamen de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) vaticinó una baja de 60% de la deuda pública hasta finales de este año, en relación con PIB, según su Informe Perspectivas Económicas, con enfoque hacia América Latina. (Consúltese: https://semanariouniversidad.com/pais/ocde-preve-que-deuda-publica-de-costa-rica-baje-del-60-hasta-finales-de-2026/).

Advertimos que este estudio no podía prever los acontecimientos habidos en Oriente Medio, a raíz de la guerra provocada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, a partir de febrero pasado, elevándose así abruptamente el precio mundial del petróleo, los alimentos y el valor del dólar estadounidense.

Sin embargo, no siempre esta situación es como ahora. Nos tocan la puerta todos los días como si fueran prestamistas del “gota a gota”, recordándonos el pago, No tiene sentido discutir si entregan o no factura electrónica. Las deudas que por años diligenciaron nuestras élites nos tienen agarrados del pescuezo.

Aquellos días de la gloriosa Costa Rica como “Suiza Centroamérica”, anteponiéndola como antítesis de la “Cuba comunista” llegó a su fin. Ahora es paga o paga. No hay vuelta atrás.

Solo entre 1960 y 1986, Estados Unidos desembolsó “ayudas” a la ejemplar democracia costarricense por cerca de $1.1 mil millones de dólares; es decir, la considerable “asistencia económica” de $1.100 millones.

Pero la mala suerte nos cayó encima. El imperio “raspa” a más no haber, similar como ocurre con los grandes banqueros, donde no existen amigos en el mundo de los negocios, evidenciando la mentira en torno la existencia de un “capitalismo” con “rostro humano”, “sostenible”, etc.

Ya para la década de los ochenta, recordaran como el gobierno estadounidense y la USAID centraron principalmente su estrategia en “estabilizar la economía costarricense y promover la democracia frente a los conflictos regionales.” (Consúltese: https://www.everycrsreport.com/reports/RL32487.html) .

Así, llegamos a un camino lleno de recovemos – un auténtico “infierno” para nuestro pueblo – construido exclusivamente por nuestras élites de todos los tiempos, independiente de que sus ayatolas tecnócratas llamen a este bulto “deuda privada” y a este otro “deuda pública”.

Ambas, usted las paga, independientemente de cuánto otros mal gastaron los recursos, cuánto se dejaron para sí, o en todo esto hay subfacturación, contrabando, evasión, exoneraciones repugnantes, transferencias financieras artificiales, usan paraísos fiscales y sociedades offshore con fines de estafa, recurren al llamado falso factureo y fidecomisos con fines de ardid contra Hacienda.

¿Acaso se preguntan cuántos seremos humanos podrían tratar su cáncer en laboratorios de aceleradores de partículas, si la Caja en todos sus hospitales provinciales fuera dotada de estos modernos aparatos de medina nuclear, que en el mercado privado cada sesión no baja de los $ 2000, como promedio?

Algunos, quienes dilapidaron en el pasado los recursos económicos del pueblo, se preguntarán ahora que ya empezaron a “sensibilizarnos” para que aceptemos aceptar aumento de 13% a 15% en el IVA en los alimento de consumo masivo, ¿cuántos barrios estigmatizados de “peligrosos”, de “narcomenudeos”, tendría hoy niños y jóvenes jugando felices, si a esas comunidades las hubieran dotado de parques y recreación sana?

Sí bien la manía de echar sobre las espaldas de los menos favorecidos, con excusa de la “sostenibilidad fiscal” no es nueva, desde la últimas dos administraciones – PAC de Carlos Alvarado (2018-2022) y Rodrigo Chaves, (2022- 2026), el asunto, en lugar de bajar endurece el leño.

Como se recuerda, mediante ley N° 9635 se ordenó que ningún salario público crecería por costo de vida, si la relación deuda/PIB del que hablamos líneas arriba, superaba el umbral del 60%. No hay por qué quejarse. Todo se hizo bajo el principio de la legalidad republicana, diversos diputados y líderes políticos de entonces dijeron sí. ¡Adelante, es parte de la institucionalidad democrática!

En aquella ocasión votaron en contra de la Ley de Empleo Público solo seis legisladores: Pedro Muñoz, del PUSC; Enrique Sánchez, del PAC; Walter Muñoz y Patricia Villegas, del PIN; José María Villalta, del Frente Amplio, y los independientes Dragos Dolanescu, Erick Rodríguez Steller y Paola Vega. (Fuente: https://www.diarioextra.com/noticia/diputados-aprueban-ley-de-empleo-publico/).

Ya como presidente, Rodrigo Chaves, con una pequeña representación en el congreso logra que, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, rechazara un proyecto de ley para romper el congelamientos de salarios propuesto por los diputados Rocío Alfaro, FA, Francisco Nicolás, Danny Vargas y Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional, consignó el diario digital CR Hoy.

Así, la gran fiesta montada por años, llámese la deuda soberana, gubernamental o pública, como la externa – para efecto da lo mismo, porque hay que saldarla – va llegando a su fin. Y usted, olvídese, que va escaparse.

“El informe de la deuda: Costa Rica” es irrebatible. A manera de solo para que conserve un poco de memoria, ¡no lo olvide!, sí llegan a tocar su puerta por más plata, es porque la “fiesta” iniciada desde la década de 1970, terminó.

El gasto público generalmente superó los ingresos, lo que llevó a que nos endeudaran dentro y fuera del país.

La deuda aumentó rápidamente del 24% del PIB en 2008 al 49% en 2017, razón por la cual, el gobierno ni lerdo ni perezoso, adquirió en 2021 un préstamo de USD 1,8 mil millones del FMI, con las consecuentes medidas de austeridad que todos conocemos sobre quiénes pagan siempre “los platos rotos”.

En 2025, el FMI, siempre servicial con quienes nos han gobernado, otorga otra línea crediticia por USD 1,5 mil millones. (Fuente: http://www.google.com/search?q=quienes+son+los+principales+acreedores+de+nuestra+deuda+p%C3%BAblica&oq=quienes+son+los).

Independientemente de la fuerza emanada desde las curules de la “Alianza de los 26” esta comunicó que rechaza desde ya impuestos sobre los productos de la canasta básica, los sueldos, el salario escolar y los premios de la lotería, entre otros (La Nación 04/6/ 2026); tendremos qué preguntarnos sí tienen escondido algún proyecto de “país soberano, independiente, solidario y anti injerencista”.

Alguna sorpresa guardada debe tenernos para ser tan categóricos. Ya era tiempo de tanta sumisión ante el Banco Mundial y el FMI.

Maxime ahora que existen ya 120 países en el mundo experimentando nuevas vías de desarrollo independiente y convivencia pacífica.

*Periodista, abogado, notario por la U.C.R., miembro del Comité Bolivariano de Solidaridad con los pueblos.

Llegamos en curva a la inteligencia artificial

Escrito en . Publicado en Análisis, Portada.

Glenm Gómez Álvarez, Pbro.

-La verdadera preocupación no es lo que las máquinas serán capaces de hacer, sino lo que nosotros hemos dejado de hacer antes de su llegada. –

La reciente encíclica Magnifica Humanitas de León XIV constituye una reflexión lúcida, necesaria y profundamente esperanzadora sobre los desafíos que la inteligencia artificial (IA) plantea para la humanidad. Sus implicaciones son universales. La revolución tecnológica ya está transformando el mundo y ninguna sociedad podrá permanecer al margen de sus efectos económicos, culturales, educativos y políticos.

Sin embargo, la lectura de la encíclica me llevó inevitablemente a pensar en Costa Rica. Mientras buena parte del mundo debate los riesgos y las oportunidades de la inteligencia artificial, tengo la impresión de que nosotros enfrentamos un desafío previo. Me preocupa que estemos observando el horizonte sin advertir la fragilidad del terreno que pisamos.

La preocupación de León XIV no se limita a los avances tecnológicos. En el fondo, la encíclica recupera una pregunta tan antigua como la filosofía misma: ¿qué es el ser humano y qué necesita para vivir una vida verdaderamente humana? Porque toda revolución tecnológica termina desembocando en una cuestión antropológica. Antes o después, la pregunta deja de ser qué pueden hacer las máquinas y vuelve a ser quiénes queremos ser nosotros.

Vista desde esa perspectiva, la dificultad principal no es tecnológica. Es humana. Veo estudiantes que llegan a la universidad con serias dificultades para comprender un texto sencillo. Veo personas incapaces de sostener la atención durante unos pocos minutos sin consultar el teléfono. Veo una creciente dependencia de contenidos breves e inmediatos, acompañada por el debilitamiento de hábitos que durante siglos fueron considerados indispensables para la formación intelectual: la lectura profunda, el estudio paciente y la reflexión crítica.

No se trata simplemente de un cambio de costumbres. Se trata de una transformación cultural más profunda. Una sociedad que pierde la capacidad de pensar críticamente se vuelve más vulnerable no solo a la manipulación tecnológica, sino a cualquier forma de poder.

Lo digo porque basta observar nuestras interacciones. Cada vez parece más difícil sostener un diálogo sereno e informado sobre cualquier tema. La discrepancia se transforma casi de inmediato en descalificación, el argumento cede ante el insulto y la búsqueda honesta de la verdad es reemplazada por la necesidad de imponerse. No importa si se trata de política, educación, religión o asuntos de interés nacional. Con frecuencia asistimos a un espectáculo de ataques personales y frases diseñadas para provocar aplausos o indignación.

Esta tendencia no se limita a las redes sociales. Se ha instalado también en algunos medios de comunicación, en espacios de opinión donde la confrontación genera más audiencia que la reflexión y en programas donde el espectáculo parece más importante que la información. Se manifiesta en dirigentes que desacreditan a quienes piensan distinto antes de responder a sus argumentos, en manifestaciones donde resulta más fácil pintar una pared que construir una razón y en una cultura que parece encontrar más satisfacción en señalar culpables que en buscar soluciones. Poco a poco hemos ido aceptando como normal una forma empobrecida de debatir, donde importa más quién grita más fuerte que quién tiene mejores razones.

El ruido ocupa el lugar de las ideas. La ocurrencia desplaza al conocimiento. La polémica genera más interés que la verdad. Y uno termina con la amarga impresión de que, mientras el mundo se prepara para desafíos cada vez más complejos, nosotros seguimos atrapados entre el circo, la maroma y el teatro.

Y hay algo más preocupante todavía. Hemos comenzado a confundir la autenticidad con la vulgaridad. Pareciera que hablar “como la gente” consiste en insultar, ridiculizar o descalificar. Como si la grosería fuera una prueba de cercanía con el pueblo y la agresividad una muestra de sinceridad. Sin embargo, una cosa es utilizar un lenguaje sencillo y directo, y otra muy distinta es empobrecer la conversación hasta convertirla en una sucesión de ofensas. Cuando las vulgaridades sustituyen a los argumentos, no estamos democratizando el debate; estamos degradándolo.

Por eso la llegada de la inteligencia artificial plantea una paradoja inquietante. En nuestra sociedad estas herramientas aparecen en un momento en que parecen debilitarse precisamente aquellas facultades que deberían orientarlas.

Nos preocupa que las máquinas puedan pensar por nosotros, cuando desde hace años estamos renunciando, poco a poco, al ejercicio de pensar por nosotros mismos.

Una sociedad no pierde su rumbo cuando aparecen nuevas tecnologías. Lo pierde cuando deja de cultivar las capacidades humanas necesarias para comprenderlas, juzgarlas y ponerlas al servicio del bien común.

Por eso la discusión, al menos en Costa Rica, sobre la IA no debería comenzar preguntándonos qué harán las máquinas en el futuro. Debería comenzar preguntándonos qué clase de personas y qué clase de sociedad estamos formando en el presente.

Gaza / Israel / Derecho internacional: desde una Costa Rica ausente, análisis de la reciente ordenanza de la CIJ en el caso Sudáfrica vs. Israel

Escrito en . Publicado en Análisis.

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR
nboeglin@gmail.com

El pasado 21 de mayo, en el marco de la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel por el genocidio en curso en Gaza, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) adoptó una ordenanza (véase texto en francés y en inglés) en la que le fija a Sudáfrica y a Israel, los plazos para la presentación de sus respectivos escritos de segunda ronda de alegatos.

En las líneas que siguen, analizaremos los alcances de esta decisión y la estrategia legal de Sudáfrica, no sin antes recordar las reglas sobre plazos y otros detalles que establece el procedimiento contencioso en la CIJ entre dos Estados, así como el repudio generalizado que ha causado y sigue causando Israel por su accionar militar insensato, que ya no se limita al territorio palestino ocupado. Al respecto el reciente fracaso diplomático de Alemania para acceder a una silla en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no es ajeno a su incapacidad de condenar claramente las acciones ordenadas por las máximas autoridades de Israel desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023: se trata de un aspecto notoriamente omitido en la prensa internacional, como por ejemplo en esta nota de la DW.

El procedimiento contencioso en La Haya: una secuencia de plazos

Cabe recordar que ante la CIJ, el procedimiento contencioso entre dos Estados prevé varias etapas: usualmente, los Estados proceden primero a dos rondas de alegatos escritos, que son seguidas luego de las audiencias orales que se celebran en La Haya, durante las cuales también es muy usual observar dos rondas de alegatos.

En la fase escrita, luego de entregar el Estado demandante una memoria, el Estado demandado deposita su contra memoria. Siguen luego el depósito de un segundo documento denominado «réplica» por parte del Estado demandante, y de una «dúplica» por parte del Estado demandado. Con respecto a las audiencias orales, que pueden durar varias semanas, es su conclusión oficial la que inicia el denominado «délibéré» de la CIJ: al respecto, tuvimos recientemente la ocasión de analizar las audiencias orales entre Guyana y Venezuela realizadas en mayo del 2026, habiendo Guyana presentado su demanda contra Venezuela en el mes de marzo del 2018 (Nota 1).

Para cada fase de este extenso contradictorio entre dos Estados, hay que fijar los plazos de presentación de los escritos, lo cual se materializa, previa consulta con las delegaciones de ambas partes, mediante la adopción de una ordenanza por parte del Presidente de la CIJ.

Con relación a Israel y a sus múltiples exacciones en Gaza, esta misma CIJ emitió una contundente opinión consultiva dada a conocer el 22 de octubre del 2025 sobre las obligaciones de Israel en Gaza como Estado Miembro de Naciones Unidas: véase el texto en francés y en inglés, y en particular el párrafo operativo final 223, en el que la CIJ le señala a Israel (entre muchos otros puntos) que no puede usar el hambre como arma de guerra. Como lo indicábamos al analizar los alcances de esta opinión consultiva (Nota 2), es la primera vez en la historia que la CIJ le recuerda a un Estado una obligación de esta índole.

Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel, «How do you curate a genocide», Magazine+972, edición del 21 de mayo del 2026. Texto disponible en este enlace.

Este 4 de junio del 2026, en las afueras del Consejo de Seguridad, la Liga de Estados Árabes, la Organización de la Cooperación Islámica, Palestina y un nutrido grupo de representantes de diversos Estados, realizaron una conferencia de prensa (véase video), en la que denunciaron las exacciones de todo tipo de Israel en el territorio palestino registradas en las últimas semanas, aprovechando Israel el desvío de la atención internacional en razón de las fuertes tensiones en el Golfo Pérsico y así como en el Líbano.

Los plazos fijados en breve

En su ordenanza en el marco de la demanda de Sudáfrica contra Israel por el genocidio en curso en Gaza (véase texto en francés y en inglés), los plazos fijados para el depósito de la réplica (Sudáfrica) y de la réplica (Israel) son:

– 22 de noviembre del 2027 para Sudáfrica

– 22 de mayo del 2029 para Israel.

En esta misma ordenanza se puede leer que mientras Israel no consideraba necesario proceder a una segunda vuelta de alegatos, Sudáfrica insistió en la importancia de mantener una segunda ronda de alegatos, pidiendo incluso un plazo bastante extenso de 18 meses para preparar su escrito, plazo que le fue concedido por la CIJ.

Como se podrá observar, se trata de un nuevo fracaso de la diplomacia israelí, al parecer extremadamente urgida en que este caso sea lo más rápidamente resuelto y archivado por parte de la CIJ (de manera a añadir una decisión más en su contra de la CIJ, irrespetada y desacatada de manera desvergonzada por Israel).

Cabe recordar que en una ordenanza similar sobre plazos de abril del 2024 entre Sudáfrica e Israel (véase texto), la CIJ había ordenado un plazo de nueve meses, plazo intermedio entre los doce meses que solicitaba Sudáfrica y los seis meses solicitados por Israel. En lo que respecta al plazo otorgado a Israel, una segunda ordenanza de la CIJ de abril del 2025 (véase texto) le otorgó a Israel una prórroga adicional, evidenciándose la improvisación y la poca preparación de Israel para respetar los plazos inicialmente fijados para la entrega de sus argumentos.

No es la primera vez que Israel improvisa sus participaciones ante los jueces de la CIJ de manera errática. En el marco esta vez del procedimiento consultivo que concluyó con la opinión de la CIJ del 19 de julio del 2024 sobre la colonización y la ocupación ilegal del territorio palestino (véase texto completo), la jueza norteamericana de la CIJ notó en su opinión individual (véase texto) que:

« 4. Il est également regrettable qu’Israël n’ait pas réellement pris part à la présente procédure consultative. Celui-ci a soumis à la Cour un exposé écrit de cinq pages, assorti d’annexes. Il a choisi de ne pas participer à la procédure orale, bien que la Cour lui eût, jusqu’à l’ouverture des audiences, réservé trois heures pour présenter ses vues, soit un temps de parole égal à celui alloué à l’État observateur de Palestine et six fois supérieur à celui accordé à chacun des autres participants. La présente instance étant de nature consultative, aucun État n’avait l’obligation d’y prendre part, et Israël pas davantage qu’un autre. Cependant, la participation de ce dernier à la procédure orale eût été bénéfique pour la Cour.

../..

4. It also is unfortunate that Israel did not meaningfully participate in these advisory proceedings. Israel submitted a five-page written statement to the Court, together with annexes. It chose not to participate in the oral proceedings, despite the fact that up to the opening of those proceedings, the Court had reserved three hours for Israel to present its views — the same amount of time allocated to the observer State of Palestine, and six times the amount allocated to any other participant. This is an advisory proceeding, and no State was under an obligation to participate, including Israel. Israel’s participation in the oral proceedings, however, would have benefited the Court.»

Es de notar que el pasado 28 de mayo, Israel evidenció el nivel de creatividad al que han llegado sus máximas autoridades, al decidir “romper sus relaciones” con el Secretario General de Naciones Unidas (véase nota de prensa del New York Times y tweet oficial de su aparato diplomático): salvo error de nuestra parte, se trata de una verdadera “première” en toda la historia de Naciones Unidas, al nunca haberse registrado con anterioridad a un Estado Miembro anunciando semejante “rompimiento” con el máximo representante de la organización. Al no contarse con precedente alguno, no se tiene muy claro cuáles serán las consecuencias exactas para Israel: al respecto, será de gran interés observar lo que precise, haga o bien deje de hacer, el delegado de Israel con ocasión de una próxima sesión del Consejo de Seguridad en presencia del Secretario General.

La demanda de Sudáfrica en breve

Como se recordará, Sudáfrica presentó una demanda contra Israel el 29 de diciembre del 2023 por genocidio en Gaza (véase texto), acompañando su demanda de una solicitud urgente de medidas provisionales.

Esta primera solicitud urgente fue objeto de una respuesta de la CIJ, con una primera ordenanza emitida el 26 de enero del 2024 que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 3): desde enero del 2024, Israel desafía abiertamente la autoridad de la CIJ, al no haber en lo más mínimo modificado la forma de llevar a cabo sus operaciones militares en Gaza, tal como ordenado por la CIJ.

Cabe precisar que este caso contencioso que Sudáfrica a Israel ha propiciado solicitudes de intervención de varios Estados, en apoyo a la demanda sudafricana, siendo los últimos en hacerlo Países Bajos e Islandia, y que tuvimos la ocasión de detallar en cuanto a su contenido (Nota 4).

Por parte de América Latina, a diferencia de una diplomacia de Costa Rica inaudible y ausente cuando se trata de condenar las exacciones cometidas por Israel en Gaza y más generalmente, en el territorio palestino ocupado, los Estados que han presentado solicitudes de intervención en apoyo a la demanda de Sudáfrica contra Israel son: Brasil en septiembre del 2025 (véase texto), Belice en enero del 2025 (véase texto), Cuba en enero del 2025 (véase texto), Bolivia en octubre del 2024 (véase texto), Chile en septiembre del 2024 (véase texto), México en mayo del 2024 (véase texto), y Colombia en abril del 2024 (véase texto). Es de recalcar además que el primer Estado europeo en haber presentado una solicitud similar fue España, en el mes de junio del 2025 (véase texto).

Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israell, titulado “Rats, raw sewage, skin diseases: Israel’s siege is ravaging Gaza’s displaced”, Magazine+972, edición del 29 de mayo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Con relación a las tesis jurídicas de Israel aduciendo que la CIJ no tiene ninguna competencia al no observarse ningún genocidio en Gaza, Israel ha podido contar, como previsible, con las solicitudes de intervención presentadas en el mes de marzo de manera extrañamente coordinada: el mismo día el 12 de marzo del 2026 por parte de Estados Unidos (véase texto), Hungría (véase texto), Islas Fidji (véase texto), antecedidas por una solicitud remitida por Paraguay presentada el 2 de marzo (véase texto). La extrañeza resulta en la coincidencia exacta de fechas de tres Estados muy lejanos geográfica y políticamente (a saber Estados Unidos, Hungría e Islas Fidji), así como en el interés, algo súbito, en el mes de marzo del 2026, de presentar solicitudes en apoyo a Israel en el marco de un contencioso iniciado en diciembre del 2023.

El pasado 2 de junio del 2026, se informó de un intercambio de palabras bastante inusual entre el actual ocupante de la Casa Blanca y el Primer Ministro de Israel (véase nota de The Guardian) que pone en evidencia que todo tiene un límite en este bajo mundo (incluyendo la tolerancia del ocupante de la Casa Blanca ante las acciones insensatas del aparato militar de Israel): en esta entrevista de la cadena gala France24, se detalla la secuencia de fracasos de Israel de la que pareciera quererse ahora desmarcar el precitado ocupante.

En el caso específico de Costa Rica, cabe señalar una nueva incoherencia con respecto a los principios defendidos tradicionalmente en el ámbito internacional, relacionada esta vez a una muy cuestionada ley sobre la pena de muerte adoptada en Israel en el mes de marzo del 2026 (Nota 5): esta nueva inconsistencia, bastante notoria, se explica en razón del verdadero «alineamiento» de Costa Rica con Israel detallado en este artículo publicado el pasado 15 de mayo en El País (España), en el cual se indica la disposición de la nueva Presidenta de Costa Rica para el período (2026-2030) en trasladar la embajada de Costa Rica de Tel Aviv a Jerusalén: de materializarse el traslado de su embajada, Costa Rica estaría violando abiertamente el consenso internacional acordado desde 1947 sobre el estatuto internacional particular de Jerusalén. Al respecto, no está de más indicar lo que se lee en el capitulo sobre el traslado de la embajada de Costa Rica a Tel Aviv y el reconocimiento de Palestina como Estado, en una obra publicada en el 2013 por parte del ex canciller de Costa Rica en el período (2006-2010). Al concluir este capítulo, cuya lectura completa se recomienda, al pasar en revista todas las resoluciones de Naciones Unidas que Costa Rica violó desde 1982 (año en que decidió trasladar su embajada de Tela Aviv a Jerusalén), el autor indica que:

«Al concluir el acto protocolar, me encontré rodeado de distintos miembros de la comunidad que venían a saludarme y felicitarme por mis palabras, mi valor y mi candor. Algunos no estaban necesariamente de acuerdo con mis planteamientos, pero respetaban nuestro modo de pensar. Otros se expresaron a favor, e incluso unos cuantos me abrazaron y dos lloraron sobre mis hombros. Fue un momento de catarsis. Al Ex–Presidente Monge no lo volví a ver, ni tenía muchas ganas de verlo. El 20 de mayo, sin embargo, publicaría un artículo en el cual, desprovisto de argumentos, arremetería contra los “neo-nazis” de la administración Arias Sánchez (Nota 27). Supongo que mis palabras no fueron de su entero agrado” (Nota 6).

Sudáfrica: una hábil estrategia legal ante la CIJ

Más allá de las incoherencias a las que Costa Rica se ha prestado en los últimos cuatro años cuando de proteger a Israel se trata en el ámbito internacional, poniendo en entredicho la imagen internacional que ha forjado en los últimos 60 años (Nota 7), es de saludar la ejemplar actitud de Sudáfrica, y ello desde que inició este procedimiento contencioso contra Israel ante la CIJ. Así como el apoyo recibido a su gestión por parte de varios Estados de América Latina, África y Europa (al que podrían sumarse más dada la pérdida de toda credibilidad de Israel y el repudio generalizado que ha provocado en el mundo la insensatez de su accionar en Gaza, pese al incondicional apoyo que ha recibido Israel por parte de Estados Unidos). Cabe señalar que previamente a la solicitud de intervención de Palestina del 31 de mayo del 2024 (véase texto en francés y en inglés), habían presentado su solicitud de intervención México (24 de mayo del 2024), Libia (10 de mayo) y Colombia (5 de abril).

En un primer momento (diciembre del 2023), Sudáfrica se empleó a encontrar la manera de frenar el ímpetu destructor e insensato del aparato militar de Israel en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, logrando obtener en tres ocasiones por parte de la CIJ (entre enero y mayo del 2024) medidas provisionales de carácter urgente ordenadas por la CIJ a Israel: se trata de tres ordenanzas que fueron una tras una, objeto de un desacato desvergonzado por parte de Israel, que no encontró mejor argumento que tildar de «antisemita» a la CIJ (véase nota de prensa del Jerusalem Post del 2024). Se recomienda, en particular a quiénes consideran en sus columnas de opinión que Israel respeta las reglas del derecho internacional, leer y si es del caso volver a leer;

– el párrafo operativo 86 de la ordenanza del 26 de enero del 2024 (véase texto);

– el párrafo 51 de la ordenanza del 28 de marzo del 2024 (véase texto) y;

– el párrafo operativo 57 de la ordenanza del 24 de mayo del 2024 (véase texto).

A partir de esta actitud de Israel consistiendo en desafiar abiertamente a la autoridad del máximo órgano judicial de Naciones Unidas, Sudáfrica ha optado por extender el procedimiento en el tiempo, de manera a exponer ante el mundo a Israel, y mantener al aparato diplomático de Israel con un incómodo «asunto pendiente por genocidio en Gaza» ante la justicia internacional de La Haya.

Esta exposición en el tiempo de Israel sobre lo que es capaz de hacer Israel en Gaza, y más generalmente en el territorio palestino ocupado, no invalida los hallazgos que puedan hacer otras entidades de Naciones Unidas. Más bien, puede incitar a mayores investigaciones sobre el drama indecible que vive Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023, que permitirán a los jueces de la CIJ tener un panorama mucho más completo a la hora de dictaminar su decisión sobre el fondo.

A modo de ejemplo, el pasado 20 de abril se dio a conocer un informe del Banco Mundial y de la Unión Europea (UE) que cuantifica en más de 71.000 millones de US$ la destrucción causada por Israel en Gaza desde el 7 de octubre del 2023 (véase comunicado oficial de Naciones Unidas).

En esta entrevista de Democracy Now a uno de los mas renombrados expertos sobre el Holocausto realizada el 19 de mayo, se detalla la deriva genocida y supremacista que Israel ha emprendido en los últimos años y que debiera interpelar a muchos, incluyendo a los integrantes de la comunidad judía en todo el mundo: al respecto, resulta de cierto interés observar que un sector de la comunidad judía ha desarrollado una campaña mundial denominada «Not in our Name» (véase enlace), al tiempo que otras organizaciones judías como la UJFP en Francia han condenado a Israel por sus exacciones en Gaza (véase sitio), así como la Jewish Voice for Peace (véase sitio), y que se ha observado una importante cantidad de personas de ascendencia judía en las multitudinarias marchas de protestas en favor de las víctimas palestinas en Gaza en las principales capitales europeas, en Canadá y en Estados Unidos. No obstante, en otras latitudes, no se ha registrado crítica alguna a Israel ni manifestaciones colectivas de repudio: una de las pocas voces judías críticas en Costa Rica es la de una joven estudiante de la Facultad de Derecho de la UCR (véase su artículo titulado «No en nuestro nombre» publicado en septiembre del 2024 y uno anterior sobre el uso del «antisemitismo» en Costa Rica para intentar descalificar a quienes exigen a Israel respetar las normas del derecho internacional).

Con relación al calificativo de «antisemita» agitado por Israel, cabe recordar que cuando la Fiscalía de la CPI anunció que había procedido a iniciar formalmente una investigación en Palestina en diciembre del 2019, el primer ministro y el ministro de Defensa en Israel no encontraron mejor argumento que el de descalificar a la CPI indicando que es «antisemita» (véase la nota del Jerusalem Post y este cable de la agencia Reuters). Ello como parte de las gesticulaciones iracundas del aparato estatal israelí cuando fracasa, y que ya no impresionan mayormente, salvo algunos pequeños círculos.

El 1ero de junio del 2026, un comunicado oficial conjunto de varios expertos de Naciones Unidas denuncia la «política de terror» que fomenta Israel en todo el territorio palestino ocupado, Jerusalén Oriental incluida (véase texto del comunicado). Es de notar que Israel ha aprovechado también de la confrontación contra Irán iniciada conjuntamente con Estados Unidos el 28 de febrero, para expandirse como nunca en el Sur del Líbano, con acciones que califican como crímenes de guerra y debieran poder interesar a la justicia penal internacional, si es que las actuales autoridades del Líbano así lo quisieran (Nota 8): en esta nota de prensa del 29 de mayo del 2026, el número de personas fallecidas en el Sur del Líbano desde inicios del mes de marzo del 2026 asciende a 3324, de las cuales 55 son menores de edad, con 15 de ellos habiendo sido ultimados por el ejército de Israel en una sola semana. Esta otra nota refiere a más de 10.000 personas heridas en el Líbano en razón de las acciones militares israelíes. Este 5 de junio, un colectivo de juristas en Francia denunció la estrategia de asesinatos deliberados de periodistas libaneses por parte de Israel, tendiente a evitar que el mundo esté informado de su accionar en el Sur del Líbano (véase comunicado). En esta entrevista de France24 del 6 de junio, se detalla la destrucción deliberada de sitios declarados patrimonio mundial de la Humanidad por la UNESCO por parte de Israel en el Sur del Líbano.

Con relación a Gaza, resulta oportuno recordar que en septiembre del 2025, una comisión de investigación de Naciones Unidas concluyó a la perpetración de un genocidio en Gaza, siempre en curso (véase el texto completo de este informe y el comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas). Este informe de septiembre del 2025 confirmó los hallazgos anteriores de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese, en su informe (véase texto) titulado «Anatomía de un genocidio» presentado en julio del 2024. Imperturbable, pese a sufrir una fuerte campaña de desprestigio en su contra propiciada por Israel, Estados Unidos (y por los círculos de influencia que gravitan alrededor de las embajadas de Israel en todo el mundo) con incluso sanciones en su contra ordenadas por Estados Unidos y, en febrero del 2026, aparatos diplomáticos en Europa extremadamente hacendosos para desacreditarla (Nota 9), en el mes de marzo del 2026 esta valiente jurista italiana presentó un informe adicional, titulado «Tortura y genocidio» (véase texto).

Con respecto a Costa Rica, resulta oportuno señalar que, al finalizar el mes de febrero del 2026, la Universidad de Costa Rica (UCR) anunció el otorgamiento de su máxima distinción académica a Francesca Albanese (véase anuncio oficial de la UCR): un apoyo a su valentía y a su labor que bien podría replicarse en otros recintos universitarios. El pasado 2 de abril, se informó que esta valiente jurista recibió también la máxima distinción académica remitida por tres universidades en Bélgica (véase nota de prensa). En Costa Rica, personalidades e intelectuales han saludado esta llamativa iniciativa de la UCR (véase artículo de opinión publicado el pasado 29 de marzo en La Extra y este otro publicado con anterioridad en Delfino.cr, entre muchos más), al tiempo que otros han considerado oportuno repetir en artículos de opinión el guion del aparato diplomático israelí y las falacias que ha difundido en contra de Francesca Albanese, y ello desde su primer informe antes mencionado y titulado «Anatomía de un genocidio«, cuya lectura integral se les recomienda.

Como parte de esfuerzos (no gubernamentales) para dar a conocer a la opinión pública de Costa Rica lo que ocurre en Gaza, la película La Voz de Hind Rajab, ganadora de varios premios internacionales, se presentó en Costa Rica por vez primera, a partir del 5 de junio del 2026 en el Cine Magaly (véanse enlace de anuncio del Cine Magaly, así como este video de la larga ovación vivida durante la presentación de esta conmovedora película durante el Festival de Venezia, así como esta nota de prensa). En este enlace de una fundación que lleva su nombre, el detalle del asesinato de esta niña palestina ocurrido el 29 de enero del 2024 en Gaza permite entender mucho mejor las razones por las que esta película ha conmovido a tantas personas en todo el mundo. En este otro enlace de una fundación que lleva su nombre, se enlista parte de los 24 militares israelíes involucrados en el asesinato de Hind Rajab y de su familia, así como el de dos socorristas cuya ambulancia fue bombardeada horas después de llegar cerca del vehículo en el que se encontraba esta pequeña niña palestina aún en vida.

A modo de conclusión

Ante el drama indecible que se vive en Gaza desde hace más de dos años y medio, y la extrema urgencia de la situación para muchas familias palestinas, la justicia internacional de La Haya cuenta con un procedimiento contencioso que no hay cómo modificar, alterar o agilizar.

Este procedimiento contencioso se extiende durante varios años, en razón de las reglas procesales aplicables: como muchas veces ocurre con la misma justicia a nivel nacional, la justicia internacional puede llegar en algún momento, pero no es necesariamente una justicia pronta, como se quisiera. Desde este punto de vista, la justicia internacional no escapa a lo que pareciera ser una verdadera patología de la justicia en el plano nacional.

Ahora bien, desde el 26 de enero del 2024, fecha de la primera ordenanza de la CIJ, fueron en total tres los intentos de Sudáfrica de solicitarle medidas urgentes a la CIJ sobre el genocidio en curso en Gaza, siendo la última la ordenanza de la CIJ del mes de mayo del 2024, que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 10): conforme pase el tiempo, y se registren más exacciones de Israel en Gaza, la actitud desafiante de Israel puede contribuir a garantizarle a Sudáfrica una futura sentencia de la CIJ particularmente contundente y ejemplarizante. Paralelamente, los diversos informes de Naciones Unidas ya elaborados (y por elaborar) así como otros informes preparados por otras entidades de la sociedad civil, como por ejemplo uno reciente elaborado sobre lo que viven las personas palestinas detenidas en las cárceles israelíes (Nota 11), permitirán, sin lugar a dudas, a los jueces de la CIJ contar con elementos adicionales para condenar con mayor dureza a Israel como Estado: desde este preciso punto de vista, hay que saludar la magistral estrategia legal de Sudáfrica contra la que no pueden hacer mayor cosa, ni Israel, ni sus influyentes círculos de influencia, como tampoco su incondicional aliado norteamericano.

Este último por cierto, no encontró nada mejor que atacar conjuntamente con Israel a Irán, el 28 de febrero del 2026, tres días después de haber sido notificado por la CIJ de la apertura de la fase de compensación en el marco esta vez de otro caso: la demanda interpuesta por Irán contra Estados Unidos en el 2018 relativa al secuestro ilegal de sus activos bancarios en Estados Unidos (véase texto en francés y en inglés de la ordenanza de la CIJ del 25 de febrero del 2026).

– Notas –

Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Audiencias orales de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el marco de la controversia Guyana vs. Venezuela: algunas reflexiones«, 11 de mayo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre el alcance de la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 22 de octubre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito de la ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 26 de enero del 2024. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: Países Bajos e Islandia solicitan intervención en el marco la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza», 11 de marzo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 5: En efecto, en marzo del 2026, mientras que toda la comunidad internacional repudió la adopción de una polémica ley en Israel instaurando la pena de muerte de manera discriminatoria, al ser aplicable únicamente para condenados palestinos (véanse entre muchos comunicados oficiales, el de España, de Francia, de la misma Unión Europea y el comunicado conjunto de Alemania, Francia, Italia, Nueva Zelanda y Reino Unido así como este comunicado de varios expertos de Naciones Unidas), el aparato diplomático costarricense se mantuvo totalmente omiso y enmudecido. En este comunicado, un colectivo de juristas en Francia denominado JURDI concluye de manera muy certera, que:»La loi israélienne du 30 mars 2026 ne constitue pas une simple modification de politique pénale. En réintroduisant la peine de mort dans un système marqué par l’occupation, la colonisation, la ségrégation raciale et l’apartheid, mais aussi un génocide à Gaza, elle contrevient aux exigences fondamentales du DIDH, du DIH et du droit international pénal. Elle s’analyse moins comme une réponse au « terrorisme » que comme un instrument d’aggravation de la répression exercée contre le peuple palestinien, renforçant un régime de domination institutionnalisée«. Mientras el repudio ha sido generalizado con respecto a esta ley votada en Israel el 30 de marzo del 2026, … resulta oportuno leer lo que decía el comunicado oficial de Costa Rica en el año 2024, para conmemorar el día internacional de la abolición de la pena de muerte: reafirmaba entonces su defensa de los principios … pasados completamente por alto tratándose de Israel en este 2026 con relación a la penal capital.

Nota 6: Véase STAGNO UGARTE B., Los caminos menos transitados: La administración Arias Sánchez y la redefinición de la política exterior de Costa Rica, 2006-2010, Editorial Universidad Nacional (UNA), 2013, pp. 74-75. Texto completo de la obra disponible en este enlace.

Nota 7: Véase BOEGLIN N., «El tratado de libre comercio (TLC) con Israel firmado por Costa Rica el 8 de diciembre del 2025: reflexiones y preguntas, algunas incómodas«, 22 de diciembre. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 8: Véase al respecto BOEGLIN N., «La justice pénale internationale et la CPI au Moyen Orient: bilan et perspectives, notamment au vu de ce qui se passe au Liban«, 11 de abril del 2026. Texto integral disponible en este enlace .

Nota 9: Véase al respecto este comunicado de febrero del 2026 de Amnistía Internacional denunciando el burdo montaje a partir del cual Austria, Francia y República Checa pidieron sanciones contra Francesca Albanese. El 12 de febrero del 2026, un colectivo de juristas franceses presentó una demanda contra las autoridades francesas (véase comunicado del 12 de febrero) y emplazó al Secretario General de Naciones Unidas ante una condena por parte de Francia a la persona de Francesca Albanese (condena hecha con base en un montaje bastante burdo y grosero que al parecer no detectó el jefe de la diplomacia de Francia, lo cual plantea algunas interrogantes sobre su capacidad de lectura y la de su equipo de asesores): véase al respecto la carta del Presidente de la ONG francesa JURDI con fecha del 20 de febrero del 2026 con dos anexos que evidencian la maniobra de la que fue víctima Francesca Albanese. Se recomienda leer el texto de la misma Francesca Albanese publicado en Le Monde Diplomatique (número de marzo 2026), titulado «Réponse a mes détracteurs» y (cuyo texto integral esta disponible desde el 1 ero de abril del 2026).

Nota 10: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordena a Israel suspender de inmediato su ofensiva en Rafah y abrir Gaza a investigación por parte de agencias de Naciones Unidas «. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 11: Véase el informe presentado por una ONG en Ginebra en abril del 2026 titulado «Another genocide behind walls”: New report documents testimonies of rape and sexual violence in Israeli prisons«. En materia de tortura, el pasado 16 de mayo, fue el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura el que envió una misiva urgente a Israel (véase carta), objeto incluso de un comunicado oficial de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (véase comunicado del 19 de mayo del 2026 titulado “Special Rapporteur on torture warns of persistent risks for Palestinian detainees, implores Israel to change course”). Como ya viene siendo costumbre desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, este comunicado de prensa no fue referenciado en prácticamente ningún medio de prensa internacional ni nacional en Costa Rica, por razones que sería de sumo interés conocer.

Los hechos no hablan solos – Colombia

Escrito en . Publicado en Análisis.

José A. Amesty Rivera

En muchos países de América Latina ocurre algo que llama la atención de la gente, gobiernos o movimientos políticos de izquierda llegan con mucha fuerza al poder, impulsan reformas, crean programas sociales, mejoran servicios públicos y promueven cambios que consideran importantes para la mayoría de la población, sin embargo, cuando llegan nuevas elecciones, muchas veces encuentran dificultades para mantener el apoyo de los votantes.

¿Por qué algunos gobiernos hacen cambios importantes y aun así tienen dificultades para ganar elecciones?

Algunas personas creen que esto ocurre porque gobernaron mal, o porque cometieron demasiados errores, pero la realidad suele ser más complicada.

Las elecciones no funcionan como un examen de matemáticas, donde se suman aciertos y errores para obtener una nota final. Las personas votan influenciadas por muchas cosas, como, lo que ven, lo que escuchan, lo que sienten, lo que conversan con sus vecinos/as, lo que reciben por redes sociales y, sobre todo, por la idea que tienen sobre el rumbo del país.

Por eso, entender una elección requiere mirar mucho más allá de los números y las estadísticas, por ejemplo, la situación actual de Colombia es un buen modelo de ello.

La disputa entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella no enfrenta únicamente dos candidatos, también refleja debates que vienen de muchos años atrás, a saber, la violencia política, el conflicto armado, las desigualdades sociales, el proceso de paz, las diferencias entre regiones, el papel de los medios de comunicación y las distintas ideas sobre el futuro del país, entre otros.

Existe una situación que se repite en muchos gobiernos que buscan hacer cambios profundos, dedican enormes esfuerzos a mejorar programas sociales, ampliar derechos, fortalecer la educación, la salud o las oportunidades para los sectores más vulnerables.

Pero esos cambios casi nunca producen resultados inmediatos; una reforma educativa puede tardar años en mostrar resultados, una política para reducir la pobreza puede necesitar varios gobiernos para consolidarse, una transformación económica no ocurre de la noche a la mañana.

Mientras tanto, la gente sigue enfrentando problemas cotidianos; si una persona siente inseguridad en su barrio, le preocupa el precio de los alimentos o teme perder su empleo, esas preocupaciones pueden pesar más que otros avances que no percibe directamente.

Por esto muchas veces los gobiernos, son juzgados no por todo lo que hicieron, sino por los problemas que la población considera más urgentes. Y esto ha ocurrido en distintos países.

En Brasil, muchos ciudadanos/as reconocían avances sociales de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, pero el desgaste político terminó favoreciendo a Jair Bolsonaro en 2018.

En Ecuador, una parte de la población valoraba logros del Correísmo, pero otra parte quería un cambio de rumbo.

En Argentina, el deseo de alternancia ayudó a llevar a Mauricio Macri a la presidencia.

Pero también existen casos contrarios, veamos…

Lula volvió a ganar en Brasil en 2022, Gabriel Boric triunfó en Chile, Gustavo Petro llegó a la presidencia en Colombia en 2022.

Esto demuestra que el problema no es simplemente ser de izquierda o de derecha. La verdadera pregunta es otra, ¿Quién logra convencer a más personas de que su plan para el futuro es mejor?

En el caso de la política colombiana, para entenderla hay que mirar hacia atrás, durante décadas, Colombia vivió marcada por el conflicto armado, la violencia política, el narcotráfico y enormes desigualdades sociales; millones de colombianos/as crecieron escuchando noticias sobre guerrillas, paramilitares, secuestros, atentados y enfrentamientos, y esta historia dejó huellas profundas.

Por esto palabras como seguridad, paz, autoridad, orden, justicia o cambio no significan exactamente lo mismo para todos los colombianos/as. La firma del acuerdo de paz abrió una esperanza para muchos sectores de la sociedad, pero también generó dudas y preocupaciones en otros, y estas diferencias siguen presentes hoy.

Por esto las elecciones actuales no son solamente una evaluación del gobierno de Gustavo Petro, también son una discusión sobre qué país quieren construir los colombianos/as para las próximas décadas.

Y aquí aparece una idea muy importante, muchas personas que apoyan al gobierno de Petro sostienen que una parte de la población no conoce realmente muchos de los avances realizados durante estos años, y esta situación no es exclusiva de Colombia, ocurre en muchos países, por ejemplo:

Una carretera puede ser construida gracias a recursos del gobierno nacional, pero la gente piensa que fue obra de la alcaldía. Un programa social puede beneficiar a miles de familias, pero con el tiempo deja de verse como algo especial y pasa a considerarse normal. Una mejora económica puede atribuirse al esfuerzo personal y no a decisiones del gobierno.

En otras palabras, no basta con hacer las cosas, también hay que lograr que la gente sepa quién las hizo y por qué fueron importantes; si los ciudadanos no relacionan los cambios positivos con quienes los impulsaron, esos logros pueden desaparecer políticamente, aunque sigan existiendo en la realidad.

Y aquí aparece una de las mayores debilidades históricas de muchos movimientos progresistas en América Latina: han dedicado enormes esfuerzos a gobernar, pero muchas veces han prestado menos atención a comunicar. Durante años, una parte de la izquierda creyó que los hechos hablarían por sí solos, pensó que una buena gestión sería suficiente para convencer a la población.

Pero la política moderna funciona de otra manera, los hechos no hablan solos; alguien siempre los interpreta, los explica y les da significado. Mientras algunos gobiernos se concentran en ejecutar programas y reformas, otros actores políticos trabajan constantemente construyendo relatos, mensajes, símbolos y emociones, y muchas veces esos relatos terminan teniendo más fuerza que los propios hechos.

Otro problema frecuente es creer que una estadística puede derrotar una emoción, cuando una persona tiene miedo por la inseguridad, un gráfico no siempre cambia su percepción, cuando una familia siente dificultades económicas, un informe técnico puede parecer lejano a su realidad.

Las personas necesitan datos, pero también necesitan explicaciones sencillas que les ayuden a entender lo que está ocurriendo, la política no se mueve solamente por números, también se mueven por sentimientos, experiencias y esperanzas.

Por esto comunicar bien no significa hacer propaganda vacía, significa explicar claramente qué se hizo, por qué se hizo y cómo mejora la vida de la gente.

A su vez, hoy la comunicación política es mucho más complicada que hace veinte años; antes la información circulaba principalmente por televisión, radio y periódicos, ahora millones de personas reciben información por Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube y muchas otras plataformas.

Así en cuestión de minutos una noticia verdadera o falsa puede llegar a millones de personas, un video de treinta segundos puede tener más impacto que un informe de cien páginas.

Esto obliga a los gobiernos y a los movimientos políticos a adaptarse a una realidad completamente nueva; quien no entiende esta transformación corre el riesgo de perder la batalla de la opinión pública, incluso cuando tiene resultados para mostrar.

Existe otro factor que pocas veces se menciona; los gobiernos de cambio suelen despertar enormes esperanzas. Prometen combatir la desigualdad, reducir la corrupción, mejorar la seguridad y transformar la economía, sin embargo, los cambios profundos necesitan tiempo.

Las instituciones avanzan lentamente, las reformas encuentran obstáculos, los resultados tardan en llegar. Cuando las expectativas crecen más rápido que los resultados, aparece la frustración; y muchas veces esa frustración surge precisamente entre quienes más esperaban del gobierno, por esto algunos proyectos políticos terminan siendo víctimas de sus propias promesas.

Otro elemento importante es que, tal vez la discusión más importante ocurre en un terreno que muchas veces pasa desapercibido, no basta con ganar elecciones, tampoco basta con gobernar, también es necesario ganar la batalla de las ideas.

Las personas construyen sus opiniones en muchos lugares, como, la familia, la escuela, la iglesia, las redes sociales, los medios de comunicación, las universidades y las organizaciones sociales, allí se forman las ideas sobre qué significa progreso, justicia, libertad, seguridad o democracia.

Quien logra influir en esas ideas tiene una enorme ventaja política, por esto algunos gobiernos logran ganar elecciones, pero no logran consolidar una visión compartida del país. Y cuando esto ocurre, cada elección vuelve a convertirse en una disputa desde cero.

Finalmente, la historia demuestra que los movimientos progresistas no están condenados a perder elecciones; existen muchos casos de derrotas, pero también numerosos ejemplos de victorias, sin embargo, sí parece existir un problema recurrente.

Muchos gobiernos logran hacer cambios importantes, pero encuentran dificultades para convertir esos cambios en una percepción positiva y duradera dentro de la sociedad. El caso colombiano muestra claramente este desafío.

La discusión sobre el gobierno de Gustavo Petro no gira solamente alrededor de lo que hizo o dejó de hacer, también gira alrededor de cómo esos resultados fueron comunicados, comprendidos y valorados por la ciudadanía. Aquí la principal lección quizás sea esta:

Gobernar bien es indispensable, pero en la política del siglo XXI no es suficiente, también hay que explicar, convencer, escuchar y construir una visión compartida del futuro, porque los hechos son importantes, pero los hechos, por sí solos, no hablan.

Un dato final, sin entrar en polémicas. En el caso de Iván Cepeda, muchas personas lo reconocen por su trabajo en temas de Derechos Humanos, y por hablar sobre la historia del conflicto armado en Colombia, esto le da importancia y reconocimiento en la política del país.

Sin embargo, en una elección nacional, el reto para un candidato con este perfil es lograr que esos temas se conviertan en mensajes claros, sobre lo que más preocupa a la gente todos los días, la seguridad, el empleo, la economía y el costo de vida.

En una segunda vuelta, esto suele ser muy importante; muchos ciudadanos no votan pensando tanto en ideologías o debates políticos complejos, sino en quién creen que puede ofrecer un mejor futuro para ellos y sus familias.

Por esto, en Colombia las segundas vueltas muchas veces no las gana quien tiene el plan más detallado, sino quien logra conectar mejor con las preocupaciones de la gente. Normalmente tiene ventaja el candidato que habla de forma sencilla, transmite confianza y hace sentir a los votantes que entiende sus problemas.

En este escenario, no basta con proponer cambios, también es necesario explicarlos de una manera fácil de entender y demostrar cómo pueden mejorar la vida diaria de las personas. Al final, suele ganar quien logra presentar una idea de futuro clara y cercana para la mayoría de los ciudadanos/as, incluso para quienes no pensaban votar por él desde el principio.

No estamos afirmando que esto ocurrió o vaya a ocurrir de una manera u otra, simplemente es una situación que suele aparecer en elecciones muy divididas y polarizadas.

Y afirmo categóricamente, ojalá, que sea así, que Ivan Cepeda gane las elecciones en Colombia, para que este país siga cambiando, para que los colombianos/as, tengan una sociedad de justicia, paz, prosperidad y tranquilidad, en fin, que sea un triunfo de la izquierda latinoamericana.

Teletica, La Nación y el poder

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por José Luis Amador

José Luis Amador.

Se atribuye a Voltaire la frase “no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresar tus ideas”. Esta frase resume el principio democrático de respetar el derecho a la expresión y al disenso.

En los últimos años, hemos defendido a la Nación y Teletica por su derecho, (el nuestro y el de todos) a la libre expresión de las ideas. Durante estos años hemos sido testigos de la antidemocrática actitud de Rodrigo Chaves al golpear y constreñir la libre expresión de una serie de periodistas, periódicos, analistas y pensadores que van desde La Nación, y Teletica hasta periodistas de UCR, Vilma Ibarra y tantos otros grandes y pequeños que no fueron del gusto del señor presidente.

Pero la razón por la que hemos opinado en defensa de estos periódicos no es porque pensáramos que estos medios: “la Nación” o “Teletica” fueran adalides de la libertad de prensa, de la expresión de todos o de la defensa de la verdad y la objetividad. Sino porque en este mundo de pesos y contrapesos, la mordaza sobre esos periódicos es una mordaza que pesa para todos los actores de la sociedad, reduciendo el respeto al disenso y la democracia.

Hablo como ciudadano independiente, que se manifiesta libremente en las redes, que no tiene ninguna militancia con ningún partido, ni con ningún medio de comunicación, pero que siente como propia, la vejación y la constricción que se hace a cualquiera que sea reprimido en su libertad de expresión.

Como trabajador del ICE, me tocó muchas veces enfrentar la todopoderosa voz de esas empresas de opinión, La Nación y Teletica. Me tocó salir a defender los intereses institucionales y nacionales, llevando como único escudo mi convicción y los colores amarillos de esa institución.

Fue así como muchas veces nos tocó salir a enfrentar el TLC, afrontar la amenaza del Combo Eléctrico o simplemente salir durante el período 2002 – 2006, a luchar, porque los asesores neoliberales de Abel Pacheco lo convencían de negar la aprobación del presupuesto mínimo, para garantizar los recursos institucionales necesarios para construir obras hidroeléctricas. Ya desde aquellas épocas la intención era ahogar presupuestariamente al ICE, para que no pudiera construir sus obras, y dejar el espacio cómodamente a los cogeneradores privados.

Sin presupuesto, varios proyectos en proceso quedaban paralizados, los trabajadores sin actividad, y si no había una solución, el ICE tendría que despedirlos. Ante esas situaciones acuciantes, hubo un año en que nos lanzamos tres veces a paros y marchas, no por aumento de sueldo, no por beneficios para los trabajadores, sino por presupuesto para no paralizar las obras

El papel de La Nación
Porque cuero sí nos daban

Como trabajador del ICE no fue difícil aprender que cuando los políticos tomaban acciones y propuestas en contra de la institución, ya desde varias semanas antes, los titulares de primera plana de la Nación empezaban a expresar opiniones en contra del ICE, para preparar el terreno, indisponer la opinión pública y predisponerla a favor de los actos, leyes, proyectos, recortes y otras acciones de su interés, en contra del ICE.

Como muchos de ustedes bien saben, el periódico no es un noticiero. El periódico es un formador de opinión y una herramienta al servicio de sectores económicos y políticos. Y como comprenderán, no fue Chaves el que vino a abrirnos los ojos. Ya los teníamos abiertos desde chiquitillos. Estos medios nunca fueron favorables al proyecto nacionalista energético. ni de telecomunicaciones. Ni de la Caja, ni de ningún proyecto de índole social. Siempre estuvieron en contra de las posiciones progresistas de trabajadores y sus sindicatos. Siempre del lado libertario, del lado de los Guevara, del lado de quienes querían privatizar o como dicen ellos “abrir” las instituciones, Siempre favoreciendo a la cogeneración y a la competencia privada. En energía salud educación y en lo que sea.

El argumento es por supuesto, defender al usuario, lo cual no siempre es cierto, pero como propaganda funciona. Aunque la mayor cantidad de veces, la motivación sea más bien beneficiar al empresario privado, aún a costa del usuario final. En los últimos meses me ha llamado la atención ver algunas posiciones más nacionalistas y si se quiere más solidarias de parte de la Nación. Posiblemente por su enfrentamiento con Chaves y el duro revés de perder la visa que experimentaron sus directivos. Pero su posición ha sido siempre la descrita.

Chaves y Teletica

Recientemente Rodrigo Chaves se reunió con René Picado dueño de Canal 7. Esto ocurre luego de un periodo de más de cuatro años de agresión permanente, explícita o velada, de Chaves hacia ese medio televisivo. Conociendo a este personaje, no deja uno de preguntarse ¿Qué cosa estará tramando Chaves?

Lamento decir que no espero nada bueno de este señor. Aunque Chaves nunca ha expresado abiertamente su ideario, para quienes hacemos una lectura de lo que ha venido haciendo, queda claro que ese ideario no está muy lejos del ideario de un Milei. Arrasar con el Estado Social de Derecho, derribar los derechos adquiridos por los costarricenses en el plano social. Reducir aún más los presupuestos en salud, educación, seguridad, todo ello en beneficio de los sectores empresariales y de los números a nivel macroeconómico. Hablo sin ser experto, pero por ahí va la cosa.

El punto es que hemos defendido durante todos estos años a la Nación y a Teletica y hemos querido hacer valer su derecho a la libre expresión. Y había que hacerlo. No es por casualidad que a los directivos de la Nación se les quitaron sus visas a Estados Unidos. Eso, todos lo sabemos, es un guiño de la administración Trump a su colaborador Chaves.

Pero la reunión de Chaves con Picado deja abierta una serie de preguntas. ¿Será que por unos dólares más y pauta publicitaria René Picado cambiará sus posiciones y hará causa común con Rodrigo chaves en lo que atañe al derribo del Estado social de Derecho?

¿Será que ahora Teletica contribuirá, una vez más, a invisibilizar la realidad y a ponerla a tono con el interés del gobierno chavista, en desmedro de la verdad, y del objetivo ejercicio del periodismo, en aras de mayor rentabilidad para su negocio??

Nadie duda de que en nuestras sociedades los medios son un cuarto poder, uno de los más importantes: el periodismo y la comunicación formadora de opinión, pero también es cierto que fácilmente se convierten en un poder donde la verdad, queda al servicio del mejor postor.

¿Nos tendremos que acostumbrar, otra vez, a ver a Teletica, totalmente, al servicio del poder?

¿Pasará lo mismo con la Nación?

A Repretel ya ni le preguntamos.