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“Competitividad”: una falacia de igualitarismo con consecuencias antiéticas

José Manuel Arroyo Gutiérrez, Exmagistrado y profesor catedrático UCR

Me tomo la licencia de citar, sin recordar dónde lo leí, ni de quién es la autoría, una máxima que dice más o menos esto: “…la competitividad produce las mejores mercancías y los peores seres humanos…” Esta sabia observación nos plantea la necesidad de analizar, aunque sea muy brevemente, el aspecto lógico y las consecuencias éticas o morales de un fenómeno que se ha convertido en un lugar común de la teoría económica dominante. Se lanza, entre otras, la consigna de que solo la reducción del Estado-árbitro a su mínima expresión nos hará eficientes. Se grita que el sector público, sus asalariados y pensionados, son la causa de todos nuestros males. Se proclama que solo desplegando las alfombras rojas a la inversión extranjera —sin importar qué ventajas y gollerías impongan— será posible algún día una economía próspera; y se declara, cómo no, que solo la competitividad nos sacará de la parálisis y la pobreza. Cada uno de esos planteamientos daría para un análisis de fondo, pero refirámonos a este último.

No vamos negar los componentes biológicos y culturales que hacen de la competencia un aspecto que ha acompañado a la humanidad desde siempre. En tanto animales, mamíferos, homínidos, primates y sapiens, la competencia por destacar y ser el mejor en el apareamiento, la guerra, las expresiones artísticas o el deporte son realidades innegables. Pero la cuestión se vuelve un asunto de humanización o deshumanización cuando se trata de la convivencia social, de la sobrevivencia en medio de recursos escasos, de los requerimientos mínimos que una persona debe satisfacer para vivir con dignidad. Es decir, la cuestión se vuelve cualitativamente diferente cuando ingresamos al ámbito de la economía y sus consecuencias ético-políticas.

Todos los días y a todas horas se nos recuerda que, como individuos y como sociedad, tenemos que ser competitivos. Pero no se ahonda en lo que esto significa más allá de la mera consigna. En un mundo y una economía capitalista globalizada, lo que se plantea es la guerra de todos contra todos; se compite para ganar, pero fundamentalmente para desplazar y aniquilar a los competidores y ojalá dejarlos tirados en el camino. En última instancia, se trata de alcanzar el objetivo de dominar la competencia, tomar control de las reglas del juego y, por supuesto, dominar la actividad de que se trata y no permitir que otros cuestionen o desafíen el poder que se ha adquirido.

Con justa razón se ha dicho (Bauman/May; Pensando Sociológicamente) que la tal competitividad conduce indefectiblemente a tendencias y prácticas monopólicas y, con ello, a la máxima tensión, a la más grande polarización y a la misma autodestrucción del sistema de economía, supuestamente abierto y productivo, beneficioso para todas las personas.

El resultado final es muy simple, se sientan las bases de un mundo con ganadores y perdedores, con ricos hábiles, inteligentes y virtuosos y, en frente, pobres culpables de su situación por irresponsables, vagabundos o ineptos. No hay víctimas, y con ello también podemos acallar conciencias, con lo cual tomamos nota de una de las principales consecuencias antiéticas de esta cuestión.

No costará ver en el fondo, en el campo estrictamente lógico, un claro ejemplo de falacia igualitaria. Tal planteamiento toma como premisa de partida una falsedad palmaria, ya que, camino a la meta, no todo individuo parte del mismo punto ni con las mismas condiciones, porque no todos han tenido las mismas oportunidades para diseñar un adecuado proyecto de vida. Camino a esa meta, tampoco todas las sociedades o naciones parten del mismo lugar, ni con los mismos recursos para aspirar, con alguna posibilidad de éxito, a la prosperidad y el desarrollo. De esta manera, no es cierto que pueda entablarse una sana competitividad, tampoco que haya igualdad de partida, ni que las reglas del juego se apliquen con justicia.

Esto de la competitividad es una falsedad evidente, un espejismo con el que se nos trata de convencer de que con esfuerzo, disciplina y compromiso vamos a poder ser dueños de nuestro destino individual o colectivo. En el caso concreto de Costa Rica, no podemos obviar que somos una economía pequeña, por no decir insignificante a nivel mundial, y se nos está llamando a competir con economías monstruosas y a hacernos un lugar entre una pléyade de economías tanto o más débiles que la nuestra.

En definitiva y en el plano ético, ¿no tendría mucho más sentido buscar alianzas y solidaridades regionales que nos coloquen, ahora sí, en posibilidades de negociar nuestro futuro en mejores términos, frente a los más fuertes? ¿No sería oportuno hacer a un lado los dogmas de la economía dominante y tejer estrategias de interpretación y propuestas alternativas? ¿No sería conveniente darnos cuenta de que jamás habrá una verdadera paz social si seguimos justificando la existencia “natural” de un mundo basado en el binomio ganadores/perdedores?

 

Publicado en el Semanario Universidad en la columna ¿Gato o Liebre?
Compartido con SURCOS por el autor.

Creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación: un retroceso para la ciencia del país

José María Gutiérrez. Profesor emérito, Universidad de Costa Rica

Se tramita en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. De aprobarse este proyecto, el actual Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) se transformaría en esta Promotora. Este proyecto tiene serias implicaciones para el desarrollo científico-tecnológico nacional; lamentablemente, no se ha dado en la comunidad nacional una discusión lo suficientemente amplia sobre el mismo y sus consecuencias.

Este proyecto parte de una visión limitada y parcial del complejo ciencia-tecnología-innovación, lo cual podría tener implicaciones negativas para el desarrollo científico-tecnológico nacional. Se podría pensar que, si se propone que esta nueva entidad absorba las funciones del CONICIT, la misma debería velar por el desarrollo equilibrado de la ciencia, la tecnología y la innovación del país. Ese, desafortunadamente, no es el caso. Veamos por qué, con base en el texto del proyecto del 17 de noviembre del 2020.

El complejo ciencia-tecnología-innovación tiene un carácter sistémico, lo cual implica que se debe mantener un equilibrio y un balance entre la generación endógena de conocimiento científico básico y aplicado, la investigación y el desarrollo tecnológico, la transferencia de conocimiento a los sectores sociales y productivos, incluyendo la transferencia tecnológica, y la innovación en muy diversos ámbitos de la sociedad. Se trata de un engranaje con múltiples componentes.

Estos subconjuntos del complejo ciencia-tecnología-innovación deben interactuar entre sí de manera eficaz, pero a la vez requieren mantener un desarrollo equilibrado, y todos han de ser fortalecidos y alimentados para lograr un sistema integrado y holístico. Resulta vital, por lo tanto, mantener ese equilibrio entre los componentes del sistema y evitar la priorización excesiva de unos en detrimento de otros.

La lectura del proyecto deja ver un énfasis desmedido en el tema de la innovación y de la aplicación del conocimiento con fines económico-productivos. Se confiere un peso excesivo al desarrollo tecnológico y la innovación y al papel del sector empresarial en el complejo ciencia-tecnología e innovación, en detrimento de los otros elementos del sistema.

Si bien el texto del proyecto menciona el desarrollo científico y la importancia de la ciencia en diversos artículos, el énfasis se centra de manera inconveniente en la innovación, el desarrollo tecnológico y el rol de la investigación en la esfera económico-productiva. Al hacerlo, se debilita significativamente la prioridad que debe tener el desarrollo de capacidades endógenas para generar conocimiento original a través de la ciencia, lo cual tendría implicaciones negativas en el desarrollo de todo el sistema.

La ciencia es mucho más que la provisión de insumos para la innovación y el desarrollo económico. La ciencia permite comprender la realidad natural y social y genera insumos originales de conocimiento que alimentan todo el engranaje de ciencia-tecnología e innovación. Es, además, un valioso componente de la cultura en un contexto amplio. En este sentido, el proyecto tiene una limitación conceptual de fondo.

Para fundamentar esta crítica, me remito a los siguientes aspectos del proyecto:

(1) En el artículo 2 se señala: “La Promotora tendrá como finalidad la promoción de la innovación y el desarrollo científico y tecnológico como ejes para alcanzar el desarrollo productivo y social del país”. No obstante, la lectura del texto del proyecto no concuerda con esta finalidad, ya que se coloca un énfasis desmedido en el tema de la transferencia de tecnología y la innovación, descuidándose el fomento del desarrollo científico.

(2) En el artículo 6 se dice lo siguiente: “La Promotora tendrá las siguientes funciones:

a) Diseñar, administrar, preparar y ejecutar fondos, instrumentos y programas orientados a promover: (i) la innovación, (ii) los emprendimientos innovadores y de base tecnológica, (iii) la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico, (iv) la transferencia tecnológica y (v) el capital humano especializado en las áreas de ciencia, tecnología e innovación”.

Queda claro, de la lectura de este artículo, que las cuatro primeras funciones se centran en la innovación, el desarrollo tecnológico, los emprendimientos y la transferencia tecnológica. Se omite por completo el fomento al desarrollo de la ciencia básica y aplicada. Solamente el inciso (v) podría cubrir aspectos relacionados con la ciencia, al enfocarse en la formación de recurso humano calificado. No obstante, tomando en cuenta el espíritu que se desprende de todo el proyecto, es muy factible que esa formación de recurso humano se centre en aspectos tecnológicos y de innovación. Este artículo deja ver claramente la excesiva e inconveniente priorización en las esferas tecnológicas y de innovación, alejándose de la consolidación de una base científico-tecnológica endógena que garantice la creación de nuevas ideas y la comprensión de la realidad, sobre la que se basan el desarrollo tecnológico y la innovación.

(3) Quizá el punto del proyecto que más claramente refleja esta visión sesgada y parcial del complejo ciencia-tecnología-innovación es la integración de la Junta Directiva de la Promotora. Esta Junta estaría integrada por:

“a) La persona jerarca del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones; quien presidirá y fungirá como presidente de la Junta Directiva.
b) La persona jerarca del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
c) Un representante de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE).
d) El (la) presidente o un vicepresidente designado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP).
e) El (la) presidente o un vicepresidente designado por la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).
f) El (la) presidente o un vicepresidente designado por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA).
g) El (la) Presidente del INA.
h) Un representante de las Universidades Públicas designado por CONARE.
i) Un representante de las Universidades Privadas designados por UNIRE.”

Tenemos acá un predominio de sectores empresariales e institucionales cuya misión se centra en el desarrollo económico, al tiempo que hay una casi nula representación de la comunidad científico-tecnológica. Los principales reservorios de investigación científico-tecnológica del país son las universidades públicas. Es sorprendente que estas instituciones tengan solo un asiento en esta junta directiva, con igual peso que las universidades privadas, en las que la investigación es muy limitada. Sorprende también que no haya un sitio en esta directiva para la Academia Nacional de Ciencia. El desbalance es más que evidente.

Estamos hablando de una nueva entidad que va a sustituir al CONICIT y que, por ende, debe velar por el desarrollo integral de la ciencia-tecnología-innovación del país. Es preocupante que la junta directiva de una entidad que va a asumir estas funciones tenga esa integración, mostrando una clara tendencia hacia la ‘corporativización’ de este ámbito fundamental del desarrollo nacional. El desequilibrio que traería la integración de esta junta directiva podría afectar seriamente los esfuerzos que el país ha realizado a través de décadas para gestar una comunidad de investigación en ciencia y tecnología, ubicada fundamentalmente en las instituciones de educación superior públicas.

No argumento que la innovación y el desarrollo tecnológico no sean importantes; son fundamentales y nuestro país debe avanzar mucho más en estos ámbitos. Pero son solo dos componentes de un sistema mucho más complejo. Lo aquí planteado es muy claro en los países desarrollados, donde se apoya fuertemente el fomento de la ciencia básica y aplicada, a la vez que se generan mecanismos para que el conocimiento fluya a las esferas de desarrollo tecnológico y de innovación. Pero el sistema debe contemplar y apoyar la investigación científica, en equilibrio con los otros componentes.

Lejos de ayudar al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en Costa Rica, el proyecto pone en riesgo avances importantes que ha tenido el país en dichos campos, no resuelve los muchos problemas que tenemos en estos temas, y excluye a sectores y protagonistas que están llamados a jugar un papel protagónico en estas áreas estratégicas del desarrollo nacional.

Movimientos impulsan la lucha: ¡No a la Ley de Empleo Público!

Denisse López Sánchez

Antes de exponer la posición del movimiento sindical sobre el tema, es importante que conozcamos aspectos generales que se plantean dentro de la formulación de la Ley de Empleo Público. Lo primero, es que es un proyecto de 28 páginas, que aborda aspectos en materia laboral, se trata según Alfaro (2019) de “una nueva conceptualización de las redes laborales con el Estado desde la etapa de contratación hasta la de despido” (párr.2). Lo segundo, es que desde la institucionalidad y el Ministerio de Planificación se argumenta que la propuesta es necesaria para modernizar el Estado actual. Por último, específicamente se dice que lo que se quiere con este proyecto de ley es la aplicación de un sistema de salario único para todos los empleados públicos, poner un tope a los incentivos y bajar la curva de crecimiento por el pago de las remuneraciones.

Los cambios estructurales que se planean ejecutar están íntimamente relacionados con las siguientes áreas: reclutamiento y selección del personal, según se indica para garantizar idoneidad comprobada para los puestos que se asumen; alta dirección pública que va aunada al área anterior pues lo que se requiere es que cada unidad y departamento esté liderado por personas aptas y capacitadas; cambios en la movilidad pública; la desvinculación de los funcionarios del sistema por bajo rendimiento; modificaciones en materia de salarios con el fin de lograr una igualdad entre los altos jerarcas y los profesionales de menor rango; vacaciones; permisos de cuido; licencias de maternidad; otros incentivos laborales; condiciones de aplicación y de contratación temporal (Alfaro, 2019. párr.1-33).

Ahora bien, con respecto a esta ley han surgido diferentes posicionamientos tales como el de los movimientos sociales y el movimiento sindical de Costa Rica, que refiere su disconformidad con el proyecto debido a una posible recarga de la crisis fiscal sobre el sector laboral y que terminará afectando la calidad que ofrecen los servicios públicos y la estabilidad del Estado Social de Derecho.

Parte de las acciones que se han tomado desde estas entidades sindicales y sociales son las manifestaciones que se han llevado a cabo en las afueras de la Asamblea Legislativa, donde han participado algunas figuras que están inmersas dentro de la institucionalidad como lo es el actual rector de la Universidad de Costa Rica Gustavo Gutiérrez Espeleta, el SINDEU, la APSE, UNDECA, ANDE, SEC, CTRN, SINAE, sindicatos del AyA, entre otros. Estas manifestaciones tienen como objetivo preservar el empleo público, el Estado Social de Derecho y la calidad de vida de las personas ciudadanas y funcionarias del Estado y sus familias.

En el video publicado por Marcela Zamora-Cruz en su página de Facebook hace un llamado a las federaciones estudiantiles a sumarse a la causa, ya que estos proyectos como la Ley de Empleo Público y las negociaciones con el FMI, afectan no solo a la clase trabajadora, también a la educación pública, específicamente a las universidades públicas.

Referencias Bibliográficas:

Alfaro, J. (9 de abril de 2019). ¿Qué dice el nuevo proyecto de reforma al empleo público? Semanario Universidad. Recuperado de https://semanariouniversidad.com/pais/que-dice-el-nuevo-proyecto-de-reforma-al-empleo-publico/

Después de Trump

Arnoldo Mora

La conciencia que la humanidad tiene del rol preponderante que juegan los Estados Unidos, el más reciente y último –eso esperamos- imperio universal de Occidente, quedó patente, una vez más, con la actitud asumida casi unánimemente por los pueblos de la tierra, frente a los acontecimientos que tuvieron verificativo en ese país durante las elecciones presidenciales pasadas y, sobre todo, ante los acontecimientos que pusieron término – ¿por ahora? – dramáticamente al conato de golpe de estado. Ese intento de golpe de estado, inspirado en la manera como ellos mismos lo acostumbran hacer en todas partes en donde ven amenazados sus “intereses”- es decir, los intereses de sus trasnacionales, que se nutren de la explotación de las materias primas de los países periféricos – puso en vilo a la humanidad entera; todo el mundo estaba consciente de que allí se jugaba, en medida no desdeñable, el destino de la especie sapiens; no era un asunto doméstico de quienes lo habían provocado; podría devenir en un asunto de vida o muerte para la humanidad entera; un golpe de estado de índole fascista en Washington haría realidad lo que Hitler intentó hacer y tuvo como desenlace la II Guerra Mundial. No nos ha de extrañar, por ende, el sentimiento de alivio que muchos en todos los rincones del planeta experimentaron cuando se dio el feliz desenlace de tan arriesgada y riesgosa aventura; sentimiento acentuado con la inusual ceremonia – marcada por las medidas militares de precaución ante la amenaza de terroristas nacionales y para evitar el contagio de la Covid-19- de la toma de posesión del nuevo presidente, un anciano de endeble salud y formado en la más rancia tradición política, pues su único oficio conocido es haber sido senador. La escogencia de Biden sólo puede interpretarse como una visceral y clara reacción de la mayoría del electorado yanqui, ante el fracaso de la afirmación de Trump de que todos los males de la sociedad norteamericana provenían de la corrupción del establishment político, incrustado en las instituciones consideradas, desde los días de los padres de la patria, como base fundamental del edificio “democrático” de la nación, y ubicadas en la Casa Blanca y el Capitolio; esto explica el ataque de hordas fascistas al Capitolio y el berrinche de Trump al verse obligado a abandonar, sino hasta el último minuto y sugiriendo que volvería, las instalaciones de la Casa Blanca.

El fracaso de Trump – ¿momentáneo? – es el fracaso de un intento de deslegitimar las tradiciones o, más exactamente, la rutina del ejercicio del poder político imperial. Pero, en realidad, sólo se trataba de cambiar las formas, no el fondo del quehacer político; más aún, si algún “mérito” (¿?) le hemos de reconocer a Trump, es haber puesto en evidencia la podredumbre que excreta el poder imperial de la Roma americana; como en la conocida y divertida leyenda, bastó que un niño –Trump- señalara que la noble dama Lady Godiva andaba desnuda, para que la impúdica farsa del poder imperial quedara al desnudo ante la mirada estupefacta del mundo entero.

Pero, no nos hagamos ilusiones, Trump puede estar no sólo ya muerto políticamente y a un tris de parar con sus huesos de viejo y degenerado corrupto en la cárcel -¡ojalá¡- pero sólo como persona física, porque el movimiento que él ha suscitado, sale hoy más fuerte que hace 4 años; las cifras no engañan: más de 74 millones votaron por él, 45% de los cuales le siguen con perruna fidelidad aún hoy día; 95% de los que votaron por Trump creen que hubo fraude, es decir, están firmemente convencidos de que el nuevo gobierno es espurio y, por ende, antidemocrático; la fe en el sistema “democrático” norteamericano está severamente golpeada; haga lo que haga la nueva administración, siempre será objeto de sospecha y rechazo por casi la mitad de los ciudadanos yanquis, pues en la política pasa lo mismo que en el amor: si se pierde la confianza todo está arruinado. Esto lo cambia todo; hoy el enemigo de Estados Unidos no está afuera; en vano se buscaría en Pekín o Moscú, y menos en Pyongyang, Caracas o la Habana, porque está en sus propias entrañas; como en la lúcida y esclarecedora película de Bergman, la serpiente ha incubado un huevo que engendrará una nueva víbora. Desde este punto de vista, buscar las causas de los males endémicos de la “democracia” norteamericana fuera de sus fronteras, no deja de ser un acto de mala fe, como sospecho parece estar incurriendo el nuevo Secretario de Estado; si insiste en ese trillado e irresponsable juego, como ya lo advirtió en la cumbre (virtual) de Davos el líder de China, la consolidada potencia hegemónica mundial, el nuevo gobierno yanqui pondría en peligro la paz mundial en detrimento de todos, incluidos en primer lugar, quienes lo provoquen. Por su parte, Putin, al derrotar en Siria a la OTAN y a sus aliados regionales del régimen sionista, ha demostrado estar mucho más avanzado en tecnología bélica y estrategias militares que sus adversarios occidentales. China ha proseguido con su política de conformar pactos de amplio espectro en el campo comercial, como lo demuestra la formación de una zona de libre comercio – la más amplia y poderosa del mundo actualmente- con todos los países de Asia y Oceanía, con la – ¿momentánea? – excepción de la India; en la misma línea de apertura mundial en los mercados, ha de interpretarse el acuerdo recién firmado entre China y la Unión Europea. Con ello, queda claro que el epicentro de las finanzas mundiales no es más Wall Street.

Las repercusiones en los ámbitos económico, social y político no han hecho sino ahondar y acelerar la crisis estructural del fallido modelo neoliberal, crisis que, desde 2008, ha venido siendo el protagonista principal del escenario de la geopolítica mundial. Hasta ahora, las medidas adoptadas por los sectores hegemónicos de la metrópoli imperial para enfrentar su crisis interna, no sobrepasan el ámbito coyuntural, muy justas por lo demás, tales como dar de inmediato multimillonarios subsidios a los sectores más empobrecidos, solventar el problema de los inmigrantes, contrarrestar la ola racista y combatir los prejuicios supremacistas tan en boga en la administración anterior y, lo más importante, tratar de imponer mayores cargas impositivas a las minorías plutocráticas. Pero esto no basta; para llegar al fondo del problema se debe cambiar radicalmente el “orden” económico-mundial imperante desde los acuerdos de Breton Wood, impuestos por la potencia que se creyó ganadora luego del cataclismo de la II Guerra Mundial. La solución no está en exportar la guerra a los países periféricos con el único fin de satisfacer los apetitos criminales de ganancias del complejo militar industrial, el más poderoso lobby en los sinuosos pasadizos de Washington; las élites imperiales deben, por fin, llegar al convencimiento de que la guerra ya no es un negocio, como lo ha señalado en múltiples ocasiones el Papa Francisco. Para lograr una salida a la crisis actual, se requiere que los países periféricos se unan y conformen un bloque que les dé protagonismo en el escenario de la geopolítica mundial; la pandemia ha demostrado fehacientemente que la humanidad es una sola, por lo que ya no hay problemas locales: las calenturas de unos pocos pronto se convierten en la pulmonía de todos…

Y para poner punto final a estas reflexiones, cabe preguntarse: y en Tiquicia ¿qué? Ese asunto lo trataré en un próximo artículo.

Palestina / Corte Penal Internacional (CPI): camino despejado para la justicia penal internacional

Nicolas Boeglin

En una muy esperada decisión dada a conocer este 5 de febrero del 2021, la Sala de lo Preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió que la CPI tiene plena jurisdicción para conocer de exacciones cometitas por Israel y ello, en todos los territorios palestinos, sin excepción de ningún tipo (véanse los comunicados de prensa de la CPI en inglés y en francés).

Por parte de la sociedad civil, son varias las organizaciones que expresaron su profunda satisfacción con esta decisión (véase, entre muchos otros textos, el comunicado de prensa de Human Rights Watch).

Esta Sala de la CPI estuvo integrada por tres miembros: una jueza (oriunda de Benín), y dos jueces (de Francia y de Hungría); y fue presidida por el juez húngaro, el cual optó por separarse del criterio de sus dos colegas.

La conclusiones a las que llega la Sala de la CPI en breve

En su larga sentencia (véase texto completo de 60 páginas), la Sala de la CPI concluye en su parte dispositiva que:

«- that Palestine is a State Party to the Statute; (…)

– by majority, Judge Kovács dissenting, that, as a consequence, Palestine qualifies as ‘[t]he State on the territory of which the conduct in question occurred’ for the purposes of article 12(2)(a) of the Statute; and (…)

– by majority, Judge Kovács dissenting, that the Court’s territorial jurisdiction in the Situation in Palestine extends to the territories occupied by Israel since 1967, namely Gaza and the West Bank, including East Jerusalem«.

Como se puede observar, dos jueces de los tres optaron por considerar que la justicia penal internacional es competente para examinar lo que ocurre en todos los territorios palestinos, incluyendo Gaza y Jerusalén Oriental: un escenario particularmente temido por Israel. Algunos de sus aliados (Alemania, Australia, Austria, Brasil, Hungría, República Checa y Uganda) intentaron en los amici curiae presentados en La Haya, convencer a la CPI de declararse incompetente y de limitar su competencia territorial, sin lograr mayores éxitos en su gestión.

Habíamos tenido la oportunidad de analizar el alcance de la demanda presentada por Palestina en el 2018, así como los intentos (desesperados) de Israel y de sus aliados para intentar evitar a toda costa que se concretara lo que se escuchó en La Haya este 5 de febrero del 2021 y que viene a confirmar en todos sus extremos la interpretación hecha por la Fiscalía de la misma CPI (véase nuestra breve nota titulada «Solicitud de investigación contra exacciones militares israelíes procede en todos los territorios palestinos, Gaza incluida. Fiscal de la Corte Penal Internacional«, publicada en el Portal de la UCR, sección Voz Experta, edición del 12/05/2020, y disponible en este enlace).

La actitud desafiante de Israel y de su incondicional aliado norteamericano ante la justicia penal internacional

Cabe recordar que cuando la Fiscalía de la CPI anunció que había procedido a iniciar formalmente una investigación en Palestina en diciembre del 2019, en Israel, el Primer Ministro y el Ministro de Defensa calificaron a la CPI como antisemita (véase nota del Jerusalem Post y este cable de la agencia Reuters), como parte de las gesticulaciones iracundas del aparato estatal israelí que ya no impresionan mayormente.

Hay que tener presente que Israel pudo beneficiar como nunca antes en la historia de un ocupante de la Casa Blanca (hasta enero del 2021) dispuesto a satisfacer cada una de sus pretensiones y de sus caprichos, tanto en el plano bilateral como multilateral: como parte del abanico de presiones ejercidas sobre la CPI, Estados Unidos adoptó de manera insólita sanciones contra el personal mismo de la CPI en junio del 2020, que tuvimos la oportunidad de analizar (véase nuestra breve nota titulada «A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI)» y disponible en este enlace).

Anteriormente, y como expresión de solidaridad absoluta con Israel, Estados Unidos optó por retirarse del Consejo de Derechos Humanos cuando este órgano de Naciones Unidas votó una resolución creando un mecanismo para investigar las exacciones israelíes contra los manifestantes palestinos que participaron a la denominada «Marcha del Retorno«, en junio del 2018 (véase al respecto nuestra breve nota titulada «El retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos: breves apuntes» y disponible en este enlace).

Foto de la Embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas saliendo de la sala de sesiones del Consejo de Seguridad al iniciar su alocución el Embajador de Palestina, el 15 de mayo del 2018 en Nueva York. Foto extraída de nota de prensa titulada «EE.UU. se queda solo en la ONU» (La Vanguardia, edición del 16/5/2018).

Más allá de posturas, vociferaciones y de las amenazas puestas a ejecución por el aliado norteamericano, en julio del 2020 se filtró en la prensa israelí que las autoridades preparaban un lista secreta de cientos de integrantes de sus fuerzas de seguridad involucrados en actos susceptibles de calificar como crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad (véase nota de Haaretz del 16/07/2020 titulada «Israel drafts secret list of hundred of officials who may stand trial at Internacional Court» y esta otra nota publicada en la misma fecha en The Times of Israel).

A modo de conclusión

Esta sentencia del 5 de febrero del 2021 viene a finalizar un largo recorrido procesal desde la solicitud de investigación preliminar presentada en mayo del 2018 por Palestina (véase cronograma seguido en este documento oficial de Naciones Unidas) y abrir una nueva y decisiva etapa.

Con esta decisión, la justicia penal internacional ve despejado el camino para examinar todo lo observado, documentado y denunciado en el territorio palestino desde el mes de junio del 2014, y que tiene enlutadas a tantas familias en Palestina, esperando desde entonces por justicia y clamando por ella.

El hecho que una jurisdicción internacional como la CPI, por vez primera en la historia del derecho internacional público, se pronuncie sobre el estatuto de Palestina como Estado y acepte examinar lo que ocurre dentro de su territorio, confiere a esta decisión un alcance ya no solamente jurídico, sino altamente simbólico y esperanzador.

 

Este texto fue elaborado por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Enviado a SURCOS por el autor.

65.000 funcionarios públicos ganan menos de ₡500 mil mensuales

Luis Paulino Vargas Solís

La Nación publica un reportaje titulado: “32.000 funcionarios públicos ganan más de ₡2 millones”. Igual pudieron haberlo titulado tal cual yo he titulado este comentario, puesto que ese dato aparece en el mismo reportaje. A lo cual podemos agregar: 107.000 ganan entre ₡500 mil y ₡1 millón.

Vale decir que 172.000 personas que trabajan para el sector público ganan menos de ₡1 millón. De donde igual La Nación pudo haber titulado: “56% de funcionarios públicos ganan menos de ₡1 millón”.

Claro que la nota ofrece datos que deben llamar la atención. Un ejemplo: 107 personas ganan arriba de ₡10 millones.

Sin duda, esos extremos son inaceptables. Entre las reformas que deben hacerse está la de fijación de un límite máximo a los salarios en el sector público, y, asimismo, un límite máximo al múltiplo, para cada institución pública, entre el salario más alto y el más bajo.

Pero, más allá de eso, el titular de La Nación está puesto, con mala intención, para reforzar el odio contra empleados y empleadas públicas y la satanización de lo público. Buscan así justificar ese adefesio contrahecho -el llamado “proyecto de empleo público”- un monstruito que causará mucho más daño que el que presuntamente se quiere corregir.

Pero el problema fundamental tiene que ver con el silencio sobre lo que es esencial: cuando un salario en el sector público excede de ₡2 millones ¿es eso signo inequívoco de abuso o refleja alguna realidad más profunda que deba ser considerada con un mínimo de atención?

La intención de La Nación es plantar la idea de que, sin excepción, son casos de abuso.

En cambio, un enfoque riguroso y no prejuiciado, reconocería la importancia de conocer los niveles de calificación profesional de las personas y el nivel de conocimiento especializado que sus labores demandan. Al fin y al cabo, ser intensivista en las salas de UCI de un hospital público, es una tarea que plantea demandas excepcionalmente exigentes. Pero, y perdone usted el ejemplo, no es cualquiera el que puede conducir una clase para analizar y discutir a fondo una obra tan rica y compleja, y tan fundamental para la historia del último siglo, como la Teoría General de Keynes.

Son sutilezas. Pero sutilezas absolutamente fundamentales. Ocultarlas, como lo hace La Nación, es el camino retorcido que alimenta el odio.

Los (¿escandalosos?) salarios del sector público

Óscar Madrigal

La Nación ha hecho montones de estudios y análisis sobre el empleo público para querer demostrar que los problemas del país se deben a los trabajadores y trabajadoras del sector público. Hoy publica un nuevo análisis que lógicamente manipula, pero que indica lo siguiente:

1-. El 90% de los empleados de todo el sector público (poderes del Estado, instituciones autónomas, universidades, sea de todas las instituciones) reciben un salario menor a 2 millones de colones.

El 33% tienen un sueldo entre 1 millón y 2 millones.

El 35% entre ¢500.000 y un millón.

El 21% ganan menos de ¢500.000. Dentro de este grupo se encuentran un grupo importante de profesores universitarios que no tienen jornada completa.

Observen que el 56% -más de la mitad- de los trabajadores públicos ganan MENOS de un millón de colones al mes.

¿Son estos salarios de lujo?

2-. Los que ganan más de 2 millones (el 10%) trabajan principalmente en:

43% en la Caja. Son principalmente médicos especialistas.

12% en la Corte. Principalmente jueces.

6% cada uno en UCR, ICE y MEP.

Como se aprecia son profesionales muy importantes, médicos, catedráticos, jueces, técnicos especializados, que han dado una gran contribución al desarrollo económico-social del país.

¿Les rebajarán el salario como pretenden algunos?

3-. Ahora bien, sí hay que señalar que 107 empleados reciben más de 10 millones de sueldo al mes, que son a los que siempre recurre La Nación para denigrar a los trabajadores públicos. Habrá que analizar quiénes son, porque siempre se citan algunos médicos especialistas a los que les obliga la Caja a hacer guardias y estar en disponibilidad; hay que ver cómo la Caja logra reducir esas remuneraciones con la contratación o formación de más especialistas.

Sin embargo, llama la atención que uno de esos 100 funcionarios de más de 10 millones de salario mensual sea el señor Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, que un día sí y otro también claman por la austeridad y otro sea el embajador en Japón.

Por otra parte resulta claro que no es posible comparar instituciones o poderes del Estado ya que la realidad de cada uno es muy distinta: en el Poder Judicial y en las universidades predominan los profesionales mientras que en otras instituciones no.

Si alguno quiere comparar el sector público con el sector privado, deberá hacerlo por categorías de puestos. En el sector público, el 21% gana menos de ¢500 mil colones, sea los oficinistas, encargados de mantenimiento, etc.

La Nación echa por tierra lo que se ha venido diciendo desde hace muchos años, que los salarios de los empleados públicos son privilegiados. La realidad es otra como la reflejan los números: 56% de los trabajadores públicos, más de la mitad, reciben un salario menor a 1 millón de colones.

Una vez más queda claro, hasta con los estudios de La Nación, que los trabajadores no son los culpables del déficit fiscal ni de los problemas de las finanzas públicas y que el proyecto de empleo público no es más que una medida para congelar los salarios de los trabajadores y trabajadoras.

Publican cuaderno Acerca del Proyecto de Empleo Público

Las organizaciones sindicales UNDECA, BUSSCO y FSM publicaron el cuaderno: Acerca del proyecto de Empleo Público. Derecho de la función pública del enemigo, que contiene una compilación de artículos del especialista en derecho laboral Manuel Hernández.

SURCOS comparte esta producción que aborda un análisis de los elementos que llevan a constituir una nueva superestructura política normativa.

La presentación de este documento expone:

«En el proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE, el Gobierno de la República se comprometió a tramitar un proyecto regulatorio de la gobernanza del empleo público.

En atención a este compromiso, el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa, en el primer semestre de 2019, el denominado Proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente N° 21.336.

Más recientemente, en el contexto de la crisis fiscal, este proyecto se ha convertido en moneda de canje para negociar un préstamo con el FMI por el monto de $1.750.000.

El proyecto se tramita a ritmo motorizado, que ha experimentado un desarrollo en clave regresiva, en una suerte de evolución genética degenerativa, que viene a consumar, a estas alturas del procedimiento parlamentario, una especie monstruosa de Frankenstein legislativo, absolutamente impresentable.

Totalmente impresentable porque, por una parte, violenta la arquitectura constitucional democrática de nuestro ordenamiento jurídico, y, por otra parte, vulnera los derechos fundamentales de las y los servidores que laboran en la Administración Pública.

Este proyecto, junto con la aprobada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635, a finales de 2018, y la contrarreforma del Código de Trabajo, contenida en la Ley N° 9808, de 21 de enero de 2020, que en términos generales prohibió la huelga en los servicios públicos, constituye la nueva superestructura política normativa, que el bloque de poder hegemónico requiere para metabolizar y consolidar el modelo económico neoliberal.

Este Cuaderno acerca del Proyecto de Empleo Público contiene una selección de artículos, que, desde una perspectiva jurídica–política, examina, al hilo de su desarrollo legislativo, el contenido y los alcances de dicho proyecto, que viene a consolidar el Derecho de la función pública del enemigo.

Se configura este Derecho o antiderecho político, porque conjuntamente con aquellas leyes, se crea un régimen de excepción, autoritario, antidemocrático, que expulsa del ordenamiento jurídico los derechos de ciudadanía social de los y las servidoras públicas, particularmente los derechos colectivos, cuyo régimen se radica en una construcción cultural de odio y violencia institucional contra este colectivo laboral.

El Derecho de la función pública del enemigo representa un desafío histórico que los sindicatos tendrán que asumir».

SURCOS comparte el documento para descargar en formato PDF:

Un país extraño

Memo Acuña, (sociólogo y escritor costarricense)

El día 2 de febrero el presidente estadounidense Joe Biden firmó una segunda ronda de órdenes ejecutivas vinculadas con la migración. En el marco de la estrategia para transformar la política migratoria impulsada por su antecesor, la administración Biden-Harris ha delineado un conjunto de disposiciones que proponen, al menos en teoría, cambiar la estructura institucional y normativa diseñada para disuadir la migración e implementar un enfoque punitivo y castigador en particular para aquellos que cruzan las fronteras en condiciones irregulares.

La retórica de las disposiciones, su lenguaje técnico y a veces, muchas veces, frío y distante, continúa superponiendo su sentido ante una realidad compleja, difícil, absolutamente dura para cientos de miles de personas que desde Centroamérica ven en la movilidad una acción urgente para salvar sus vidas, continuarlas.

Entre las directivas emitidas por el presidente estadounidense se encuentra » creando un marco regional para atender las causas de la migración, para atender la migración entre Norte y Centroamérica y para proveer un proceso de asilo seguro y ordenado en la frontera de Estados Unidos». En síntesis, emite un conjunto de acciones para «revisar», por ahora, políticas en materia de control fronterizo, expulsiones en frontera, el sistema de asilo.

En mucho, dichas orientaciones importan a las migraciones centroamericanas, que un día si y otro también continúan saliendo a pesar de la crisis sanitaria, las disposiciones de confinamiento, las prohibiciones administrativas y securitarias para cruzar las fronteras internacionales. Importan también porque las necesidades y las urgencias para básicamente ejercer el derecho humano de «vivir», no pueden esperar los acomodos, los lobbys políticos, los acuerdos y desacuerdos de las bancadas demócrata y republicana.

La pobreza, la desigualdad, el extractivismo empresarial, los impactos socioambientales, la corrupción impune, la relación trenzada y amañada entre élites y actores políticos y las múltiples violencias que campean en toda la región centroamericana, son determinantes como condiciones causales de la expulsión.

Contar estas dimensiones políticas y sociales de la movilidad humana en la región centroamericana ha sido una labor amplia y sistemática de la academia regional. Sus lecturas, sus reflexiones e interpretaciones son necesarias para ubicar motivos, efectos, implicaciones tanto desde el punto de vista subjetivo como estructural.

Pero esta labor no es suficiente, porque a la dimensión analítica debe complementarla otra narrativa posible. En anteriores columnas hablamos de esas otras posibilidades como la comunicación implicada y producida en la región, por ejemplo.

Al tiempo que Biden estampaba su firma en estas órdenes ejecutivas, desde la región se presentaban esfuerzos desde la «poética de los exilios» para decir, con imágenes certeras y profundas, lo que la perspectiva académica puede contar desde la teoría y la epistemología de los desarraigos. Una y otras son necesarias, complementarias, precisas.

Desde El Salvador, el recién lanzado proyecto editorial virtual «El escarabajo» (elescarabajo.com.sv) publicó un numero especial titulado «Vámonos patria a migrar, yo te acompaño», incluyendo una selección poética producida desde la región sobre el tema. El nombre de la edición proviene de un verso del poeta Chiapaneco Balam Rodrigo incluido en su «Libro Centroamericano de los muertos», publicado en 2018 por el Fondo de Cultura Económica y ganador del prestigioso «Premio Bellas Artes de Poesía Aguas Calientes» en México, ese mismo año. En este libro, el escritor precisa con maestría y crudeza la realidad del tránsito de las migraciones centroamericanas a través de territorio mexicano.

En el número especial de El Escarabajo confluyen voces, estilos, propuestas, narrativas diversas. Es el caso del escritor salvadoreño Vladimir Amaya, de quien consignamos uno de sus textos.

Viajar en bolsa plástica

Madre:
la mañana te recuerda
que anocheció en mi frente,
que muy poco de mí ha quedado en las fotografías,
que mucho de vos se ha gastado entre las noticias y el papeleo.

Tan escaso ahora todo mi cariño
que no alcanza a descubrirte el retozo;
perdió asombro y altura
entre los alacranes y la hierba seca del desierto.
Extranjeros mis días que ya no son míos ni son días.

Son los peces que tienen por ojos lenguas de niños
y que un ángel, en sueños, puso sobre tu mesa la madrugada en que me fui.

Aquí se echa de menos
lo cálido que fue tu vientre.

«Regresaré,
serán doce meses,
a lo mucho un año y medio», te dije.

Pero no me escuchaste,
todas mis palabras eran el devastador paso de un tren que aullaba.

Las lágrimas que ya no pude entregarte,
seguro las lloraste vos.

«Regresaré», dije.

No pude llegar. Jamás lo hice.

Hoy abrí esta placenta de nuestra muerte.

Abrí este útero donde los hombres pusieron mis pedazos
y me catalogaron en los imperios de la ausencia.

Hacé que el viaje termine, madre.

Abrí la noche de mis ojos cerrados.

Reconoceme,
deciles que soy yo,
y llevame a casa.

La misma semana en que esta selección vió la luz, fue presentado el Libro «Llévate los sueños, déjame los recuerdos» de la poeta mexicana Chary Gumeta. El libro, publicado por Coneculta-Chiapas, expone desde la poesía testimonial, las vivencias recogidas por la autora en una investigación en campo en la frontera entre México y Guatemala. De su libro, es el siguiente poema:

Un país extraño

Bajo el cielo azul de un país extraño
te busco en la profundidad de mis adentros,
en cada mujer que veo pasar por este bosque de miradas,
en cada olor, sonrisa o lugar, te busco.

Al final,
con la sal entre las manos
sé que te he perdido,
la sensación de vacío repasa mi mente,
tu rostro se desmorona,
hace un ruido silencioso
como un sollozo.

Aprenderé a no pensar
en tu larga cabellera con olor a duraznos
y en tu rostro, donde se posa la tarde.

El amor es un huérfano que camina solo por las calles.

Hoy más que nunca precisamos otras formas de acercanos a la realidad centroamericana, objetivarla desde las narrativas que nos atraviesen la epidermis y nos hagan abrir los ojos. En el tema migratorio, aguardaremos por el arte como recurso para no volver a cerrrarlos más.

Imagen: https://elescarabajo.com.sv/

El emblemático ministro Garnier

El ministro André Garnier pertenece al grupo empresarial más poderoso del país y está en el Gobierno de Alvarado para representar y defender directamente sus intereses. Garnier es el prototipo del Gran Empresariado Costarricense agrupado ya no en Cámaras sino en asociaciones, fundaciones o grupos donde solo están los verdaderamente ricos. André Garnier resume en sí mismo las principales características de ese grupo.

1-. Son reacios a pagar impuestos. El canon por las “casas de lujo” al decir del director de Tributación es de los más difíciles de cobrar. Se acogen a recursos, interpretaciones con tal de disminuir o eludir el pago de impuestos de cualquier naturaleza. Por esta razón es que la elusión y evasión es mayor a un 4% del PIB, según cifras oficiales.

2-. Tratan de pagar salarios muy bajos. Como lo dijo Garnier el salario mínimo en Costa Rica es muy alto. Su objetivo es pagar los salarios más bajos que sea posible y para ello recurren a la tercerización de tareas como la forma más efectiva de acrecentar sus patrimonios o a la flexibilización laboral.

3-. Manejan sus patrimonios fuera del país. El ministro Garnier reconoció sin enojo alguno que buena parte de sus recursos patrimoniales están colocados fuera del país. Los papeles de Panamá evidenciaron esa realidad para todo un grupo grande y poderoso que ubican su riqueza en paraísos fiscales. De esta manera no pagan los impuestos que deberían al fisco costarricense y tampoco cuando repatrían esas ganancias.

4-. Critican al Estado, pero viven a su sombra. Este poderoso empresariado son críticos del Estado cuando se habla de un Estado solidario o de bienestar, pero siempre están usufructuando de él que les da o ha dado subsidios para amansar sus grandes fortunas a través de contrataciones millonarias, licitaciones, subsidios al turismo, a la banca, a los bananeros, piñeros, exoneraciones a las de zonas francas o la construcción de infraestructura al servicio de sus negocios.

5-. Adoran el mercado libre, pero odian la competencia. Hablan mucho de las bondades de la competencia, pero controlan sus negocios de manera monopólica u oligopólica, ahogando a los potenciales competentes.

El ministro Garnier recoge en su persona las principales características de este grupo que son los verdaderos privilegiados del país.

El asunto se redondea sabiendo que son insaciables cuando se trata de concentrar riqueza y que ello siempre será a costa de otros.

Representan a ese 1% costarricense.