¿Por qué en Costa Rica aumentó considerablemente esta enfermedad y qué debemos hacer?
Dr. Francisco Javier Hevia Urrutia Gastroenterólogo – Hepatólogo Miembro Correspondiente ACANAMED
EPIDEMIOLOGIA
El 31 de marzo, es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Este cáncer, en Costa Rica, hace 15 años no se consideraba un tumor de atención especial, apareciendo cifras altas en progresión desde el 2014 en adelante. Ya en el 2016, esta enfermedad, es la segunda causa de muerte por cáncer entre las mujeres y la tercera entre los hombres. La mortalidad del cáncer de colon en el 2018, lo posiciona en cuarto lugar, después del cáncer de próstata, mama y estómago, respectivamente.
A nivel mundial (Globocan 2020), ocupa el tercer lugar, después del cáncer de mama y pulmón. En relación a número de muertes, ocupa el segundo lugar, después del cáncer de pulmón.
El fin del manejo de cualquier cáncer es prevenirlo y disminuir la mortalidad al máximo detectectándolo tempranamente, ojalá sin síntomas.
FACTORES DE RIESGO
Familiares con cáncer de colon, la presencia de pólipos o tumores benignos, llamados “adenomas”, enfermedades crónicas del colon como la colitis ulcerativa, irradiación del abdomen previa son los clásicos factores de riesgo.
Costa Rica dispone de buenos grupos de salud, para el manejo de cáncer de colon, pero existen algunos DEBERES que no se están cumpliendo. Se requiere una prevención que se puede aplicar por métodos de educación en nutrición, requiriendo para el cáncer de colon una dieta alta en frutas y vegetales. La fibra se considera que, por un aumento en 10 gramos de fibra en la dieta por día, hay una reducción del CC en 10 %. Usando en Australia fibra de trigo no procesada, demostró una reducción significativa de los pólipos llamados Adenomatosos, que son los que desarrollaran el cáncer de colon. Existen almidones resistentes que pasan al colon, se fermentan y forman ácidos grasos de cadena corta que tiene efecto anti canceroso. El ácido fólico y los folatos utilizados por 4 a 8 años demostraron un efecto de no permitir la formación de pólipos. Otros alimentos como la vitamina B6, el calcio, la vitamina D y los productos lácteos, también han tenido un efecto positivo.
Existen cofactores negativos de riesgo para el CC como la obesidad, enfermedad coronaria, colecistectomizados, trasplantados de Riñón, diabetes mellitus, tabaco y exceso de alcohol, al igual que uso frecuente de carnes rojas y procesadas.
¿Cuáles serían los FACTORES DE PROTECCIÓN para el CC?
La actividad física regular, la dieta ya mencionada con la fibra, los almidones resistentes, la ingesta de café, ajo, consumo de aceite de pescado con sus tres ácidos grasos libres y magnesio, junto con medicamentos como la Aspirina, Anti Inflamatorios No Esferoidales (AINES), Estatinas y anticonceptivos en mujeres pre menopáusicas, ya que tiene un efecto positivo de protección en el CC.
COMO DIAGNOSTICARLO
Se debe educar a la población de DOS SÍNTOMAS del diario vivir, muy importantes para consultar, como DEBERES del paciente, si hay: 1. Cambios en el habito intestinal que persisten mas de 2 semanas o sea de estreñido toda la vida pasó a diarreas o al revés. 2. Sangrado rectal con sangre “roja viva”. Siempre pensamos en hemorroides, que es lógico que sería lo más frecuente como causa, pero DEBE siempre ante esto realizarle una colonoscopia o rectosigmoidoscopia
La política de salud para el CC, debe establecer un plan de DETECCCIÓN SIN SÍNTOMAS O TAMIZAJE que se puede hacer en mayores de 40 años, al menos una vez al año, en un examen de heces la presencia de “Sangre Oculta”. La CCSS, inicio en Atenas, Belén, Santo Domingo, San Isidro de Heredia y Valverde Vega un programa de detección temprana en el 2017 con estos métodos en las heces, el mejor, es el DNA Fit test.
La demostración en un paciente asintomático, la presencia de sangre oculta en las heces, indica hacer una colonoscopia completa o sea que incluya la visión del ciego. Los DEBERES para el grupo de salud y para el paciente son: cumplir completamente con la preparación para la colonoscopia y el médico debe decir en el reporte la calidad de la limpieza del colon y demorar el tiempo necesario al revisar el colon que sea al salir desde el ciego al menos 10 minutos.
Todo pólipo se debe resecar y enviar a biopsias. Otro DEBER del médico es explicar e instruir al paciente si tiene un pólipo resecado cuando debe realizarse su siguiente colonoscopia. Los DEBERES de las instituciones de salud son de proveer que las colonoscopias para estos pacientes no deben pasar más de 3 meses desde el momento en que se detectó un paciente en tamizaje o se presentó algunos de los otros síntomas. Debemos aclarar que el colon por enema NO debe utilizarse como un método diagnóstico. Existe la colonografía por tomografía computarizada y también la cápsula endoscópica de colon, siendo métodos más costosos, pero también efectivos que al final requerirán una colonoscopia para definir el diagnóstico con biopsias o resección de pólipos.
QUÉ DEBEMOS HACER:
El cáncer colorectal en Costa Rica es un problema de salud de acción inmediata, que se puede explicar por los cambios nutricionales en Costa Rica por los tipos de dieta en los últimos 25 años sin fibra y comida “chatarra”.
El tamizaje iniciado al buscar por medio del examen de heces por sangre oculta, debe generalizarse a todo el país, para las personas mayores de 40 años al menos una vez al año y la CCSS disponer para los casos detectados de personal para realizar las colonoscopias no más allá de 3 meses del examen positivo por sangre oculta.
Sergio Ortiz Pérez manifiesta que por medio del proyecto de Ley 23.197, Rodrigo Chaves pretende desaparecer el Senara, al convertirlo en una simple oficina del MAG que responda al ministro de Agricultura, cuyos criterios pueden ser muy fácilmente manipulables.
Uno de los mayores problemas es que este posible cambio jurídico planteado por el presidente, es la desprotección del recurso hídrico y el retroceso de 40 años cuando visionariamente se creó el Senara.
Sin embargo, Pérez indica que dicho proyecto no es el único que atenta contra el agua y el Senara, sino también el proyecto 23. 511, nueva ley de aguas, que en esta ocasión ha sido propuesta por el diputado Óscar Izquierdo, del Partido Liberación Nacional, que también busca desaparecer el Senara y le da toda la autorización sobre el agua al MINAE y a su ministro de turno.
Ambos proyectos omiten la sentencia 2012-08892 de la Sala Constitucional, en la cual los magistrados sentenciaron que las funciones del Senara necesitan del avance progresivo del reconocimiento de los Derechos Humanos: el derecho al agua y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado son fundamentales.
De igual forma, la Sala advirtió que el Senara tiene un papel relevante en cuanto a la gestión del recurso hídrico nacional, lo cual resulta fundamental, considerando la naturaleza eminentemente técnica de esta dependencia administrativa. Dicha posición debe ser reforzada a partir de la debida coordinación interinstitucional.
Sumado a esto, se encuentran las declaraciones irresponsables y alineadas a las exigencias de Zapote: tanto el ministro de Agricultura como el gerente del Senara ocultan que los proyectos de riego producidos por el Senara generan entre 150 y 200 millones de dólares al año. Asimismo, también ocultan el modo y la labor estratégica de cómo el Senara, en materia de desarrollo agrícola nacional, permite brindarle riego a más de 34.000 hectáreas productivas que pertenecen a 1000 productores nacionales, por medio de 84.5 km de canales de riego.
Entre dichas declaraciones, según Pérez, las del gerente del Senara son muy vergonzosas, ya que recientemente dijo en la Asamblea Legislativa que el proyecto de ley del MAG, el cual desaparece al Senara, iba más bien a fortalecerlo. Cuando, en realidad, eso es completamente falso y, además, él basa sus criterios en especulaciones personales de lo que podría llegarse a hacer, de aprobarse esta Ley.
Bajo el gobierno de Rodrigo Chaves, muchas instituciones están en peligro: si estas son amenazadas y se debilitan, la desigualdad social se recrudece en todo el país.
El historiador Óscar Aguilar Bulgarelli indica que, durante la Cumbre Iberoamericana, el presidente de la República Rodrigo Chaves, dijo que se debe cuidar la educación, la cultura, el medio ambiente y la tecnología para no poner en peligro la democracia.
Para el historiador, este discurso es hipócrita y contradictorio, ya que en nuestro país la educación está siendo destrozada, con una ruta que lleva hacia el abismo. Asimismo, el sector cultura ha sido sistemáticamente abandonado y actualmente, está pasando uno de sus momentos más críticos, el cual está a cargo de una ministra que no está actuando en pro de su población.
Por otro lado, Aguilar menciona que, dentro del sector de ciencia y tecnología, tanto el ministro como el presidente, quieren transformar el Ministerio en una subsidiaria de Zapote para hacer, por decreto, lo que el presidente quiera, sin ningún criterio técnico.
MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval Académico Universitario, Ex Integrante Comisión de Vinculación Institucional con los Sectores Productivos y, Comisión de Trabajos Finales de Graduación COEX, AA Sede Central UTN www.utn.ac.cr Ex Directivo Nacional Propietario JD ANEP, Secretaría de Organización y Conflictos, Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN Ex Funcionario Banco Mundial IFC Sede Ecuador y, América Latina, Escritor, Científico Social
En días recientes, en el mes de marzo 2023 el Dr. Emmanuel González Alvarado cual Don Quijote de la Mancha vuelve a poner sus piernas en Rocinante y terciando su lanzón ha salido a las distintas Sedes Regionales como el CFPTE a presentar su Informe de Rendición de Cuentas PAO 2022. De eso trataran estas reflexiones.
En resumen, el Informe presenta datos interesantes y nos expone que se están asumiendo compromisos tanto con la UTN, OUI, como el CONARE. Que la situación actual de las Universidades Estatales no es nada sencilla sino sumamente compleja dada “la Ley 9635, el congelamiento de los pluses salariales, la Regla Fiscal, el FEES que recortó en 2500 millones menos, el rebajo de 1400 millones por no estar incorporados en el FEES. La Ley de Redistribución del FEES que establece la eliminación de CONARE. La Ley Marco de Empleo Público que pretende pasar a MIDEPLAN el estamento administrativo. La Ley de Equilibrio Financiero y su Caja única para la recolección de los superávits. La Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior: Proyecto 23380 que pretende pasar el FEES hacia el BCCR.” Todo lo anterior en su conjunto afecta -expone el Dr. González-, “el Valor Público de las instituciones gubernamentales y torna en relación a la necesidad de cambios en el modelo de financiamiento de las Instituciones de Educación Superior (IES) para la maximización del valor público en la sociedad costarricense”.
No se omite en su exposición el papel de la OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), conocida como el club de los países ricos- y sus recomendaciones para Costa Rica: “1. Mejorar la regla fiscal con un ancla de deuda y una cláusula de escape que defina las condiciones para apartarse de ella, y una trayectoria para volver después. 2.Aplicar plenamente la Ley Marco de Empleo Público en todo el sector público.3.Modificar los mecanismos de financiamiento de las universidades vinculando el financiamiento adicional para las instituciones públicas con los objetivos de rendimiento de todo el sistema, como aumentar los programas STEM y el número de graduados. 4.Fortalecer la oferta de programas vocacionales cortos de alta calidad y promover una mayor demanda de estos a través de una campaña de información.” Que en su conjunto modificaran la educación superior universitaria costarricense.
Acerca de la distribución del FEES INSTITUCIONAL nos explica que, en el 2023, de 530 MIL MILLONES la UTN solo se lleva 6.43%. La UCR 53.32%, la UNA 21.59%, el ITEC 10.43%, la UNED 6.93% y, CONARE 1.31%. Pronto darán inicio las nuevas negociaciones del FEES y el Gobierno donde se hará una revisión exhaustiva de los compromisos adquiridos durante 2022.
En cuanto a infraestructura educativa se han invertido – nos dice- aproximadamente 37 millones de colones y, en equipamiento tecnológico cerca de 80 millones de colones para la adquisición de proyector digital, compra y renovación de licencias, computadoras portátiles y de escritorio, monitores, cámaras de seguridad. La inversión general de las carreras ha sido de cerca de 115 millones de colones entre el 2020 al 2022.
La UTN también se ha incorporado a distintos rankings: Índice de cumplimiento de la mejora pública. • Índice de Transparencia del Sector Público. • Impact Ranking ODS • Ranking Web de Universidades (Webometrics) • Repository Insigths • OSES-ALC: Compromiso de las Universidades por los ODS • Comercio Justo.
Adicional a lo anterior se ha dado impulso al Teletrabajo como también el desarrollo de normativa administrativa RAGS, Reglamento Teletrabajo más 13 Reglamentos aprobados. Se han impulsado becas, mejoras procesos de admisión, ajustes estructura administrativa, un plan estratégico TI, y fortalecimiento de la Defensoría Estudiantil. Y hay nuevas ofertas académicas: Mecatrónica, Ingeniería de Energías Renovables, Administración Agroindustrial, Gestión Empresarial de Servicios Compartidos y, Mantenimiento Agroindustrial Sostenible. Son las acciones que ha venido impulsando la Rectoría estos últimos dos años.
BALANCE Y PERSPECTIVA GLOBAL
El Informe de Rendición de Cuentas PAO 2022 presentado por el Dr. Emanuel González Alvarado contiene información útil para los interesados en saber que hace nuestra Universidad Técnica Nacional, presenta principios guías, ejes para la sostenibilidad, el papel del liderazgo asumido con la gestión educativa y competencias que se están desarrollando y son parte de la continuidadque viene desde el 2009 con la creación de la Universidad Técnica Nacional y se proyectan hasta 2023.
En ese sentido, nuestra alma mater a 13 años de existencia apuesta una vez más por la CONTINUIDADy con ello garantiza la estabilidad y la fijación de planes estratégicos de la organización a corto, mediano y largo plazo. ¡Navegamos en la CONTINUIDAD! Y, ello es estratégico ante un entorno incierto y de gran turbulencia macroeconómica en que estamos metidos como economía nacional. No podemos dejar de lado que la proyección de crecimiento económico de 3,4% para el 2022 se ajusta a 3,2% para el 2023. Que el entorno internacional será más adverso para la economía costarricense. La situación macroeconómica y geopolítica mundial prevaleciente en lo transcurrido del entre el 2022 y lo que va del 2023 plantea grandes desafíos para el país, el sistema bancario nacional, el Ministerio de Hacienda y por supuesto para el sistema educativo público – escuelas, colegios, 5 universidades estatales-: desaceleración de la actividad económica y un aumento en la incertidumbre. Hay razones geopolíticas y climáticas, que siguen afectando los mercados de hidrocarburos y a la producción agrícola, así como a problemas en las cadenas globales de suministro. De hecho, la inflación, las tasas de interés como la política monetaria del BCCR golpeará en el 2023 el FEES de las Universidades Públicas costarricenses y, a las economías domésticas de donde vienen nuestros estudiantes que sin becas e incentivos no tendrán sostenibilidad educativa. En este difícil entorno internacional está inmersa nuestra economía costarricense como nuestra alma mater. Estamos frente a un año (2023) durísimo para 5 Universidades Estatales.
Un tema que no ha sido abordado – ni tampoco se hizo referencia en el Informe citado- es el mercado laboral y nuestros graduados. En la UTN seguimos apostando por formar estudiantes para el mercado laboral sea sector público o privado. Nuestros graduados salen a buscar un puesto y un salario. Pero… no cuentan aun con las herramientas para impulsar la empresarialidad y el emprendimiento o iniciativas de negocios rentables. Esto es un desafío que esta pendiente en nuestra alma mater: graduar lideres y lideresas con mentalidad empresarial y emprendedora para el cambio y la creación de ecosistemas de negocios.
Adicional a lo anterior y bien lo expone el Informe la Ley 9635, la Regla Fiscal, la Ley Marco de Empleo Público, el FEESson los cuatro objetivos estratégicos donde las autoridades universitarias (Consejo Universitario) deben enfocarse para dar la lucha pro U Estatal. Dado que lo que esta en juego en el corto plazo es el modelo de financiamiento y sostenibilidad de las Instituciones de Educación Superior (IES) para la maximización del valor público en la sociedad costarricense.
Por último, es importante sopesar por la actual Rectoría impulsar en el corto plazo un CONGRESO UNIVERSITARIO2023 para reflexionar y sacar un producto borrador del nuevo ESTATUTO y REGLAMENTO Orgánico UTN, y, una propuesta de REFORMA ACADÉMICA para ajustar todos los programas de las distintas Unidades Académicas a las nuevas realidades y, ponderar la necesidad de introducir el VOTO DIRECTO para 1.374 DOCENTES INTERINOS CON ESTABILIDAD IMPROPIA Y CONTRATOS A PLAZO INDEFINIDO que seria el mayor compromiso histórico con la democratización de la UTN para el 2024.
Al estudiar el proyecto que pretende derogar la formidable Ley de Aguas que nos legara el Dr. Calderón Guardia en agosto de 1942, modificada significativamente con el paso de los años, nos encontramos con unas propuestas que, de aprobarse, vendrían a provocar un caos en el funcionamiento, la creación y formalización de las “asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados comunales”, conocidas como ASADAS. Son, para los citadinos que no las conocen, organizaciones rurales que, bajo la tutela del AyA, se encargan de garantizar el abastecimiento de agua potable para sus propias comunidades. ¡Más de dos millones de personas son abastecidas por unas 1400 asociaciones, en las que los ciudadanos que voluntariamente las conforman, participan ad honorem!
Se trata de una llamada relación administrativa de duración, de especial sujeción, que se confirma día a día mediante la ejecución de derechos, deberes y potestades, convenidos en los adecuados llamados “contratos de delegación”. Tal mecanismo le permite al AyA, como sede técnica y científica de la GOBERNABILIDAD del agua, reglamentar, regular, controlar y dirigir el servicio en forma profunda, tal y como se define un magnífico dictamen de la Dirección Jurídica del AyA del año 2010.
Al ser el agua un bien de dominio público, así determinado desde antes de que se aprobara la Constitución Política que nos rige, el que es sin duda, el más importante recurso natural del planeta, y por ende de Costa Rica, ¡NO puede salir de la propiedad del Estado! Por tanto, al ser las ASADAS organizaciones privadas, lo que el Estado hace, por medio del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), es DELEGAR, encargar, confiar… en los buenos ciudadanos que las dirigen, la administración del agua gobernada, eso sí, por el Instituto que garantiza su dominio estatal.
Lo anterior queda bien claro en la Ley Constitutiva del AyA, en cuyas funciones, sustento de su accionar, destaca la potestad de GOBERNAR “todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en ejercicio de los derechos que el Estado tiene sobre ellas”, acorde con lo estipulado en la Ley de Aguas que nos rige, a cuyo efecto “el Instituto se considerará el órgano sustitutivo de las potestades atribuidas en esa ley al Estado, ministerios y municipalidades”.
Ahora bien, se preguntarán algunos, ¿y en qué afectaría el recién presentado proyecto de ley a las ASADAS? ¡Veamos!
Pensemos, por ejemplo, en los esforzados vecinos que dirigen una asociación en el cantón puntarenense de Aguirre, hoy regidos por un “contrato de delegación” suscrito con el AyA, que no solo les permite administrar razonablemente, las fuentes de agua, el tanque de distribución y sus cañerías para agua potable, sino también, contar con la necesaria asistencia técnica, brindada por los expertos del organismo rector que rige todo lo referente a la operación y mantenimiento de los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, el AyA.
Así ha venido funcionando y es bien conocido y valorado el procedimiento que facilita el cumplimiento de sus respectivos deberes, siempre salvaguardando el fundamental carácter del agua como bien demanial, que, indudablemente ha de fortalecerse constantemente, en pro de los más caros intereses de la Patria y sus habitantes.
Pero resulta que los miembros de esa ASADA de ese cantón costero, de pronto se percatarían de un problema sorprendente. Como en la nueva Ley de Aguas, el AyA no tendría la rectoría del sector agua, pues perdería su función de “gobernar” todo lo relacionado con el vital líquido, su muy valorado contrato de delegación, perdería toda validez jurídica, pues lógicamente, al no tener la alta misión de gobernar el agua del Estado costarricense, ¡el AyA no podría delegar lo que no tiene!
¿Entonces, qué institución estatal de carácter técnico-científica, con suficiente personal, sería la encargada de la gobernabilidad y demás funciones que hoy se derivan de ella?, se preguntarán.
Pues resulta, que en la Ley que sustituiría la estupenda legislación nacida hace 81 años al lado del Código de Trabajo, la Universidad de Costa Rica, el Seguro Social, etc., se estipula que el nuevo rector no sería instituto alguno, sino una persona, el ministro de Ambiente de turno, independientemente de su especialidad profesional, si es que tiene alguna. Así, a partir de tal inconsistencia, sería una dama o un caballero miembro del Consejo de Gobierno, el rector que habría de transferir una función, una responsabilidad de importancia máxima, hacia las ASADAS de naturaleza privada, para que ejerzan la gobernabilidad que les convierte en actores en representación suya, pero eso sí, sin contar con el respaldo técnico y, en ciertos momentos, financiero, que les brinda el AyA.
Al tratarse de un funcionario con deberes políticos, ministeriales, los amigos de la particular ASADA del cantón de Aguirre, entonces se verían privados, de un día para otro, de la asistencia amparada en la legislación que las rige.
Y si se piensa que, eventualmente, que esa función de gobernar el agua asignada al ministro del Minae, éste podría satisfacerla asesorado por una oficina tan deficiente como la Dirección de Aguas del señor Zeledón, de todas formas habría de considerarse, previamente, que se trataría de trasladar a un despacho ministerial, decisiones de superlativa relevancia, desde una institución autónoma, el AyA, que cumple, entre otras, funciones de carácter técnico-científicas de primordial interés para el país, a un miembro del Consejo de Gobierno, un ministro, al que están cargando de funciones de la más diversa índole, donde las decisiones sobre el agua potable no solo tendrían un inevitable matiz político, unipersonal, sino que además, dicho funcionario no tiene la capacidad de garantizar el funcionamiento de las más de 1400 ASADAS, que abastecen a más de dos millones de habitantes de su agua potable, por ese medio idóneo.
Preguntamos de paso, ¿conocerá el señor ministro Tattenbach el proyecto promovido por el señor diputado Izquierdo Sandí?
Ante lo anotado, es de esperar que los ciudadanos de Aguirre, tratarán de indagar sobre los procesos que les esperan, para continuar prestando sus servicios comunales. Y seguramente se encontrarán con que, sus colegas puntarenenses de los cantones de Golfito, Jiménez, Osa, Coto Brus, Corredores, Buenos Aires… también andarán igualmente preocupados, pues en el AyA tampoco estarán claros acerca de esas sorpresivas mutaciones que les está heredando la presidenta ejecutiva del gobierno anterior. Eventualmente, alguien de las 120 ASADAS de la provincia logrará obtener una explicación que, sin duda alguna, le sorprenderá a él, y a los miles de amigos con experiencia en la operación de dichas asociaciones. Situación que, obviamente, se repetirá en las otras ASADAS de las seis provincias restantes.
Y se sorprenderán todos, pues jamás se hubieran imaginado siquiera, que los convenios de delegación que les han regido por tantos años y superado incluso acciones ante la Sala Constitucional, serían sustituidos por contratos de concesión pensados originalmente para otro tipo de funciones, ejecutadas por otros entes privados.
Resulta que, en el mal proyecto de ley, los que lo redactaron en atención a algún contrato (como sucediera con el fenecido “proyecto de iniciativa popular”) pareciere que “olvidaron” la existencia de las ASADAS, por lo cual, para salir del paso, las incluyeron como equivalentes a las empresas privadas de riego, agropecuarias, de generación hidroeléctrica, de turismo, de recreación y transporte, “entre otros usos”, quienes, según el proyecto, para hacer uso del agua, deberán solicitar una concesión del Estado. Inclusión impensada que tendría consecuencias que provocaría desazón esperable al interior de nuestras asociaciones administradoras de acueductos comunales, al punto de que sería como “meterlas en un berenjenal”, muy espinoso, complejo e intrincado, que dificultaría en mucho su buena labor. Contrario a lo que merecen y se espera de parte del Estado, cual es darles una más cercana atención (en lo cual se ha avanzado) y, junto a ellas, hombro a hombro, comprometerse a cumplir el deber de garantizar a los habitantes, de todas las edades, un suministro oportuno, adecuado, suficiente, del agua de excelente calidad. De ahí la importancia, reiteramos, de los contratos de delegación que han venido cumpliendo eficientemente, con los objetivos de la Ley de Aguas que nos rige, y la Ley Constitutiva del AyA.
La concesión está más bien orientada a personas privadas para el desarrollo de una actividad específica, a las cuales se les otorga un derecho exclusivo y limitado de aprovechamiento del agua. Cabe llamar la atención también, que el proyecto de ley se equivoca también cuando pretende que, por ejemplo, el ICE se vea sometido a un proceso en que, el ministro de Ambiente, habrá de considerar una solicitud del Instituto Costarricense de Electricidad, para que le concesionen el agua necesaria para una represa hidroeléctrica. ¿El Estado concesionando el agua que necesita otra institución del Estado? ¿Verdad que es un sinsentido?
Aparte de lo anterior, no discutimos que tal vez se pudiere concesionar el agua que necesitan las comunidades organizadas alrededor de las ASADAS. Son entes privados como otros, pero si prestamos atención a sus consecuencias, ello es muy inconveniente.
Al tratarse, por definición, de “asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados comunales”, sus deberes tienen que ver con la satisfacción de un derecho humano fundamental, y no con cualquier “actividad específica”, como las encasillan en la propuesta. Al tratarlas así, sin diferenciación alguna, tendrían los amigos de las ASADAS del cantón de Aguirre que solicitar las concesiones sustentados en la garantía de “un inmueble inscrito en particular, hasta por un plazo de veinte años”. Evidencia del “arroz con mango” creado por los amigos contratados para redactar el proyecto de ley, que, aparentemente, fuere recibido sin observaciones.
Asimismo, el Estado (un órgano del Minae) tendría que publicar los correspondientes edictos para conocer si hay oposiciones a su otorgamiento y valorarlas, por lo que, desde el momento en que la nueva Ley de Aguas entrara (¡sería una insensatez!) en vigencia, unas 1400 ASADAS tendría que ponerse “en orden”, ya que los contratos de delegación, como hemos señalado, morirían en el mismo acto. Ya el ICAA no tendría nada que determinar al respecto; ya eso es harina de otro costal, por lo que el espinoso berenjenal no sería su destino.
Sin embargo, los cambios propuestos son como espinitas que sí molestarían a los expertos funcionarios del AyA. Como en el Instituto laboran los que sí conocen de la materia, y han construido ASADAS trabajando al lado de los compatriotas que, para garantizarse el agua para sus familias y las de sus vecinos, han dedicado, voluntariamente, muchos días y mucho esfuerzo para cumplir sus especiales metas, el asunto de las concesiones que se crearían también les afecta.
Preocupa la inconveniencia de que, a partir de una legislación mal pensada, el agua para millones de personas vaya a ser administrada, vía concesiones, por asociaciones privadas. ¿Qué funciones tendrían los trabajadores del AyA que, desde diferentes instancias del Instituto, cumplen con la asistencia que requieren las ASADAS? ¿Tendrían que trasladarse dichos trabajadores hacia las oficinas del Minae, como subalternos del director de Aguas?
Indudablemente, no se debe soslayar, que la privatización de la administración del agua, bien propiedad de todos los costarricenses con carácter demanial, ¡que no puede salir de la propiedad del Estado!, podría tener consecuencias devastadoras, y más si, como dice en la exposición de motivos del proyecto, el agua ha de tomarse como “un bien económico”; o sea, sujeto a las normas del comercio de productos.
¡Berenjenal es poco!, dirán los que hoy se ocupan y preocupan por el buen funcionamiento de las ASADAS, en Puntarenas y las demás provincias. Es fácil vislumbrar, roces con la Constitución Política desde varias aristas, pues la gran mayoría de las asociaciones, al trabajar literalmente “con las uñas”, no podrían satisfacer los requisitos conducentes a la obtención de concesiones y, por tanto, garantizar su servicio a la comunidad. Y quizá, muchos ciudadanos no querrían, tampoco, hacerse cómplices de ese proceso de disimulada privatización del recurso más valioso de los costarricenses. ¡Ojalá reflexionen al respecto los señores legisladores, e indaguen sobre los alcances de lo que sería esta nueva e innecesaria ley!
(Sobre el filme “Tengo sueños eléctricos” de Valentina Maurel)
Adriano Corrales Arias*
La película costarricense “Tengo Sueños Eléctricos” de Valentina Maurel, cineasta costarricense que estrena su primer largometraje – con dos cortos a cuestas -, ha llegado a los cines del país precedida por múltiples premios en varios festivales, entre ellos el de San Sebastián en España, el de Locarno en Suiza y el de Tesalónica en Grecia. Se le ha reconocido como mejor película, por su dirección y por la actuación de los protagónicos Daniela Marín Navarro y Reinaldo Amién Gutiérrez.
El filme está ambientado en una Costa Rica urbana, San José específicamente, y nos presenta a Eva (Daniela Marín Navarro), joven de dieciséis años que vive con su hermana menor, su gato y su madre, con quienes mantiene una ambigua y difícil relación de convivencia. Recién se han instalado en una casa heredada por una tía lejana, pero la chica busca mudarse con su padre (Reinaldo Amién Gutiérrez), quien atraviesa una suerte de “segunda adolescencia” con trastorno bipolar, sumido en la intemperancia y la ira de alguien que no puede lidiar con su soledad, la ambigüedad identitaria, sus carencias, neurosis y fantasmas. Con él Eva descubre la rabia y el dolor que carcomen, cuando se mira y se adentra en el nebuloso y trizado espejo del progenitor.
Es una película notable, bien lograda. El guion es potable, supera con creces esa condición de nuestro cine que ha carecido, generalmente, de escrituras robustas. La fotografía es sobresaliente, sobre todo con esos primeros y medios planos que nos permiten hurgar en la psicología de los personajes; la cámara en mano subraya la ansiedad y angustia de los protagonistas y crea una atmósfera de zozobra. Lo mismo la escenografía de una San José neoliberal carcomida por su decadencia, como en uno de los poemas de Luis Chaves que se leen durante las secuencias de taller literario (quien aparece como el director del mismo). La banda sonora apoya la historia con un retro que, sin embargo, nos confunde un tanto, como veremos más adelante. Las actuaciones son solventes, aunque a veces decaen en la sostenibilidad de la verosimilitud, sobre todo en el personaje de Palomo (José Pablo Segreda Johanning) y el de la madre (Vivian Rodríguez); se nota, eso sí, la eficiente mano de la directora. La edición y el montaje son cuidadosos, ágiles y convincentes, aunque se advierten los cortes intencionales y, como ya se sugirió, a veces confunden en términos de la temporalidad de la historia o de la sucesión de los acontecimientos. En todo caso, estamos ante un peli digna, bien lograda, certera en su factura.
Una cosa es mirar una peli internacional y otra una costarricense. Hay un cambio de mirada sin duda. Quiero decir que, el sabernos interpelados y retratados, nos convierte en críticos más severos en tanto somos, de cierto modo, agentes/actores de los conflictos que se nos muestran en la pantalla. Hay un mayor involucramiento, por ende, mayor susceptibilidad y exigencia. Por ello es que, quizás, no logramos la distancia necesaria para ver conflictos de una humanidad generalizada, sino de una clase media urbana, seudo intelectual, diletante, josefina, vallecentrista. Hay un click posmoderno que atenúa los conflictos desde una visión pequeño burguesa en una sociedad desestructurada, desigual y, por tanto, violenta.
No se trata de consideraciones morales; está claro que estamos visionando asuntos incómodos, tóxicos, en la casa paterna, en la familia tuanis y pura vida de un Chepe precarizado por la economía informal. Sin embargo, en el abordaje hay cierto desconecte del mundo social y económico. Sabemos que la violencia está allí, pero no sabemos de dónde procede. Es autodestructiva, por supuesto, pero, ¿cuáles son sus resortes?, por decirlo de alguna manera. No la vemos, o no la percibimos en bruto, pero está latente, sugerida, al acecho (como en la poesía dub antillana nacida en Inglaterra, a la cual se alude con el nombre de ese personaje silencioso, pero fuertemente simbólico: el gato negro llamado Kwesi, relativo al poeta jamaiquino Linton Kwesi Johnson, máximo representante de un estilo literario ampliamente fundamentado en los principios de belleza derivados del reggae [Dawes, 2003:1, citado por Arnaldo Valero en “Introducción a la poesía Dub: LKJ”, Cuadernos del Cilha. Nº 7/8 (2005-2006).].); uno adivina esa violencia sistémica, la estructural, es decir, la anomia de una sociedad que se desgaja por dentro debido a los cambios y presiones externas. Y ese quizás es su mayor logro, pero también su doble filo. No es que exijamos realismo social ni mucho menos, sino sencillamente entender que la violencia no es gratuita, se incuba y expresa por razones varias, fundamentalmente por las desigualdades socioeconómicas y los ajustes estructurales.
Claro que no se trata de resolver el conflicto en el producto cinematográfico, sabemos que el arte no responde ni ofrece moralejas, su tarea es cuestionar. Pero, en el filme que nos ocupa – tal vez por ese prurito de ser costarricenses, que no ticos-, quisiéramos que se nos sugieran los vínculos de la violencia en una familia de clase media costarricense que ha tenido acceso a los principales servicios del estado social de derecho a pesar de sus carencias socioeconómicas. O que, quizás por el mito de la “Suiza centroamericana”, ha obviado el huevo de la serpiente incubándose en nuestros hogares (donde los haya). La película, en todo caso, se resuelve con la denuncia judicial de la hija y el prendimiento del padre (disculpen los spoilers), con esa suavidad típica de la liviandad de nuestra clase media, cuando ambos – padre e hija – se enteran de quién es Yalina. Secuencia ambigua, casi hilarante, por ello altamente dramática, espesa, que retrata bien la frivolidad de algunas esquinas en el mundo policiaco y la relación de complicidad emocional y amorosa que, a pesar de un intento de homicidio, aún se sostiene. Es muy “a la tica”. Al final, el padre lee el poema para, metafóricamente, sintetizar la propuesta estética y ética del filme: (…) la rabia no nos pertenece. Pero antes, la aparición de un gato blanco escabulléndose bajo la cama, nos ha mostrado un poquitín de esperanza.
Reitero, no estoy abogando por una resolución dramática radical tipo culebrón o cine de aventuras o superhéroes, pero sí por un mayor involucramiento en cuanto a la resolución del conflicto central desde una perspectiva menos tica y más costarricense. (Aludo a lo tico como sensiblero, liviano, aculturado, plástico, moldeable; a lo costarricense como auténtico, seguro de su historia y tradiciones, consciente de los cambios; todo ello se expresa, por ejemplo, en nuestra dicción y prosodia, en el uso del voseo – costarricense – o tuteo – tico-. La peli, por cierto, opta por el primero, lo que la torna más verosímil y se agradece, aunque a veces se tropieza con cierta indecisión en el uso orgánico del “ustedeo” y el tuteo, verbigracia Palomo, la niña y la madre). Puntualizo: cierta ambivalencia narrativa o de conectores entre secuencias y escenas puede que delaten la misma ambivalencia en términos conceptuales.
Por último, una percepción muy personal. Atendiendo al sustantivo del título, en algunos momentos supuse ciertos elementos oníricos, o de rupturas temporales en consonancia con el uso del flashback, acaso nubarrones psicodélicos o alucinantes, dada la banda sonora un tanto retro al inicio del filme (500 millas por Los Rufos, ¡qué viaje!) y a la estupenda fotografía de Nicolás Wong tipo kodak sesentera. Lo mismo con la escena donde Eva encuentra drogado a su padre en el baño y este le dice que estuvo bien la lectura del poema, que a la gente le gustó, y ella asiente; pero el poema se lee por entero hasta el final, no sabemos sin en el mismo “taller literario” o en otro espacio. Y claro, ese plano donde el padre se subsume entre dos autobuses que se cruzan con un efecto sonoro que previene la desaparición momentánea del protagonista. Refiero a una supuesta “muerte” del padre; en específico, un suicidio. En algunos momentos percibí esa sensación por cierta ambivalencia narrativa, pero los bloques del montaje no me permitían, abiertamente, la inferencia. Me quedo con la reconcoma y con la posibilidad de una mirada otra a una película que sigue bullendo en mi cabeza, dada la refrescante experiencia estética. Desde Clara Sola de Nathalie Álvarez Mesén, no experimentaba algo parecido. Ello indica que es un trabajo riguroso, prolijo, y que, definitivamente, las jóvenes realizadoras costarricenses han venido superando a sus colegas masculinos.
Título original: Tengo sueños eléctricos Año: 2022 Duración: 101 min. País: Costa Rica Dirección: Valentina Maurel Guion: Valentina Maurel Fotografía: Nicolas Wong Reparto: Daniela Marín Navarro, Reinaldo Amien, Vivian Rodriguez, José Pablo Segreda Johanning Productora: Wrong Men, Geko Films
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
El pasado 29 de marzo, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución en la que solicita formalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pronunciarse sobre las obligaciones de los Estados de cara a los efectos del cambio climático, mediante una opinión consultiva.
La adopción de esta resolución fue saludada por el Secretario General de Naciones Unidas (véase discurso) así como por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (véase comunicado de prensa) y por un sinumero de Estados y de entidades de la sociedad civil.
La solicitud de opinión consultiva en breve
Esta iniciativa fue llevada en un primer momento por un Estado insular del Pacífico, Vanuatu, y ello desde varios años: esta nota del 2019 así lo evidencia; en este enlace se puede conocer más de esta larga contienda.
En julio del 2022, los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados insulares del Pacífico reunidos en el «Pacific Islands Forum» habían reiterado su firme apoyo a esta iniciativa (véase comunicado oficial).
Liderando Vanuatu el grupo de Estados insulares del Pacífico más afectados por el cambio climático, y articulando hábilmente sus esfuerzos diplomáticos con la sociedad civil y con otros Estados en el seno de Naciones Unidas, el texto de esta resolución logró ser adoptada sin voto, mediante la técnica del consenso.
Es de notar que en el 2011 y 2012, el Presidente de otro Estado insular del Pacífico, Palau, ya había externado esta misma posibilidad de acudir a la justicia internacional en su visita a la sede de Naciones Unidas (véase noticia del 2011 así como comunicado de prensa de Naciones Unidas de febrero del 2012). Por razones que sería de sumo interés conocer, Palau desistió de esta propuesta.
El proyecto de resolución A/77/L.28 adoptado el 29 de marzo del 2023 (véase enlace a versiones oficiales) se titula «Request for an advisory opinion of the International Court of Justice on the obligations of States in respect of climate change«.
Las dos preguntas a las que deberá responder el juez internacional de La Haya se leen de la siguiente manera:
«Teniendo especialmente en cuenta la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el deber de diligencia debida, los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el principio de prevención de daños significativos al medio ambiente y el deber de proteger y preservar el medio marino:
a) ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los Estados en virtud del derecho internacional de garantizar la protección del sistema climático y otros elementos del medio ambiente frente a las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero en favor de los Estados y de las generaciones presentes y futuras?;
b) ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de esas obligaciones para los Estados que, por sus actos y omisiones, hayan causado daños significativos al sistema climático y a otros elementos del medio ambiente, con respecto a:
i) Los Estados, incluidos, en particular, los pequeños Estados insulares en desarrollo, que, debido a sus circunstancias geográficas y a su nivel de desarrollo, se ven perjudicados o especialmente afectados por los efectos adversos del cambio climático o son particularmente vulnerables a ellos;
ii) Los pueblos y las personas de las generaciones presentes y futuras afectados por los efectos adversos del cambio climático?«
Una resolución adoptada por consenso
A diferencia de un texto adoptado mediante una votación (en la que quedan expuestos los opositores al mismo), un texto adoptado mediante la técnica del consenso (ausencia constatada de objección) constituye en sí un logro diplomático. Al tratarse de la Asamblea General de Naciones Unidas, envía una señal de importancia al resto de la comunidad internacional y de paso, refuerza el papel desempeñado por los promotores de esta iniciativa. Este resultado implica que se haya revisado la formulación del texto una y otra vez, en aras de lograr que ningun Estado pueda objetar el contenido del texto a la hora de ser sometido por la Presidencia de la Asamblea General al conocimiento de sus 193 integrantes.
Al respecto, hay que saludar la gran destreza de los aparatos diplomáticos de los promotores de esta iniciativa (y la de sus aliados) para acordar una formulación en las preguntas, pese a las objecciones que pudieron haber externado algunos de los Estados responsables de la mayor emisión de gases con efecto invernadero: a pesar de las reservas que pudieron tener estos últimos Estados, ninguno se aventuró a solicitar un voto nominal este 29 de marzo, por lo que esta resolución se adoptó por consenso en la Asamblea General.
El delegado de Estados Unidos en la «explicación del voto» que nunca se materializó como tal, a penas adoptada la resolución, consideró oportuno indicar su oposición a ciertas referencias hechas en el preámbulo y a señalar, entre otros puntos (véase enlace oficial), que:
«We have considered this carefully, recognizing the priority that Vanuatu and other Small Island Developing States have placed on seeking an advisory opinion from the International Court of Justice with the aim of advancing progress towards climate goals. However, we have serious concerns that this process could complicate our collective efforts and will not bring us closer to achieving these shared goals. We believe that launching a judicial process – especially given the broad scope of the questions – will likely accentuate disagreements and not be conducive to advancing ongoing diplomatic and negotiations processes. In light of these concerns, the United States disagrees that this initiative is the best approach for achieving our shared goals, and takes this opportunity to reaffirm our view that diplomatic efforts are the best means by which to address the climate crisis«.
Como indicado previamente, ni Estados Unidos ni ningún otro Estado solicitó un voto a la hora de examinar este proyecto de resolución. La posición del delegado de Estados Unidos puede ser contrastada con la expresada por la Unión Europea (UE) (véase enlace) o bien con la posición de la delegada de Alemania (véase enlace) o bien la del delegado de Noruega (véase enlace).
En realidad, el texto adoptado este 29 de marzo del 2023 es similar a uno hecho público a finales de noviembre del 2022: en efecto, luego de largas jornadas y consultas, un grupo de Estados reunidos por Vanuatu en octubre del 2022 (el denominado «Core Group» al que refirió Vanuatu en su discurso ante la Asamblea General) elaboró el texto de la futura resolución. Este grupo reunió a los 18 siguientes Estados, de muy diversas latitudes y continentes: Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Costa Rica, Liechtenstein, Marruecos, Micronesia, Mozambique, Nueva Zelanda, Portugal, Rumanía, Samoa, Sierra Leone, Singapur, Uganda, Vanuatu y Vietnam (véase nota del CIEL). Por parte del hemisferio americano, únicamente Antigua y Barbuda y Costa Rica lo integraron.
En las próximas semanas, esta solicitud de opinión consultiva será trasladada a la CIJ para su respectivo examen por parte de los 15 jueces de La Haya.
Hace unos meses, la misma Asamblea General solicitó también una opinión consultiva al juez de La Haya sobre otro tema en el que fue imposible lograr un consenso entre sus 193 integrantes: los efectos legales de la prolongada ocupación y colonización por parte de Israel en Palestina. Ante la falta de acuerdo, se debió proceder a una votación: tuvimos la oportunidad de analizar los resultados del voto realizado el 30 de diciembre del 2022 y en particular la posición adoptada por los Estados de América Latina (véase nuestra breve nota al respecto titulada «América Latina ante solicitud de opinión consultiva a justicia internacional sobre la situación en Palestina, breves apuntes sobre insólito voto en contra de Costa Rica«, publicada en LaRevistacr, edición del 1/02/2023).
Una solicitud similar hecha al Tribunal Internacional sobre Derecho del Mar
En diciembre del 2022, el Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar (ITLOS, por sus siglas en inglés) recibió una solicitud de opinión consultiva por parte de Estados insulares preocupados por la elevación del nivel del mar y por la contaminación existente en el mar, así como por otras alteraciones del medio marino que los impacta. Estos Estados insulares fueron liderados por Antigua y Barbuda y Tuvalu.
La pregunta hecha lo es en relación a las disposiciones de la Convención sobre Derecho del Mar de 1982 (véase texto de la solicitud) y se lee como sigue:
«What are the specific obligations of State Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea (the «UNCLOS»), including under Part XJI:
(a) to prevent, reduce and control pollution of the marine environment in relation to the deleterious effects that result or are likely to result from climate change, including through ocean warm ing and sea level rise, and ocean acidification, which are caused by anthropogenic greenhouse gas emissions into the atmosphere?
(b) to protect and preserve the marine environment in relation to climate change impacts, including ocean warming and sea level rise, and ocean acidification?«
Como bien se sabe, la Convención sobre Derecho del Mar de 1982 constituye a la fecha el único instrumento normativo de carácter universal existente en el ámbito marino (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), con 168 Estados Parte.
Un esfuerzo similar observado a nivel interamericano
A nivel interamericano, la emergencia climática también ha originado una reciente solicitud de opinión consultiva: en efecto, en enero del 2023, fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que fue solicitada conjuntamente por Chile y Colombia con relación a las obligaciones que tienen los Estados en materia de derechos humanos de cara a la emergencia climática y a las medidas de carácter urgente que deberían de tomar (véase texto completo de la solicitud de opinión consultiva). Se trata de seis preguntas a las que la Corte deberá de responder. Es de notar que dos de ellas (la B y la E) refieren de manera expresa a las disposiciones del Acuerdo de Escazú: tuvimos la ocasión de analizar las dos recientes ratificaciones (Belice y Granada) registradas en el mes de marzo del 2023 así como el notable uso del Acuerdo de Escazú hecho por el juez interamericano en una de sus últimas sentencias (véase nuestra nota al respecto titulada «Acuerdo de Escazú: a propósito de dos nuevas ratificaciones (Granada y Belice) y de su uso reciente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) publicada en DIPúblico (Argentina), edición del 28/03/2023).
A modo de conclusión
No es usual observar a tres jurisdicciones internacionales distintas ser solicitadas sobre asuntos similares de manera casi simultánea en materia consultiva. Como bien se sabe, la función consultiva permite a una jurisdicción internacional dar a conocer su interpretación sobre cuestiones legales objeto de disenso y/o desacuerdos. La interpretación que hace de los alcances de una normativa internacional aplicable goza de una autoridad que ningun Estado o grupo de Estados u organización internacional puede discutirle.
Este súbito interés en solicitar a una jurisdicción precisar el alcance de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de cambio climático proviene probablemente de la tímida respuesta de la comunidad internacional durante la última COP-27 celebrada en noviembre del 2022 en Egipto: se logró finalmente acordar, ante las legítimas demandas de compensación por daños y pérdidas que ocasiona a numerosos Estados el cambio climático, la creación de un órgano (véase enlace). Es de señalar que el 29 de marzo del 2023 concluían precisamente los trabajos del denominado «Comité de Transición» en su primera reunión celebrada Luxor (véase enlace oficial), creado durante la COP-27 para examinar el tema de daños y pérdidas.
Aunado a ello, la situación climática y la extrema vulnerabilidad de algunas poblaciones al cambio climático también explican estas tres iniciativas ante jurisdicciones internacionales, dos a nivel universal y una a nivel interamericano.
Este panorama resulta también del hecho que, a la fecha, la comunidad internacional no ha logrado aún acordar medidas para revertir sustancialmente el aumento paulatino de la temperatura, pese a disponer de datos científicos con los que se cuenta desde hace más de 25 años sobre los efectos dramáticos que ocasiona el cambio climático: véase al respecto el último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas del 2023 (más conocido por sus siglas en inglés IPCC).
Estas solicitudes a tres distintas jurisdicciones internacionales constituyen como tal un desafío para estas, y desde ya generan mucha expectativa en diversos círculos. Ello en razón de que se ha podido observar el uso creciente que se hace de decisiones de jurisdicciones internacionales ante los tribunales nacionales.
No está de más indicar que, a nivel del derecho interno esta vez, la justicia climática es también objeto de numerosas acciones legales debido a un sinnúmero de actividades autorizadas por los mismos Estados y que a veces, contradicen sus compromisos internacionales para luchar contra el cambio climático. Podemos citar el ejemplo, entre muchos otros, de la justicia de los Países Bajos que en el 2019 en el caso Urgenda (véase enlace y comentario de la sentencia publicado en Bélgica) condenó al Estado por no mantener el ritmo de reducción de emisiones de gases que se había comprometido a reducir. Igual ocurrió en Alemania con su juez constitucional en el 2021 (véase enlace y comentario de la sentencia publicado en una revista especializada en España). Más llamativo al tratarse del Estado que hospedó en diciembre del 2015 las negociaciones de un acuerdo internacional que lleva el nombre de su capital, el juez administrativo galo condenó a Francia por su inacción climática en octubre del 2021 (véase nota y decisión del Tribunal Administratif). Más recientemente, otra decisión del Conseil d´Etat condenó al Estado francés por no atender debidamente sus compromisos en torno esta vez a la calidad del aire (véase decisión de octubre del 2022).
En el caso de América Latina, son muy diversas y variadas las acciones legales realizadas por distintos colectivos sociales ante las jurisdicciones nacionales: en este enlace se registran algunas de las acciones llevadas ante los tribunales nacionales por organizaciones sociales, que, sin duda alguna, esperan ansiosas que la justicia internacional refuerze, en un futuro cercano, sus argumentos ante la falta de voluntad para lograr una verdadera justicia climática.
Rodrigo Chaves logró concentrar en su candidatura el MALESTAR acumulado por muchos años de los costarricenses, malestar alrededor de varios problemas fundamentales:
– Pensiones de lujo
– Convenciones colectivas abusivas
– Salarios desiguales en la función pública
– Despilfarro en muchas instituciones
– Tardanza en la justicia y privilegios de los Magistrados
– Burocracia e ineficiencia de la Administración Pública
– Desprestigio de los diputados
– Uso de la prensa contra los intereses populares
– Cansancio de incumplimiento de las promesas de campaña de los políticos y los partidos.
– Elecciones que ya no representan los intereses populares.
Estos elementos y algunos otros, se unen a un contexto social de creciente desigualdad y empobrecimiento generalizado de la población, entre ellos las clases medias y los pequeños y medianos productores.
Hay que aclarar que este MALESTAR nacional, NO es creado por Chaves, sino que ya existía o estaba latente en la conciencia de las gentes. Lo que hace es capitalizarlo, especialmente porque en la segunda vuelta electoral su contendor era una figura sumamente cuestionada y de un partido político considerado como el más corrupto de la historia.
Ese MALESTAR fue creado por campañas mediáticas de muchos años de los medios de comunicación contra los empleados públicos, los diputados o políticos, etc.
Ese MALESTAR generalizado está dirigido principalmente contra las manifestaciones superestructurales del régimen y no, precisamente, contra los fundamentos esenciales del sistema económico. Es una política antisistémica pecualiar, contra el sistema de conceptos liberales.
En sociedades donde existen estas características las gentes pueden, incluso, posponer reivindicaciones o luchas muy concretas como el costo de la vida, el desempleo u otras más concretas, en función de que se luche contra los problemas que generan ese MALESTAR. En otras palabras, no les importa tanto que no baje suficientemente el precio del arroz, pero sí que se eliminen los “privilegios” de los empleados públicos o se ataque a la prensa canalla. Este es el fundamento de que la popularidad de Chaves no baje en todo este tiempo, porque siempre y cuando Chaves siga atacando a la Asamblea, a la Corte, a los burócratas ineficientes o las gollerías de algunos funcionarios, estará haciendo lo que la gente desea en este momento: acabar con esas élites corruptas. Eso es lo que la llamada opinión pública pide del Presidente en estos momentos, incluso en detrimento del cumplimiento de bajar el precio del arroz, por ejemplo.
En muchos casos las sociedades privilegian el orden a la prosperidad, quizás sea ese nuestro caso. Sea que posponen sus interese inmediatos económicos a cambio de acabar con ese malestar.
Hay que tener presente que un cuadro de aumento considerable de la criminalidad, la violencia o el caos social puede crear una conciencia aún más autoritaria y, por tanto, que favorezca los desplantes de Chaves.
Mientras eso ocurre, nosotros hablamos de defensa del Estado de Derecho, de la división de poderes, contra le ley de empleo público y otras cosas abstractas y muchas veces incomprensibles para la ciudadanía.
Luchamos contra la privatización de la Caja dejando de lado -muchas veces- que las filas y los tiempos de espera de cirugías y exámenes son la principal causa de que la gente recurra a la medicina privada y sienta que la Caja no le satisface sus necesidades. Por supuesto que debemos luchar denodadamente hasta el cansancio por defender la Caja, pero hay que explicar los problemas existentes y sus causas.
El resentimiento, la rabia y muchas veces también la frustración, de las personas son reales, son condiciones subjetivas presentes en la sociedad que han sido aprovechadas por la derecha más descarnada.
Veamos el discurso de Chaves:
Chaves habla en nombre del pueblo y hasta usa los modismos populares.
Su discurso es contra las élites, es antielitista, incluso las profundamente privilegiadas y en algunos casos corruptas, y promete erradicarlas, acabar con ellas.
Es un discurso no desde el gobierno, sino como el de un partido de oposición (haremos este puente a pesar de la burocracia pública).
Su propuesta es de un cambio bueno que está siendo frenado y saboteado por el statu quo, por los corruptos con los que él quiere acabar.
Todos los males vienen de todos los gobiernos anteriores y él necesita tiempo para limpiar todo el desastre creado.
Su propósito es también capturar los otros poderes estatales empezando por la Asamblea Legislativa y las instituciones autónomas, tal es el caso de la Caja, así como colocar únicamente incondicionales en cada lugar para que no interfieran con la eficiencia y la dirección unipersonal del Presidente.
El Gobierno se propone neutralizar a las organizaciones sociales, sindicatos, ambientalistas, feministas, etc., presentándolas como instrumentos que impiden el avance y el cambio social.
Aunque su discurso sea de un incompetente, que no sabe las leyes de la gestión, sea contradictorio, un día diga una cosa y otro día lo contrario, o simplemente mienta, para la gente se trata de un proceso cuyos objetivos son superiores y la voluntad del Presidente es de cambiar todo.
Esa es la explicación -creo- que Chaves esté arriba en las encuestas.
El gran reto planteado a las fuerzas democráticas es redirigir y reorientar ese MALESTAR de la población en otra dirección, en la que conduzca a resolver los problemas principales del país.
En los procesos electorales la pretensión es que la participación sea la mayor posible. Precisamente por ello hay una gran preocupación por el aumento exponencial del abstencionismo en los diversos procesos electorales que se han desarrollado.
La falta de participación de los ciudadanos tiene serias implicaciones, en primer lugar, con relación a la legitimación del proceso pues entre menos participación haya menos legítimo es el proceso. Además, a quienes se elige de igual manera gozan de poca legitimación.
Nos encaminamos a un nuevo proceso electoral. El próximo 5 de febrero se elegirán las autoridades municipales y la pretensión es que haya una excelente participación y se disminuya la cifra de abstencionismo que ha habido en los procesos anteriores.
Hay un elemento importante que se debe tomar en cuenta y es el traslado de personas a lugares diferentes a los que vivieron anteriormente y ante eso las leyes han previsto la posibilidad de realizar traslados electorales, es decir, que se proceda a registrar el nuevo domicilio y así poder participar en el proceso electoral venidero.
Si se vive en un lugar determinado se asume la responsabilidad de buscar lo mejor para ese lugar y una de las primeras responsabilidades es elegir a los mejores para dirigir los destinos del cantón.
Hasta el próximo tres de octubre los ciudadanos tienen la posibilidad de cambiar su domicilio electoral y poder participar en las elecciones municipales eligiendo a las personas propuestas en el cantón en el que habitan. Eso debería ser prioridad y eso ayudaría a disminuir la estadística del abstencionismo.
Dios quiera que se tome conciencia de lo importante de la participación ciudadana en el proceso electoral y que aquellos que deben hacer traslado electoral procedan a realizarlo.
Lo anunciado para la ruta del Desgobierno, más de lo mismo: El Cinismo político como política oficial de Estado. Persistimos en la variante discursiva, antes desarrollada, de la llamada, «Inversión Axiológica»:
Explicado de forma rápida: La «Inversión Axiológica» vende y publicita a la «Víctima» cuál «Victimario», como si la primera fuese el «Verdugo»… Se invierten los roles. El Culpable no sólo deviene Inocente, sino que, por el sesgo ideológico, el «Inocente» deviene kafkiano, en un nuevo «Culpable».
Así vemos, como el concepto del maestro Franz Hinkelammert, Economista y Teólogo, se transforma en ‘praxis’, y se encarna en receta cotidiana del nuevo Poder Ejecutivo “Neocon” y Neoliberal, para Costa Rica. Es el pan de cada día.
Usemos pues, esta categoría, para analizar nuestra coyuntura nacional.
Lo advertimos hasta el cansancio. Es éste, precisamente, el típico discurso demagógico del «Populismo de Derechas». Y es éste, precisamente, el discurso y la «práctica política» del actual Gobierno de turno.
El Gobierno, persistente en el error, es incluso, versátil en el error.
O tal vez no es un mero «error», sino la natural adaptación demagógica del Neoliberalismo, al clima político generalizado de la Posverdad, como imposición globalizada.
Ejemplos prácticos nacionales nos sobran:
Desde las frases célebres y torpes de la Señora Ministra de la Educación Pública sobre el «Bullying» infantil; hasta el atroz fracaso de la supuesta «Ruta del Arroz» con discurso Orwelliano…
Claro, esta última es un «fracaso» para la Producción Nacional de Arroz, y para el control «mágico» de precios al Consumidor – algo muy propio de la Distopía del Mercado Total sin regulación alguna -, pero no para los intereses de los Grandes Importadores de Arroz, amigos del Ejecutivo… Adiós al intento de retomar la Soberanía Alimentaria, y por lo tanto, adiós a la Seguridad Alimentaria en un Mundo tan convulso.
Recientemente, tuvimos un pasado show mediático «distractor», con la fenecida Ex-Gerencia General de la CCSS, –que más allá del publicitado escándalo de las mascarillas (publicitado y aprovechado incluso por grupos Antivacunas)–, básicamente, parece ser el «cobronazo» político, por haber cumplido con su deber administrativo y ético, y respetar la Legislación Laboral… O sea, por cumplir con el aumento del pago adeudado a los y las Trabajadores/as de la CCSS. Enlodar a funcionarios públicos decentes como distractor de la opinión pública, no tiene perdón político ni ético. La «Víctima» es transformada «kafkianamente», en «Victimario».
Todo lo anterior, seguido del dramático anuncio oficial del supuesto «Estado de Quiebra» de la CCSS… Mientras tranquilamente, no se le paga lo adeudado desde la Administración Central a la misma institución que dicen defender… Cinismo puro y duro.
Ahora, vamos con el crecimiento de la Inseguridad Ciudadana, como una especie de nueva «culpa» de las comunidades; esto según el ministro del ramo… Los/las espec
No puede faltar un clásico de este Gobierno: El desesperado y descarado intento de la Venta del BCR «porque no hay plata», o sea por NO tener una verdadera política fiscal progresiva…
O la pasada difamación del tema FEES y del papel histórico de las Universidades Públicas, como mero «privilegio»…
Mientras tanto, tenemos un apoyo oportunista y tardío a Ley de Empleo Público, baluarte Neoliberal; agregamos la continua «satanización» del Empleado Público.
¿Se trata de enfrentar a la mayoritaria clase obrera del sector privado con los Trabajadores/as del Sector Público?
En todo caso se impone a sangre y fuego, la controversial «Ley de Empleo Público»… Y con el apoyo unánime de casi todos los partidos, menos la Izquierda parlamentaria.
Más Neoliberalismo, o sea, más Pobreza Estructural y más Desigualdad Social… Pero la delincuencia ahora, es «culpa» de las comunidades empobrecidas.
La Tasa de Femicidios y de Feminicidios, y agresiones de Género, merece otro análisis propio.
Saltamos al oficial desprecio tecnocrático por la Cultura y las Artes; ya Doña Pilar lo pronosticaba. Somos «Disneylandia» (sic). Debe ser culpa de los (as) Trabajadores (as) de la Cultura.
Luego recordaremos, el obvio ideológico desprecio, por las políticas de Derechos Humanos de la población LGTBIQ+ o de Género. Siempre con el apoyo legislativo del Fundamentalismo y los demás “Neocon”. Así fue desde la Campaña Electoral, y nunca cambió. Algo «malo» habrán hecho esas minorías….
Mientras, en materia internacional, se demuestra un gran servilismo Geopolítico, se coquetea con la gente de Bukele, con la Derecha de Ecuador, y demás Dinosaurios… Seguimos con la lista de inconsecuencias…
Volvemos a lo local: Apoyo tácito y reunión pública con organizaciones de usurpadores «ladinos» violentos de Tierras Indígenas; apoyo tácito a la Cultura del Odio machista; coqueteo con los Grupos Antivacunas; descarado apoyo legislativo al «Lobby» Autobusero, etc.
Mientras, la Evasión y Elusión Fiscal son el Deporte Nacional de algunos grandes contribuyentes.
En resumen, apoyo velado de y para los grandes Empresarios amigos y demás acólitos… Ese es el mensaje.
Mientras, aderezamos este triste panorama nacional, con un gran menosprecio por las luchas, conquistas, y logros ambientales. La «Caverna» política retorna, sin un mínimo contrapeso.
Seguimos con los malos resultados en Macroeconomía, mientras se manipula la Opinión Pública, y se celebra el no pago de horas extras disfrazado, para la clase trabajadora… Baja el Dólar US. pero no sube la calidad de vida de los sectores populares, pese a haberse terminado «por Decreto» la Pandemia.
¿Habrá realmente terminado la Crisis del Sector Turístico al terminarse la Pandemia «por Decreto»?
Continúa la Crisis el Agro Nacional, síntoma de la destrucción del Mercado Interno, y muy propia de un país sin un proyecto nacional inclusivo viable.
Se persiste en la demagogia con el precio de los Hidrocarburos, cuando la realidad Geopolítica se nos viene encima. El tema de las Energías Verdes y Renovables, pareciera algo exótico y lejano (cuando en realidad debería ser lo contrario).
Pese a las rabietas en el MOPT, hay poco avance en infraestructura estratégica.
El abismo económico y social, y al «Teratología social» entre Campo/Costas versus Valle Central (GAM) persiste y hecha peligrosas raíces.
Persiste desnuda la eterna Crisis en la calidad de la Educación Pública…
Crisis evidente en la Salud Pública y en las Listas de Procedimientos Médicos de la CCSS. Pero «no hay plata» (sic) ni para especialistas, ni para más EBAIS, ni para invertir en Hospitales. Mientras, el Ejecutivo se niega a pagar su gigante deuda a la CCSS.
Con la Televisora Pública (SINART) tomada por el Ejecutivo, sigue la manipulación mediática de nuevo corte, sumada ahora, al maquillaje de las cifras públicas dadas por el Presidente… El constante desmentido de estas cifras por la prensa de investigación es permanente. Da pena ajena.
Sigamos con el clima nacional de manipulación mediática impuesto:
Sustitución de la impopular RITEVE, pero por OTRO Monopolio Privado (ilegal) Extranjero, que además no gana el Concurso.
¿Se trata de «juegos de pólvora» y más distracción al estilo del Gatopardo?
Recordemos el pasado Show mediático con Teletica Canal 7, y el otro show contra siempre poderoso oligárquico Grupo Nación, S. A.
Cómo terminaron estas rabietas:
1) El Presidente otorga hipócritamente una condecoración pública a la Dueña del Medio televisivo; el show pirotécnico permanente deviene en Culebrón y telenovela de amor… Teletica Canal 7 transmite el evento. La «Libertad de Prensa» respira aliviada.
2) Mientras El Grupo Nación S.A., demandará y ganará la querella contra el Ministerio de Salud, por el escándalo vial del Parque Viva.
En este último caso hay un «plus», pues se refuerza la imagen del Poder Judicial como el nuevo cómplice del poder económico y sus odiosos privilegios. Cuando lo que hubo, fue simplemente una torpeza permanente en el accionar jurídico y administrativo del Poder Ejecutivo. Es decir en este caso puntual, no fue un problema de corrupción, sino de incapacidad e ineficiencia legal de parte del Ejecutivo.
Ahora, hay derecho a preguntarse, ¿tanta incapacidad es sólo casualidad?
En esta aparente y feroz lucha, entre diferentes fracciones ínter-burguesas, –ciertamente con diferentes intereses económicos y políticos, algunos menos legítimos que otros–, a quién o qué representa realmente este Gobierno Populista de Derechas. ¿Al «Partido del Caos»?
Mientras la «pirotecnia mediática» pasa, se exhibe un total desconocimiento institucional y jurídico de la Administración Pública y de las formas del Estado de Derecho.
Así, desafiando al Estado de Derecho, se mina la eficacia y eficiencia del Estado Social de Derecho.
¿A quiénes estorba tanto nuestro pequeño Estado de Bienestar Social en crisis, y sus instituciones?
El efecto real de la Crisis Nacional permite que se construya una creciente «Deslegitimidad» de la Democracia y de sus procedimientos formales; acompañada del crecimiento de la intolerancia, y del fanatismo político y religioso. Este último, será refugio muchas veces, de los sectores menos favorecidos con la Crisis.
Se promueve incluso, de parte del Ejecutivo una serie de gestos públicos que devienen en un irrespeto permanente a la División de Poderes:
1) Primero, intromisiones, gestos inapropiados, y malacrianzas en el Poder Judicial.
2) Luego, denunciados intentos de cooptación y casi soborno de Legisladoras de Oposición (FA), etc., etc.
3) Más la «Deslegitimidad» institucional, permanentemente publicitada en Redes Sociales del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
¿Será éste el estilo «Gerencial», o sea Neoliberal, de Gobierno?
O sea, por una parte, tenemos los efectos sociales de la normalización de la pura y dura demagogia política organizada. Y por lo tanto, a la necesaria «Inversión axiológica».
Por otro lado, ante el caos centrífugo en la Sociedad Civil, se genera la necesidad de un «nuevo orden» (o desorden) centrípeto autoritario en el Ejecutivo.
Estamos frente a una tragedia cívica y política anunciada.
Todo, bajo el manto de la manipulación colectiva, de una tropa gigante de Troles a sueldo, y con el estilo comunicativo más «canalla» y antes atacado.
Claro, evidentemente la crisis de la República no comenzó con esta Administración. Pero se va a agravar más con la profundización de este modelo de exclusión económica y social impuesto.
Hay ciertamente, un contexto y una historia previa. La cuál fue leída y aprovechada, por nuevos grupos económicos de poder.
Estos grupos de poder, saben manipular el justo descontento popular y convertirlo en odio por nuestras propias conquistas sociales. Pasamos del legítimo descontento popular al «Desencanto Democrático» propiciado.
Apagar el incendio social por décadas de Neoliberalismo, con más gasolina. O sea, más «Inversión Axiológica», pero estructural.
En consecuencia, cualquier mínima disidencia respecto del Gobierno, es relacionada en Redes gratuitamente, con el viejo Bipartidismo (también Neoliberal), y con el tradicional clima social de corrupción y profundo desencanto democrático (Weber).
Hay un clima de difamación política permanente contra nuestras Instituciones –y no sólo en Redes Sociales –, y que va desde la generalización burda y el estereotipo clasista, hasta anti-estatismo de la extrema derecha económica que ha calado en los formadores de opinión y dueños de los discursos oficiales sobre Macroeconomía. Este daño a nuestra democracia ha calado en la Sociedad Civil, pero está asociado a un bajo nivel formativo político ciudadano, a las modas tecnocráticas, pero también a un paupérrimo nivel de debate colectivo político y ciudadano.
Un ejemplo de lo último, parece ser la descarada y reciente misión en Redes, de los/las Troles oficialistas, por asociar a los/las Legisladores/as del Frente Amplio (Izquierda Democrática) con el viejo y desprestigiado PLN (antes Socialdemócrata y luego de corte Neoliberal y de derecha, y ligado a pasados escándalos de corrupción).
La sola asociación pública con los partidos tradicionales, léase PUSC y PLN (a pesar del derrotado intento de renovación Socialdemócrata del Candidato JMFO), incluido el fenecido PAC, devino en sinónimo de desprestigio político y de falta de credibilidad. Hay una satanización peligrosa la política electoral, de la cual muchos sectores de izquierda son (o somos) cómplices, regalando espacios estratégicos. Ése es el destino del fracaso social del dogma Neoliberal y sus efectos de anomia social.
Los partidos Fundamentalistas y de Extrema Derecha “Neocon”, tampoco están exentos de sospecha.
Éste es el terreno fértil del discurso de la Extrema Derecha (no democrática), que aprovecha esta larga coyuntura nacional donde «la noche donde todos los gatos son pardos».
Por eso, la mentada «Inversión Axiológica», le es tan necesaria a este Gobierno, tanto en su discurso oficial y como en su «praxis».
Así, el fracaso de la fallida «Ruta del Arroz», la sospechosa persistencia en la Venta del BCR, o el tema de RITEVE con la transnacional alemana «Dekra», devienen chismes de la «prensa canalla» (sic) y se neutralizan.
En fin, toda una verdadera fauna de mentiras e incumplimientos de deberes y promesas, con carácter de tejido ideológico, y bastante cercanos en el ejercicio del carácter del poder, al término Autoritario.
Cabe preguntarse, en medio de la construcción social de este «Mar de Sargazos» de mentiras, si la deriva autoritaria de este Populismo puede o no persistir. En estas oscuras aguas transatlánticas, no hay corrientes, ni soplan vientos propicios, sólo visitan sin avisar, Huracanes.
¿Quién gana realmente con estas tormentas sociales? ¿El campo popular que viene de derrota tras derrota?
«Caute, Spinoza, dixit«.
Cualquier resquicio de resistencia o esperanza nacional, es mal visto, genera desconfianza, es desacreditado, y es atacado de forma preventiva, con difamación o ridiculizado al máximo, vilipendiado y castrado, finalmente será víctima del Canibalismo social inercial, que impera.
Así se destruye una democracia. Una democracia imperfecta obviamente, pero perfectible, y base del Estado Social de Derecho y de nuestras conquistas sociales.
La única «promesa cumplida» importante aquí será, la única certeza política precisa, y es la peor, la advertida: la «Inversión Axiológica».
En definitiva, se llama «Populismo de Derechas», bienvenidos y bienvenidas a la versión tica del mismo. Y pónganse creativos, agudicen su observación, guárdense del sectarismo, y organícense más y mejor, porque falta más…
Y como dijo el laureado filósofo, economista y sociólogo infantil, Topo Gigio: #Lodijeyoprimero.
Por MSC. Jiddu Rojas Jiménez, Equinoccio de marzo del 2023.
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