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Planos registrados en zonas costeras de Guanacaste tienden a estabilizarse tras el boom inmobiliario postpandemia

Esteban Barboza, Abigail Lizano, Aarón Chaves, Johan Mora. Agosto, 2025

Por primera vez desde los inicios del boom inmobiliario postpandemia, existen indicadores que sugieren una estabilización en el mercado de compra y venta de propiedades en distritos costeros de Guanacaste. Esta conclusión surge del análisis de la cantidad de planos de agrimensura registrados ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) entre 2016 y 2024.

En términos generales, solo Tamarindo (desde 2019) y Tempate (desde 2021) mantienen una tendencia de crecimiento sostenido. Los demás distritos analizados, como Sámara, Nosara, Veintisiete de Abril, Cabo Velas, Sardinal y Nacascolo, muestran un comportamiento de estabilización o incluso una disminución en los registros.

De manera particular, Nacascolo refleja una fuerte desaceleración, mientras que Nosara y Sámara evidencian un decrecimiento importante entre 2023 y 2024. En cuanto a los planos registrados como solares y para construcción, la mayoría de los distritos también presentan cifras descendentes o menos ascendentes. Una excepción es Veintisiete de Abril, que mantiene un aumento marcado en los solares desde 2018, aunque no así en los lotes para construcción.

Es en los lotes para construcción donde más se percibe la caída de registros en prácticamente todos los distritos analizados, lo que refleja un cambio en el ritmo del desarrollo inmobiliario.

Estos resultados sugieren que el acelerado crecimiento inmobiliario vivido durante 2021, 2022 y 2023 —caracterizado por segundas residencias de lujo, alquileres turísticos y desarrollos hoteleros— estaría dando paso a una etapa de menor dinamismo en varias zonas costeras de Guanacaste.

Invitamos a leer el artículo completo en el sitio del OBTUR-UNA:
Planos registrados en zonas costeras de Guanacaste para construcción y solares tiende a estabilizarse tras el boom inmobiliario postpandemia

El chavismo, un discurso sin patria y sin historia

José Luis Amador.

Por José Luis Amador MSc.

Una de las características del discurso chavista es la negación y tergiversación de la historia y los valores patrios. Proclamar que el país es una dictadura y convencer a la ciudadanía de que nada existe y hay que empezar de cero, es apenas un ejemplo. Esto le permite atacar las instituciones y debilitar los poderes de la República que le estorban en sus pretensiones autocráticas.

Para ello tiene a su haber la desinformación histórica que campea en gran parte de la población y especialmente en algunos sectores de su base social. Cosechamos el resultado de años de ausencia de educación cívica de la ciudadanía y un vacío enorme en el fortalecimiento de memoria histórica.

Súmese a ello que los partidos políticos tradicionales habían venido haciendo una utilización abusiva y superficial de la historia y la tradición, cuando no era que habían echado por la borda los valores de patria y solidaridad, a cambio de una visión economicista y utilitarista del país. “Mi partido y mi patria son mis amigos y mis negocios”.

No menos impactante fue el trabajo de erosión interna, generado desde ciertos sectores académicos, que, en nombre de la crítica científica, terminaron socavando la figura de héroes nacionales como Juan Santamaría o Juanito Mora. Esa visión fue interpretada por el pueblo como una negación de la existencia misma de estos héroes.

Así, el edificio ideológico que sostiene la identidad nacional quedó descuadrado, y el terreno abonado, abriendo espacio para un discurso chavista, a-histórico, carente de luces ciertamente, pero con un poder mediático descomunal, capaz de atacar viralmente la base de nuestra identidad y cohesión social.

En el espacio político, ya teníamos antes una derecha apátrida, que optó por los negocios y convirtió los partidos en maquinarias electorales, pero que se valía del discurso patrio para ganar adeptos, ahora tenemos una derecha ignorante, ayuna de todo interés real en nuestra historia y nuestra ancestralidad.

Nos toca ahora retomar las tareas de re-construcción de la nación y la identidad. Son las viejas tareas de Omar Dengo, Carmen Lyra, García Monge y tantos otros, “para recordarles a los que vienen que no son hijos de las peñas, que tienen precursores abnegados e ilustres y una tradición estimable que conocer, respetar y proseguir” (García Monge al pie del Monumento Nacional. 15 de setiembre, 1921).

En este momento, son pocos y quizá demasiado dispersos los actores sociales, (políticos, artistas, académicos, religiosos, periódicos, formadores de opinión) que alimentan un discurso de revitalización de los elementos de identidad patria y procuran enfrentar y neutralizar el discurso de negación histórica de la arremetida chavista.

Es urgente que los sectores humanistas del arte, la política y la intelectualidad, unan esfuerzos para enfrentar esta visión negacionista de la historia y la cultura, a efecto de trabajar juntos en la reconstrucción del edificio ideológico y espiritual de la patria, fundamentados en la solidaridad humana y no en otra cosa

Cabe señalar que este es casualmente, el talón de Aquiles del discurso chavista: No tiene concepto de Patria, no tiene sentido de solidaridad, no conoce la costarriqueñidad, es un discurso improvisado desde la ideología de un funcionario de tercera del Banco Mundial, que solo sabe servir a sus financistas y a unos cuantos empresarios.

El supuesto líder chavista no tiene las luces para generar un concepto de patria, mucho menos esa Tercera República, de la que habla. No tiene la consistencia ideológica y espiritual que eso requiere y esperamos, no la obtenga jamás.

El discurso chavista pretende haber abolido la historia, pero cuidemos que no nos robe nunca la misión sagrada y permanente de construir la patria, el futuro y la esperanza.

El filibustero William Walker huye ante la acción de las Repúblicas Centroamericanas lideradas por Costa Rica. Ilustra un momento heroico y luminoso de nuestra historia, pero hay muchos, la mayoría de ellos, anónimos.

Radiografía de la incertidumbre

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Una lectura rápida, pero no menos implicada, a algunas noticias aparecidas en medios nacionales los últimos días, permiten constatar el punto de no retorno en una sociedad como la costarricense.

Mientras la realidad campea en lo que podríamos denominar una radiografía de la incertidumbre, quedamos notificados de que la parálisis organizativa y la respuesta persisten sin evidencia de su recomposición.

La ofensiva sociocultural desplegada hace unos años desde sectores conservadores ha dado su resultado más rotundo: la atomización, el secuestro del concepto de pueblo por versiones populistas y perversas hábiles en la comunicación dirigida y sus variantes, así como la naturalización de dimensiones que hasta hace poco eran impensadas en este país, son solo algunos de esos efectos inmediatos y devastadores.

Empecemos por la peor debacle de todas, la pesadilla lapidaria: este país entró en un apagón educativo que está amenazando a amplios sectores de la población.

Si aquella, la de los ochenta, fue la década perdida, estos años sin lugar a dudas serán recordados como el cierre con candado a varias generaciones que fueron confinadas al peor de sus ostracismos.

El cuento se cuenta solo, porque no se parece siquiera a un chiste que es como se diría correctamente la frase: pésima comprensión de lectura en estudiantes de varios niveles y debilidades en la enseñanza de las matemáticas, por causa de malos manejos en las herramientas didácticas por parte de las personas docentes.

El último informe del Estado de la Educación fue todo un obituario. De eso estamos seguros.

En la misma semana que este informe se daba a conocer, los medios de comunicación nos hablaban de la transversalización del enfoque de la violencia en todos sus alcances: en la Costa Rica del chifrijo, cada diez horas ocurre un asesinato, cada nueve días un femicidio, que hasta la semana anterior contabilizaba 27 homicidios de mujeres a manos de sus parejas.

Para aquellos y aquellas acostumbrados a explayarse en ese tan cacareado excepcionalismo costarricense en la región centroamericana, les tengo una noticia: las extorsiones, el cobro de peajes y el desplazamiento violento de familias enteras de sus viviendas por parte del crimen organizado, está ocurriendo en esta tan linda su Costa Rica, la suiza centroamericana. Nada que no ocurra en un barrio empobrecido de San Salvador o Tegucigalpa.

Como si este punto de inflexión no fuera suficiente, las soluciones extremas y populistas parecieran ganar espacio en el inconsciente colectivo atolondrado y mareado por tanto discurso provocador: una mega cárcel resumiría la política social del estado costarricense para acabar con la delincuencia.

Hace muchos años facilitaba en El Salvador un evento de juventudes centroamericanas sobre participación política. El caso de la delegación tica era contundente: su desprecio por las demás delegaciones y su poca vinculación con el resto, les hizo granjearse rápidamente una percepción negativa de parte del resto.

Hoy esa actitud arrogante y proponente debe ser abandonada y transitar hacia una humilde escucha de quiénes han experimentado esos viajes de los cuales no han regresado.

Mirar por encima del hombro y con arrogancia al conjunto de la región, no es opción. Nos hemos estandarizado. Reconocerlo es el primer paso para la reparación de eso que alguna vez fuimos.

De la autocracia electoral a la autocracia total. Costa Rica a un paso

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Cuando el presidente de El Salvador Nayib Bukele vino a Costa Rica en noviembre del 2024, su homólogo costarricense Rodrigo Chávez dijo una frase que no debe olvidarse ni pasar inadvertida: quisiera poder hacer en Costa Rica lo que Bukele hace en El Salvador; ¿qué hizo ese individuo en su país?, simplemente, transformarse en dictador a través de la autocracia electoral.

Después de pertenecer al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de origen marxistaleninista, resultó electo alcalde de Nuevo Cuscatlán en el 2012 y San Salvador en 2015 bajo esa bandera, luego buscará dar el salto a la presidencia de la República. Pero conflictos internos con su partido y después de dar brincos partidarios por la izquierda salvadoreña, se afilia y es candidato por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) de centro derecha para las elecciones del 2019, dando una cabriola política espectacular. En esas elecciones obtiene la mayoría absoluta (53.10%) en mucho gracias al desprestigio en que habían caído los gobiernos del Farabundo Martí, los cual él había participado antes de su salida definitiva hacia el otro extremo del espectro ideológico. Prueba que a los aspirantes a autócratas no les importa su línea de pensamiento, sino el afán de poder y destrucción de la democracia.

En junio del 2019 el presidente Bukele lanzó su plan “Control Territorial” con el que logró disminuir la inmensa tasa de mortalidad que había El Salvador, junto con acuerdos clandestinos y corruptos con la Mara Salvatrucha. Esto le dio una enorme popularidad, la verdad sea dicha, y eso le abrió la posibilidad de pedir en marzo del 2022 a la Asamblea Legislativa, ya dominada por él y sus partidos alados desde las elecciones del 2021, la declaratoria del Régimen de Excepción, lo que le permitió bajar aún más la tasa de criminalidad y gozar de un apoyo masivo de una población harta de la inseguridad provocada por las pandillas, maras y asesinatos; eso sí, todo cambio de perder las libertades fundamentales en una democracia.

La tumba de la democracia liberal en El Salvador estaba abierta, solo faltaba lanzar el cadáver y poner la lápida. El acta de defunción se firmó desde el 2021, cuando por una intervención del ejército quedaron borrados los límites entre el Poder Ejecutivo y Legislativo y aprueba un permiso para que el presidente Bukele se aparte del cargo y pueda participar en las elecciones del 2024, las que gana con una votación del 84.65%, prácticamente sin oposición.

Proceso típico de la autocracia electoral, pues también ya había dado el zarpazo final con la toma del Poder Judicial; esto sucedió cuando la Asamblea también en mayo del 2021 destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional primero y otros jueces después, incluyendo al fiscal general. Pero la lápida cayó el 1 de agosto de este año 2025, cuando la dócil y aborregada Asamblea Legislativa salvadoreña, por votación de 57 de 60 diputados dóciles, aprobó la reelección presidencial indefinida. ¡Viva la dictadura!

Sin embargo, cuando en su show rutinario de los miércoles, uno de la prensa vasalla preguntó al presidente Rodrigo Chaves su parecer sobre este hecho, dijo que había sido un proceso aprobado por una Asamblea electa democráticamente… y como dice el viejo refrán: si las barbas del vecino ves pelar… pon las tuyas a remojar.

Precisamente, porque ese es el modelo o ejemplo que el presidente Rodrigo Chávez restriega constantemente en las narices de los costarricenses como su gran ambición política, es que lo hemos explicado con amplitud; y ejemplo de cómo utilizando los procesos electorales aparentemente democráticos, un autócrata de pocas luces y verbo demagógico creador odios, se roba un país. Pueden ponerle el nombre y apellido que quieran, que los hay por todo el mundo: desde Ortega en Nicaragua, Milei en Argentina, Chávez-Maduro en Venezuela o Trump en los Estados Unidos y hay más, para no salirnos de nuestro continente. Como puede verse, no se trata de ideología, los hay de todos colores, y su deseo es solo uno: acabar con la democracia liberal. Para ello atacan a los otros poderes del Estado y a las fiscalías; critican el pasado que consideran corrupto, pero intencionadamente ignoran los logros y avances obtenidos para crear así la imagen de un país en caos que necesita un salvador; por lo que para ellos el discurso creador de odio, ya sea desde un podio los miércoles o diariamente desde una curul legislativa, es fundamental.

Ante las próximas elecciones el 1 de febrero del 2026 es urgente que los costarricenses abran los ojos y vean que estamos al borde del abismo, que nuestra democracia está en peligro si de nuevo cae en manos de una pandilla ignorante y ambiciosa que, sin asco alguno, está por destruirnos para acumular poder y riqueza. Hace cuatro años ofrecieron que eliminarían la corrupción, hoy nos heredan la más grande que ha conocido nuestra historia con un presidente con dos expedientes penales en los tribunales y más de cien en trámite en la Fiscalía General, una candidata a la presidencia con una causa penal pendiente en la municipalidad de Cartago por la extracción ilegal de expedientes para beneficiar al Alcalde que era su jefe, y una buena cantidad de candidatos a diputados en los primeros lugares en las papeletas de cada provincia, que parecen un pizarrón del OIJ o la Fiscalía General; donde cabe destacar a Nogui Acosta por San José con 10 causas penales pendientes en la Fiscalía y Marta Esquivel por Heredia, ex Presidente Ejecutiva de la CCSS con expediente penal abierto y en proceso activo por el caso (chorizo) Barrenador y causante de mil perjuicios a la Caja y la salud de los costarricenses o el l Lic. José Miguel Villalobos por Alajuela, con dos suspensiones a cuestas de su ejercicio profesional por el Colegio de Abogados, y sigue ejerciendo como abogado de narcotraficantes y del presidente Chávez, entre otras cosas, mejor ni hablar.

Así funciona la autocracia electoral, llevan al ciudadano ciego y sordo, embobado por los mensajes de odio, al matadero de la urna electoral…para que crean que hay democracia. Precisamente, el historiador Steven Forti en su libro “Democracias en Extinción…El Espectro de las Democracias Electorales” publicado este año, cita el estudio del Instituto V-Dem cuyos investigadores han llegado a la conclusión que el proceso de autocratización de un país pasa por estas tres etapas:

–           “En primer lugar, una erosión democrática comportaría el paso de una democracia liberal a una democracia electoral; en segundo lugar, un colapso democrático conllevaría el paso de una democracia electoral a una autocracia electoral, y, por último, una autocracia electoral puede transformarse en una autocracia cerrada…”

¡Es decir, una dictadura! ¿En cuál de estos tres estadios estamos los costarricenses? Creo que peligrosamente estamos a punto de pasar del punto uno al dos, que nos pone en puertas de la autocracia cerrada, estilo Nayib Bukele. Para eso quieren los famosos 40 diputados, para cambiar las estructuras democráticas de equilibrio de poder y control constitucional con la Contraloría General de la República, y entonces, sin quien ponga los límites, hacer lo que les dé la gana.

Por eso, no a la pandilla chavista o rodriguista o como diablos se llamen, encaramados en el nuevo taxi electoral Pueblo Soberano, dispuesto a convertirnos en un… ¡pueblo de sorompos!

Hacer política en un mundo en crisis

Por Arnoldo Mora

Como es lo habitual en el calendario político de nuestro país, este año, el último del gobierno de turno, tiene como protagonista a los partidos que buscarán el poder en las próximas elecciones, a celebrarse el primer domingo de febrero del 2026. El año se divide en dos: en la primera parte los partidos se vuelcan hacia dentro; es la época de elegir a sus candidatos, tanto en la fórmula presidencial, como en las papeletas provinciales para confeccionar la lista de candidatos a diputados. Lo novedoso en este año es que vivimos algo inusitado en nuestra institucionalidad democrática; cuando todo parecía sólido en las instituciones y claro en la razón de ser de lo que entendemos por “democracia”, los cimientos de la misma se ven sacudidos por la actitud asumida por el partido gobernante y, en especial, por las poses y medidas que un día sí y otro también, han caracterizado al presidente y su séquito. Este gobierno no tiene paragón en nuestra historia política…y no para bien. Todo lo contrario, muchos ciudadanos sentimos que este gobierno constituye una amenaza para nuestra institucionalidad democrática. Pero lo más grave es que el país está dividido como nunca desde la Guerra Civil de 1948. A pesar de lo insólito – o, quizás, precisamente por eso – de esta actitud del gobierno, cerca de la mitad de la población apoya al presidente como persona, aunque esto no significa que apoye o apruebe a sus altos funcionarios y a los diputados de la fracción oficialista. En cuanto a sus oponentes, tanto de los partidos que lo adversan como de amplios sectores de la opinión pública y de los medios de comunicación, la mayor parte de las críticas se dirigen en contra de la persona misma del presidente; es tan frecuente esta actitud, que da la impresión de que todos los ataques y amenazas que sufre nuestra institucionalidad democrática, deban ser asociados a lacras atribuibles a la persona misma del gobernante. Si bien es cierto que hay mucho en ello de verdad, dado que Rodrigo Chaves es un improvisado, que ha demostrado adolecer de una ineptitud supina para ejercer tan altas funciones, esto no obstante considero que hay un error de apreciación en esta afirmación, no porque sea falsa en sí, sino porque no ahonda en las causas de esta insólita y grave crisis que sufre nuestra vida republicana. Estas críticas serían totalmente válidas si no fuera porque el presidente, ya al terminar su período constitucional como gobernante, sigue gozando de una popularidad digna de mejor causa.

Por eso considero que los motivos para que en nuestra tradicional vida democrática haya surgido un fenómeno de esta naturaleza tiene causas, no sólo coyunturales propias de nuestro país, sino también – y esto es lo más grave- estructurales que van más allá de la manera de ser y pensar de los individuos que son los protagonistas de los eventos que hoy nos (pre)ocupan. Y cuando hablo de causas “estructurales” no me refiero sólo a la institucionalidad democrática de nuestro país, sino a lo que está pasando en el mundo entero, no tanto por la carencia de líderes o estadistas que estén a la altura de los retos del momento histórico actual, sino porque quienes tienen un papel protagónico en la escena política mundial, constituyen un retroceso, no son parte de la solución sino parte – y muy grave – del problema. No pocos de los líderes mundiales hoy son figuras espernibles, tanto por su trayectoria pública como por su vida privada. Me refiero a personajes como Trump que, por gobernar un país que ha sido el líder del mundo después de la II Guerra Mundial a pesar de que hoy acusa síntomas de una decadencia irrecuperable tanto dentro como fuera del país, sin embargo parece servir de modelo a sujetos detestables, tales como el genocida Benjamín Netanyahu en Oriente Medio, o Milei, Bolsonaro y Bukele en Nuestra América. La misma Europa gira peligrosamente hacia la extrema derecha; el fantasma de Hitler recorre no pocos pasillos del mundo político europeo. Es el mundo entero el que está en crisis, ya no sólo política sino de valores, lo que algunos llaman “crisis civilizatoria”. Occidente pierde la hegemonía que por siglos había mantenido sin rivales.

Nuestro pequeño país, situado en una zona geopolítica estratégica como es la Cuenca del Caribe, no podía permanecer al margen de un preocupante fenómeno de esta magnitud, tanto más cuanto que es la existencia misma de la especie la que está en juego. Frente a un desafío de esta magnitud, debe ser nuestro primer y principal deber cívico preguntarnos qué debemos hacer para asumirlo con posibilidades de éxito. Considero que lo que nuestro país está padeciendo como crisis afecta al concepto mismo de “democracia”, entendiendo por tal, no sólo la tradicional definición de un sistema político que expresa la voluntad popular. Democracia es el pueblo gobernándose a sí mismo y asumiendo libremente su destino como nación. Tal definición remonta a los lejanos tiempos de la Atenas de Pericles, cuna de la democracia; para los ciudadanos libres – que no pasaban de una quinta parte de la población – el “demos” (masa de los ciudadanos) ejercita el poder para construir la “polis” (sociedad racionalmente organizada) gracias a que se rige por la ley (“nomos”), que se inspira en el orden de la Naturaleza (“fysis”) que rige la armonía del Cosmos. Las revoluciones se dan cuando el incontenible dinamismo de las fuerzas sociales sobrepasa a las estructuras de poder. Es lo que hoy sucede en el ámbito mundial. Con la emergencia incontenible de China, es la humanidad la que se convierte en sujeto de la historia.

Pero volviendo a nuestro terruño, esta crisis mundial se ve reflejada en la crisis de nuestra tradicional institucionalidad democrática. Lo que entendemos los costarricenses por “democracia” nació como fruto de los procesos políticos de la Costa Rica del siglo XIX, cuya función histórica era la de forjar el Estado Nación. Logrado este objetivo, cuya culminación fue la constitución política de Guardia (1871) basada en principios liberales, se dan los eventos de Octubre 1889, que pone fin a los gobiernos autoritarios de la década y dan a luz una nueva concepción de democracia, aquella que se rige por los partidos políticos. La primera mitad del siglo XX tendrá como partido hegemónico al Republicano, cuyo mayor logro fue la creación del Estado de derecho, que nos evitará caer en las dictaduras que ensangrentaron nuestro vecindario. En la década de los 40s vendrá la “alianza inverosímil”, compuesta por el gobierno del republicano Dr. Calderón Guardia, la Iglesia de Monseñor Sanabria y el Partido Comunista de Manuel Mora, quienes crearon el Estado social, ensombrecida por la lucha de clases a partir de las elecciones de 1944, todo lo cual culminó en la Guerra Civil (1948); consecuencia de la cual nuestra vida política será hegemonizada por el Partido Liberación, cuya función era la de modernizar las estructuras del Estado según una concepción socialdemócrata ideada por Rodrigo Facio y ejecutada por José Figueres Ferrer. Este modelo político se verá cuestionado por la imposición imperial de “planes de ajuste” de tinte neoliberal a partir de 1985. Como reacción, en la segunda década de este siglo surgen en Nuestra América nuevos liderazgos, encabezados por las potencias regionales: el Brasil de Lula en América del Sur y el México de López Obrador-Claudia Sheinbaum en Mesoamérica.

Dentro de este nuevo contexto, Costa Rica debe repensar su tradición democrática. En este momento, su meta estratégica es defender y profundizar su mayor logro histórico: la creación del Estado social de derecho, en política doméstica y en policía exterior impulsar una diplomacia en pro de la paz basada en el respeto al derecho internacional, promoviendo los derechos humanos y en defensa de la causa ecológica. Para lograr esas metas, debemos dar prioridad a un sistema de educación pública de calidad en todos los niveles, como lo hicieron nuestros liberales con la reforma de Mauro Fernández (1886) en la educación básica, y Rodrigo Facio en la educación universitaria (Reforma de la Universidad en 1957). A este propósito hay que enfatizar que la mayor debilidad de nuestra educación pública se da en la secundaria; la solución está en formar profesores del más alto nivel profesional y ético; para ello el Ministerio de Educación debe comenzar por coordinar programas y cursos de emergencia, sobre todo en matemáticas, castellano e inglés, con las facultades de educación de las universidades públicas. La salud y la seguridad ciudadana combatiendo el narcotráfico y organizando a las comunidades, son los otros rubros que se deben promover como prioridad en los programas de gobierno que deben proponer los partidos en la campaña electoral que se avecina. Para ello se requiere de un Estado fuerte, transparente y eficiente, sometido al escrutinio permanente de una opinión pública bien informada. Los recursos del Estado se lograrán acabando con la evasión y elusión de impuestos.

Para terminar, deseo enfatizar que sería un error que, en esta campaña los partidos se enfrasquen en ataques y querellas entre ellos recurriendo a un lenguaje procaz. El mayor enemigo que enfrentamos, cualesquiera que sean nuestras preferencias electorales, no son los partidos rivales, sino el creciente abstencionismo, lo mismo que las fuentes de financiación de los partidos. Los inmensos recursos económicos que los partidos invierten en las campañas electorales, se dilapidan no en confrontaciones ideológicas inspiradas en nuestros mejores valores cívicos, sino en un “marketing”, donde se promueven a las figuras de los candidatos más que a los programas de gobierno. Por eso es indispensable que el Tribunal Supremo de Elecciones sea muy severo en el control de las fuentes de financiamiento de los partidos. Combatir la antidemocrática tendencia de quienes recurren a cualquier forma de financiamiento para satisfacer sus ambiciones políticas y controlar severamente las fuentes de donde viene el dinero que emplean los partidos para financiar su propaganda, es fundamental para preservar nuestra paz política y social y consolidar nuestra institucionalidad democrática. Tal es la función cívica por excelencia de la campaña que se avecina.

Costa Rica ante el Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. Un balance entre oportunidades y límites

Alberto Salom Echeverría

La firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (en adelante TLC CAFTA-DR), ratificado por Costa Rica en 2009, se nos dijo que marcaría un punto de inflexión en la política comercial del país. Hasta entonces, la relación con el principal socio comercial —Estados Unidos— se sustentaba en otros instrumentos jurídicos como el de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), un régimen unilateral creado por EE. UU. para otorgar acceso preferencial a productos provenientes de economías en desarrollo. Sin embargo, la transición hacia un tratado vinculante y bilateral no estuvo exenta de tensiones. En este contexto, resulta clave analizar las ventajas y desventajas que trajo consigo el TLC para Costa Rica, considerando, además, la evolución de su balanza comercial con Estados Unidos antes y después del tratado.

Ventajas ¿reales o aparentes?: estabilidad, inversión y diversificación exportadora

Como creo haberlo dejado claro en el artículo anterior, los principales líderes del “Movimiento del sí al TLC”, siempre aseguraron que, con este Tratado Comercial, se daba un paso seguro para movernos de un marco comercial revocable a un régimen que sería supuestamente estable y legalmente protegido. La ICC, aunque beneficiosa en su momento, dependía enteramente de decisiones unilaterales del Congreso o del Ejecutivo estadounidense. En contraste, -se nos dijo- que, el TLC CAFTA-DR había establecido reglas claras, derechos recíprocos y procedimientos jurídicos vinculantes, lo cual ofrecía seguridad jurídica a los inversionistas y previsibilidad a los exportadores costarricenses. Los gobiernos costarricenses a partir del 2009 promovieron entonces políticas públicas mediante las que, se produjo un notable crecimiento de la inversión extranjera directa, especialmente en sectores como tecnología, manufactura avanzada y servicios. Pero hemos de tener en cuenta, asimismo, los problemas que el Tratado trajo consigo, en especial ahora, que las imposiciones unilaterales de aranceles del señor Trump a todos sus socios comerciales, colocan a los demás países que comercian con los EE. UU, pero muy especialmente a socios mucho más débiles como los centroamericanos y del Caribe, en una situación verdaderamente calamitosa. Veamos primero las recompensas que derivamos del TLC.

El tratado facilitó en estas últimas dos décadas, la diversificación del aparato exportador costarricense. Recordemos que, antes del TLC, las exportaciones hacia EE. UU. se concentraban en productos agrícolas tradicionales como café, banano y azúcar. Tras su entrada en vigor, Costa Rica amplió su portafolio exportador hacia bienes de mayor valor agregado, como dispositivos médicos, servicios empresariales, tecnología y componentes electrónicos. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), en 2006 (años previos a la entrada en vigor del TLC CAFTA), las exportaciones costarricenses a EE. UU. alcanzaban los $3.500 millones; en 2023, esta cifra superó los $6.500 millones, con un cambio significativo en la composición de los productos exportados.

La balanza comercial: ¿ganancia estructural o dependencia creciente?

Si bien las exportaciones crecieron, también lo hicieron las importaciones desde Estados Unidos, lo que plantea interrogantes sobre los beneficios netos del tratado. En los años previos al TLC, Costa Rica solía registrar superávit comercial con EE. UU. (es decir, exportaba más de lo que importaba). Sin embargo, tras la implementación del tratado, la balanza comercial se tornó más volátil, y en ciertos años se registraron déficits comerciales.

Por ejemplo, en 2005, Costa Rica tuvo un superávit de aproximadamente $300 millones con EE. UU. Pero para 2015, ya con el TLC plenamente implementado, el país registraba un déficit cercano a los $1.000 millones, en parte debido al aumento de importaciones de productos manufacturados, bienes de consumo y maquinaria. Aunque en años recientes la balanza ha tendido a estabilizarse, esto revela que el tratado no garantizó un saldo comercial positivo sostenido, -y que- el país pasó a depender aún más de EE. UU. como proveedor clave. Un problema de significativa importancia que ha limitado siempre un verdadero desarrollo con autonomía y equidad para países como Costa Rica y sus vecinos, los cuales corren la misma suerte -o quizás peor- que nosotros.

Desventajas: pérdida de autonomía y presión sobre sectores vulnerables

Uno de los principales costos del TLC ha sido la pérdida de margen de maniobra en la formulación de políticas públicas, especialmente en áreas como compras gubernamentales, regulación de servicios, propiedad intelectual y protección ambiental. Al asumir compromisos de no discriminación y trato justo para inversionistas extranjeros, el Estado costarricense se ha visto limitado en su capacidad de aplicar ciertas políticas redistributivas o de protección social.

Además, el TLC ha expuesto a sectores productivos sensibles, como el agrícola, a una competencia desigual frente a productos subsidiados estadounidenses. Pese a que se negociaron plazos de desgravación gradual, rubros como el arroz, los lácteos o el maíz han enfrentado presiones importantes, y el Estado ha debido implementar medidas compensatorias para mitigar los impactos.

En contraste, bajo la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (en adelante ICC), Costa Rica tenía acceso preferencial a EE. UU. sin necesidad de abrir completamente su mercado, ni de someterse a compromisos jurídicos complejos. Esa flexibilidad permitió proteger sectores estratégicos, aunque -hemos de admitir- con el riesgo constante de perder acceso al mercado del norte, si EE. UU decidía modificar unilateralmente el esquema. Pero hoy, bajo el esquema del tratado de libre comercio (TLC), merced a una circunstancia de naturaleza sobre todo política -la actuación arbitraria del gobernante de una potencia, probablemente la más grande e injusta del orbe- nos toca enfrentar un problema similar al descrito bajo la ICC, “la modificación unilateral del esquema, por parte del socio, por mucho más poderoso del negocio”; esto ha sido así, sin que desde la perspectiva del 2009, cuando por fin Costa Rica estuvo lista para poner a caminar el TLC CAFTA-DR, ni el más suspicaz de los que apoyaron dicho “Tratado”, se imaginó que podríamos vernos en una circunstancia tan adversa para el comercio de toda la región, como esta por la que estamos atravesando.

Conclusión: entre la oportunidad y la dependencia

La adopción del TLC CAFTA-DR representó, para Costa Rica, una apuesta por la integración jurídica, económica y comercial con Estados Unidos, asumiendo tanto las ventajas de un marco en apariencia “más estable”, como los riesgos inherentes a una mayor dependencia estructural. Aunque el país ha logrado diversificar sus exportaciones, atraer inversión extranjera y fortalecer algunos sectores estratégicos, también ha cedido grados de autonomía y ha enfrentado tensiones sociales por los impactos en sectores vulnerables. La evolución de la balanza comercial revela que el TLC no fue una panacea, sino una herramienta más —con beneficios y costos— en la política de inserción internacional del país.

Así había sido antes de esta segunda administración de EE. UU, bajo el liderazgo de Donald Trump. Si los beneficios del TLC no resultaron tan loables como se nos había prometido, ¿qué podemos esperar ahora, cuando el gobierno estadounidense se ha lanzado con la agresividad que lo caracteriza a establecer -arbitraria e ilegalmente- aranceles a los productos provenientes de los países centroamericanos y República Dominicana -cubiertos o no por el TLC-? Insisto, el futuro inmediato no se presenta muy halagüeño frente a las políticas unilaterales impuestas por la administración Trump; menos aún, cuando las élites centroamericanas se han mostrado tan sumisas frente a los Estados Unidos y su nueva política arancelaria. El presidente Rodrigo Chaves Robles es un campeón de la sumisión ante los Estados Unidos. Como lo hemos argumentado, existen recursos a los que podríamos haber acudido para defendernos, pero los gobernantes han quedado como pasmados, mostrándose temerosos de echar mano de los recursos legales que existen en nuestra defensa.

La lógica del gobierno es entre más presos menos delincuencia

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

El país se desangra, las balaceras son pan de todos los días, nos convertimos en uno de los mayores exportadores de drogas del mundo y alcanzamos números récord en homicidios y tasas de criminalidad. El problema de la seguridad o inseguridad golpea diariamente al ciudadano

El gobierno de Chaves les echa las culpas a otros poderes: al Legislativo por no aprobar leyes más estrictas que meta a la gente a la cárcel y al Judicial por no mantener a los detenidos en la cárcel.

Chaves quiere más gente en la cárcel como el antídoto o la medicina contra la delincuencia. Su lógica es: entre más privados de libertad, menos delincuencia.

Sin embargo, la realidad indica que los detenidos han aumentado considerablemente en el periodo de gobierno de Chaves y sin embargo la inseguridad en vez de disminuir aumenta.

Según datos del propio ministro de Justicia, Gerald Campos que el Semanario Universidad publica en 2022 había una población penitenciaria de 14.718 personas, mientras que en 2025 existen 18.507, sea que los privados de libertad aumentaron en 3.789, mientras los homicidios pasaron en esa misma época de 654 en el 2022 a 907 en el 2023 y para este año el OIJ estima que la cifra superará los 900 homicidios.

La población privada de libertad crece aceleradamente, se considera que en el 26 llegará a 20 mil y, sin embargo, los delitos no parecen disminuir.

Hay varias conclusiones ante estos hechos:

1-. Meter la gente a la cárcel no resuelve por sí misma el problema de la seguridad pública.

2-. Que el Poder Judicial manda a la cárcel cada vez a más personas.

3-. Que, sin embargo, los índices de delincuencia no disminuyen, sino que aumentan.

4-. Que la falla principal del aumento de la inseguridad pública es del Poder Ejecutivo, sea del gobierno de Chaves.

En términos generales, lo que los números, sea la realidad, están indicando es que no basta con meter a la gente a la cárcel si el gobierno falla y no cumple con las tareas de prevención social y policial.

El Poder Judicial, los fiscales, los jueces, cumplen con su deber (la población carcelaria ha aumentado considerablemente) por lo que la excusa esgrimida por Chaves, que los jueces “sueltan a los delincuentes”, no es real.

La paradoja de la cárcel bukeliana

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Otro fallido proyecto chavista es el de, sin considerar las grandes diferencias que caracterizan la delincuencia en suelo salvadoreño, con la que nos agobia en Costa Rica, gastar cerca de ¢25.000 MILLONES en la construcción de otra prisión en Costa Rica.

Recordemos antes, que la construcción de la cárcel bukeliana, no ataca lo más importante, o sea, las causas de la criminalidad que nos arrebató, la paz que merece el pueblo de Costa Rica. En lugar de apuntar las canfineras hacia el escenario en que se mueven los actores, el «gran esfuerzo» se dedica a satisfacer un pingüe capricho presidencial, un poco alejado de hacia dónde orientar, los pasos hacia un buen gobierno.

«¡Hablemos de la cárcel!», se oye decir en Zapote, y no del desastre provocado en la educación estatal, por la exministra Müller, en los tres años como ministra de Educación. Igualmente, «escondamos la inhumana disminución en la inversión social, donde cada colón negado por el frío IMAS, se convierte en el ingrediente de la pócima de la hechicera, conque se nutre la delincuencia practicada, por los miserables que solo encuentran caminos cerrados, en su búsqueda por sobrevivir, en esta selva urbana.

Así, la paradoja se resume en, «_como estamos propiciando mayor delincuencia, necesitamos más prisiones_», cuando la lógica, el sentido común, debería ser, que, ‘gracias a una muchísima mejor educación, y a una atención prioritaria de los programas de atención, hacia, el millón de pobres que apenas tienen una comida diaria, la necesidad de más celdas cada día será menor’. ¡A mayor educación y programas de solidaridad social, menor delincuencia!, es una máxima universal, que Chaves desdeña.

Finalmente, creemos, que los diputados de oposición que, en una pequeña comisión, aprobaron disminuir el presupuesto del Ministerio de Seguridad, muy especialmente, ¡en momentos en que más se necesita trabajar en prevención!, SABEN que, el gobierno chavista jamás tendrá la capacidad necesaria, de presentar, para su valoración formal, un proyecto de construcción, viable, bien estructurado, decente. Por eso, presumimos, los legisladores no pusieron obstáculos al mismo, pues, eventualmente, no pasará de una idea desfinanciada, como lo fue, la también descabellada idea de la llamada «ciudad gobierno», en terrenos que pretendieron arrebatar al Liceo de Costa Rica. «Ciudad» monstruosa, de la que nunca hubo proyecto ni financiamiento.

Similar situación se dio, alrededor de un proyecto urbanístico privado, «soñado» como un enclave de millonarios extranjeros, que contarían con un pequeño atracadero para yates, ¡en terrenos de JAPDEVA!, al que llamaron «la marina de Limón», y que habría generado ¡cien mil empleos!, dijo la exministra de Planificación, y demagoga, Laura Fernández, solo para citar dos ejemplos. Y es que, amigos, en cuanto a la idea de la cárcel, lo cierto es que no se puede esperar mucho, pues se trata de un proyecto diseñado, por funcionarios donde predomina, la incompetencia y la improvisación.

Costa Rica y la crisis de sus partidos políticos: entre taxis, vicios y personalismos

JoséSo (José Solano-Saborío)

La democracia costarricense atraviesa una crisis silenciosa pero profunda: la del sistema de partidos. Lo que durante décadas fue el pilar de nuestra institucionalidad —estructuras partidarias sólidas, con ideología, cuadros formados y programas claros— hoy se ve sustituido por dos fenómenos preocupantes:

Primero, la proliferación de “partidos taxi”: vehículos creados para llevar a una persona al poder y luego desaparecer.

Segundo, la degradación de los partidos tradicionales, que han perdido su vocación programática y se han convertido en maquinarias electorales sin renovación real.

Viejos políticos, nuevos taxis

En los últimos tres procesos electorales, Costa Rica ha visto cómo candidatos sin el respaldo de las estructuras históricas han llegado a la presidencia: Luis Guillermo Solís (2014), Carlos Alvarado (2018) y Rodrigo Chaves (2022). Ninguno era favorito en las encuestas iniciales, y todos capitalizaron el desgaste del PLN, PUSC y PAC.

Este fenómeno ha abierto la puerta a figuras que, en lugar de fortalecer partidos, los usan como plataformas desechables. El Partido Progreso Social Democrático, que llevó a Chaves al poder, es un ejemplo citado por analistas como un “partido taxi”.

Los vicios que no mueren

El PLN, el más longevo de los tradicionales, arrastra décadas de cuestionamientos éticos y escándalos internos. El PPSO, el más novel y señalado como vehículo del oficialismo afín al chavismo, ya acumula denuncias por prácticas poco transparentes, vínculos con operadores digitales pagados desde Casa Presidencial y designaciones cuestionadas.

Paradójicamente, ambos extremos —el histórico y el emergente— comparten males similares: imposiciones internas que sus críticos califican de antidemocráticas, y el respaldo a proyectos de ley que han generado rechazo social, como las Jornadas 4×3, percibidas por sindicatos como un retroceso en derechos laborales. A esto se suma la inacción o el bloqueo de reformas clave en seguridad pública, como los allanamientos 24/7 o la incautación expedita de capitales ilícitos. Y, como cereza del pastel, en los últimos días, diputados del gobierno y del PLN entierran proyecto de ley para regular ‘lobby’ y ‘puertas giratorias’ a pesar de que la OCDE llamó la atención a Costa Rica por la falta de regulación del ‘lobby’; grupo de eventos y similitudes entre dos partidos, se supone, antagónicos que levantan suspicacias hasta del más inocente ciudadano.

El espejismo del liderazgo individual

La política costarricense se ha deslizado hacia el personalismo. La narrativa gira en torno a la figura del líder, no a la solidez de su equipo o la coherencia de su plan de gobierno. Esto ha tenido consecuencias visibles:

– Administraciones que llegan con un círculo reducido de confianza, sin cuadros técnicos suficientes para ejecutar políticas públicas.

– Falencias en áreas críticas como seguridad, infraestructura y educación, que se repiten gobierno tras gobierno.

– La “paradoja de la popularidad”: presidentes con altos índices de aprobación, pero con resultados pobres en los problemas estructurales del país.

Recuperar la política como proyecto colectivo

El artículo 98 de la Constitución Política establece que los partidos son instrumentos esenciales para la participación ciudadana. Sin embargo, si estos se reducen a cascarones vacíos o a taxis electorales, la democracia pierde su capacidad de articular intereses y garantizar gobernabilidad.

Costa Rica necesita partidos que vuelvan a formar cuadros, que construyan programas a largo plazo y que prioricen el trabajo en equipo sobre el culto a la personalidad. La historia reciente demuestra que, sin equipos sólidos, incluso los líderes más carismáticos terminan atrapados en la inercia de un Estado que no cambia.

Mecanismos que posee el CAFTA‑DR para responder a las recientes medidas de Trump de imponer aranceles

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

I. El CAFTA‑DR (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos) fue firmado en 2004, pero su implementación fue gradual y distinta según cada país. En el caso de Costa Rica, el tratado no entró en vigor hasta el 1 de enero de 2009, luego de un referéndum nacional realizado el 7 de octubre de 2007, en el cual el “Sí” al tratado se impuso con un 51.6 % de los votos (Wikipedia, 2024). Esto convirtió a Costa Rica en el único país firmante que sometió el tratado a consulta popular.

Uno de los argumentos más usados por los defensores del Tratado de Libre Comercio de las Repúblicas de Centroamérica y República Dominicana, fue que el Tratado vendría a proporcionar mucha más seguridad jurídica que la Iniciativa para la Cuenca del Caribe a la que estábamos adscritos con anterioridad. Algunos de los máximos defensores de este argumento fueron:

  1. Alberto Trejos. Cuando fungía como ministro de Comercio Exterior, manifestó que con la firma del TLC (CAFTA-DR), se establecía un marco jurídico más robusto para regular el comercio con EE. UU. Dijo expresamente: “La firma de este instrumento marca el fin de una etapa más en el proceso por lograr el establecimiento y consolidación de un marco jurídico adecuado que sirva para regular la relación de Costa Rica con los demás socios del Tratado.” (Ref. “Costa Rica aplaude firma de CAFTA en agosto” LMTENESPANOL, julio22, 2004). La cita claramente alude al concepto de seguridad jurídica, aún cuando no lo nombre de manera literal.

  2. Alfredo Volio. Líder del movimiento Alianza Ciudadana por el SÍ durante el referéndum. Aunque no se ha encontrado ninguna referencia explícita a la seguridad jurídica que, según su criterio daba el tratado, es evidente que un empresario como él, que fue colocado al frente del grupo del SÍ por el TLC, avalaba la firma del Tratado y por lo tanto lo que en el mismo se contenía en cuanto a la resolución de controversias.

  3. Diario La Nación. Se encuentra una mención expresa sobre el Concepto de Seguridad Jurídica en el siguiente extracto de un editorial del 6 de marzo de 2025, aunque no aludido específicamente sobre el TLC se subraya la importancia “…de la seguridad jurídica, previsibilidad y certidumbre como elementos esenciales para el buen desempeño del comercio exterior, especialmente para un país pequeño como Costa Rica.” (Ref. Editorial del 6 de marzo del 2025.).

  4. Capítulo 20: Solución de Controversias TLC-CAFTA.

  1. Consultas: Las partes deben intentar resolver sus diferencias mediante consultas diplomáticas (Art 20.4)

  2. Intervención de una Comisión del Tratado: Si las consultas fallan, se puede elevar el caso a la Comisión de Libre Comercio (Artículo 20.5).

  3. Panel Arbitral: Si no se resuelve el Conflicto, una de las partes puede solicitar el establecimiento de un panel arbitral independiente (Artículo 20.6), que evaluará la situación con base en el texto del tratado.

  4. Informe Final y Cumplimiento: El panel emite un informe definitivo. Si un país incumple, hay espacio para adoptar medidas compensatorias o de retorsión (Artículo 20.16), es decir sanciones económicas proporcionadas.

  5. Por lo tanto, ante las recientes políticas de Trump de imposición de aranceles que, claramente contravienen el TLC-DR, los países centroamericanos no están en la indefensión. El propio Tratado contiene cláusulas como las citadas, que amparan a los países que resulten víctimas de transgresiones, como ocurre hoy en día por parte del mismo gobierno de los EE. UU, otrora impulsor de los tratados de libre comercio.

Veamos estas cláusulas con un poco más de detalle.

  1. Consultas y arbitraje interestatal

El tratado prevé un mecanismo de solución de controversias entre Estados. Si un país firmante considera que otro ha incumplido sus obligaciones —como lo sería la imposición de aranceles que violen los compromisos adquiridos— puede iniciar un proceso que consta de:

1. Consultas bilaterales, con la posibilidad de mediación ante una comisión del tratado.

2. Si no hay solución en un plazo breve (30 días o menos si hay productos perecederos), la parte afectada puede solicitar un panel arbitral.

3. El panel, compuesto por tres árbitros imparciales, emite una resolución vinculante.

4. Si el país demandado no acata la resolución, el país reclamante puede suspender beneficios equivalentes a los daños sufridos.

Esta herramienta legal otorga a los Estados un recurso formal y reconocido para defender sus intereses dentro del marco del tratado, reforzando así la seguridad jurídica multilateral (CAFTA‑DR Text, Capítulo 20).

b. Precedente actual: República Dominicana

En 2025, ante la imposición de nuevos aranceles estadounidenses del 10 %, República Dominicana recurrió a este procedimiento, solicitando consultas oficiales en el marco del CAFTA‑DR (KPMG, 2025). Esto indica que los Estados parte reconocen la validez y relevancia del mecanismo incluso frente a potencias como EE. UU., y lo utilizan como vía de presión diplomática respaldada jurídicamente.

II. Vías judiciales internas en EE. UU.: ¿Quién puede frenar al presidente?

Más allá del ámbito internacional, existe otra vía crucial para frenar las políticas arancelarias de Trump: el sistema judicial estadounidense.

a. El caso V.O.S. Selections, Inc. v. United States

Este litigio, iniciado por una pequeña empresa importadora de vinos, ha tenido un impacto profundo en la legalidad de los aranceles presidenciales. El 28 de mayo de 2025, el Tribunal de Comercio Internacional (CIT) falló en contra de Trump, declarando que la Ley de Poderes Económicos en Emergencia Internacional (IEEPA), utilizada como justificación para imponer aranceles amplios, no autoriza al presidente a modificar unilateralmente las tarifas sin la aprobación del Congreso (Haynes Boone, 2025; Vox, 2025).

El fallo se apoya en principios constitucionales como la separación de poderes, la doctrina de no delegación legislativa y la llamada “doctrina de las grandes preguntas”. Dicha decisión representa un precedente importante que cuestiona la legalidad de los aranceles de emergencia como instrumento político (Cato Institute, 2025).

Sin embargo, la decisión fue suspendida temporalmente por una corte de apelaciones el 29 de mayo de 2025 (KPMG, 2025), y se espera que el caso llegue a la Corte Suprema de EE. UU. en los próximos meses (Covington, 2025).

Este litigio sugiere que la vía interna estadounidense puede resultar más eficaz y definitiva para frenar las medidas arancelarias, ya que podría invalidar las decisiones ejecutivas en su origen, en lugar de limitarse a responder con represalias como lo permite el CAFTA‑DR. Es evidente que, las represalias que pueden emplear los países centroamericanos y República Dominicana no resultarían tan eficaces de aplicar contra una nación tan poderosa como lo es EE. UU. Aun así, no se debe renunciar a ellas, pero como hemos visto, existe el poderoso mecanismo de la legislación interna de los Estados Unidos, que dejamos citado supra.

III. ¿Qué pueden y deben hacer los países afectados?

Los países centroamericanos y caribeños enfrentan un dilema estratégico: ¿deben actuar mediante los canales diplomáticos previstos en el tratado, o esperar a que las cortes estadounidenses resuelvan internamente la legalidad de los aranceles?

a. Activar simultáneamente ambas vías

Una estrategia podría ser activar ambas opciones de forma paralela:

• Iniciar consultas formales en el marco del CAFTA‑DR para dejar constancia legal y política del desacuerdo.

• Apoyar, mediante “amicus curiae” o declaraciones diplomáticas, los procesos judiciales que están en curso en EE. UU., como el caso V.O.S. Selections.

Conclusión

La actuación del actual presidente de los EE. UU, Donald Trump, al imponer aranceles a todos los países con los que tiene una relación comercial, pero en particular aquellos como son los centroamericanos y República Dominicana, con lo que mantiene vigente un contrato comercial, que es ley entre las partes es a todas luces arbitraria e ilegal. Aún más, es inconstitucional puesto que se trata de un “acto ejecutivo”, que ha ignorado por completo al propio Congreso de los Estados Unidos.

De confirmarse esta actuación en los hechos, quedaría burlado tanto el derecho nacional de los EE. UU, tanto como el internacional y la confianza que las élites políticas y económicas han depositado siempre en el Gobierno estadounidense.

Más allá de si estamos de acuerdo o no con los beneficios que puede haber traído el Tratado, el presidente de los Estados Unidos ha quedado en un pésimo predicamento con relación a todas las naciones del mundo con las que ha firmado un Tratado comercial. Podría surgir aquí una grave situación de fragilidad del derecho comercial internacional, que podría hacer peligrar aún más, la ruta de las negociaciones, el camino del diálogo y la paz internacionales.

Fuentes citadas

Wikipedia. (2024). Referéndum sobre el CAFTA en Costa Rica.

Haynes Boone. (2025). Court Declares Emergency and Reciprocal Tariffs Unconstitutional.

Vox. (2025). Trump Tariffs and the V.O.S. Selections Case.

KPMG. (2025). Federal Circuit Temporarily Halts Trade Court Judgment on Tariffs.

Covington & Burling. (2025). Status of Legal Challenges to Trump’s IEEPA Tariffs.

Cato Institute. (2025). Legal Brief on V.O.S. Selections v. Trump.

CAFTA‑DR Official Text. (Capítulo 20, Solución de Controversias)