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El costo del marchamo

Por José Luis Pacheco

20 de octubre 2021

Se aprobó en primer debate el rebajo al costo del marchamo.  Un ridículo de rebaja y un ridículo lo que hacen esos diputados para vanagloriarse en esta época electoral. Ese impuesto al ruedo en Costa Rica es un “asalto” que hemos soportado por años. Se supone que es un impuesto al ruedo de un país en el que no se nos permite rodar en una cantidad de días al año por el tema de la restricción vehicular y además no se nos permite rodar las 24 horas del día.

Además somos el país centroamericano con las peores carreteras. Mal mantenidas y peor iluminadas y mucho peor señalizadas. Una buena cantidad de accidentes ocurren por esa mala iluminación y mala señalización y en esos accidentes el Estado nunca es responsable.  Y si nos comparamos con el cobro que se hace en Centroamérica somos los más caros y a pesar de esa rebaja ridícula lo seguimos siendo y por mucho.

“Los nicaragüenses tienen el costo de rodamiento menos costoso del istmo.

Los costos van desde los 50 y hasta los mil córdobas por marchamo, es decir, entre mil y 18 mil colones. Además, las personas jubiladas están eximidos de este pago. En Panamá cobra $27 a todos los vehículos sin importar el año y $37 si son comerciales. Honduras tiene un cobro fijo pero según el cilindraje del auto. Los menores a 2.500 cc pagan $55 y los mayores a esto $100. El Salvador también tiene precios escalonados que van desde los $10 y hasta los $285 dependiendo de las placas, sean particulares o nacionales.

En Guatemala se paga un porcentaje de impuestos según el año de fabricación del auto; entre más antiguo sea el porcentaje es menor. En Guatemala los modelos 2020, aunque sean de lujo o compactos, pagan lo mismo, mientras que en Costa Rica se paga el impuesto a partir del valor de cada auto sin importar el año. (Fuente periódico La República)”

Como se puede observar, los costarricenses pagamos muchísimo más que todos los otros países de la región y lo peor es que es el único país en el mundo en que a más años más caro el Vehículo. Los valores tributarios suben cada año y la defensa es que se puede pedir rebaja, cuando lo lógico es que de oficio se defienda al pueblo. Este impuesto al ruedo es una muestra clara de la voracidad fiscal de un gobierno que no escatima en hacer cada vez más pobre a su pueblo. Le cobra por rodar su vehículo pero le impide hacerlo gran parte del año. Eso en cualquier otro lado se le llamaría “robo o estafa fiscal.”

Dios quiera que estos diputados y los que vengan hagan justicia y cambien los parámetros para determinar este impuesto y se haga justicia con el pueblo que sigue siendo explotado por la clase política.

Paraísos fiscales, infiernos sociales

Por Zaray Esquivel Molina, presidenta de la APSE

Mientras los ricos y poderosos evaden y eluden en paraísos fiscales, una gran parte de la sociedad vive un infierno social. En Costa Rica la clase media está desapareciendo, los salarios en vez de subir, bajan, y la pobreza alcanza prácticamente a ¼ de la población. 

Y es que los paraísos fiscales son los lugares donde los más ricos esconden las fortunas que han acaparado, a base de explotación laboral y exoneraciones, con el fin de evadir sus responsabilidades tributarias en los países donde operan.  Así lo han demostrado los Papeles de Panamá en el 2016, y ahora los Papeles de Pandora en el 2021.

Por ejemplo, en Latinoamérica aparecen nombrados 3 presidentes, que al mismo tiempo son empresarios. Se trata de Sebastián Piñera, presidente de Chile, Guillermo Lasso, presidente de Ecuador y el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader.

¿Y en Costa Rica? Bueno, aparecen nombres como el del exministro de Economía del gabinete de Oscar Arias, Alfredo Volio Pérez. También Juan Carlos Rojas, dirigente del equipo de fútbol Saprissa. También aparece la cooperativa Dos Pinos.

El caso de la cooperativa Dos Pinos y de Alfredo Volio son muy interesantes, porque a pesar que ambos juran y perjuran que sus sociedades en paraísos fiscales son legales y que no están haciendo nada malo, la historia dice otra cosa. 

Dos Pinos creó un sistema de salarios en una empresa de papel en Belice, para evadir impuestos de renta y cuotas de la Caja en el 2014. Por esa jugada financiera, la cooperativa lechera tuvo que pagarle a la Caja 617 millones como multa, y a Hacienda 257 millones de colones. 

A pesar de este manchado historial, cuando le preguntaron a Dos Pinos sobre su aparición en los Pandora Papers, la empresa dijo que no usaban esas empresas de papel para evadir y eludir. ¿Usted les creería?

Al final, son sólo las empresas más grandes, y los ricos más ricos, quienes pueden permitirse tener empresas de papel. Quienes pueden permitirse gastar millones de millones de colones para pagar bufetes, abogados y firmas que creen empresas fantasma. 

Y en Costa Rica, tenemos un déficit fiscal cercano al 8%, que curiosamente es muy similar al monto que por evasión y elusión el estado deja de percibir, o sea un 8% del PIB. Ante esta realidad es imposible no preguntarse por qué las autoridades no hacen nada.

 

Información compartida con SURCOS por Zaray Esquivel Molina.

Privatizar y desnacionalizar la electricidad obedeciendo a la OECD (3 de 3)

Por Osvaldo Durán-Castro. Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

El Gobierno usa 2 argumentos para justificar el “Proyecto de ley reforma al artículo 3 de la “Ley n° 7200”, expediente legislativo n° 22.601. Uno es “constitucional” y ya lo revisamos en el artículo anterior “Atroz idea del Gobierno: privatizar y desnacionalizar la electricidad”. El otro es copiado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De manera ligera, sin citas concretas, y pareciera que únicamente para legitimar su proyecto, el Ejecutivo hace mención al documento “Estudios Económicos de la OCDE. Costa Rica. Julio 2020”, indicando que “Una de las barreras que el estudio de la OCDE identifica está en la participación del sector privado extranjero. La legislación actual exige que 35% del capital de la empresa que genera la electricidad debe ser costarricense. La OCDE recomienda eliminar esta barrera”. Esa mención al texto de la OECD es una cita que resulta totalmente imprecisa. Además, el proyecto no establece ningún tipo de condiciones, mecanismos o propuestas concretas de regulación para la “participación del sector privado extranjero”.

Para explicar la obediencia a la OECD no se debe olvidar que esta entidad es parte del andamiaje transnacional dedicado a la liberalización económica; que entre sus objetivos incluye el debilitamiento de los Estados nacionales, la apertura privada y la desnacionalización, como vías de reordenamiento de las economías nacionales en la línea del modelo corporativo global, es decir, de la “integración” al sistema de economía global controlado por la élite corporativa desde esas y otras instancias. Esta revisión es obligatoria, y entre cientos de textos calificados se puede recomendar, tanto por su sólido contenido como por su amena y distendida exposición, el libro “Un reportero en la montaña mágica. Cómo la élite económica de Davos hundió el mundo”, del prestigioso periodista británico Andy Robinson. Vale la pena revisarlo sobre todo ahora que en la recién pasada cumbre de Davos, el consenso de la élite global es “resetearnos/reiniciarnos” a todas las personas, es decir, hacer un reacomodo global para proteger su modelo de vida, sin resolver los problemas fundamentales del planeta como el calentamiento global acelerado por los modelos de producción destructiva y consumo ilimitados, pero instalando el discurso del “cambio climático” y adjudicando a todas las personas la misma cuota de responsabilidad. Fue eso lo que dijo el presidente de Francia Macron: “no importa donde vivamos todos tenemos la misma responsabilidad”. Es totalmente coherente que el Gobierno, imitando a la OECD, busque eliminar “barreras”. Esa línea de eliminación de “trabas” ni siquiera es original de la OECD. Es copia de los manuales del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, replicados desde hace décadas en cualquier país del mundo. De hecho, el comunicado oficial de Gobierno del 1 de marzo de 2021 (CP-BCCR-012-2021 / MH-036-2021) sobre la aprobación por parte del FMI del crédito o Servicio Ampliado del FMI (SAF) por US$ 1.778 millones para Costa Rica, indica que “el acuerdo de SAF es un complemento importante a la agenda adoptada por Costa Rica como parte del proceso de acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”.

La falta de transparencia por parte el Ejecutivo al presentar el proyecto como “recomendación” de la OECD, y con ello presionar para su aprobación, fue rechazada por algunos diputados y diputadas y sindicatos del ICE. Laura Vargas Guzmán, presidenta de la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (Asdeice) anotó que lo que se busca es “obligar al ICE a tener que comprar energía sobre todo de capital transaccional”, y Juan de Dios Cordero, presidente Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT) dijo que “se estaría violentando constitucionalmente la Ley 449 del ICE, en cuanto a que dicha institución es el único trasegador de energía”. En el mismo reporte de prensa, Franggi Nicolás, diputada del Partido Liberación Nacional, reclamó que “No se puede abrir alegremente ese tipo de participaciones. Hay que evaluar si se va a debilitar o no la institución” (el ICE).

Otras reacciones negativas fueron las de José María Villalta, diputado del Frente Amplio (FA) que calificó de “cochinada” el proyecto de ley, e indicó que “no hay ninguna justificación para entregar la totalidad del capital de las plantas hidroeléctricas de la Ley 7.200”. En nuestra misma línea de ver el proyecto de ley como una propuesta privatizante y desnacionlizadora, el diputado indicó que “quieren obligar al ICE a comprar energía cara para lucrar y en contra de las propias estrategias nacionales presentan ese proyecto de ley para favorecer al capital transnacional, incluso en detrimento de los empresarios locales”. En contra de que el proyecto sea “requisito” de entrada a al OECD, el diputado del Partido Republicano Otto Roberto Vargas, dijo que “El Ejecutivo está presentando esa posibilidad de abrir el mercado comercial del ICE, pero los que integramos la comisión OCDE y le dimos seguimiento por dos años nunca vimos esa posibilidad”. En similar dirección de desmentir al Ejecutivo, opinó el diputado Jonathan Prendas: “muchas veces el Ejecutivo interpreta a conveniencia lo que dice la OCDE para generar decisiones en la Asamblea Legislativa”.

OECD contra el sector público

La OECD argumenta que en Costa Rica “El marco de la competencia adolece de una serie de limitaciones, que se espera que sean solucionadas mediante la implementación de la reforma a la Ley de Competencia aprobada recientemente” (OECD, 2020, p.6). La tesis aperturista se orienta, teóricamente, a “poner a Costa Rica en la ruta hacia un mayor crecimiento (que) requiere aumentar la productividad mediante la adopción de reformas estructurales para mejorar las regulaciones y mantener los compromisos con el comercio, la inversión extranjera directa y la conservación de los recursos naturales” (OEDC, 2020, p.10). Todos esos argumentos, como hemos indicado, son copiados de manuales. Lo de “la conservación de los recursos naturales” resulta otro simple eufemismo o supuesto discursivo, porque en Costa Rica son las organizaciones sociales las que sosteniendo límites a la destrucción de los ecosistemas, mientras los empresarios de la Unión de Cámaras le dictan ruta al Gobierno y no han permitido la ratificación del Acuerdo de Escazú, un hecho que es ya una vergüenza internacional. De paso, otro ejemplo global de que “la conservación de los recursos naturales” importa poco, es que la Unión Europea ya firmó un pacto de “carbono neutralidad” para el 2050, pero permitiendo que Polonia mantenga sus minas de carbón hasta 2049. A esa inadmisible excepción se suma el espinoso tema del uso de la energía nuclear, que crea conflictos irresolubles entre países de la Unión.

El proyecto de ley usa la crítica de la OECD sobre la falta de apertura para sostener que eso “demuestra que en Costa Rica hay un amplio margen para mejorar las regulaciones”. La OECD reclama que “algunas empresas estatales tienen sus propias exenciones específicas, lo que hace que el trato sea desigual no solo entre los sectores público y privado, sino también entre las empresas públicas” (OEDC, 2020, p. 36), y que “Todo esto impide que el sector privado compita en condiciones de igualdad para las contrataciones públicas, lo que también implica costos excesivos para el Estado y una prestación de servicios deficiente” (OEDC, 2020, p. 36). Entiéndase que “mejora” equivale a desregular, abrir a la competencia privada local y externa, o como se lee en las recomendaciones del mismo documento de la OECD “Adoptar una estrategia de inversión más diversificada, reduciendo la participación de los valores del Gobierno” (OEDC, 2020, p.62).

En la propuesta que hizo el Gobierno para negociar con el FMI, “Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia” (2020), se decía que “Se estima de las propuestas de venta de activos del Estado, tienen un potencial recaudatorio de 0.57% del PIB, que provendría de la venta de FANAL, BICSA y varios terrenos del Estado” (p.48). Esto coincide plenamente con la idea de la OECD de reducir “la participación de los valores del Gobierno”. Recuérdese que en esa misma propuesta se propuso vender ““Kolbi”, el Banco de Costa Rica, el Banco Internacional de Costa Rica, el INS, Recope y la Fábrica Nacional de Licores” (p.28), lo cual se desechó por una fuerte oposición social.

Otras 2 recomendaciones de la OECD que no pueden dejarse de lado y deberían ser cuidadosamente evaluadas son: 1. “Debido a la situación fiscal, cada vez se reconoce más que se necesita la participación privada en proyectos de infraestructura” (OEDC, 2020, p.56), y 2. “Tanto las concesiones como las alianzas público-privadas (APPs) pueden ser modelos útiles para atraer la participación privada en el financiamiento y la ejecución de proyectos de infraestructura”. (OEDC, 2020, p.58). Sobre estas recomendaciones se puede hacer un extenso trabajo a la luz de los resultados de las inversiones usadas para enriquecer a empresas y personas, corrupción, pésima calidad de resultados, tráfico de influencias, colusiones de intereses, “secuestro del Gobierno” por las cámaras de la empresa privada, etc, cuya última manifestación es el caso Cochinilla. Y otra recomendación de la OECD que nada más copio es “Introducir cargos por uso de carreteras” (OEDC, 2020, p.63).

El supuesto de la OECD sobre que “las reformas ayudarían a compartir los beneficios del crecimiento más ampliamente entre los costarricenses”, está prácticamente calcado en el texto del proyecto del Gobierno, cuando indica que “la eliminación de esta restricción (inversión externa en la electricidad) busca fomentar el comercio y la participación de la inversión extranjera en el país, así como las ventajas y efectos económicos, sociales y de desarrollo que de ellas derivan”.

“…Vivimos en un sistema económico fallido”

Si de algo se ha hablado con claridad durante la pandemia del Covid-19, es precisamente de que la apertura y facilidades para el sector privado, la liberalización, la desestatización, y ahora para Costa Rica esta propuesta desnaciolizadora, han llevado a mucha más desigualdad social. La Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (OXFAM), entre otras entidades, coinciden en la urgencia de “acabar con la riqueza extrema para erradicar la pobreza extrema”. OXFAM ha dicho que “la riqueza extrema es síntoma de que vivimos en un sistema económico fallido”. En su Informe “Tiempo para el cuidado. El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad” (2020), señaló que “…tan solo el 4% de la recaudación fiscal mundial procede de los impuestos sobre la riqueza, y hay estudios que demuestran que las grandes fortunas eluden hasta el 30% de sus obligaciones fiscales”. Por eso pinta a remate casi burlesco la recomendación de la OECD sobre “Comunicar con claridad que las reformas ayudarían a compartir los beneficios del crecimiento más ampliamente entre los costarricenses ayudaría a superar las barreras de la economía política para su implementación” (OEDC, 2020, p.9). No tenemos evidencia, de ningún país, para demostrar que privatizar y abrir a la inversión externa un servicio público esencial como el de la electricidad, como el que tenemos en Costa Rica, haya contribuido a mejorar el bienestar colectivo. En términos de cómo destruir una sociedad con apertura indiscriminada de inversiones y privatizaciones, el caso de Argentina es emblemático entre muchísimos y podremos ver algo de esto en otro momento.

En paralelo con los proyectos de ley ley n° 21.606 para permitir la exportación de electricidad privada y n° 22.601 para eliminar trabas a la inversión externa en electricidad, el “Informe de Auditoría de Carácter Especial N° AI/69/GESTIÓN/INFOR/A.6.1/2020 referido al Análisis sobre la reorganización del ICE”, permite concluir que los cambios en los altos mandos del ICE están orientados a facilitar “desde adentro” el debilitamiento de la institución. La Auditoría detectó la sorprendente cantidad de 41 inconsistencias, faltas e incumplimientos. Una de éstas es que “La Propuesta Técnica no incluye un análisis financiero, técnico y legal que respalde las estimaciones del costo o contingencias por indemnizaciones laborales” y aún así la dirección de ICE sigue con el proceso y lo defiende como válido. Y otro proyecto de ley, Expediente 22.009 “Ley para la promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables”, que ya fue aprobado en primer debate, es una propuesta que, con el argumento de “…establecer las condiciones necesarias para promover, regular y garantizar bajo un régimen especial de integración solidaria, eficiente, segura y sostenible, las actividades relacionadas con el acceso, instalación, conexión, interacción y control de recursos energéticos distribuidos basados en fuentes renovables de los abonados interconectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”, permitirá la concentración de nuevas fuentes y su distribución en manos de empresas con capacidad financiera, poniendo en riesgo, cuando no aniquilando, una verdadera opción de generación y distribución democratizante de la electricidad. No comprender todas estas propuestas de ley como un proceso único, deliberado y bien tramado para fortalecer el mercado privado, sería una total candidez.

LLEVARSE TODO

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Lo primero con lo que usted disponga no es necesariamente lo más importante. Por eso, ante la premura de una salida urgente, las personas se toman el tiempo, que no tienen, para buscar un objeto preciado, valioso, cercano y llevárselo consigo en una salida forzada de su hogar, al que seguramente no regresará jamás.

No es un amuleto cualquiera. Constituye quizá una conexión con un recuerdo, un olor, un paisaje, un momento. Es una “ayuda memoria” que mantendrá pie a tierra a la persona que deberá salir obligada por las circunstancias y enfrentarse a nuevas experiencias.

Los desplazamientos forzados obligan a eso: dejar de forma repentina su sitio seguro, su zona de seguridad. Las causas pueden ser muchas pero los impactos en las personas que los experimentan son múltiples e irreversibles.

Hagamos el ejercicio por un momento mientras lee estas reflexiones. ¿Qué objeto importante para usted, para lo suyos, tomaría para que lo acompáñase en su viaje quién sabe dónde y por cuánto tiempo? ¿Por qué sería ese objeto? ¿Había pensado en eso antes?

En los últimos años, dos eventos distantes entre sí han marcado lo que yo llamaría “la ruta de las biografías” que no es ni más ni menos lo que la gente lleva consigo cuando debe partir sin retorno.

El primero se desarrolla hace ya más de un mes y sucede en la Isla española de La Palma, que ha quedado expuesta a la furia incontenible del Volcán de Cumbre Vieja, que lo ha destruido todo a su paso.

En un foto reportaje publicado hace poco por el diario español El País se cuentan historias profundas relacionadas con lo primero que la gente recogió de sus casas en quince minutos antes que la lava volcánica «fosilizara» sus pertenencias: una foto con sus cuatro hermanos, la sudadera de su hijo, un colgante y un llavero regalado por sus hijas, un busto con la figura de su padre.

¿Ya pensó usted que se llevaría a su viaje sin retorno?

Durante décadas ya, el éxodo centroamericano se cuenta por miles. Millones. Pero es en los últimos años que su carácter forzado ha obligado a la urgencia de una salida en el último minuto.

En la vera del trayecto, que ahora se produce en forma de caminata por las carreteras y fronteras del norte de la región y a su entrada a México y Estados Unidos, se han encontrado cientos de miles de objetos pertenecientes a estas personas, algunas de ellas, más bien muchas de ellas desaparecidas.

Una foto galería publicada apenas en marzo anterior con el nombre “El rastro que los migrantes centroamericanos dejan en la frontera sur” expone de forma gráfica y certera esa dimensión que pareciera ser irrelevante, pero no lo es si tomamos en consideración que las pertenencias encontradas son historias de vida, biografías, registros de una memoria individual y colectiva que cuentan un proceso que todavía no acaba:

“El terreno desde la orilla del Río Bravo en el que los migrantes centroamericanos descienden de la balsa hasta el puesto donde la patrulla fronteriza espera a quienes se entregan, cuenta historias. Ropa, medicina, utensilios personales y pulseras en las que se leen las palabras “entrega” o “llegadas”, son artículos que aparecen como rastro en el último tramo que los centroamericanos caminan por las noches en su travesía hacia la frontera de Roma, en Texas, Estados Unidos. (Tomado de (HTTPS: //GATOENCERRADO.NEWS. Recuperado el 4 de noviembre de 2021)

Las dimensiones profundamente humanas de este tema no terminan en la trivialización de lo cotidiano. Quizá para usted sea importante una fotografía familiar por su apego a ella, un rosario, un anillo con un alto valor sentimental. Para otra persona, un reloj, un dije, un libro con recuerdos familiares.

Llevarse todo es llevarse eso que quizá se pierda en el trayecto o cobre un nuevo significado en la nueva experiencia de vida.

¿Ya completó el ejercicio que le invité hacer? ¿Qué llevaría consigo? Cuénteme, conversemos.

 

Imagen: https://gatoencerrado.news

La dimensión desconocida del “Cambio Climático”: Ecofascismo

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

Hay armas que son simplemente pensamientos.
Los prejuicios pueden matar y la sospecha puede destruir.
Rod Serling

Una vez más, potencias mundiales, multimillonarios, transnacionales, organizaciones internacionales y países se unen en “coro” para combatir el Cambio Climático en la COP26, sin embargo, cuando vemos las portadas de los periódicos y los “post” en redes sociales, surge un momento de incredulidad. Cómo si aquello que observamos fuera sólo una deformación de la realidad. Valdría la pena aprovechar ese segundo y preguntarnos ¿Qué tensiones han conformado ese contexto que vemos?

Cuando hablamos de Cambio Climático, aparentemente asistimos a un consenso común de emergencia mundial, de preocupaciones y acciones compartidas. Sesión tras sesión pareciera que los consensos se construyen en torno a la protección del planeta. Sin embargo, si abrimos la mirada más allá del evento en cuestión, nos damos cuenta que no hablan de lo mismo, y que los desacuerdos son la ley en torno a la búsqueda de acciones para afrontar la crisis climática.

Pero se preguntarán ¿Qué hay detrás de toda esa infraestructura técnico-social que se despliega en favor del ambiente? Cómo todo espacio de disputa, diversos sectores procuran imponer una narrativa que asegure su posicionamiento, y les permita conservar y reproducir las relaciones que favorecen su dominio. En este caso, el capitalismo no es inocente en la construcción de esto.

En los últimos 30 años, asistimos a un reposicionamiento de las fuerzas extractivas en nuestras sociedades, si por un lado creció una mayor conciencia ciudadana y científica de los límites que rodean a nuestro planeta, por otro lado los sectores dominantes “hicieron su tarea”. Desarrollaron una nueva narrativa que les acompañó, una en la cual el mercado y el crecimiento económico eran imprescindibles para el sostenimiento del planeta.

Resultó que en estas tres décadas, la expansión económica y el consumo de mercancías en todos los niveles de la producción no paró, no resultaba ser un proceso a intervenir, todo lo contrario, era la señal precisa que necesitaban todas las sociedades. Es decir alcanzar un estado de “desarrollo” tal que les permitiera generar la riqueza para obtener mediante la “sofisticación” social esa “conciencia ambiental”. La pobreza fue el primer eslabón de la narrativa, el mercado tenía la ingente tarea de reducir la pobreza y salvar al planeta, es decir culpar al pobre por la contaminación.

Es así como estas fuerzas dominantes, lograron lo impensable, alejar la mirada de las relaciones económico-sociales que les permite acumular y reproducir su riqueza, es decir aquellas relaciones que promueven un consumo desmedido de las sociedades ricas, y derivan en la explotación de los bienes naturales y del trabajo de los seres humanos (abaratamiento por medio de la desregulación ambiental y erosión de los derechos).

Precisamente muchos sectores corrieron a proteger y justificar estas relaciones de explotación como el motor para el cambio social. Y como respuesta surgió la responsabilidad social corporativa, aquellas relaciones en las cuales el mundo corporativo devolvía a la sociedad el fruto de sus preocupaciones, a través del involucramiento “comunitario” y “pagando” por su contaminación.

Llegados a esto, podemos decir que aquel desarrollo sostenible, es meramente una opción financiera mediante la cual “Quien contamina paga”, y que reduce toda la crisis climática a la “compensación”, logrando impedir cualquier asignación de responsabilidad o freno a eso que le llaman crecimiento económico.

Esta idea de “pagar” por la contaminación nos empujó a una etapa de mercantilización de la naturaleza que extendió la frontera extractiva a través del capital natural y las “soluciones basadas en la naturaleza”, es decir sobre los bosques, manglares, mares, entre otros territorios que mantenían fuerzas de resistencia al capital, pero hoy les amenaza la financiarización, una fuerza que rodea y ahoga, que despoja, privatiza y concentra.

Y llegó la Revolución 4.0, la solución tecnológica como elemento clave para la “revolución” de la conciencia humana. Con un despliegue de optimismo desmedido, impulsado por el desarrollo tecnológico en todas las áreas del conocimiento, comprometido con el desarrollo de instrumentos e infraestructura para las interconexiones y cumplimiento de las tareas, ha conllevado a un reimpulso de los extractivismos de todo tipo desde fósil hasta agronegocio, pero está vez el precio se justifica por el compromiso por un “futuro ambiental”.

Tal vez el punto más crítico que evidencia la total desconexión de esta época, es que durante estos últimos treinta años, asistimos a una realidad donde la defensa del ambiente se volvió una de las actividades más peligrosas. Con el paso de los años se evidencia que las comunidades que se resisten al despojo de sus territorios son las “trabas” a la inversión, y los nuevos “ecoterroristas” que azotan los planes de desarrollo.

Hoy en la COP26, asistimos a un teatro que invisibiliza la estrecha relación entre el crecimiento económico y degradación ambiental. Una narrativa que logró impedir poner en cuestión el modo de producción que domina nuestras sociedades, que lo “absolvió” y lo convirtió en solución. Una vez más es importante cuestionar las formas y modos en que nos presentan las “soluciones”. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Quiénes están padeciendo las consecuencias?

Cuando vemos de nuevo las notas de prensa o redes sociales, nos damos cuenta que ahí arriba se construye una sociedad pequeña, privilegiada y privatizada para aquellas personas que pueden “pagar” el privilegio de “compensar” su huella ecológica. Para el resto de las personas que vivimos fuera de la frontera de esa minúscula sociedad padecemos el apetito de los extractivismos desatados por esta “revolución” del capitalismo verde.

UNA FISCALÍA PARA LA DEMOCRACIA

José Manuel Arroyo Gutiérrez. Exmagistrado CSJ. Profesor catedrático UCR.

         Hay que insistir en la importancia que tiene, en una democracia, la cabeza del Ministerio Público. Es vital en la medida de los poderes discrecionales que por ley se le asignan, tanto por lo que debe hacer, como por lo que no debe hacer. Dirigir el monopolio de la acción penal pública no es poca cosa, cuestión relativamente compleja y llevadera en la delincuencia convencional (robos, estafas, violaciones, homicidios); pero tremendamente compleja en cuanto a la delincuencia no convencional (corrupción público/privada, narcotráfico, sicariato, tráfico de personas o de armas). Los principios de independencia y objetividad rigen para toda su actividad. Tan dañino puede ser un fiscal con mentalidad de acusador a ultranza, como aquél que, por negligente o corrupto, fomenta la impunidad.

         Quien ocupe la fiscalía general tiene que demostrar que ha estudiado la teoría fundamental de los derechos humanos y sabe aplicarla; tiene que demostrar que conoce la Constitución Política, el derecho penal y de manera especial el derecho procesal penal. Debe además demostrar que maneja los requerimientos mínimos de una denuncia, el tratamiento que debe llevar una investigación preliminar en coordinación con la policía judicial, y tener entrenamiento en la formulación de un dictamen acusatorio, o cualquiera de las otras salidas procesales. Quien ocupe este cargo estratégico para la sobrevivencia de la democracia, tiene que demostrar que sabe escuchar y trabajar en equipo, y que ha manejado, con pericia, un alto número de subalternos.

         Este país no puede darse el lujo de designar para los más altos cargos judiciales, por mucho apoyo político que tengan, a personas que en su vida han tratado casos y expedientes, los requerimientos y las resoluciones para desempeñarse con solvencia. No podemos poner a pilotar el avión a quien cuenta apenas con licencia para motocicleta. Importa saber de qué universidad es graduado, si de las de verdad o las de garaje. Para esto hay que ver los índices de promoción en las pruebas del Colegio de Abogados.

         Pero la fiscalía general no es sólo cuestión de conocimientos jurídicos. Es también de rasgos de personalidad, psicológicos y de carácter. Tiene que cultivar la sabiduría para tomar decisiones y hacerlo de manera oportuna; tiene que ser valiente para resistir presiones internas y externas, de grupos de poder legítimos e ilegítimos; además debe tener la destreza de ponerse en el lugar del otro, y de manera especial en nuestros tiempos, en el lugar de la otra. La prudencia y la serenidad son indispensables, un rasgo de personalidad sin el cual, toda pericia se pone en riesgo.

         Guárdenos la Providencia de un fiscal o fiscala débil, influenciable, manipulable, presto a recibir instrucciones de los de arriba, agradecido por el nombramiento, displicente, venal, servil. La valentía es la base de la integridad. Cumplirá con su delicada función si no se doblega ante nada ni ante nadie.

         Por eso la Fiscalía General debería tener el indispensable rango Constitucional; debería ser la culminación de toda una carrera y tener las condiciones profesionales, salariales y demás ventajas de un miembro de Corte Suprema. La tentación de pasar de la Fiscalía a la Corte debería evitarse, no sólo por decisiones personales, sino por impedimentos legales.

         He visto una precalificación que ha hecho la Comisión de Nombramientos de la Corte Suprema de Justicia en el certamen abierto para nombrar Fiscal General. Considero que en ella hay nombres con los mínimos de experiencia, conocimientos y personalidad adecuada para el cargo. Pero hay otros nombres que paran el pelo. Al menos, si no se tiene el perfil ideal, la Corte debería designar a alguien que no haya manifestado públicamente sus miedos y fobias a determinadas minorías de la población, alguien que al menos sepa la diferencia entre delito y pecado. Lo graves es que una vez nombrado, todas y todos estaremos en manos del nuevo fiscal o fiscala. Y sólo hago este último señalamiento porque he constatado la existencia de algún candidato impresentable con nota superior a 90. La resurrección en pleno siglo XXI de los Torquemadas medievales que en el mundo han sido. Una involución inaudita. Una auténtica catástrofe.

La asociatividad frente a la crisis económica, social y política como resultado de la pandemia

Carlos Hernández / Equipo dinamizador Red Economía Social Solidaria / RedESS

“La pandemia es el shock productivo, fiscal y social potencialmente más grave en la historia moderna del país”. Estado de la Nación

Frente a la crisis y el impacto de la pandemia en las comunidades rurales de nuestro país, encontramos a las organizaciones afectadas reagrupándose tratando de generar soluciones ante la ausencia y abandono de la institucionalidad, varios meses en los que nos hemos encontrado con dificultades y barreras, la incontrolable transmisibilidad del virus, la paralización de las actividades económicas en los territorios. Ha sido explícita la solicitud permanente de diversos sectores de solicitar medidas concretas orientadas a reactivar la economía. Incluso en países con economías más fuertes que cuentan con más recursos para articular una respuesta urgente y adecuada para afrontar este desafío, la recuperación está muy lejos de haberse conseguido.

La pandemia ha evidenciado con mayor fuerza un modelo de pobreza y exclusión, solo algunos cuantos en estos tiempos han incrementado su ganancias, todas las medidas en términos de política han sido para favorecer las grandes empresas, han sido incapaces de articular una respuesta coordinada y funcional, capaz de amortiguar los efectos en los sectores más vulnerables, ya lo estamos viendo frente a la crisis, las recetas han sido recortes a programas sociales y debilitamiento de la atención institucional en los territorios.

Ante esta situación a las organizaciones no les ha sido fácil gestionar la crisis económica que les impacta. La mayor dificultad se expresa en restricciones de movilidad, el cierre de los mercados locales con un impacto adverso sobre su capacidad de comercializar los alimentos, lo que afecta por tanto su ingreso y su derecho a un nivel de vida adecuado; además, la vida organizativa trastocada y con dificultades de comunicación y acceso virtual.

Por lo que es de urgencia para nosotros, como RedESS, la defensa de los sistemas alimentarios locales, la seguridad y soberanía alimentaria. Iniciativas de las organizaciones territoriales campesinas familiares impulsan con creatividad, diversas estrategias. Sus iniciativas incluyen la elaboración de protocolos de bioseguridad, fomentar las prácticas agroecológicas, ventas a domicilio, trueque, y otras para sostener los espacios de comercialización propios, acciones de incidencia en los territorios para lograr que se mantengan las formas de producción y comercialización propias, mercados solidarios territoriales y locales.

Un gran esfuerzo de reorganizarse, generar alianzas, crear las condiciones que motiven y den esperanza por parte de todas las personas que creemos en otra economía posible y que entendemos que solo fortaleciendo el tejido organizativo y las iniciativas en estas circunstancias de sobrevivencia y resistencia.

Compra de mármol vino con premio

Por Freddy Pacheco León

Los empresarios del mármol del municipio de Almería, en Andalucía, promocionan la venta del mármol de su región, premiando, por ejemplo, a personas y edificaciones latinoamericanos que consuman cantidades significativas de sus piedras. Este año le dieron ese reconocimiento al feo y muy problemático edificio de la Asamblea Legislativa, que parece un gran block de cemento olvidado por ahí, construido sin estudio de impacto ambiental. Los empresarios andaluces lo que premiaron fue «la superficie Dekton by Cosentino, nacida en la Comarca del Mármol de Macael, en su color Blanc Concrete», usado como «revestimiento de los cuatro pilares» del edificio. Obviamente, no se está premiando el anti diseño de ese edificio. Si no hubiesen importado esas piedras del sur de España, ¡jamás habrían considerado tal adefesio como premiable! ¡No coma cuento!

Los actos de celebración del Bicentenario de la Independencia en Cartago

Vladimir de la Cruz

La celebración del Acta de Independencia del 29 de octubre de 1821, el pasado viernes 29 de octubre, en la Plaza Mayor de la ciudad de Cartago, en coincidencia con el 200 aniversario de esta Acta, se acompañó de una gran actividad organizada, como debía ser por parte del Consejo Municipal y del señor Alcalde… un juego de pólvora, los actos protocolarios del caso con discursos brevísimos del Historiador Franco Fernández, del Alcalde Mario Redondo y del Presidente de la República, Carlos Alvarado, seguido de un largo y pesado desfile de bandas, todas muy buenas, pero desfilando de un modo muy lento que en nada coincidían con los contenidos del acto de la celebración, extendiendo el acto y disminuyéndolo en la parte protocolaria de las intervenciones, lo que no debió ocurrir.

Para dirigir la parte protocolaria del Acto se contrató a la periodista de Repretel, cartaginesa ella, Laura Brenes, que lo hizo con gran maestría, con propiedad y con magnífica dicción, pero de una manera muy rígida y autoritaria, como seguramente le instruyeran lo hiciera por lo largo del Programa. El guion del Programa obviamente lo prepararon en la Municipalidad con esas limitaciones.

La música escogida para el evento por parte de las bandas pudo haber destacado más música regional valle centralista y hasta cartaginesa, que la hay, de autores y compositores como Mario A. Rodríguez, Simeón Orozco, Eligio Mata, Alberto Gómez, Juan Carlos Rojas, R. Luna, J. A. Gómez, y de María Mayela Padilla. Pudo haberse invitado a la Orquesta y Ballet del Conservatorio de Artes de Cartago, a la Asociación Folklórica Tierra Tica, asociación cartaginesa, música que pudo acompañarse con la propia del Valle Central, considerando el peso de representantes en la sesión del 29 de octubre de 1821, de delegados del Valle Central. En música cartaginesa hay mazurcas que se adaptan bien a las bandas, como la música de “El Gamonal” y “La fiesta”, o el paso doble “Los trasnochadores”, o el vals “Olga”.

Los discursos del Historiador Franco Fernández, del Alcalde Mario Redondo y del Presidente Carlos Alvarado parecieron “improvisados”, para la importancia y relevancia del Acto que se estaba celebrando. En el caso del Historiador la que estaba a cargo de llevar el guion del evento, la periodista Laura Brenes, le advirtió que su intervención debía ceñirse a tres minutos de lo contrario le cortaría la palabra y lo dejaría sin “audio”, siendo el invitado para hacer una intervención académica, de fondo, de carácter histórico, que justificara y exaltara la importancia de la fecha, 29 de octubre, su significado y relevancia para la actividad que se estaba celebrando, el Bicentenario del Acta de Independencia de Costa Rica. Los tres “minutos” que le dieron disminuyeron la calidad de su intervención. El Consejo Municipal debería invitarlo con motivo del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, en su bicentenario el próximo 1º. diciembre. El discurso del Alcalde fue flojo en ese sentido, pudiendo él haberse destacado en igual sentido que el Historiador Fernández, enfatizando en otros aspectos relacionados con el acontecimiento y con la develación del monumento que exaltaba La Libertad, la Independencia, que se había encargado con apoyo económico de la MUCAP de Cartago. El discurso o la breve intervención del Presidente Carlos Alvarado, también se sintió improvisada para el significado del Acto en el que se encontraba presente. Atinó en señalar, con cierto nerviosismo o inseguridad, que esa Acta del 29 de octubre, firmada en Costa Rica, que declaraba la Independencia absoluta de España, era, por esa razón de la firma en Costa Rica, el Acta de Independencia de Costa Rica. A eso se redujo la esencia de su intervención.

La develación del Monumento fue elegante, con elementos sorpresivos en su forma. Pudo distinguirse bien la figura femenina y su grandeza, su estilizada Figuera, esplendorosa, con energía, con vitalidad.

Por fin se empiezan a hacer en el país obras “monumentales” en la escultura monumentaria, que es la que se dedica a conmemorar eventos, figuras, hechos, pasajes de la Historia Nacional, y de la Historia Patria, que exalten de esa manera su trascendencia y significación histórica. La escultura monumentaria es la que también se orienta a conmemorar y perpetuar la memoria de los hechos y figuras, héroes y personalidades históricas.

Por la situación de la Escultura “La Libertad”, como se la conoce, se podría considerar también una escultura de ambiente, colocada en la Plaza Mayor de Cartago, justo al frente de la Municipalidad y de la ruinas de la Iglesia, que son parte de ese entorno.

Lo que queda en evidencia es que esa Escultura exige y necesita una restructuración de todo ese espacio, de todo ese parque o Plaza Mayor, una remodelación total del parque, incluyendo la consideración de eliminar los árboles, si es del caso sustituirlos, sin que estos opaquen el Monumento. Si esto no se hace la Escultura pierde su fuerza, su distinción y la posibilidad de convertirse en el elemento central de ese espacio.

El Monumento Nacional, en el Parque Nacional, tiene su lugar destacado, abierto, respecto a los elementos naturales que le acompañan, y con el espacio suficiente para actos protocolarios al frente del mismo y con espacio agradable para quienes lo visitan, caminan y descansan en el Parque Nacional.

Lo desagradable de los monumentos y edificios públicos, cuando se inauguran, son las placas que se les ponen indicando quienes aprobaron la realización de esos edificios, o quienes financiaron la obra escultórica o el monumento en su conjunto, y en algunos casos ponen hasta las empresas constructoras, sus ingenieros y arquitectos, o a los escultores. Así sucedía con el Monumento a las Garantías Sociales, del escultor Olger Villegas, antes de la actual remodelación de ese espacio, por los puentes túneles y autopistas que se han construido, que alrededor suyo tenía cuatro rótulos en los puntos cardinales, con unas letras en grande que decían BCR, indicando al Banco de Costa Rica que seguramente mantenía el conjunto escultórico. Igual se hizo con el edificio nuevo de la Asamblea Legislativa, y en muchos edificios públicos aparecen todas las directivas, con sus nombres, de quienes inauguraron o tomaron el acuerdo de impulsar esas obras.

En el actual Monumento escultórico a “la Libertad”, en la Plaza Mayor de Cartago, igualmente le pusieron una placa resaltando a la empresa bancaria cartaginesa que financió la obra.

En ninguna parte del mundo, ante una obra como ésta, se hace eso, de poner una placa que parece que es un homenaje a la empresa. Nadie puede imaginarse al Arco del Triunfo en París con una placa de esa naturaleza, o el Monumento de Lincoln o a Washington con unas plaquitas de ese tipo.

Ese tipo de prácticas en Costa Rica, de poner placas alusivas y abusivas a las empresas privadas, que financian o participan en su construcción es una tremenda polada, es un acto de extremo mal gusto, que nada artístico tiene y le quita al Monumento, a la Escultura, su belleza, la afea. Esas placas no forman parte del Monumento, pero al estar allí pareciera que son parte integrante de él. Patrimonio Histórico debiera pronunciarse a este respecto, con este Monumento y con todos aquellos que tengan estas horribles placas.

Es también una manera corrupta de hacer propaganda personal, y política, de los funcionarios que forman parte o mandan a inscribir sus nombres en esas placas. No se inmortalizan de esa manera. Pareciera que dejan sus nombre como si fueran placas mortuorias.

Puedo entender que las Juntas Directivas, y quienes dentro de ellas toman esas decisiones, y ciertos políticos por su ignorancia, por su mal gusto artístico, o poca o casi ninguna cultura general, corran preocupados por verse en letras de molde en una placa como si fuera una placa grabada, de tipo funerario, puesta no en un cementerio, en un nicho mortuorio, o en un mausoleo en un cementerio, para indicar quienes están allí son “muertos en vida”.

Para eso están los brochures o aquellos elementos informativos que, en pequeños escritos, expliquen la obra, señalen a sus autores o escultores, las autoridades políticas que lo aprobaron, o la administración en que fueron hechas. A propósito de esto, el brochure elaborado por la MUCAP y la Municipalidad de Cartago, titulado “Monumento a la Independencia. Costa Rica victoriosa” está muy bien concebido, cumple esa función informativa, describe la obra en sus elementos principales y destacados, señala los elementos centrales de la escultura, de sus materiales, destacando al artista, al escultor Ángel Lara Vargas, que la realizó. Eso es suficiente. La placa de los “muertos en vida” deben quitarla. Con quitarla no pierde majestuosidad la MUCAP en su generosa colaboración con la hechura del Monumento. Se dignifica en su sencillez, humildad y discreción, con que debería actuar su Junta Directiva en este caso.

Al monumento alusivo a la Independencia, en Cartago, se le debe eliminar esa placa horrorosa que le pusieron al frente, que devalúa la Estatua y la expresión artística allí expresada, que dice poco de la empresa bancaria que pagó la obra generosamente, sin que por ello condicionara que tenía que anunciarse que esa empresa pagó la obra. Si así fue, que condicionó, no se debió aceptar el obsequio… quien paga la música manda el baile, dice el refrán, y más peligroso es cuando se pagan obras de municipalidades o de entes públicos…la cochinilla es la cochinilla. Hay que evitarla.

Fragmentación y Desunión de la Derecha Venezolana

Lic. José A. Amesty R.
02-noviembre-2021

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Pedro Calzadilla, anunció que las elecciones regionales y municipales de gobernadores, alcaldes, legisladores y concejales, se realizarán el próximo domingo 21 de noviembre de 2021.

Inmediatamente, los principales partidos de oposición de Venezuela anunciaron su participación en las elecciones de alcaldes y gobernadores de noviembre 21, rompiendo tres años de boicot y llamados a la abstención por falta de garantías.

Más recientemente, el gobierno de Venezuela se estuvo reuniendo en México, con una de las nueve fracciones de la derecha, estrechamente vinculada al gobierno estadounidense. Un acuerdo puede abrir las compuertas para volver a la política centrada en la gente y que la política de los políticos deje de hegemonizar la cotidianidad de los y las venezolanas. También para ver la realidad, de la oposición venezolana de verdaderamente sí participarán en las próximas elecciones de noviembre 21-2021.

Sin duda alguna, por decir algo, las oposiciones venezolanas, no tienen iniciativa propia, cada vez más desprestigiadas, quizás por su doble discurso y doble moral, y un verbo radical.

Pero veamos una descripción breve y caracterización de la derecha venezolana, según el escritor Luis Bonilla, en su artículo, “Venezuela, hacia una nueva aproximación geopolítica”, para determinar su rol y posibilidad de triunfo en las elecciones, así como su pertinencia en el amplio espectro político venezolano.

La Primera de las oposiciones, es la conformada por los factores reunidos en México, cercanos a las fracciones políticas originales de Primero Justicia (Borges-Capriles), Voluntad Popular (Leopoldo López-Guaidó), Nuevo Tiempo (Manuel Rosales) y Acción Democrática (Allup).

Se trata de partidos que han sido intervenidos por la vía judicial y cuyas autoridades han sido designadas ad hoc; de hecho, uno de los puntos de negociación es la devolución de las siglas, cuentas y propiedades de esos partidos. A esta derecha se la denomina “G-4”.

En su mayoría (salvo AD), son expresiones políticas renovadas de los intereses de la vieja burguesía cuarta republicana. Su agenda está profundamente vinculada a la relación de sus intereses de clase con el capital trasnacional; procuran la integración armónica entre capital nacional y capital trasnacional, una tarea que ha tenido dificultades desde los ochenta. Ante el nuevo reparto geopolítico en el mundo buscan controlar el Estado (o una fracción de él) para capturar la renta producto de la exacerbación extractivista que le ha asignado el capital a la región en el marco de la cuarta revolución industrial y del consumo de bienes importados. Es un sector sin proyecto productivo capitalista alternativo al extractivismo.

La Segunda es una derecha empresarial, que actúa como su propia representación ya que no confía en las mediaciones políticas que pretenden representarla. Su cara más visible es Lorenzo Mendoza, quien no descarta ser una opción presidencial.

La Tercera aparece conformada por la llamada Alianza Democrática, que reúne a Avanzada Progresista (Henry Falcón) y los llamados “alacranes” (autoridades designadas por la intervención judicial de partidos) de Acción Democrática (Bernabé), Primero Justicia (Primero Venezuela), Voluntad Popular, COPEI, Venezuela Unida, Movimiento ecológico de Venezuela, Unidad Visión Venezuela, Compromiso País, Bandera Roja, UPP89, Opina, Soluciones (Claudio Fermín), Movimiento Republicano, NVIPA, Prociudadanos, MAS, Min-Unidad, Alianza Centro.

Este grupo de la derecha es el que más acuerdos y negociaciones parciales con el gobierno ha realizado; por ello, son considerados por el G-4 como una derecha relacionada al gobierno.

En la Cuarta están los factores más radicales (María Corina Machado, Antonio Ledezma y Andrés Velásquez), quienes promueven la aplicación del TIAR y la invasión norteamericana.

Están prácticamente aislados después del abandono del republicanismo en la Casa Blanca.

La Quinta es la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), liderada por el Partido Comunista, y de la cual hacen parte una larga lista de exintegrantes de partidos que fueron intervenidos, como el PPT (Patria Para Todos) y Tupamaros, pero también el Partido REDES, Izquierda Unida, Nuevo Camino Revolucionario (NCR) y una pléyade de organizaciones locales y regionales que acompañaron hasta hace poco al gobierno de Maduro.

Es una disidencia por izquierda, es decir, que busca empalmar con el mundo del trabajo. Desde su conformación, la APR no ha podido mostrar capacidad de movilización ni de articulación de su discurso con la izquierda latinoamericana, razón por la cual no ha construido fuerza real para ser factor a favor del mundo del trabajo en la negociación.

La Sexta derecha, viene conformada por los factores académicos e intelectuales que se estructuran alrededor de la Plataforma en Defensa de la Constitución (PDC) y Pensamiento Crítico. Se suele aludir a ella como “chavismo disidente”, aunque no representan a todas las expresiones de este grupo. Este grupo no tiene capacidad alguna de movilización que les habilite para ser tomados en cuenta en una negociación.

La Séptima reúne a sectores de la izquierda que articulan desde el movimiento social ecológico, indígena, feminista y educacional en defensa a los dirigentes obreros presos, de la comunicación alternativa, entre otros. Este sector, aunque desarticulado en el presente, es el más dinámico y creativo. Una convergencia de sus fuerzas pueden ser factor determinante en la habilitación de una opción política con presencia real en los territorios. Pero hasta ahora no se ven signos claros en ese sentido.

Un punto aparte es lo que ocurrió en las recientes elecciones del PSUV, donde emergieron nuevos liderazgos locales y regionales (muchos de ellos alimentados por las Comunas) que en algunos casos fue respetada su elección y en otros invalidada. El movimiento de las Comunas puede significar un despertar del espíritu constituyente.

La Octava es la izquierda radical trotskista, muy débil. Después de haber producido un reagrupamiento significativo a comienzos del siglo XXI, se fracturaron a raíz de la valoración del gobierno de Chávez. En la actualidad, en el caso de Marea Socialista y el PSL vienen acompañando luchas puntuales, pero con profundas debilidades para insertarse en movimientos de masas; no han logrado construir un polo de referencia. En el caso de LUCHAS, escisión de Marea Socialista, su labor se ha centrado en la propaganda, con precaria inserción en la lucha social.

La Novena derecha es muy marginal: una derecha fundamentalista y ultraconservadora, liderada por el exministro de planificación de Chávez, Felipe Pérez Martí, que pareciera ser en el mediano plazo el germen de una derecha al estilo de Trump o Le Pen, con el añadido del mesianismo religioso.

Estas oposiciones-derechas, aliadas del capitalismo neoliberal, y cuyas elites han hecho lo imposible por destruir la iniciativa del gobierno revolucionario, quien plantea una ruta distinta al mencionado capitalismo neoliberal.

De allí que las negociaciones en México, ya destruidas, buscaban eliminar la violencia política auspiciada desde el exterior y había esperanzas que se conjure la violencia como opción política, se retomara la normalidad de la institucionalidad democrática y se levanten las criminales sanciones económicas, que solo han servido para causar sufrimiento al pueblo, y nutrir el discurso acerca del fracaso del camino socialista.

Pero esperar algo de estas derechas en Venezuela, es como pedirle peras a un olmo, algo imposible.