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No hay problema con dobles candidaturas

Vladimir de la Cruz

Que haya muchos candidatos a la Presidencia de la República, para mí, no es un grave problema. Es tan solo una expresión de la diversidad actual de la sociedad costarricense que se manifiesta en la necesidad organizativa de ciudadanos preocupados por la forma de cómo se maneja, dirige y gobierna el país.

Puede ser también una respuesta para tratar de despejar el escenario de nubarrones que afecta el cielo patrio en torno a los principales problemas que se perciben por los ciudadanos, y ante los graves problemas que se mencionan en la cotidianidad de la vida política y gubernativa nacional, como en la necesidad de formularles respuestas y soluciones, alternativas a las que se impulsan por el Gobierno, por el Partido Acción Ciudadana y sus aliados parlamentarios.

En un escenario más tétrico podría ser una respuesta desesperada de ciudadanos ante la percepción de una gran crisis económica social y política, y una gran ingobernabilidad, donde cada grupo organizado, en estos partidos, trata de resolver su situación procurando llegar a la Presidencia de la República, puesto que niegan que los partidos existentes y el gobierno puedan seguir gobernando y resolviendo los problemas del país y de los ciudadanos.

Esta respuesta organizativa de ciudadanos en tantos partidos solo puede ser eficazmente válida si estos partidos, y sus candidatos, hacen de su participación electoral, verdaderas propuestas de solución a los distintos problemas que cada uno de ellos, y sus partidos, ven como los principales del país, y los esenciales de los ciudadanos.

Esto adquiere mayor dimensión en estas elecciones porque, por la reforma constitucional de iniciar el gobierno, en mayo próximo, con las sesiones extraordinarias del Poder Legislativo, le da músculo político a los candidatos, en este caso a todos, para que en esa perspectiva digan a los ciudadanos, a los electores, cuáles serán sus principales proyectos de ley y cuáles serán sus primeros decretos ejecutivos, a partir del 8 de mayo, en atención a los temas que han agitado, o agitarán, en la campaña electoral, o que ofrezcan en sus discursos e intervenciones públicas, así como lo que señalen en sus respectivos Programas de Gobierno, que deben poner en copia ante el Tribunal Supremo de Elecciones, aunque sea solo para el archivo histórico de esa Institución.

Esto también corresponde al inicio de la Costa Rica del Bicentenario, a partir de ahora, a esperar que los partidos y sus candidatos nos digan cómo quieren dirigir y cuales proyectos de ley y políticas públicas trazarán para la Costa Rica de los próximos 10 o 20 años por lo menos.

En la historia electoral del país siempre ha habido variedad de partidos con candidatos presidenciales. Solo en una ocasión hubo dos candidatos. Antes de 1948 era frecuente la elección entre dos o tres candidatos.

Desde 1998 ha habido más de ocho partidos presidenciales en cada proceso electoral. En las elecciones del Siglo XXI, desde 1998 hasta el 2018 ha habido bastantes partidos con candidatos presidenciales, llegando a tener en una papeleta hasta 15 candidatos. En esta ocasión se produce un salto porque hay en posibilidad de que en el 2022 participen hasta 27 partidos políticos con candidatos presidenciales.

En los resultados que se produzcan tampoco habrá gran problema, porque los votos presidenciales se dividen entre los partidos y candidatos que participan, quedando ganador el que obtenga más del 40% de los votos válidamente emitidos, o pasando a una segunda ronda electoral los dos que tengan mayor cantidad de votos o mayor porcentaje electoral, inferior al 40%, definiéndose el ganador de la segunda vuelta con el mayor número de votos, sin porcentaje básico. Tampoco tiene importancia porque el Gabinete, el Consejo de ministros, el Consejo de Gobierno, no se integra proporcionalmente entre los partidos que participan luchando por ganar la presidencia. Estos quedan por fuera. El Presidente electo y su partido nombran a mano llena a todos los ministros, sin obligación alguna de considerar a personas de otros partidos. El que gana la presidencia hace, como se dice popularmente, mesa gallega, arrea con todo, saca el provecho total sin que sea abusivamente porque así está establecido el sistema electoral y así ha operado siempre. No evita que un Presidente pueda integrar miembros de otros partidos o de otros gobiernos en su Gabinete.

Desde 1998 existe la reforma electoral que permite que los candidatos presidenciales puedan ser, a la vez, candidatos a diputados. En las elecciones desde 1998 hasta el 2018 poco se ha usado este mecanismo. En las actuales elecciones muchos candidatos presidenciales van a la doble postulación. Esto es lo novedoso y “escandaloso”, como se ha tratado de pintar. Pero, eso no quiere decir que los dobles candidatos tengan asegurada su curul legislativa. Eso no es tan fácil y puede resultar muy difícil para la mayoría de estos postulantes. En ese nivel legislativo juegan otras reglas electorales que afectan a los partidos pequeños, a los nuevos partidos, a los partidos que se organizan ad hoc, para cada elección, para los partidos que en la práctica no son permanentes.

En el nivel legislativo operan normas electorales que favorecen exclusivamente a los partidos mayoritarios y tradicionales, que sacan tantos votos que logran elegir cocientes, los votos suficientes para elegir un diputado y subcocientes, la mitad más uno de esos votos para elegir otro diputado. Es frecuente que esa cifra de subcociente a veces sea menor que la que tiene otro partido que no alcanzó cociente ni tampoco logró el subcociente, pero el diputado se lo asignan al partido que ya tuvo cociente. Sobre esto opera también el llamado residuo mayor de igual forma, lo que en la práctica parlamentaria elimina varios diputados que podrían ser representativos de núcleos poblaciones o electorales.

Si el Parlamento, la Asamblea Legislativa, es una instancia de representación popular, no debería tener un sistema de escogencia de diputados que elimina representantes populares de partidos pequeños, favoreciendo la concentración en los partidos grandes. Debería darse la oportunidad a la mayor cantidad de representantes legislativos, por poca población que representen, porque eso son esos diputados, los representantes de esa poca población. De eso se trata.

Curiosamente ningún partido pequeño, de los que han electo diputados, se han preocupado por impulsar esta reforma legislativa que favorecería a los partidos pequeños, y al mayor número de ciudadanos que tendrían sus representantes.

Se podrá pensar que el sistema existente es para evitar la proliferación de diputaciones unipersonales y facilitar con ello la gobernabilidad. La práctica parlamentaria demuestra que cuando se separan diputados de sus partidos y se declaran “independientes” esa realidad se produce, lo que obliga a mayor capacidad de negociación política parlamentaria, que es lo que debe haber en la Asamblea Legislativa. Obligaría también a que los partidos políticos se desarrollen como grandes organizaciones permanentes, con líderes políticos más reconocidos nacionalmente.

Cuando son los candidatos presidenciales los que se postulan a la doble candidatura, como en esta ocasión, puede hacer que lleguen a la Asamblea líderes políticos de mayor peso, que a la vez faciliten la toma de decisiones y los acuerdos políticos.

Si se quiere evitar esto hay que avanzar hacia un sistema parlamentario, o al menos a uno semi parlamentario, pero se requiere, de igual manera, un gran acuerdo político nacional, que ojalá, en el próximo período legislativo, y de gobierno, se pueda tratar esto con una gran discusión nacional, que ya es necesaria.

El único problema que presenta tantas candidaturas es la presentación pública de los candidatos para debates. A nivel privado no hay problema porque ya está definido por disposiciones legales y jurisprudencia electoral que los sectores privados pueden hacer debates e invitaciones a aquellos candidatos que quieran oír. No están obligados a oír a todos ni a provocar debates con todos. A nivel público, de cualquier institución pública o medios de comunicación públicos, si hay obligación de invitar y de tomar en cuenta a todos los candidatos, en igualdad de condiciones, de tiempo y horarios de preferencia de radioaudición o televisión.

Las Cámaras empresariales ya hicieron una primera escogencia. Unos días después igualmente lo hizo el periódico La Nación. Estos grupos empresariales y económicos probablemente se moverán con un grupo de unos ocho candidatos que irán zarandeando hasta inicios de diciembre, cuando terminen con un pelotón de cabecera electoral de unos seis para llegar a inicios de enero con cuatro máximo, con lo cual refuerzan las encuestas de opinión pública, que miden opiniones de ciudadanos, que se informan con estos medios, orientando, de esa manera, la voluntad final de los votantes hacia unos candidatos sobre los otros. Para estos grupos el número de candidatos no importa. Lo que les importa son los candidatos que escojan como principales para finalmente optar dentro de ellos. Algo parecido, con mayor dificultad, harán los grupos sociales y alternativos a los partidos tradicionales. La fragmentación y división político-ideológica que hay, en toda la oferta electoral, perjudica mucho en estas decisiones, donde hay que “partir” votos en la práctica.

El 22 de octubre se cierra el plazo para que los partidos cumplan con todos los requisitos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, para asegurar su participación. Esperemos estos diez días que quedan, para ver cuáles partidos quedan debidamente inscritos.

 

(Artículo publicado en la Columna Pizarrón, del periódico La República, en su edición digital, larepublica.net, el miércoles 13 de octubre del 2021).

LA POBLACIÓN “OTRA”

(Por Memo Acuña, Sociólogo y escritor costarricense)

Recientemente se desarrollaron en Tokio, Japón, las justas paralímpicas, competencias destinadas a posibilitar la participación de miles de atletas con capacidades diferenciadas en varias disciplinas.

Para muchas personas, la gran mayoría, la novedad consistió en que ahí mismo en Tokyo, se llevarán a cabo unas competencias bajo ese prisma integrador, donde semanas antes se cumplieron los primeros Juegos Olímpicos de la era pandémica, los disruptivos juegos de Biles, Osaka, y tantos otros deportistas que se esforzaron no solo para ganar medallas, sino para mostrar simplemente humanidad.

No es de extrañar la sorpresa producida sobre la realización de los juegos paralímpicos si la cobertura mediática local se limitó a presentarlos en cápsulas de corta duración durante los espacios de las noticias dedicados a los deportes.

La reducción de los espacios noticiosos o de cobertura para estas competencias tiene su explicación en la conducta de desatención que históricamente se ha tenido con estas poblaciones, que según estimaciones globales representa el 10% de la población total.

Quizá resulten glamorosas las imágenes de cuerpos incompletos bregando en una piscina o en una pista de atletismo. No siguen la estética del mercado y sus signos totalizantes y homogenizantes.

Sirva esta ocasión para recordar los desafíos que todavía como sociedad nos asisten en la inclusión de estas poblaciones. Conviene repasar los desafíos para esa población “otra”.

En primer lugar, una dimensión política que cruza transversalmente los discursos sociales relacionados con las personas con discapacidad: la agencia y la autonomía que les asiste. Esto pasa, entre otras cosas, por borrar del vocabulario palabras limitantes, castrantes que les asignan roles pasivos como personas con derechos.

En segundo término, considerar y hacer consciente que, pese a los esfuerzos institucionales, las barreras de acceso en espacios públicos y también privados siguen siendo un pesado obstáculo cotidiano que deben sortear.

La ley 7600 debe revisarse con urgencia pues surgió en un contexto infraestructural y social distinto al que tenemos hoy en día en el país.

Finalmente, en el marco de la tan promocionada democracia Bicentenaria costarricense es importante reflexionar sobre esas tantas costaricas que somos y que traspasan los conceptos totalizantes bajo una supuesta comunidad de iguales.

Igualiticos nunca hemos sido, decía el querido Carlos Sojo. Actuemos en consecuencia, para incluirnos todos en nuestras diferencias, sin excepciones.

 

Imagen ilustrativa.

“Si no perjudicas a otros, puedes hacer cuanto quieras con libertad»

Por Ignacio Navarrete Gutiérrez. *

Ayer fuimos a una ceremonia para despedir a una amiga. Era una amiga de la vida, vecina de nosotros y madre de dos hijas de edades similares a los chicos de mi casa. A lo largo de los años terminamos compartiendo una gran cantidad de actividades y momentos que nos llevaron a ser familia postiza, además de sintonizarnos en muchísimos temas, porque era una persona progresista y solidaria, siempre comprometida con los demás.

El viernes pasado a sus 60 años murió por COVID-19. Tenía tanto miedo a la vacuna que fue la única de toda su familia que no se vacunó, se contagió y terminó muriendo. Quizás esa sea su única dicha, por no haber contagiado a ningún ser querido, porque normalmente eso no es lo que ocurre. Y su fallecimiento fue muy triste, después de más de veinte días luchando por poder respirar y que su cuerpo tuviera las defensas para poder responder al virus. Los últimos cinco días ya inconsciente, en coma inducido y sin ninguna posibilidad de despedirse de este mundo.

Una persona con una vitalidad contagiosa, llena de proyectos e iniciativas, se apagó en tres semanas, cuando tenía una vida por delante. No solo la sobreviven sus hijas y esposo, sino hasta todos sus hermanos, su madre y su abuela materna, como muestra de genes longevos que también eran los de ella. Y muchos “familiares postizos” la lloraremos egoístamente, aunque nos quedará la gratitud de que nos iluminó con su existencia.

¿Cómo una persona comprometida con la vida y con los demás pudo terminar negando la realidad de la pandemia y la vacuna como única opción de respuesta a nivel colectivo? Los niveles de desinformación y de manipulación con el miedo que vivimos hoy en día, hacen que gente progresista termine actuando igual que las personas más retrógradas.

Es increíble que creencias tan variadas (muchas de ellas totalmente comprensibles y de valor, otras totalmente irracionales), terminen siendo usadas para justificar el temor a vacunarse, la reserva mental ante los avances tecnológicos y el no compromiso con los demás.

Como mejor ejemplo, la publicación de uno de los sindicatos más combativos de Costa Rica, que en vez de exigir respuestas de salud pública eficaces e inclusivas, termina actuando de la mano con los sectores más reaccionarios de la sociedad.

En momentos que en Costa Rica se está implantando la obligatoriedad de la vacuna para todos los funcionarios del sector público, que la ANEP le haga el juego a la caverna muestra el nivel de manipulación que realiza y su falta de compromiso con su gente, al grado de poner en riesgo a sus propios afiliados ante una causal de despido sin responsabilidad patronal.

¿Y en qué momento alguien progresista puede sentir que su decisión personal está eximida de responsabilidad ante el colectivo? Se podría entender los cuestionamientos a las vacunas hace un año, cuando la pandemia estaba comenzando, pero al ver que ya hay más de seis vacunas en el mundo reduciendo con efectividad los estragos de la pandemia, todas las justificaciones para su rechazo se caen por su propio peso.

El principio de la libertad, es un principio de acción válida que para los humanistas nos sirve como una norma ética de acción que dice que «Cuando perjudicas a los demás, quedas encadenado. Pero, si no perjudicas a otros, puedes hacer cuanto quieras con libertad«[1].

Si a alguien no le preocupan los demás, se podría entender que haga lo que quiera desde su razonamiento egoísta. Pero, esa lógica no funciona en una pandemia. Hoy en día, vacunarse es un deber, aunque muchos de los opositores asuman el rol de víctima y de «defensores de la libertad», igual que lo haría el nefasto Donald Trump.

Si alguien tiene una contraindicación médica contra la vacuna, no solo no debe vacunarse, sino que tampoco debe salir a lugares públicos. Y estos, son una minoría.

Los que no quieren vacunarse, pero sí quieren poder ir a cualquier lado, son unos irresponsables. Y creer que eso es luchar por la libertad, es una actitud cínica, desde la que no se comprende nada de lo que significa el bien colectivo.

Si alguno de mis amigas y amigos ha llegado hasta aquí y todavía no se ha vacunado, les invito a que lo hagan, no tengan miedo. Seguramente nada les va a pasar y les quedará la satisfacción de haber contribuido a la salud de todas y todos.

*Ignacio Navarrete Gutiérrez. Es costarricense. Consultor empresarial y asesor gerencial.

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[1] Silo, “Humanizar la Tierra” en Principios de Acción Válida, Madrid, Editorial Plaza & Janés, 1989.

EL CUENTO DE LA RANITA EN LA OLLA CALIENTE

Manuel Hernández

¿Cuál democracia?
Todavía algunos siguen creyendo que disfrutamos de un sistema robusto de libertades públicas.
La democracia hace rato que la derrumbaron.
Recuerdan la metáfora del cuento de Olivier Clerc.
Una ranita que la metieron en una olla con agua tibia, que estaba muy cómoda en su charca, cuya temperatura empezó a aumentar hasta que ya no pudo saltar y quedó totalmente rostizada.
Pues, por contrario a esta fabula, aquí, desde 2018, nos ensartaron, como decimos, de una, en la olla hirviendo, que cada vez le metieron más fuerza al fuego, y no reaccionamos o saltamos cuando teníamos que hacerlo resueltamente.
¿Nos falló el instinto de conservación o salvación?
Nos disciplinaron fácilmente, desde el puro principio de la orgía en la olla caliente y se trajeron, de un solo tajo, al suelo la democracia
Así, rostizaron, sin despeinarse, las libertades democráticas.
La pregunta que corresponde hacernos, como dicen Levitsky y Ziblatt, es la siguiente:
“Realmente es tan fácil borrar del mapa las instituciones democráticas?” (Cómo mueren las democracias, pág. 116).
Por cierto, el menú de la foto está exquisito para la cena de hoy.
Por si alguno tiene interés:
El restaurante principal está en Alto de Cuesta de Moras, con una Sucursal en Zapote y otra en Calle Morenos, muy cerca de la Iglesia del Perpetuo Martirio de la Constitución.
Los chef son carniceros certificados.
Delikatessen!

Los Reconocimientos y Declaraciones Honoríficas Nacionales

Vladimir de la Cruz

La Asamblea Legislativa es el órgano institucional que puede declarar reconocimientos a ciudadanos, nacionales o extranjeros, o instituciones, que se denominan Honores.

Es facultativo, potestativo y exclusivo de la Asamblea Legislativa este tipo de reconocimientos, que una vez hechos no pueden ser revisados ni apelados. Se aprueban por simple mayoría, por votación de 29 diputados a favor del reconocimiento respectivo. Así está regulado en la Constitución Política y en el Reglamento Legislativo.

Al decretar estos Honores de los Benemeritazgos, que se hace a la memoria de las personas cuyas actuaciones eminentes, sobresalientes, se las reconoce como acreedoras a esas distinciones. También se hace a instituciones que hayan realizado o se le reconozca una destacada labor a favor del país, o de una proyección social o regional amplia cuando así se considera. Cuando se refiere a instituciones no es a clubes, ni a asociaciones o instituciones de barrio, o de pueblo, o ciertos tipos de instituciones demasiado precisas de una comunidad. En esto hay que tener cuidado, pero ocurrencias de diputados en ese sentido no faltan.

En los Benemeritazgos están de manera precisa el Benemeritazgo de las Ciencias, las Artes o las Letras Patrias, o el que la propia Asamblea establezca en esta distinción, como el que se acaba de reconocer para José Figueres Ferrer como Héroe de la Paz, y los Benemeritazgos de la Patria.

Esta categoría de Héroe de la Paz, o Benemeritazgo de la Paz, si se le pudiera llamar de esta manera, quedó abierto para otras personas que la Asamblea Legislativa pueda darle el reconocimiento de luchar contra el militarismo y el armamentismo, contra la guerra, que luche por la desmilitarización en general, por la producción y el control de armas, por la abolición de ejércitos, que son gestas indudablemente a favor de la Paz.

Los Benemeritazgos, en principio, solo pueden ser otorgados a personas con más de siete años de fallecidas. Sin embargo, muchos Benemeritazgos fueron otorgados en vida de los declarados Beneméritos. Se pueden dar en vida si lo llegare a estimar y aprobar la Asamblea Legislativa.

Entre los Honores que la Asamblea Legislativa puede reconocer está la Ciudadanía de Honor, que se hace por una valoración de servicios notables prestados a la República y por los reconocimientos de mérito que la propia Asamblea Legislativa haga de una persona extranjera a la que se le quiere distinguir con la Ciudadanía de Honor, por lo que también esa Declaración ennoblezca y exalte a Costa Rica, y proyecte positivamente al país.

La declaración de Ciudadano de Honor no tiene restricciones, y se puede hacer tanto a personas vivas como fallecidas, a nacionales y extranjeros.

En teoría la Comisión Permanente Especial de Honores de la Asamblea Legislativa trabaja en secreto, y su integración es igualmente secreta, de nombramiento potestativo del presidente de la Asamblea Legislativa, cada primero de mayo. Esta particularidad es para evitar presiones a favor o en contra de quienes se estudian para dichos reconocimientos.

La Comisión de Honores puede hacer consultas, llamando expertos o conocedores de las personas o instituciones, en proceso de estudio, para enriquecer el trabajo de la Comisión de Honores, sobre los méritos que justifiquen el reconocimiento que se proponga y las opiniones negativas que igualmente se hagan, todo esto como informes confidenciales.

Hecha la propuesta por la Comisión de Honores al Plenario Legislativo, su discusión es secreta, y su votación se decide por simple mayoría, 29 votos a favor, sin recurso de revisión ni apelación alguna. El resultado de la votación se anuncia como Declaración aprobada o rechazada.

Es de mala leche que miembros de la Comisión de Nombramientos hagan públicas sus discusiones, o desavenencias, con lo que se va resolviendo en la Comisión, con el ánimo de presionar, con opinión pública, o desde la opinión pública y los medios de comunicación, a sus compañeros de Comisión, y de influir para que se presione en tal o cual dirección lo que se discute en la Comisión. Esa discusión se puede dejar para cuando el expediente con el Informe positivo de la Comisión vaya al Plenario Legislativo, donde adquiere publicidad el posible homenajeado.

Si en la Comisión se rechaza un Homenaje de estos no se pasa el expediente al Plenario Legislativo, igual que como se hace con los proyectos de ley que se rechazan en comisiones y se envían al archivo.

En la práctica legislativa, y por regulaciones establecidas, los Benemeritazgos no deben darse más de cinco, en cada categoría que se reconozca, por cada período constitucional, por cada Legislatura. En el caso de las Ciudadanías de Honor pueden darse sin límite.

Recientemente se han venido haciendo estas distinciones en cascada, a montones, posiblemente para destacar algo de actual Gobierno de la República, y con motivo del Bicentenario, hacer reconocimientos a mujeres, para mejorar y elevar la cantidad de ellas con relación a los Benemeritazgos masculinos que eran y siguen siendo dominantes.

Desde 1966 se estableció en la Asamblea Legislativa un Salón especial dedicado a estos reconocimientos, como digno homenaje a los ciudadanos e instituciones que hubieran recibido estos homenajes de la Patria, otorgados por la Asamblea Legislativa.

Estas distinciones también se dan o realizan en muchos países, entre ellos, en América Latina, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Guatemala, Paraguay.

Los Reconocimientos y Honores que la Asamblea Legislativa hace son en las siguientes categorías:

Benemeritazgos en Artes Patrias, Ciencia y Tecnología, Cultura y Arte, Educación, Enseñanza, Letras Patrias, Defensores de la Libertad, Ciudadanos de Honor, Instituciones Beneméritas

También el de Ciudadanos Esclarecidos. Este reconocimiento se le dio al Juan José Flores, que fue presidente de Ecuador, quien no aceptó este reconocimiento.

Los Benemeritazgos se han hecho a jefes de Estado, presidentes de la República, clérigos, Obispos, arzobispos, diplomáticos, historiadores, médicos, científicos, abogados y juristas, políticos, educadores, escritores, economistas, pensadores o filósofos, Primeras Damas de la República, compositores de Música, poetas, pioneros en algún campo, reconocidos líderes sindicales, feministas y regionales, ingenieros, empresarios, artistas.

Dentro de estos Benemeritazgos destacan dos con referencia a la actividad militar, el de Gregorio José Ramírez, líder de proceso de la Independencia que se le reconoce como comandante General de las Armas a Gregorio, y el de Jorge Volio Jiménez, en el que se le menciona como militar que no fue su oficio. Si por esto fuera es importante destacar que este tipo de reconocimientos no se ha hecho históricamente a militares, valorando su función, lo que refuerza, desde el siglo XIX las tendencias civilistas del Estado y la sociedad costarricense.

En el campo de los Benemeritazgos hay una categoría extraña establecida, que se arrastra parlamentariamente, que la llaman “Beneméritos no reconocidos”, que debería modificarse, y a las dos personas que allí están se le coloque en la categoría de Beneméritos. Aquí se encuentran dos personajes asociados a los días de la Independencia, Rafael Francisco Osejo y José María de Peralta y La Vega, que merecen el título de Beneméritos, no el título extraño de “Beneméritos no reconocidos”. ¿Son o no son Beneméritos?

A propósito de la Independencia y de la celebración del Bicentenario se deberían considerar algunas de las personas que jugaron un papel muy importante, de nuestros Próceres, en aquel proceso y en la Declaración de Independencia de Costa Rica, del Acta del 29 de octubre de 1821, cuyo Bicentenario está por celebrarse en pocos días, entre ellos Pablo Alvarado Bonilla, quien produjo, lo que podríamos llamar el primer grito de independencia el 15 de setiembre de 1808, lo que lo llevó a la prisión en Guatemala, donde estudiaba Medicina, y quien también preparó las bases de la Primera Constitución Política de Costa Rica, la del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, o Pacto de Concordia, del 1 de diciembre de 1821.

Igual procede la Asamblea Legislativa con el establecimiento de los llamados Símbolos Nacionales. Estos símbolos podemos distinguirlos entre Símbolos Nacionales Mayores y Símbolos Nacionales Menores.

Los Símbolos Mayores son los correspondientes a La Bandera Nacional, el Escudo Nacional, El Pabellón Nacional, El Himno Nacional, en su Música y Letra. Estos son los Símbolos que nos identifican como nación, como pueblo, como Estado y República. Son los que representan la esencia de la nacionalidad costarricense, que en su dimensión cubren y protegen a todo el territorio nacional y a toda su ciudadanía y habitantes. Son a la vez una síntesis de la Historia Nacional, la Independencia, la Libertad y la Soberanía Nacional, que expresan también la unidad del pueblo costarricense, su destino común y su afirmación de La Libertad.

Los Símbolos Menores son aquellos que destacan alguna particularidad de nuestra cultura, nuestra geografía, nuestra orografía, nuestra flora y fauna, nuestra biodiversidad.

En estos Símbolos Menores hay una tendencia, también, a la declaración en cascada de ellos.

En estos actos legislativos hay que tener cuidado, para no “charralear” las declaraciones y reconocimientos que de este tipo realiza la Asamblea Legislativa, que no deben obedecer solo a ocurrencias de legisladores. Por su especificidad deben ser bien estudiados, meditados y analizados para que su Declaración corresponda a una real necesidad y distinción.

Argentina, Honduras y Paraguay electos como integrantes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Nicolas Boeglin (*)

El pasado 14 de octubre se realizó la elección, en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, de los nuevos integrantes del Consejo de Derechos Humanos.

Como bien es sabido, el Consejo de Derechos Humanos constituye la máxima instancia en materia de derechos humanos dentro del organigrama de Naciones Unidas: se compone de 47 Estados Miembros, de los cuales ocho corresponden a Estados de América Latina y del Caribe.  El Consejo de Derechos Humanos se renueva de manera parcial cada año, con ocasión de una votación directa (y secreta) realizada en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que participan los 193 Estados Miembros de la organización.

Los Estados de América Latina que dejaron libre su escaño para estas elecciones, al finalizar su mandato en este 2021, fueron Argentina, Bahamas y Uruguay.

Cabe precisar que las elecciones en el Consejo de Derechos Humanos constituyen siempre un momento de cierta importancia para los Estados que se postulan para integrarlo, al medir las capacidades de sus respectivos aparatos diplomáticos para lograr reunir los votos necesarios y así poder materializar sus pretensiones. A su vez, las organizaciones de derechos humanos buscan, en algunos casos, la manera de desdecir las posiciones oficiales de Estados con relación a la realidad imperante en materia de derechos humanos de las personas que viven bajo su jurisdicción. En esta oportunidad, fueron 18 los nuevos Estados electos para integrar el Consejo de Derechos Humanos. Como dato de interés sobre la intensidad de la rivalidad existente entre Emiratos Árabes Unidos (EAU)  y Qatar, ambos fueron electos, el primero con 180 votos y el segundo con 182 votos (véase comunicado oficial de Qatar y comunicado de EAU).

Tres postulaciones para tres sillas vacantes

Las tres plazas vacantes por parte de América Latina en este 2021 fueron objeto de tres únicas postulaciones de la región: la de Argentina que optó por una reelección (véase carta de postulación de febrero del 2021), la de Honduras (véase carta de postulación presentada en julio del 2021) y la candidatura de Paraguay (véase carta de marzo del 2021). La lectura de las cartas de postulación oficiales presentadas permite conocer con mayor detalle los diversos compromisos adquiridos por cada Estado ante la comunidad internacional en materia de derechos humanos: estas cartas pueden resultar de cierto interés para activistas y para diversas organizaciones sociales (que posiblemente se sorprendan al conocer algunas partes de su contenido). En el caso de Honduras, fueron varias entidades de la sociedad civil en exigir que no se apoyara su candidatura (véase carta circulada desde la Federación Internacional para los Derechos Humanos /FIDH). En el caso de Paraguay, su elección fue precedida de una fuerte llamada de atención por parte del Comité de Derechos Humanos, en una decisión en favor de la comunidad indígena de Campo Agua’ẽ, situada en el departamento de Canindeyú que se considera «histórica» en Naciones Unidas (véase texto completo de la decisión y comunicado oficial de Naciones Unidas empleando este calificativo) (Nota 1).

Los demás Estados, para las demás regiones del mundo que se postularon en estas elecciones, se pueden revisar en este enlace oficial del Naciones Unidas.

En lo que concierne los votos a favor reunidos de los 193 Estados Miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas, la diplomacia de Paraguay obtuvo la mejor marca, con 185 votos (véase nota de prensa), al tiempo que Argentina (reelección) reunió 175 votos, y Honduras obtuvo 172 votos. El comunicado oficial de Argentina sobre su reelección está disponible en este enlace oficial; el de Honduras en este otro enlace; y el comunicado oficial de Paraguay se puede leer desde este otro enlace

Estados Unidos, un Estado Miembro que, en el mes de junio del 2018, decidió retirarse del Consejo de Derechos Humanos en señal de solidaridad con Israel (véase breve nota nuestra al respecto titulada «El retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos: breves apuntes«)  (Nota 2) decidió retornar al Consejo de Derechos Humanos en este 2021, logrando su candidatura reunir un total de 168 votos a favor (véase cable de la Agencia Reuters). El comunicado oficial del Secretario de Estado norteamericano celebrando los resultados de esta elección está disponible en este enlace.

Costa Rica y el Consejo de Derechos Humanos

Con relación a Costa Rica, habíamos tenido la oportunidad de analizar su tardía y frustrada candidatura en octubre del 2019 que no logró reunir más que 96 votos (véase nuestra breve nota titulada «La reciente candidatura de Costa Rica al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: breves apuntes» y nuestra otra nota titulada «Elección de Brasil y de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: apuntes«). 

Cabe recordar que la última vez que Costa Rica resultó electa en el seno del Consejo de Derechos Humanos fue en el 2011, conjuntamente con Chile y Perú: en aquella votación, Chile recibió 159 votos a favor, Costa Rica 138 y Perú 136, al tiempo que Nicaragua no logró ser electa, recibiendo el apoyo de tan solo 98 Estados miembros de Naciones Unidas. En el año 2014, Costa Rica logró reunir 120 votos, resultando insuficientes frente a los logros obtenidos por los aparatos diplomáticos de Bolivia (144 votos), El Salvador (151 votos) y Paraguay (139 votos): véase nuestra breve nota titulada «Consejo de Derechos Humanos: nuevos miembros electos de América Latina son Bolivia, El Salvador y Paraguay«.

A modo de conclusión

Más allá de las decisiones desafortunadas que pueden – al menos en parte – explicar el hecho que desde hace ahora más de 10 años, Costa Rica no resulta electa en el máximo recinto en materia de derechos humanos existente en el plano universal (Nota 3), a partir del 1ero de enero del 2022, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sesionará con los siguientes integrantes por parte de América Latina y el Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Honduras, México, Paraguay y Venezuela.

Es de notar que Brasil y Venezuela finalizarán su mandato en el año 2022, por lo que únicamente serán dos las vacantes a ocupar para la región de América Latina y el Caribe de cara a las elecciones a celebrarse en octubre del 2022.

Nota 1: En el punto 7.4 y en el punto 8.8 resolutivos de esta decisión pocamente divulgada en la prensa internacional (véase texto completo), se leen argumentos que deberían interesar a muchas comunidades que sufren similares daños en su entorno natural en otras latitudes: «7.4 El Comité observa en primer lugar que la excepción del Estado parte de falta de agotamiento de recursos internos parece estar vinculada con una alegación de inadmisibilidad ratione materiae por no estar contemplados los derechos ambientales en el Pacto. El Comité observa que los autores no alegan la violación del derecho a un ambiente sano sino de sus derechos a la vida privada y familiar, a la vida cultural y a un recurso efectivo, por incumplimiento por el Estado parte de su obligación de proteger estos derechos que, en sus circunstancias particulares, entrañaba el control del respeto de las normas ambientales. En particular, los autores denunciaron a nivel interno que las fumigaciones sin control estatal conllevaron la muerte de sus gallinas y patos, la pérdida de sus cultivos de subsistencia y de árboles frutales, la desaparición de los recursos de caza, pesca y recolección, la contaminación de cursos de agua, e implicaron afectaciones en su salud, alegando que todo lo anterior implica desintegración de la comunidad. En consecuencia, el Comité estima que el artículo 3 del Protocolo Facultativo no constituye un obstáculo a la admisibilidad de la presente comunicación, que puede ser examinada porque todo lo anterior constituye, en las circunstancias particulares del caso, la sustancia de los artículos 17 y 27 del Pacto… /  … 8.8 En el presente caso, el Comité observa que los autores y demás integrantes de la comunidad ejercen el derecho al disfrute de su cultura en relación con un modo de vida estrechamente asociado a su territorio y uso de los recursos naturales en él contenido. El Comité también observa que las fumigaciones masivas con agrotóxicos constituyen amenazas que eran razonablemente previsibles por el Estado parte: no solamente las autoridades estatales competentes habían sido alertadas de dichas actividades y de sus incidencias en los integrantes de la comunidad, sino que la Fiscalía encontró que el hecho punible estaba “plenamente configurado” (supra, párr. 2.23), y los propios empresarios acusados reconocieron su responsabilidad (supra, párr. 2.21). Sin embargo, el Estado parte no detuvo dichas actividades por lo que siguieron contaminando los ríos en los cuales los autores pescan, se abastecen de agua, se lavan y lavan su ropa, siguieron matando a sus animales de cría, fuente de alimentación, destruyendo sus cultivos, así como los recursos del bosque de donde recolectan y cazan. El Comité observa que el Estado parte no ha proporcionado explicación alternativa sobre lo sucedido ni ha justificado haber tomado medida alguna para proteger los derechos de los autores y demás miembros de la comunidad a tener su propia vida cultural. Por ende, el Comité concluye que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación del artículo 27 del Pacto en perjuicio de la Comunidad Indígena de Campo Agua’ẽ «. 

Nota 2: En aquella oportunidad nos permitimos señalar que: «El pasado 18 de mayo, el Consejo de Derechos Humanos aprobó crear un mecanismo de investigación sobre la situación en Gaza, mediante una resolución adoptada con 29 votos a favor, 14 abstenciones y dos votos en contra (Estados Unidos y Australia) – véase nota de prensa de Europa Press. Por parte de América Latina, el único Estado en abstenerse fue, como previsible, Panamá. El tablero de votación se puede apreciar a partir de los 30 segundos en este enlace de Youtube«.

Nota 3:  Con relación a las últimas elecciones realizadas en el 2020 para renovar tres vacantes en el seno del bloque de América Latina y del Caribe, en las que quedaron electos Bolivia (172 votos), Cuba (170) y México (175), nos permitimos precisar que: «Con relación a Costa Rica, después del verdadero traspié que significó su no elección en el 2014, pareciera que optó por varios años por no postular su candidatura para integrar la máxima instancia en materia de derechos humanos de Naciones Unidas: una actitud que puede sorprender al observador, dada la trayectoria y el amplio reconocimiento que ha beneficiado a Costa Rica a nivel internacional en el ámbito de los derechos humanos. El tardío interés que manifestó unas pocas semanas antes de la realización del voto en octubre del 2019 parece haber obedecido a una iniciativa (bastante peculiar) de sus actuales autoridades» (véase nuestra breve nota publicada en octubre del 2020 en el sitio jurídico especializado de Ius360). 

 

(*) Esta nota fue publicada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Imagen: Foto de elección realizada en la Asamblea General, extraída de nota de prensa titulada » India gets re-elected to UN Human Rights Concil for a new term», News9live, edición del 14/10/2021

Aumento de los combustibles a nivel mundial y en Costa Rica

Por Freddy Pacheco León

-¿Y ES QUE ESOS INÚTILES  DEL GOBIERNO NO PUEDEN OBLIGAR A LA OPEP A BAJAR EL PRECIO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO? ¿O por qué RECOPE no obliga al Banco Central a bajar el tipo de cambio del dólar respecto al colón? ¿O por qué el presidente Alvarado no invita a empresas extranjeras a venir a Costa Rica a  competir con RECOPE? Empresas que solo tendrían que  construir un muelle petrolero, inmensos tanques de almacenamiento para más de dos meses de todos los combustibles, un poliducto de más de 500 km de longitud, estaciones de bombeo en las dos vertientes costeras, oficinas administrativas encargadas de la logística que conlleva manejar la empresa más grande del istmo centroamericano calificada por Fitch Ratings como AAA. ESAS EMPRESAS, después de esa «inversioncilla» vendrían a competir con Recope en todo el eficiente servicio energético que se le brinda a todo el país, donde los precios no son determinados por Recope sino por un ente regulador independiente, y además, donde esa sociedad anónima del Estado TRABAJA SIN FINES DE LUCRO, por lo que del precio total del litro de combustible, Recope recibe para administración y mantenimiento de todos los procesos, alrededor del 8% del precio al consumidor. Dicen que se dice que algunos han buscado empresas extranjeras para venir a competir con la eficiente empresa del Estado, pero que la respuesta ha sido algo así como ¡ESTÁN LOCOS! Aunque tal vez algunos de los que escriben pidiendo «competencia» para RECOPE quizá tendrían la fórmula, para, por un lado provocar una rebaja sustancial del combustible sin importar los precios internacionales y el valor del dólar, y por otro garantizar menores precios al consumidor pese a la inversión de miles de millones de dólares. Ah, por cierto, el «peso» de los artículos de la convención colectiva en el precio del litro de gasolina ronda solo los ¢4.

 

Imagen ilustrativa.

Los altos salarios ¿del sector público?

Por Luis Paulino Vargas Solís

La breve historia que enseguida les contaré, se basa en datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, correspondientes al mes de febrero de este año. Son, en otras palabras, los salarios o ingresos reportados a la Caja.

 Aunque los datos ofrecen diversas e interesantes posibilidades de análisis, solo quiero concentrarme en unos pocos detalles:

– El 92% de las personas que trabajan en el sector público reportaban un ingreso mensual por debajo de ₡2.163.000. En el sector privado, el 97,9% se ubican en esa misma categoría. Tomando en cuenta que, en general, los requisitos académicos en el sector público son más elevados que en el privado, esa diferencia resulta perfectamente razonable.

– Por debajo de ₡4.325.000 se ubica el 99,0% de quienes trabajan en lo público, y el 99,5% de quienes están en el sector privado. La diferencia aquí se vuelve del todo irrelevante, y muchísimo más recordando lo que ya indiqué: el nivel de calificación académica es, por término medio, bastante más alto en el sector público.

Ahora bien ¿y los ingresos muy altos? Desglosémoslo de la siguiente manera: 

– Más de ₡12 millones mensuales: el 0,020% en el sector público frente al 0,046% en el privado (un porcentaje 2,6 veces más alto en el sector privado).

– Más de ₡19 millones mensuales: el 0,0022% en el sector público y el 0,019% en el sector privado (un porcentaje casi 9 veces más alto en el sector privado).

O sea: los salarios muuuy altos están en el sector privado, no en el público.

Eso sí, no olvidemos un detalle: a la Caja solo se reportan ingresos monetarios del trabajo. Suponiendo, desde luego, que se reporten bien y completos. Eso se cumple siempre en el sector público, pero no siempre en el sector privado, donde, con más o menos frecuencia, se reporta menos de lo que corresponde y/o se hacen pagos “en especie” (al modo de “pluses”) que no se reportan (lo cual es frecuente tratándose de los cuadros gerenciales).

Pero, además, tengamos en cuenta que el ingreso de los «ricos-verdaderamente-ricos», no provienen del trabajo, excepto en una pequeña fracción. Lo suyo son, fundamentalmente, rentas y ganancias de capital, que jamás se reportan a la Caja. 

No sabemos cuánto puedan sumar, pero les aseguro que son cifras con las que los mortales comunes y silvestre ni siquiera sueñan. 

 

Publicado en Facebook, compartido con SURCOS por el autor.

LA DEMOCRACIA QUE NUNCA TUVIMOS

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS(10)
Tercera época

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

En Costa Rica la fragmentación política ha llegado a tal punto que resulta inútil intentar siquiera alguna explicación racional de un fenómeno tan avasallador: el pueblo tendrá frente a sus ojos un carnaval electoral con más de 25 carrozas, las que por sortilegio se convertirán en una sola al terminarse la fiesta, como en aquel cuento de la carroza y la calabaza, llegado ese momento de la verdad todos los feriantes supuestamente plurales recitarán en coro los salmos del credo falsamente liberal del neoliberalismo mercantilista, el de los monopolios y oligopolios privados, será un universo donde la regla fiscal y su rígida observancia representarán la mayor virtud teológica que se pudiera haber imaginado alguna vez, al igual que las muchas veces millonarias evasión y elusión fiscales.

La descomposición de las viejas maquinarias políticas, la podredumbre imperante en sus escuálidos aparatos electorales es de tal magnitud que ya nadie confía en nadie. Es por eso que al lado de aquellas han surgido una gran cantidad de meras franquicias electorales, de etiquetas y de figurones inimaginables que se mueven entre el falso liberalismo, los falsos cristianos y una serie de gentes que aseguran ser “de izquierda”, en un país donde la izquierda hace varias décadas que renunció a pensar siquiera, son gentes que se aferran al activismo electoral, y a la búsqueda de espacios en el parlamento (un sitio donde ya no se habla, se emiten gruñidos e interjecciones sí acaso) sin plantearse siquiera qué sentido podría tener su presencia en ese ámbito tan degradado.

El tema de la democracia pasa necesariamente por la posibilidad individual de disentir, de no tener que pensar y actuar dentro de los cánones o las maneras propias de aquellas gentes, esas que se ven a sí mismas como el non plus ultra de la moralidad pública y de todas las virtudes, a semejanza de lo que ocurría en la Roma de la antigüedad, tanto en su fase republicana aristocrática como en la posterior imperial, que fue la prevaleciente durante la mayor parte de ese prolongado período histórico del mundo antiguo. Las élites del poder, pero sobre todo aquellas conformadas por los que, en nuestro tiempo, llamamos con sobradas razones y evidencias sustanciales, integrantes de “los poderes fácticos”, esos que no siempre están a la vista del ciudadano de a pie, la verdadera víctima propiciatoria que paradojalmente sufre, con más intensidad e indefensión, las consecuencias de sus despiadados actos.

Esos poderes son en realidad la expresión de la voluntad manifiesta de quienes mandan y deciden, en lo esencial, los destinos de la cosa pública, con el agravante de que no son precisamente un dechado de virtudes morales y republicanas: esas  gentes, de quienes se dice que son los dueños de nuestros países, pocas veces aparecen en los eventos más teatrales de las llamadas democracias formales, como son los procesos electorales.

Esas puestas en escena de una gran cantidad de comediantes, más o menos buenos o malos, pero cuyos actos aún en el caso de lograr sus metas explícitas, como la de ser elegidos como presidentes o representantes parlamentarios, no cambiarán en lo esencial las decisiones políticas de verdad, esas que fueron tomadas en otra parte o en otros escenarios…mientras el pueblo es el gran ausente, excepto en los momentos circenses de la comedia electoral. Al pueblo Pan y Circo decían los patricios romanos de aquellos tiempos de antaño, el lema y las acciones se mantienen vigentes para la manipulación efectiva de las gentes.

Durante los meses venideros, en un lapso breve pero intenso, que habrá de transcurrir entre los primeros días del mes de noviembre del año que corre hasta febrero o abril del entrante, tres naciones centroamericanas estarán enfrascadas en esos eventos así llamados “democráticos”: Nicaragua, Honduras y Costa Rica en ese orden… Mientras el tema de Nicaragua ocupa las primeras planas de los diarios, los momentos de más rating en los noticieros de las televisoras más poderosas y en las radioemisoras con más sintonía, el caso de Honduras es silenciado deliberadamente, tal y como ha venido sucediendo durante estos cuatro años transcurridos desde que, en  la tercera semana de noviembre de 2017, un nuevo fraude electoral impuso al dictador neoliberal Juan Orlando Hernández, contra el que fuimos a protestar unos pocos frente a la Casa Amarilla o sede de la Cancillería en San José de Costa Rica.

El galimatías político electoral de Nicaragua, uno de los tres países de la región donde el gobierno de los Estados Unidos quiere cambiar al gobierno por uno más manejable, acorde con sus intereses geopolíticos, algo que resulta de suyo evidente, no hay quien lo entienda a estas alturas en todos sus alcances, es decir lo que está detrás del juego político electoral: al parecer habrán elecciones generales, según lo planeado y dispuesto por las leyes electorales, el primer domingo del mes de noviembre entrante, en  medio de acusaciones hacia quienes eran los potenciales candidatos de una oposición que no logra definirse todavía, al parecer enmarcada entre una disidencia sandinista que buscaría enmendar el rumbo y volver al proyecto original, según algunos actores de la “izquierda” regional (al menos eso vienen diciendo desde los disturbios de 2018) y las posiciones de una derecha no tan variopinta que rechazan abiertamente todo lo que representó la llamada revolución sandinista durante la década de los ochenta.

El candidato oficialista (para no entrar en satanizaciones oficiosas y deliberadas, por parte de uno y otro bando) tendría o tiene todas las de ganar en ese escenario, pero la exclusión del juego electoral de la casi totalidad de sus opositores, acusándolos al parecer con fundamento, de estar financiados por la CIA, la USAID y otras agencias del gobierno de los Estados Unidos, ha tornado inmanejable la situación y ha permitido tejer un manto de sospechas sobre la legitimidad de esos comicios ¿será que la inteligencia militar del régimen nicaragüense develó algún asunto muy grave a punto de materializarse, tal cómo fueron los cruentos disturbios ocurridos entre abril y junio de 2018? Es ahí donde este galimatías resulta muy difícil de desentrañar, en todo caso, se trata de un conflicto entre las élites, donde las mayorías populares no deciden ningún asunto esencial que no sea el resultado electoral, todo eso en medio de un juego retórico muy manipulado por ambas partes.

En Honduras, por otra parte, cabe preguntarse si ¿se estará preparando un nuevo fraude electoral como los que vienen ocurriendo desde el año 2009 cuando los militares y la derecha troglodita derrocaron al entonces presidente Manuel Zelaya Rosales? ¿Volverán los del partido nacional o cachureco a comprar votos con la famosa tarjeta del mismo nombre? ¿La OEA y los voceros de la Casa Blanca tornarán los ojos hacia otro lado? Todo parece indicarnos que el mismo escenario se repetirá, salvo imprevistos.

Retornaremos sobre el tema político-electoral en Costa Rica, eso sin descuidar el de los dos países vecinos de un poco más al norte de nuestras fronteras.

HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Las mesas pasan a un segundo plano mientras el centro de la pista se convierte en escenario donde los cuerpos se trenzan movidos por un ritmo acompasado a seis tiempos. Una voluntad colectiva explica el montaje: saltos, sincronías, movimiento.

Se trata de un tipo de baile traído a estas geografías en los viajes que transportistas hacían por las carreteras nacionales. Esta vez hago observación de lejos, porque lo mío, en realidad no es el movimiento ordenado y cadencioso. No nací para el baile. Pero disfruto ver cómo en un momento veinte, tal vez treinta personas, se sincronizan y parecieran “coreógrafearse” motivadas por la música que suena a altos decibeles.

Al llegar a nuestro país este ritmo, Costa Rica era una sociedad distinta. Eran los años de las bandas del swing estadounidense en las que Glen Miller “tocaba a morir”, como habrá dicho un exhultante Miguel Ríos en su icónico “Mientras el cuerpo aguante”. Ese ritmo, esos ritmos vinieron a nuestros territorios de alguna manera entre las llantas y las radios de los grandes camiones cargueros que transitaban por las carreteras costarricenses.

Y se quedaron entre los sectores populares. Y Aquí fueron “criollizados”.

Considerado por años un ritmo vulgar y arrabalero, el denominado swing criollo fue resignificado en las plantaciones bananeras, en las fábricas, bailado en salones populares de la capital, particularmente por actores de las clases excluidas y empobrecidas del país. Tal vez por eso recibía gestos de desaprobación de unas élites mojigatas y conservadoras, las mismas que hoy se ruborizan por la forma mediante la cual el arte toma el espacio público.

Durante mucho tiempo fue un baile prohibido, como tantas cosas que le son negadas a los sectores populares que terminan respondiendo y asignando nuevos significados a las prácticas y los consumos culturales. Su forma subterránea de practicarse fue moldeando la importancia social de un ritmo absolutamente indispensable en la antropología de las culturas (en plural) que se reproducen en la vida cotidiana nacional.

Johan Rugama, funcionario municipal recolector de basura, protagonizó hace unos días una de las escenas más refrescantes en tiempos de pandemia. A bordo de un camión recolector y observado de cerca por sus compañeros de trabajo, bailó swing criollo y así fue captado por alguna persona que lo grabó y que de inmediato convirtió su video en tendencia en redes sociales.

En tiempos de estrés permanente, preocupaciones económicas y de salud, una actitud así replantea la capacidad del ser humano para reír en la adversidad, dignificarse a partir de su gusto por el baile y la vida.

Declarado patrimonio cultural inmaterial costarricense hace algunos años, este baile prohibido debiera ser materia obligada en cursos sobre ciudadanía, sociología y arte nacional. Nos permitiría por ejemplo, reconocer la labor de investigación de Ligia Torijano durante más de 25 años para posicionar el alto valor social y cultural de este ritmo, ver el documental “Prohibido bailar swing” producido en 2003 por la cineasta Gabriela Hernández para conocer más de cerca a las figuras que durante muchas décadas construyeron con su dedicación a impulsar la práctica y permanencia del swing criollo ahí mismo, en los espacios donde las corporalidades toman sus verdaderos significados.

En la década de los años setenta muchos salones de baile capitalinos colocaban carteles donde se leía “se prohíbe bailar Swing”. Este lema inspiró años después el espectáculo “Del Swing prohibido al permitido”, presentado en el aristocrático Teatro Nacional en San José.

El arte y la cultura populares nunca pueden ser silenciados y así lo evidenció Johan a través de su baile y su gusto por la vida. Mientras observo un solo cuerpo colectivo moverse dando saltos sincronizados e improvisando sobre la marcha, pienso en el alto valor político de cualquier expresión artística.

Pienso en el swing criollo. Pienso que debemos seguir abonando las posibilidades para que nuestros cuerpos aguanten y la música siga sonándonos por dentro, como acto de posibilidad para la vida.

 

Imagen: UNA-Encuentro Popular de Baile.