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¿CONVIVIR O ESTAR JUNTOS?

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Recientemente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en conjunto con la escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica presentaron los resultados de una encuesta denominada “Construyendo una ruta común hacia el 2030” en la que se arrojaron resultados interesantes sobre la visión país que tienen las personas consultadas.

Llama la atención la permanencia de núcleos duros de opinión sobre la discriminación subjetivamente experimentada.

La persistencia de estas prácticas entre la población costarricense continúa representando enormes desafíos para la base de una colectividad que, ya lo hemos dicho en otros momentos, debe construir nuevas formas de contrato social para poder enrumbarse hacia el futuro.

Resaltan por ello, dos aspectos de los resultados compartidos: el conjunto de discriminaciones experimentadas en razón de ciertas características como la edad y la condición social, entre otros, así como la persistencia de las ideas sobre las personas extranjeras en tanto “otros sociales”, a los que se les reconoce su aporte a la sociedad costarricense pero se les sigue “manteniendo” con cierta distancia social y cultural.

En el primer caso, la discriminación experimentada evidencia una frágil construcción de mínimos en los reconocimientos socioeconómicos, generacionales y de género. Así lo evidencian 6 de cada 10 personas consultadas por el estudio.

En estas condiciones, no es difícil imaginarse un escenario donde la convivencia sea tranzada, negociada, por un conjunto de presupuestos que colocan al otro en una situación de inferioridad. En un escenario de esta magnitud, estar juntos no necesariamente implica convivir y esto se traduce en una serie de dificultades y bloqueos para establecer acuerdos mínimos en una experiencia colectiva que hace mucho dejó de serlo, para presentarse como una visión atomizada y fracturada, repleta de fraccionamientos sociales.

En el segundo caso, la continuación de discursos de discriminación hacia ciertas poblaciones como las migrantes, revela una tarea todavía inconclusa en materia de respeto hacia la condición de nacionalidad.

Así, más de la mitad de las personas consultadas indicaron que en Costa Rica se vuelve difícil vivir si se es nicaragüense, condición que se comparte con las poblaciones indígenas. Ambos grupos fueron superados ampliamente por las poblaciones con alguna discapacidad, para las cuales se les dificulta vivir en un país como este.

En cualquiera de los tres casos, la dificultad expresa una permanente fractura hacia las poblaciones que no representan esa identidad homogénea y anquilosada que se dibuja bajo la noción de Costa Rica.

En una aparente transición hacia un nuevo estado de procesos sociales y culturales producto de la crisis civilizatoria experimentada distante los últimos dos años, un enorme desafío para trabajar en la convivencia se impone en Costa Rica.

 No lo resuelve la dimensión política porque es del orden de lo sociocultural y solo con un trabajo de contenidos comunitarios y educativos estaremos listos para dar el paso entre la aparente estancia de estar juntos a convivir, reconociéndonos en nuestras diferencias. Esa es la tarea.

Imagen: https://www.france24.com

Nuestro desarrollo debe apostar por la sostenibilidad ambiental

Luis Fernando Astorga Gatjens

Costa Rica es un país privilegiado por la enorme riqueza en recursos naturales que alberga en su territorio. El nuestro es uno de los 20 países con mayor biodiversidad del planeta. Contamos con una enorme pluralidad de vida silvestre, como consecuencia –en gran medida—de la posición geográfica entre las dos masas continentales de América del Norte y Sudamérica, el clima neotropical y la amplia variedad de hábitats.

Esta situación nos ha generado una serie de ventajas en la producción agrícola (venida a menos, en los últimos tiempos, por el limitado o nulo apoyo gubernamental a los agricultores) y en el desarrollo del turismo (principal fuente de nuestras divisas). Año tras año miles de turistas de distintos países del globo, son atraídos por nuestros volcanes, montañas, playas y, en general, por todas las bellezas escénicas, pero también por la estabilidad política del país.

Toda esta riqueza natural coloca a Costa Rica en condiciones para impulsar su desarrollo, presente y futuro, centrado en un triángulo armonioso que debe conjugar: Crecimiento económico, justicia y equidad social, y sostenibilidad ambiental. Desfortunadamente, la equidad social se ha venido debilitando hasta el punto de derivar en convertirnos en el octavo país más desigual del mundo (dicho por el Banco Mundial) y en materia ambiental, en varios aspectos, el país se muestra más como “candil en la calle y oscuridad en la casa”.

Dos ejemplos concretos de esa debilidad en la atención de los desafíos en materia ambiental, lo constituyen el desastre ecológico de la explotación descontrolada en “Crucitas” de Cutrís de San Carlos, y la polución de importantes ríos; entre los que se destaca la grave contanimación del Río Virilla, catalogado como el más contaminado de la región centroamericana.

Es dentro de tal contexto que hay que colocar la explotación de la minería en el país. Valga indicar que con respecto al petróleo no se tiene completa certeza si hay suficiente volumen para determinar si vale la pena su  eventual explotación. Lo que se tiene claro, hasta el presente, es que Costa Rica presenta potencialidad pero eso no se traduce automáticamente en existencia suficiente para su extracción comercial. Asimismo es muy necesario valorar el negativo e inevitable impacto ambiental que generaría la explotación del petróleo en nuestro pequeño territorio. En una época en que cada vez más países se inclinan por obtener le energía en proyectos ambientalmente limpios (producción hidroeléctrica, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), el país debe afirmarse en una matriz de desarrollo, en la cual la protección y conservación ambiental debe ser una prioridad, asegurando la utilización de energías limpias; campo en el que se ha acumulado una valiosa experiencia.

Hace 18 años, en el gobierno del Presidente Abel Pacheco se impulsó un acertado decreto que impide la exploración y explotación petrolera hasta el año 2050. Sin embargo, tal decreto presidencial puede ser revocado por cualquier mandatario. De ahí la importancia de que se apruebe una ley que de mayores garantías a la veda de explotación del hidrocarburo.

Para resolver tal escollo, se presentó un proyecto de ley (expediente número 20.641), que no contó con el respaldo necesario en la Asamblea Legislativa. La iniciativa ha buscado avanzar en la eliminación del uso de los combustibles fósiles y en la declaratoria del territorio nacional libre de exploración y explotación de petróleo y gas. Tal proyecto recibió el apoyo de un grupo de 150 organizaciones no gubernamentales y empresas, que han constituído el Movimiento Costa Rica Libre de Perforación, con la que el país se podría convertir en un referente mundial en este ámbito.

Sin embargo, esta propuesta de ley tiene detractores en el Parlamento que se oponen a ella, obnubilados ante el llamado “oro negro”. Ésto se reflejó en días recientes cuando al proyecto mencionado se le venció el plazo para ser tramitado, ya que solo 26 diputados se manifestaron a favor de extender el plazo cuatrianual del proyecto legislativo. Esta situación obliga al impulso de un nuevo proyecto, que asegure la meta de convertir a Costa Rica en un país en que no haya posibilidades de explotación petrolera. La lucha debe seguir porque se trata de un componente fundamental de nuestra propuesta de desarrollo social y ambientalmente sostenible.

Otro lunar en el ámbito ambiental lo ha constituído la autorización que se dio en el pasado a la minería a cielo abierto en “Crucitas”. Hace díez años, en forma acertada, se revocó la autorización a la minera canadiense Infinito Gold Ltd. Sin embargo, lo que vino después de tan acertada revocatoria fueron una serie de acciones de extracción ilegal del oro, por parte de coligalleros, con subsecuentes daños ambientales. El uso del mercurio ya deja secuelas graves en el proceso extractivo.

Se ha denunciado con insistencia que alrededor de la explotación del oro en “Crucitas”, existe una “mafia” que explota a coligalleros de Nicaragua y Costa Rica que reciben una limitada remuneración por el peligroso trabajo que realizan, exponiéndose a sustancias químicas peligrosas. El grave problema de esta zona es que existen muy pocas oportunidades laborales; lo que empuja a muchos trabajadores a exponerse a estos riesgos y caer en las garras avariciosas de esta “mafia”. Una responsabilidad directa en que se esté dando este tipo de extracción ilegal y descontrolada, la tiene el Gobierno que no ha sido capaz de contener y revertir la situación.

La historia de “Crucitas” debe y puede ser cambiada a partir de una decisión política que junte positivamente el esfuerzo por seguir impulsando nuestro Estado Social de Derecho con la explotación controlada del oro en esa región sancarleña. Se requiere que se dé un claro compromiso del gobierno que iniciará funciones el próximo 8 de mayo, para que en este ámbito seamos también referente internacional y no motivo de vergüenza ecológica.

Aquí quiero resaltar la excelente iniciativa del destacado activista ambiental, Freddy Pacheco que se orienta a asegurar recursos de la explotación ambientalmente controlada del oro de “Crucitas” en inversión en atención y salud de las personas mayores del país. Como bien lo indicó el biólogo Pacheco al “Semanario Universidad”: “En un área menor al Parque Metropolitano de La Sabana, tenemos un yacimiento de oro que, según los estudios de la empresa extranjera que lo iba a explotar, puede producir más unos US$133 millones anuales (cerca de ¢82.000 millones) por al menos una década. Cifra real, no especulativa, sustentada en la producción anual de 70.000 onzas de oro en lingotes. Parece un sueño, pero no lo es, y por eso hubo empresas extranjeras que buscaron realizar esa explotación en, por supuesto, beneficio propio”. Una iniciativa como ésta favorecería a coligalleros autorizados y debidamente supervisados y a las urgidas finanzas de la CCSS para la atención de la población adulta mayor.

Se trata de una excelente iniciativa que debe contar con el entusiasta respaldo de quienes creemos que Costa Rica debe seguir apostando por una propuesta de desarrollo armoniosa en lo económico, social y ambiental.

“¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan?”, se pregunta el Papa Francisco en su Encíclica “Laudato Si”. Y responde: “Lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá”. Tal debe ser la convicción de todos y todas.

Atacar con mentiras a la Caja

Por Luis Paulino Vargas Solís

Y ahora le tocó el turno a la Caja. La entrevista a Elián Villegas, ministro de Hacienda, publicada hoy en La Nación, es una declaratoria de guerra que lanza el gobierno de Carlos Alvarado contra la Caja. Es obvio que el machete está listo para cortar también sus presupuestos.

Afirma Villegas que la Caja es muy gastona, y amenaza los sagrados «equilibrios» fiscales que este gobierno idolatra. Es el mismo ministro que guarda silencio sobre el caudaloso fraude tributario que, por años y años, ha subvertido la sostenibilidad de las finanzas públicas. El mismo que elude afanosamente hacer contribuir a los más ricos, mientras lanza la carga tributaria sobre los pobres y los grupos medios.

Cuánto cinismo y desparpajo. Porque, además, es fácilmente demostrable que, comparativamente hablando, nuestro sistema de salud funciona con costos bajísimos.

Después de leer esa nota infame, hice un ejercicio de búsqueda de información para contar con evidencia que me permitieran confirmarlo. En media hora, recopilé datos de 10 países. Les compartiré aquí solo dos ejemplos ilustrativos:

– En 2019, nuestra esperanza de vida al nacer era de 80,8 años, mucho mejor que los 78,5 años de Estados Unidos. Y, sin embargo, la inversión en salud por habitante en Estados Unidos multiplica por 8,2 veces la nuestra.

– Nuestra esperanza de vida es algo inferior a la de Dinamarca (81,3 años), solo que la inversión en salud por habitante de este país, es 4,84 veces la nuestra.

(Con base en datos del PIB según “paridad del poder adquisitivo”, o sea, corrigiendo las diferencias en los niveles de precios).

La Nación, Villegas y Carlos Alvarado mienten: nuestro sistema de salud es ejemplar, por sus logros y por el bajo costo al que esos logros se alcanzan.

El Cóndor Boliviano Vuela Alto

Lic. José A. Amesty R.

09-diciembre-2021

A más de un año de haberse recuperado la democracia en Bolivia, en manos del presidente Luis Arce y su vicepresidente David Choquehuanca, del partido Movimiento al Socialismo MAS, han conseguido superar la crisis económica.

El crecimiento de la economía alcanzó en los últimos doce meses más del 9%, la reducción del desempleo pasó de 10.5% el 2020 a 6.5% en 2021, la balanza comercial tuvo un superávit de 340 millones de dólares, la inflación está controlada al 3.1%, el tipo de cambio se mantiene estable en 6.96 y las actividades mineras, manufactureras, de construcciones, de servicios y comerciales tuvieron un repunte muy importante; todo esto impulsado por el papel central de las políticas de Estado y del fortalecimiento del mercado interno.

A pesar de la pandemia del Covid-19, enfrentada ésta con planificación asertiva, la vacunación masiva permitió superar el 60% de la población objetivo, el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y la seguridad médica, la provisión de medicamentos, la atención oportuna y las campañas de sanidad social han permitido reducir notablemente los niveles de enfermedad, con los efectos positivos sobre las actividades económicas.

Aun así, continúa la conspiración desestabilizadora de la oposición cívica, política y mediática conservadora; teniendo varios desafíos importantes para profundizar el proceso revolucionario, con la industrialización, la redistribución social de recursos, y la aceleración de la democracia participativa de autodeterminación nacional-popular.

Pero, se revirtió el desastre producido por el Golpe de Estado de noviembre de 2019 y el Gobierno de Facto de Jeanine Añez, apoyado por el imperialismo norteamericano y los gobiernos de Jair Bolsonaro de Brasil y Mauricio Macri de Argentina, que no solamente ejecutaron las masacres de Senkata y Sacaba con más de cuarenta muertos, sino que persiguieron y detuvieron a dirigentes sociales y políticos, realizaron actos de corrupción con la fraudulenta compra de respiradores y fármacos y ejecutaron medidas neoliberales a favor de terratenientes, banqueros y grandes comerciantes.

Todo este panorama lo revela el compañero educador y sociólogo, Eduardo Paz Rada, quien señala además, que los mismos dirigentes que ejecutaron el Golpe de Estado como Carlos Mesa, Fernando Camacho o Jorge Quiroga, los medios de comunicación partidarios de la oposición como UNITEL, Red UNO, CNN, El Deber o Página Siete o la jerarquía de Obispos de la Iglesia Católica, nuevamente están desarrollando una campaña de desestabilización encabezados por el Comité Cívico de Santa Cruz que representa a la oligarquía del oriente boliviano y recibe el apoyo de la estructura conspirativa encabezada por Sánchez Berzaín desde Miami y los grupos paramilitares de la Juventud Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista.

A su vez, el escritor Oscar Rojas Thiele señala que, no hay duda de que una minoría potentada instaura una dictadura en varios ámbitos de la política en Bolivia. Hasta hace unos 16 años y por varios decenios, este grupo acostumbraba ejercer el poder mediante golpes militares, partidos conservadores y modelos administrativos dependientes y privatistas, que dejaron al Estado en ruinas. Para este sector, la consigna y estrategia es aterrorizar y no dejar gobernar.

Por otro lado, ya desde el mes pasado de noviembre, la periodista y psicóloga boliviana Verónica Zapata, informaba que al cumplirse el primer aniversario del gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, el Comité Cívico pro Santa Cruz, liderado por el ultraderechista Rómulo Calvo (aliado del golpista Fernando Camacho) inició un paro indefinido con bloqueos de caminos.

La excusa del paro radica en el rechazo de un paquete de medidas, principalmente la ley 1386 de Legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo. El objetivo es dar otro golpe de estado y/o crear un clima de tal ingobernabilidad que provoque la renuncia de Luis Arce, no sin montarse en las discusiones internas y las fuertes disputas políticas entre las principales figuras políticas del Movimiento Al Socialismo (MAS)-IPSP.

El paro indefinido está encuadrado en una embestida desestabilizadora que se inició con la derrota electoral del MAS durante las elecciones subnacionales de marzo pasado. Allí triunfaron electoralmente varios golpistas, entre ellos el líder Fernando Camacho.

Por su parte, Arce y Choquehuanca junto a la federación Tupak Katari y la organización Bartolina Sisa, anunciaron un cabildo el 14 de noviembre en La Paz en defensa de la democracia. Por su parte, Evo Morales anunció una marcha para el 23 de noviembre desde Oruro, que prevé llegar a La Paz el 29 del mismo mes.

Veamos algunos elementos de la Marcha, según el analista Galo Amusquivar, es necesario analizar la multitudinaria Marcha por la Patria y las demandas que planteó a lo largo de su largo recorrido de 200 kilómetros desde la localidad de Caracollo hacia la ciudad de La Paz.

Esa movilización, además del respeto al 55% de votación que dio como ganador a Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo MAS en las elecciones presidenciales del 2020, también exigió justicia para las víctimas del cruento golpe de Estado del 2019, a la cabeza de Jeanine Añez y sus colaboradores, de los cuales se tiene a unos pocos cumpliendo detenciones preventivas en centros penitenciarios.

Al parecer la Marcha por la Patria tuvo su efecto inmediato, una vez más se demuestra que el poder de movilización social es fundamental para que la justicia cumpla con los tiempos determinados en la norma, y en este sentido podemos decir que La Justicia Tarda, Pero Llega, sobre todo en el caso contra Jeanine Añez.

Ya finalizando, veamos los aportes de las escritoras Camila Vollenweider y Gabriela Montaño, quienes ven en la Marcha por la Patria, los siguientes elementos distintivos:

La Marcha mostró firmeza popular frente al golpismo, la poderosa marcha “del millón” que concluyó en La Paz, gritó colectivamente que el golpismo no va a pasar; que la democracia que se recuperó en las urnas se respeta. Otra demanda concordante hacia los responsables políticos, fue la de justicia y reparación a las víctimas del golpe de Estado.

La marcha mostro unión. La marcha, encabezada desde el inicio por Evo Morales, pero secundada de cerca por Arce y David Choquehuanca, también mostró que las normales diferencias dentro de una gestión de Gobierno, no cuentan cuando las amenazas de desestabilización y golpe se tornan reales.

La Marcha mostró que hubo pluralidad nacional, el componente social de la marcha dijo mucho. No era sólo el MAS, no eran solamente funcionarios del Gobierno enviados a “hacer bulto”, como la oposición quiso instalar: mujeres, hombres, jóvenes y adultos mayores, campesinos, indígenas, comerciantes, productores; muchos organizados, otros no, pero todos estaban allí, sabiendo que volvían a hacer historia.

La Marcha mostró que, si hay líderes en la Revolución Boliviana, la marcha demostró que buena parte del 55 % que apoyó en 2019, respalda a Arce y a Evo. Cada uno de ellos tiene hoy un rol muy diferente al que ejercieron hace unos años, y esta marcha ha demostrado que cada quien ocupa un rol político distinto, pero complementario.

Finalmente, veamos el vuelo rampante de Bolivia, cual cóndor que se perfila hacia un abundante cúmulo de logros.

  • Creación de unos 900.000 puestos de trabajo y logró posicionarse como una de las naciones con mayor crecimiento en América Latina.
  • El gobierno del presidente Arce, destinó 600 millones de dólares a la entrega del Bono Contra el Hambre, que llegó a cuatro millones de personas, quienes recibieron (cada una de ellas), un total de 1.000 pesos bolivianos (150 dólares).
  • Otra medida importante del gobierno revolucionario boliviano, consistió en la otorgación de los créditos Sí Bolivia. A todas las empresas que necesitaban efectivo, el Gobierno les iba a prestar al 0,5%, una tasa sumamente pequeña. La condición era que los beneficiarios de los créditos adquirieran insumos producidos en territorio boliviano.
  • En fin, para el próximo año, se espera que Bolivia crezca un 5,1%. El presupuesto que se ha planteado para 2022, es mucho más ambicioso en términos de crecimiento económico. La inversión pública en 2021, fue de 4.000 millones de dólares. Para 2022, la inversión pública estaría bordeando los 5.000 millones de dólares, lo cual representa un crecimiento del 25%.

Bernardo Ruiz: el primer pódium español del Tour de Francia cumple 97 años

Gabe Abrahams

Bernardo Ruiz Navarrete (1925) es un exciclista nacido en Orihuela, Alicante, que cumplirá 97 años el próximo 8 de enero. Ha pasado a la historia del ciclismo por ser el primer pódium español del Tour de Francia. Ocurrió en el año 1952.

Al finalizar la Guerra Civil Española (1936-1939), Bernardo Ruiz se dedicó a la venta de cereales. Siendo muy joven, Ruiz recorría 40 kilómetros diarios en bicicleta con una gran carga de cereales encima para luego venderlos en los mercados. Hay quien piensa que el futuro pódium del Tour de Francia se forjó en aquellos días.

Y es que la postguerra fue un tiempo de miseria y hambre, de necesidades, pero también de héroes que se sobrepusieron con voluntad y sacrificio a esas situaciones, alcanzando después grandes logros en diferentes campos. Ruiz fue uno de ellos.

Ciclista profesional desde 1945, entre ese año y 1958, Bernardo Ruiz fue tres veces Campeón de España en ruta (1946, 1948, 1951).

En 1948, año en el que consiguió su segundo título de Campeón de España en ruta, Ruiz además se impuso en la Vuelta a España, ganando en la misma edición la clasificación de la montaña y diversas etapas como la Granada-Murcia, la San Sebastián-Bilbao o la Segovia-Madrid.

Ya en 1952, Ruiz consiguió su mayor gesta deportiva al subir al pódium final del Tour de Francia. Noveno clasificado en el Tour de 1951, Ruiz terminó tercero. Se convirtió en el primer ciclista español en conseguirlo. La edición del Tour de aquel lejano 1952 tuvo como vencedor al italiano Fausto Coppi.

Además de esos logros, Bernardo Ruiz alcanzó a lo largo de su carrera deportiva diferentes triunfos de etapa en las tres Grandes Vueltas ciclistas. Eso le supuso también ser el primer ciclista español en ganar una etapa en el Giro de Italia.

Fuera de las Grandes Vueltas, Ruiz se alzó con otras victorias en pruebas por etapas más cortas como la Volta a Catalunya (1945), la Vuelta a Burgos (1947), la desaparecida Vuelta a Castilla (1951), entre otras.

En 1958, Bernardo Ruiz se retiró como ciclista profesional, tras vencer en el Campeonato de España de Montaña en ruta, pasando a ejercer de director deportivo. En 1961, su pupilo Angelino Soler ganó la Vuelta a España. Otro logro destacado.

Al poco tiempo de ese último éxito, el primer ciclista español que subió al pódium del Tour de Francia decidió poner punto final a su carrera deportiva dentro del ciclismo profesional y regresó a su pueblo natal, Orihuela. Detrás dejaba una estela de triunfos, los cuales probablemente se fraguaron en los días difíciles de la postguerra cuando siendo muy joven se veía obligado a recorrer 40 km diarios con grandes cargas para vender cereales y subsistir.

De regreso a su pueblo, Bernardo Ruiz abrió un establecimiento de venta de motos y bicicletas, como no podía ser de otra forma. Duró muchos años.

El próximo 8 de enero, Bernardo Ruiz cumplirá 97 años. Es justo recordarlo.

Polarización social y democracia

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

La política e ideología del miedo, como estrategia propagandística, ha marcado la vida política costarricense, en lo que va del Siglo XXI. Esto ha conducido a una mayor polarización social y ha minado, en buena medida, la participación ciudadana creativa y proactiva para profundizar una democracia social y económica.

En el contexto de la aprobación del Tratado de libre Comercio con Estados Unidos, el Partido Liberación Nacional (PLN) puso a jugar todas sus cartas a la aprobación de este Tratado, y ante el avance mayoritario del NO a TLC, el miedo fue el arma más poderosa y efectiva para revertir esa tendencia. Rondaba el fantasma del “Combo ICE” que condujo al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) a convertirse en un partido minoritario. Se jugaba, en esa coyuntura, el futuro del PLN. En definitiva, fue la estrategia del miedo la que propició el triunfo del Sí al TLC y también del PLN en la contienda electoral de entonces. Se profundizaba, de esta manera, la polarización social y se producía un efecto de inercia y paralización para relanzar el país hacia niveles superiores de desarrollo humano, pues se apostaba a un futuro paradisiaco con la firma del Tratado.

El politólogo Rodrigo Madrigal, refiriéndose al debate sobre el TLC destacaba que la confrontación había alcanzado niveles solo comparables con el conflicto armado de 1948: “[…] la intoxicación saturada de fanatismo y satanización, así como la manipulación que atiza las fobias, las filias y las pasiones más primitivas es un clima de pan y circo, donde las promesas se disipan como los espejismos del desierto. Los alambiques que, en lugar de ideas, solo destilan odio, miedo y veneno, están provocando la confrontación más grave desde 1948”.

En la campaña electoral del 2014, cuando las encuestas ubicaban al candidato José María Villalta a la cabeza de las preferencias de los votantes, se orquestó una intensa campaña por parte de los medios de comunicación, particularmente el periódico La Nación, utilizando la misma estrategia del “Memorando del Miedo”; a saber, la amenaza que representaba su candidatura para la democracia costarricense por, supuestamente, ser un candidato propulsor de las ideas del chavismo venezolano. Nuevamente, la estrategia del miedo continuaba polarizando a la sociedad y cerrando las posibilidades para unir voluntades que propiciaran un cambio sustantivo, y garantizar mejores condiciones de vida, en un país que ya se había convertido en uno de los más desiguales del mundo.

En la campaña del 2018, la polarización social asumió dimensiones religiosas. Se tocaron las fibras culturales más sensibles de la religiosidad popular, tanto católicas como evangélicas, lo que condujo a intensificar la violencia simbólica y política. Se dio una confrontación inédita, que hoy debe llamarnos a una reflexión mesurada, toda vez que herir las sensibilidades religiosas no es compatible con un proyecto de democracia inclusiva. Un llamado de atención también para evitar los sesgos confesionales de los partidos políticos, atendiendo al precepto constitucional.

En la coyuntura actual, siguiendo malos ejemplos de quienes levantan muros, se ha propiciado un enfrentamiento entre el sector público y el privado, aduciendo privilegios del primero a costas del segundo. Una estrategia para impulsar medidas fiscalistas que deterioran las condiciones salariales y laborales tanto del sector público como del privado. Más confrontación y polarización social y menos democracia solidaria.

Efectivamente, hoy asistimos a una profundización de esta polarización, propiciada por un cogobierno de rostro autoritario al servicio de las minorías enriquecidas, sin parangón en la historia política de las últimas cuatro décadas. El PAC y sus aliados del PLN, PUSC y Partidos religiosos Nueva República (PNR) y Restauración Nacional (PRN) han venido impulsando y aprobando leyes antidemocráticas como la que regula las huelgas en el sector público, el plan fiscal con un IVA que golpea a la pequeña y mediana empresa, con impuestos a la canasta básica que empobrece aún más a los sectores populares, congelamiento de aumentos salariales y reducción de pensiones que precarizan a la clase media, una regla fiscal que desmantela la institucionalidad social, una ley de empleo público que propicia una política de salarios decrecientes y atenta contra el régimen republicano de división de poderes, etc.

Mientras tanto, su generosidad con las grandes empresas y el sector financiero rebasa la copa; se les trata con mano de seda en materia de impuestos a sus ganancias reales, y hasta se les condonan deudas millonarias. Efectivamente, más allá de los sonados casos de corrupción recientes, asistimos a un fenómeno que se ha venido institucionalizando, es decir, legitimando, con la complacencia, en alguna medida, de los poderes del Estado. Estamos a las puertas de un Estado fallido que hay que rescatar. Así las cosas, las amenazas a la democracia al estilo costarricense ya no provienen de afuera, como pretendía argumentar la estrategia del miedo, sino de adentro: “demócratas sin democracia” (Roitman).

El gran desafío a que nos enfrentamos, si queremos profundizar una democracia que impulse un sistema económico al servicio de la solidaridad, la equidad y la sostenibilidad, es superar, de una vez por todas, esta política e ideología del miedo que levanta muros, propicia el conflicto y la violencia social y, sobre todo, paraliza los esfuerzos creativos y dialogales, que cohesionan a la sociedad, tan necesarios en tiempos críticos de pandemia y de profundas desigualdades.

Transitemos, sin dilación, de la polarización a la democracia de la solidaridad y la equidad. Que la ciudadanía y las nuevas fuerzas políticas dejen atrás la política e ideología del miedo y se apresten a concitar el espíritu de concordia que anida en los costarricenses, para fraguar un auténtico proyecto político al servicio del bien común.

La tregua electoral que se avecina no limita la libertad de expresión y opinión de los candidatos

Vladimir de la Cruz

En una semana prácticamente estaremos entrando, en el período electoral de la llamada Tregua Navideña, o del receso propagandístico, período que se prolonga hasta el domingo 2 de enero, en el cual ninguno de los partidos políticos puede pautar propaganda política electoral, de ningún tipo, en ningún medio de los autorizados ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

Esto ha sido así desde hace varios procesos electorales. La finalidad es que no se usen los días de Navidad, especialmente, en este sentido, y darle a los ciudadanos y las familias un descanso propagandístico ante el inminente proceso electoral. Es igual a la tregua y prohibición propagandística que se realiza en los últimos tres días antes de la elección del primer domingo de febrero. Este descanso propagandístico es con la finalidad de que en esos tres días se permita a los electores, y sus familias, tomar la decisión de su elección de candidato y partido, de la manera más sosegada, serena, tranquila posible, una decisión íntima, sin presiones externas de propaganda, una decisión de conciencia, como debe expresarse ese primer domingo de febrero, pensando y razonando cuál es la mejor opción de candidato presidencial y cuál es la mejor opción de candidatos a a diputados en cada provincia. Incluso en esos tres días antes de la elección es prohibido dar o publicar datos de encuestas.

Durante estos períodos en que se paraliza la propaganda electoral, que es prohibida, no se impide que a los candidatos a la Presidencia, como a las diputaciones, se les pueda invitar a programas de radio, de televisión y de espacios en prensa para hablar con ellos, para discutir con ellos, para analizar sus propuestas, porque la emisión de pensamiento no se puede limitar, ni restringir.

El derecho de pensar, de opinar, de hablar, la libertad de pensamiento, de acuerdo a la Constitución Política, se ejerce las 24 horas, todos los días del año. Esta libertad no se puede restringir ni siquiera en estos períodos electorales. Este es un Derecho que viene desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Revolución Francesa, pronunciada el 26 de agosto de 1789, junto con su homóloga, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, del 5 de setiembre de 1791, menos conocida ésta que la de 1789.

De la Declaración de 1789 transcribo los siguientes artículos:

Art. 1.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común.

Art. 2.- La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

Art. 3.- La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación; ningún individuo, ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella.

Art. 4.- La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley.

Art. 5.- La ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena.

Art. 10.- Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aún por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público establecido por la ley.

Art. 11.- Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.

Art. 15.- La sociedad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su administración.

Art. 16.- Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se publicó en entregas en un periódico de Costa Rica, “El Mentor costarricense”, a partir de julio de 1843. Probablemente por ello en la Constitución de 1844 se consagró el derecho a “la resistencia a la opresión”, que no se mantuvo en el ordenamiento constitucional posterior. Un 26 de agosto de 1940, en recuerdo de aquella fecha de 1789, fue creada la Universidad de Costa Rica por el Dr. Rafael Angel Calderón Guardia.

En la vida institucional de Costa Rica desde antes de que llegara la Imprenta, en 1830, desde los gobiernos del Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, 1824-1833, se estimuló la prensa, primero mural, y luego escrita, enfatizando en la libertad de opinar y de emitir y publicar opiniones y pensamientos. Esto a partir de estos gobiernos se mantuvo como una bandera del desarrollo institucional del país, combatiendo también la censura previa de cualquier publicación.

Desde su creación la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en 1989, reiteradamente ha fallado en esta misma dirección, de que no se puede restringir la emisión de pensamiento ni restringir la opinión de los ciudadanos.

Hasta ahora, en la materia electoral, de la campaña que ya inició hace un mes, no se ha visto casi nada de propaganda impresa en medios de comunicación, por parte de los partidos políticos. Algunas vallas publicitarias han aparecido en las principales carreteras del país destacando las figuras presidenciales, al menos dos, las de Fabricio Alvarado y Eli Feinzag, y en algunos cantones he podido ver vallas de José María Figueres impulsando candidaturas de diputados, junto a su figura. En televisión casi no se sienten, lo mismo que en la radio los candidatos ni sus partidos.

No es lo mismo en redes sociales, donde los grupos pros y contras se mueven ardientemente a favor de los suyos y contra los otros. Aquí sí intervienen las fuerzas ocultas, algunas desarrolladas por los partidos políticos, a modo de troles, de “terroristas” y “francotiradores”, para estar denigrando candidaturas. Al menos en lo que he podido ver hasta ahora se concentran en el ataque a candidatos, no tanto a los partidos.

En este nivel, el electrónico y de redes digitales, que no se mueven directamente bajo la responsabilidad de partidos políticos. Probablemente, en los días de “descanso de diciembre”, como los de los días previos al domingo 6 de febrero, estas redes y sus comunicados no van a descansar, porque sobre ellos no puede intervenir el Tribunal Supremo de Elecciones, por no ser ellos parte participante, como partidos políticos, en el proceso electoral, y por el anonimato con que generalmente actúan, por lo que pueden mantener su divulgación de opiniones.

Las entrevistas a los candidatos es lo que puede programarse, sin atiborrar, para no chocar con la sensibilidad de las fechas navideñas. Para los días del 24, 25 de diciembre, y del 31 y 1 de enero, con esos motivos de Navidad y Año Nuevo, sí se permite un saludo, en todos los medios de comunicación, con ese contenido, a los partidos políticos y a sus candidatos.

Que la campaña electoral hasta hoy esté aparentemente tranquila, no significa que en la laguna de las elecciones, de superficie sin una sola ola, por debajo no se muevan corrientes de agua fuertemente, que haya remolinos que halen a unos y otros, que los revienten contra las orillas, que los hundan y los saquen de la profundidad. La tregua electoral en este sentido no funciona.

Este período para los partidos políticos es como una situación donde los movimientos peristálticos, en este caso políticos, cumplen su función, contracciones y relajaciones, primarias, secundarias o terciarias, de los músculos partidarios, de sus entrañas organizativas. Siguen funcionando por sí, digiriendo “la política”, pasándola por “el tubo digestivo” de los aparatos partidarios, y “vaciándola”, en sus heces políticas, de distintas formas por los aparatos de “evacuación” intestinal de los partidos, que operan de esta forma. Los medios de comunicación electrónica, las páginas y las redes encargadas de estas formas de comunicación nos mantendrán incómodos, hasta donde puedan, tratando de trastornarnos. Todo esto se producirá si hay más señales nerviosas al tronco cerebral de los partidos, y de sus grupos organizados en estas redes, para coordinar e impulsar esos movimientos peristálticos políticos, que es lo se nos viene encima.

En enero no va a suceder así. Veinticinco partidos políticos nacionales, y un promedio de 27, por cada provincia, van a provocar una avalancha de propaganda, quizá como no hemos visto en anteriores elecciones.

Es natural que así vaya a ser. Por eso también no ha habido por ahora gastos importantes en propaganda. En enero los habrá porque será necesaria, por el volumen de propaganda, atontar a los electores, y apagar y aplastar a los opositores, sobre todo porque es necesario para todos los partidos políticos, hacerse sentir, pero especialmente para los que vayan punteando como principales, en las encuestas particularmente, porque el juego principal, para los principales partidos, es ganar en la primera ronda.

El riesgo de una segunda ronda es fatal para cualquier finalista, por el acomodamiento de fuerzas que tiene que hacerse, de suma de las otras fuerzas que electoralmente perdieron, alrededor de esos dos finalistas, y de los mismos electores, que de pronto tendrán que taparse la nariz para votar en la segunda ronda por quien no quisieran votar, sabiendo que es una mejor alternativa. Nadie votará por echar a perder el país una vez más.

Todos tratarán de sacar la mejor alternativa posible, aunque no sea la más agradable, a favor del país, la democracia nacional y el futuro de Costa Rica.

Así estoy viendo este final de año electoral, donde las elecciones todavía no se sienten, o no han calentado. Los misiles y bombas de baja y alta intensidad explotarán en enero.

Espero que estos días y aires de navidad y de fiestas de año nuevo, que ya se metieron en la propaganda comercial, nos ayuden a pensar serenamente el futuro de la Patria que se está jugando. Este podría ser nuestro mejor regalo.

SOY UN PRIVILEGIADO

Adriano Corrales Arias*

A fin de año me jubilo luego de casi treinta años de servicio en la educación superior, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, para ser más exacto, y tres o cuatro años en la primaria y secundaria, además de algunos “camarones” como empleado o trabajador informal. Recibiré de pensión, más o menos, un sesenta por ciento de mi actual salario. De golpe y porrazo abandonaré ese estamento social conocido como “clase media” para engrosar la ancha banda de la pobreza, según el galopante nivel devaluativo de la moneda nacional y el encarecimiento del costo de la vida. Los ahorros y “pluses” salariales de más de treinta años de vida laboral y académica se irán al carajo. Tampoco sirvieron más de veinte años de estudios e investigaciones para obtener un salario digno y acorde con el esfuerzo. Los avances de la contrarreforma neoliberal te desvalorizan como profesional, funcionario público y trabajador intelectual. Pero soy un privilegiado.

Sí, para la oligarquía y la masa intoxicada por el discurso único de los medios desinformativos de aquella, soy un privilegiado pues recibo un “salario de lujo”. La atroz campaña de la contrarreforma ha calado tan hondo que hoy compañeros trabajadores nos destazan en público, sin comprender que, precisamente, los “privilegios” de los cuales gozamos, obedecen a años de luchas, sacrificios personales y colectivos, represiones y conquistas; no han sido regalos de nadie sino conquistas del movimiento social. Desconocen – por ello lo obvian con facilidad – que ellos mismos deben gozar también de esos “privilegios”, mismos que sus patrones les birlan al no reconocerles siquiera el salario mínimo. Dichos “privilegios”, reconocidos en castellano históricamente como derechos y garantías sociales – por los cuales hubo incluso una guerra civil – deberían ser pan de cada día para todos los trabajadores costarricenses; por eso la equiparación debe ser ascendente, no descendente, como propone y ejecuta el gran empresariado, y malinterpretan miles de incautos intoxicados. El borrado lingüístico y semántico, correlativo al de la misma historia, hace que entre nosotros, trabajadores del estado, independientes y de la empresa privada, nos veamos como enemigos, cuando en realidad el verdadero enemigo es la clase social que promueve la nueva manera de leer la legislación y la historia: quienes evaden y eluden impuestos y cargas sociales, legitiman y exportan capitales a paraísos fiscales y explotan mano de obra nacional y migrante sin contemplaciones; léase, la oligarquía nacional y sus socios transnacionales, consorcios y trusts amparados por el FMI, el BM y otras garroteras mancomunadas con los países más poderosos del planeta.

Pero hay otro privilegio, el verdadero: “la suerte” corrida en mi historia de vida. Aludo al hecho de cursar estudios superiores gracias a sendas becas para estudiar en Europa y realizar un posgrado en mi alma mater, la UNA. Todo ello gracias al Estado Social de Derecho, es decir, a las reformas sociales de los años cuarenta, bajo una alianza inédita en el mundo conformada por la iglesia católica, el partido comunista y parte de la rancia oligarquía cafetalera, acuerpada luego por una socialdemocracia aclimatada en el trópico centroamericano. Me explico: si mi infancia y adolescencia fuesen hoy, no podría estudiar. Mi familia era de escasos recursos con doce hijos (todos vivos afortunadamente a la hora de escribir esto) y unos padres trabajadores e incorruptibles: él comerciante, pasando por artesano, agricultor, empleado, funcionario público; ella ama de casa realizando trabajos de toda índole tales como lavado de ropa para la CCSS, entre otros, para aportar a la exigua olla doméstica. En las actuales condiciones jamás podrían haberme enviado, junto a mis otros hermanos, a la escuela pública, luego al Liceo San Carlos y, mucho menos, a la Universidad Nacional. No tendrían recursos para enviarme desde “Villa Quesada” a la meseta central a subsistir con decoro por los alrededores de la “U”. En los gloriosos años setenta pude hacerlo gracias a becas de la Municipalidad de San Carlos, de la misma universidad, la cual me ofreció, además, residencia estudiantil y servicio de comedor, y luego del Ministerio de Relaciones Exteriores a través del convenio educativo/cultural con la antigua URSS. Por eso me considero privilegiado.

Por cierto, la universidad que dejo es otra. A mi ingreso en ella – inicios del año 1992 – era una de las cuatro públicas del país, la cual, a pesar de haber sido creada para fortalecer los procesos de industrialización de la clase dominante nativa con una estructura vertical y cuasi militar (no existían facultades ni escuelas o departamentos, sino “divisiones”), había sido transformada en una universidad democrática, participativa y abierta a la comunidad costarricense con una misión de servicio para el fortalecimiento de la ciencia y la técnica al servicio de la economía nacional, especialmente de los sectores más desprotegidos. Esa metamorfosis se logró gracias a un inédito, combativo y lúcido movimiento estudiantil, cuyas luchas en los años 1981/82 consiguieron flexibilizar aquel cascarón empresarial/tecnocrático. Así, la institución pudo salir de la modorra colonial cartaga creando una Sede Regional en San Carlos, misma por la cual – benditas paradojas de la vida – había luchado en mis años de colegial (fui expulsado del Liceo San Carlos por organizar una marcha solicitando dicha sede para la región norte) y más tarde un Centro Académico en San José. Hoy repito, es otra; la contrarreforma la ha alcanzado y, con aliados internos, ha sufrido un proceso de descapitalización ya no solo material, sino sobre todo cultural e ideológico, sumiéndola en una institución cada vez más vertical, antiacadémica, tecnocrática y aislada del entorno y de los problemas que aquejan a las grandes mayorías. El proceso de cooptación neoliberal y de privatización ha sido intenso y su actividad académica, especialmente en términos de investigación, extensión y acción social, se ha restringido ostensiblemente. Lo peor, todo a ojos vista de una comunidad académica y un movimiento estudiantil sumidos en la anomia, el temor, la dispersión y el confort intramuros, dado que han sido objeto de ese borrado o lavado ideológico, semántico e histórico que produce una tabula rasa en cuanto a nuestras memorias e identidades.

La contrarreforma neoliberal desestructuró el Estado Social de Derecho, con ello la educación pública y la seguridad social, bases de nuestra otrora imperfecta pero robusta democracia. Lo grave: convenció a miles de costarricense que así debe ser, que la privatización es buena, que la ciencia, los saberes y los derechos a la salud pública y al empleo con salarios y garantías dignas como una pensión justa, no son necesarios. La masa se lo tragó. De hecho, quienes más necesitan del Estado Social de Derecho se convirtieron en sus acérrimos enemigos y en militantes contra los trabajadores públicos y los necesarios servicios de un estado que se debe a las personas. ¡Divide y vencerás! Es el mayor triunfo de la contrarreforma: convencer a humildes trabajadores, transmutados en “colaboradores”, de que sus derechos son nocivos porque obedecen a consignas de comunistas y servidores de satán. Para ello movilizaron millones de colones provenientes del mismo estado, ya no solo evadiendo o eludiendo impuestos, máxima sangría del déficit fiscal, sino sirviéndose de figuras corruptas como la deuda política, las compras estatales o la concesión de obra pública. Y siguen engordando a mediocres “profesionales”, vividores o viles predicadores devenidos en “políticos”, a medios corruptos de incomunicación masiva y empresas mal habidas que explotan mano de obra, sobre todo migrante.

Pero los privilegiados somos nosotros, no ellos, nuevos ricos que arrasaron con impunidad uno de los proyectos sociopolíticos más innovadores y eficaces de América Latina y del mundo, construido, como se ha indicado, gracias a un inédito contrato social. ¿Imperfecto?, claro que sí, como toda obra humana, pero perfectible y renovable de acuerdo a los tiempos que corren sin tanto sacrificio social; las bases del estado, a pesar de la galopante corrupción y de la pérdida de soberanía, todavía lucían estables para soportar cambios a favor de las grandes mayorías sin graves convulsiones. Pero la gula de una oligarquía insaciable no lo ha permitido. Lo dicho y lo deplorable: con la venia de una masa domesticada, según aserto de uno de los artífices de la erección de un estado socialista exitoso en medio de dictaduras y de países en cruentas guerras intestinas y bajo la constante amenaza del imperio del norte. Ese enroque ideológico y semántico produce grotescas caricaturas propagandistas afirmando, por ejemplo, que los últimos gobiernos neoliberales son conducidos por socialistas o comunistas. “Miente, miente, miente… que algo queda”.

*Escritor.

Corte Suprema de Justicia promueve consulta facultativa institucional de constitucionalidad sobre denominada Ley Marco de Empleo Público

«PETITORIA

1.- Expresamente solicitamos que la Sala Constitucional haga uso de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y si advierte otro motivo de inconstitucionalidad no invocado y consultado, así lo haga ver en la respectiva resolución. 

2.- Solicitamos se atienda y resuelva la consulta de Constitucionalidad planteada y se proceda a determinar si las normas consultadas y cualquier otra conexa o que la Sala Constitucional determine, resultan conformes al derecho de la Constitución o si por el contrario su contenido y efectos lesionan las competencias constitucionales de la Corte Suprema de Justicia en particular y del Poder Judicial en general, con abierta lesión a la independencia judicial y al régimen de derechos fundamentales de las personas habitantes de la República.  Rogamos hacer el análisis pormenorizado y exhaustivo respecto de todos y cada uno de los indicados puntos de consulta referentes a una eventual afectación a las competencias constitucionales de los órganos de este Poder.   

3.- Solicitamos se declare que las normas objeto de consulta podrían ser contrarias a las competencias exclusivas y excluyentes de la Corte Suprema de Justicia en materia de gobierno del Poder Judicial, en tutela de la independencia e imparcialidad de las personas servidoras judiciales, pudiendo ser el contenido y efectos de la normativa cuestionada incompatible con la independencia judicial».

SURCOS comparte el documento completo de la Consulta facultativa institucional de constitucionalidad sobre denominada Ley Marco de Empleo Público: