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El apagón de la educación pública: El recorte permanente de recursos presupuestarios

Manuel Hernández Venegas

¿Sabía usted -mi estimado y estimada lectora- que…?:

1.- ¿Qué desde 2007, existe una tendencia decreciente, de acuerdo con la variación interanual, de los recursos que se destinan a la educación pública costarricense, incluyendo la educación universitaria?

2.- ¿Sabía que solo para este ejercicio económico (2022) se hurtaron más de 600.000 millones de colones a la educación pública, a contrapelo del artículo 78 de la que en vida fue la Constitución Política de 1949 (qdep)?

3.- Tal vez lo sabe, pero si no, le recuerdo que, en este ejercicio económico, los recursos para la construcción, mejora y equipamiento educativo se disminuyeron en un 63.3%, que significan más de 14.000 millones de colones menos que en el año 2021.

4.- ¿Sabía, no lo dudo, pero por aquello de cualquier cosa, que se redujeron desproporcionadamente los recursos destinados a comedores escolares, transporte estudiantil, becas y otros, profundizándose cada vez más la desigualdad social y un modelo educativo excluyente?

5.- Sabía, mucho menos lo dudo, ¿Qué la educación es un Derecho Fundamental reconocido y tutelado en cualquier cantidad de Declaraciones y Pactos Internacionales de Derechos Humanos (DH)?

6.- ¿Sabía que la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre (1789) estableció que el olvido, la ignorancia y el menosprecio de los DH son la causa de las calamidades públicas y la corrupción de los Gobiernos?

7.- No lo dudo, usted y yo sabíamos lo que todos sabemos, mi estimado lector.

Pero la cuestión es: ¿Qué vamos a hacer para impedir que le pongan candados a las escuelas, los colegios y las universidades públicas?

 

Publicado en LA VOZ SINDICAL – SINDEU, compartido con SURCOS por el autor.

“A la Historia… ¡Por Media Calle!” – Fechas, eventos y héroes de la Patria

El programa “A la Historia… ¡Por Media Calle!”, es presentado por Vladimir de la Cruz todos los martes a las 5:00 p.m.

El programa de esta semana se enfocó en algunas fechas y eventos patrios y en la forma en que estos se deberían celebrar para rendir honor a nuestros héroes de la patria y acontecimientos que nos brindaron la libertad que gozamos hoy en día. El programa nos habla sobre que deberíamos estar orgullosos de nuestra historia y de las grandes figuras provenientes de nuestro país y su aporte en la historia de todo Centroamérica.

Este programa se transmitió este pasado martes vía Facebook en el siguiente enlace: https://fb.watch/fPqyz6mv8w/

Poder Judicial: ¿Cambiar de página?

José Manuel Arroyo Gutiérrez
Ex Magistrado Corte Suprema de Justicia
Profesor Catedrático Universidad de Costa Rica

         Con la sensación personal de que se ha evitado caer en un abismo, la Corte Suprema, por segunda vez en los últimos años, logra escoger para presidirla a un Juez respetable, de mucha experiencia y credibilidad, que merece ser elevado a esa posición y que, aunque no esté de moda, sabe Derecho y conoce como el que más al Poder Judicial, sus fortalezas y debilidades. Ojalá el ilustre escogido logre cultivar el valor, la determinación y el aguante que los tiempos demandan.

         Una vez designado el Magistrado Aguirre Gómez, después de un inusualmente largo y penoso proceso, muchas voces, desde distintos lugares, han señalado que ha llegado la hora de pasar la página. Hago votos para que esto signifique, entre otras cosas de importancia, deponer las peleas intestinas, apoyar la gestión de la nueva administración, y que algunos y algunas no le hagan la vida imposible a don Orlando, tal y como se la hicieron a doña Zarela Villanueva y a don Fernando Cruz, bajo la consigna nada edificante de: “quítate tú pa´ponerme yo”. Para ponernos en sintonía con el clima, ya esta lastimada democracia padece los efectos de un huracán imprevisible, irresponsable y potencialmente devastador desde el Poder Ejecutivo, como para que el Judicial entre en la misma dinámica.

         Hago votos también para que una mayoría sensata de la Corte reconozca que esa nueva página, significa emprender de una vez por todas dos tareas impostergables: (1) la reforma integral y a fondo de la organización y funcionamiento del Poder Judicial, en coordinación, claro está, con la Asamblea Legislativa; y (2) como consecuencia de esa transformación, el aseguramiento de mecanismos de selección y promoción de los jueces, de todo nivel, que fortalezcan la independencia del Poder Judicial como institución y de la judicatura como elemento fundamental de control en un estado de derecho.

         La última fase de la crisis de la Justicia en Costa Rica tuvo su momento álgido en el 2017. Sus consecuencias siguen marcando el momento histórico que todavía vivimos. El origen del mal está en una designación de la cúpula judicial por parte del Legislativo, una instancia naturalmente politizada y partidarizada, que cada vez más antepone la escogencia de “amigos confiables” antes que “profesionales probos e independientes”. No podemos olvidar que en aquél año, el archivo acelerado y sin fundamento de un expediente contra prominentes políticos, terminó con la salida de tres magistrados de la Sala Tercera y del Fiscal General de entones. Estaremos condenados a que hechos similares se repitan si no realizamos los cambios urgentes y necesarios.

         Este problema era relativamente manejable en tiempos de estabilidad política bipartidaria, pero la atomización del poder, el fenómeno de la corrupción público-privada y la necesidad de controlar al Poder Judicial, han agravado los síntomas de una institucionalidad que ya no soporta los evidentes cuestionamientos y descréditos.

         Respecto de la reforma integral del Poder Judicial hay camino andado. La propuesta más a fondo y completa está en el Expediente Legislativo No. 20.980, desdichadamente archivado. Se trata de una reforma a todos los artículos de la Constitución Política que tienen que ver con la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Concebida la transformación sobre la base del modelo italiano de posguerra, probadamente independiente y despolitizado, en lo fundamental, crea un Consejo de la Judicatura para el gobierno y administración del Judicial; desaparece la Corte Suprema como tal, se organizan los tribunales supremos en todas las materias (para las competencias de casación); se asegura una carrera judicial con designaciones a cargo de ese Consejo conforme méritos, atestados y exámenes de ingreso y promoción; se democratiza la judicatura teniendo todos los jueces igual salario y diferenciándose sólo por sus competencias y especialidades; la Asamblea Legislativa deja de nombrar a los jueces del más alto rango y se logra así su despartidización. Aunque el Proyecto 20.980 establece un número de integrantes para este Consejo General de la Judicatura, de rango constitucional y órgano externo al mismo Poder Judicial, habrá que establecer esa cifra de integrantes con criterios técnicos y objetivos, pero en todo caso, debe dársele representación en su seno al menos a tres sectores: una mayoría compuesta por jueces y juezas escogidos en elecciones generales por los propios integrantes de la judicatura, con representación de distintos niveles y especialidades; y un número de concejales electos por la Asamblea Legislativa de entre juristas reconocidos, propuestos por la academia (Consejo Nacional de Rectores) y por el Colegio de Abogados (para la representación de litigantes). Este Consejo será presidido por el Presidente de la Corte Suprema, quien integra, por derecho propio, el órgano.

         Aunque no hay modelo perfecto, que exorcice la influencia política o partidaria por completo, se pueden lograr importantes avances y neutralizaciones. Quizá la mayor dificultad de esta propuesta será la ardua reforma constitucional y legal que implica y además, como siempre, el riesgo de que el nuevo Consejo pueda ser influenciado y controlado por los políticos mediante los concejales a designar por la Asamblea Legislativa, o bien por los propios jueces-consejales que se presten a juegos políticos indebidos.

         Desde lo interno del Poder Judicial también se han intentado propuestas. No puedo referirme a la última que se medio discutió porque, hasta el momento, ha sido abortada por falta de voluntad política de la misma Corte. Pero propuestas internas anteriores contienen transformaciones menos profundas que la descrita líneas atrás, pero que sin embargo, deberían tomarse en cuenta para un sano debate sobre el tema. Así, se ha propuesto que no se estaría eliminando la competencia de la Asamblea Legislativa para nombrar a los miembros de la cúpula judicial, pero sí se buscaría eliminar una serie de competencias que en la actualidad tiene Corte Plena. Se crea un Consejo de la Judicatura a lo interno del Poder Judicial que administre integralmente la carrera judicial; ni la Corte ni ningún otro órgano harían más nombramientos de jueces; se integraría este órgano con representación mayoritaria de jueces de distintas categorías y especialidades electos por el mismo colegio de la judicatura; la Corte tendría representación con un par de magistrados o magistradas por períodos cortos no reelegibles. Se prevé asimismo un Tribunal Disciplinario para la investigación y sanción de toda falta cometida por algún funcionario judicial; este tribunal especializado tendrá primera y segunda instancia; y también instruirá las denuncias contra miembros de la Corte Suprema, aunque la decisión última en estos casos corresponderá a la propia Corte. Se transforma el actual Consejo Superior en un Consejo de Administración para lo relativo al diseño y la ejecución presupuestaria, así como la administración del personal de apoyo de la institución. En resumen, la Corte no hará nombramientos (salvo los jerarcas del Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, el Consejo de Administración y el Jefe de la Defensa Pública; también tendrá que hacerlo en el caso del Auditor General). La Corte tampoco disciplinaría a nadie, salvo en última instancia a sus propios integrantes. En materia de gobierno y administración, la Corte definirá prioridades anuales o quinquenales de proyectos estratégicos para la justicia; aprobará los presupuestos anuales y vigilará su correcta ejecución. Mantiene el juzgamiento a miembros de los supremos poderes, la representación oficial del Poder Judicial y las obligaciones constitucionales para relaciones con otros poderes de la República.

         Esta propuesta puede evitar el tránsito por una ardua reforma constitucional y legal, pero no resuelve el tema de la independencia necesaria en cuanto a los nombramientos de los integrantes de Corte Suprema, que los mantiene en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, creemos que puede contribuir a despejar la atrofiada agenda de Corte y democratizaría internamente la carrera judicial.

         Finalmente me refiero a lo que ha ido diciendo el Estado de la Nación por medio de sus informes periódicos sobre el “Estado de la Justicia”. Si bien estos importantes análisis señalan problemas estructurales de gobierno y administración, en días recientes sus principales responsables han hecho un listado de prioridades que pasan por recomendar cinco temas principales: (a) la necesidad de reformas y mejoras normativas –se entiende de leyes ordinarias- referidas al funcionamiento del Poder Judicial; (b) la necesidad de implementar una “justicia electrónica” y aprovechar “la ciencia de datos” para asegurar el acceso a la justicia, así como la eficiencia, la simplificación y celeridad de los procesos judiciales y administrativos; (c) el desarrollo de la información y monitoreo de datos pertinentes para la toma de decisiones; (d) el fomento de la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, esto último mediante la retroalimentación con la ciudadanía usuaria, la implantación de votaciones públicas y la constancia en actas del trabajo de comisiones estratégicas: y (e) el aprovechamiento de los recursos humanos y su estrecha relación con la independencia de funcionarios y empleados. Según este último punto, habrá que actualizar los procesos de reclutamiento y elección, así como la evaluación de desempeño y la capacitación del personal.

         Si bien se trata de propuestas científicamente elaboradas y bien documentadas, además de ser recomendaciones totalmente válidas, el problema, según lo veo, es que la crisis de la justicia en Costa Rica es esencialmente política, no técnica. Sin una reforma estructural a fondo, no se le podrá dar solución a los graves síntomas que detecta El Estado de la Justicia. Sólo reparar en el hecho de que desde hace décadas ni la Corte Plena ni el Consejo Superior pueden realizar una efectiva vigilancia y control sobre la administración de justicia, nos lleva a la conclusión de que sin esas reformas estructurales, básicamente la separación de las tareas de gobierno de las tareas jurisdiccionales- no habrá cambios técnicos que valgan.

         En fin, creo que no hay que pasar de página; hay que cambiar de libro.

Brasil. Una nueva oportunidad

Lic. José A. Amesty Rivera
Setiembre 2022

Las elecciones generales de Brasil, están previstas que se lleven a cabo el próximo domingo, 2 de octubre de 2022, donde 156 millones de electores brasileños tendrán la opción de elegir Presidente, Vicepresidente y al Congreso Nacional.

De acuerdo con la legislación actual brasileña, el candidato que alcance la mitad más uno, de los votos válidos saldrá vencedor. Si ningún candidato alcanza ese número de votos, habrá una segunda vuelta.

Recordemos los hechos de 2016, cuando luego de un golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, Presidenta en ese momento y que interrumpió su mandato, completándose con aquel montaje llamado operación Lava Jato (este involucro a Lula da Silva en supuestos actos de corrupción).

Aquel montaje fue llevado a cabo por el poder judicial y policial brasileño, deteniendo y condenando a Lula da Silva sin pruebas, lo que impidió que este último, participara en las elecciones del 2018, significando el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro y llegara a la presidencia de Brasil. Este ardid salió como lo habían planeado las elites brasileñas y EEUU.

Más adelante, el 9 de noviembre del 2019, luego de 580 días de detención, la Corte Suprema de Brasil, reconoció la parcialidad del juez del caso en ese tiempo, y autorizó la salida de Lula da Silva.

Durante la gestión de gobierno de Bolsonaro, los adjetivos para significar y definir su régimen son los de, medieval, reaccionario, genocida, anticivilizacional, fascista, extremista, entre otros. A su vez, las mayores preocupaciones de los brasileños/as, de cara a las próximas elecciones, son: el tema económico, el desempleo y la inflación, así como el tema de la salud, según diversos sondeos.

Por ejemplo, según el periodista de la BBC News Mundo, Gerardo Lissardy, «La economía brasileña entró en recesión en 2021 y, la tasa de desempleo cayó a 9,1% en julio, la mejora está lejos de ser percibida por la población en general. El 15% de brasileños (unos 33 millones de personas) pasa hambre y otra cantidad similar sufre de inseguridad alimentaria moderada, de acuerdo con un estudio divulgado el miércoles por la red Penssan. Si a ellos se suma el 28% de la población considerado con inseguridad alimentaria leve, más de la mitad de los brasileños padece o se inquieta en alguna medida por el problema: 125 millones de personas«.

El autor Zainer Pimentel enfatiza, «el actual presidente, Jair Bolsonaro, es tan solo el corolario de un terrible proceso de destrucción del país a todos los niveles: político, institucional, económico y social. Es el fruto de la estrategia política del odio, aplicada por los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales, y patrocinada por importantes empresarios del país (con el apoyo abierto de la patronal de la industria FIESP) y con la conveniencia, de todos los poderes de la República«.

Igualmente, según el filósofo Marcos Nobre, «uno de los motivos por el que podría estar fallando la remontada de Bolsonaro es la poca incidencia que tuvo entre los más pobres el Auxilio Brasil, subsidio masivo de 600 reales que comenzó a pagar en agosto con un claro fin proselitista. Los derechistas tienen, sin embargo, algunas armas que pueden influir en el resultado final, como la bajada de línea evangélica«.

Aunque, el escritor Emir Sader, señala: «Lula aún no ganó, pero Bolsonaro ya perdió«. ¿Cuál es la estrategia de Bolsonaro de cara a las elecciones del próximo domingo?

Bolsonaro, provocando a la democracia brasileña, avanza en su escalada militarista y señala que «las fuerzas armadas pueden normalizar a Brasil y que el ministro de Defensa es el más importante de los 23 integrantes de su gabinete, porque tiene la tropa en sus manos«.

Recordemos que Bolsonaro, despidió a nueve de sus 23 ministros, para qué aspirarán a cargos electivos, y comenzó a perfilar su fórmula militar, junto al saliente ministro de Defensa, general Walter Souza Braga Netto, a la vez que reiteró sus críticas a la Justicia electoral y a la Corte Suprema y asoció a la izquierda a la corrupción desenfrenada que hubo en Brasil, en abierta alusión a Lula da Silva, según la autora Juraima Almeida.

Según Gerardo Lissardy, «en los actos de Bolsonaro es común ver carteles pidiendo «intervención militar» y el mes pasado agosto 2022) la policía registró las casas de empresarios simpatizantes del presidente por discutir en WhatsApp sobre la posibilidad de un golpe de Estado, aunque ellos niegan haber cometido delito alguno. Las Fuerzas Armadas ganaron protagonismo en el gobierno de Bolsonaro, un excapitán del Ejército que ha expresado nostalgia por el régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985 y ha elogiado a uno de los torturadores de ese régimen. Para estas elecciones, los militares plantearon cuestionamientos a la justicia electoral sobre las urnas electrónicas y prevén hacer un seguimiento propio del escrutinio, algo también novedoso en el país«.

Ahora, ¿cuál es la estrategia de Lula da Silva, para enfrentar este aspecto militarista de Bolsonaro?

Para alejar a los militares del gobierno, Lula ha montado una coalición de partidos que van desde la izquierda hasta el centro, aunque se reconoce que muchos estén en contraposición al PT, pero, Lula es consciente que no solo basta con ganar, sino que necesita estabilidad política, le interesa que todos estén unidos en defensa de la democracia y el respeto a las reglas del juego constitucional, sin duda, no es tarea fácil.

Según, Zainer Pimentel, para parar a Bolsonaro, «la estrategia es movilización popular en defensa de la democracia y justicia social, cosa que solo Lula da Silva es capaz de crear entre los sectores que le apoyan«.

¿Cuál es la situación electoral ahora?

Muchos ciudadanos/as brasileños recuerdan y añoran los años de 2003 a 2010, cuando Lula gobernó en medio de unas excelentes condiciones económicas (altos precios de las materias primas), donde millones de personas subieron a la escala de clase media, por medio de programas sociales del gobierno, quizás es por esto que recientemente Lula ha tenido un repunte en la aceptación electoral.

Según los diarios Folha de San Pablo y el grupo Globo de Brasil, según las últimas encuestas, «el cambio favorece a Lula, que asciende por primera vez desde hace varios meses, pasando de 45% a 47%, mientras Bolsonaro se estanca en 33%. Y lo más importante: al contabilizar el voto válido, es decir, excluyendo los nulos y blancos, la cosecha del candidato del PT asciende al 50% lo cual le permitiría ganar la presidencia en primera vuelta. Prácticamente, los mismos números brindó otra encuestadora que publicó su estudio el lunes, el IPEC (Inteligencia en Pesquisa y Consultoría Estratégica)«.

No obstante, aunque las últimas encuestas le dan una ventaja de varios puntos porcentuales sobre Bolsonaro, Lula da Silva sabe de lo determinante que son las fake news en internet, producidas desde el despacho controlado por Carlos Bolsonaro (hijo del presidente). De hecho, la avalancha de noticias falsas en las redes sociales, fueron en 2018, las grandes responsables por la victoria Jair Bolsonaro sobre el candidato del PT, Fernando Haddad.

Finalmente, llegamos a dos conclusiones: la primera es que, para Lula da Silva, «derrotar a Bolsonaro en las elecciones también debe significar la derrota política de los militares, comprometidos con la candidatura de Bolsonaro, con un militar retirado. Ese es el desafío que enfrentará la generación actual de brasileños, de la mano del dos veces presidente Lula da Silva. La democratización en Brasil también debería significar la derrota política de los militares y la desmilitarización del Estado brasileño«, según la investigadora Juraima Almeida.

Y segundo, según Vijay Prashad, historiador, periodista y editor indio, en conversaciones con Dilma Rousseff y Fernando Haddad indica: «las condiciones internacionales para una tercera presidencia de Lula son providenciales, me dijo Rousseff. Un amplio abanico de gobiernos de centro-izquierda ha llegado al poder en América Latina (incluidos Chile y Colombia). Aunque no sean gobiernos socialistas, sí están comprometidos con la construcción de la soberanía de sus países y con la creación de una vida digna para sus ciudadanos.

Brasil, el tercer país más grande de América (después de Canadá y Estados Unidos), puede desempeñar un papel de liderazgo en la orientación de esta nueva ola de gobiernos de izquierda en el hemisferio, dijo Rousseff. Haddad, por su parte, me dijo que Brasil debería liderar un nuevo proyecto regional, que incluirá la creación de una moneda regional (el sur) que no solo pueda utilizarse para el comercio transfronterizo, sino también para guardar reservas. Haddad es actualmente candidato a gobernador de São Paulo, cuya principal ciudad es la capital financiera del país. En opinión de Haddad, una moneda regional de este tipo solucionará los conflictos en el hemisferio y creará nuevos vínculos comerciales que no tengan que depender de las largas cadenas de suministro desestabilizadas por la pandemia. «Si Dios quiere, crearemos una moneda común en América Latina, porque no debemos depender del dólar», dijo Lula en mayo de 2022«.

Un comentario y pregunta del portal Página 12 es: «perdiendo en primera o segunda vuelta, Bolsonaro tendrá tres o dos meses en la presidencia. Y la gran pregunta es: ¿qué hará de aquí al primer día de 2023, cuando perderá el derecho de depositar el trasero en el sillón presidencial«?

Esperamos que las elecciones en Brasil, transcurran en un ambiente de paz, y la vez, Lula da Silva resulte ganador, por el bien del pueblo brasileño y latinoamericano.

 

Imagen tomada de http://www.nuevospapeles.com

La estafa de ALDESA y sus cómplices de La Nación y el gobierno anterior

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

Desentrañar los mecanismos y triquiñuelas de una gigantesca e indisimulada estafa, ejecutada en años recientes por parte de los propietarios de la llamada Corporación ALDESA, para despojar a un importante grupo de esforzados profesionales de las más diversas ramas, a emprendedores tenaces e incluso a numerosos trabajadores, integrantes de al menos 300 asociaciones solidaristas, de sus legítimos recursos financieros invertidos en un puesto de bolsa de la susodicha corporación, los que habían sido obtenidos a través de una vida entera de esfuerzo, estudio y trabajo, quienes perdieron poco más de 12 millones de dólares, de esos alcances es la tarea que se propone Flora Fernández Amón, la que por cierto logra llevar a cabo a lo largo de las páginas de su libro EL DESTRUCTOR DE VIDAS Y SUEÑOS Progreso Editorial San José Costa Rica, abril de 2022, en un texto de casi 200 páginas que van desde un exquisito relato acerca de los orígenes familiares de la autora, a lo largo de más de un siglo, para dar inicio a la trama explicando la estafa de que fue objeto su propia madre, fallecida recientemente.

Entre los más afectados en este turbulento caso están los trabajadores solidaristas, que tuvieron pérdidas que no dejan de ser muy significativas para ellos. La autora del libro nos dice: “Alrededor de 30 asociaciones solidaristas perdieron US$ 10 millones invertidos por medio de Aldesa Valores Puesto de Bolsa SA, Estamos hablando de 27.550 trabajadores solidaristas, quienes perdieron US$450 de sus ahorros en la asociación”(op cit p,173), a lo que agrega una significativa reflexión: “ Resulta sumamente extraño que el Movimiento Solidarista y la dirigencia de las empresas afectadas haya guardado silencio y se limitaran a rebajar de los ahorros de los trabajadores la pérdida sufrida. Esto es tema para otro libro que ojalá alguien se atreviera a escribir.” (ibídem).

Lo increíble es cómo una estafa de semejantes proporciones haya pasado casi desapercibida para la gran mayoría de la población, algo que sin embargo no debería sorprendernos dado el comportamiento habitualmente manipulador de los grandes medios corporativos, entre ellos las televisoras más importantes y el infaltable diario La Nación. La trama, sin embargo, al ser desentrañada a lo largo de las páginas de este libro, termina por revelar la complicidad y la gran conexión entre los directivos de Aldesa y los de La Nación, los que en muchos casos resultan ser los mismos. (Fernández p. 72).

Siendo un caso particular, muy bien caracterizado a partir de sus singularidades intrínsecas, el tema de ALDESA en su despliegue, a medida que vino siendo develado, terminó por trascenderlas para asumir las proporciones de una de las más grandes estafas financieras de nuestra historia, pero también contribuyó a revelar la extensa gama de estafas ejecutadas por diversos actores o gestores que han venido actuando en beneficio del capital financiero, las que comprometen seriamente los diversos fondos de pensiones de los trabajadores costarricenses, en especial los del IVM y los del ROP, a través de una serie de inversiones del Banco Popular y de la Caja del Seguro Social (CCSS) en la Corporación ALDESA o en bonos del mismísimo diario La Nación, contado con la complicidad de altos funcionarios del gobierno anterior, que una parte esencial en la comisión de estos hechos.

En el libro de Flora Fernández Amón se dice lo siguiente: “Hay idiotas que dicen que es un pleito de ricos. No se han enterado de que Aldesa… también ayudó a que fondos del IVM… de la Caja… hayan sido prestados a La Nación…que como dice alguna gente, anda muy mal” “… cuando se queden sin pensiones, se darán cuenta de que por pendejos, los estafaron. Aquí todos están juntos y si saca la cuenta, lo de Aldesa son más de $220 millones y Monte del Barco $165 millones, es el despojo más grande en la historia del país. Ahhh, pero todos los poderes están unidos, y la prensa corrupta bien calladita” (Fernández op cit p,162).

Día Mundial contra la Rabia

José Luis Pacheco Murillo

Hoy es Día Mundial contra la Rabia, enfermedad que puede ser atacada y se puede prevenir.

Sin embargo, hay otra clase de rabia que por más que queramos no nos la podemos quitar de encima. Es una rabia que es provocada por acciones de otros y que las ejecutan a vista y paciencia de todos y que, aunque saben que esas acciones son indebidas las ejecutan sin rubor alguno.

Esa rabia, más que prevenirla va en aumento debido a que de igual manera van en aumento esa acciones dolosas y corruptas y que el sistema, igualmente doloso y corrupto, las permite sin problema alguno.

Estamos claros de la existencia del principio de inocencia, pero con ese tal principio, que ha sido utilizado y además ultrajado, cientos de delincuentes han sabido tener paciencia para que sus causas prescriban y la ley, la justicia verdadera no les alcance. Confiamos en que la justicia de Dios sabrá cumplirse plenamente.

Ahora ya no hay necesidad de casa por cárcel ni tobilleras, ya pueden andar como si nada porque hay dinero respondiendo, dinero que posiblemente haya sido obtenido mediante esas acciones en donde muchos se beneficiaron menos el pueblo costarricense. Eso da rabia y no tiene como prevenirla.

Pero más rabia da que aquellos que sabiéndose responsable de haber incumplido sus deberes y por ello haber dejado en la ruina a miles de costarricenses, ahora solventen la situación jurídica suya con el pago de miserables sumas en comparación con lo que permitieron que se robaran. Eso evidencia la corrupción del sistema para beneficiar a los corruptos y desgraciadamente tenemos representantes de la justicia que poco hacen por enorgullecernos y permiten que se pisotee una y otra vez. Eso si da rabia, pero además hace perder la fe y lo peor con esas actuaciones se roban nuestra esperanza.

Dios quiera que esto se acabe de una vez por todas y el sistema y la justicia lleguen a cumplir plenamente su rol y que la equidad y la justicia social brillen plenamente y en forma transparente para todos y acabemos con eso que es lo que nos da más rabia: la impunidad.

Marilena Chauí: La tarea del nuevo gobierno brasileño será enorme, difícil, y exige un punto de vista común de la izquierda en aspectos esenciales

Gilberto Lopes, en São Paulo

Convencida de que fue golpe el impeachment contra la presidente Dilma Rousseff, de que el proyecto “Ponte para el Futuro” –una ambiciosa propuesta neoliberal– impulsada por el entonces vicepresidente, Michel Temer, era un regreso al pasado, de que la operación Lava Jato buscaba destruir y entregar la petrolera brasileña Petrobras a intereses privados extranjeros, Marilena Chauí (filósofa, miembro fundadora del Partido de los Trabajadores – PT), analiza las perspectivas de un probable nuevo gobierno de Lula y advierte que se necesitará una visión común de la izquierda para enfrentar lo que considera las “dificultades gigantescas” de ese gobierno. Habrá que “rehacer el país”, afirma.

Lo que sigue es una versión editada de una entrevista realizada con Marilena Chauí, en São Paulo, el 15 de septiembre pasado.

Gilberto Lopes – Su diagnóstico es que Brasil sufrió un desmantelamiento institucional en los últimos cinco años y que la próxima disputa política será un test para la izquierda. ¿Cuál será la tarea de esa izquierda?

Marilena Chauí – Hay una visión ideologizada y, por tanto, ilusoria, de que la pluralidad de la izquierda representa una crisis. Yo pienso que, al contrario, la multiplicidad enriquece la concepción de la izquierda. Sin borrar las diferencias, ni pretender una falsa unidad, la reunión periódica de la izquierda, en determinadas circunstancias, es esencial. Hay momentos en que un sector se paraliza y otros actúan. De repente el PT se paraliza, pero eso es compensado por innovaciones del PSOL (Partido Socialismo y Libertad, aliado del PT en estas elecciones).

He insistido en que, por lo menos en el primer año de gobierno, tiene que haber un acuerdo, una perspectiva común, porque el gobierno va a enfrentar una dificultad gigantesca. Va a tener que rehacer el país.

Hay 33 millones de desempleados en Brasil, 30 millones de personas pasando hambre.

No hay como pensar en un plan económico y de reestructuración si la izquierda no trabaja en conjunto. Porque la oposición que enfrentará, tanto de la derecha como del centro, va a ser gigantesca. La tarea es enorme, difícil, lenta, y exige que la izquierda encuentre sus puntos en común.

GL – Ud. habla de tres o cuatro puntos comunes de una izquierda diversa. ¿Cuáles son esos puntos comunes?

MC – Hará falta recuperar una propuesta contra la economía neoliberal. Hay que recuperar el papel del fondo público y dirigirlo a atender los derechos sociales. El fondo público tiene que asumir nuevamente su papel de garantizar esos derechos.

Un segundo punto es retomar lo que fue una característica muy importante del primer gobierno de Lula: las conferencias nacionales. El PSOL las llama consulta continua a las bases. Hay que retomar, de forma más intensa, esas conferencias nacionales. El Poder Ejecutivo y una parte del Legislativo deben estar en contacto permanente con las demandas sociales.

Un tercer punto común es la idea de una reconfiguración del Legislativo. No se si tendrá éxito, ni si será posible, pero es necesario promover una reforma política, desde el inicio.

Un cuarto punto es el lugar destacado de la educación, retomar la educación y desmontar lo que trajo Olavo de Carvalho (un astrólogo, filósofo conservador, partidario de las teorías de conspiración, muy influyente en el gobierno de Jair Bolsonaro). No hubo siquiera un ministro de Educación en este gobierno que se salvara. No intervinieron contra la docencia, pero no hubo financiamiento para investigaciones, se desarmaron las universidades técnicas, un proyecto muy caro a la presidente Dilma.

Un quinto punto es la cuestión de género. No me parecía posible, en Brasil, el machismo exhibido en las formas más perversas como en estos últimos cinco años. No se trata solo del machismo, sino de la sexualidad, del género, de las mujeres. Conversé mucho con la gente del PSOL y con Luiza Erundina (exalcaldesa de São Paulo) y creo que si hay alguien capaz de unir a la izquierda, esa figura es ella (Chauí fue Secretaria Municipal de Cultura durante la administración de Erundina, entre 1989 y 1992).

GL – En su opinión, una burguesía nacional, carente de proyecto de nación, ha actuado de manera irresponsable. Bolsonaro no era el incompetente incontrolable para una extrema derecha que tiene una agenda. Era su punta de lanza. Es difícil vislumbrar la agenda de esa extrema derecha. Era fácil, cuando era anticomunista. Pero, ¿qué es ahora?

MC – Me lo he preguntado con frecuencia. La agenda anticomunista se vació y se subieron a la agenda Trump, que también se vació.

El desarme de esas dos perspectivas hizo que la extrema derecha se encaminara en dirección al totalitarismo (no al fascismo), mediante las iglesias evangélicas, que desarticulan la clase trabajadora, se apropian del precariado e impiden la organización de la base social.

Ese es el proyecto: impedir la organización de la base social, de la clase trabajadora. Ese era el programa de la “Escuela sin partido”, de Olavo de Carvalho.

Al mismo tiempo, la trayectoria política va a contemplar una amenaza permanente contra el gobierno, de intervención del legislativo y de amenaza cotidiana de golpe. Tengo miedo de lo que pueda pasar entre octubre o noviembre (fechas del primer turno o del segundo, si hubiera) y el 1 de enero (cuando asume el nuevo presidente). No solo por la posibilidad de un golpe, sino también del asesinato de Lula. Hay muchos voluntarios dispuestos a eso.

GL – ¿Qué representaría, en su opinión, una victoria de Lula en este escenario?

MC – Es la única posibilidad que tenemos de rehacer el país. Por un lado representa una exigencia social y política de encontrar una barrera para la extrema derecha y para las formas más perversas del neoliberalismo.

Yo veo a Lula como un estadista. Representa la percepción de Brasil en América Latina y en el mundo; de nuestro papel, que aparece con la creación del Mercosur y se desarrolla con nuestra presencia en grupos como el G-20 y el G-8, en nuestra política externa de afirmación y no de subordinación.

En términos populares, es la esperanza del retorno de los derechos sociales, de recomposición de la economía y de la educación, que se necesita reformar de arriba abajo.

Lula va a tener que negociar mucho. No por casualidad lleva como candidato a vicepresidente a Geraldo Alckmin (un político del que estuvo distanciado). Lo veo capaz de percibir cuales son las negociaciones que garantizarán derechos a su base social. No se trata de una negociación para mantenerse en el poder, sino de definir cuáles son las exigencias básicas que deben ser negociadas. Lula es capaz de hacer eso.

GL – Hoy, ya clara la naturaleza política perversa de la Lava Jato, considerada en algún momento como un ejemplo de la lucha contra la corrupción en Brasil, ¿cuál es su evaluación de ese proyecto?

MC – En ningún momento le atribuí cualquier seriedad a la Lava Jato. Fui contra ese proyecto desde el primer instante, cuando todavía aparecía como algo honesto. Nunca dejé de relacionar el surgimiento del proyecto con las dificultades de la economía en el gobierno de Dilma. Había dificultades en el manejo de la economía, con el cambio de ministros, mientras la Lava Jato funcionaba. Dilma es una mujer de principios, que no negocia. No se desconocía, en el país, el antagonismo entre ella y el vicepresidente Temer. Ella lo toleró, pero no lo dejaba participar en nada del gobierno.

La Lava Jato me recordaba la figura de Carlos Lacerda (un líder de la derecha en Brasil que, en 1950, dijo, refiriéndose a una nueva candidatura de Vargas: –El señor Vargas, senador, no debe ser candidato a la presidencia. Candidato, no debe elegirse. Electo, no debe asumir. Si asume, debemos promover una revolución para impedirlo gobernar. Lacerda fue uno de los responsables de crear el clima político que llevó al suicidio de Vargas, en agosto de 1954).

Analicé la Lava Jato como una operación del Departamento de Estado norteamericano. La vi como una operación política, lo que luego quedó en evidencia total. El hecho de que su objetivo fuera la petrolera brasileña Petrobras (sabemos lo que eso quiere decir), deja claro lo que había detrás.

Investigué algo sobre la formación y el trabajo de los principales promotores de la Lava Jato. Ninguno de ellos era representante de lo que había de excelente en el mundo jurídico brasileño. Eran inexistentes.

GL – Ud. dice que las fuerzas armadas de 2022 no son las fuerzas armada de 1964 (año en que dieron un golpe militar). Que ellas perdieron su compromiso con la formación nacional. ¿Cómo explicar esa diferencia?

MC – Cuando se considera el golpe de 1964 es claro que ocurre bajo el paraguas de la Alianza para el Progreso, de la política del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del gobierno Kennedy. Militares brasileños, educados en Estados Unidos, trajeron la idea de que Cuba era una amenaza, vinieron con un proyecto, luego adaptado a la realidad brasileña.

Había, en el gobierno, gente bien formada, informada, con proyectos. No es lo que tenemos ahora. Al inicio del gobierno militar de Castelo Branco (1964) y en el período final de la dictadura, con el general Golbery do Couto e Silva, ellos tenían una idea de lo que era el Brasil, de lo que debía ser América Latina y de lo que debían hacer. La respuesta armada de la izquierda al gobierno militar provocó algo no previsto: el Acto Institucional número 5 (que renovó las medidas represivas, en 1968). Después de ese acto tienen que reelaborar el proyecto. Eso es lo que hace Golbery.

Hoy tenemos, en la activa, unas fuerzas armadas tradicionales, pero no se ve un proyecto nacional. Del lado del Ejecutivo tenemos simplemente una apropiación económica de los recursos del Estado. Bolsonaro cooptó, en el Poder Ejecutivo, a un sector de las fuerzas armadas. Hay casi diez mil militares en el gobierno. Por primera vez los militares se vieron en una posición de poder sobre el mundo civil y, mediante una corrupción sin fin, la posibilidad de hacerse realmente ricos.

Si hay golpe de Estado, los responsables serán los integrantes de ese grupo, que se encaramó en el poder del Estado y que no quiere perder los privilegios que consiguieron.

FIN

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¿Tiene sentido?

José Luis Callaci

¿Tiene sentido discutir un hecho con personas que solo conocen una parte del mismo y se empeñan en juzgar el todo de ese hecho? ¿Que no tienen conocimientos, por ejemplo, de los antecedentes del actual conflicto entre Rusia y Ucrania?

¿La historia, los incumplimientos de acuerdos de no expandir la OTAN en las fronteras de Rusia, el Golpe de Estado del 2014 en Ucrania, los ataques genocidas a la población civil rusa que por más de 7 millones quedó atrapada por decisiones arbitrarias o inconsultas, al otorgarle su territorio, sus campos y sus ciudades a lo que hoy se llama Ucrania, los ocho largos años de interferencias a las negociaciones para encontrarle una solución pacífica al conflicto, incluidos los acuerdos de Minsk y del grupo de Normandía?

Creemos que no tiene sentido alguno hacerlo en esas condiciones. Sería cómo discutir con alguien que juzga una obra literaria habiendo leído solo un capítulo de la misma.

Los retos de las universidades públicas latinoamericanas

José María Gutiérrez
Profesor emérito, Universidad de Costa Rica

Las universidades públicas son instituciones esenciales del estado social de derecho en nuestra América Latina. Las universidades han jugado y juegan papeles fundamentales en la región, como vías de movilidad social generadoras de oportunidades, centros productores de nuevo conocimiento y promotoras de desarrollo inclusivo y democrático mediante múltiples vínculos con la sociedad. Además, constituyen centros de reflexión crítica permanente, aportando a los debates sobre el devenir de nuestros pueblos y atisbando nuevas avenidas solidarias por las que transiten nuestras comunidades.

Pese a su importancia y significado, las universidades públicas de América Latina sufren un acoso sin precedentes por parte de los sectores políticos y económicos hegemónicos, acoso que se refleja en una creciente reducción de sus presupuestos, en el cuestionamiento de su carácter público y en los continuos embates contra su autonomía. La reciente negociación de los presupuestos de las universidades públicas en Costa Rica es un claro reflejo de estas tendencias, al violentarse preceptos constitucionales básicos, en el contexto de una política abiertamente hostil por parte de autoridades de gobierno.

El escenario actual de las universidades públicas latinoamericanas plantea enormes retos para estas instituciones. Por un lado, se requiere defender y fortalecer la autonomía y el carácter público de las mismas, renovando los principios de excelencia académica y procura del bien común como ejes centrales. Por otra parte, las universidades deben efectuar las transformaciones que los tiempos demandan, para depurar su funcionamiento, incrementar su trabajo académico y social y atender las urgentes necesidades de los más amplios sectores sociales de nuestros países.

Esta tesitura debe servir para desarrollar procesos de análisis y reflexión crítica y autocrítica en el seno de las universidades y mediante diálogos permanentes con diversos sectores de la sociedad. La revista UNIVERSIDADES, de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), ha publicado un número especial sobre el futuro de las universidades públicas en la región. En dicha publicación se incluye el artículo que se adjunta, que ofrece reflexiones sobre estos temas, centrados en la experiencia de Costa Rica.

El número completo en el que se publica esta contribución está accesible en el siguiente enlace: http://udualerreu.org/index.php/universidades

Nota editorial.
SURCOS comparte además el documento en formato PDF:

Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares

José Luis Pacheco Murillo

El 26 de septiembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Una iniciativa impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el claro objetivo de lograr el desarme nuclear a nivel mundial.

La primera vez que la ONU tocó el tema del desarme nuclear, fue en la primera resolución emitida por la Asamblea General de este organismo en el año 1946. Desde entonces el tema ha sido uno de los puntos recurrentes en cualquier reunión de los países miembros.

El 7 de julio de 2017 se adoptó el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares que fue un importante avance para la consecución de un mundo sin armas nucleares. Es vital conseguir la destrucción de este tipo de armas para evitar las catastróficas consecuencias humanitarias que ocurrirían si un arma nuclear fuera usada sobre una población de nuevo.

Sin embargo, este tratado queda vacío sin la ratificación de muchos países que tienen armas nucleares, incluyendo EEUU.

Por lo que al final, tanto la propuesta como las acciones de celebración de este día se torna en una mera hipocresía, pues no hay consecuencia, ya que los países que poseen armas nucleares también forman parte del organismo que impulsa la celebración de este día y promovió el tratado de prohibición de dichas armas.

Hoy, con la guerra entre Rusia y Ucrania, se ha mencionado la posibilidad de la utilización de dichas armas, lo que sería una catástrofe, no solo para esos países sino para el mundo entero.

Mientras existan países con armas nucleares la humanidad está en peligro de extinción pues la destrucción que ellas provocarían sería total. A pesar del interés mostrado por el organismo y el mundo, hoy en día existen 14.500 armas nucleares a nivel mundial.

Dios quiera que los líderes de los países que poseen cabezas nucleares tomen la decisión de cumplir con el tratado de destrucción de esas armas nucleares.