Ir al contenido principal

¿La reforma a la reelección de autoridades políticas resolverá el problema?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Cuando se dispuso separar la elección de Alcaldes de la elección nacional, y le siguió la elección de los miembros de los Consejos Municipales y Distritales, en la misma dirección, primero la de Alcaldes en el 2002 y luego los otros puestos concejales, a partir del 2006, haciéndolas el mismo año electoral, pero a finales, en diciembre, luego de la nacional, que se hacía en febrero, hasta que se llegó a separar totalmente el proceso en el 2014, que de manera excepcional, se prolongaron sus mandatos por seis años, hasta el 2020, para regularizar a partir de ese año 2020, períodos nuevamente de cuatro año, acordes con los períodos presidenciales y legislativos, fue para darle mayor importancia a las Municipalidades y sus respectivos cantones. Así cada dos años habrían elecciones, unas nacionales y otras municipales, cada uno de estos procesos electorales para elegir autoridades con mandatos de cuatro años, las municipales con posibilidad de reelección consecutiva. En el 2002, 2006 y en el 2010 el impacto de las elecciones nacionales quedó grabado en los resultados de las elecciones municipales que le siguieron cuando los partidos gobernantes, Unidad Social Cristiana en el 2002, el 2006 y el 2010 obtuvieran la mayoría bastante amplia, sobre los otros partidos, de los alcaldes electos. Empezó a cambiar esta situación en el 2016, cuando el Partido Acción Ciudadana, ganador en el 2014, no tuvo el músculo político de la elección de febrero de ese año, y tuvo que enfrentar las elecciones municipales en el 2016, con dos años de gobierno en marcha, cuyo resultado municipal no se le reflejó positivamente, sin obtener mayoría política de las municipalidades, que seguían mayoritariamente en manos de los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.

Con ello, con estas elecciones separadas, a los pueblos, conjunto de personas, de cada cantón, habitantes y electores, se pensaba en rematar en el fortalecimiento de la democracia representativa y electoral, para la mejor escogencia de sus autoridades políticas, separada su elección de la nacional presidencial y de diputados. Era para que los ciudadanos de los cantones pudieran concentrarse en sus propias autoridades, en su propio gobierno, para hacerlo más democrático, más directo, para participativo, y quizá también más efectivo. Eso sigue siendo válido.

El Código Municipal, antes que el Electoral nacional, establecía como figuras importantes la reelección consecutiva, el Referéndum, el Plebiscito y la Revocatoria de Mandato. Estas figuras poco se han practicado en el país. Los partidos políticos nacionales, que “mandan” teóricamente a los cantonales, de la misma bandera, no les ha interesado fortalecer estas figuras de movilización, de discusión y de poder ciudadano, ni a nivel local y mucho menos a nivel nacional. Algo parecido sucede a nivel nacional, con el Referéndum y el Plebiscito que son tan solo letra muerta en la Constitución Política, por esa abulia política que tienen los partidos y sus dirigentes políticos, y porque no les interesa empoderar o darle poder a los ciudadanos.

En ese sentido, en las municipalidades, se arrastraba la experiencia, la tradición y la legalidad de que las autoridades municipales podían elegirse continuamente, mientras sus electores así lo hicieran y quisieran en reconocimiento a obras de trabajo municipal y de buen ejercicio, sano, honrado y honesto, de gobierno local. Era al mismo tiempo una mejor escuela para la formación futura de dirigentes políticos nacionales, de donde podían ir saliendo hacia la Asamblea Legislativa, las instituciones del Estado, y los mismos Ministerios, con posibilidad de que algunos de estos dirigentes pudieran formarse con aspiraciones presidenciales, como resultado de una larga carrera política y administrativa, como hemos visto recientemente que han aspirado a luchas esas candidaturas nacionales. Al interior de algunos partidos importantes y nacionales, como Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, de hecho los dirigentes municipales han acaparado la toma de decisiones importantes y se han impuesto hasta las Asambleas Nacionales quitándoles poder de nombramientos municipales y restringiendo, incluso, potestades, de los que salían candidatos presidenciales de esos partidos. Ese ha sido, como hemos venido viendo un camino a la muerte de la democracia interna de esos partidos, al autoritarismo municipal que les ha surgido, y a los cacicazgos locales, a veces con dudosos apoyos financieros municipales, y de sus campañas electorales, asociados a grupos tenebrosos de las narco mafias locales, lo que devienen en los liderazgos apadrinados por ellos originando la narco política y los dirigentes políticos sostenidos por estas redes de poder mafioso, y por la macabras y tenebrosas redes de los negocios que ellos mismos fraguan.

Los escándalos de corrupción que sacuden a algunas autoridades, personajes, municipales, nacionales y empresariales, por la telaraña que han construido con el tiempo, de favorecimientos mutuos, con perjuicio al interés público, nacional y municipal, a las obras, que resultaban mal hechas, a propósito, porque el negocio estaba también en la reparación constante de ellas, y no solo en la adjudicación de los carteles para sus construcciones, y por el daño resultante a la imagen pública de la democracia política, de los políticos, de las autoridades políticas, de los partidos políticos, a los cuales están ligados estos personajes, la confianza y fe pública en los procesos administrativos, a la seguridad jurídica que se supone debe haber en igualdad de trato para todos los ciudadanos, y para los mismos empresarios, que también algunos de ellos salieron afectados por este matrimonio y concubinato empresarial discreto, casi secreto, que habían establecido, hoy evidencia que la profundidad de este daño y de esta presencia en prácticamente en todo el país, en todas las municipalidades, especialmente donde estas empresas cuestionadas han actuado, y que deben investigarse a fondo, y con la mayor amplitud posible, si de verdad se desea acabar con esa hidra y con esos tentáculos. Recuerdo hace pocos meses en el Cantón de Santa Cruz, como la municipalidad cerró una calle pública, a Playa Mantas por favorecer intereses hoteleros locales, y la mantiene cerrada sin posibilidad para ningún costarricense, de hecho de poder llegar a esa playa por el camino existente, sobre el cual volcaron árboles para impedir el tránsito de vehículos. En este caso hasta la policía local está comprometida en este mafioso negocio, porque la misma policía impide el paso, aspecto que también debe ser investigado, como debe suceder en otros sitios.

Es igual que los negocios de las grandes construcciones, cuyos alcaldes, tiene capacidad de exonerar de ciertos pagos, que pueden ser multimillonarios según la inversión, a empresas constructoras, especialmente de condominios, y de torres condominiales, aspecto que también se puede investigar, seguro que dará positivos resultados, mientras a pequeños constructores, o a personas esas mismas autoridades municipales les ponen todas la trabas posibles para sus posibles proyectos habitacionales o de construcción. Conozco casos.

El punto en debate que se quiere introducir, casi como un distractor de la corrupción, es el de la reelección de alcaldes y de autoridades municipales, porque el de las autoridades nacionales no tiene discusión porque ya hay impedimentos de reelección consecutiva. ¿Por qué no se discute el caso de la reelección de partidos políticos, que son los que nombran y escogen a esas personas que salen malas personas? El que es pillo es pillo, el que roba poco termina robando mucho. El que tiene ocho o más años para ver que roba, tratará de robar en cuatro, si eso es lo que le ofrecen en posibilidad. Son las personas, son los candidatos los que hay que escoger, que sean buenos, correctos, honestos, honrados. ¿Pueden escogerse en un partido políticos buenos y honestos candidatos? Con limitarles el plazo de gobierno no les van a limitar su ansiedad por enriquecerse si el puesto se los permite. Con más avidez, gula y glotonería política irán. Y si están apoyados por grupos mafiosos, de cualquier naturaleza que sea, con más rapidez tratarán de actuar, hasta para dejar “herederos” del puesto, para hacer que la correa de trasmisión siga funcionando. Con limitar el plazo de gobierno de una autoridad a un solo período no van a acabar con la corrupción si no es la corrupción la que debe atacarse, si no es a los corruptos a los que se debe castigar y de manera ejemplar ante la sociedad nacional. Que el que se meta en ese camino sepa que de ser agarrado va a sufrir las máximas penas posibles.

Lo que hay en trámite legislativa son cantos de sirena contra autoridades políticas futuras pero fantasmas, suponiendo de previo que en ese futuro, que se regulará por esos cambios que se desean introducir todos los futuros alcaldes, y miembros de los consejos municipales y distritales son desde ahora concebidos de manera corrupta, salvo de que de previo demuestren lo contrario, lo cual es difícil. La corrupción se da en acto, por quien es corrupto, no de naturaleza, sino porque ha desarrollado una conducta, una moral y un ética de la corrupción, que le permite justificar lo que hace.

Con los límites al ejercicio del poder no se le está metiendo ningún límite a la corrupción ya existente. Ya lo veremos. Lo único que están haciendo algunos diputados con esa discusión es tratando de lavar su conciencia política, la de sus partidos, la de saber que ha hecho malas escogencias. Hay que dejar de hacer esas malas escogencias. ¿Pueden hacer esto los partidos? Para estas elecciones ya no lo hicieron. Veremos los malos frutos si sembraron malas semillas. Para las elecciones del 2022, de alcaldes y de consejos municipales, estaremos pendientes de por dónde va la comparsa política.

Los que están interesados en golpear partidos políticos, en esta lucha, de pronto alimentarán, con sus posiciones las tendencias autoritarias, despóticas y populistas, de cualquier tipo, quizá más peligrosas que lo que se quiere combatir hoy. La improvisación de dirigentes políticos, en todos los niveles de la vida y organización democrática, va a ser una de las variantes más peligrosas.

Sergio Ramírez Mercado y la Ciudadanía de Honor costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

La Ciudadanía Honorífica, de Honor, es una distinción que soberanamente otorgan los países, por decisión facultativa de sus máximos órganos políticos, sean del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. En el caso costarricense es el Poder Legislativo, llamado Asamblea Legislativa, el que tiene la facultad de realizar estos reconocimientos.

En Costa Rica, como lo es en general en todos los países, son pocas las personas que han recibido esta distinción, que se puede realizar a extranjeros, a ciudadanos no costarricenses, como también se ha realizado a costarricenses.

Pocas personas han recibido esta distinción, entre ellos Franklin Ramón Chang Díaz, astronauta de la NASA, Hans Dietrech Genscher, Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Antonio Giustiniani y Casablanca, médico, John F. Kennedy, Presidente de los Estados Unidos, Stanley Lindo Morales, Juan Morera Coll, sacerdote español conocido como Fray Casiano, Arturo Romero López, Sor María Romero Meneses, religiosa nicaragüense, Franklin D. Roosevelt, Presidente de los Estados Unidos, y José de la Cruz Turcios Barahona, sacerdote.

Cuando se le dio a Franklin Chang Díaz, en reconocimiento a sus hazañas espaciales, y ser el primer cosmonauta y científico distinguido, de origen costarricense, de la NASA, se produjo un cambio en la legislación nacional en torno a la ciudadanía. Hasta entonces, a finales del siglo XX, la ciudadanía costarricense se perdía cuando un ciudadano adoptaba otra nacionalidad. Había de hecho una renuncia tácita u obligada por ese motivo.

En el caso de los astronautas extranjeros de la NASA, para ascender en su carrera, debían ser ciudadanos estadounidenses, lo que obligó a Franklin Chang a renunciar a la ciudadanía costarricense.

En el acto de Juramentación de los ciudadanos que adoptan la nacionalidad estadounidense al jurar esa nacionalidad y las leyes norteamericanas, juran a la vez su compromiso de luchar y defender ese país ante cualquiera otro, incluso el país originario del nacionalizado. Así, Franklin Chang juró luchar, en el campo militar, si fuera del caso contra Costa Rica, como ciudadano norteamericano que pasaba a ser.

Para esos días, con gran reconocimiento nacional de sus méritos espaciales, el Partido Liberación Nacional valoró la posibilidad de que Franklin Chang fuera un posible candidato a la Presidencia de la República, lo que chocó inmediatamente con la renuncia a la nacionalidad que había hecho, lo que se exigía para ser Presidente de la República, ser costarricense. Además, las fuerzas políticas de izquierda, y sectores académicos, culturales y universitarios, en ese momento, alertaron sobre el juramento que había hecho el Astronauta Chang Díaz de combatir contra Costa Rica, empañando esa posible escogencia candidatura presidencial y obstaculizándola.

Así, por disposición judicial se estableció, por este caso, que la Ciudadanía costarricense no era renunciable, y por ello se permitía la doble nacionalidad para aquellos ciudadanos, que por diversas circunstancias tuvieran que adoptar otra nacionalidad junto a la costarricense.

De acuerdo con la Constitución Política ciudadano costarricense es el que nace en Costa Rica, derecho de ius solis, y el que nace en el extranjero por ser hijo de padre o madre costarricense, derecho de ius sanguinis.

Sin embargo, a los hijos de los costarricenses, en el extranjero, que no son inscritos antes de los 18 años en el Registro Civil, se les niega la nacionalidad que tienen por el ius sanguinis, que no es renunciable, que se arrastra y se tiene por toda la vida, y que permitiría que en cualquier momento ese costarricense, demostrando su raíz paterna o materna pudiera gestionar su nacionalidad costarricense. Tiene esto más fuerza que la renuncia y recuperación de la nacionalidad, como se estilaba antes, porque la renuncia es un acto de voluntad, mientras la nacionalidad es una consecuencia genética irrenunciable.

El mérito para distinguir a un ciudadano con este reconocimiento, Ciudadano de Honor, lo analiza la Asamblea Legislativa, lo que es finalmente una decisión política del Pueblo Soberano allí representado.

El principio general es que se otorga por servicios notables que se prestan a la República, o como ha venido sucediendo por la altas distinciones nacionales o internacionales del Homenajeado que se le reconocen.

La Asamblea Legislativa puede otorgar la Ciudadanía de Honor sin restricción de límite, mientras que para otras distinciones, como los Benemeritazgos de la Patria, solo puede otorgar una por Legislatura, lo que se ha roto, recientemente, por una reforma al Reglamento Legislativo, que por cascada, en abundancia, se han hecho Declaraciones de Benemeritazgos de la Patria, en un solo día, el 21 de julio pasado, a catorce mujeres, y el 11 de agosto se tramitaron otros reconocimientos, más por la necesidad de llenar el vacío de que pocas mujeres que tenían este reconocimiento.

Las recientemente declaradas Beneméritas son Yolanda Oreamuno Unger, Anna Gabriela Ross González, María Teresa Obregón Zamora, Ana Rosa Chacón González, Luisa González Gutiérrez, Mireya Barboza Mesén, Olga Espinach Fernández, Pacífica Fernández Oreamuno, Virginia Grütter Jiménez, Estela Quesada Hernández, Adelaida Chaverri Polini, Manuela Tattenbach Yglesias, Carmen Naranjo Coto y Emilia Prieto Tugores, todas ellas que destacan en la ciencia, la política, la salud, la poesía, el arte y el medio ambiente entre otros campos.

Hace pocas semanas se presentó, ante la Asamblea Legislativa, una propuesta de Declaración de Ciudadano de Honor, para el distinguido y reconocido escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado.

El trámite que en la Comisión Permanente Especial de Honores, de la Asamblea Legislativa, debió ser secreto en su deliberación, que debía conocer los atestados, de manera confidencial, a favor como las facetas negativas que se consideraran en su contra, salió a la luz pública, por cuanto la Presidenta de esa Comisión Parlamentaria, que se integra de manera secreta por el Presidente Legislativo, hizo pública su oposición a este reconocimiento, opinando negativamente sobre unos pasajes de uno de sus libros, desatando con ello una polémica nacional sobre la validez de su distinción.

Recientemente la Academia Costarricense de la Lengua le ha declarado Miembro de Honor de la misma, y la Universidad Nacional, de Heredia, le ha otorgado el Doctorado Honoris Causa.

Sergio Ramírez es nicaragüense por nacimiento, pero ha vivido mucho tiempo, en distintos momentos de su vida, y por largas temporadas, en Costa Rica, que lo ha tenido como un hijo adoptivo, ligado por sus aportes a la cultura nacional, y desde aquí a la cultura centroamericana cuando estuvo ligado al Consejo Superior de las Universidades de Centro América, CSUCA, en la década de 1970, época en la que procreó tres hijos en Costa Rica, que por esa razón son costarricenses, derecho de ius solis, y que sería buen fundamento para que, por ese motivo, también se pueda acoger al trámite de la nacionalidad costarricense, como lo hacen inmensa cantidad de ciudadanos de Nicaragua y otros países, que al tener descendencia en el país, les facilita la adquisición de la nacionalidad costarricense.

Sergio Ramírez ha sido permanentemente nicaragüense por su propia voluntad, porque nació en Nicaragua, porque ama su país, su cultura, su Historia, porque se crio en Nicaragua, porque allí permanece su Biblioteca principal, que es como su alma, porque vivió y luchó en Nicaragua contra la dictadura de la Familia Somoza por procurar un país más digno, más democrático, más justo.

Sus vínculos afectivos con Costa Rica los tiene no solo por su convivencia con nosotros, por sus hijos nacidos en Costa Rica, por los trabajos realizados desde Costa Rica, sino también porque en la práctica Costa Rica ha sido su Patria adoptada, la tierra y la Nación que le produjo fuertes vínculos históricos, laborales, afectivos y jurídicos, porque se siente ligado al ser humano costarricense, porque se identifica y mimetiza con él, porque es tan costarricense como los que nacemos aquí, porque conoce la Historia costarricense como propia, porque su Humanidad a la par de nicaragüense, es costarricense, es centroamericana, como lo es también ciudadano del mundo, ciudadano Universal, por los reconocimientos internacionales que recibe y, por las protecciones que, igualmente, le brindan ante las amenazas que recibe del actual gobierno nicaragüense, que ponen en peligro su vida, su existencia, su palabra creadora con filo, su compromiso de seguir anhelando y luchando por una Patria nicaragüense democrática, no autoritaria, no dictatorial.

Desde Costa Rica también lo hizo en esa la década, 1970-1979, hasta el triunfo, en aquel año del Frente Sandinista de Liberación Nacional, del que formó parte del Gobierno inicial de la Revolución triunfante, permaneciendo en su Patria toda la década siguiente, contribuyendo en la lucha por afianzar el proceso revolucionario gestado en 1979 en el poder.

A Sergio Ramírez la Ciudadanía Honorífica, que se le pudiera dar por la Asamblea Legislativa, no lo va a hacer más costarricense de lo que ya es. Es Costa Rica la que se va a enriquecer con un Ciudadano y una persona como él que honrará a la Nación Costarricense por su creación literaria, por su reconocimiento y distinción internacional.

La Ciudadanía Honorífica para Sergio Ramírez va a contribuir a afirmar y afianzar más la identidad nacional costarricense, como sentimiento subjetivo que lleva Sergio Ramírez, en sus venas, en su corazón, en su pluma y lengua creadora, que le unen desde esas trincheras a nuestra Historia Cultural y Literaria, a nuestra esencia costarricense.

Sergio Ramírez con su Ciudadanía de Honor contribuirá al fortalecimiento del Estado y de la República de Costa Rica desde la Cultura.

Con la Ciudadanía de Honor a Sergio Ramírez también estaremos contribuyendo con el pueblo nicaragüense en las preservación de sus valores, de su lucha por la Libertad y la recuperación de la Democracia.

En 1855 el Presidente, y Padre de la Patria costarricense, Juan Rafael Mora Porras, ante la oprobiosa presencia del filibustero norteamericano William Walker en Nicaragua, quien quería esclavizar a los pueblos centroamericanos y anexarlos a los Estados Unidos, invitado por malos nicaragüenses que lo hicieron llegar a Nicaragua, y después allí establecido prácticamente por la fuerza, tomó, Juan Rafael Mora, la decisión de marchar sobre Nicaragua para liberarla, de asegurar su Libertad, Independencia y Soberanía, y también la de Costa Rica y la de Centroamérica, como finalmente se logró con la rendición de Walker el 1 de mayo de 1857, después de dos años de combates.

Hoy, de nuevo los costarricenses podemos contribuir con la Democracia en Nicaragua y en la región dándole la Ciudadanía de Honor a Sergio Ramírez, brindándole la Bandera Nacional como su manto protector ante la persecución internacional que el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo han desatado contra él, como uno de los símbolos de la resistencia intelectual, cultural y política, y de la lucha democrática nicaragüense.

La Ciudadanía de Honor para Sergio Ramírez lo distinguirá a él, ciertamente, pero también a los costarricenses que lo tendremos como un costarricense más que nos resaltará, honrará y distinguirá con su existencia, como un Hijo distinguido de la Patria costarricense.

La Asamblea Legislativa debe proceder con la Declaratoria de Ciudadano de Honor para Sergio Ramírez Mercado.

Los méritos literarios son bien reconocidos. Su obra de muchos libros tiene la calidad de los Premios internacionales que les han dado. Por ellos hasta el Premio Cervantes, considerado el más importante de la lengua castellana.

Su paso por la política nicaragüense también es bien conocida y destacada, desde la trinchera política, hasta el Gobierno y el Parlamento nicaragüense, pero también continuando en la oposición política, como dirigente político sandinista y fuera del sandinismo oficial. También ha sido editor profesor universitario, invitado de varias Universidades en diversos países, columnista regular destacado en muchos periódicos, escritor de novelas, cuentos, ensayos, de relatos, con obras literarias relacionadas directamente con Costa Rica, antologador del pensamiento del General de Hombres Libres, de Augusto César Sandino, publicada su antología en varios países.

No debe atrasarse su trámite ni dejarse para después del receso parlamentario, que, con motivo de las elecciones, se aproxima.

Empleo público: parches, remiendos ¿y el respeto a la constitución?

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

SURCOS comparte la siguiente información:

Este lunes 22 de noviembre a las 5:00 pm se llevará a cabo el programa radial Orden del Día, en el cual se realizará un análisis del tema: “Empleo público: parches, remiendos ¿y el respeto a la constitución?”.

Se transmitirá por Facebook Live de Orden del Día o por Radio Universidad de Costa Rica 96.7.

Participarán:

  • Mauricio Castro Méndez 
  • Shirley Benavides Vindas

Moderadoras: Guiselle Boza Solano y Rosaura Chinchilla Calderón

Adjuntamos invitación formal al evento:

El proyecto de empleo público en el martirio de la cruz

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos, Trabajo.

Manuel Hernández

Esta semana, el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público recibió dos certeros martillazos, que no le ayudan mucho a sostenerse en el madero.

A inicio de la semana, fue primero el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, que reiteró su oposición al proyecto, porque lesiona el principio de separación de poderes e independencia del Poder Judicial, y además, porque afecta el funcionamiento y organización de este poder de la República.

Ahora, a finales de la semana, este viernes, definitivamente, viernes negro para el proyecto, la Procuraduría General de la República rindió su opinión a la Asamblea Legislativa, sobre la última versión del texto que se le consultó.

De esta opinión, amerita destacar las consideraciones que contiene acerca de las modificaciones que incluyó el informe de la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa, que no fueron objeto de pronunciamiento de la Sala Constitucional en el Voto N° 2021-017098-0007-CO.

La opinión de la Procuraduría señala –lo cual ya habíamos advertido- que hay dos aspectos que fueron modificados por esa Comisión, que en su oportunidad no se   consultaron al Tribunal Constitucional.

Por una parte, el informe de la Comisión, aprobado por el plenario, excluyó, ex oficio, al propio Poder Legislativo de la aplicación de varios artículos del proyecto.

Por otra parte, tratándose del salario global de los rectores de las universidades públicas, que la Sala estableció que es inconstitucional que el tope esté en función del salario del Presidente de la República, y lo fije la Autoridad Presupuestaria, el informe de la Comisión, motu proprio, extendió esa exclusión al Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones e instituciones con autonomía de gobierno u organización (artículo 37).   

La opinión de ese órgano subraya que la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad, como lo ha resuelto el Tribunal Constitucional “no puede variar lo que no ha sido objeto de pronunciamiento de este Tribunal” (Voto N° 12026-2010).

Asimismo, sostiene que la Comisión únicamente podía considerar los “efectos directos” que se derivan de la opinión de la Sala Constitucional, pero no incorporar aspectos novedosos, que no fueron consultados, “so pena de ser declarado como vicio de procedimiento.”

Al final, concluyó lo siguiente:

“De conformidad con lo expuesto, esta Procuraduría estima que el proyecto de ley consultado sigue presentando inconvenientes a nivel jurídico, incluso eventuales roces de constitucionalidad”.

Efectivamente, aunque no sólo por este motivo sustancial de procedimiento, porque también contiene vicios que alteran las reglas del sistema democrático y derrumban la Constitución Política, el controversial proyecto, como concluyó la Procuraduría, contiene graves vicios de constitucionalidad.

Ya habíamos comentado, en un artículo anterior, que la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad se extralimitó, porque modificó a su arbitrio, varios artículos del proyecto, que no fueron objeto de pronunciamiento por la Sala Constitucional, incurriendo en una grave anomalía de procedimiento, lo cual viene a confirmar la Procuraduría General de la República.

Ahora, el proyecto, de nuevo, se vuelve a meter en un estrecho y difícil laberinto, que, parafraseando a Unamuno, tal vez sea su última agonía, y que, quien quita, podría ser la crónica de una muerte muy anunciada.

19/11/2021

La denuncia por parte de Nicaragua de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA): breves apuntes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin

Este 19 de noviembre, cables noticiosos informan que Nicaragua ha anunciado, mediante el jefe de su diplomacia, que ha procedido a notificar la denuncia de la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos (OEA) a su Secretario General (véase cable de CNN). 

Desde la perspectiva estrictamente jurídica, esta noticia requiere ser brevemente puesta en contexto, al tratarse de una herramienta jurídica (la denuncia) propia del derecho internacional público no siempre correctamente entendida.

La denuncia de un tratado internacional en breve

Cabe precisar para iniciar que la denuncia de un tratado internacional, cual sea este, constituye una figura jurídica consagrada en el derecho de los tratados, tal y como lo establece expresamente el artículo 56 de la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados (veáse texto completo). La denuncia resulta de una atribución soberana de un Estado, quien puede decidir, en el momento en el que lo estime más oportuno, liberarse de obligaciones internacionales contenidas en un instrumento internacional: así como libre y soberanamente un Estado decide aceptar obligaciones internacionales, puede de igual forma decidir liberarse de estas.   

El precitado Artículo 56 prevé también la situación en la que un tratado internacional adolezca de una disposición relativa a la denuncia. No es el caso de la Carta de la OEA  de 1948, la cual dispone (véase texto completo) en su artículo 143 que: 

«Esta Carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros, mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba. Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y éste quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta«. 

De confirmarse la fecha de la notificación antes aludida, la fecha oficial en la que Nicaragua quedará completamente desligada de la OEA será el 19 de noviembre del 2023. Al revisar nuestro estimable lector el estado oficial de firmas y de ratificaciones de la Carta de la OEA (véase enlace oficial) se notará que figuran Cuba y Venezuela, casos sobre los que nos referiremos posteriormente.

Volviendo al caso de Nicaragua, es de precisar que el pasado 15 de noviembre, una resolución de la Asamblea Nacional de Nicaragua solicitó expresamente al Poder Ejecutivo iniciar el trámite de denuncia de dicho tratado internacional (véase texto de la Resolución 05-2021). Su difusión en medios de prensa nacionales e internacionales (véase por ejemplo nota de Radio France Internationale/RFI ) no provocó mayor reacción por parte de los demás Estados Miembros de la OEA o de algunas de las autoridades de la OEA como tal.

El antecedente más inmediato y la solución (original) de la OEA

En el año 2017, Venezuela de igual manera había denunciado este mismo instrumento internacional (véase notificación oficial enviada por las autoridades de Venezuela con fecha del 27/04/2017). 

Anterior a ello, en el 2012, Venezuela había también denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (véase nuestra breve nota al respecto del 12/09/2012). 

En el caso de Venezuela y de sus relaciones con la OEA, una carta suscrita por quien la OEA reconoce como legítimo representante de Venezuela, «reintegra» a Venezuela en la OEA (véase carta de Juan Guaidó del mes de  febrero del 2019). Merece mención el hecho que, al iniciarse la reciente Asamblea General de la OEA en Guatemala el pasado 10 de noviembre, fueron varios los Estados miembros de la OEA (entre los cuales Argentina, Belice, Bolivia, México, Nicaragua, así cómo Trinidad y Tobago) en objetar y en no reconocer como válidas las credenciales de la representación venezolana a esta cita anual interamericana (véase cable de Swissinfo). 

Es de precisar que a diferencia de la OEA, las Naciones Unidas así como todas sus instituciones especializadas, reconocen como legítimas a las autoridades venezolanas encabezadas por el Presidente Nicolas Maduro. Ello no significa que en álgidos temas como en materia de derechos humanos, en Naciones Unidas no se denuncie la situación imperante en Venezuela: a diferencia de la representación de Venezuela en la OEA, en Naciones Unidas la silla de Venezuela es ocupada por un representante oficial que sí puede trasladar a sus autoridades las preocupaciones externadas antes él para rectificar la conducta de estas.

A modo de conclusión

No cabe duda que la decisión de liberarse de la OEA por parte de Nicaragua es una respuesta a la forma con la que varios órganos de la OEA han considerado valorar la situación interna en Nicaragua, y en particular, deslegitimar el resultado de las elecciones realizadas en Nicaragua, el pasado 7 de noviembre del 2021.

En otro caso bastante peculiar (ya que no se trató de una denuncia, sino de una «exclusión» de un «Gobierno» y no de un Estado), desde el 2009 una resolución de la Asamblea General de la OEA deja sin efecto una resolución adoptada en 1962 expulsando a las autoridades cubanas de la OEA (y no al Estado cubano): véase comunicado de prensa oficial de la OEA. A la fecha, las autoridades cubanas han optado por mantener sus distancias con la OEA y no reintegrarse de pleno.

Más allá de la originalidad del estatuto acordado a Venezuela por la OEA desde el 2019 y de la particularidad del caso de Cuba, el punto de saber si el tener a un Estado Miembro de la OEA fuera de esta organización regional contribuye a debilitar a sus autoridades, o bien por el contrario, a reforzar el control que ejercen dentro de su territorio, es un aspecto sobre el que poco se ha debatido en años recientes.

 

La presente nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

De las políticas y regla fiscal

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Miguel Ureña Cascante

Resulta que a cada rato nos enteramos que nuestra luminaria de Ministro de Hacienda nos sorprende con varias solicitudes en Comisión de Hacendarios para aprobar prestamos con entidades foráneas.

Asumimos, que nuestros directores de Deuda Pública emitan una recomendación técnica, es lo menos que deberían solicitar los diputados para aprobar estos empréstitos, pero bien; asumamos que eso está superado, entonces, es lógico como buen jugador de ajedrez anticipar los movimientos de la contraparte, no hablemos de adversario, porque se pueden herir susceptibilidades.

La contraparte, con la 9635; imponen la regla fiscal, la que hoy día muchos han señalado les pone demasiada restricción, hasta los municipios pegaron el grito, se sacan unos, otros que aún están, siguen sin comprender que el nivel de deuda es el parámetro para aplicar el estrés de la regla a las entidades sujetas. Hacia ese nivel nos llevan.

Bien hecho entonces por la contraparte llevar a ese nivel de endeudamiento para poner, soga o freno al “desenfreno”. Y desde una silla inquisidora, decir donde si o donde no reparto el dinero.

Veamos la consecuencia, quizás una visión de corto plazo , en razón de un tiempo o magistratura dirá, además en tiempo de pandemia, necesitamos paliar la pandemia, cochinilla, los huecos o yerros de la administración de salud, los cientos de fallecidos por no tener capacidad demostrada en tiempos de pandemia, y los grandes negocios de las mascarillas y otros debilitamientos a la Seguridad Social, cuando se pretendía hasta FANAL regalar o vender el INS, es decir, siempre ante un préstamo debe dotarse de un balance general de la situación de la empresa a endeudarse, Costa Rica, con los sectores sociales, ha demostrado que tenemos una seguridad social inquebrantable, los lideres de los trabajadores, y trabajadores mismos, han demostrado que están con la camiseta puesta con la Selección de Costa rica, y esos jugadores somos todos los ticos. Ahora para darle palo a los trabajadores, se les van contra derechos declarados por un tribunal en el laudo arbitral, para que desvíen la atención y seguir la fiesta en el OLYMPO.

La estrategia de un Gobierno, de tener liquidez a partir de préstamos reducirá en mucho hoy, hoy, si hoy la presión para paliar la mala administración, la mala planificación o capacidad de estrategia política de largo plazo, no les interesa que otro encuentre quebrado el Estado.

La salud impera, y un Estado Muerto no contribuye, igual las empresas o declarantes (recuérdese que declarante es antónimo de contribuyente) Declarar es una cosa, contribuir otra, no es lo mismo declarar lo que retengo al cliente, que sacar de mi bolsillo y pagar como sucede con el impuesto al Salario.

Los préstamos, hoy reducen presión financiera, pero hay que pagarlos, y ver como se pagan, con aumento de impuestos, encareciendo el tipo de cambio, o aumento de combustible, encareciendo el canal de distribución de los insumos útiles y necesarios para los habitantes.

De esa manera sin necesidad de un impuesto, vengo y aumento el litro de combustible, lo que, por su inelasticidad en la demanda, el consumo se mantiene y a cualquier precio seguiremos dependiendo del combustible fósil, petrolero; para movilizar la flotilla de una empresa o bien para la moto del mensajero, esas aristas deben tenerse presente, lo que disminuimos hoy en presión, nos afectará a mediano o corto plazo.

Vendemos las joyas de la abuela, en ocasiones podríamos ir por la estrategia de vender activos, pero también mediante la deuda, puedo poner en garantía esos activos, así podríamos tener una venta técnica y a muy bajo precio, situación por la que debemos estar con el alfil listo, o el peón o bien hasta la reina alerta, para que no nos metan un gol, como pasó con el partido de la Sele, es decir, todos como Keylor, bien pellizcados. EL GOL ENTRÓ, PERO LUEGO RETOMAMOS CONTROL

Lenguaje coloquial, para ilustrar el tiquicia léxico, que llama la atención de todos, usted y yo, deberemos pagar lo que talvez, pudo usted negociar a más largo plazo y con menos interés, pero los que están al mando tienen la investidura, aunque no estén capacitados, tienen la investidura para poder hasta pasearse en Costa Rica, y el Ministerio Publico no enjuiciarlos, el Código Penal es débil en materia de los Gobernantes y Funcionarios Públicos de alto nivel (Directivos de la CCSS invierten 13 mil millones del IVM con alto riesgo, o perdida de 183 mil millones por inversiones en IVM) , así por ejemplo la Contraloría, hace esa diferencia, palabras más o menos de la hija de Amelia Rueda, en el Área de Fiscalización, dicho una tarde , hace mucho tiempo, a mi persona y otros compañeros del SITRAHSAN.

Debemos en consecuencia, parar las antenitas, y como en el FARO encender la luz, para que no violenten la intimidad por la parte más inocente de la casa, “los niños no mienten” y eso lo utilizan de mampara para solapada UPAD en el últimos 3/3 del resto de su gobierno, saber cómo es su cuarto o alcoba o poder deducir , si tiene amante o es tranquil@.

Entonces concluimos:

  • Lo que se pide prestado, debemos pagarlo,
  • Lo que se pide prestado, hay que garantizarlo,
  • Lo que pedimos prestado, lo pagamos con ley impositiva o garrotazo,
  • El Estado como tablero de ajedrez, puede mover sus piezas, y eso el pueblo lo sabe, el pueblo educado, pero todo tiene un límite,
  • El conocimiento generalizado por medio de los sociólogos vaticina que rumbo o efecto final será consecuencia de toda la estrategia política de nuestros gobernantes,
  • Somos un pueblo humilde, educado y antiguerra, porque por menos han quemado furgones en LIMÓN

Así las cosas, ya conocemos la estrategia de los juegos del hambre o el juego del calamar, para que estén avispados los políticos de turno y los que vienen a ofrecer bienestar cuando lo que están pensando es seguir sangrando y comprometiendo el futuro del trabajador o de sus hijos, por generaciones, con proyectos como Empleo Público, o las antes vedas fiscales, sinónimo de amnistías tributarias, en fin; borrón y cuenta nueva, escuchado estribillo de ministros o algunos diputados.

Mientras los yates hacen cola en las marinas de Tamarindo o parajes turísticos de los acaudalados millonarios , los aviones o vagonetas circulen por territorio nacional sin pagar marchamo o un canon adecuado por ese tránsito, nos siguen bailando, casos como los de un Doctor Especialista acumula millones por la alta demanda en BIOMBOS y no declara Renta, pero tiene su avionetita, en un hangar, cerca de San José, cerca de unos JET casi únicos, propiedad de una gente que vende tubo plástico, o bien de aquel que un día fue trabajador de la CNE oh aquella compañía que los conserve con matrícula extranjera pero se sabe son propiedad de ticos, en fin mientras bailen el sistema y no controlemos como debe ser, y nos impidan contar con los instrumentos legales, para tener ese fuero legal que ocupamos como fiscalizadores de la Hacienda Pública, seguirán endeudando al país, mientras los que deben pagar impuesto, lo evaden porque tenemos leyes muy débiles.

HIPÉRBOLES: CUANDO LA SOSPECHA ES CONSTRUIDA

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Esparcidos en su caminar por territorio mexicano como consecuencia del fracaso del modelo económico, la inhabilitación del sistema de protección institucional a todo nivel, el agresivo resplandor del extractivismo y las violencias in extremis en sus países de origen, cientos de miles de migrantes de varios países pero en particular provenientes del norte, y ahora del sur de Centroamérica, continúan su paso incesante y su lucha por el reconocimiento de su condición ante un estado que ha ejecutado al pie de la letra las indicaciones de la administración Biden-Harris en materia de administración migratoria.

Desde setiembre del año en curso, como si fueran piezas de un juego de lego desarmado y vuelto a armar, cientos de agrupaciones de migrantes han sido desbaratadas a su paso por territorio mexicano.

La acción desmedida de las autoridades mexicanas ha contribuido con este escenario, que ha contado también con el concurso de otras instituciones. Pese a ello, los grupos se han reconformado y resistido para seguir su curso. Todavía lo hacen.

En medio de tales dinámicas de represión, violencia y resistencia, las dicursividades acusatorias, intimidantes, excluyentes han estado a la orden del día. A inicios del mes de noviembre una supuesta condición de dengue en miembros de los grupos de personas migrantes que transitan por las carreteras mexicanas fue anunciada por las autoridades y reproducida en el acto por varios medios de comunicación comerciales.

Esta situación fue desmentida por organizaciones defensoras de derechos humanos alegando xenofobia institucional orientada a desacreditar el paso de los grupos de personas migrantes por territorio mexicano.

Tales acusaciones son producto de un registro que históricamente ha asociado migración con enfermedad o riesgo. Es una suerte de hipérbole en la construcción de sentido de los discursos antiinmigrantes que se ha posicionado fuertemente en los últimos años a nivel global. Como señala Moraña en un reciente trabajo publicado en España:

“Desde la perspectiva foucultiana que enfatiza la importancia de la articulación entre cuerpo y poder y la relación individuo-estado, las estrategias actuales de control invasivo del sujeto individual o colectivo considerado objeto de sospecha y amenaza pública, no pueden parecer del todo sorprendentes, aunque signifiquen una intensificación hiperbólica de procesos anteriores. La visión organicista, por la cual la sociedad es vista como un organismo vivo, autoriza la idea de que es necesario defenderse de elementos foráneos que vienen a atacar la integridad del cuerpo social, a infectarlo, debilitarlo y vencer sus defensas inmunológicas” (Moraña, 2021, 398-399).

No quisiera cerrar esta observación participante sin plantear una preocupación acerca de la forma como la sociedad repele lo que considera riesgoso.

Ocurre en un escenario como el costarricense en el que la existencia de grupos contrarios a la vacunación para abordar la COVID-19 ha producido el aumento de discursos inmunitarios y de higiene social que de alguna manera dividen a las personas.

Me tocó leer un comentario en Twitter sobre la presencia de estos grupos en espacios públicos y la relación que se hacía con una serie de enfermedades a las que supuestamente se había expuesto la persona que originó la opinión al cruzarse con ello.

Debemos prepararnos y estar atentos a identificar estos planteamientos higienistas y excluyentes. Tengan o no tengan razón en sus argumentos, no es con odio y exclusión como se gestiona desde el punto de vista social una crisis civilizatoria como la que estamos experimentado. Tener conciencia del otro es asumirlo en su diferencia, sus creencias y sus prácticas. Tenemos pendiente esa tarea. Todos.

 

Imagen: https://www.lachispa.mx

Urrú

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Fernando Astorga Gatjens

En el diccionario de costarriqueñismos de Carlos Gagini aparece el vocablo «urrú» con las acepciones de podrido, carcomido y apolillado. Se utiliza este calificativo para definir la condición de un árbol, que ya sea por la edad o por que le atacó una plaga, está podrido. Así aunque en muchas ocasiones el tronco todavía luce bien y conserva su corteza, su parte interna está descompuesta mientras bacterias, hongos e insectos hacen de las suyas.

Valga este símil para caracterizar al Estado y algunos estamentos de la sociedad costarricense, en este lóbrego bicentenario, por su profundo deterioro ético y moral, que se manifiesta en los múltiples actos de corrupción que involucran tanto a actores públicos como privados.

Lo que se ha estado dando a conocer a través de las declaraciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), forma parte de un cadena de actos y procesos, que con certeza no muestra toda la dimensión de la corrupción en el país. Cochinilla, Azteca y Diamante son manifestaciones de una grave enfermedad –económica, política y social– que expresan el alcance de un fenómeno estructural.

Es seguro que emergerán más escándalos de corrupción ya sea en las municipalidades como otras entidades públicas, donde funcionarios corruptos se ponen de acuerdo con agentes privados, para obtener pingües ganancias. Se trata de perniciosas sociedades donde el corrupto y el corruptor le roban al erario público, de manera inescrupulosa.

El daño que ocasionan las acciones de corrupción son enormes tanto en el campo económico como en la lógica desconfianza que generan en el pueblo y que lo hacen concluir que no existe honradez ni probidad en las acciones y responsabilidades de los funcionarios públicos.

La podredumbre del Estado en materia de corrupción nos viene de lejos: Caja-Fischel, Alcatel, la Trocha, el Cementazo… Pero también es corrupción –como muy bien lo manifestó recientemente el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la ONU– el esconder las riquezas en paraísos fiscales (como lo muestran los Papeles de Panamá y los de Pandora), para evitar las responsabilidades fiscales, éticas y sociales, del pago de impuestos.

Mediante las distintas formas de corrupción, los funcionarios públicos corruptos y los corruptores privados han venido saqueando las finanzas del Estado en cifras que ya suman muchos ceros. Se trata de millones de colones y dólares que han encarecido obras públicas, las han atrasado, han afectado su calidad y el tiempo razonable de utilidad, han afectado programas sociales; entre otros perjuicios ocasionados. O dicho de otro modo: Han venido atrasando el desarrollo nacional y erosionado la democracia como un cáncer que hace metástasis tanto en el tronco como en distintas ramas del Estado costarricense.

La corrupción es una manifestación del egoísmo humano que se orienta por la premisa de primero yo, después yo y por último yo. La corrupción posibilita obtener dinero y riquezas, con facilidad y sin que lo que se obtiene sea fruto del esfuerzo y el trabajo productivo. Son acciones ilícitas que son contrarias a la solidaridad y a la responsabilidad social inspirada en el bien común.

En el presente, la corrupción en sus múltiples manifestaciones que tocan la estructura medular del Estado y la sociedad, son la expresión de la prevalencia de una doctrina económica y social, en la que se ha exacerbado el individualismo como nunca antes. El “sálvese quien pueda» que orienta el neo-liberalismo ha creado las condiciones idóneas para que se multipliquen los actos de corrupción, pequeños, medianos, grandes y gigantes. 

Este aserto no significa que en el pasado no se hubieran dado actos de corrupción. Ahí donde se junta poder político, ambición individualista y posibilidades de dinero fácil, puede aparecer el acto de corrupción. Pero se manifestaban como acciones aisladas. Mientras tanto en el presente neo-liberal son tan numerosas y sistémicas, que el urrú es la condición dominante del árbol estatal del país.

La pregunta que surge es cómo combatir esta grave enfermedad que daña al Estado de Derecho y la democracia costarricense. 

En primera instancia, es encomiar la labor de la Fiscalía Anti-Corrupción y el OIJ es sus labores escarmenadoras. Es seguro que tendrán mucho trabajo por delante.

Lo otro es el escarnio público y el repudio social a los corruptos. Obviamente que debe existir respeto ante el debido proceso; sin embargo, cuando el cinismo y el engaño salen de la boca de los corruptos y sus defensores de oficio, el rechazo social por el daño ocasionado debe emerger de inmediato.

La lucha contra la corrupción debe asimismo contar como antídoto con el fortalecimiento de las responsabilidades y labores de fiscalización en la administración de los recursos públicos y en la rendición de cuentas de las distintas instituciones, sean del gobierno central, entidades autónomas, Asamblea Legislativa y Poder Judicial. Del mismo modo es necesario generar normas que permitan la confiscación de bienes de actores privados que se han enriquecido, de manera ilícita, con recursos públicos.

Esta lucha debe contar con un frente estratégico que es hacer efectiva la democracia participativa –como lo establece el artículo 9 de la Constitución– para que el pueblo costarricense, se convierta en el mejor vigilante del mejor manejo de los recursos públicos.

Los recientes escándalos de corrupción y los que le precedieron obligan a situar este tema en el debate electoral. Muchos candidatos han sido salpicados de muchas maneras y quieren quitarse el lodo con frases efectistas y prefabricadas. Es necesario dar un seguimiento riguroso y atento a sus respuestas. Es un deber cívico aplicar el voto-castigo a los candidatos corruptos así como el voto-premio a quienes tienen techo de acero y una trayectoria limpia.

Cabe aquí recordar y hacer efectiva esta frase lapidaria, en nuestra lucha permanente contra la corrupción, del prócer José Martí: «Quien presencia un crimen en silencio, lo comete».

(18 de noviembre, 2021)

La memoria del presidente Salvador Allende y la elección de este domingo 21 en Chile

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Freddy Pacheco León

LA MEMORIA DEL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE parece estar jugando en la elección presidencial de este domingo 21 de noviembre en CHILE.

En 1970 la derecha ultra conservadora con su candidato Jorge Alessandri, del Partido Nacional, se enfrentó a la coalición de izquierda Unidad Popular (socialistas, comunistas, socialdemócratas, radicales…) reunida alrededor de Allende. La Democracia Cristiana se presentó con Radomiro Tomic. Todos sabemos que triunfó Allende y los dolorosos sucesos que siguieron a su elección.

HOY la situación es tal que las muy contradictorias encuestas, en medio de un 50% de votantes indecisos (de entre 15 millones de electores) enfrentan a José Antonio KAST, abanderado de la derecha pura, neofascista, y a Gabriel BORIC, izquierdista, apoyado por el Frente Amplio, comunistas y grupos sociales actores de las protestas de hace dos años que han desembocado en una Asamblea Constituyente que sustituiría la de Pinochet. Y, nunca se sabe, también entra en juego la profesora Yasna PROVOSTE de la Democracia Cristiana. O sea, más o menos, pero como una nueva versión de una película con nuevos actores, nos atrevemos a vaticinar que estos tres serán los más votados en la elección de este domingo en Chile, pero que ninguno alcanzará el 50% necesario para «cantar victoria», por lo que será necesaria una segunda vuelta entre los dos primeros. Posiblemente entre el izquierdista BORIC y el derechista KAST, reflejo de un Chile caracterizado por una inmensa brecha social… como la que se vivía en 1970 cuando se eligió a Allende.

Habrá pues que esperar a ver cómo se desarrollará la campaña en los días previos al balotaje para quizá poder vislumbrar quién sería en definitiva electo como Presidente de Chile. Y con la esperanza de que, si fuere BORIC, los generales, ese lastre que por dicha no existe en Costa Rica, no se vayan a «inquietar» como sucediera hace medio siglo al mando del asesino vitalicio.

Observación y acompañamiento electoral en Venezuela

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.
18-noviembre-2021

Desde el año 1998 en Venezuela, con el triunfo del comandante Hugo Chávez, se vienen realizando observaciones y acompañamientos electorales en los distintos procesos electorales en Venezuela; ha sido una práctica de la Revolución Bolivariana, hacerse de este mecanismo de observación y acompañamiento.

¿Pero Cuál es la Diferencia entre Observación Nacional y Acompañamiento electoral Internacional?

La distinción entre las dos figuras se encuentra establecido en el artículo 471 del Reglamento General de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales LOPRE, al indicar que la observación electoral pasó a ser un derecho reservado únicamente a los venezolanos y organizaciones nacionales de observación electoral, legalmente constituidas, y que soliciten presenciar un evento electoral.

Mientras que acompañamiento electoral internacional electoral se define en su artículo 481 como “aquella instituciones o autoridades electorales de otros Estados, organizaciones u organismos internacionales, así como las instituciones y ciudadanos en general, debidamente acreditados con tal carácter por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sea por invitación del propio órgano o por solicitud realizada ante el órgano comicial, en los lapsos y condiciones correspondiente”.

¿Cuál es la Tarea Ideal de los Observadores y Acompañantes en Venezuela?

Velar porque se cumplan todos los requisitos y garantías de limpieza y transparencia exigibles para unos comicios, a saber:

*Libertad de campaña y propaganda de los partidos y candidatos (incluidos los de la oposición); derecho de voto universal, libre, secreto y directo; control de todas esas garantías mediante auditorías de todas las fases del proceso y escrutinio (avaladas por los representantes, testigos e interventores de la oposición, que deben suscribir las actas), y plenas facilidades a los electores para ejercer el voto, incluida la asistencia a los votantes que lo requiriesen.

*Constatar que la oposición cuente con medios y libertad, más que suficientes para desarrollar su campaña, incluyendo el control de grandes medios de comunicación en prensa y televisión.

Cada uno de los colegios electorales debe estar vigilado por un interventor de los partidos opositores.

*Cuidar que los partidos opositores cuenten con testigos (interventores) en todas las mesas electorales y puedan verificar paso a paso la limpieza de cada una de las fases del voto, en un sistema con cinco etapas de ejecución que hacen prácticamente imposible su manipulación:

Control de la identidad comprobada biométricamente mediante verificación informática del documento y de la huella dactilar; Selección electrónica del elegido en una pantalla táctil con la imagen de cada candidato y partido; Impresión del justificante del candidato elegido e inserción de ese voto en urna cerrada y opaca; Segunda verificación del votante mediante firma e impresión de la huella dactilar en el listado del censo; y Auditoría ciudadana final efectuada en la misma noche electoral en el 54% o en el 100% de las mesas, verificando la coincidencia de todos esos controles.

*Vigilar que, en el examen aleatorio de unas 120 mesas electorales, repartidas en diferentes zonas del país, estos observadores deben ser testigos de la plena libertad de los votantes, sin presiones ni proselitismo previo a la hora de votar, así como de la eficaz asistencia prestada por los funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), para que comprendan plenamente el funcionamiento de las máquinas empleadas y de las distintas fases del voto.

Respetando al mismo tiempo el secreto absoluto de su elección, que es imposible de apreciar tras la pantalla/biombo instalada a tal efecto. Las personas (familiares o voluntarios) que asistan a ancianos o discapacitados sólo podían hacerlo para una sola persona.

Un proceso totalmente informatizado y contrastado por cuatro controles manuales y biométricos, además de una auditoría final con múltiples testigos.

*Custodiar que el proceso esté totalmente informatizado y la seguridad de las transmisiones encriptadas hacia la sede central del CNE, además de confirmar en todos los casos por la posterior verificación manual (ante testigos de todos los partidos y en un procedimiento presencial al que pueden asistir todos los votantes que lo deseen), de la coincidencia entre los datos aportados al sistema informático, los controles biométricos y las papeletas impresas depositadas en la urna.

*Prever que, por supuesto, se produzcan incidentes, como la apertura tardía de algunas mesas por el retraso en llegar de los integrantes, averías iniciales de algunas máquinas (y que los operadores deben resolver en plazos breves) y otros habituales en cualquier consulta electoral. En su conjunto no deben ser más importantes, que los que suelen ocurrir durante una jornada electoral en los países democráticos más avanzados del mundo y que no afecten de ninguna manera los resultados finales de las elecciones.

*Declarar finalmente, en lo posible, que el sistema electoral venezolano es uno de los mejores (si no el mejor) del mundo, incomparablemente más seguro, e invulnerable a toda interferencia, que el que está en práctica actualmente en España y otros países europeos. Por tanto, no entendemos que las autoridades de los países de la UE, además de EEUU, asuman de antemano, sin pruebas ni verificación alguna, las acusaciones de fraude vertidas por la oposición venezolana.

En consecuencia, estos acompañantes del proceso electoral deben manifestar su total confianza en la validez de los resultados ofrecidos por el CNE. También expresar su preocupación ante la irresponsabilidad que supone desautorizarlos.

¿Cuáles han sido y deberían ser algunas organizaciones ideales que deberían llevar a cabo el trabajo de monitoreo electoral en las próximas elecciones?

La Misión de Observación Electoral UE

La misión está conformada por un equipo principal de 11 expertos electorales, con Isabel Santos, miembro del Parlamento Europeo, a la cabeza, y al menos 100 observadores que harán el monitoreo a nivel nacional antes y durante el día de la votación

El equipo central evalúa todos los aspectos y etapas del proceso electoral, incluidos los aspectos políticos, electorales, legales, y cuenta con el apoyo de expertos en logística y seguridad.

Específicamente, la misión observará el marco legal y su aplicación; el trabajo de la administración electoral; las actividades de campaña; el papel de las instituciones estatales y la sociedad civil; la cobertura de los medios de comunicación; la votación, el escrutinio y la divulgación de resultados; el entorno en el que se llevan a cabo las elecciones y el proceso de quejas y apelaciones.

Una vez tengan la documentación lista, la MOE-UE emitirá una declaración preliminar dos días después de la votación del 21 de noviembre. Luego, uno o dos meses después del proceso, emitirá un informe detallado con recomendaciones para futuros comicios.

Es la primera vez en 15 años que Venezuela tendrá una delegación de este tipo en unos comicios. La última vez que esto sucedió fue en 2006, durante las elecciones presidenciales en las que el fallecido presidente Hugo Chávez fue reelegido para un segundo periodo.

El Centro Carter

Entre 1998 y 2013, la organización, fundada por el expresidente estadounidense Jimmy Carter, ha participado como observador electoral en Venezuela. El pasado 10 de octubre, tres de sus miembros asistieron como invitados al simulacro electoral que convocó el CNE.

Para el 21 de noviembre, desplegará una misión técnica compuesta por cuatro expertos electorales y dos representantes del Centro Carter. Su llegada está prevista para los primeros días de noviembre.

Debido a su “tamaño y alcance limitado”, la misión “no podrá realizar una evaluación exhaustiva de los procesos de votación, escrutinio y tabulación”. En cambio, se centrará en aspectos clave. Por ejemplo, el marco legal electoral, la libertad de los medios de comunicación, el uso de las redes sociales y la transparencia del CNE en relación al sistema electoral electrónico.

Los expertos también entrevistarán a los actores relevantes para el proceso electoral, incluidos los partidos políticos, el gobierno venezolano, organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Su análisis se basará en las obligaciones y normas internacionales de derechos humanos para las elecciones democráticas.

Días después de la jornada electoral, el Centro Carter publicará un informe preliminar y, dos meses después, otro final “más detallado”, según anunció en un comunicado.

Un Panel de expertos de la ONU

La ONU tiene tres tipos de mecanismos para ayuda electoral: asistencia técnica, observación y organización y observación del proceso comicial. En el caso de Venezuela se trata de la última. Como el equipo solo contará con tres expertos, su labor será más limitada.

A partir de noviembre, el panel de la ONU seguirá el proceso electoral, enfocándose en lo cualitativo y no en lo cuantitativo, con especialistas en áreas como soporte, apoyo logístico, comunicación, análisis de campo, entre otros. Revisarán aspectos como el manejo de la campaña, utilización de recursos públicos y equilibrio en los medios de comunicación.

A diferencia de la MOE-EU, no ofrecerá declaraciones públicas, pues le proporcionará al secretario general, Antonio Guterrés, un informe independiente e interno sobre el desarrollo general de las elecciones.

El Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela)

El organismo regional ha acompañado los procesos electorales venezolanos desde 2004, recibiendo críticas por, supuestamente, tener preferencias con el oficialismo.

En esta oportunidad, su misión estará integrada por especialistas electorales, entre los que se cuentan expresidentes, ex vicepresidentes y magistrados de organismos electorales.

El CEELA está autorizado para presenciar cada una de las etapas del proceso electoral. También puede participar en las auditorías practicadas a los distintos componentes del sistema automatizado de votación.

Asimismo, puede asistir a los centros de votación y presenciar el ejercicio del derecho al sufragio por la ciudadanía, con el fin de verificar la transparencia y confiabilidad de las elecciones.

Al final del proceso electoral, el CEELA entregará un informe a las autoridades del CNE con los detalles encontrados, las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

El Parlamento Europeo

La delegación parlamentaria también estará liderada por la diputada portuguesa Isabel Santos y contará con 12 integrantes políticos: tres populares, tres socialistas, dos liberales y un miembro de los verdes, la izquierda, los conservadores y la ultraderecha, respectivamente.

“No debe ser considerada dentro de la misma categoría que la MOE-UE, porque, en principio, son personas con afiliaciones políticas. No vienen a hacer un trabajo técnico, sino a ver un poco el ambiente electoral y, desde el punto de vista político, tener una visión de lo que ocurre en el país”, explicó Humberto Rojas, miembro de la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación.

*Y en el ámbito nacional, el CNE autorizó el pasado 7 de octubre a seis organizaciones nacionales para la observación electoral. Ellas son: Proyecto Social; Red de Observación Electoral Asamblea de Educación (ROAE); Asociación Venezolana de Juristas; Observatorio Electoral Venezolano (OEV); Fundación por un Pueblo Digno; Centro Internacionales de Estudios Superiores.

Veamos un ejemplo reciente, las elecciones en la Republica de Nicaragua, y los Observadores:

¿Quiénes son los observadores y qué pueden hacer?

Dos Niveles de Observación

El primer nivel de observación es el de los observadores oficiales, que son la ONU y la OEA, organizaciones que tienen el respaldo y la autorización de los presidentes centroamericanos. Carácter oficial tiene también el Consejo de Jefes de Estado Libremente Elegidos, encabezado por el ex-presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter. La ONU y la OEA firmaron un acuerdo con el gobierno de Nicaragua, comprometiéndose a enviar informes periódicos al CSE. Ambas misiones gozan de inmunidad diplomática y cuentan con un gran número de observadores y con una considerable infraestructura, lo que les permite realizar la observación electoral de manera adecuada.

«Los observadores de la ONU y de la OEA han recibido un mandato del gobierno de Nicaragua para elaborar informes periódicos en los que evalúen el cumplimiento y el desarrollo del proceso electoral y formulen recomendaciones al gobierno -comenta Sofía Clark-. Los observadores sirven también de garantes para los contras que decidan repatriarse a Nicaragua y dan también garantías a los partidos de oposición de que su seguridad personal estará protegida y de que podrán ejercer sus derechos cívicos a plenitud».

El segundo nivel incluye a todos los otros grupos que han pedido o se les ha ofrecido una invitación para que participen como observadores. Según Sofía Clark, el gobierno de Nicaragua considera que la función primordial de esos grupos es obtener información de las misiones de la ONU y de la OEA para divulgarla en sus respectivas áreas de influencia. La capacidad real de estos grupos y su propia apreciación del papel que juegan en estas elecciones varía enormemente.

Tanto el presidente de Nicaragua como el CSE pueden invitar observadores. Los partidos políticos y otras organizaciones nicaragüenses pueden solicitar al CSE que invite a determinados observadores, pero en la práctica esto no ha sucedido. Aunque el gobierno esperaba que los partidos políticos, especialmente la UNO, invitaran a grupos de observadores de derecha, los partidos, en general, parecen haber aceptado como legítima la observación que garantizan las misiones de la ONU y de la OEA.

Derechos de los Observadores

El CSE es quien acredita a las dos categorías de observadores. Todos los observadores tienen estos derechos:

– Entrar a las juntas receptoras de votos y revisar los catálogos y registros electorales.

– Estar presentes en los centros de cómputos nacionales y Regionales.

– Recibir información del CSE y de los Consejos Electorales Regionales.

– Tener acceso a las juntas presentadas al CSE sobre los procedimientos electorales.

– Observar el ejercicio de los derechos políticos.

– Observar el trabajo de los fiscales electorales.

– Abrir oficinas para sus delegaciones.

Finalmente, veamos como actuaron los observadores en dos procesos electorales presidenciales en Venezuela:

Elecciones presidenciales 2006

Es importante destacar que durante los primeros años del gobierno bolivariano siempre estuvo presente la observación electoral internacional tanto en las elecciones del 1999, en el referendo revocatorio del 2004, en las elecciones parlamentarias del 2005 y finalmente en las elecciones presidenciales del 2006, encontrándose los observadores de la OEA con el llamado grupo de países amigos, el propio expresidente norteamericano Jimmy Carter y la directora ejecutiva de su fundación, misión de la UE y representantes de diferentes ONGs de alcance global, quienes se movilizaron por todo el territorio para monitorear la celebración de los comicios y la certificación que se cumplían las garantías mínimas para su celebración.

Dentro de la normativa electoral los observadores electorales internacionales contaban con el derecho a la libre circulación por el país sin necesidad de permiso o notificación previa, al libre acceso a la información y a todos los partidos políticos, posibles candidatos y funcionarios electorales, así como los representantes de la sociedad civil y sus electores. Además, establecía la existencia de una coordinación con el CNE de realizar entrevistas, reuniones o visitas a los funcionarios electorales, espacios u oficinas, así como las empresas privadas que tengan a su cargo la organización y supervisión de los procesos de votación, captación de huellas, auditorías, escrutinio, totalización y cómputo de resultados.

Aunando planteaba el acceso a las auditorías previas, la observación y ejecución de las operaciones electorales, al acceso de la información relativa al Registro Electoral, a las bases de datos en los servidores, a los códigos fuentes y a los sistemas operativos referentes al mismo, a la observación de la votación, captación de huellas, auditorías, escrutinio, procedimientos de recuento, agregación y tabulación, transmisión y de resultados, lo cual terminaba en un informe publico donde se generaba recomendaciones claras y operativas ven su búsqueda de incidir en los procesos, y por ende, profundizar la democracia a través del tiempo.

Elecciones presidenciales 2012

Si bien las elecciones del 7 de octubre de 2012, se caracterizaron por no contar con la observación internacional, producto a la reforma del reglamento electoral venezolano del 2010, donde la figura del observador internacional fue eliminada, en su lugar el CNE invita a “acompañantes internacionales”, los cuales no pueden emitir declaración alguna sobre las elecciones hasta que el ente electoral haya proclamado un ganador, cuyos hallazgos y sugerencias deben ser entregadas al CNE confidencialmente.

Estas modificaciones al reglamento electoral son limitaciones que contradicen y vulneran los requisitos para desplegar misiones de observación acordados en la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones suscrita el año 2007 en las Naciones Unidas, el cual también establece el código de conducta de los observadores internacionales.[4]Por lo tanto, esta reforma implico el divorcio definitivo con los observadores internacionales de amplia trayectoria en las elecciones venezolanas como las comisiones la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter.

Dichas comisiones internacionales presentaron su rechazo y diferimiento al concepto que el CNE maneja entre acompañamiento y observación, así como la intención de conformar el envío de un pequeño grupo de expertos para participar en algunas de las auditorias pre-electorales y la observación de la votación el día de la elección. A ello el Centro Carter aclaró que “el propósito del acompañamiento es invitar a extranjeros a observar las actividades realizadas durante día de la votación, mediante una presencia política mayormente simbólica; mientras que el propósito de la observación es el de invitar a organizaciones internacionales a evaluar el proceso electoral en su conjunto de manera sistemática”.

Producto a este escenario en las elecciones se contaron con 240 acompañantes internacionales: 170 eran parlamentarios, delegados de organizaciones internacionales, representantes de organizaciones gremiales, periodistas y académicos, de los cuales probablemente muchos desconocían la ley electoral venezolana y conocían superficialmente los estándares electorales aceptados internacionalmente. Tres organizaciones internacionales enviaron misiones de acompañamiento internacional: la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

En este último aspecto del acompañamiento internacional por parte de las mencionadas organizaciones internacionales, se hace mención de su papel en materia electoral: la Uniore conforma su primera comisión electoral dado a que no había tenido visibilidad en procesos anteriores, el Mercosur, que es una unión aduanera la cual no tiene atribuciones ni competencias electorales envió una misión casi simbólica. En cuanto a la recién creada Unasur, que probablemente sea la única organización internacional que reconoce el acompañamiento internacional, su experiencia en materia electoral era inexistente dado a que estas elecciones representaron su primera participación oficial como observadores.

Aunado a su falta de experiencia, hay un aspecto que coloca aún más en tela de juicio la neutralidad del accionar de estas organizaciones como acompañantes internacionales, como es el hecho que tanto las misiones de Unasur y Mercosur carece de las credenciales de independencia e imparcialidad. Por tanto, el papel desempeñado por este acompañamiento electoral no contó con un observador internacional capaz de denunciar las medidas ventajistas del gobierno de turno para evitar una contienda libre y justa.

Asimismo, el CNE al invitar a UNASUR a “acompañar” el proceso, el gobierno de Venezuela deja claro, una vez más, que no permitirá un monitoreo internacional independiente de las elecciones presidenciales venideras, tras la firma del «Acuerdo entre la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela sobre el acompañamiento internacional Electoral para la Elección presidencial.

Por lo tanto, si partimos de la premisa que la observación electoral ayuda a aumentar la calidad de las elecciones en el mediano plazo, en tanto permiten mejorar los procesos hacia la construcción de elecciones libres y justas, parece irónico que luego de las múltiples misiones de observación nacionales e internacionales que asistieron durante los primeros años del gobierno bolivariano, hayan transcurrido 11 procesos comiciales en los que el Consejo Nacional Electoral dejó de invitar a organismos internacionales como la OEA, la ONU y la UE.

Entendiendo que la observación electoral no es un proceso aislado ni una certificación de que el ganador es efectivamente quién el organismo electoral dice que es, sino un mecanismo para generar recomendaciones claras y operativas que logren incidir en los procesos, y, por ende, profundizar la democracia a través del tiempo.

Con ello el Gobierno Nacional al dificultar que los organismos de observación internacional asistan a los procesos electorales en el país como «acompañantes», hace imposible para las misiones dar declaraciones sobre el proceso y sellar a nivel gubernamental cualquier informe. Haciendo evidente la postura del Gobierno de separarse de su compromiso con la democracia y los derechos humanos, al no buscar garantizar el reconocimiento universal de la transparencia de los resultados, dejando a la sombra de las figuras de las irregularidades.