Quiero dedicar estas palabras a mi Alma Mater, la Universidad de Costa Rica. Tengo plena conciencia de lo que las Universidades Públicas, y particularmente mi universidad, la Universidad de Costa Rica, significa para el destino de nuestro pueblo; como instancia del pensamiento académico, de laicidad, de libertad de conciencia. Es la madre que nos ha nutrido, que nos ha hecho fuertes para que a la vez nosotros llevemos su luz a nuestro pueblo.
¿Lo estamos haciendo?
¿Lo estamos haciendo?
En el momento presente la Universidad debe tomar la palabra, y lo hará a través de nosotros, sus hijos.
Levantemos esa honrosa carga. Pongamos a la Universidad en el centro de los grandes debates, en los que se sortea el destino de nuestras instituciones. Es hora de que hagamos retroceder la insolencia de los oportunistas y los ignorantes.
Expondré mi asunto en tres secciones
Una brevísima introducción histórica general a partir de la Independencia Patria en el contexto mundial.
Exposición de algunos aspectos político-económicos del País y del Mundo en el Siglo XX,
Consideraciones acerca de la función de Garantía que corresponde al Poder Judicial dentro del Estado.
- Brevísima introducción
A.- En el primer decenio del siglo XIX en que se gesta la independencia de América Latina, el Imperio Napoleónico está en momentos de auge y España tiene un Rey francés. Una revolución industrial basada en la máquina de vapor y la mecanización de la industria y los transportes ha tomado cuerpo en Inglaterra y pronto pasará a Estados Unidos y al norte de Europa Occidental.
En los decenios siguientes el Imperio napoleónico ha desaparecido, la monarquía francesa ha retomado el poder; y los reinos europeos firman la Santa Alianza para emprender una restauración anti-iluminista; mientras la industrialización iniciada en Inglaterra prospera rápidamente en Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Francia, los Principados Alemanes y el Imperio Austro-Húngaro, cuyas economías se expanden a costa de la clase obrera: es la época del Capitalismo Salvaje.
Por su parte, las flamantes Repúblicas Latinoamericanas pronto se ensarzan en luchas caudillistas y caen en manos de los banqueros, primero europeos, después norteamericanos. Su ingreso al mercado mundial se configura en la forma de productores de materias primas; mientras el Primer Mundo prospera, ellos no acceden a la industrialización ni al desarrollo económico; soportan el extractivismo de grandes enclaves empresariales extranjeros; y cada vez más frecuentemente presentan formas dictatoriales de gobierno. Europa transmite los ideales de la Cultura greco-latina a las elites criollas, pero sus banqueros cobran puntualmente los intereses de la deuda.
La rivalidad entre las potencias conduce a la Primera Guerra Mundial, que produce 7 millones de muertos y más del doble de heridos; y la crisis político-económica de uno de los beligerantes: la Rusia Zarista, hace posible el triunfo de la Revolución Bolchevique y la fundación de la Unión Soviética, cuya sola existencia va a modificar durante más de 70 años la actitud de los Estados capitalistas con respecto de sus obreros en todo el Mundo.
La iniquidad con la que se trató en Versailles a los vencidos de la Primera Guerra, produjo muchos de los gérmenes que condujeron a la Segunda, en la que una Alemania engrandecida y fanatizada por el Nazismo causó la mayor parte de los cincuenta millones de muertos, trágico saldo de dicha conflagración.
El final de la Segunda Guerra produjo la Organización de las Naciones Unidas y su antídoto: la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética que terminaría 45 años más tarde con el colapso de ésta y del Socialismo de Europa Oriental.
En el ínterin, la ‘empresa de negocios’ creció en la forma de gigantescos monopolios que se liberaron de los Estados nacionales y que, liderados por los grandes bancos, sometieron la Política a la dictadura de la Economía Financiera; y se dispararon en una competencia feroz que ha deteriorado el ambiente y ha producido el cambio climático que amenaza gravísimamente al Planeta.
El Neoliberalismo es la ideología de este movimiento, y sus brazos seculares son los sempiternos cancerberos reciclados: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que acosan al Tercer Mundo y le imponen la reducción al mínimo de los Estados nacionales.
Hasta ahora las expectativas que tenían nuestras jóvenes Repúblicas de llegar a constituir Estados prósperos y democráticos se han visto frustradas por sus propias debilidades y por la codicia y la mala fe las Naciones del Primer Mundo con las que nos tocó en suerte relacionarnos. Pero la Historia no ha llegado a su fin, como algunos sostenían, de modo que aún podremos aprender de los golpes recibidos y enderezar muchos entuertos que hemos venido padeciendo.
B.- Me refiero seguidamente a Costa Rica en los años de la Independencia. Una República paupérrima que padece de la casi inexistencia de instituciones educativas. Se estima en un 95% el analfabetismo. En 1821 sólo hay 1 abogado en toda Costa Rica: don Rafael Barroeta y Castilla, que fue miembro de la Primera Junta Gubernativa y muy probablemente, el principal redactor del Pacto de Concordia.
Y así. Por varios decenios continuamos padeciendo de un bajísimo nivel de instrucción general: todavía en 1864, a poco más de 40 años de la Independencia, a pesar de los esfuerzos de Castro Madriz y de la Universidad de Santo Tomás, el analfabetismo es del 75%
Un producto de lo anterior son las graves deficiencias en la preparación de los juristas nacionales durante el Siglo XIX y buena parte del XX; lo cual se revela claramente, entre otros aspectos, en su incapacidad de redactar leyes originales:
Otra muestra es que durante los primeros 20 años de vida independiente, la exProvincia de Costa Rica continuó aplicando la Legislación Colonial Española, incluyendo la Ley de Vagos del rey Fernando VII, que es de 1828, es decir, cuando ya llevábamos 7 años de independencia de España.
A partir de 1840 la legislación patria que se promulga fue copiada literalmente de leyes extranjeras: el caso es que nuestros tatarabuelos no tenían otra salida.
El Código General de Carrillo de 1841 es copia de los Códigos del General Santa Cruz (Bolivia)
El Código de Comercio de 1853 es copia literal del español de 1829.
La Legislación sobre Hipotecas y Quiebras de 1865 es una traducción que hizo el jurista alemán Fernando Streber de sendas leyes del Reino de Prusia.
El Código Penal de 1880 es en gran medida copiado del Código Penal Chileno.
El Código Civil de 1887 es copiado en gran medida del Proyecto que elaboró don Florencio García Goyena para España.
El Código de Procedimientos Civiles de 1887 es copia, algo abreviada, de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1881.
El Código de Procedimientos Penales de 1910 está también copiado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española de 1872; etc.
Esta situación de dependencia, que fue el resultado objetivo de las debilidades que nos aquejaban en materia jurídica, se prolonga durante gran parte del siglo XX, con algunas honrosas excepciones, como la Ley General de la Administración Pública, la Ley de la Jurisdicción Constitucional y algunas más. Pero, en general, la situación imperante es reveladora de carencias importantes de nuestra formación jurídica que aún tenemos que corregir.
- El desarrollo económico-social del País
Todos requete-sabemos que el producto de exportación que introdujo a Costa Rica en la red del Comercio Mundial fue el café. Desde los años 30 del siglo XIX los exportadores costarricenses de café en grano empiezan a recibir divisas extranjeras y eso constituye un motor que potencia el mercado interno, las finanzas y las obras públicas, la banca, el consumo y la inversión.
Un grupo pequeño de cafetaleros se enriqueció notablemente en la segunda mitad del Siglo XIX y comienzos del XX, al combinar la producción del grano, el beneficiado, la exportación y la banca; y los gobiernos de entonces, controlados por ellos mismos, no quisieron ni pudieron gravar sus cuantiosas ganancias con impuestos adecuados, que habrían formado la base de una sólida estructura tributaria a futuro. Cuando lo intenta don Alfredo González Flores en 1916, es tumbado por un golpe de Estado proveniente de la oligarquía cafetalera a la que él mismo pertenecía. Y desde entonces hasta la fecha, Costa Rica ha carecido de aquella estructura redistributiva que fue el soporte del desarrollo de muchos Estados del Primer Mundo.
Gracias a lo que nuestros historiadores han llamado ‘la expansión de la cultura impresa’, provocada por la importación de pequeñas imprentas a partir de los años 30s del siglo XIX, la clase trabajadora nacional llegó a saber acerca de los progresos de la lucha proletaria de Europa y Estados Unidos y del pensamiento de izquierda, anarquista y socialista; hasta el punto de que en 1920, caída la Dictadura de los Tinoco, una huelga general que se riega por casi todas las ciudades del País, consigue que el Gobierno acepte la jornada máxima de 8 horas y un aumento salarial general del 20% .
Con vista del triunfo huelguista, la clase trabajadora inició una etapa caracterizada por una fuerte tendencia a organizarse en sindicatos y otras formas asociativas, aunque no hubiera ninguna ley que regulara esas organizaciones. La tendencia fue luego exacerbada durante la Crisis Económica Mundial, y ampliamente aprovechada por el Partido Comunista que se fundó en 1931 para estimular el desarrollo sindical y político de izquierda, y divulgar el pensamiento marxista; de manera que en el 43, cuando se promulgan las garantías Sociales y el Código de Trabajo, hay una clase trabajadora organizada en más de 200 sindicatos en la Meseta Central, que respalda con fuerza dicha legislación, la cual, en efecto, viene promulgada, a pesar de la furibunda oposición de la Oligarquía nacional.
Pero estamos ya en 1945: termina la 2ª Guerra Mundial y empieza la Guerra Fría.
A partir de ese momento los EEUU se proponen borrar de América Latina todos los gobiernos, los partidos y los sindicatos que, de cualquier modo, signifiquen ayuda o ventaja para el crecimiento de la influencia Soviética en nuestro Subcontinente y en el Mundo.
De modo que cuando estalla en Costa Rica el conflicto por la anulación de las elecciones del 48 y el levantamiento en armas de José Figueres, la Oligarquía criolla y el Departamento de Estado observan con complacencia el progreso de la insurrección, porque coinciden en el mismo deseo: arrojar del gobierno al trío Teodoro Picado, Calderón Guardia y Manuel Mora:
Por el lado de la oligarquía, el objetivo final es que desaparezcan el Código de Trabajo y las Garantías Sociales;
Por el lado del Departamento de Estado, el objetivo final es borrar el Comunismo de Costa Rica.
Ambos coincidían también en aceptar que sus objetivos fueran alcanzados mediante la toma del poder por parte de Figueres y su grupo.
Ahora bien, el resultado final que vino con el triunfo de Figueres, defraudó a la oligarquía: porque el Código de Trabajo y las Garantías Sociales se quedaron; pero complació al Departamento de Estado: porque el Partido Vanguardia Popular fue diezmado y proscrito durante 25 años; y durante ese mismo plazo nadie de izquierda pudo postularse para un puesto de elección popular; y el sindicalismo comunista fue, de ahí en adelante, borrado y perseguido implacablemente durante varios decenios hasta quedar eliminado en la Meseta Central.
Ahora bien, aunque es cierto que el Código de Trabajo y las Garantías Sociales permanecieron vigentes, de hecho sus potenciales efectos fueron minimizados,
- Porque un decreto autorizó a los patronos a despedir sin prestaciones a todo trabajador sospechoso de pertenecer, o haber pertenecido a partidos o sindicatos considerados de izquierda;
- porque mediante una hábil y permanente combinación de represión y propaganda, los trabajadores en la mayor parte del territorio nacional fueron enseñados
a rechazar toda idea o proyecto proveniente de organizaciones sospechosamente comunistas
a renunciar a organizarse en sindicatos, y a no firmar convenios colectivos, ni promover conflictos y huelgas.
A odiar a sus hermanos trabajadores del sector público, porque éstos sí tenían sindicatos, firmaban convenciones colectivas y hacían huelgas, gozando por ello de un nivel salarial superior y mejores prestaciones laborales.
Porque lo cierto es que, con la sola excepción de los trabajadores bananeros, cuya historia es muy particular, tenemos que por más de 50 años, al no contar con sindicatos que los defendieran, al no contar con los convenios colectivos y el arma disuasiva de la huelga, los asalariados de los empleos y de las empresas privadas quedaron indefensos frente a los patronos: carecían de medios idóneos para defender sus intereses individual y colectivamente (POR EJEMPLO, no pudieron sostener una lucha eficaz por un aumento adecuado del salario, por la reducción de la jornada laboral, prestaciones familiares, educativas, etc.), de modo que la condición social y el nivel económico de ese sector mayoritario de los costarricenses fueron perdiendo terreno en general, y por contraste con lo que estaba ocurriendo con los trabajadores del sector público.
Pues, en efecto, gracias sobre todo a la institución del Servicio Civil, en Costa Rica el Estado/Patrono no puede aplicar el despido inmediato al empleado público, sino que debe justificarlo mediante un procedimiento administrativo cuya decisión final puede ser impugnada en vía judicial, etc., etc.
Así las cosas, los sindicatos públicos han podido en general resistir las arremetidas de los gobiernos. Lo cual, en la práctica, se ha traducido para ellos en estabilidad y permanencia en el empleo como situaciones normales. Lo cual ha permitido a los empleados públicos, en ejercicio de sus derechos legales y constitucionales, consolidar una experiencia sindical de lucha y negociación que dura ya varios decenios: que ha consistido precisamente en discutir y firmar convenciones colectivas para mejorar sus salarios, su seguridad laboral, sus vacaciones, su régimen de pensiones, etc., o recurrir al instrumento legítimo de la huelga como medida de presión.
Habiendo sido ésta la realidad laboral costarricense, el resultado en lo que ha correspondido a los empleados, los obreros y los trabajadores agrícolas del sector privado, es que los mismos han sufrido, por varias generaciones, un inicuo despojo en sus derechos sociales, económicos y culturales cuyas desastrosas consecuencias son inconmensurables, al cual me he referido extensamente en otras sedes.
La actual brecha económica existente entre ricos y pobres en Costa Rica, es un claro espejo que nos permite ver a dónde fueron a parar los recursos que, durante decenios, fueron escatimados a la clase trabajadora del sector privado, por no haber podido ejercitar oportunamente sus derechos y garantías laborales. Pero, naturalmente, el daño sufrido no se detiene allí, según lo que ahora voy a decir.
Mi tesis, basada en la experiencia histórica de otros países, es la siguiente: los trabajadores que están sindicalizados y han alcanzado seguridad, estabilidad, capacitaciones, promociones, mejoras, y más conciencia de sus derechos por medio del ejercicio de sus instrumentos de lucha: la huelga y las convenciones colectivas, están más motivados y mejor preparados para participar activamente en los procesos políticos nacionales y locales en defensa de sus intereses de clase.
Y viceversa: los trabajadores aislados, que carecen de protección sindical, que son explotados y no pueden ejercitar aquellos instrumentos de lucha, de modo que su estabilidad y sus condiciones de trabajo dependen de la voluntad unilateral de los patronos, suelen carecer de conciencia y motivación de clase, de modo que sus opciones políticas son inauténticas y oscilan al vaivén de la propaganda de las campañas electorales.
Lo anterior se confirma aquí, en la Meseta Central, con sólo comparar la actitud y las trayectorias del sector laboral público, sindicalizado, politizado y combativo, con las del sector laboral privado, ausente de la palestra político-social, invisibilizado e inerte. El primero, protagonista de históricas luchas cívicas y suscriptor de convenios colectivos que acarrearon bienestar y seguridad a sus trabajadores; el segundo disperso, soportando impotente despidos arbitrarios, fijaciones salariales por debajo del costo de vida y otros abusos semejantes, con un costo trágico para la gran mayoría de sus miembros, que forman parte del quintil más numeroso y más pobre en la estratificación económica del País.
Recapitulemos: lo que ocurrió es que la generación de los trabajadores del sector privado que protagonizaron la Huelga de 1920 y que formaron cientos de sindicatos en la década de los 40, son los padres de los trabajadores que a partir de 1948 sufrieron represión, persecuciones por ser sindicalistas, y la cancelación arbitraria de sus sindicatos; y son los abuelos y bisabuelos de los trabajadores del sector privado que, desde las décadas finales del Siglo XX y en lo que va del Siglo presente ya no participan en ninguna lucha y más bien dicen odiar los sindicatos.
Recordemos que a partir de 1948 los trabajadores costarricenses estuvieron, en su gran mayoría y por más de seis períodos electorales, privados de su legítimo derecho de optar por candidatos de la izquierda; y sometidos a la disyuntiva de no votar, o de hacerlo por alguno de los candidatos disponibles: los conservadores del Partido Unión Nacional o los socialdemócratas del Partido Liberación Nacional. De manera que, aparte de un alto porcentaje que se abstuvo, los restantes terminaron por inclinarse hacia Liberación Nacional, tal vez por ser aparentemente el más progresista de los dos (lo cual se manifestaba en el acelerado desarrollo de las empresas e instituciones públicas en el programa de dicho Partido, durante las administraciones de Figueres, Orlich y Oduber); y posteriormente por la opción Social Cristiana (o ‘Calderonista’) que reaparece con la candidatura del liberal José Joaquín Trejos Fernández.
Aquella masa amorfa de trabajadores a los que se les había cercenado su derecho a sindicalizarse, que nunca, durante más de 50 años participó en una huelga o firmó un convenio colectivo, en el plano de la política nacional aportó la materia prima de ese electorado costarricense mayoritario que conocemos, propio de la época del Bipartidismo, que no se expresa, que no protagoniza un rol propio en la esfera de lo público; que entonces oscilaba mecánicamente cada cuatro años, contribuyendo involuntariamente a conformar la elogiada “alternabilidad en el poder” que caracterizó un tiempo a la Democracia costarricense, según algunos panegiristas.
Si aquellos trabajadores, herederos de una honrosa tradición de lucha, no hubieran sido acosados durante tres generaciones hasta obligarlos a renegar de los derechos a la sindicalización y a la huelga (que eran y siguen siendo sus derechos legítimos); si no se les hubiera limitado su opción de voto durante 25 años; si no les hubieran llenado la mente de odios y temores, muy probablemente el panorama nacional de partidos, diputaciones y gobiernos hubiera sido muy diferente de lo que ha sido.
Al repasar el devenir político de ese período nos parece inexplicable, irrazonable que el electorado costarricense, formado mayoritariamente por las clases pobres, a partir de la Administración Monge Alvarez y hasta la fecha haya votado siempre por candidatos neoliberales que, usando alternativamente distintas etiquetas, siempre lo han defraudado; hasta que al fin entendimos que durante ese largo período, los pobres del campo y de las ciudades han sido adiestrados para optar por lo irrazonable.
El grupo de intelectuales que fundó en 1940 el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales: Rodrigo y Gonzalo Facio, Fernando Fournier, Carlos Monge, Isaac Felipe Azofeifa, Daniel Oduber, Jorge Rossi, Alberto Cañas y otros constituyó, junto con estudiosos como Emilio Valverde Vega y Alberto Martén, la base teórico-ideológica en que se fundó José Figueres y el Partido Liberación Nacional para consolidar los fundamentos normativos e institucionales del Estado Social de Derecho en Costa Rica, apoyándose para ello en los valiosos aportes de don Alfredo González Flores (Banco Nacional), de don Ricardo Jiménez (Instituto Nacional de Seguros) y de Rafael Angel Calderón Guardia (Universidad de Costa Rica, Caja Costarricense de Seguro Social), en asocio con Monseñor Sanabria y Manuel Mora (Garantías Sociales, Código de Trabajo); para no hablar de la precursora Fábrica Nacional de Licores, fundada por Juanito Mora en 1853. Entre todas estas instituciones destaca la Caja Costarricense de Seguro Social que en 1973, en la última administración de don Pepe Figueres, llegó a la universalización de sus servicios en beneficio de los más necesitados, y a mantener un ritmo creciente de expansión de sus servicios que sólo se detuvo por obra de los presidentes neoliberales a partir de Oscar Arias.
Aquel nuevo modelo del Wellfare State estaba constituido institucionalmente por la Banca nacionalizada (cinco bancos) y otras muchas instituciones y empresas de propiedad del Estado que cubrían una amplia gama de bienes y servicios: además de la Caja, el INS y FANAL ya mencionadas, estaban el ICE, CODESA, Acueductos y Alcantarillado, el Consejo Nacional de Producción, Fertica, Alcorsa, Cempasa, Incofer, Recope y otras. Era el Estado Empresario y Paternalista que permitió el protagonismo político y económico de las capas medias y el acceso general a los servicios públicos, pero continuó durante decenios alentando la persecución sindical y la neutralización ideológica y política de la clase trabajadora.
Modelo que a la larga mostró grandes deficiencias, no por aquello de que “el Estado es el problema” como decía el loro de Reagan siguiendo los dogmas neoliberales, sino porque la corrupción del poder y el burocratismo invadieron el Bipartido que acaparó el poder; y porque, por miedo al viejo fantasma del Comunismo, el proyecto nunca incorporó activamente a la clase trabajadora del sector privado, cuya productividad se mantuvo constantemente a la baja.
Al iniciar los años 80s tocaron a la puerta de los países del Tercer Mundo los filántropos del FMI y el Banco Mundial, dispuestos a salvarnos si adoptábamos sus Planes de Ajuste Estructural. En primera estancia salieron expulsados de Costa Rica por el Presidente Rodrigo Carazo, Presidente de la Dignidad, cuyo gesto le costó al País la revancha imperialista de una severa crisis económica, y a Carazo le costó la pulverización de su carrera política.
Pero Carazo tenía razón: los planes de ajuste estructural y luego los TLC con Estados Unidos no nos ahorraron las crisis económicas ni nos libraron de la deuda, que continuó creciendo, ni contribuyeron a sacar a los trabajadores del umbral de la pobreza; sólo sirvieron para engordar los bolsillos de las oligarquías nacionales y transnacionales y aumentar la dependencia de nuestros países.
El ajuste estructural del Estado costarricense empezó con Luis Alberto Monge (que pasó de joven sindicalista a viejo neoliberal) y siguió avanzando a ritmos variados con todos los demás presidentes que hemos tenido, hasta la fecha.
En el camino recorrido desde entonces, hemos visto el constante acoso y el paulatino desmantelamiento de nuestro Estado Social de Derecho: apertura del servicio bancario y cierre del Anglo y del Crédito Agrícola; las ventas de Fertica y Cempasa: empresas pujantes; la apertura de los seguros y la privatización del INS; apertura de la educación superior y acoso de las universidades públicas; el cierre de Incofer; apertura de la telefonía celular y acoso y desfinanciamiento del Ice; desfinanciamiento de la Caja y fuerte favorecimiento de los hospitales privados, que en pocos años se hicieron gigantescos; etc.
En particular, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Costarricense de Electricidad son sendos ejemplos, paradigmáticos de instituciones poderosas que fueron expresamente debilitadas y desmanteladas por Gobiernos y juntas directivas en los que predominaba el propósito final de suprimirlas, suplantando sus servicios por los de la empresa privada.
Por su parte, el TLC con los Estados Unidos significó, entre muchos otros inconvenientes, la perdida de la ‘soberanía jurisdiccional’ de los Estados Centroamericanos y la República Dominicana. Me explico: desde hacía más de un siglo nuestra Constitución (como todas las de Latinoamérica) disponía que los inversionistas extranjeros debían ventilar sus diferencias patrimoniales ante los jueces del País; ahora, por disposición del TLC, esos inversionistas pueden demandar al Estado ante paneles arbitrales internacionales; lo cual, de hecho, ha significado una inicua sangría en la económica de nuestros países y un grave debilitamiento para los Estados afectados.
Como quiera que sea, es notorio que el ajuste estructural que las citadas agencias financieras internacionales pretendieron empezar a implementar en Costa Rica durante la Administración Carazo, hace más de 40 años, no avanzó con la rapidez esperada por ellos y todavía se encuentra a medias. Eso tuvo que producir, en cierto momento, una reacción de parte de los ‘directores del proyecto’. ¿Qué pasa en Costa Rica? ¿Por qué la vigencia plena del TLC duró más de 4 años en completarse, e incluso estuvo a punto de naufragar, cuando en los demás países suscriptores tardó algo más de un año como promedio? ¿Por qué cada paso adelante del ajuste intentado por cada gobierno de turno en Costa Rica despierta reacciones populares que van desde marchas y bloqueos de carreteras hasta huelgas prolongadas de parte de maestros y escolares, transportistas, empleados públicos, estudiantes y profesores universitarios, etc?
Vino la reacción neoliberal: se tomaron algunas medidas: se endurecieron algunas leyes, se criminalizó la protesta callejera; menudearon las acusaciones, las detenciones y los juicios contra estudiantes y trabajadores. Pero como la cosa seguía, alguien propuso atacar directamente las fuentes de la resistencia, es decir: los empleados públicos, con sus sindicatos y sus fueros; y especialmente los maestros y profesores de escuelas y colegios públicos, así como las universidades públicas y su autonomía jurídica y financiera.
Porque, en efecto, quienes en estos tiempos neoliberales han defendido eficazmente a las instituciones autónomas no fueron sus juntas directivas; han sido los sindicatos del sector público, los estudiantes y profesores y sectores de población que responden al llamado de los partidos de izquierda.
Entonces pareció necesario que los gobiernos respondieran destruyendo aquellos focos de resistencia con sendas medidas puntuales, y las respuestas puntuales han aparecido en los dos últimos Gobiernos.
Porque, en efecto, podemos ver que, invocando maliciosamente una gravísima crisis fiscal, a partir del 2018 durante el Gobierno Alvarado se aprueban leyes dirigidas a centralizar poder en el Ejecutivo, y a debilitar instituciones como los órganos judiciales y las universidades públicas; a socavar los sindicatos públicos, derogar las convenciones colectivas, reformar las leyes laborales y desvirtuar la huelga como arma de lucha de los trabajadores.
Y respecto al Gobierno Chaves Robles, aunque apenas comienza, ya mostró el Presidente su talante autoritario frente al Poder Judicial, así como sus intenciones con respecto al FEES y al Banco de Costa Rica, lo que parece un claro indicio de continuidad de la línea seguida por el Gobierno anterior.
También se ha rebelado necesario en la política de ajuste estructural poner al servicio de la causa o, en todo caso, neutralizar toda instancia institucional de control jurídico que pudiera poner reparos; lo cual ya había sido advertido por las cúpulas políticas con respecto al Poder Judicial desde hace ya algunas décadas. De ello me ocuparé seguidamente.
3.- La función de garantía del Poder Judicial
Lo que hemos dicho de la situación del País en el Siglo XIX: su bajo nivel de educación en general; y lo que hemos dicho en particular de la Universidad de Santo Tomás en materia jurídica, ayuda a entender los problemas de la Justicia causados básicamente por la inopia de jueces y abogados y su deficiente formación.
Esto se refleja fuertemente en el diseño y la redacción de las Constituciones y la organización de la Justicia, generalmente adaptados o copiados de manera más o menos literal de modelos extranjeros. Así, a la pregunta que más nos interesa:
¿quién nombra a los jueces, conjueces o magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Las respuestas en Costa Rica oscilaron entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero, en todo caso, la solución que prevaleció y se mantiene hasta la fecha es básicamente la que ofrece la Constitución de 1859 en su artículo 69, inciso 3º:
“…Artículo 69.-Ambas Cámaras se reunirán en Congreso presidido por el Presidente de la de Senadores, para ejercer las atribuciones siguientes:
1ª.- (…)
2ª.- (…)
3ª.-Nombrar los Magistrados de la Cortes Suprema de Justicia y los Conjueces de que habla el artículo 132, sección 2ª, título 9º de esta Constitución: recibir a aquellos y al Presidente de la República el juramento constitucional: admitir o no las renuncias de todos los individuos de los Supremos Poderes; y resolver las dudas que ocurran en el caso de incapacidad física o moral del Presidente de la República, declarando si debe o no procederse a nueva elección…”
Con algunas variaciones, esa fórmula fue reproducida en la Constitución de 1871.
Ahora bien, en la época en que vivimos, en razón de los avances de la teoría política y la doctrina constitucionalista, sabemos que poner el destino de los llamados a juzgar en manos de los que serían juzgados por ellos es UNA PÉSIMA SOLUCIÓN; pero nuestros tatarabuelos no se percataron, debido a su impreparación jurídica y al atraso general de la doctrina de la época en materia constitucional.
Sin embargo, muchas concepciones jurídicas operantes en ese mismo tiempo, como el trato vejatorio dado a los llamados “hijos naturales”, la prisión por deudas, los delitos de adulterio y de sodomía, las penas de mutilación corporal, etc., ahora son rechazadas por bárbaras o simplemente anticuadas y fueron derogadas de todos los códigos civilizados.
¿Por qué sigue vigente entre nosotros aquella antigualla del nombramiento de los magistrados por parte del cuerpo legislativo, que quedó consagrada en el artículo 158 de la Constitución ( que dice literalmente:
“…ARTÍCULO 158.-Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por un período de ocho años y por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. En el desempeño de sus funciones, deberán actuar con eficiencia y se considerarán reelegidos para períodos iguales, salvo que en votación no menor de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario. Las vacantes serán llenadas para períodos completos de ocho años…”)?
Porque creó redes de poder institucional a las cuales sus titulares (aparentes y ocultos) están fuertemente apegados.
Este sistema de nombramiento de los magistrados de la Corte había sido denunciado en 1907 por don Antonio Zambrana, jurisconsulto cubano que ejerció una benéfica influencia sobre la flamante intelectualidad costarricense de fines del siglo XIX y comienzos del XX.
Apuntaba certeramente Zambrana que dicha forma de nombramiento introduciría la política en la administración de la Justicia; y muchas pruebas elocuentes de ello fueron aportadas por varios diputados procedentes de distintos partidos, en los debates de la Asamblea Constituyente de 1949.
Leyendo las actas respectivas se comprueba que todos los diputados que intervinieron en la polémica alrededor de la propuesta de la Fracción Social-Demócrata, estaban de acuerdo en que el sistema de nombramientos por parte de la Asamblea Legislativa había dado pésimos resultados en lo que iba del siglo; que durante la vigencia de dicho sistema se habían registrado abusos y humillaciones contra magistrados que habían sido intachables, como don Alfonso Barrantes, el presidente don Luis Dávila y otros.
Sin embargo, no hubo acuerdo en la Constituyente sobre los cambios a implementar, y al final ocurrió lo increíble: quedó aprobada una versión del viejo e impresentable sistema de las Constituciones del 59 y del 71, que todos criticaron y nadie defendía.
Así las cosas, después del 49 los gobiernos liberacionistas ejercieron por mucho tiempo un discreto dominio sobre la Corte Suprema, que se notaba sobre todo en los mayoritarios rechazos de los recursos de Hábeas Corpus y de Inconstitucionalidad, y en un crecimiento de la impunidad en delitos de cuello blanco.
Una sana reacción de la Justicia contra la impunidad no provino entonces de la Corte, sino de los fiscales y jueces garantistas de primera instancia y de apelación, a través de un proceso gradual:
Figueres Ferrer y Oduber, con claros episodios de corrupción, nunca fueron molestados; Monge fue procesado y absuelto al final; no así su Secretaria, que resultó condenada. Poco después los nuevos jueces, fiscales y defensores hicieron el cambio a partir del cual muchos de aquellos delitos de cuello blanco fueron condenados; dos expresidentes fueron a la cárcel y un tercero se alejó preventivamente del País. En esa etapa nuestros jóvenes garantistas emularon a los magistrati italianos de la llamada ‘Operación Manos Limpias’, que a fines del Siglo XX escribieron una página gloriosa en la historia judicial del Mundo.
Entre tanto, la corrupción política había penetrado de nuevo por aquella brecha que ofrecía el nombramiento/enganche de los magistrados por parte de los políticos, lo cual quedó claro en el conocido affaire de la reelección presidencial, así como en la promulgación del TLC y sus leyes complementarias. Y después vinieron otros casos que todos recordamos, y que nos han permitido comprobar que el blanco preferente de los ataques ha sido la Sala Penal y la Sala Constitucional, pero que la Corte entera se encuentra en asedio.
Por esa razón está creciendo en el seno de la Judicatura toda, la exigencia de un cambio radical en la estructura de la Institución Judicial, que aleje de sus mandos todo tutelaje proveniente de las cúpulas políticas y de los poderes de facto. Es preciso que la Corte misma, y la propia Asamblea Legislativa, reaccionen en esa dirección, aunque ello signifique renunciar a prácticas de poder que halagan vanidades personales, pero que son fatales para la institucionalidad del País. La majestad de la Justicia debe ser restaurada por el camino de la independencia y la dignidad de sus sacerdotes.
Aunque está en sus inicios, el actual Gobierno muestra respecto del anterior una continuidad que nos permite percibir, por encima de ambos, la intensificación de la conducción superior del Fondo Monetario y del Banco Mundial, dispuestos a acabar con las resistencias locales (sindicatos, universidades públicas, partidos de izquierda) que estorban y retardan precisamente el proceso de ‘ajuste final’ del Plan de Ajuste Estructural.
Y al cabo da uno en pensar que quizás el Presidente Chaves Robles no ha dejado del todo el Banco Mundial, sino que siente a Costa Rica como un nuevo destino en su carrera proconsular: de ahí su tono, no de un presidente constitucional, sino de un mandarín, habitual quizás durante los años de su mandato asiático. Pero no hay que confundir: Indonesia, hasta hace relativamente poco tiempo, estuvo sometida al dominio plurisecular de una potencia colonial.
Debemos tener fe en las reservas democráticas de nuestro Pueblo, que no sin sacrificio conseguirá finalmente sacudirse las rémoras del fanatismo y la irracionalidad que acechan desde las tiendas de algunas organizaciones advenedizas. La movilización de la clase trabajadora que crece y se integra bajo renovadas agrupaciones sindicales, y la conciencia de los alumnos y los profesores de nuestra Alma Mater y otras universidades y corporaciones cívicas, feministas, indígenas, deben constituirse en la alternativa humanista y democrática contra los abanderados del ‘ajuste’ que, agitando las sinrazones financieras de la oligarquía transnacional, pretenden reducir y vanificar el Estado Social y Constitucional de Derecho, transformando la comunidad ciudadana en un puñado de “recursos humanos”, y en mercancía el sagrado territorio.
Esto es un llamado a renovarnos, agruparnos y luchar. Otro mundo es posible.
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