Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA le otorga una nota preliminar de 69, con una calificación de “solidez media”.
Aunque el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 2027-2030, presentado por el Gobierno el 25 de agosto, cuenta con una robustez a nivel de planificación y con estimaciones presupuestarias, carece de evidencia de cómo se cumplirán las ocho metas nacionales planteadas; tampoco reflejan un salto del país hacia un desarrollo humano sostenible.
Así lo reveló la auditoría técnica del PNDIP 2027-2030 de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional (UNA). En suma, al aplicar una serie de variables a través del “índice EPPS de calidad”, el plan alcanza una nota preliminar de 69 puntos sobre 100 posibles; es decir, se le otorga una calificación de “solidez media”.
Para llegar a tal conclusión, esta unidad académica, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, analizó aspectos como la arquitectura formal de planificación aplicada, la participación, la congruencia del plan con su presupuesto, la posibilidad de logro de las metas, la evaluación, la consideración territorial y la gobernanza y capacidad de ejecución.
“Desde esta Escuela concluimos que el PNDIP 2027-2030 ha avanzado de manera importante en ordenar qué hará el estado, quién lo hará, con qué indicador y con qué estimación de recursos. Su desafío principal consiste ahora en demostrar por qué la suma de esas acciones debería producir las transformaciones nacionales esperadas”, concluye la auditoría.
Más allá de las fortalezas identificadas, “las 169 intervenciones públicas no constituyen una estrategia causal integrada, capaz de producir las ocho transformaciones nacionales planteadas que tengan como resultado un salto al desarrollo humano sostenible”, ampliaron los investigadores en el informe.
Análisis según metas
En general, la Escuela de Planificación sugiere que el Gobierno no establezca metas bajo una lógica binaria de “cumplida” o “incumplida”, en vista de que no puede controlar en toda su dimensión cada una de ellas. En cambio, propone establecer metas de influencia o contribución.
Ese es el caso de la meta de crecimiento económico, cuyo cumplimiento depende de condiciones externas e internas que exceden el control directo del gobierno.
En otras metas como pobreza (pasar de 15.2% a 14.4%), desigualdad (de 0,495 0,491 en el coeficiente de Gini) y de seguridad ciudadana (bajar la tasas de homicidios de 16,8 a 15,3 por cada 100 mil habitantes) se planten objetivos que son relativamente alcanzables, insuficientes o que mantienen una tasa aún elevada al 2030.
En el caso del desempleo (bajar de 6.7% a 6.2%), la auditoría advierte que deberán proponerse otros escenarios como una mayor participación laboral, personas ocupadas o disminución de la informalidad, que reflejen una mejora en el mercado laboral.
Esa necesidad de detallar las metas aplica para otras dos: competitividad (subir el Índice de Competitividad Nacional de 56,2 a 61,2) y la de descarbonización (reducir la razón de emisiones CO2/PIB de 0,293 a 0,180). En la primera de ellas, los investigadores consideran pertinente desagregar cuáles son los aportes según se trate de infraestructura, innovación, regulación, capital humano, financiamiento o desempeño institucional. En la segunda, estiman validar las emisiones netas absolutas y su coherencia con la Contribución Nacionalmente Determinada (CND) que aplica para Costa Rica.
Finalmente, la meta más ambiciosa identificada tiene que ver con la educación (aumentar la tasa de escolaridad de 60% a 76%), y donde se deben tomar en cuenta factores como permanencia, exclusión, reinserción y promoción.
En suma, cuatro de las ocho metas tienen niveles entre “medio-bajo” de riesgo preliminar de cumplimento. Dos tienen un riesgo “medio-alto” y dos (la de educación y la de seguridad) están en riesgo “alto”.
Para llegar a estas metas, la UNA identifica la aplicación de una metodología clara y rigurosa, con la rectoría del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). El diagnóstico también es un punto alto porque considera las dimensiones económicas, sociales, ambientales regionales, geopolíticas, tecnológicas y demográficas.
También, destaca que el PNDIP integre el Sistema Nacional de Inversión Pública y el Banco de Proyectos de Inversión Pública donde se registran 53 proyectos formalmente incorporados. Otros puntos favorables del plan están en la estrategia de seguimiento que incluye informes semestrales y evaluaciones de diseño y de evaluación.
En el ámbito presupuestario, el plan incluye estimaciones, que están vinculadas con la planificación institucional y con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Sin embargo, desde la Escuela de Planificación consideran conveniente identificar seis categorías: gasto existente, recursos nuevos, gasto recurrente, transferencias, inversión de capital y financiamiento condicionado o no asegurado.
Donde existen brechas es en el campo de la territorialización. Solo tres de 49 metas sectoriales tienen desagregación territorial y 72 de 246 metas de intervención regionalizadas. “El PNDIP no está suficientemente territorializado en su sistema de resultados. Esto es evidente al no constatarse en el plan una relación directa con los planes de desarrollo humano local y, en general, con el sistema de planificación local.
Otro oportunidad de mejora está en el análisis de aspectos sobre equidad e inclusión. La auditoría registró 57 de 246 metas de intervención con criterio de género, equivalentes al 23.2% del total.
Recomendaciones
A nivel de recomendaciones, el informe propone la publicación de 49 metas sectoriales y las 169 intervenciones. Además, mapear las ocho metas nacionales hacia sectores, productos y efectos.
Por otra parte, se plantea desagregar por regiones y territorios las acciones, establecer un índice de ejecutabilidad de inversiones, revalidar metas macroeconómicas, incorporar pruebas de calidad y verificación desde el primer año y complementar el cumplimiento físico y presupuestario con resultados, calidad de servicio, brechas territoriales, sostenibilidad y valor agregado para la población.
La Escuela de Planificación de la UNA aclaró que no formó parte de ninguna etapa del plan de construcción del PNDIP 2027-2030, “por lo que la valoración que hacemos es independiente y tiene como objetivo ofrecer argumentos, comentarios y sugerencias desde el interés de mejorar la formulación, ejecución y resultados que se esperan entregar al país”.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Contradicciones en el seno de la institucionalidad
Hay una paradoja en la Costa Rica política de estos días que merece algo más que una reacción coyuntural.
El gobierno de Laura Fernández llega a sus primeros cien días con una opinión pública considerable. Según la encuesta de setiembre de 2026 del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), el 64% de las personas consultadas valora positivamente la gestión presidencial y el 69% manifiesta respaldar al gobierno. (CIEP UCR)
No se trata de una anomalía aislada. Rodrigo Chaves terminó su mandato con una valoración positiva también del 64%, y la actual administración conserva buena parte del apoyo que acompañó al gobierno anterior. Incluso la simpatía por el Partido Pueblo Soberano pasó, según el CIEP, de 3,9% a 20,7% entre setiembre de 2025 y setiembre de 2026. (CIEP UCR)
Sin embargo, cuando se observan algunos indicadores estructurales de la situación política, del Estado social, de las finanzas públicas, de la educación, de la seguridad y de la protección ambiental, aparece un panorama bastante más complejo, plagado de contradicciones.
Estas contradicciones constituyen el punto de partida de estas reflexiones.
No se trata de afirmar que todos los indicadores económicos y sociales hayan empeorado durante los últimos cuatro años. No es así. Tampoco se trata de negar que Costa Rica haya obtenido avances importantes en materia de estabilidad macroeconómica. La cuestión es otra: ¿qué ocurre cuando una parte importante de las personas encuestadas, reflejo del estado de la opinión pública, evalúa favorablemente a un gobierno mientras algunos de los indicadores que determinan las condiciones materiales de vida y la capacidad futura del Estado muestran tensiones importantes?
La respuesta puede encontrarse, al menos parcialmente, en la transformación de la relación entre ciudadanía, liderazgo y resultados de gobierno.
Debo advertir, que una cosa es una encuesta de opinión y otra distinta es un apoyo ciudadano. Inclusive el apoyo de la ciudadanía a un gobierno se refleja solo parcialmente en la elección presidencial. Suficiente, eso sí para que las nuevas autoridades cuenten con legitimidad de origen, Empero, el apoyo de la ciudadanía a un gobierno, lo que hemos denominado gobernabilidad, requiere algo mucho más sólido: requiere adhesión o apoyo mediante organización de la ciudadanía, capacidad de esta en la toma de decisiones. En las manifestaciones recientes, el gobierno hace alarde de movilización de ciudadanos, cuando lo que en realidad hubo fue acarreo de personas, mediante buses desde lugares distantes a la ciudad de Cartago. Además, estas personas recibieron estímulo bajo la oferta de almuerzos e inclusive dinero. Por otro lado, la policía restringió la movilización de ciudadanos de la misma provincia o de la ciudad de Cartago; en otros casos, a los que fueron identificados como fuerzas opositoras al gobierno, se les exigió la presentación de la cédula de identidad (solo en estos casos), o fueron retiradas algunas personas del parque donde se celebraban los actos oficiales.
I. La salud fiscal: entre la consolidación y sus límites
Conviene comenzar por las finanzas públicas porque constituyen uno de los principales argumentos con los que el gobierno de Rodrigo Chaves defendió su gestión.
Aquí es necesario introducir una distinción.
Costa Rica sí experimentó una mejoría importante en algunos indicadores fiscales. El Gobierno Central consiguió superávits primarios durante varios años. En 2024, por ejemplo, registró un superávit primario equivalente al 1,1% del PIB. Pero al mismo tiempo el déficit financiero alcanzó 3,8% del PIB, debido principalmente al peso de los intereses y a la desaceleración de los ingresos tributarios. (Hacienda)
La deuda tampoco permite sostener, sin matices, la tesis de que simplemente aumentó durante todo el período. Según Hacienda, la deuda del Gobierno Central equivalía al 63% del PIB en 2022, bajó a 61,1% en 2023 y 59,8% en 2024. En 2025 volvió preliminarmente a 60,4%. (Hacienda)
Pero existe otra cara del problema que resulta políticamente decisiva: el costo de servir esa deuda.
A junio de 2025 se habían pagado ₡1,116 billones en intereses. Ese monto equivalía al 29,5% de los ingresos recaudados hasta entonces. Los intereses representaban además 2,2% del PIB. (Hacienda)
Es decir, la discusión fiscal no puede reducirse a si la deuda como porcentaje del PIB subió o bajó. La pregunta relevante es también cuánto espacio presupuestario queda disponible para atender educación, salud, vivienda, seguridad, infraestructura, protección ambiental y políticas sociales después de pagar la deuda.
El proyecto de presupuesto para 2027 resulta revelador: aproximadamente 40% del presupuesto corresponde al servicio de la deuda y cerca de 37,7% de los gastos tendría que financiarse mediante nueva deuda. (El Financiero)
Por otra parte, es notoria la intencionalidad, tanto del presente gobierno como del anterior, en eso sí hay continuidad, de estrechar seriamente los recursos del Poder Judicial, de las Universidades públicas, y como hemos dicho, el presupuesto destinado a políticas sociales.
Es decir, si el presupuesto presentado por el gobierno es un reflejo de la decisión de un gobierno, es fácil deducir su intención de controlar al Poder Judicial en una clara intención de ejercer sobre este un estricto control y perjudicar su ejercicio presupuestario.
De modo que sería más preciso hablar de consolidación fiscal con un margen social y presupuestario estrecho, no de una salud fiscal.
II. Educación: la distancia entre el mandato constitucional y la realidad presupuestaria
La educación constituye probablemente uno de los indicadores más claros de la tensión entre el discurso de desarrollo y las prioridades presupuestarias.
El proyecto de presupuesto para 2027 asigna al Ministerio de Educación Pública ¢2,752 billones, equivalentes al 4,9% del PIB. La cifra está muy lejos del 8% establecido constitucionalmente como referencia para la educación. Además, representa una reducción de 0,7% respecto del presupuesto vigente de 2026. (La Nación)
Aparte de que es evidente que Costa Rica no llega al 8%, en clara violación de la Constitución, el punto de fondo es qué significa esta distancia para la capacidad del país de enfrentar sus problemas de desigualdad, movilidad social, productividad y ciudadanía democrática.
La educación no es solamente una partida presupuestaria.
Es uno de los mecanismos mediante los cuales una sociedad reproduce —o rompe— las desigualdades existentes.
Por eso, una política de contención fiscal que reduzca el espacio de la educación puede producir un efecto devastador para la institucionalidad democrática: mejorar determinados indicadores financieros en el corto plazo mientras deteriora capacidades sociales cuyo costo aparece muchos años después.
III. La política social y el problema de las prioridades
Algo semejante ocurre con el conjunto de las políticas sociales.
El presupuesto es, en último término, una expresión material de las prioridades de un gobierno. Allí donde se asignan recursos existe una decisión política; donde se restringen, también.
El proyecto presupuestario de 2027 plantea una reducción global del gasto, y de manera muy significativa del gasto social respecto del presupuesto vigente, mientras el servicio de la deuda absorbe aproximadamente dos quintas partes de los recursos. El gobierno alega que, el margen de maniobra es extremadamente reducido: Hacienda estima que alrededor del 93% del presupuesto está comprometido por obligaciones legales o constitucionales. (El Financiero). Pero, lo que sí resalta es que el presupuesto presentado privilegia la inversión tanto para el Ministerio de Hacienda, cuanto para el de la Presidencia, ambos bajo el mando de Rodrigo Chaves.
Aquí aparece la pregunta política importante: ¿qué Estado se está construyendo con los recursos que sí pueden ser priorizados?
Y esa pregunta conduce directamente a resaltar nuevamente las restricciones presupuestarias a la vivienda, la seguridad, la salud, la niñez, las personas mayores, la atención de poblaciones vulnerables, las mujeres y por supuesto, las oportunidades educativas.
El deterioro de un Estado social no necesariamente comienza con su eliminación formal. Puede comenzar con su pérdida gradual de capacidad. Y esto es justo lo que viene ocurriendo desde el gobierno anterior.
IV. El costo de vida: la experiencia cotidiana frente a las cifras macroeconómicas
Aquí aparece otra posible explicación de las graves contradicciones entre el autoritarismo gubernamental y la institucionalidad democrática.
El INEC registró para 2025 una variación interanual del IPC de -1,23%. Esto significa que, en términos agregados, el nivel general de precios disminuyó respecto de diciembre de 2024. (INEC)
Pero esa cifra no significa que todos los bienes hayan bajado de precio ni que las familias hayan recuperado automáticamente su capacidad adquisitiva.
En diciembre de 2025, el propio INEC registraba que 47% de los bienes y servicios considerados en el índice habían aumentado de precio, mientras 35% habían disminuido. (INEC)
La experiencia de inflación, por tanto, no es homogénea.
Y aquí resulta particularmente interesante la encuesta del CIEP. La ciudadanía puede valorar positivamente una gestión porque percibe estabilidad económica, aun cuando enfrente dificultades concretas en determinados productos y servicios.
La política se construye también con percepciones.
V. Seguridad: una demanda que reorganiza las prioridades ciudadanas
La seguridad constituye quizá el ejemplo más importante.
Costa Rica ha experimentado durante estos años una crisis de homicidios y violencia criminal que modificó la agenda pública. El propio CIEP señaló en 2025 que la inseguridad y la delincuencia se mantenían como la principal preocupación de la población. (Gestión Web UCR)
Pero la encuesta de setiembre de 2026 permite observar algo aún más preocupante.
Entre las personas que identificaron alguna acción del nuevo gobierno que les había gustado, las categorías relacionadas con seguridad y lucha contra el crimen y con el sistema penitenciario concentraron conjuntamente 47,4% de las menciones. (CIEP UCR)
Una ciudadanía que percibe que su problema más urgente es la inseguridad puede valorar especialmente un gobierno que coloca ese asunto en el centro de su discurso incluso cuando existen controversias o dificultades en este y otros campos.
La evaluación ciudadana, entonces, no necesariamente constituye una auditoría integral del Estado. Puede ser una respuesta a aquello que cada persona considera más urgente.
VI. Ambiente: una contradicción particularmente delicada
En materia ambiental aparecen asimismo señales que requieren una discusión más profunda.
El caso Gandoca-Manzanillo continúa siendo objeto de una investigación penal. En abril de 2026, la Fiscalía Ambiental consiguió medidas cautelares destinadas a suspender determinados aprovechamientos forestales, trámites administrativos y permisos relacionados con las propiedades investigadas. El Ministerio Público indicó que la causa involucra a un particular, tres funcionarios del SINAC y un regente forestal, y que se investiga cómo determinadas gestiones habrían permitido autorizar aprovechamientos en terrenos cuya condición ambiental impedía legalmente determinadas actuaciones. El propio ministro del ambiente se vio involucrado en las investigaciones sobre abusos y negligencia gubernamental. (Ministerio Público)
El episodio revela un problema institucional de fondo: la protección ambiental depende no solamente de buenas leyes, sino de la capacidad efectiva del Estado para hacerlas cumplir.
Algo parecido ocurre con la discusión sobre Crucitas. Más que reducir el debate a una dicotomía entre minería y ambiente, Costa Rica debería preguntarse si se está rompiendo el consenso que existía alrededor de un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y en la preservación del medio ambiente.
El país obtuvo reconocimiento internacional precisamente por haber convertido la protección de los ecosistemas en un componente de su política pública. Si esa orientación pierde fuerza, el costo puede no aparecer inmediatamente en el PIB, pero sí en agua, biodiversidad, territorio, turismo, agricultura y calidad de vida.
VII. ¿Por qué entonces persiste el respaldo?
Llegamos así a uno de los problemas centrales. Una primera explicación sería el personalismo político.
El CIEP ofrece un dato extraordinariamente significativo: 64,4% de las personas entrevistadas considera que Rodrigo Chaves tiene mucha influencia en las principales decisiones del gobierno de Laura Fernández. El mismo estudio encuentra un fuerte componente personalista en la transferencia de popularidad hacia la nueva administración. (CIEP UCR)
Esto significa que una parte del respaldo no puede analizarse exclusivamente como una evaluación técnica de las políticas públicas. Existe una relación emocional y política entre liderazgo y ciudadanía.
Chaves construyó una identidad política que tiene un componente de autoritarismo, pero también se presentó como ruptura con las élites tradicionales, con los partidos históricos y con determinados actores institucionales. Esa identidad parece haber sobrevivido al cambio de gobierno.
Laura Fernández aparece así, en buena medida, como continuidad política de una identidad previamente constituida.
El dato del CIEP es particularmente ilustrativo: aunque 69% respalda al gobierno actual, aun cuando, la mayoría de la población no se identifica exclusivamente ni con el chavismo ni con el antichavismo. (CIEP UCR)
Esto sugiere que el fenómeno no puede explicarse simplemente como una sociedad dividida en dos bloques ideológicos. Hay una zona mucho mayor y más compleja: ciudadanos que adhieren a gobiernos de acuerdo con experiencias personales y confianza en determinados liderazgos.
VIII. La política de la percepción
Hay aquí una cuestión que conecta directamente con los análisis que he venido desarrollando en artículos anteriores sobre poder, legitimidad, gobernanza, ciudadanía y lenguaje político. Una democracia no funciona solamente mediante resultados objetivos. Funciona también mediante la interpretación sesgada o no, de determinados sectores de la sociedad esos resultados.
La ciudadanía no recibe una tabla de indicadores fiscales cada noche antes de decidir si confía o no en un gobierno. Recibe relatos, recibe discursos. recibe imágenes, recibe la influencia de un gobierno sobre quién tiene la culpa de sus problemas.
De ahí que una política pueda ser evaluada favorablemente, aunque determinados indicadores objetivos presenten problemas. No necesariamente porque la ciudadanía sea indiferente a esos problemas, sino porque puede interpretar que estos son heredados, inevitables, o porque carece de la perspectiva política necesaria para percatarse de la magnitud de algunos problemas que nacen apenas, como la contradicción entre el ejecutivo y el poder judicial.
El CIEP aporta otro dato significativo: 75% de las personas entrevistadas considera que existen actores que obstaculizan la labor de Laura Fernández; entre quienes así opinan, las principales menciones recaen en la Asamblea Legislativa y los partidos de oposición. (CIEP UCR) Esta percepción es políticamente importante.
Cuando el gobierno consigue presentar los problemas no como resultado de sus propias decisiones sino como consecuencia de obstáculos externos, puede preservar parte de su legitimidad aun cuando los resultados sean discutibles. No afirmo que esa explicación sea siempre verdadera; afirmo que constituye un mecanismo político relevante para comprender la formación de las percepciones de un sector de la opinión pública.
IX. La paradoja democrática
Llegamos entonces a una conclusión que, a mi juicio, es más fecunda que afirmar simplemente que existe una contradicción entre los datos y las encuestas.
No existe necesariamente una contradicción entre una ciudadanía satisfecha y un Estado que presenta problemas.
Una persona puede considerar que un gobierno está haciendo un buen trabajo porque percibe que escucha sus preocupaciones, confronta a quienes considera responsables de los problemas nacionales o representa una ruptura con una clase política en la que dejó de confiar. Mientras tanto, otro observador puede examinar deuda, intereses, educación, salud, vivienda, protección ambiental o capacidad institucional y llegar a conclusiones diferentes. Ambos fenómenos pueden coexistir.
El verdadero desafío democrático aparece cuando la percepción comienza a sustituir por completo la discusión sobre resultados.
Porque entonces la legitimidad electoral y la legitimidad de ejercicio pueden empezar a separarse. La primera proviene de las urnas. La segunda se construye todos los días mediante la calidad de las decisiones, el respeto institucional, la capacidad de resolver problemas y la protección de los derechos ciudadanos.
X. No es solamente un problema de Chaves o de Fernández
Hay finalmente una cuestión más profunda.
No sería suficiente atribuir todo lo anterior a las personalidades de Rodrigo Chaves o Laura Fernández.
El fenómeno expresa también una transformación de la sociedad costarricense.
El debilitamiento de la identificación partidaria tradicional, la desconfianza hacia instituciones, la percepción de inseguridad, las desigualdades persistentes y la frustración con la capacidad del Estado para resolver problemas han creado un terreno favorable para liderazgos que prometen eficacia, ruptura y acción directa. El problema no es que la ciudadanía reclame resultados. Eso es perfectamente legítimo.
El problema aparece cuando la búsqueda de resultados conduce a considerar que los controles, los contrapesos, la deliberación y las instituciones son obstáculos prescindibles.
Una democracia saludable necesita ambas cosas: eficacia y límites al poder; decisión y deliberación; liderazgo y contrapesos; resultados y derechos.
De lo contrario, puede producirse una contradicción peligrosa: que un gobierno conserve una cierta legitimidad social mientras se debilitan progresivamente las capacidades institucionales que permiten que esa misma sociedad ejerza sus derechos.
Epílogo: la pregunta que queda abierta
La encuesta del CIEP no debe ser leída como una refutación de los problemas señalados por los indicadores fiscales, sociales, educativos, ambientales o de seguridad.
Tampoco estos indicadores deberían utilizarse para negar la valoración positiva expresada por una parte considerable de la opinión pública. Ambas realidades existen.
La pregunta política verdaderamente interesante es otra:
¿Cuánto tiempo puede mantenerse una alta legitimidad política cuando las percepciones favorables dejan de corresponderse con mejoras materiales y con el fortalecimiento de las instituciones? Y, a la inversa:
¿Qué ocurre cuando una oposición democrática se limita a señalar los problemas objetivos sin comprender las razones subjetivas, sociales y políticas por las cuales una parte importante de la opinión pública, sigue confiando en el gobierno?
Tal vez ahí se encuentre una de las claves para comprender la Costa Rica actual.
La disputa democrática ya no consiste únicamente en quién administra mejor.
Consiste también en quién consigue construir la interpretación de la realidad que termina siendo aceptada por una mayoría de ciudadanos.
Y esa es, en última instancia, una disputa por el poder.
«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros / What is happening in Gaza is not a military operation, it is a full-scale assault against our people. It is massacres against innocent civilians. Nothing in natural law or international law allows for the targeting of civilians and such indiscriminate, barbaric attacks against them«
(Intervención realizada por el representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023 (véase acta S/PV/9439, en página 9 / Statement made by the representative of Palestine to the United Nations Security Council, at its meeting on 16 October 2023 (see verbatim S/PV/9439, at page 9)
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR nboeglin@gmail.com
El 7 de septiembre del 2026 iniciaron en La Haya las audiencias relativas a la demanda interpuesta en marzo del 2024 por Nicaragua en contra de Alemania por complicidad por genocidio en Gaza: el texto de la demanda inicial de Nicaragua contra Alemania interpuesta formalmente en el mes de marzo del 2024, está disponible en este enlace oficial en su versión en inglésy en francés.
Al ser Alemania el segundo suplidor en armas a Israel (después de Estados Unidos) y al haber (a diferencia de Estados Unidos) asumido una serie de obligaciones internacionales derivadas de tratados multilaterales a los que es Estado Parte, esta demanda plantea una serie de desafíos para Alemania. Desde esta perspectiva, era previsible que Alemania interpusiera varias excepciones preliminares, en aras de intentar esquivar el examen sobre el fondo por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ): una estrategia legal que no es exenta de riesgos, tal y como lo veremos más adelante. Ante una situación apremiante como la que se observa en Gaza, posponer el examen sobre el fondo de un asunto resulta casi siempre sancionado por la justicia internacional.
En las líneas que siguen nos abocaremos a analizar estas audiencias en el contexto del procedimiento contencioso interpuesto por Nicaragua contra Alemania. Al escribir estas líneas desde una muy omisa Costa Rica con respecto al drama indecible al que Israel somete a la población civil en Gaza, dedicaremos también unas líneas al entusiasmo por el libre comercio con Israel de las actuales autoridades costarricenses y a lo observado recientemente en la comisión de la Asamblea Legislativa a cargo de la aprobación de un tratado de libre comercio (TLC) con Israel.
Observaciones previas sobre el contexto procesal
Las audiencias orales que iniciaron el 7 de septiembre se concentraron únicamente en las numerosas excepciones preliminares presentadas por Alemania, tendientes a obtener que la misma CIJ se declare incompetente: se escucharon los alegatos que Alemania y Nicaragua presentaron oralmente al respecto, antes de que la CIJ entre a deliberar.
Con respecto a las audiencias orales, no está de más recordar que su conclusión oficial es la que inicia el denominado «délibéré» de la CIJ: al respecto, tuvimos recientemente la ocasión de analizar las audiencias orales entre Guyana y Venezuela realizadas en mayo del 2026, habiendo Guyana presentado su demanda contra Venezuela en el mes de marzo del 2018 (Nota 1).
El examen sobre el fondo de la demanda se reanudará entre Nicaragua y Alemania, dependiendo de esta decisión preliminar de la CIJ sobre su competencia.
Foto de civiles después de un bombardeo en Gaza, octubre del 2023, extraída de este artículo de prensa publicado en Israel (Magazine +972) titulado «´Lavender»: the AI machine directing Israel bombing spree in Gaza» (edición del 3 de abril del 2024)
Cabe señalar que este 16 de septiembre, se anunció desde Estados Unidos una aprobación para enviar a Israel una importante cantidad de bombas de gran potencia, cuyo uso reiterado por parte de Israel desde octubre del 2023 es en gran parte responsable de la devastación total observada en ciertas partes de Gaza (así como en el Líbano): véase nota de The Guardian.
Una extrema urgencia que Alemania busca frenar: breve recuento de lo observado en el 2024
Ante la extrema urgencia de la situación en Gaza, ante la inoperancia reiterada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para sancionar a Israel observada desde el mismo mes de octubre del 2023 (debido a vetos reiterados de Estados Unidos) y ante la negativa de Israel de cumplir con una primera ordenanza de la CIJ del 26 de enero del 2024 (dictaminada en el marco de la demanda contenciosa interpuesta por Sudáfrica contra Israel – véase texto de esta ordenanza, y en particular el párrafo operativo 86), Nicaragua optó por acompañar su demanda contra Alemania del mes marzo del 2024 con una solicitud de medidas provisionales de carácter urgente, tendiente a que Alemania suspendiera sus exportaciones de armas hacia Israel.
Es de notar que, desde el mes de marzo del 2024, una pregunta hecha por el Senado en Francia esperó una respuesta que … nunca llegó por parte de las autoridades galas sobre exportaciones de material militar hacia Israel (véase pregunta formulada y la mención «La question est caduque» al final del enlace).
El 5 de abril, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas votó una resolución (véase texto) pidiendo un embargo sobre armas a destinación de Israel (véase nota oficial de Naciones Unidas y nota del medio digital Delfino.cr haciendo ver que Costa Rica se abstuvo sin dar ningún tipo de explicaciones): la votación registro 28 votos a favor, 13 abstenciones, y 6 votos en contra: Alemania, Argentina, Bulgaria, Estados Unidos, Malawi, y Paraguay.
La solicitud urgente de Nicaragua dio lugar a una ordenanza de la CIJ del 30 de abril del 2024 (véase texto), cuyos alcances tuvimos la ocasión de analizar en su momento, y en particular la expresión «at present ../ .. a l´heure actuelle» del párrafo 20 que distinguidos colegas alemanes omitieron convenientemente, al momento de comentarla (Nota 2). En esta primera etapa, Alemania asumió una serie de compromisos ante la CIJ con respecto a la conducta de sus autoridades, de manera a convencer a los jueces del carácter innecesario de ordenar medidas provisionales en su contra. En su declaración individual (véase texto completo), el juez oriundo de Sudáfrica no dudó en señalar que:
» The takeaway from all of this is that Germany, being aware of its obligations under international law, will exercise due diligence consistent with that obligation, as well as under its domestic legislative framework, to ensure that no transfer of military equipment contributes to breaches of either the Geneva Conventions or the Genocide Convention .. /.. Ce qu’il faut retenir de tout cela, c’est que l’Allemagne, consciente des obligations qui sont les siennes en droit international, fera preuve de la diligence requise conformément à l’obligation correspondante et à son cadre législatif interne, de sorte qu’aucun transfert de matériel militaire ne contribue à des violations des conventions de Genève ou de la convention sur le génocide».
Las conclusiones del jurista sudafricano merecen ser leídas, al considerar que esta ordenanza y la expresión «at present / a l´heure actuelle» usada por la CIJ mandan un mensaje que rebasa de muy lejos el reducido marco de la demanda de Nicaragua contra Alemania (Nota 3).
No obstante, los diversos compromisos adquiridos por Alemania ante la CIJ en abril del 2024, sus estrategas legales optaron por cuestionar, meses después, la competencia de la CIJ, presentando varias excepciones preliminares.
El 23 de febrero del 2026, Nicaragua envió un extenso documento a la CIJ refutando todos y cada uno de los argumentos esgrimidos sobre la supuesta incompetencia de la CIJ avanzados por Alemania: véase documento en inglés y en francés, cuya lectura integral se recomienda.
Volante de una conferencia de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 de Naciones Unidas, Francesca Albanese, realizada el 7 de mayo del 2024, sobre su informe titulado «Anatomía de un genocidio» (disponible en este enlace)
Las audiencias de septiembre del 2026 en La Haya en breve
Durante el primer día de audiencias en este mes de septiembre del 2026, Alemania sostuvo ante los integrantes de la CIJ que no existe jurídicamente ninguna disputa entre Nicaragua y Alemania que amerite un examen sobre el fondo, reiterando que la CIJ no tiene ninguna competencia en este asunto (véase verbatim). El segundo día de audiencias, Nicaragua refutó unos tras uno los argumentos de Alemania sobre la pretendida incompetencia de la CIJ (véase verbatimasí como el video oficial de la CIJ de las audiencias del día 8 de septiembre).
El tercer día de audiencias (9 de septiembre), en la segunda ronda de alegatos, Alemania presentó sus argumentos finales (véase verbatim) con sus conclusiones y petitoria (leerlas a páginas 34-37) solicitando a la CIJ desestimar el caso por carecer de competencia. El cuarto día fue Nicaragua la que presentó sus argumentos finales (véase verbatim) con una petitoria final muy concreta y precisa (página 37).
La lectura pormenorizada de los cuatro verbatim puede resultar un tanto laboriosa: no obstante la densidad de algunos alegatos, y el esmero de unos y otros, deja entrever que ambos contrincantes intentaron hacer ver a los jueces de la CIJ la supuesta mala fe de la parte contraria. El equipo de Nicaragua se abocó a rechazar uno tras otro todos los argumentos planteados por Alemania y no dejar ninguna duda con respecto a la competencia de la CIJ.
Es de notar que mientras Nicaragua, conforme a la tradición observada en el arte del litigio La Haya, logró establecer un equilibrio lingüístico (inglés y francés) durante la presentación de sus alegatos, Alemania optó por una presentación en un solo idioma (inglés). Las primeras hojas de los verbatim señalan que Nicaragua se presentó a la barra con un sólido equipo de asesores internacionales que cuentan con una vasta experiencia en el arte del litigio internacional en La Haya, al tiempo que Alemania se presentó con un equipo compuesto casi exclusivamente por funcionarios y asesores alemanes, y con asesores internacionales con menor experiencia en La Haya. Nótese que el agente de Nicaragua, Carlos José Argüello Gómez, y el asesor galo Alain Pellet de Nicaragua, iniciaron ambos sus comparecencias ante la CIJ en 1984, con ocasión de la batalla legal contra Estados Unidos: esta contienda culminó con una histórica sentencia de la CIJ condenando a Estados Unidos del 27 de junio de 1986 (véase texto), la cual fue precedida de una sentencia de la CIJ declarándose perfectamente competente de noviembre de 1984 (véase texto). Luego de ridiculizar ante el mundo a Estados Unidos en 1986, fue este mismo equipo que litigó exitosamente contra Honduras (sentencia de la CIJ de diciembre 2007) y Colombia (noviembre del 2012) con respecto a las zonas marítimas de Nicaragua en el Mar Caribe, y que logró que Costa Rica fuese impedida por la CIJ de navegar con su policías en el Río San Juan, sea en actividades de vigilancia o de simple abastecimiento de puestos fronterizos desde el río (julio del 2009): un derecho que poseía jurídicamente Costa Rica desde 1858 (tratado Cañas-Jerez). Sobre la experiencia, la trayectoria y el innegable talento oratorio del equipo de asesores internacionales de Nicaragua (muchas veces subestimados por algunos círculos políticos y diplomáticos), remitimos a nuestros estimables lectores a unas reflexiones del 2022 escritas con ocasión de la renuncia pública hecha por uno de sus integrantes, el jurista norteamericano Paul Reichler (Nota 4).
Según este reportaje de Der Spiegel (véase enlace) publicado hace una semana, las exportaciones de armas de Alemania hacia Israel siguieron aumentando desde el 2024, lo cual plantea algunas interrogantes muy válidas que Nicaragua no desaprovechará en sus comparecencias futuras ante los jueces de la CIJ. En este reportaje de AlJazeera, la máxima representante de la delegación alemana en La Haya optó por no contestar algunas preguntas externadas por la periodista.
Es de notar que el panorama jurídico para Alemania se ve significativamente dificultado por el hecho que tanto en el mes de julio del 2024 (Nota 5) como en el mes de octubre del 2025 (Nota 6), la CIJ emitió dos opiniones consultivas relacionadas a la situación en el territorio ocupado de Palestina, a las obligaciones que tiene Israel como Estado miembro de Naciones Unidas, pero también a las obligaciones «erga omnes» que impone el derecho internacional a los Estados terceros con respecto a las reiteradas ilegalidades cometidas por Israel en el territorio palestino. En esta entrevista publicada en Alemania, el profesor William Schabas, integrante del equipo de Nicaragua en La Haya, hace ver el doble rasero de algunos en materia de prevención del genocidio, indicar que:
«Providing arms an political diplomatic support are quintessential examples of aid and assistance. The core of the requirement is that the accomplice State must have knowledge of what the perpetrator State is doing. No State can claim that it is unaware of the serious risk that genocide is being perpetrated in Gaza. Furthermore, the assistance must be significant, not trivial. In their intervention in the genocide case filed by Myanmar at the ICJ, several Western states including Germany stressed the importance of the reports of UN commissions of inquiry in the determination of genocidal intent. They said that such reports have ‘particular probative value’ and ‘special importance’. Well, in September 2025 the UN commission of inquiry produced a detailed, comprehensive and damning report that concluded Israel was perpetrating genocide».
A modo de ejemplo de las obligaciones jurídicas que pesan sobre un Estado tercero con relación a las exacciones de Israel en Gaza, entre muchos otros, podemos referir a esta petición en línea en el Reino Unido (véase enlace) que mantiene una fuerte presión sobre los decisores políticos con respecto a la ayuda y al comercio con Israel proporcionados desde el Reino Unido. Dicho sea de paso (al escribir estas líneas desde Costa Rica), resulta de interés destacar que Reino Unido suspendió en mayo del 2025 todas las negociaciones con Israel en materia comercial (Nota 7). De igual manera este llamado hecho desde la sociedad civil en Australia luego de dictaminarse la opinión consultiva de la CIJ en julio del 2024. Esta muy reciente publicación del Parlamento de Luxemburgo hace ver la gran cantidad de obligaciones jurídicas que estas decisiones de la CIJ le imponen a todos los Estados miembros de Naciones Unidas, Luxemburgo incluido (véase conclusiones y recomendaciones a páginas 89-91). En Bélgica, una reciente decisión de un tribunal nacional (véase texto integral) que debería de inspirar a colectivos de juristas en otras latitudes, condenó al Estado belga por no prevenir el genocidio en curso en Gaza. En uno de los pocos artículos al respecto, publicado en EJIL-Talk (Nota 8), se lee que:
«By finding that the Belgian State had failed, at the relevant time, to take all measures reasonably within its power to prevent the alleged violations, the Court demonstrates how obligations of prevention – long discussed in international caselaw and doctrine – can be concretely interpreted and judicially enforced at the domestic level«.
En septiembre del 2025, la inacción del Consejo Europeo y de la Comisión Europea fueron objetos de una demanda presentada en Francia por el colectivo de juristas JURDI (véase comunicado oficial).
Costa Rica: un cuestionable entusiasmo por el libre comercio con Israel
A diferencia del repudio generalizado contra Israel que se ha escuchado en Europa, y en Canadá, así como en muchas otras latitudes (véase reciente entrevista al jefe de la diplomacia de Noruega), en Costa Rica el mutismo de su aparato diplomático es total cuando se trata de condenar a Israel.
El pasado 24 de agosto, la cancillería de Costa Rica celebró el «PremioJerusalém» otorgado al actual titular costarricense de la cartera de relaciones internacionales (véanse el comunicado oficial y algunas reacciones disponible en las redes sociales).
Más allá de las celebraciones por un premio que ningún canciller en el ejercicio de sus funciones ha recibido antes (de tener acceso algún /a lector/a a la lista de los «Premios Jerusalén» otorgados con anterioridad, se le agradecería remitírnosla por si alguno de estos premios sí fue otorgado a un canciller en el ejercicio de sus funciones) (Nota 9), hay que destacar el siguiente hecho: con ocasión de la discusión sobre el TLC con Israel, los funcionarios de PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior) demostraron ante una comisión de la Asamblea Legislativa no conocer de las discusiones que tanto en Naciones Unidas como en el seno de la Unión Europea (UE) se tiene desde muchos años sobre el comercio con Israel. Resulta de interés leer al respecto esta nota del medio Delfino.cr del 3 de septiembre del 2026 con un título que resume bien lo observado. Al parecer, la intensificación de la política del «fait accompli» de Israel en Cisjordania denunciada (véase por ejemplo este artículo publicado en Bélgica recientemente) no es del conocimiento de PROCOMER. ¿Como así? Como se lee.
En esta otra nota del mismo medio digital con fecha del 10 de septiembre del 2026 (véase enlace), se indica que no llegaron a la comparecencia prevista el 10 de septiembre ante dicha comisión ni el jerarca de la diplomacia costarricense, como tampoco la jerarca de la cartera de comercio exterior costarricense, en razón de compromisos repentinos. Al parecer ambos jerarcas tampoco encontraron manera de delegar su intervención a un funcionario subalterno, como si ganar tiempo posponiendo al mes de octubre su comparecencia fuera la estrategia acordada (por razones que sería de interés conocer): remitimos al video de la sesión del 10 de septiembre del 2026 de la Comisión de Relaciones Internacionales, en la que se da lectura a las notas remitidas por las autoridades ausentes.
Sobre el TLC entre Costa Rica e Israel, remitimos adicionalmente a una nota nuestra publicada en el Semanario Universidad (edición del 9 de septiembre del 2026) con respecto a tres criterios que fueron remitidos a la Asamblea Legislativa sobre la inconveniencia para Costa Rica de aprobar este TLC, así como a una emisión del programa universitario radial «Consulta Legal» del 10 de septiembre dedicada a este TLC con Israel (véase video), y a esta emisión del programa universitario «Interferencia» del día siguiente en Radio UCR.
Nótese que, en una sentencia de la Sala Constitucional de julio del 2025 (véase texto completo del voto 23967-2025), la cual se destaca por su extrema brevedad, el juez constitucional señaló que: «Ahora bien, con vista en lo expuesto anteriormente, la Sala estima que el reclamo del accionante resulta improcedente, pues el determinar con quién el Estado de Costa Rica debe suscribir o no convenios, o si la vigencia de estos debe suspenderse o no, no constituye un tema de constitucionalidad que pueda ser conocido en esta jurisdicción«. Una sentencia mucho más extensa de la misma Sala da una idea del tipo de respuestas recibidas por parte del recurrente sobre las acciones tomadas por la diplomacia costarricense con respecto a Gaza y a Israel (véase texto del voto 42187-2025 del 19 de diciembre del 2025).
Al entusiasmo de algunos por el libre comercio con Israel y a las respuestas del juez constitucional a ciudadanos costarricenses indignados, cabe añadir que este 17 de septiembre, fue publicado un comunicado conjunto suscrito por un numeroso grupo de intelectuales y de artistas en contra de una decisión de una entidad educativa, que prohibió a la Consul Honoraria de Palestina ingresar a su reciento para participar en un foro sobre Gaza (véase texto publicado en el Semanario Universidad). Las «razones administrativas» invocadas por el centro educativo dieron pie para este artículo de opinión publicado en Delfino.cr, cuya lectura completa se recomienda.
Armar a Israel ¿sin percatarse del drama indecible que vive Gaza desde hace casi tres años? Datos recientes en proveniencia de Israel y de Gaza.
El apoyar a Israel militarmente puede generar consecuencias muy graves para un Estado, tratándose de las acusaciones de las que es objeto su insensato accionar militar en Gaza, tanto ante la CIJ como ante la Corte Penal Internacional (CPI): se trata de acusaciones ampliamente respaldadas y actualizadas por diversos informes de órganos de Naciones Unidas.
Es así como, desde septiembre del 2024, se pudo escuchar por parte del jefe de la diplomacia del Reino Unido, otro Estado exportador de armas hacia Israel, que (véase declaración oficial):
«It is with regret that I inform the House today, the assessment I have received leaves me unable to conclude anything other than that for certain UK arms exports to Israel there does exist a clear risk that they might be used to commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law«.
El último informe situacional (al 2 de septiembre del 2026) realizado por Naciones Unidas sobre lo que ocurre en Gaza está disponible en este enlace y desde ya se sugiere su lectura, completándola con este informe más general sobre lo que ocurre en todo el territorio palestino además de Gaza (al 4 de septiembre del 2026), y que inicia señalando que:
«Children continue to be killed by airstrikes and other attacks affecting populated areas in the Gaza Strip.
Most of Gaza’s 2.1 million are approaching the rainy season in overcrowded displacement sites, at risk of flooding and disease, while efforts to help them prepare are constrained by funding shortfalls and access restrictions«.
Asfixiar a 2,1 millones de habitantes al no permitir entrar en Gaza ayuda humanitaria urgente que requieren estas personas, siendo sometidas desde la tarde/noche del mismo 7 de octubre del 2023, a bombardeos indiscriminados y desproporcionales, con una red hospitalaria prácticamente destruida, y con muchas de ellas viviendo a la intemperie en un desolador campo de ruinas, con poca agua y alimentación, constituye una faceta dramática del insensato accionar de Israel en Gaza, que Nicaragua espera poder explicar a la CIJ y relacionar a la generosa ayuda militar recibida por parte de Alemania.
El pasado 10 de septiembre, valientes comunicadores israelíes dieron a conocer un documental en la Bienal de cine de Venecia, titulado «Naza«, sobre la maquinaria destructiva militar israelí en Gaza dirigida desde programas informáticos que combinan rastreo y ubicación de llamadas, reconocimiento facial e inteligencia artificial (véase nota del medio israelí Magazine+972, así como este reportaje de Al Jazeera, esta nota de CNN y esta otra de France24). La conferencia de prensa completa de los directores de este documental en Venecia está disponible en este enlace y es sumamente recomendada escucharla. Este 14 de septiembre, Democracy Now dedicó un espacio al alcance y a los directores de este documental (véase enlace): este documental, como previsible, ha provocado las reacciones iracundas y los habituales exabruptos de las máximas autoridades israelíes (tanto en la esfera gubernamental como militar) que ya no impresionan mayormente a nadie (salvo algunas salas de redacción en Estados Unidos y algunos círculos que gravitan usualmente alrededor de las embajadas de Israel, con sus relevos en la prensa nacional): véase sobre estas reacciones furibundas israelíes esta nota de RadioFrance del 15 de septiembre.
Otra reacción iracunda contra la prensa israelí de investigación que revela algunos de los secretos mejores guardados del Primer Ministro israelí se puede leer en esta nota de la BBC (también del 10 de septiembre), en la que se precisa que:
«Según informó Haaretz, durante esa llamada, el jeque Bin Zayed advirtió explícitamente a Netanyahu que Sinwar le dijo a un exfuncionario palestino que Hamás estaba preparando una operación importante que describió como un «terremoto».Bin Zayed expresó su preocupación de que el suceso en cuestión no solo provocara un derramamiento de sangre, sino que también desestabilizara toda la región».
Este 15 de septiembre del 2026, en un comunicado oficial del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en persona, pasado totalmente desapercibido en la prensa internacional (véase texto completo), se puede leer que:
«I worry the remains recovered so far may only be the tip of the iceberg. Much of Gaza has been flattened by Israeli bombing or demolition and clearing by heavy machinery and explosives. Today, many areas in Gaza where the Israeli military is deployed continue to be levelled by bulldozers with no respect for the dead under the rubble«.
A modo de conclusión
Finalizadas las audiencias en La Haya en esta segunda semana de septiembre del 2026, la CIJ inició su «délibéré» para decidir (en un plazo que puede variar entre 3 meses y 9 meses) si son o no de recibo los argumentos presentados por Alemania.
Con relación a la estrategia jurídica de Alemania, no está de más recordar que no es exenta de riesgos: en efecto, cual sea el caso contencioso entre dos Estados, el invocar por parte del Estado demandado excepciones preliminares sobre la supuesta incompetencia de la CIJ puede ser interpretado por algunos de los integrantes de la CIJ como una renuencia de un Estado (que no quiere que la justicia internacional examine el fondo del asunto).
Desde este punto de visto, se puede considerar desde ya cuestionable la estrategia de Alemania: dado el dramático contexto que se vive Gaza, Alemania hubiera perfectamente podido evitar recurrir a este incidente procesal y aceptar la competencia de la CIJ sin mayor dilación. Al recurrir a este incidente procesal, se podría también interpretar que Alemania, por alguna razón muy propia (y que sería se sumo interés conocer), está buscando ganar tiempo.
Dentro de unos meses, será la CIJ la que indicará en qué medida Nicaragua puede continuar con este procedimiento contencioso interpuesto contra Alemania con respecto al fondo de su demanda.
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Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Audiencias orales de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el marco de la controversia Guyana vs. Venezuela: algunas reflexiones«, 11 de mayo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre la ordenanza de la CIJ del 30 de abril relativa a la solicitud de medidas provisionales de Nicaragua contra Alemania«, 30 de abril del 2024. Texto integral disponible en este enlace. Véase también un análisis de dos colegas alemanes, STENDEL R., WENTKER A., “Taking the Road Less Travelled: The ICJ’s Pragmatic Approach to Provisional Measures in Nicaragua v Germany”, EJIL-Talk, edición del 3 de marzo del 2024. Texto integral disponible en este enlace, incluyendo dos comentarios nuestros a los autores de este análisis. De igual manera desde Alemania, véase también (más completo que el anterior análisis), TALMON S., «Why the provisional measures order in Nicaragua v. Germany severely limits Germany´s ability to transfer arms to Israel«, Verfassungsblog, edición del 2 de mayo del 2024. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 3: Leemos que para el integrante nativo de Sudáfrica en el seno de la CIJ, esta ordenanza de la CIJ envía una señal muy clara a otros Estados que suplen de armas y municiones a Israel. En el último párrafo de su declaración individual, señala que: «13.While the Court has not issued any provisional measures at this stage, the current Order makes plain that it expects Germany, and other States supplying weapons to Israel, to exercise due diligence and ensure that weapons transferred to Israel are not used in the commission of acts of genocide or breaches of international humanitarian law. For me this is not a hollow statement but a statement with real legal significance. In particular, in the consideration of the responsibility of Germany, or any other State, for breaches of either the Genocide Convention or international humanitarian law, including responsibility for not taking appropriate measures in the face of a risk of such breaches, the effect of this Order would be to remove any plausible deniability of knowledge of the risk. ../ .. 13. Si elle n’a pas indiqué de mesures conservatoires à ce stade, la Cour fait néanmoins clairement savoir, dans l’ordonnance rendue ce jour, qu’elle attend de l’Allemagne, ainsi que des autres États qui fournissent des armes à Israël, qu’ils fassent preuve de la diligence requise et veillent à ce que les armes transférées à Israël ne soient pas utilisées pour commettre des actes de génocide ni pour enfreindre le droit international humanitaire. À mes yeux, c’est non pas une formule creuse, mais une déclaration ayant une véritable portée juridique. En particulier, si la Cour devait examiner la responsabilité de l’Allemagne, ou de tout autre État, à raison de manquements à la convention sur le génocide ou au droit international humanitaire, y compris la responsabilité qu’engagerait le fait de ne pas avoir pris de mesures adéquates alors que de tels manquements risquent d’être commis, l’ordonnance rendue ce jour aurait pour effet de priver les intéressés de toute possibilité de nier, de manière plausible, avoir eu connaissance de ce risque».
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Nicaragua, a propósito de la renuncia de uno de los principales artífices de logros obtenidos ante la justicia internacional, LaRevista.cr, edición del 9 de abril del 2022. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», 19 de julio del 2024. Texto integral disponible en este enlace. Véase también un análisis de dos colegas galos, MAIA C., POISSONNIER G., “Avis de la CIJ de 2024 relatif à l’occupation du territoire palestinien: une analyse au prisme du droit international des droits humains”, La Revue des Droits de l’Homme, Actualités Droits-Libertés.Texto integral disponible en este enlace.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre el alcance de la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 22 de octubre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 7: Véase esta nota de The Guardian del 20 de mayo del 2025 titulada «UK suspends trade talks with Israel and attacks ‘repellent’ extremism«. Cabe precisar que en su intervención, el jefe de la diplomacia británica externó ante el Parlamento británico (véase texto completo) que: «As the Prime Minister and fellow leaders said yesterday, we cannot stand by in the face of this new deterioration. It is incompatible with the principles that underpin our bilateral relationship. Rejected by Members across this House and frankly it’s an affront to the values of the British people«.
Nota 8: Véase MINGET C., «Domestic Courts and the States’ Obligation to Prevent Genocide and Serious Violations of IHL: The Brussels Court of Appeal’s Interlocutory Judgment of 16 March 2026«, EJIL–Talk, edición del 26 de mayo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 9: En el caso de Uruguay, el denominado «Premio Jerusalém» fue otorgado en el 2026 a un periodista (véase emisión de la televisión uruguaya). En el caso de Colombia, en el 2025, este mismo premio también fue otorgado a un periodista y columnista (véase enlace). En el caso de Costa Rica, en el 2023, este premio fue otorgado a una ex jueza costarricense de la Corte Penal Internacional (CPI) que fungió luego como jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el período 2016-2021: véase nota de La Nación de agosto del 2023. Siempre con respecto a Costa Rica, este premio fue otorgado a un ex diplomático en el 2022 (véase nota de prensa). No se tiene conocimiento de un premio de este tipo otorgado a un canciller meses después de debutar sus funciones, como es el caso del actual canciller de Costa Rica, que inició sus funciones en mayo del 2026. En el 2025, el actual Presidente de Argentina recibió otro premio en Israel, conocido, según se lee como el «Premio Nobel del mundo judío» (véase nota oficial de prensa).
En los años setenta, el dramaturgo chileno Oscar Castro escribió la pieza teatral La Guerra, referida con un poco de humor y sorna a los eventos que predominaron en buena parte de países latinoamericanos en aquel tiempo. Escrita en tiempos de dictadura chilena, en reclusión y bajo acoso, el dramaturgo haría de la puesta en escena un acto de resistencia contra la barbarie y la represión.
Tiempo después, en mi querido Conservatorio de Castella, semillero de artistas a escala mundial, montaríamos esa obra bajo otro nombre: ¿Y dónde está el enemigo? El espectáculo incluía música, coreografía, interacción con el público, en una verdadera maniobra desde el arte para desnudar el sinsentido de los conflictos y la guerra como su máxima expresión.
He pensado todos estos días, a propósito del escenario de crispación social construido por el actual gobierno en Costa Rica, sobre las formas en las que se produce el enemigo, se le nombra y se le ataca.
Particularmente, me ha llamado la atención dos ejes discursivos que con fuerza producen ese enemigo, en especial en redes sociales: la denominación de “zurdo”, idea que fue colocada justamente por algunos representantes del Poder Ejecutivo en alocuciones públicas, para hacer referencia a adversarios o personas distantes de las ideas del gobierno y la utilización del insulto con tintes homofóbicos, proferidos también desde las más altas vocerías gubernamentales. Sobre esto último, no se me ocurre pensar en otra denominación que no sea la de las masculinidades tóxicas que predominan hoy el entorno político que lidera hoy los destinos (¿destinos?) del país.
Ahí está el enemigo. En esas ideas vanas y superficiales a través de las cuales se ha construido esa otredad política, en un peligroso juego narrativo que podría desencadenar en acciones de violencia que lesionen la integridad de las personas, solo por definirse contrarias al pensamiento hegemónico instalado desde hace más de cuatro años.
Lo vimos este 14 de setiembre en Cartago, lugar donde año con año se realizan las celebraciones oficiales vinculadas con la llegada de la antorcha de la independencia al país. La movilización extrema de fuerzas de seguridad, el anillado perimetral para separar al público asistente de las autoridades, la revisión de “material peligroso” como faroles y pancartas, la solicitud de identificación y otros desvaríos, complementaron lo que denominaría como “La Reinvención de Cartago” ahora convertida en esa espacialidad simbólica en la que el gobierno de la república (ahora con minúscula) hizo una demostración de fuerza, prepotencia y autoritarismo.
Las peligrosas acciones en contra de manifestantes, producidas por simpatizantes del oficialismo, no deben ser leídas como parte del calor del momento. La escalada de violencia podría llevarnos a otro nivel en esto que pareciera ser, sin lugar a dudas, el momento del fin de la excepcionalidad en Costa Rica. Así parece y así fuimos leídos por la prensa internacional que cubrió los bochornosos actos del gobierno costarricense esa noche.
¿Dónde está el enemigo? ¿Contra quién es la guerra? Pareciera que ya fueron dadas las condiciones discursivas y ahora podrían empezar a presentarse, esperemos que no, acciones de otra naturaleza. Ya varias personas que han sido abiertamente perseguidas por su desafección política con el oficialismo han tenido que salir del país en busca de refugio. Esto no es ni más ni menos que un escenario de excepcionales rasgos que debemos mirar con atención. Que la reinvención de Cartago no termine siendo un modelo para implementar en el resto del país. Quienes creemos en la libertad, la democracia y el diálogo, aún podemos impedirlo.
Entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1º de octubre de 1946, en la ciudad de Núremberg, Alemania, se llevó a cabo el proceso judicial más relevante del siglo XX. Por vez primera en la Historia, se sentó en el banquillo de los acusados a jerarcas de un Estado, por sus conductas individuales en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.
Esta empresa judicial no estuvo exenta de dificultades y cuestionamientos. Hubo que improvisarlo prácticamente todo. Por medio de los llamados Acuerdos de Londres (agosto de 1945) fue preciso redactar un Estatuto rector; constituir el Tribunal Militar Internacional que se encargaría del juzgamiento; designar a los cuatro jueces titulares y sus respectivos suplentes, uno por cada una de las potencias vencedoras (Gran Bretaña, los Estados Unidos de América, la Unión Soviética y Francia); se estableció asimismo el sistema procesal a emplear (acusatorio anglosajón); se definieron cuatro figuras penales a aplicar: Plan Concreto o Conspiración para la Guerra, Crímenes contra la Paz, Crímenes de Guerra y Crímenes contra la humanidad, y por último se levantó la lista de líderes del nacional-socialismo capturados, donde figuraron militares, ideólogos, jefes claves del Partido y del Estado, ejecutores responsables de programas de exterminio, e incluso diplomáticos y economistas con responsabilidades especiales. Por último se enlistaron también las organizaciones, entidades estatales, de seguridad y militares que debían rendir cuentas.
El juicio duró aproximadamente un año. En total se celebraron 403 audiencias, se incorporaron más de 4.000 documentos (informes, actas, memorandos, fotografías y documentales cinematográficos), se escuchó a 33 testigos de la acusación y a 61 de la defensa, y 19 de los acusados decidieron declarar sobre los cargos que soportaban.
En las etapas previas al inicio del Juicio, hubo cuestionamientos que superar. El primero consistió en la pertinencia de llevar a cabo un proceso penal formal. Se discutió por parte de los Aliados vencedores si simplemente se debía identificar e interrogar a los acusados para de inmediato fusilarlos o ahorcarlos, conforme los protocolos tradicionales militares y de guerra; o bien, se conducía el juicio formal, conforme principios y normas del debido proceso legal. Esta segunda tesis fue la que finalmente se impuso por insistencia de la delegación soviética y aceptación final de las otras potencias aliadas.
Otro cuestionamiento que hubo que superar, resuelto de hecho, fue de orden ético. Se cuestionaba si el bando vencedor tenía autoridad moral para juzgar a los vencidos, dado que se habían perpetrado abusos y crímenes de guerra por parte de los Aliados, tanto como por parte de los nazis. Se cuestionaba la presencia de la Unión Soviética en el tribunal juzgador, cuando en su momento había firmado un Pacto de No-agresión con Hitler y había participado en el hecho generador de la guerra al repartirse el territorio de Polonia con Hitler. Se acusaba a los soviéticos también de haber perpetrado la matanza de quince mil oficiales polacos detenidos en la localidad de Katyn. Y se señalaba que el juez titular soviético (Nikitchenko) había fungido como juez en las parodias judiciales mediante las cuales Stalin llevó a cabo las purgas de sus oponentes internos. A los Aliados se les reclamaba el haber tolerado los avances de Hitler antes de iniciarse la guerra, además de haber bombardeado ciudades indefensas, como Dresde, en las que murieron miles de civiles, amén de los entonces recientes lanzamientos de bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, con cientos de miles de víctimas, también civiles.
Estas importantes objeciones fueron contestadas argumentándose que la Alemania nazi fue, sin duda alguna, la responsable del inicio y desarrollo del conflicto bélico, en especial por las agresiones militares para invadir y anexarse territorios extranjeros. Además, no podían compararse moralmente, las campañas deliberadas de odio racial y exterminio contra poblaciones enteras, como la judía, la gitana, los eslavos y las minorías identitarias, con las acciones propias de la guerra como bombardeos y estrategias militares defensivas. Por último, se alegó que no era admisible dejar en impunidad las atrocidades cometidas por el nacionalsocialismo alemán, debiéndose pedir cuentas y sentar responsabilidades por los crímenes contra la humanidad. Se trataba en consecuencia de una reivindicación ética, espiritual y pedagógica para que lo ocurrido no volviera a suceder. En resumen, había que sentar un precedente y al menos prevenir a futuro situaciones semejantes.
El último gran cuestionamiento fue de naturaleza jurídica. Al tenerse que improvisar prácticamente todo, se pusieron en entredicho los principios rectores del derecho procesal penal moderno. Empezando por la creación de un Tribunal Militar Internacional ad-hoc, para el caso de Núremberg, y en contradicción con el principio de juez previo o juez natural. De igual manera se tuvieron que confeccionar las figuras penales contra el mandato clásico de Nullum crimen sine lege, y por supuesto, prever las penas a contrapelo del presupuesto Nulla poena sine lege. Es decir, se percibía un quebranto del principio de legalidad en su conjunto y todo parecía contradecir la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal.
La respuesta a estas cuestiones capitales se levantó con bastante solvencia. Se alegó que se procuraba conducir un juicio reglado, conforme los principios del debido proceso con el propósito de responder con legalidad a quienes se habían comportado con brutal arbitrariedad. Se trataba también esclarecer los hechos para que luego no fueran a minimizarse o negarse del todo. Se contestó la crítica de violación al principio de legalidad argumentándose que sí existía normativa internacional previa que condenaba las principales acciones emprendidas por la Alemania nacionalsocialista, tales como el Convenio de la Haya (1899) para la solución arbitrada de los conflictos; el Tratado de Versalles (1919) que creó la Sociedad de Naciones; la VI Conferencia Panamericana (1928) en la que se califica la guerra de agresión como un crimen contra la especie humana; el Tratado General de Renuncia a la Guerra o Pacto de París (1928) en el que se reiteraba el peligro mortal de una nueva conflagración mundial. En la mayoría de estos acuerdos internacionales participó y se comprometió Alemania, razón por la cual podía pedírsele cuentas por lo ocurrido.
La defensa de los acusados esgrimió argumentos de distinta índole: ninguno de los imputados aceptó su culpa; ninguno aceptó haber conocido los crímenes atroces –sobre todo matanzas masivas en centros de exterminio-; y por el contrario alegaron haber actuado siempre por honor y lealtad al pueblo alemán y su Führer; incluso alegaron haberlo hecho por Dios y por amor a la Patria. Desde una perspectiva más técnica, algunos de ellos intentaron defenderse alegando que estaban amparados a una especie de “legítima defensa putativa” por cumplirse los supuestos de esta causa justificante, a saber, el haber respondido a agresiones previas; o bien alegaron haber actuado sólo por órdenes superiores, lo que conformaba la “obediencia debida” puesto que estaban sometidos a enormes presiones y hubiera sido mucho peor desobedecer y arrastrar a sus tropas y a sí mismo a disciplinas letales. Un último argumento defensivo esgrimió razones de “seguridad militar”, tratando de explicar que los grupos operativos móviles (Einsatzgruppen), verdaderos comandos de exterminio, lo que hicieron en la retaguardia, conforme el ejército alemán avanzaba, fue eliminar todo riesgo de revuelta, razón por la cual fue necesario acabar con judíos, comunistas, eslavos y otros.
En sentencia todas estas argumentaciones fueron rechazadas. Destaca el establecimiento de las responsabilidades individuales de cada acusado, así como la inadmisión de la supuesta “obediencia debida” en vista de que los hechos consumados fueron gravísimos, todos los acusados conocían y querían voluntariamente participar de ellos, y en ningún caso podía aceptarse una excusa exculpatoria.
La sentencia condenó a 12 acusados a la pena de muerte (Göring, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Streicher, Jodl, Frank, Frick, Sauckel, Seyss-Inquart y Bormann en ausencia). Se pronunciaron 3 cadenas perpetuas (Hess, Funk y Raeder). Además, sobre 4 imputados recayeron condenas de prisión prolongadas entre diez y veinte años (Speer, Von Schirach, Von Neurath y Dönitz). Por último, el Tribunal absolvió a 3 acusados (Schacht; Von Papen y Fritzch).
El Juicio de Núremberg terminó siendo reconocido como un formidable precedente en el campo de la legalidad internacional. Voces autorizadas como la de René Cassin, se refirieron a él como un evento que “arrojó luz incuestionable sobre el acontecimiento bélico”. Se reconoció también que se había constituido un proceso al que se llamó “la condena de la memoria” porque serviría para no olvidar lo sucedido en materia de crímenes contra la humanidad.
A partir de su realización, se desencadenaron otros procesos y otras instituciones que conforman hoy el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como los Institutos, Sistemas Regionales y Tribunales Internacionales en esta materia: (a) durante y después del Juicio de Núremberg se llevaron a cabo otros juicio en Alemania y en las zonas de ocupación; se juzgó a generales y otros militares, a miembros de los cuerpos de seguridad, a profesionales como médicos, abogados, administradores, economistas, funcionarios de campos de concentración y exterminio. Miles de personas fueron acusadas (5006), cientos condenadas a pena de muerte (794) de las cuales fueron efectivamente ejecutadas 486. En diciembre de 1945 con la Ley No. 10 del Consejo de Control, los Aliados crearon una base jurídica estandarizada para el procesamiento de los crímenes de guerra en las respectivas zonas de ocupación que de base para los posteriores juicios al de Núremberg; (b) Incluso se llegó a juzgar a líderes nazis que habían declarado como testigos en el proceso principal de Núremberg (Ohlendorf, Höss, Wisliceny) sobre los que recayeron posteriormente sentencias de muerte; (c) El proceso de Núremberg sirvió también de modelo y heredó pautas procesales y principios normativos que guiaron la realización de muchos juicios posteriores, así como inspiró la normativa internacional emitida a partir de 1946 en el seno de la Organización de Naciones Unidas (UNO); (d) Por ejemplo, la Resolución de 11 de diciembre de 1946 de la ONU confirmando los principios del derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Núremberg y por la sentencia de ese Tribunal; (e) En Noviembre de 1947 se crea una Comisión especializada en Derecho Internacional de la ONU. (f) El 9 de diciembre de 1948 se produce la adopción por parte de la Asamblea General de la ONU de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; (g) el 10 de diciembre de 1948, en París, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 217 A (III), adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos; (h) el 26 de noviembre de 1968 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad (con particular mención al delito de Genocidio); (i) se crearon dos tribunales internacionales en La Haya para conocer los crímenes en la antigua Yugoslavia (TPIY), 1993-2017 y el Tribunal de Arusha, Tanzania (TPIR), 1994-2015. (j) En 1998, con el Tratado de Roma, se adoptó en principio la creación de un Tribunal Penal Internacional que comenzó a funcionar en el 2002. Los Estados Unidos de América y otras potencias se abstuvieron de apoyar su creación y, aun así, comenzó a funcionar en el 2002.
Este artículo ha sido escrito entre junio y setiembre de 2026, tiempos en que el Derecho Internacional y la Doctrina de los Derechos Humanos están siendo sometidos a prueba como nunca antes. Se vive un auge de la extrema derecha en Europa y América, una mezcla de neo-fascismo y anarco-neoliberalismos que controla gobiernos otrora democrático-liberales. Una potencia mundial, los Estados Unidos de América, inicia impunemente guerras de agresión como la de Irán; otra potencia, la Rusia de Putin, invade a Ucrania y sostiene una guerra de invasión que lleva años; el Estado de Israel sostiene una acción de exterminio genocida contra el pueblo palestino; de nuevo los Estados Unidos fulmina lanchas en altamar con el pretexto de combatir el narcotráfico e invade y secuestra a un jefe de otro Estado como ha sido en el caso de Venezuela. Hay alarmas de claros genocidios en países africanos como Sudán y el Congo, donde conflictos internos están provocando el exterminio de etnias minoritarias o en desventaja armada. Entretanto, las más importantes instituciones internacionales, llámense ONU o Corte Penal Internacional, nacidas para que este tipo de barbaries no se volvieran a repetir después de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, exhiben su debilidad, incapaces de ir más allá de gestos y discursos de condena, absolutamente incapaces de hacer valer el derecho internacional vigente.
El paisaje mundial es así, por completo desolador. Cuesta creer que la memoria humana sea tan frágil, impotente para imponer la razón, el derecho y la justicia por encima de la fuerza bruta. Resulta paradójico que una potencia como USA, ayer artífice del Juicio de Núremberg, en el que pugnó por introducir el delito de Conspiración para Guerra como esencial en todo el proceso, sea hoy una nación que propicia precisamente las guerras de agresión e invasión en distintas partes del mundo.
Pero aquí hemos de estar, una vez más, recordando lo que el lado positivo de esta misma humanidad ha sido capaz de responsabilizar y construir, juzgar los crímenes más atroces, apostar por el Derecho Internacional, la defensa y garantía de los Derechos Humanos y las instituciones que las respalden. Aquí estaremos para que no se extinga la memoria y para no perder el sueño de una especie, supuestamente racional, habitando un mundo donde la ambición, el egoísmo, el odio, la mentira y la agresión, cedan ante el respeto a la dignidad de cada persona por el sólo hecho de serlo, la solidaridad y empatía para los más débiles, la conciencia de que la deshumanización de un solo individuo es la deshumanización de todos, y para que, en fin, se hagan valer los derechos fundamentales de todas y todos, a pesar de las diferencias y las disidencias.
En la vida política costarricense parece estar emergiendo un fenómeno nuevo que, quizá de manera provisional, puede denominarse populismo autoritario, a falta de una definición más precisa que dependerá del rumbo que tomen los acontecimientos en los próximos años.
Este fenómeno comienza a configurarse cuando apenas se cerraba el largo ciclo histórico del sistema bipartidista que predominó en Costa Rica durante varias décadas. Aquel período estuvo marcado por una notable estabilidad política y por una dinámica de alternancia entre dos grandes agrupaciones, una más progresista que la otra. Aunque ese contrapunto no estuvo exento de conflictos, permitió la consolidación de buena parte de la institucionalidad democrática y de políticas públicas que contribuyeron a un cierto igualitarismo social.
Sin embargo, contra muchos pronósticos, ese sistema colapsó con relativa rapidez. Factores sociopolíticos propios de la sociedad costarricense, combinados con transformaciones económicas y culturales de alcance global, precipitaron el derrumbe de uno de los dos grandes partidos tradicionales y el deterioro progresivo del otro. Se abrió entonces un período de mayor volatilidad política, caracterizado por la desaparición de antiguas lealtades partidarias y la proliferación de múltiples agrupaciones.
En ese escenario surgió una alternativa que se presentó como democrática, reformista y progresista: el Partido Acción Ciudadana (PAC), fundado en el año 2000. El PAC reivindicó la ética pública y logró modificar la dinámica electoral tradicional, provocando en tres ocasiones una segunda ronda electoral y alcanzando el triunfo en dos de ellas. Sin embargo, su trayectoria también estuvo marcada por contradicciones, dificultades para traducir sus principios en una transformación profunda de las estructuras económicas y sociales y un progresivo distanciamiento respecto de sectores que inicialmente habían depositado expectativas en él. Su derrota electoral en 2022 no puede explicarse únicamente por factores coyunturales: también expresa el desgaste de una alternativa que, para una parte de la ciudadanía, no logró responder a las expectativas que había suscitado.
La experiencia costarricense no es necesariamente excepcional. En otras sociedades democráticas se han producido desplazamientos políticos en los que el agotamiento o la pérdida de credibilidad de una alternativa progresista han abierto espacio a opciones de signo muy diferente. El caso chileno, con el tránsito de Gabriel Boric a José Antonio Kast, constituye una expresión particularmente dramática de esa dinámica. No se trata de establecer una relación mecánica entre ambos fenómenos ni de equiparar sus circunstancias, sino de advertir que cuando una alternativa política pierde capacidad de representar las expectativas de sectores importantes de la sociedad, el espacio que deja vacío puede ser ocupado por fuerzas que ofrecen respuestas de naturaleza muy distinta.
Desde la crisis del bipartidismo, Costa Rica ha vivido una creciente volatilidad política. La previsibilidad que durante décadas caracterizó la vida pública se debilitó, mientras aumentaban el pragmatismo, el oportunismo y la fragilidad de los liderazgos partidarios.
Fue en ese contexto donde emergió la figura de Rodrigo Chaves, prácticamente desconocido para amplios sectores de la ciudadanía tras una larga trayectoria fuera del país. Su experiencia en organismos internacionales, sus habilidades comunicativas y su capacidad para conectar con distintas expresiones del malestar social le permitieron construir una base de apoyo significativa. A ello se sumó un estilo político confrontativo y una estrategia discursiva orientada a presentar a las instituciones y a las élites tradicionales como obstáculos para el cambio.
Pero aquí aparece una cuestión central: ¿qué entendemos por populismo autoritario y por qué podría aplicarse esta categoría al caso costarricense?
El populismo, en términos generales, tiende a construir una oposición entre un “pueblo” presentado como depositario de la voluntad auténtica de la sociedad y unas élites identificadas como responsables de sus problemas. Esa lógica puede adoptar distintas orientaciones ideológicas y no es necesariamente incompatible con la democracia. El problema aparece cuando esa apelación al pueblo se combina con una concepción según la cual quien habla en su nombre puede presentarse como su único o legítimo representante y, desde ahí, cuestionar los límites que la democracia constitucional impone al ejercicio del poder.
Es en esa combinación donde podemos encontrar los rasgos propiamente autoritarios del fenómeno. Entre ellos estarían la deslegitimación sistemática de los contrapesos institucionales; la descalificación de quienes discrepan como enemigos del pueblo o del cambio; la personalización creciente del poder político; la pretensión de subordinar instituciones autónomas o independientes a la voluntad del Ejecutivo; la utilización de una comunicación política polarizante que reduce la complejidad de los conflictos a una confrontación entre “el pueblo” y sus supuestos adversarios; y una concepción de la democracia que tiende a identificar la voluntad expresada en las urnas con una autorización para limitar otros mecanismos de control y deliberación.
No todos estos rasgos tienen necesariamente la misma intensidad ni se presentan de manera simultánea. Precisamente por eso resulta más apropiado hablar de un fenómeno en proceso de configuración que de un régimen ya plenamente constituido. La categoría de populismo autoritario no debería utilizarse como una etiqueta cerrada, sino como una herramienta para observar una determinada evolución de la política.
En Costa Rica, esta perspectiva resulta pertinente en la medida en que algunas de esas tendencias parecen haber adquirido una presencia creciente en el discurso y en las prácticas políticas: la confrontación con instituciones que ejercen funciones de control, la descalificación de adversarios y críticos, la apelación directa a una ciudadanía supuestamente enfrentada a las élites y la tendencia a presentar los límites institucionales como obstáculos a la voluntad popular.
Esto no significa, sin embargo, que Costa Rica haya dejado de ser una democracia ni que su evolución hacia el autoritarismo esté predeterminada. Las instituciones, los partidos, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la ciudadanía siguen constituyendo espacios de disputa y de resistencia democrática. Precisamente por ello es importante observar el fenómeno antes de que sus rasgos se consoliden.
Tampoco parece suficiente explicar este proceso apelando simplemente al “descontento ciudadano”. La sociedad costarricense no expresa hoy un único estado de ánimo frente a la política. Existen malestares diversos y, en ocasiones, contradictorios: frustración ante la desigualdad, inseguridad o pérdida de oportunidades; rechazo hacia determinadas élites políticas; desconfianza en instituciones y partidos; demandas de mayor eficacia estatal; pero también identificación con liderazgos que prometen orden, ruptura o cambio. Y esos sentimientos pueden coexistir con satisfacción, esperanza o incluso apoyo político al gobierno de turno.
Por eso, más que hablar de “el descontento”, habría que hablar de una sociedad atravesada por malestares y expectativas diversas, que no necesariamente conducen en una misma dirección política. El desafío consiste en comprender cómo esas experiencias diferentes pueden ser articuladas por determinados liderazgos y transformadas en una narrativa política capaz de construir una nueva mayoría.
Aquí reside uno de los principales problemas para las fuerzas democráticas y progresistas. No basta con defender las instituciones ni con añorar el período anterior al populismo. Tampoco basta con reivindicar las experiencias políticas que precedieron al actual momento. Si las instituciones y las fuerzas políticas tradicionales fueron percibidas por una parte importante de la sociedad como incapaces de responder a sus necesidades, defender la democracia exige también reconocer esas insuficiencias.
La democracia costarricense no puede sobrevivir simplemente conservándose a sí misma. Necesita renovarse. Pero esa renovación tampoco puede descansar en la concentración del poder ni en la eliminación de los contrapesos institucionales. El reto consiste en encontrar nuevas formas de representación, participación y deliberación capaces de responder a una sociedad mucho más heterogénea que aquella sobre la cual se construyó el viejo sistema bipartidista.
Esa ciudadanía tampoco constituye un bloque homogéneo. Es social, territorial, generacional, económica y políticamente diversa. No todos viven los problemas del país de la misma manera ni tienen las mismas expectativas respecto del Estado, la economía, las instituciones o el cambio social. Interpelarla democráticamente supone, por tanto, abandonar la pretensión de hablar en nombre de una ciudadanía abstracta y aprender a escuchar esa diversidad.
El desafío de nuestro tiempo no consiste únicamente en defender las instituciones democráticas, sino en hacer que vuelvan a tener capacidad de representar, integrar y procesar democráticamente las diferencias existentes en la sociedad. Una democracia viva no elimina el conflicto: crea las condiciones para que el conflicto pueda expresarse, negociarse y transformarse sin que ninguna fuerza política pretenda monopolizar la representación del pueblo.
Costa Rica se encuentra, por tanto, ante una disyuntiva que todavía está abierta. Puede avanzar hacia una democracia más plural, participativa y capaz de corregir sus propias deficiencias, o puede permitir que los legítimos malestares y frustraciones de la sociedad sean canalizados hacia formas crecientes de concentración del poder.
El desenlace no está escrito. Dependerá de la capacidad de las distintas fuerzas sociales y políticas para comprender una sociedad que ha cambiado, reconocer sus contradicciones y construir respuestas que no pretendan homogeneizarla. La supervivencia de la democracia dependerá tanto de la defensa de sus límites como de su capacidad para transformarse.
La actuación del ministro de la presidencia —así, con minúscula— en Cartago, este lunes 14 de setiembre, durante los actos de celebración de la independencia de Costa Rica, como ha sido ampliamente señalado, fue bochornosa y emocionalmente indigerible; por lo tanto, intragable. Así de bochornosa, indigerible e intragable parece resultar, para una buena parte de la población orgullosa de su conciencia cívica, la figura del personaje que, además de ese cargo, es el titular de Hacienda.
Reconozco la importancia de referirse con respeto a un funcionario público, no solo por su persona individualmente, sino porque su investidura representa el interés público. Pero, hace tiempo que la política comenzó a escribirse con minúscula. En la era del neoliberalismo, el interés público fue cooptado por los intereses privados -espurios y dudosos- y la política devino cada vez menos en el espacio de todos. Las pasiones fueron ocupando el lugar de la deliberación madura, democrática y cívica. De allí fuimos decayendo en los bajos instintos del poder.
Sí, ciudadanos del mundo, me refiero al comportamiento vergonzoso de un ministro de Estado en Costa Rica, quien, en verdad, ostenta el poder real en el actual gobierno, por encima de la presidenta que solo protocolariamente ejerce el cargo. No se trata de cualquier saltimbanqui callejero. Tampoco tengo pruebas su dependencia de sustancias que causen la pérdida de control de sus emociones. Si ese fuera el caso, eso sería un problema de salud que no tendría por qué convertirse en un asunto público. Salvo porque la sola metáfora de la enfermedad en el ejercicio del poder pregona la tragedia y no la comedia del espectáculo del borrachito que produce vergüenzas ajenas. Ese peligroso coctel de política y alcohol, que no es nuevo, nos amenaza como sociedad civilizada y, por eso, el asunto deja de ser solo un tema de salud.
La actuación a la cual me refiero no solo fue deshonrosa por la bajeza de los gestos y porque estos fueron dirigidos contra un ciudadano que planteaba una legítima reivindicación en defensa de las libertades de reunión y participación cívica mancilladas esa tarde y noche. Fue vergonzosamente pendenciera y cobarde porque muestra una falsa valentía escudada no solo en esa condición adictiva a las peores emociones, sino en su séquito de guardaespaldas. Fue un desbordamiento de poder autoritario y de radicalización del lenguaje violento propio de las extremas neofascistas.
El contexto estuvo empañado, desde antes, por el acuartelamiento policial de la ciudad de Cartago y el cierre de un perímetro en el cual no se permitió el ingreso a la plaza donde se celebraban los actos a la ciudadanía como tradicionalmente se ha acostumbrado. Se hizo la excepción a los partidarios políticos del gobierno. Por lo tanto, el acto se transformó de una celebración cívica a uno más de los mítines políticos del grupo en el poder. Para ello, la patria valió poco: una porción de arroz con pollo en un vaso plástico. No podría haber mayor afrenta a la pobreza y a la dignidad de los pobres por fieles partidarios que estos fueran.
Ese comportamiento bufo ensució una celebración nacional que, para los costarricenses, sigue representando uno de los símbolos de su identidad colectiva: recibir la antorcha de la independencia llevada en manos de estudiantes y no de soldados. Se burló de todos los costarricenses; pero más de uno de sus fanáticos -de los cuales también se burlaba- reía sus desgracias y disfrutaba de esa defecación en público.
Así estamos. La semiótica de la civilidad costarricense, hasta hace poco, señal de identidad ante buena parte del mundo, viene siendo arrinconada por lenguajes turbios y de incitación a la violencia. No es la primera vez que la bandera tricolor, querida y admirada como signo de pertenencia nacional, es escupida bajo la rabia del etanol. En otro episodio político, casi un siglo atrás, borrachos con armas masacraban a sus adversarios. Hoy en día, el escenario donde se planta la bandera, se parece cada vez menos a los parajes idílicos de los himnos patrios, y se disuelve en un ambiente político incoloro, penetrado por el resentimiento, la desconfianza y el miedo. Por eso, como el etanol, ese lenguaje político resulta peligrosamente inflamable.
Esa degradación del poder avanza como una bacteria que carcome la sociedad. Pero esto tampoco nos refiere a ningún fenómeno biológico. Es un proceso que hace combustión con el progresivo debilitamiento de la cultura cívica entre la población. No es un atributo negativo del pueblo o de la gente ni, por lo tanto, una simple devaluación individual de la persona como ciudadana. El problema no es la gente que le dio los votos a este esperpento político en el poder o ríe de su tragedia. Es el resultado de un proceso estructural que se remonta a décadas atrás, asociado a un ejercicio perverso y errado de la política que, mientras prodigaba privilegios a empresarios voraces y capitales transnacionales, restringía la autonomía de la sociedad, la libertad de organización y la defensa de los derechos económicos y sociales. Se impuso una política de caridad, basada en medidas focalizadas hacia la pobreza, sin lograr contenerla y mucho menos, cerrar las desigualdades. En apariencia, avanzábamos hacia una educación cada vez más tecnificada, con tecnologías sofisticadas para medir los aprendizajes que nunca dieron cuenta del empobrecimiento, no solo de sus contenidos, sino también de su dimensión afectiva.
El problema no es solo que los estudiantes abandonaran el afecto y entusiasmo por las disciplinas del conocimiento: matemáticas, el cálculo, las ciencias y humanidades y con ellas, la lectura y el uso del razonamiento. El problema fue que fallaron los claustros de formación de maestros y profesores, metidos cada vez en el negocio de la titulación académica. También, se impuso una banalización de los métodos para desarrollar una educación sustentada en bases epistemológicas sólidas y en dispositivos científicos y para incentivar no la retención de contenidos sino el ejercicio del saber. Todo eso redundó en detrimento de la formación para la ciudadanía. Y así fueron apareciendo los monstruos, en guerra contra instituciones, derechos y libertades para respuesta y resistencia social. El viejo régimen en declive también es responsable de eso.
Así, entonces, los gestos del ministro -así con minúscula- y su gradería de sol política resumen buena parte de ese proceso. Finalmente, además de poca educación son el resultado del olvido de las buenas costumbres aprendidas en un entorno familiar sano y lleno de afecto. Ese es su problema -la falta de afecto, de empatía, de sensibilidad y, finalmente, de capacidad para encajar social y culturalmente en ambientes sanos-. Lamentablemente, ese actuar puede estar encontrando resonancia en una parte de la sociedad que también parece sufrir una pérdida de autoestima y de inteligencia emocional colectivas.
Su figura no viene sola. Se acompaña de una camarilla de facinerosos e incendiarios. Si no tomamos conciencia y no comenzamos poner frenos cívicos a ese proceso: esto es defender y fortalecer la sociedad civil, la capacidad de respuesta, la libertad de organización, expresión y de protesta social, pronto estaremos lamentando el fin de la poca independencia y libertad que conservamos. Hay que comenzar ya porque ayer ya se hizo tarde.
Y aconteció en aquellos días de septiembre que el pueblo de Costa Rica caminaba confundido entre banderas, vallas, cédulas de identidad, arroz con pollo y publicaciones de Facebook.
Muchos habían perdido la esperanza. Otros habían perdido la paciencia. Algunos habían perdido hasta las ganas de discutir. Y hubo quienes, después de leer los comentarios en las redes sociales, estuvieron a punto de perder también la fe en la especie humana.
Pero entonces ocurrió la revelación.
Tres figuras aparecieron en el horizonte político y hubo quienes dieron gracias porque finalmente alguien les había abierto los ojos.
Había nacido la Santísima Trinidad Jaguar: Rodrigo, el Padre Fundador; Pilar, portadora de la palabra; y Laura, depositaria del espíritu de la Nueva Costa Rica.
Y muchos creyeron. No porque fueran ignorantes. No porque no hubieran ido a la escuela. No porque carecieran de capacidad para pensar. Creyeron porque toda revelación necesita primero un mundo que parezca necesitar ser revelado. Y aquel mundo tenía nombre: los mismos de siempre.
Entonces aparecieron también los Cuatro Jinetes del Apocalipsis:
El primero cabalgaba bajo las siglas PLN.
El segundo llevaba sobre su caballo las del PUSC.
El tercero vestía de Frente Amplio.
Y el cuarto, recién incorporado a las escrituras, respondía al nombre de CAC.
Detrás avanzaban sindicatos, universidades públicas, periodistas, magistrados, burócratas, comunistas, progresistas, zurdos, intelectuales y todo aquel que por razones todavía no completamente esclarecidas hubiese incurrido en el pecado de hacer demasiadas preguntas.
Y vio el pueblo aquello.
Y algunos dijeron:
—¡Ahora sí entendemos!
Porque la primera bienaventuranza de toda revelación política es sencilla:
Bienaventurados aquellos a quienes les fueron abiertos los ojos, porque finalmente conocerán quién tuvo la culpa.
El libro de los mandamientos
Y fueron entregadas al pueblo unas nuevas tablas. Y en ellas podía leerse:
Primero: Amarás a la Nueva Costa Rica sobre todas las cosas.
Segundo: No tomarás el nombre del Gobierno en vano.
Tercero: Santificarás las fiestas patrias, siempre que las celebres de la manera debidamente autorizada.
Cuarto: Honrarás la valla y portarás tu cédula.
Quinto: No protestarás durante el cumpleaños de la Patria.
Sexto: No cuestionarás innecesariamente las medidas de seguridad, porque quien nada debe nada teme y quien pregunta demasiado algo estará tramando.
Séptimo: No codiciarás las instituciones ajenas.
Octavo: No levantarás falsos testimonios, salvo que hayan sido debidamente compartidos quinientas veces en Facebook.
Noveno: No confundirás libertad con hacer lo que te dé la gana.
Y décimo: Cuando ninguna argumentación resulte suficiente, recurrirás a la doctrina definitiva: Lero lero, calzón de cuero.
Palabra del Señor. Te alabamos, Jaguar.
Las bienaventuranzas de Plaza Mayor
Bienaventurados quienes llevaron la cédula, porque de ellos será la Plaza Mayor.
Bienaventurados quienes respetaron la valla, porque serán llamados ciudadanos ordenados.
Bienaventurados quienes no preguntaron demasiado, porque no retrasarán la fila.
Bienaventurados quienes comieron arroz con pollo, porque serán saciados.
Bienaventurados quienes descubrieron a los mismos de siempre, porque jamás volverán a necesitar explicaciones demasiado complicadas.
Bienaventurados quienes encontraron un enemigo para cada problema, porque suyo será el Reino de la Certeza.
Y bienaventurados, finalmente, quienes comprendieron el profundo significado filosófico del lero lero, porque habrán alcanzado un estado epistemológico al que ni Morin se atrevió jamás.
La pasión de San Farol
Llegó entonces el 14 de septiembre. Y un humilde farol salió de su casa. No sabía nada de neoliberalismo. No había leído a Montesquieu. Desconocía la separación de poderes. No tenía cuenta en X. Jamás había participado en una conferencia de prensa. Era simplemente una cajita de cartón con papel celofán y una luz adentro. Pobre inocente. No sabía lo que le esperaba.
Primera estación: San Farol es condenado a ser politizado
Apenas llegó a la celebración, alguien decidió que representaba el civismo.
Otro afirmó que representaba la resistencia.
Otro sostuvo que simbolizaba el orden.
Otro que simbolizaba la libertad.
San Farol quiso explicar que había sido construido la noche anterior por un niño con goma, cartulina y ayuda de la mamá. Nadie lo escuchó.
Segunda estación: San Farol carga con la democracia
Le colocaron sobre los hombros la institucionalidad costarricense completa.
Separación de poderes.
Libertad de expresión.
Derecho a manifestarse.
Seguridad ciudadana.
Identidad nacional.
Patriotismo.
Gobernabilidad.
Setenta y tantos años de Segunda República.
San Farol comenzó a doblarse.
Tercera estación: San Farol cae por primera vez
Inmediatamente alguien culpó al Gobierno.
Otro culpó al Frente Amplio.
Otro al PLN.
Otro a los sindicatos.
Otro a las universidades públicas.
Alguien preguntó si todo aquello no sería culpa de Carlos Alvarado.
La hipótesis no pudo descartarse inmediatamente.
Cuarta estación: San Farol encuentra a su madre, la Patria
La Patria lo miró desconcertada.
—Hijito, ¿cómo terminó una celebración escolar convertida en una disputa sobre el futuro de la civilización occidental?
San Farol tampoco sabía.
Quinta estación: Simón de Cirene ayuda a San Farol
Un ciudadano se acercó para ayudarlo a cargar.
Fue inmediatamente identificado como sindicalista.
Sexta estación: La Verónica limpia el rostro de San Farol
Una mujer se aproximó con un pañuelo.
Antes de llegar le solicitaron la cédula.
Séptima estación: San Farol cae por segunda vez
Desde un extremo alguien gritó:
—¡Dictadura!
Desde el otro respondieron:
—¡Comunistas!
San Farol permaneció en el suelo preguntándose si alguien podría levantarlo antes de continuar con el debate.
Octava estación: San Farol consuela a las mujeres de Jerusalén
—No lloren por mí —les dijo—. Según Facebook, todo salió perfectamente.
Novena estación: San Farol cae por tercera vez
Y alguien proclamó:
—¡Esta caída demuestra hasta dónde son capaces de llegar los mismos de siempre!
Otro respondió:
—¡Esta caída demuestra el avance del autoritarismo!
San Farol comenzó a sospechar que su caída tenía una capacidad explicativa verdaderamente extraordinaria.
Décima estación: San Farol es despojado de sus vestiduras
Le quitaron el papel celofán rojo.
Parecía demasiado comunista.
Undécima estación: San Farol es clavado a la valla
Y allí quedó.
La pequeña fiesta que alguna vez pretendió reunir a la comunidad terminó simbólicamente clavada sobre aquello que la separaba.
Por primera vez nadie se rio.
Duodécima estación: San Farol muere
Antes de apagarse levantó débilmente su luz y murmuró:
—Padre, perdónalos, porque no saben qué interpretación de los acontecimientos están compartiendo en Facebook.
Y expiró.
Decimotercera estación: San Farol es bajado de la valla
Unos denunciaron represión.
Otros celebraron que el orden había prevalecido.
Ambos compartieron fotografías que demostraban inequívocamente sus respectivas interpretaciones.
Decimocuarta estación: San Farol es llevado al sepulcro
El gran pretor alcalde de Cartago, tomó cuidadosamente el cuerpo maltrecho. Lo envolvió en una bandera costarricense. Y antes de depositarlo en el sepulcro, lo ungió generosamente con crema de rosas, santo bálsamo nacional para faroleados, golpeados, escaldados y ciudadanos expuestos a dosis excesivas de realidad costarricense.
Y así estaba escrito:
Bienaventurados los faroleados, porque de ellos será el Reino del Santo Balsamo.
Y al tercer día…
San Farol resucitó.
Salió del sepulcro todavía pegajoso por la crema de rosas y descubrió horrorizado que durante su breve ausencia había sido declarado chavista, comunista, sindicalista, autoritario, demócrata, opositor, patriota, antipatriota y, según una publicación particularmente imaginativa, posiblemente funcionario de la Universidad de Costa Rica.
Entonces San Farol preguntó:
—Mae… ¿yo no era una cajita con una candela?
Nadie respondió.
Miró hacia un lado.
Allí estaban quienes anunciaban la llegada de la Nueva Costa Rica.
—¿Y qué tiene de nueva? —preguntó.
Silencio.
Miró hacia el otro.
Allí estaban quienes pedían recuperar la Costa Rica de nuestros abuelos: aquella de respeto, cortesía, instituciones fuertes, concordia y ríos por los que aparentemente alguna vez circularon leche y miel.
—¿Y todos vivían bien en aquel paraíso?
Silencio.
—¿No había desigualdad?
Silencio.
—¿No había exclusión?
Silencio.
—¿No hubo precarización ni concentración de riqueza?
Alguien carraspeó.
—Hijo —respondió finalmente una voz solemne—, estamos hablando de democracia.
—Ah, bueno —contestó San Farol.
Se puso un poquito más de crema de rosas.
Y entonces formuló la pregunta que ninguna de las dos congregaciones esperaba:
—¿Y si los dos están contando solamente la parte de la historia que necesitan creer?
Hasta aquí podemos reír.
El problema comienza cuando descubrimos que detrás de los disparates de San Farol hay preguntas que no desaparecen cuando termina la parodia.
II. Después de la risa
¿Qué estamos viendo?
Una de las tentaciones más cómodas frente a una sociedad polarizada consiste en pensar que el problema está en los ojos del otro.
¿Cómo no se dan cuenta?
¿Cómo pueden interpretar de esa manera lo que para mí resulta evidente?
¿Qué realidad están mirando?
La pregunta es legítima hasta que aparece otra mucho más incómoda:
¿Y si hay algo que yo tampoco estoy viendo?
Reconocer esa posibilidad no significa caer en un relativismo donde todos tienen razón y nadie la tiene.
Todos miramos desde algún marco, pero eso no significa que todas las miradas sean igualmente verdaderas. Y tampoco significa que sean igualmente falsas.
Hay acontecimientos que pueden comprobarse. Hay decisiones que dejan documentos. Hay normas jurídicas. Hay presupuestos. Hay estadísticas. Hay discursos registrados. Hay resoluciones judiciales. Hay políticas públicas cuyos efectos pueden estudiarse. La realidad no desaparece porque nuestras interpretaciones sean parciales.
Por eso quizá el problema no sea encontrar a alguien capaz de mirar sin filtros. Ese ser humano probablemente no exista. El desafío consiste en construir procedimientos que permitan contrastar nuestras miradas con aquello que ocurrió, y especialmente con aquello que podría demostrar que estamos equivocados. Pero inmediatamente aparece otra pregunta. ¿Quién decide qué debemos preguntar?
El poder de formular la pregunta
Preguntar nunca es completamente inocente. Cuando alguien pregunta si Costa Rica se está convirtiendo en Venezuela, Nicaragua o El Salvador, la comparación puede ser legítima si identifica instituciones, procesos y mecanismos concretos. Pero puede resultar engañosa si las diferencias históricas, institucionales y sociales desaparecen y la analogía termina sustituyendo al análisis.
Costa Rica no es Venezuela.
Costa Rica no es Nicaragua.
Costa Rica no es El Salvador.
Eso no significa que la experiencia de esos países no pueda ofrecer categorías comparativas. Significa que encontrar una semejanza no demuestra una trayectoria inevitable.
Si queremos examinar tendencias autoritarias, la pregunta debería ser mucho más exigente: ¿qué comportamientos concretos muestran debilitamiento de controles?, ¿qué instituciones conservan autonomía?, ¿cuáles la pierden?, ¿qué ocurre con la libertad de expresión?, ¿con la independencia judicial?, ¿con la fiscalización?, ¿con el pluralismo?, ¿con el respeto a los límites constitucionales del poder?
Existen investigaciones costarricenses recientes que han identificado confrontación institucional, componentes antisistema, rasgos autoritarios y riesgos para el pluralismo en el discurso y ejercicio político de Rodrigo Chaves. También existen trabajos que interpretan ese fenómeno en relación con problemas estructurales anteriores de la democracia liberal costarricense.
Eso es muy diferente de anunciar que mañana despertaremos convertidos en Nicaragua.
El miedo tampoco debería convertirse en método.
Pero evitar el alarmismo tampoco puede significar cerrar los ojos frente a hechos verificables.
¿Y si el chavismo no fuera solamente causa?
Aquí aparece una posibilidad que resulta particularmente incómoda para quienes hemos concentrado nuestra atención en los riesgos que representan determinadas prácticas políticas recientes.
¿Y si el chavismo no fuera únicamente una causa de la crisis democrática?
¿Y si fuera también un síntoma?
¿Y si determinadas tendencias políticas hubieran encontrado terreno fértil porque existía previamente un malestar que la institucionalidad tradicional no supo comprender o resolver?
La democracia costarricense posee conquistas extraordinarias. Sería intelectualmente absurdo negarlas. Su estabilidad electoral, la abolición del ejército, la construcción del Estado social, la educación pública, la seguridad social y una extensa arquitectura institucional forman parte de una historia que merece ser defendida.
Pero ninguna historia merece convertirse en estampita.
Costa Rica también ha experimentado durante décadas transformaciones económicas, desigualdades persistentes, debilitamiento de vínculos partidarios y frustraciones respecto de la capacidad estatal para responder a las necesidades sociales.
El propio sistema de partidos cambió profundamente. El bipartidismo que durante décadas estructuró la competencia entre PLN y PUSC comenzó a deteriorarse antes de la aparición del chavismo. También existe abundante literatura sobre la adopción de políticas de liberalización y ajuste económico desde las últimas décadas del siglo XX.
Entonces la frase «los mismos de siempre» puede ser utilizada como instrumento populista, pero su eficacia política no puede explicarse únicamente diciendo que alguien engañó a la población.
Hay que preguntar por qué tanta gente estuvo dispuesta a escucharla.
La otra iglesia: el paraíso perdido
Aquí la crítica debe dirigirse también hacia nosotros.
Frente al discurso de la Nueva Costa Rica ha comenzado a aparecer otro relato: la añoranza por la Costa Rica que supuestamente perdimos: La democracia de nuestros abuelos.
El respeto.
La cortesía.
La moderación.
La convivencia.
Las instituciones respetadas.
Una sociedad donde las diferencias se resolvían conversando y donde, si exageramos apenas un poco la imagen, por las acequias corrían leche y miel. Pero ¿existió realmente esa Costa Rica?
Existió una Costa Rica con importantes logros democráticos y sociales. Eso es históricamente defendible.
Lo que resulta más difícil es convertirla en un paraíso perdido.
Porque aquella democracia convivió también con desigualdades, exclusiones, pobreza y conflictos distributivos. Y durante las últimas décadas la propia estructura partidaria que administró buena parte de esa institucionalidad atravesó transformaciones profundas.
Por eso defender la institucionalidad democrática no debería exigirnos idealizar el pasado. La nostalgia puede ser también una forma de ideología.
Dos paraísos
Y de pronto descubrimos que las dos grandes narrativas aparentemente enfrentadas realizan una operación sorprendentemente parecida.
Una coloca el paraíso adelante: la Nueva Costa Rica.
La otra lo coloca atrás: la Costa Rica que perdimos.
Una ofrece la Tierra Prometida.
La otra añora el Jardín del Edén.
Una dice: Antes de nosotros todo estaba podrido.
La otra responde: Antes de ustedes vivíamos en democracia.
Ambas afirmaciones pueden contener fragmentos de verdad.
Y precisamente por eso resultan poderosas.
El problema comienza cuando el fragmento pretende convertirse en totalidad.
¿Qué une entonces a quienes hoy se oponen?
También merece ser interrogada la coincidencia entre fuerzas políticas históricamente diferentes.
Frente Amplio, PLN, PUSC y CAC pueden coincidir en determinadas coyunturas parlamentarias o en la defensa de reglas institucionales sin que eso convierta sus programas políticos en equivalentes. Esto es perfectamente posible dentro de una democracia.
Una izquierda socialista y una derecha liberal pueden defender simultáneamente elecciones competitivas, separación de poderes o independencia judicial. Pero reconocerlo no cancela otra pregunta: ¿qué sucede con las contradicciones sociales y económicas que existen entre esos proyectos?
Si la defensa de la democracia termina reducida a la defensa de las instituciones existentes, podemos perder de vista las razones por las cuales una parte de la ciudadanía dejó de sentirse representada por quienes históricamente las administraron.
Y entonces aparece la pregunta que quizá deberíamos habernos hecho desde mucho antes.
¿Y si la crisis democrática costarricense no consistiera solamente en la aparición de tendencias autoritarias, sino también en la incapacidad histórica de la propia democracia para cumplir suficientemente algunas de sus promesas sociales?
Tal vez ahí esté el centro del problema. No se trata de justificar ninguna tendencia autoritaria mediante la desigualdad.
La desigualdad no vuelve innecesaria la separación de poderes.
La pobreza no vuelve prescindible la independencia judicial.
La exclusión no justifica deslegitimar controles constitucionales.
Pero tampoco podemos invertir el razonamiento.
La existencia de elecciones libres no elimina la desigualdad.
La división de poderes no alimenta a una familia.
La libertad de expresión no garantiza movilidad social.
Una institucionalidad democrática puede ser jurídicamente robusta y, simultáneamente, resultar materialmente insuficiente para sectores importantes de la población.
Costa Rica continúa enfrentando desafíos relevantes de desigualdad y pobreza pese a mejoras recientes. Y la transformación económica de las últimas décadas ha distribuido de manera desigual algunos de sus beneficios.
Entonces quizás deberíamos abandonar una dicotomía demasiado sencilla: democracia versus autoritarismo.
Porque podría haber simultáneamente erosión institucional, crisis de representación, desigualdad, desafección partidaria, concentración económica, frustración social y emergencia de liderazgos personalistas.
Ninguno de esos fenómenos necesita explicar por sí solo todos los demás. Pero tampoco deberían estudiarse como si no tuvieran relación.
La democracia de las buenas maneras
Aquí aparece una última incomodidad. Es posible añorar un tiempo en que los presidentes hablaban con mayor cortesía, los conflictos institucionales parecían menos estridentes y el lenguaje público resultaba menos agresivo.
Las formas importan.
La democracia necesita límites también en el lenguaje porque el adversario debe continuar siendo un ciudadano legítimo después de terminada la discusión.
Pero las buenas maneras no constituyen por sí solas justicia social.
Una sociedad puede ser extraordinariamente cortés mientras reproduce desigualdades.
Puede respetar escrupulosamente el protocolo mientras determinadas personas permanecen excluidas.
Puede hablar en voz baja mientras distribuye muy desigualmente oportunidades y recursos.
Por eso quizá no sea suficiente preguntarnos cómo recuperar las buenas formas. La pregunta debería ser: ¿qué había detrás de aquellas buenas formas? Y también: ¿qué existe detrás de las malas formas actuales?
¿Qué democracia estamos defendiendo?
Quizá esta sea finalmente la pregunta.
No qué partido.
No qué líder.
No qué bando.
Qué democracia.
Una democracia donde los límites al poder sean reales. Donde ninguna victoria electoral entregue un cheque en blanco. Donde jueces, prensa, universidades, órganos de control, organizaciones sociales y oposición puedan cumplir sus funciones sin convertirse automáticamente en enemigos del pueblo. Pero también una democracia que no considere cumplida su misión porque cada cuatro años celebramos elecciones.
Una democracia capaz de preguntarse por desigualdad, exclusión, educación, trabajo, movilidad social y distribución efectiva de oportunidades. Una democracia política y también social.
No necesitamos escoger entre derechos y justicia social. Precisamente el desafío consiste en evitar que cualquiera de ellos sea utilizado para sacrificar al otro.
No necesitamos bandos para conocer
Después de todo este recorrido podemos regresar al problema inicial.
¿Cómo saber quién está viendo correctamente la realidad?
Quizá la pregunta esté mal formulada. No necesitamos encontrar al observador puro. Necesitamos un método que permita discutir nuestras interpretaciones. Y para eso no necesitamos bandos.
Necesitamos contradicción.
El bando busca evidencias que confirmen aquello que ya cree.
La contradicción busca también aquello que podría demostrar que está equivocado.
Si pensamos que existe una deriva autoritaria, debemos estudiar seriamente las evidencias que respaldan esa hipótesis. Pero también debemos buscar aquello que la contradice.
Si pensamos que el chavismo representa simplemente manipulación, debemos examinar las críticas legítimas que formula contra el sistema anterior.
Si pensamos que la institucionalidad costarricense debe ser defendida, debemos preguntarnos qué problemas produjo, toleró o no consiguió resolver.
Y si alguien anuncia una Nueva Costa Rica, debemos preguntarle concretamente qué tiene de nueva.
Nadie posee la verdad completa.
Pero de ahí no se sigue que todas las afirmaciones sean asimismo verdaderas o igualmente falsas.
La verdad no desaparece porque tengamos perspectivas.
Lo que desaparece es nuestro derecho a declararnos sus propietarios.
Epílogo según San Farol
San Farol continúa sentado sobre la valla.
Mira hacia la derecha.
Alguien predica la llegada de la Nueva Costa Rica.
Mira hacia la izquierda.
Alguien recuerda emocionado la Costa Rica de nuestros abuelos.
San Farol escucha pacientemente.
Ya ha aprendido bastante sobre democracia para ser una cajita de cartón.
Finalmente pregunta:
—¿Y si en lugar de escoger entre un paraíso que nunca existió y una tierra prometida que todavía nadie ha visto, construimos una democracia que no necesite inventarse ninguno de los dos?
Nadie responde.
San Farol se encoge de hombros.
Se acomoda sobre la valla.
Saca del bolsillo el tarrito.
Se pone un poquito más de crema de rosas.
Y espera, porque al fin y al cabo si existe una “tierra prometida” oficialista y un “paraíso perdido” opositor, quizá el verdadero problema democrático esté precisamente en aquello que ambos relatos necesitan olvidar.
Los actos cívicos realizados el pasado lunes 14 de setiembre en la noche en todo el país no pueden pasar desapercibidos. Hubo dos actos.
El oficial que siempre se hace con el recorrido de la antorcha que viene desde Guatemala hasta Cartago, con el que se recuerda la traída de la noticia de la Independencia proclamada por Guatemala, que dejaba en libertad a las provincias centroamericanas, que eran parte constitutiva de la Capitanía General de Guatemala, para que cada una de las provincias decidiera lo que le correspondiera, si continuaban dependientes de España o se independizaban de España.
Este recorrido se inició en 1964, en su celebración, cuando el Profesor y Director General de Deportes, en aquellos años, Alfredo Cruz Bolaños, lo propuso a la reunión de presidentes de Centroamérica, en marzo de 1963 cuando se reunieron en Costa Rica con el Presidente Kennedy, con lo que empezó también la Integración Económica Centroamericana, como un elemento que contribuyera a forjar y estrechar más los lazos de las comunidades, de los pueblos centroamericanos, y como recordación de la Memoria histórica de la hermandad que habíamos tenido, antes de la proclamación de la Independencia en 1821, y de los intentos que se impulsaron por restablecer la unidad de los pueblos centroamericanos, que en ese momento estaban impulsando un proyecto de unidad regional con la integración económica.
Desde entonces se ha realizado esa celebración del recorrido de la Antorcha, recordándonos la luz de la Independencia frente a la oscuridad de la dependencia; la luz de la Libertad, frente a la Oscuridad de la opresión; la luz de la Soberanía, frente a la oscuridad de la imposición política gubernativa, la luz la ciudadanía frente a la oscuridad del vasallaje, de la servidumbre y de la esclavitud; la luz de los Poderes Públicos independientes entre sí frente a la oscuridad del Absolutismo y el Autoritarismo político.
Si de faroles vespertinos o nocturnos se trata, se puede recordar como los días 12, 13, 14 y 15 de setiembre de 1821, en Guatemala, conociendo los hechos de la Independencia proclamada por las comunidades de la Provincia de Chiapas y por sus Alcaldías Mayores de Ciudad Real, Tuxtla, Comitán y la Gobernación del Soconusco, que presionaron a las autoridades de Guatemala para que declarara la Independencia. Dolores Bedoya, esposa del Dr. Pedro Molina, prócer de la Independencia, presionaba en las calles, con movilización de mujeres y del pueblo, con faroles en mano para que se realizara esa Declaración, que se produjo el 15 de setiembre. Esto, en parte justificó que la celebración del 15 de setiembre se haga con faroles. En 1953 se institucionalizó en el Ministerio de Educación Pública el uso de faroles para esta celebración, por iniciativa del director provincial de escuelas de San José, Víctor Manuel Ureña Arguedas, estableciéndose de manera obligatoria en 1965, en armonía con lo que había impulsado Alfredo Cruz Bolaños.
El recorrido de la Antorcha, en el suelo patrio, desde que inicia en la Frontera Norte hasta que llega a Cartago, no es una expresión solo de los niños y jóvenes que se movilizan con fervor patriótico en ese acto. Es una movilización de maestros, profesores, padres y madres de familia, abuelos y abuelas, tíos y tías, que también se movilizan, acompañando a sus hijos, pero también integrándose a la celebración Patria que en esa fecha se vive. A las 6 p.m. el país se paraliza para entonar el Himno Nacional.
A la par del acto oficial, de carácter familiar nacional, también se realizan actos paralelos de ciudadanos organizados, de sindicatos, asociaciones de distintos tipos, cooperativas, empresas, partidos políticos, asociaciones religiosas y culturales, que por su parte se suman a este festejo.
Todo el acto de la celebración del 15 de setiembre, realizado popularmente el 14 con el recorrido de la Antorcha, el concepto que más se contiene, por sus diversas significancias, es el de festejar y exaltar la libertad del pueblo costarricense, en el Aula Magna de las Calles y Plazas por donde la Antorcha hace su recorrido, y en las Calles y Plazas donde la gente y el pueblo, se reúne y se concentra para celebrar con igual sentido patriótico y emoción, la libertad, entonando con todo el resto del pueblo, el Himno Nacional.
Las concentraciones populares del 14 de setiembre han permitido que también sectores del pueblo se movilicen críticamente, frente a los gobernantes, y autoridades políticas, que asisten a los actos, con pancartas, consignas y con peticiones políticas o sociales.
Estas protestas ciudadanas nunca se han catalogado como erosión de la democracia nacional. Al contrario, son viva expresión de ella.
No se han calificado negativamente contra la festividad del acto de celebración de la Independencia. Al contrario, se han visto como parte del derecho de los ciudadanos a manifestar sus opiniones y pensamientos.
No se han visto como actos sediciosos contra las autoridades públicas. Se han entendido como parte de la tolerancia política que se expresa en el desacuerdo de cómo el gobierno conduce políticamente el país.
Protestas contra gobernantes, en estos actos, las ha habido contra los presidentes Mario Echandi Jiménez, en 1958, contra José Figueres Ferrer, en 1972, contra Rodrigo Carazo Odio, en 1981, contra Rafael Ángel Calderón Fournier, en 1990, contra José María Figueres Olsen, en 1995, contra Oscar Arias Sánchez, en el 2006. En todos esos eventos hubo distintas formas de expresar el descontento ciudadano, críticas en pancartas, gritos contra el presidente, abucheos y silbidos contra el presidente. En una ocasión la reacción popular hizo suspender el discurso presidencial, en 1981, sin que ello provocara represión policial contra las personas que protestaban.
En ninguno de los actos anteriores se sometió a la población a registros y cateos personales, a pedir cédula a los ciudadanos que protestaban, a establecer cercos de varias cuadras alrededor del sitio oficial del acto para impedir la cercanía de las personas.
En ninguno de esos actos se trajeron autobuses con personas, prácticamente detenidas, para hacerle bulto al gobernante en su discurso, prácticamente raptados cuando no alquilados, con arroz con pollo servido en vaso, un refresco y un pago de ¢10.000 colones por montarse en el bus, y en algunos casos sin conciencia de saber hacia dónde los llevaban.
¿Qué sentido tiene para los copresidentes Rodrigo Chaves y Laura Fernández, llevar de esa manera a sus actos, personas que no saben a qué van y que ni siquiera se identifican con sus contenidos? ¿O, que van engañadas, como la señora que el pasado lunes la trajeron de Guápiles con la creencia que podía visitar la Basílica de los Ángeles y la tenían encerrada entre las vallas de seguridad que puso el gobierno, sin poder salir de ellas? ¿Qué sentido tiene para ellos, y sus ministros, hacerse acompañar, como hicieron el lunes en Cartago, con recogidos a la fuerza de las calles de San José, y posiblemente de otros lugares, montarlos en un bus, con ofrecimiento de comida y pago, sin saber a dónde los llevan? ¿Qué sentido tiene echarse encima a la población de Cartago que no la dejaron entrar a la Plaza Mayor, que es el sitio emblemático de la ciudad de Cartago? ¿Qué sentido tiene mostrar garras y dientes de agresión exigiendo presentar cédula a ciudadanos que llegan al acto cívico? ¿Por qué catear personas, revisarles sus carteras o bolsos a las mujeres, documentos personales, que consideran opositores, mientras a otros no los intervenían de esa manera? ¿Desde cuándo vestir una camiseta con las siglas de ANEP, ANDE o APSE es motivo para no dejarlo participar de un acto cívico o impedirle transitar por una zona de la ciudad de Cartago? ¿Por qué impedir que llevaran o portaran faroles por el mensaje que tenían o con motivos de protesta política contra el gobierno, o contra el concubinato político de Rodrigo y Laura? ¿Por qué enlistaban a algunas personas que llegaban a la Plaza Mayor y a otras no? ¿Por qué exhibir tanto temor frente al pueblo por parte de los chupasangres del Gobierno, que tienen congelados los salarios, las pensiones, que quieren rebajarlas en un 5%, que quieren establecer jornadas de 12 horas sin pagos extras? ¿Por qué reprimir periodistas y camarógrafos de La Nación y del Semanario Universidad? ¿Por qué impedir la presencia de grupos sindicales organizados?
¿El acto del 14 de setiembre en Cartago fue bochornoso para la Municipalidad de Cartago, que no tuvo ningún papel importante en la celebración, que de alguna manera era simbólicamente el receptáculo de la noticia de la Independencia que era enviada desde Guatemala?
El Alcalde de Cartago fue una simple caricatura en todo el evento. Vergonzosa actuación tuvo. Pudo haber tenido por lo menos, en su discurso, si no le fue censurado, la dignidad y el decoro de haber protestado por el aparataje policial, militar y represivo que impuso el Gobierno. Se presentó como un alcalde sin dignidad alguna ante su pueblo cartaginés y ante la ciudadanía nacional. El alcalde fue disminuido en su investidura y lo presentaron no como un ciudadano libre, resultado de la Independencia que se recibía en el acto, sino como simple vasallo, como un simple siervo de la Autoridad Superior, casi esclavo político. Lo siento mucho por el alcalde, Mario Redondo.
El alcalde pudo haber asegurado una parte de la Plaza Mayor para que la ciudadanía no gobiernista hubiera tenido una presencia cercana a los actos oficiales.
Hubo una exagerada presencia policial militar, como la que exhibe la pareja política concubinal de Zapote cuando se movilizan por las calles de las ciudades, con exageradas unidades policiales, militares, de tránsito, de Cruz Rojas y Bomberos, que pasan a veces de 20 unidades en caravanas. ¿Por qué exhibir tanto temor al pueblo? ¿Por qué exhibir tal desplante policial militar, para infundir miedo a la gente y para irla acostumbrando al autoritarismo gubernamental, al militarismo que quieren entronizar y fortalecer como pasos hacia la dictadura, la tiranía y el gobierno absolutista?
La soberbia de la pareja presidencial no se va a imponer sobre la ciudadanía. Nadie se va a rendir ante sus actitudes y poses circenses. La burla institucional de los ciudadanos tiene límite. El poder público no se muestra ridiculizando al que pregunta, al que critica o al libre pensador, ni proponiendo usar cremitas de color.
Por ese camino, bien podría ofrecérsele hacer exámenes de alcoholemia al Jaguar zapoteño cuando exhala, abre su hocico, cuando así se comporta, o cuando no hila bien sus palabras con su afectado cerebro, para ver si se mantiene diariamente en el ranking menor a 0.50 gramos de alcohol por litro de sangre.
A Rodrigo Chaves le quedó grande el traje de presidente. Le sigue quedando grande el de copresidente fáctico que tiene. No aprendió ningún modal, ni buena conducta de la investidura que tuvo, y que mantiene y quiere seguir teniendo. No tiene ningún respeto por los ciudadanos, por sus críticos, por la libertad de prensa y de pensamiento. La burla, la agresión gestual, las muecas, sacar la lengua, usar sus manos para agrandar sus orejas en muecas desabridas, en ofender a ciudadanos que le interrogan es su desplante.
Rodrigo Chaves se sigue comportando a lo tico como un pachuco, vulgar, agresor, que le gusta estimular las broncas y los pleitos para exhibir su mal aliento y sus palabrotas.
En su inglés es un simple Hooligan, un gamberro. Es una persona grosera, incivil, patán, falto de cultura, de educación, de respeto por la convivencia social y de civismo. La falta de civismo la mostró en todo el acto de Cartago. Le encanta provocar disturbios, interpretaciones vandálicas, alterando el orden público, porque si hay alguien que lo altera es Rodrigo Chaves Robles, con sus desplantes y decires.
En la Inglaterra de finales del siglo XIX los Hooligans se desarrollaron como pandillas callejeras violentas, inspiradas en la figura de Edward Hooligan, considerado un personaje pendenciero. Rodrigo Chaves ha desarrollado sus pandillas de troles y de personas físicas que ya están actuando pandilleramente, agrediendo a personas que se manifiestan como antichavistas. ¿Hacia dónde nos lleva esto? ¿A las camisas pardas de Hitler, que era su milicia paramilitar, como la está formando Chaves desde el gobierno anterior, o a las camisas negras de Mussolini, que fueron los grupos que organizó para intimidar y actuar con violencia contra sus opositores?
Mientras en Cartago hubo un deslucido y bochornoso acto ceremonial y festivo alusivo a recordar la fecha de Independencia de Guatemala que nos llegó a Costa Rica, en el resto del país, en todos los pueblos y ciudades donde los ciudadanos libremente, pudieron manifestarse y celebrarla, con faroles, con las consignas y carteles que quisieran, en calles, parques y plazas, reuniéndose maestros, educadores, padres, madres y familias, niños y jóvenes, fue altamente exitoso, patriótico, sin heridas en el corazón de la Patria, sin espacios cerrados, vigilados, sin represión ni matonismo institucional, donde la luz de la Libertad verdaderamente brilló.
La encuesta del CIEP lleva a algunas primeras conclusiones:
1-. Los primeros 100 días de un gobierno son llamados de luna de miel, porque todas las fuerzas políticas le dan un margen de acción al nuevo gobierno para el desarrollo de sus propuestas. Partiendo de este hecho el apoyo recibido por la presidenta Laura de un 64% está por debajo de esa tradición, incluso del recibido al inicio de Rodrigo Chaves que fue del 79%, sea 15 puntos porcentuales más.
2-. Este gobierno que se ha llamado de la continuidad no ha mejorado la popularidad respecto a cómo terminó el anterior. Es decir, que el cambio en la dirección de la presidencia no significó mejoría en la percepción positiva de la gente. En síntesis, el apoyo al gobierno está estancado.
3-. La política principal de los gobiernos chavistas ha estado dirigida a desprestigiar a las instituciones que consideran las menos cercanas a sus posiciones y que son consideradas como obstáculos a su propósito autoritario, como son las universidades, el poder judicial, el OIJ o el Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, según la encuesta, las instituciones mejor valoradas por los costarricenses son precisamente la UCR, el TSE, el OIJ, el Poder Judicial, lo cual indica que las campañas del chavismo contra ellas no han mermado el apoyo de los costarricenses. En conclusión, las instituciones democráticas son apreciadas por la ciudadanía y la democracia hace frente a las políticas del gobierno con cierto éxito, indicando que aún hay reservas democráticas en el pueblo que no han sido erosionadas por políticas de odio y autoritarias.
4-. Resaltan líneas rojas que la ciudadanía considera que de llevarse a la práctica desprestigiarían grandemente al Gobierno. Ellas son el comprobarse casos de corrupción en el Ejecutivo, aumento del IVA a la canasta básica, recorte de presupuesto a las universidades o no acatar una decisión de la Sala Constitucional. Menos efecto en el apoyo al Gobierno tendrían acciones como la reelección continua, la minería a cielo abierto, así como si las condiciones de vida de la gente se mantienen igual, sea que no mejoren. Como se aprecia, todas las medidas que desmejorarían el apoyo al gobierno son políticas prioritarias del Gobierno de doña Laura que, en consecuencia, se encontraría ante la disyuntiva de si son rechazadas, la oposición triunfa, y sin son aprobadas el apoyo al Gobierno disminuye.
5-. Para el 43% de los costarricenses la situación económica es mala o muy mala, lo cual marcará el futuro del país en los próximos años.
El panorama político que se desprende de la encuesta refleja una sociedad llena de contradicciones e incertidumbres, que resiste a los embates autoritarios, donde se tiene un criterio positivo de las instituciones que quiere desbaratar el chavismo y que éste no tiene gran margen de maniobra en las reformas que pretende impulsar.
La sociedad vive un momento de incertidumbre, la partida está abierta con una leve ventaja de la oposición.
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