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¿Se logrará lo soñado por 12 años?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Marlin Oscar Ávila

2 de noviembre de 2021

Sí es correcto lo que algunos analistas aseguran en estos días, previo a las elecciones del 28 en Honduras, el futuro hondureño podría obtener un giro significativo. Se argumenta que Juan Orlando Hernández (JOH), actual presidente y su camarilla de delincuentes del Partido Nacional, están definiendo su accionar a partir de las próximas elecciones para escapar de la ciega justicia, porque se ha logrado la unidad dentro de la oposición, porque Yanny Rosenthal (partido Liberal) está muy debilitado y que el gobierno de EUA le está cerrando el círculo a JOH y compañía para juzgarlos en NY, es razonable la satisfacción notoria en el ambiente local. Sin embargo, para eso tuvo que haber un acuerdo entre la Procuraduría, el Secretario del Tesoro, el de Defensa (Pentágono) y el director de la Agencia de Inteligencia CIA, del gran poder del Norte, para luego obtener el acuerdo presidencial gringo. Esto de acuerdo con la Ley Kingpin (Raúl Zaldívar). Además de que la Corte Suprema de NY de ese país lo solicite. ¿Será que toda esa coordinación se ha dado? Sí ha sido así, don Juan Orlando y los líderes de su cartel están en grandes aprietos multisectoriales. Esos cuerpos ejecutivos pueden estar actuando en silencio. Por eso debe ser que escuchamos a JOH amenazando a la oposición de que «no se confíen» y al candidato a alcalde por Tegucigalpa, David Chávez, dispuesto a una guerra civil.

No es para menos.

Los carteles como organizaciones transnacionales no se dan por vencidos fácilmente. Sus líderes se asesinan entre sí, y hacen «limpieza social”, pero no claudican en vengarse. Tampoco se entregan a la justicia, a menos que encuentren eso como último medio de sobre vivencia, aunque sea para seguir respirando dentro de una cárcel gringa.

Sin embargo, es de tal calado la calidad de delitos de la familia Hernández contra los intereses de su pueblo y de EUA, que esa dejó de ser opción e ir a acompañar al hermano menor, Toni H. a las cárceles de los EUA.

Sin embargo, los carteles delincuenciales tampoco le van a disculpar, no solamente por los millones de dólares invertidos en JOH y su partido, sino por dejar de ser importante para continuar sus jugosos negocios ilícitos.

Desde luego, hay muchas cosas por ocurrir en las próximas horas y días, antes de asegurar algo concreto.

JOH y su círculo está muy bien equipado técnica, económica y militarmente puesto que tiene secuestrada la institucionalidad del Estado, tiene parte de los cuerpos armados a su lado, tiene un capital de miles de millones de dólares (mal habidos) para comprar las conciencias más caras posibles (incluyendo la de Daniel Ortega), tiene a la ultra derecha internacional de su lado, comanda bandas de sicarios y pandillas, tiene a la mitad del pueblo muriendo de hambre, además de tener la conciencia colectiva más perversa de la historia hondureña.

En su construcción y consolidación han participado sectas e instituciones religiosas, grupos empresariales, partidos políticos, agencias «de desarrollo», ONGs, colegios de profesionales, oficiales militares, y organismos internacionales.

Así que los líderes de la oposición corren riesgos de ser asesinados selectivamente, las manifestaciones populares, reprimidas y, puede correr más la sangre de ciudadanos por opinar diferente al narco estado, como ya se ha visto en el reciente pasado, máxime ahora, que el Congreso Nacional legalizó muchos delitos y hasta el crimen organizado puede actuar con impunidad.

Esperemos que la comunidad internacional, menos conservadora, sea concreta en diferenciar lo justo de lo injusto, siguiendo los acuerdos y convenios multilaterales, lo que favorece a las grandes mayorías sin querer aparecer neutrales ante tanta violación a los derechos humanos y civiles. Basta de buscar excusas para no actuar con justicia desde la comunidad internacional.

En este mes hay mucha distracción internacional, no solamente por las crecientes tensiones entre potencias mundiales, pero por las otras elecciones políticas en Venezuela, Chile y Nicaragua, además las fuertes movilizaciones políticas en Bolivia, (por pretensiones de la derecha en volver a dar un golpe), Ecuador (porque a su presidente le exigen juicio político) y Guatemala, por alta corrupción en el gobierno)

¿Será que los hondureños verán la luz al final del largo túnel esta vez, o seguirán las incontables «caídas de Cristo» antes de su crucifixión?

La pobreza en el 2021: la zona rural y las regiones Brunca, Huetar Caribe y Huetar Norte, con las peores condiciones

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares(Enaho) 2021 del INEC, señala cambios significativos en la pobreza entre zonas de residencia de la población y entre regiones del país entre el año 2020 y el actual, que aunque de alguna manera confirma el comportamiento evidenciado en los últimos años, debiera ser preocupante por las diferencias que se marcan entre la zona urbana y rural y entre unas regiones y otras, expresando las persistentes desigualdades regionales que han caracterizado el país.

Según el informe de resultados de la Enaho, entre el 2021 y el anterior, por zonas de residencia, se da una disminución significativa de la pobreza en la zona urbana con respecto al año anterior, mientras la rural permanece sin variación. El porcentaje de hogares en pobreza en la zona urbana decreció 4,6 p.p., pasando de 26,4 % en el 2020 a 21,8 % en el 2021; a pesar de ser una variación estadísticamente significaba, este nivel de pobreza es el segundo más alto desde el 2010, superado únicamente por el observado el año anterior. El porcentaje de hogares en pobreza, entre los residentes en la rural es de 26,3 %, es el valor más alto en los últimos cinco años; este nivel no varía con respecto al año anterior.

En relación entre la pobreza en la zona urbana y la rural, permite establecer una brecha de 4,5 p.p. entre el nivel de pobreza de los hogares rurales y los urbanos; cabe mencionar que, desde el 2014 se venía observando una tendencia a cerrar esa brecha, hasta prácticamente desaparecer en el 2020. 

Con referencia a los hogares en pobreza extrema según zona de residencia, el comportamiento es semejante al de la pobreza total, la pobreza extrema en la zona urbana disminuye significativamente, en tanto, en la rural no hay variación estadísticamente significativa. 

El porcentaje de hogares en pobreza extrema en la zona urbana es de 5,5 %, lo que corresponde a 1,4 p.p. menos que el año anterior cuando se estimó en 6,9 %, mientras en la zona urbana la incidencia de la pobreza extrema es de 8,3 %, un punto porcentual más alto con respecto al año anterior (7,3 %). Con respecto a la brecha en el nivel de pobreza extrema entre las zonas, al igual que sucede con la pobreza total se revierte la tendencia a disminuir esa diferencia, estableciéndose en 2,8 p.p. en el 2021.

La brecha de pobreza, también conocida como intensidad, a nivel nacional se sitúa este año en 8,8 %, disminuyendo -1,3 p.p., respecto al 2020. Con respecto al año anterior, en la zona urbana este indicador pasa de 10,2 % a 8,2 %, mientras en los hogares de la zona rural pasa de 9,8 % a 10,5 % en el 2021, lo cual significa que, en promedio, en los hogares rurales, es más la cantidad de dinero que necesitan los hogares pobres para superar la línea de pobreza y salir de esa condición.

Al considerar la incidencia de pobreza por región en el 2021, la región Central permanece con el nivel de pobreza y de pobreza extrema más bajo del país, con incidencias de 18,1 % y de 3,9 % respectivamente, mientras la incidencia de la pobreza extrema disminuyó 2,1 p.p., en el 2020 se estimó en 6,0 %. El porcentaje de hogares en pobreza extrema de la región Central, es el más bajo que se ha observado desde el año 2010, coincidiendo con la cifra de los años 2010, 2013 y 2017.

La región Brunca presenta un comportamiento muy preocupante, porque es la región con el mayor aumento tanto en la pobreza extrema como en la pobreza total, en ambos casos corresponde a la mayor variación experimentada entre las regiones, además se ubica como la región con el mayor nivel de pobreza total en el 2021. El porcentaje de hogares en pobreza en esta región en el 2021 es de 33,5 %, lo cual corresponde a un aumento de 7,0 p.p. con respecto al 2020 cuando se ubicó en 26,5 %, por su parte, la pobreza extrema se estima en 10,2 %, lo que equivale a un aumento de 4,3 p.p.

Sin embargo, el nivel de pobreza en las regiones Huetar Caribe y en la Huetar Norte no es menos preocupante ya que es de 32,4 % y 31,9 %, en ambas este es el nivel de pobreza más alto desde el 2010. Con respecto a la pobreza extrema, en ambas regiones hay un aumento estadísticamente significativo, de 2,2 p.p. en la Huetar Caribe y de 3,1 p.p. en la Huetar Norte. En la región Huetar Caribe, la estimación de este año (10,4 %) es la segunda más alta desde el 2010, superada por la observada en 2015 cuando fue de 11 %, mientras para la Huetar Norte la cifra del 2021 es la más alta reportada en toda la serie Enaho, con 12.9 %.

Tampoco el caso del Pacífico Central es fácil de ignorar, pues el total de pobreza es de 30,9 %, el segundo más alto desde el 2010, únicamente superado por la estimación del 2020 (34,7 %), en esta región la pobreza extrema disminuye 2,9 p.p. pasando de 11,3 % en el 2020 a 8,4 % en el 2021.

De las regiones periféricas, solo la Chorotega logra mejorar los indicadores de pobreza, ya que se ubica como la segunda región con menor nivel de pobreza, presentando la segunda variación negativa más importante en la pobreza total, pasando de 31,7 % en el 2020 a 26,2 % en el 2021, nivel semejante al observado en el 2018, que equivale a una variación estadísticamente significativa de -5.5 p.p., en esta región el porcentaje de hogares en pobreza extrema es de 8,5 %, permanece sin cambio con respecto al año anterior cuando se estimó en 9,0 %. 

En cuanto al ingreso de los hogares, en la urbana el ingreso promedio de los hogares se estimó en ₡ 1 119 073, mientras que en zona rural en ₡ 651 511, esto significa que el ingreso promedio por hogar en la zona rural es 41,8 % menos respecto a la urbana. En comparación al año anterior, el ingreso promedio de los hogares aumenta significativamente en la zona urbana (13,3 %), mientras en la zona rural no se observa un cambio significativo en comparación con el año anterior. 

Al analizar el ingreso según las regiones, se observa que la región Central mantiene los mayores niveles de ingreso, con un ingreso promedio por hogar de ₡ 1,177.592.   Mientras las regiones Brunca, Huetar Norte y Huetar Caribe son las de menor ingreso con un ingreso promedio de ₡ 627.852, ₡ 636.934 y ₡ 675. 797 respectivamente. 

Las regiones Chorotega y Pacífico Central ocupan el segundo y tercer lugar en cuanto el ingreso promedio del hogar, para la Chorotega el ingreso fue de ₡ 778. 436 y para la región Pacífico Central el promedio fue de ₡ 751.869. (INEC,Encuesta Nacional de Hogares,2021)

Frente a los resultados de la Enaho, cabe preguntarse cuáles son las razones para la existencia de estas desigualdades en los niveles de pobreza y pobreza extrema y en los niveles de ingreso de los hogares, entre las zonas urbana y rural y entre la región Central y las demás regiones periféricas.

La explicación de estas desiguales parece estar estrechamente asociada al desarrollo productivo y económico inequitativo, a la distribución desigual de la riqueza y la acción diferenciada del Estado en la región Central con respecto a las regiones periféricas y a los consecuentes rezagos en el desarrollo socioeconómico de éstas últimas.

El estudio de actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica realizado por Banco Central de Costa Rica en el 2020, había establecido que la producción se especializa por zonas geográficas y que existen diferencias marcadas entre la estructura productiva de la Gran Área Metropolitana(GAM) y la de las regiones periféricas, la primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras que las periféricas en agricultura y turismo, mientras el comercio se encuentra en casi todo el país.

Así mismo, la administración pública está altamente concentrada en el centro del país, especialmente en el cantón de San José, mientras la construcción, la educación y salud aunque se encuentran más distribuidos a lo largo del país, la mayor concentración sigue presentándose en la GAM (Alterdes.cr,febrero,2021).

Un buen ejemplo de la concentración de la actividad económica, es la ubicación de los principales zonas francas y en particular la fabricación de instrumentos y suministros médicos en las cabeceras de las provincias que conforman GAM, en las que se concentran las empresas de manufactura de alta tecnología, así como la inversión extranjera que recibe el país

Por su parte, en cuanto al panorama de la pobreza en las diferentes regiones, el Índice de Desarrollo Humano 2020 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), había mostrado que la mayor pobreza y desigualdad se registra en los cantones fronterizos y rurales, mientras que las regiones de planificación con mayor desventaja social son la Huetar Norte, la Huetar Caribe y la Brunca.(Alterdes.cr,nov. 2020)

El comportamiento de los índices por cantón, es coincidente con el nivel de pobreza existente en el 2019 según la Encuesta de Hogares del INEC, en la que la pobreza es alta en algunas regiones, por ejemplo, en la región Brunca,la Huetar Atlántica y el Pacífico Central, en la que la pobreza es mayor al 30%, lo que implica que la tercera parte de los hogares no cubren sus necesidades básicas, en esas regiones la pobreza extrema es del, 9.2, 8.9 y 9.1, las más altas del país.(LN.com,18-10-19). 

La Región Brunca, presenta bajos indicadores de desarrollo desde hace varias décadas.   Hace dos años, un artículo denominado “Pobladores de la zona sur encaran solos desempleo y pobreza”, ponía en evidencia esos indicadores, pues la tasa de desempleo era de 14.9%, la tasa de subempleo era del 15.6% y la tasa de pobreza era de 32.2%.   Además con excepción de Pérez Zeledón, los demás cantones de la región Brunca se encontraban entre los 12 cantones con el índice de desarrollo social(IDS) más bajo, según una medición de Mideplan del 2017, en donde Buenos Aires, Golfito y Osa son los que enfrentan el peor panorama.(LN,2-9-2019).

Un diagnóstico de Mideplan a inicios de los 2000 señalaba, que las bajas condiciones de vida y la persistencia de la pobreza en la región Brunca se asocia a la presencia de factores relacionados con la escasa generación de empleo e ingreso, que limitan las posibilidades que tienen esos hogares de buscar alternativas para superar la situación de pobreza; (por lo que) en ese contexto resulta relevante impulsar políticas estatales orientados a lograr un acceso real de esta población a los recursos productivos y un mejoramiento de la productividad, que les permita cruzar definitivamente el umbral de la pobreza y mejorar sus condiciones de subsistencia.(Plan Regional de Desarrollo Brunca 2002-06,p.9)

De manera similar la región Huetar Norte desde hace varios años presenta serias limitaciones en su desarrollo debido a que el modelo de desarrollo económico vigente está centrado en monocultivos, en la producción de naranja, piña y raíces y tubérculos a gran escala, junto a la producción ganadera extensiva y de granos.  Esa dinámica económica, social y ambiental de la región plantean grandes desafíos al desarrollo regional, ya que la dinámica agroexportadora no está generando el empleo necesario para sostener a la población de la zona y estas formas de producción presentan una creciente degradación y pérdida de su rica base de recursos naturales.(Cudeca,2011).

Igualmente un estudio de SEPSA-PROCOMER del 2008, establecía que a pesar de las potencialidades de la RHN (invaluables recursos naturales, para la producción para el mercado nacional y para la exportación), contradictoriamente, presenta bajos índices de desarrollo social y humano, Upala, Los Chiles y Guatuso, poseen las posiciones más bajas entre los últimos diez cantones más pobres del País; (…) existe una concentración de la actividad productiva, de la exportación y de los servicios básicos en algunos cantones y se expresan grandes disparidades a lo interno de la Región.(Alterdes.cr,enero 2020)

En el caso de la región Huetar Caribe, la actividad productiva y las exportaciones están concentradas en unos pocos productos, como el banano,la piña y los tubérculos, las dos primeras en grandes fincas, que son las que generan la mayoría del empleo y los ingresos salariales de la población. Esas mismas actividades, sobre todo la piña, generan efectos ambientales nocivos por la contaminación de suelos y fuentes de agua.

El desempleo entre el 2016 y el 2020, ha aumentado de 9.9 al 15.7%, el ingreso promedio aunque ha crecido levemente, representa alrededor del 70% del de la región Central, el segundo más bajo después de la región Pacífico Central y la pobreza ha crecido del 27.6 en el 2016 al 29.8% en el 2020, como la segunda más alta entre las regiones(Mideplan,Estadísticas regionales,2021).

La problemática social y económica que ha caracterizado a éstas regiones, está ligada a la falta de dinamismo de las actividades productivas, a las condiciones de desempleo, pobreza y desigualdad, al deterioro de la vivienda y la infraestructura social y productiva y a las limitaciones en el acceso a la educación, la salud, los servicios públicos y las nuevas tecnologías.

De ahí que la generación de opciones productivas, empleos de calidad, infraestructura y servicios en territorios rurales es uno de los principales retos del país, ya que la concentración de la riqueza se presenta en los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal y la institucionalidad gubernamental.

 

Foto tomada de Universidad de Costa Rica

La caja de bobos más grande que pueda existir: El METAverso de Facebook

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Bonilla Molina

Investigador de las Ciencias Sociales, docente y luchador social. Internacionalista por una educación pública, gratuita y de calidad

Mark Zuckerberg acaba de anunciar que desde el 1 de diciembre la empresa Facebook pasará a llamarse META. Esto tiene dos implicaciones, una de carácter empresarial para legitimar y construir viabilidad jurídica a una de las operaciones más importantes que vienen haciendo: la venta de información. Facebook usa la minería de datos para apropiarse la información desagregada de sus usuarios, la cual vende a terceros sin reportar porcentaje de ganancias para quienes de manera inconsciente proporcionan la información. La segunda para crear el metaverso, un universo virtual que modelará actividades como consumo, participación política, sociabilidad, educación e incluso filtrará el acceso a la innovación científica tecnológica.

Esto ocurre, en medio de la incredulidad de muchos docentes y gremios docentes respecto al sostenimiento de la ofensiva de las trasnacionales de la tecnología sobre el mundo educativo, tanto en la fase educativa presencial de la pandemia como durante la postpandemia. Hasta ahora, las actividades que pretende asumir el metaverso de Facebook eran parte de las tareas de reproducción cultural asignadas por el capital a los sistemas escolares (consumo, sociabilidad, ciudadanía, democratización del conocimiento).

Esto ocurre mientras entre el 40% y 50% de la población estudiantil – e incluso docentes- no tiene siquiera conexión a internet o aun dispositivo de conexión remota. Y el otro 50% -estudiantes y docentes- usó plataformas comunicacionales como zoom, googlemeet, streamyeards, Facebook o WhatsApp para maratones de doce horas de clase y más, evidenciando que no tienen ni la más mínima idea de la tormenta tecnológica que se avecina sobre la educación. En el primero de los casos estaríamos observando el surgimiento de la peor y más abrupta de las exclusiones de los últimos siglos, aún ocultada con discursos de pronta normalización; quienes están quedando rezagados hoy corren el riesgo de quedarlo permanentemente y pasar a la periferia de la peor de las pobrezas y marginaciones. En el segundo de los casos la educación durante la pandemia les convirtió en consumidores de tecnología, analfabetos en programación y algoritmos, destinados a seguir la pauta que impongan los acuerdos de gobiernos y sus ministerios de educación con las corporaciones tecnológicas. Por eso hemos insistido en la urgencia de alfabetización en los algoritmos para poder producir respuestas de emancipación y liberación en el actual contexto y sobre todo sobre la necesidad de un debate pedagógico mundial sobre las implicaciones de la cuarta revolución industrial en educación.

¿Que será el metaverso de Facebook?

Hasta ahora Zuckerberg ha anunciado fragmentos de lo que será su metaverso y por ello afirmamos que será la más grande caja de bobos que pueda existir. Será un mercado virtual absurdo, donde van a cobrar dinero real por experiencias virtuales o tal vez sea gratuito para garantizar la alienación que sostenga el modo de producción y acumulación capitalista en la cuarta revolución industrial.

En el metaverso de Facebook, podrás tener avatares (réplicas tuyas) en la oficina y de tus amigos en casa. Mediante mecanismos de realidad virtual aumentada podrás compartir con amigos o personajes que tú crees, comprando alimentos, ropa, viajes, casas que solo estarán en este universo paralelo. Podrás viajar con amigos a lugares remotos con una sensación de realidad en tiempo real, propia de tecnología que hoy asociamos en su nivel primario al GPS.

En la caja de bobos más grande del mundo, quienes se sumen serán educados en comportamiento social, participación política, consumo y tendrán acceso a información filtrada y trabajada.

Claro que esto no será el 1 de diciembre de “golpe y porrazo”. La transición será lenta y sostenida pero seguramente, en el 2030, cuando los teóricos del Foro de Davos prevén el crash del sistema educativo global, el metaverso emergerá como alternativa más allá del entretenimiento.

Compartido con SURCOS por Óscar Jara.

Honor, libertad de expresión y ley penal: Una relación compleja

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

SURCOS comparte la siguiente invitación:

Este lunes 01 de noviembre a las 5:00 pm se difundirá el programa Orden del Día con el tema Honor, libertad de expresión y ley penal: Una relación compleja. La transmisión será por Facebook Live en las redes de Radio Universidad de Costa Rica 96.7 o bien, se puede escuchar por 96.7 Radio Universidad.

En un momento histórico en que ser periodista es un oficio peligroso (con asesinatos y persecución) y que el derecho penal puede ser usado para acallar críticas al autoritarismo pero en que, paradójicamente, las redes sociales festinan impunemente el honor de muchos/as y los crímenes de odio contribuyen a la polarización social es necesario preguntarse…¿deben ser despenalizados los delitos contra el honor en CR? ¿Cuál es el concepto de honor tutelado? ¿La regulación actual permite la defensa del honor de todas las personas? ¿Se ha convertido esta en una herramienta para neutralizar la crítica política y la investigación de hechos ilícitos en el país?

Para debatir este tema se contará con la participación de

  • Damián Loreti
  • Carlos Tiffer Sotomayor

Moderan y conducen:

  • Giselle Boza Solano
  • Rosaura Chinchilla Calderón

Se presentan como libertarios pero son todo lo contrario

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (12)
Tercera época

Rogelio Cedeño Castro
Sociólogo y escritor costarricense

A semejanza de lo que acontece en el mundo ficticio de la llamada MATRIX, una serie fílmica de tres películas, exhibida recientemente de nuevo por Netflix, la que había causado furor en el período que corre durante los años de 1999 y 2003, entre un público compuesto por los más jóvenes de aquel entonces (Pourquoi les 13-25 ans en font leur filme culte LA GÉNÉRATION MATRIX Le nouvel observateur n° 2015 Du 19 au 25 juin 2003) en la que los seres humanos reducidos a la condición de esclavos de las máquinas, o una parte de ellos y las máquinas (dotadas de voluntad y actuando por sí mismas, formando parte de un programa informático que domina el universo) libran una larga guerra llena de innumerables trampas, y amenazas insospechadas para los seres humanos que aparecen en cada tramo del despliegue del incesante conflicto, a mi parecer nunca resuelto del todo, ni siquiera al final de la tercera película dados los vacíos que deja entre los espectadores más críticos.

El mundo de Matrix o la matriz informática resulta ser, en cierto sentido, uno tan parecido al del universo de nuestra cotidianidad en las sociedades contemporáneas, siempre en guerra con la naturaleza en general, en la que se promueven la deforestación y la contaminación, la crueldad hacia las otras especies animales y entre los mismos seres humanos, debida la enorme destructividad de estos últimos, donde nada de lo que parece ser, lo es en efecto aunque presente rasgos de realidad, pues todo aquello que se presenta ante nuestros ojos no pasa de ser una ficción o la sumo, un acercamiento a lo que de verdad acontece: en ella, aunque por todos lados aparecen una serie de individuos o movimientos sociopolíticos que dicen ser libertarios o liberales, sus conexiones e intencionalidades ocultas nos demuestran que son precisamente lo contrario, el problema reside en que debemos dotarnos de una especie de hermenéutica, o llave maestra para poder evidenciarlo y salir del engaño, dentro de lo que es una tarea que apenas estamos empezando.

Los presuntos liberales de la segunda década del siglo XXI se visten con ropaje ajeno, o sólo hacen uso del término “liberal” como un mero adjetivo, y mucho menos lo emplean como sustantivo, dotado de algún valor explicativo, lo que podría resultarles comprometedor. Parece que, más bien estas gentes se toman la audaz liberalidad de apantallarnos, o de hacer un intento de oscurecer nuestro raciocinio diciéndonos que ellos son liberales libertarios, una cierta alquimia política que cobró sentido a finales del siglo XIX, cuando los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, verdaderos precursores de la revolución mexicana, de 1910 en adelante, le dieron a la rama del liberalismo de México en la que militaban, un fuerte contenido anarquista y reivindicativo de las clases populares, más acorde con el sentido primigenio de la palabra “libertario”, entonces asociada con el anarquismo o los anarquistas, mientras que nuestros contemporáneos de la ultraderecha local no pasan de ser meros “libertarians”, lo que en el lenguaje y la tradición anglosajonas quiere decir más bien conservadores (Tories) e individualistas extremos, inspirados en el pensamiento del sociólogo y filósofo inglés Herbert Spencer (1828-1903), quien preconizaba que ayudar a los más desfavorecidos por la fortuna, es decir a lo más pobres no hacía otra cosa que debilitarlos, los que sobrevivan serían siempre los más fuertes.

Las llamadas “elecciones libres” no pasan de ser otro mito, uno que resulta ser el más peligroso, dado que opera como un gigantesco mecanismo controlado por los banqueros y los propietarios de los medios de comunicación social más importantes. Es por ello que el mero enunciado elecciones libres no aclara nada al no explicarnos ¿de qué o de quien serían libres esas elecciones?, tan inherentes al quehacer político existente en las democracias formales o democracias de baja intensidad de nuestros países: los que financian a los “partidos” y a los “candidatos” son quienes tienen la última palabra e incluso dirán a los medios de comunicación ¿cuáles son los candidatos a entrevistar en los momentos de más rating o sintonía de la radio, la TV o en los espacios preferenciales de la prensa escrita diaria, en un país donde sólo existen dos diarios?, los demás quedarán dentro de la igualitaria invisibilidad. Esto es algo que ya ocurrió en Costa Rica durante las elecciones generales del año 2014, y lo más probable es que ocurra de nuevo, en las de febrero de 2022, en el océano inmanejable de candidaturas presidenciales y diputadiles inscritas, dentro de lo que parece ser una invitación al caos, o la renuncia al intento de cualquier explicación racional del universo político en que nos movemos.

Anti-vacunas: Una brújula política extraviada y peligrosa

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

En semanas recientes, un pequeño grupo de personas que se manifiestan contra las vacunas se ha estado movilizando para expresarse. En una democracia como la nuestra (declinante en muchos aspectos), están en su derecho aun cuando la inmensa mayoría de las y los costarricenses no compartamos sus posturas y los motivos que los hacen movilizarse.

Las personas anti-vacunas para sostener sus ideas y posiciones utilizan argumentos que van desde irracionales teorías de conspiración hasta razonamientos más serios, centrados en el hecho de que las vacunas anti-covid-19, generan dudas con respecto al verdadero alcance de su eficacia inmunológica y las secuelas que podrían producir en las personas inoculadas.

En el fondo, muchas de estas personas cuestionan los avances científicos y técnicos sin fundamentos sólidos y asumen una conducta que puede ser perjudicial para ellos mismos y, peor aún, para sus entornos sociales y para la comunidad nacional ante la posibilidad de la extensión del contagio del coronavirus. Asimismo, su posición es contraria al deseable avance en la meta de la inmunización de rebaño, que nos protegería a todos y sería una condición clave para la reactivación económica y social, que le urge a un país en profunda crisis multidimensional.

Las redes sociales son como una daga para la democracia en virtud de que pueden fortalecerla porque aseguran una comunicación horizontal muy rápida pero también pueden ser medios muy eficaces para la difusión de noticias falsas y de peligrosas teorías “conspiranoicas”. Sirven al mismo tiempo para construir, pero también pueden ser útiles para destruir personas, procesos e iniciativas de beneficio social.

Precisamente, han sido esas redes sociales las principales difusoras de las posturas anti-vacunas en el mundo y, desde luego, en Costa Rica. En su momento fue Donald Trump el difusor de ideas que han afectado la atención de la pandemia en su país; incluso afirmando que una forma de combatir el coronavirus era consumiendo dosis de desinfectante. El otro promotor de estas bizarras ideas ha sido y lo es todavía, Jair Bolsonaro en Brasil, que hoy es acusado por crímenes contra la humanidad por su terrible manejo de la pandemia y por la muerte de alrededor de 120.000 personas, cuyos fallecimientos habrían sido evitables. Igualmente han brotado movimientos desde posiciones de extrema derecha en España (Vox), Francia (el partido de Le Pen) y en otros países europeos. Se trata de movimientos que se manifiestan contra las vacunas e igualmente, lo hacen contra los inmigrantes, los derechos de la mujer y otros avances en materia de derechos humanos.

En una encuesta realizada en Costa Rica por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre el 4 de agosto y 6 de setiembre del año en curso, un 94 % de la población “considera de importancia la vacunación contra la covid-19 para detener y evitar contagios y lograr una mayor inmunidad.” Mientras tanto según el mismo estudio de la OPS, el 68 % de las personas consultadas opinó que la vacuna debe ser obligatoria. Esto nos muestra que la mayoría de quienes habitamos este país compartimos una posición razonable y sensata, y no hemos sido presa de esa peligrosa influencia anti-vacunal.

En el proceso de vacunación he sido muy crítico con el gobierno y las autoridades sanitarias, por otras razones, más centradas en la celeridad del proceso y, especialmente, por la opacidad y secretividad del contrato suscrito con la farmacéutica Pfizer. Es oportuno indicar aquí que un organismo estadounidense de defensa del consumidor (Public Citizen) publicó recientemente un informe en el que reveló cómo la Pfizer utiliza su enorme poder en medio de la pandemia. Este grupo analizó los acuerdos que Pfizer alcanzó con Brasil, Chile y Colombia. «Los contratos ofrecen un vistazo poco común al poder que una corporación farmacéutica ha obtenido para silenciar a los gobiernos, acelerar el suministro, traspasar el riesgo y maximizar las ganancias durante la peor crisis de salud pública en un siglo», expresa la publicación. Y si eso lo hizo con países de economías más grandes que habrá hecho con países como el nuestro, de un peso económico y político menor. Ni más ni menos que tigre suelto (la Pfizer) contra burro amarrado (un gobierno débil de un país pequeño).

Un tema de la importancia de éste, así como el manejo calculadamente político de muchos aspectos relacionados con las medidas y acciones de bio-seguridad, emprendidos por el gobierno, no han estado en la mira de estos grupos anti-vacunas. Tienen la brújula extraviada y se tornan peligrosos porque propagan ideas contrarias al bien y a una necesidad común: El avanzar pronto y rápido para alcanzar la meta de inmunización de rebaño y, con ello, protegernos todos contra el coronavirus y sus amenazadoras variantes.

Es un hecho indiscutible que la obtención de vacunas anti-covid en tan poco tiempo es un logro de la ciencia y la medicina, aunque es seguro que con el tiempo las vacunas mejorarán y posiblemente, se conviertan en inmunizantes de aplicación anual como el de la influenza. Es también indiscutible que sus efectos positivos se reflejan en estadísticas desarrolladas por organismos serios, que muestran reducción en las tasas de contagios, mejora en los síntomas severos, disminución de las cifras de muerte, reducción en hospitalizaciones; en fin, distintos avances en la lucha contra la pandemia. Es un triunfo científico, pero –eso si– una derrota a la cooperación y la solidaridad internacionales, ya que la avaricia de las grandes empresas farmacéuticas se ha impuesto hasta ahora frente a una distribución más uniforme de las vacunas en todo el orbe, particularmente en los países pobres. Y eso en un mundo tan interconectado como el del presente, representa un peligroso lastre para el avance global contra la pandemia.

Es preocupante que algunos partidos y candidatos presidenciales hayan estado coqueteando –directa o indirectamente– con estas posturas anti-vacunas, calculando que les pueden traer algún rédito político a sus propósitos electorales. Es sin lugar a duda posiciones tan oportunistas como irresponsables. En este momento, hay argumentos contundentes que nos hacen concluir que el mejor camino para combatir la covid-19 es la vacunación. No vacunarse y, peor aún, propagar ideas anti-vacunación es estar jugando a la ruleta rusa con respecto a contraer o no la enfermedad y a contagiar o no a otras personas.

La pelea de los anti-vacunas está destinada a fracasar porque es contundente la inmensa mayoría de quienes apoyamos la vacunación. Sin embargo, se convierte en un distractor que al final les es útil al gobierno y a algunos sectores políticos y económicos, a los que no les interesa que ciertos temas que deben ser prioritarios, se conviertan en la agenda y el debate de la todavía gélida campaña electoral.

El principal tema en esta campaña que debería emerger es el del enorme deterioro del Estado Social de Derecho, expresado en cifras dramáticas en recaudación fiscal (elusión, evasión, contrabando), deuda pública en sangría cotidiana para las arcas del Estado, salud pública en amenazante deterioro (crisis creciente de la CCSS), educación en perspectivas devastadoras, desempleo en números alarmantes, informalidad laboral rompiendo récord, derechos laborales en declive, abandono estatal de agricultores, productores pecuarios y pescadores, pobreza, desigualdad social, concentración de la riqueza, entre otros rubros y cifras en rojo.

Empero los partidos piromaniacos que han sido gobierno en los últimos lustros (PLN, PUSC y PAC) y los diputados cómplices en la actual Asamblea Legislativa, no van a querer aceptar que son corresponsables de este incendio que puede reducir a cenizas lo que nos queda del Estado Social de Derecho. Prefieren contribuir al reduccionismo de un debate entre vacunación y no vacunación, y no encarar el más grave tema que amenaza al país singular que construimos en dos siglos y que avanza inexorablemente a convertirse en un humeante recuerdo.

(29 de octubre, 2021)

Diez tesis para incrementar la inversión en investigación científica y tecnológica endógena en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Grupo ‘Desarrollo Científico y Tecnológico Endógeno’ del Foro Confluencia Solidaria

Introducción:

La capacidad de un país para generar desarrollo científico y tecnológico endógeno es un elemento esencial en la procura de la construcción de una convivencia marcada por la prosperidad y la equidad. Costa Rica, a lo largo de su historia, ha hecho esfuerzos importantes para promover la investigación y el desarrollo y para aplicar estos conocimientos en el mejoramiento de la calidad de vida. No obstante, y pese a la existencia de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación (CTI), la investigación científico-tecnológica del país adolece de una serie de deficiencias que impiden su aporte a un desarrollo inclusivo, próspero y con equidad.

El Informe del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, elaborado por el Programa Estado de la Nación, ha mostrado claramente algunas de estas deficiencias, entre las cuales destacan: (1) Muy baja inversión en investigación y desarrollo (según datos de RICYT, esta inversión en Costa Rica para el año 2018 fue de 0,39% del PIB, en tanto para América Latina y el Caribe fue, en promedio, de 0,58%; los países de la OCDE, en promedio, invirtieron en 2019 un monto correspondiente al 2,47% del PIB en este rubro). (2) Una masa crítica de recurso humano en investigación insuficiente y frágil, sin redundancia en la mayoría de las áreas, con brechas de género y alta endogamia. (3) Una producción académica modesta en el contexto internacional. (4) El número de solicitudes de patentes efectuadas por personas residentes en el país es bajo. (5) Se da un escaso encadenamiento entre el sector de investigación y las necesidades de los sectores sociales y económicos. (6) La mayoría de los escasos fondos de inversión se enfocan en la investigación aplicada en detrimento de la ciencia básica.  (7) Hay una limitada integración entre los diversos componentes del sistema CTI.

Es necesario que se genere un consenso a nivel nacional en el sentido de dar a la ciencia y la tecnología nacionales el papel que les corresponde como palancas esenciales del desarrollo. Esto demanda una visión-país y un compromiso sostenido de diversos sectores, incluyendo una fuerte voluntad política e institucional. Esto también requiere una visión de CTI que sea integral, es decir que fomente el crecimiento en todos los componentes del sistema, incluyendo las ciencias básicas, las ciencias sociales, el desarrollo tecnológico, la innovación y el fomento de vínculos diversos con los sectores sociales y productivos.

Uno de los elementos centrales de cualquier estrategia de desarrollo de la ciencia y la tecnología se centra en la asignación creciente de recursos que permitan el fortalecimiento de una comunidad de investigación y desarrollo robusta y consolidada, en estrecha relación con las necesidades de la sociedad.  El colectivo formado por las personas que integran el eje de desarrollo científico y tecnológico endógeno del Foro Confluencia Solidaria (confluenciasolidaria.org) ha desarrollado, a lo largo de un año, un proceso de consultas y reflexión sobre el tema del financiamiento de la investigación en ciencia y tecnología. El presente texto recoge las principales ideas que han surgido de este proceso. Esta propuesta se presenta en el formato de tesis específicas sobre puntos concretos.

  • (1) Enmarcar la agenda de ciencia y tecnología endógenas dentro de una agenda estratégica de largo plazo hacia el aumento de la capacidad productiva nacional y la construcción de resiliencia. 

La mayoría de los países del Sur Global, o países en vías de desarrollo, se caracterizan por un esquema comercial en el que se importan productos esenciales (alimentos, energía y tecnologías cruciales) y de alto valor añadido, mientras que se exportan productos no esenciales y de bajo valor añadido (típicamente materias primas).  Este esquema de comercio coloca a los países del Sur Global en una posición de alta vulnerabilidad ante posibles shocks en los mercados internacionales y ante el tipo de cambio de la moneda nacional con respecto al dólar.  El tener que importar bienes esenciales para el bienestar de la población, como granos básicos, energía y tecnologías claves, hace que estos países sean muy poco resilientes.

En este sentido, aunque Costa Rica se encuentra en una posición menos desfavorable que otros países en vías de desarrollo, en general sigue los mismos patrones: importamos una cantidad considerable de granos básicos, todos los combustibles y gran cantidad de tecnologías esenciales.  Además, una gran parte de nuestras exportaciones de bienes y servicios son no esenciales y se caracterizan por tener un bajo valor añadido, con algunas notables excepciones.

La clave para escapar de esta posición de vulnerabilidad se debe centrar en un esfuerzo concertado de largo plazo hacia el aumento de la capacidad productiva nacional para con ello lograr producir localmente una cantidad cada vez mayor de bienes y servicios esenciales para el consumo nacional y, al mismo tiempo, incrementar el valor añadido de nuestras exportaciones.  El papel de la ciencia y la tecnología endógenas en este esfuerzo nacional por aumentar la resiliencia es absolutamente crucial.  Con un fuerte soporte de ciencia básica, la agenda de investigación científica y tecnológica en el país debe estar, en buena medida, enmarcada dentro de una agenda de aumento de la capacidad productiva nacional, en un sentido muy amplio.  Así, la selección de las grandes líneas de investigación debe responder no solo a las capacidades actuales del país, sino también a las áreas estratégicas que se necesitan fortalecer para lograr una resiliencia sostenible.

  • (2) Garantizar financiamiento para la investigación científica, además del desarrollo tecnológico y la innovación

Muchos de los planes de desarrollo del sistema CTI de Costa Rica confieren un énfasis desmedido al financiamiento de actividades de desarrollo tecnológico e innovación, en apoyo del sector económico-productivo. Si bien este es un componente muy importante del sistema, es necesario mantener una visión integral de la CTI, lo cual implica considerar el financiamiento de la investigación científica como tal, más allá de sus aplicaciones inmediatas. No es factible construir una plataforma eficaz de innovación si no se cuenta con una base científica endógena sólida, que genere ideas novedosas en todos los campos.  La reciente transformación del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) en la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación generó una honda preocupación en la comunidad científica debido al énfasis excesivo que el proyecto de ley de su creación confiere al desarrollo tecnológico y la innovación y a la escasa atención que le brinda a la investigación científica. Existe un riesgo real de que el grueso del financiamiento que canalice la Promotora se dirija a actividades de innovación y que la ciencia como tal quede desfinanciada.

Se propone garantizar, mediante una reforma a la ley de creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación y mediante procedimientos claramente definidos al interior de esta institución, que un porcentaje mínimo de un 20% de su presupuesto del Fondo de Incentivos (Ley N° 7169) se destine a financiar proyectos de investigación científica, idealmente de carácter inter-disciplinario, orientados a atender grandes desafíos nacionales, en el marco de una agenda científica nacional, en estrecha coordinación con la Academia Nacional de Ciencias. Estos deberían ser fondos concursables, mediante procedimientos rigurosos de evaluación que garanticen la idoneidad de las propuestas que se aprueben y el seguimiento de estas. Así mismo, el financiamiento de la investigación científica debe aspirar no solo al apoyo de proyectos, sino también al fortalecimiento de la comunidad científica mediante la creación de oportunidades de dedicación para que más personas puedan optar por trabajos en el ámbito de la investigación, como forma de combatir el crónico problema de fragilidad y escasa masa crítica de nuestra comunidad de investigación. El fortalecimiento de los grupos existentes y la creación de nuevos centros e institutos de investigación en temas estratégicos para el país es otra necesidad para la cual se requiere contar con financiamiento creciente y consistente.

  • (3) Avanzar por el camino de reformas tributarias de carácter progresivo, que permitan generar recursos frescos para ciencia y tecnología

Es necesario generar un consenso, a niveles social y político en el país, para transitar hacia políticas tributarias progresivas que generen recursos frescos para promover equidad y bienestar a través de programas públicos estratégicos, entre los cuales se encuentra una política científico-tecnológica fortalecida de cara a las necesidades del país. La OCDE ha señalado esta necesidad en el caso de Costa Rica y otras tendencias internacionales apuntan también en esta dirección. El país debe alinearse con estas tendencias. Se requiere generar tributos a aspectos como: (a) Patrimonio (riqueza), (b) salarios y pensiones de lujo, (c) rentas y ganancias de capital, y (d) herencias, por citar algunos ejemplos. Parte de esos recursos se deben destinar a financiar una política nacional estratégica en ciencia y tecnología. Se debe hacer énfasis en que los nuevos tributos que se generan para apoyar actividades de investigación y desarrollo deben ser de carácter progresivo, evitando por ejemplo que se centren en un incremento del IVA y otros impuestos al consumo de carácter regresivo.

  • (4) Fomentar los encadenamientos de las empresas transnacionales de zonas francas con la comunidad de investigación científica-tecnológica del país

Las empresas de zonas francas gozan de importantes beneficios tributarios, además de que el país les ofrece profesionales y técnicos de alto nivel. Pese a sus aportes a la economía nacional, este sector del universo industrial ha quedado debiendo en cuanto a establecer encadenamientos de largo aliento con la comunidad científico-tecnológica nacional. Es tiempo de colocar este tema en el tapete de las discusiones políticas. Por su naturaleza y por sus posibilidades, las empresas de zonas francas deben contribuir de manera más consistente con el desarrollo científico-tecnológico endógeno de Costa Rica. Se propone que el país genere mecanismos diversos que fomenten dicho encadenamiento, los cuales podrían orientarse a destinar parte del ‘impuesto mínimo global’ que se establecerá en el futuro a apoyar acciones de desarrollo científico-tecnológico endógeno, además de generar políticas proactivas de acercamiento y confluencia entre estas empresas y el sector de ciencia y tecnología del país. Para esto se requiere voluntad política de alto nivel, así como compromiso de este sector empresarial y del sector de ciencia y tecnología. Es necesario diseñar políticas nacionales que fomenten estos encadenamientos, y que las mismas estén centradas en el fortalecimiento de la base científico-tecnológica endógena, en el marco de una estrategia nacional de largo aliento, al tiempo que satisfacen necesidades de estas empresas.

  • (5) Destinar un porcentaje del presupuesto de ciertas entidades autónomas al financiamiento de investigación científico-tecnológica

El universo de entidades autónomas de Costa Rica constituye un ámbito con enorme potencial para el financiamiento de actividades de investigación y desarrollo. Estas instituciones tienen grandes necesidades en la incorporación de conocimiento a sus actividades y líneas de desarrollo, para garantizar una mayor eficiencia y mejores servicios a la población a la que sirven. Aunque algunas de ellas cuentan con departamentos y laboratorios de investigación y desarrollo, estas instituciones podrían aprovechar mucho mejor el enorme potencial de investigación que existe en el universo de los grupos de investigación ubicados en las universidades públicas y otros sectores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. De hecho, la Ley 7169 de Promoción del desarrollo científico y tecnológico, en el capítulo de Racionalización de los Recursos, incluye varios artículos que facultan a las instituciones de la administración pública que ejecuten acciones en materia de ciencia y tecnología a destinar un porcentaje de su presupuesto ordinario anual a la promoción, el incentivo, la protección y el desarrollo de proyectos de investigación en ciencia y tecnología.

Se propone que se efectúen las modificaciones legales pertinentes de manera que las instituciones autónomas destinen un porcentaje de su presupuesto a financiar actividades de investigación y desarrollo. Este financiamiento se canalizaría vía programas específicos, adaptados a las necesidades de dichas instituciones, y coordinados por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. Estos entes gestionarían todo el proceso de diseño de concursos, evaluación de propuestas, seguimiento de contratos y evaluación de resultados. De esta manera se desarrollaría una dinámica de mutuo beneficio, mediante el cual las instituciones apoyarían el desarrollo científico-tecnológico nacional y, a la vez, recibirían insumos de conocimiento adecuados a sus necesidades para desarrollar su trabajo.

  • (6) Asegurar un adecuado financiamiento de las universidades públicas para que estas consoliden sus actividades de investigación

Las universidades públicas constituyen el principal reservorio de investigación científico-tecnológica del país, gracias a un colectivo académico diverso en muchas ramas del conocimiento. Existe el riesgo de que, en medio de las dificultades fiscales del país, se limiten los presupuestos asignados a estas instituciones de educación superior, lo cual tendría un efecto lesivo a la ciencia y la tecnología del país. Es necesario que los sectores políticos comprendan la importancia de mantener un adecuado financiamiento del sistema de universidades públicas y que, en estas instituciones, se asigne un presupuesto creciente a la investigación, manteniendo el equilibrio entre ciencias básicas, ciencias sociales, tecnologías y humanidades. También es necesario que estas instituciones consoliden sus sistemas de apoyo y evaluación a las labores de investigación que garanticen excelencia y pertinencia en la generación de conocimiento.

  • (7) Fortalecer, de manera bien concebida y ordenada, las actividades de investigación contratada, venta de bienes y prestación de servicios por parte de los grupos de investigación

 

Los colectivos de investigación del país, sobre todo aquellos ubicados en las universidades públicas, desarrollan una amplia labor de vínculo con necesidades de los sectores externos en el desarrollo de investigación, prestación de servicios y venta de bienes. Los grupos consolidados en determinadas líneas de trabajo tienen la posibilidad de ofrecer este tipo de servicios académicos en el ámbito internacional también. Estas líneas de acción ofrecen oportunidades importantes para apalancar el financiamiento de actividades de investigación y desarrollo en la comunidad científico-tecnológica. Para ello las universidades cuentan con normativas específicas y con departamentos, oficinas y fundaciones que coadyuvan en su desarrollo. En este sentido, la ley 7169 establece que “las instituciones de educación superior universitaria estatal quedan habilitadas y autorizadas para la venta de bienes y servicios ligados a los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, consultorías y cursos especiales. Para mejorar y agilizar la venta de bienes y servicios, dichas instituciones también quedan habilitadas y autorizadas para crear fundaciones y empresas auxiliares.”

Es necesario fortalecer estas actividades, al tiempo que se garantice que las mismas realmente contribuyan al fortalecimiento de los grupos de investigación y consoliden su aporte a la sociedad. Para ello se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

  • a- Se requiere definir claramente de antemano las características de los productos a contratar y considerar aspectos como propiedad intelectual y restricciones en el uso de los productos para investigación. Tales aspectos deben ser reflejados muy claramente en los términos de referencia y los contratos que se generen.
  • b- Estas actividades deben surgir del desarrollo académico de los grupos, aprovechando nichos de oportunidad en áreas de fortaleza académica. Deben ser de un contenido científico-tecnológico alto y no se trata simplemente ofrecer servicios repetitivos por el hecho de que estos permitan obtener fondos. La idea es no competir con lo que ofrece el sector externo / privado, sino ofrecer servicios de alto contenido en conocimiento.
  • c- Se debe hacer un análisis estricto y riguroso de costos y de determinación de precios de los servicios.
  • d. Estas actividades deben mantener un equilibrio con las actividades de generación de nuevo conocimiento mediante la investigación en las unidades académicas. Es decir, la prestación de este tipo de servicios no debe distraer a los grupos de investigación de su función central de generación de nuevo conocimiento.
  • e. Los montos que se perciban producto de investigación contratada, venta de bienes o prestación remunerada de servicios deben servir para financiar actividades esenciales de investigación en la unidad académica correspondiente y en la universidad.
  • f. Pese a la conveniencia de que exista una normativa clara y transparente que regule este tipo de actividades, la excesiva tramitología y burocratización, lo cual demanda una cantidad creciente de tiempo por parte de las personas investigadoras, constituye un lastre que se debe resolver. Es necesario que las universidades generen esquemas más eficientes de gestión de estos proyectos, y ofrezcan apoyo administrativo sustantivo a las personas investigadoras, para que estas puedan concentrar su esfuerzo en la actividad científico-tecnológica creadora.
  • (8) Desarrollar una estrategia de cooperación científica internacional ambiciosa que permita acceder a fondos para investigación

El país desarrolla esfuerzos importantes en la procura de fondos internacionales para investigación. Es necesario fortalecer esa línea de trabajo, mediante la mejora en la coordinación de las instancias públicas e institucionales relacionadas con cooperación internacional, incluyendo los ministerios, las universidades y las instituciones autónomas, de manera que se despliegue una estrategia bien concebida de detección de oportunidades de financiamiento de investigación y desarrollo de fuentes internacionales.

Es necesario apoyar de manera efectiva a los grupos de investigación que logran establecer cooperación internacional con colegas, grupos e instituciones, para desarrollar plataformas que faciliten, y no entraben burocráticamente, estas relaciones.  Se requiere procurar que Costa Rica se integre a programas globales como Horizonte Europa, bilaterales como Dimensions of Biodiversity (National Science Foundation, EE. UU.) y otros semejantes, mediante emisión de deuda para cubrir nuestro compromiso financiero con el programa y permitiendo que los presupuestos se conciban y ejecuten como inversiones. Es urgente desarrollar una estrategia nacional de ‘diplomacia científica’ que incluya este aspecto de obtención de recursos para investigación y desarrollo y establecimiento de alianzas estratégicas con grupos internacionales. En dicha estrategia deben involucrarse diversos sectores de manera coordinada. En este ámbito de acción, el fortalecimiento de la relación con la diáspora científica costarricense ocupa un papel clave.

En este tema se debe considerar la procura de préstamos externos para apoyo de desarrollo científico-tecnológico, en el contexto de una estrategia país clara en este tema y cuidando el precepto de asegurar el desarrollo integral de todos los componentes del sistema CTI. Este tipo de préstamos contribuye a consolidar las plataformas de equipo científico-tecnológico, la formación, inserción y retención de recurso humano calificado en ciencia y tecnología, y el financiamiento de proyectos de carácter interdisciplinario que aborden temas de gran complejidad y relevancia para el país, entre otras posibilidades.

  • (9) Desarrollar un programa de reformas legales que faciliten el desarrollo de la ciencia y la tecnología

Existen una serie de regulaciones en la normativa vigente que limitan de manera importante el desarrollo de la ciencia y la tecnología, incluyendo su financiamiento. Es necesario efectuar un análisis minucioso de estas trabas y ‘cuellos de botella’, por parte de las autoridades en ciencia y tecnología y de la comunidad académica, para promover modificaciones a la normativa. A partir de este análisis deberían surgir propuestas y proyectos de ley dirigidos a modificar estas trabas y facilitar las actividades de investigación y desarrollo. A manera de ejemplo, se requiere impulsar la reforma del artículo 93 de la Ley 7169 para que indique que presupuestariamente las labores de investigación se consideren como inversiones y no como una actividad ordinaria, de manera que se permitan los presupuestos plurianuales para desarrollar proyectos ambiciosos de largo aliento. Como esta, hay muchas otras instancias de tipo normativo cuya modificación y ajuste apoyaría de manera significativa el trabajo en ciencia y tecnología.

  • (10) Generar mecanismos para que el sector privado invierta más en actividades de investigación y desarrollo

Una de las principales deficiencias en ciencia y tecnología de Costa Rica es el escaso financiamiento para actividades de investigación y desarrollo por parte del sector privado. La inversión en investigación y desarrollo en Costa Rica gira predominantemente alrededor del sector público. Esto marca un contraste enorme con países con mayor nivel de desarrollo en este ámbito. Es necesario que el porcentaje de inversión en este rubro correspondiente al sector privado se incremente significativamente. Ello demanda cambios importantes en la cultura de este sector en cuanto a comprender la relevancia de estas actividades, así como modificaciones en normas y leyes que favorezcan dicha inversión. También es necesario afinar y mejorar los mecanismos de interfase entre el sector privado y la comunidad generadora de conocimiento en ciencia y tecnología mediante la investigación. Es necesario fortalecer y ampliar los programas de banca para el desarrollo, así como generar nuevas líneas de crédito para actividades de investigación y desarrollo.

A manera de conclusión

Pese a que Costa Rica ha efectuado ingentes esfuerzos a lo largo de su historia para desarrollar su capacidad endógena en ciencia y tecnología, existen enormes deficiencias y rezagos para lograr que estas actividades se conviertan en verdaderas propulsoras de procesos de desarrollo centrados en la procura de la equidad y la prosperidad, no solo para ciertos sectores sino para toda la población del país. Ello demanda una estrategia nacional integral de desarrollo de la ciencia y la tecnología, que incluya los diversos componentes de un sistema que es sumamente complejo y que debe incorporar la generación de conocimiento a través de la ciencia básica y las ciencias sociales, el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia de ese conocimiento a amplios sectores de la sociedad. Ello exige un esfuerzo concertado nacional con amplia participación ciudadana y con clara voluntad política. Entre las muchas tareas pendientes para lograr este objetivo como país, un elemento central es incrementar significativamente el financiamiento de las actividades de investigación y desarrollo mediante esquemas renovados y creativos que involucren a sectores diversos en el marco de una estrategia nacional con visión de futuro. El Foro Confluencia Solidaria llama a efectuar procesos de discusión, análisis y toma de decisiones para que la investigación científica y tecnológica de Costa Rica cuente con el financiamiento adecuado, en el marco de una estrategia nacional de largo aliento, de manera que esta faceta de la vida nacional cumpla un rol protagónico en la construcción de una convivencia marcada por la equidad y la prosperidad colectivas.

NUBES TÓXICAS

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Hace algunas semanas fui invitado a compartir reflexiones en una institución de secundaria en Costa Rica, en el marco de las conmemoraciones del bicentenario. El tema propuesto fue la xenofobia y sus impactos en la sociedad costarricense.

Cuando un tema así debe ser abordado, hay que movilizarlo desde la subjetividad misma, acercarlo a la experiencia y vida cotidiana para observar cuánto de lo que se hablará le atraviesa a la persona, para entonces desde allí impulsar contenidos pero sobre todo despertar las diversas formas de contener y detener la problemática.

La xenofobia, hemos dicho en otros momentos, es el miedo y el odio al extranjero y se cruza con contextos de excepcionalidad como los que actualmente experimentanos, con la aversión de clase muy profunda.

El temor y el rechazo a la persona pobre se mezcla con los propios miedos a “caer” en esa condición particularmente en tiempos en que la crisis social y económica ha empujado a cientos de miles de personas a la informalidad, el desempleo y la inanición.

Sea como sea, la xenofobia alimenta discursos exhacerbados, prácticas eufóricas y rituales de rechazo que se convierten en fuente de violencia simbólica y a menudo física.

Como ocurrió en la ciudad chilena de Iquique al finalizar el mes de setiembre, cuando colchones y juguetes pertenecientes a migrantes venezolanos sin hogar fueron quemados en una manifestación organizada que protestaba por su presencia en campamentos en espacios públicos de la ciudad. El hecho fue protagonizado por algunos grupos de exhaltados que llevaron su actitud hasta ese punto.

Ya en Costa Rica en agosto de 2018 habíamos presenciado un fenómeno xenofóbico parecido al ser convocada una marcha para sacar a nicaragüenses de espacios como parques de la capital. El episodio estuvo a punto de tener consecuencias dramáticas si no interviene la policía local.

Con la consigna de impregnar en el cuerpo de las personas estudiantes participantes en la charla estos temas, les lancé a las muchachas y los muchachos una pregunta inicial: “nombre una palabra con la cual haya sido discriminada o discriminado alguna vez”.

La nube de palabras fue formándose y conforme iba tomando un tamaño importante empezaba a reflejar un conjunto de ideas que en lo cotidiano podrían pasar como el lenguaje propio de las relaciones de personas adolescentes.

Pero puestas en contexto de sus impactos, de lo que van resultando para la vida, la identidad y la fortaleza de esas mismas personas, resultan una clara llamada de atención acerca de la construcción de procesos de discriminación que el lenguaje diario va creando. La conversación posterior con ellos y ellas confirmó dicha apreciación.

Es importante no desconocer la forma como interpelamos, desde estructuras de poder, de humor mal intencionado, de deseos de hacer sentir mal al otro, a la otra y trabajar revirtiendo sus efectos. Es necesario disipar esas nubes tóxicas de discriminación y desapego, en procura de mejores experiencias de convivencia.

Costa Rica: conflictos agrarios orígenes, actualidad y perspectivas

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

El programa Alternativas invita este viernes 29 de octubre del 2021 a las 6p.m. a seguir el tema “Costa Rica: conflictos agrarios orígenes, actualidad y perspectivas”. Se contará con la participación de:

  •  Dayana Hernández Guzmán
  •  Lidieth Rojas Ocampo
  • Yesenia Barraza Orozco
  • Olger Antonio Chaves Garita
  • Jouseth Chaves Rodríguez

El programa será transmitido por medio de Facebook Live de Alternativas y por Radio16 1590 am

CONTROLAR LA JUDICATURA

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

José Manuel Arroyo Gutiérrez. Exmagistrado y Profesor Catedrático UCR.

         Tal parece que la crisis de la democracia contemporánea en todo el mundo, y con ella la deriva autoritaria que la acompaña, tiene un síntoma claro y siempre presente: el ansiado control del Poder Judicial por parte del Ejecutivo o el Legislativo.

         Sea que volvamos los ojos a Europa, donde destacan, entre otros, los casos de Polonia, que ha obligado la intervención de las instancias externas de la Unión Europea para preservar un mínimo de independencia de la judicatura; o bien el caso de España, donde la situación resulta ya alucinante, dado que partidos conservadores de derecha, principalmente el PP, se niegan a renovar el Consejo de la Judicatura, acumulándose cuatro años de caducidad del mandato de los antiguos integrantes, asegurándose su control y haciendo de la Constitución letra muerta.

         Si nos fijamos en el continente americano, en estos momentos están declarados varios incendios en la casa de la democracia. En Brasil, el presidente Bolsonaro no está dispuesto a someterse a decisiones de la Corte Suprema de Justicia –que obviamente no controla-, y está acudiendo al apoyo del ejército y de seguidores en las calles para legitimar un eventual golpe de estado. Y en el barrio centroamericano, un muchachito de gorrita con visera hacia atrás, envalentonado por un apoyo popular fruto del desgaste de las fuerzas partidarias tradicionales, está haciendo mesa gallega con las instituciones salvadoreñas, en cuenta y en primer lugar, todas las instancias judiciales, comenzando por el Tribunal Constitucional, la cabeza del Ministerio Público, y más recientemente, todos los jueces y juezas que en principio considera desconfiables (mayores de 60 años o con 30 de servicio).

         Ciertamente los casos mencionados son algunos de los más groseros, que ilustran las intromisiones político-partidarias en el Poder Judicial, su independencia y el rol de árbitro que se supone debe jugar en un régimen democrático sano. Pero éstos no son los únicos caminos que el autoritarismo elige para asegurarse un ascendiente determinante para tener a la judicatura arrodillada. Hay vías más sutiles, aunque no menos peligrosas. El reciente caso de los Estados Unidos de América, donde haciendo uso de los mecanismos legales para designar a los miembros de una de las cortes de justicia más prestigiosas del mundo, un Donald Trump prepotente y una mayoría senatorial republicana ultraconservadora, maniobraron para impedir la última propuesta del presidente Obama e impusieron un control mediante varios nombramientos nuevos, todos adeptos a su línea ideológica, poniendo así en riesgo los avances conquistados durante siglos de jurisprudencia progresista, destruyendo sanos equilibrios y poniendo en capilla ardiente temas fundamentales de derechos humanos.

         En Costa Rica, con exhibición del peor rasgo de carácter tico, es decir, el “mátalas-callando”, y en el contexto de varias resoluciones lamentables para nuestra Constitución, tales como la autorización de la reelección presidencial o la aprobación de la agenda complementaria al TLC, la ruta seguida sobre todo desde las mayorías parlamentarias, ha sido tomar control de la Corte Suprema a través de un régimen de nombramientos patético, donde se juega a la objetividad mientras se maniobra de mil maneras para designar las candidaturas políticamente “confiables” o “inofensivas”. Todo lo que se perciba como excelencia académica o profesional, todo lo que pueda garantizar independencia y objetividad en los fallos, todo lo que pueda repetir condenas por corrupción a políticos o gentes de poder cuestionados, es inmediatamente descalificado, en un “diálogo” cada vez más intenso y pernicioso entre algunos vecinos de González Lahman y otros de Cuesta de Moras.

         El síntoma de descomposición institucional más grave que se percibe en este degradado régimen de nombramientos, está en los mismos agentes internos del Poder Judicial, con suficiente conexión e influencia político-partidario como para recomendar o descalificar a los aspirantes a la magistratura. Si infundir miedo en una democracia es el recurso más vil que pueda concebirse para conquistar las mayorías, llevar esa estrategia de terror al terreno de la justicia, prepara el colapso definitivo de todo el sistema. Jueces con miedo equivale a médicos hipocondriacos o a sacerdotes ateos.

         En nuestro país ya no basta la afinidad ideológica de los jueces, lo cual puede ser comprensible. Se está exigiendo algo más. Una clase política miope y regresiva, está queriendo imponer un modelo de sociedad con pensamiento único, en el que frases como “dictadura en democracias” o “en Costa Rica hay exceso de democracia”, son ya consignas que están dispuestos a imponer al precio que sea necesario.

         En la antesala de un campaña política más, donde el debate sobre la Justicia y el Poder Judicial siempre han estado ausentes, valdría la pena que una iniciativa ciudadana le pregunte a candidatos y candidatas si realmente creen en el Poder Judicial, y el necesario control que los jueces deben tener frente a los conflictos entre ciudadanos y de éstos frente al Estado.