La popularidad del presidente norteamericano Donald Trump y su gestión de gobierno, en su segundo mandato, ha sufrido un duro revés, según dos encuestadoras norteamericanas.
La encuestadora Pew Research Center, (Centro de Investigación Pew) también conocido simplemente como Pew, según su página oficial es “un centro de estudios sin fines de lucro con sede en Washington, D. C., que se centra en temas, actitudes y tendencias actuales en Estados Unidos y el mundo. Pew realiza investigaciones en ciencias sociales, demografía, encuestas de opinión pública y análisis de datos, además de producir informes, estudios y recursos especializados. Pew busca informar al público y contribuir al diálogo público, manteniendo una postura imparcial y basada en datos”.
La otra encuestadora es la AP-NORC, que es una alianza de investigación entre la agencia de noticias Associated Press (AP) y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos NORC (parte de la Universidad de Chicago). Esta colaboración realiza encuestas de opinión pública de alta calidad para analizar las tendencias sociales, políticas y económicas en Estados Unidos.
Según datos de finales del mes de enero 2026, de las dos encuestadoras, la administración Trump atraviesa un terremoto político evidenciado en los siguientes elementos.
En general, su aprobación es de un 37%, el punto más bajo de su actual presidencia, reflejado en los siguientes sectores:
Hispanos y Afroamericanos. Las cifras de desaprobación (especialmente ese 71.8% entre afroamericanos y 45.8% entre hispanos) sugieren que políticas radicales de este primer año, como las deportaciones masivas y las redadas del ICE, han revertido esos avances.
Género y Edad. La desaprobación del 32% entre mujeres y casi 40% entre jóvenes (18-29 años) indica una desconexión total con las nuevas generaciones. El hecho de que incluso en el segmento de mayores de 65 años (su base más fiel) solo tenga un margen moderado, es una señal de alarma para los republicanos de cara a las elecciones de medio término de 2026.
Costo de Vida. El principal motor de este desplome no es solo ideológico. Las encuestas muestran que un 61% de los estadounidenses cree que sus políticas arancelarias han empeorado el costo de vida, lo que ha alienado a los votantes independientes.
Específicamente con relación al presidente Trump, con una aprobación del 37%, Trump entra en una “zona de peligro” donde los legisladores de su propio partido (republicanos, especialmente los moderados) empiezan a distanciarse para proteger sus propios asientos en el Congreso.
Por primera vez, incluso dentro del Partido Republicano, la confianza en su “ética de trabajo” ha caído del 55% al 42%.
Ante estos números, la estrategia del presidente parece ser la de “atrincherarse” en su base MAGA “Make America Great Again” es un movimiento político y cultural populista centrado en la figura de Donald Trump, que aboga por el nacionalismo estadounidense, políticas proteccionistas “America First” y un retorno a valores tradicionales.
Se caracteriza por una lealtad incondicional al líder, un fuerte sentimiento antielitista y el deseo de transformar el Partido Republicano y el Estado, -donde mantiene un 93% de apoyo-, utilizando retórica de confrontación y amenazas legales contra medios como el New York Times por publicar estos mismos sondeos, de las encuestadoras citadas.
No se trata solo de números bajos en las encuestas, sino de una parálisis legislativa y un escándalo de corrupción que toca directamente la fibra del “América Primero”.
Veamos algunos casos muy particulares:
Hay una investigación reciente sobre una cuenta en Qatar utilizada por la administración Trump, se alega que el gobierno de Trump ha estado moviendo cientos de millones de dólares a través de cuentas en Qatar para evitar auditorías del Congreso y sin ningún control del Estado ni del Gobierno. A su vez, se ha destapado que grandes sumas de esos fondos terminaron favoreciendo a empresas cuyos directivos fueron donantes clave de la campaña de Trump en 2024 (como el caso de la comercializadora Vitol). En fin, esto ha destruido el relato de transparencia y ha dado a los demócratas (y a algunos republicanos críticos) la munición necesaria para exigir auditorías externas al secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Un grupo bipartidista en el Senado (demócratas y republicanos), está intentando legislar para quitarle al presidente el poder de imponer aranceles unilaterales, argumentando que su “guerra comercial” está disparando el costo de vida. Mientras el entorno de Trump busca recortes de 1.5 billones de dólares, los senadores republicanos moderados se plantan en apenas 4.000 millones, temiendo que un recorte tan agresivo les cueste sus escaños en las elecciones de noviembre de 2026.
En general, aproximadamente siete de cada diez adultos (71%) afirman estar muy preocupados por el costo de la atención médica, mientras que el 66% opina lo mismo sobre el precio de los alimentos y los bienes de consumo. Casi la misma proporción (62%) afirma estar muy preocupada por el costo de la vivienda.
Hoy en día, el 34% de los estadounidenses afirma tener mucha o muy confianza en que Trump posee las habilidades de liderazgo necesarias para ser presidente. Un porcentaje mayor (51%) no tiene mucha o ninguna confianza. Otro 14% tiene algo de confianza.
De igual manera, aproximadamente la mitad afirma no tener mucha confianza, o ninguna, en que Trump tenga la aptitud mental (52%) o física (50%) para desempeñar el cargo. Aproximadamente tres de cada diez expresan confianza en estos indicadores.
Todo lo anterior, está dejando de lado la política exterior de la administración Trump, que está presentando múltiples problemas, solo hemos abordado la política doméstica al interior de EEUU.
En fin, el gobierno norteamericano se encuentra en un punto de desviación. Si no logra estabilizar la economía y aclarar el uso de fondos en el extranjero, las elecciones de medio término de 2026 podrían dejar a Trump dando traspiés a casi tres años de mandato por delante.
El globalismo neoliberal y libertario (liberticida, Rogelio Cedeño QEPD) han enriquecido a un puñado de personas, el 1%, mientras han precarizado a los sectores medios y empobrecido a las mayorías, quienes pagan los platos rotos de sus extravagancias. Ninguna novedad, para quienes consideran que el mundo es de los audaces, y salados los que carecen de esa cualidad; sobrevivan o muéranse.
Son estos sectores mayoritarios, los cabreados (molestos, enojados, indignados…), quienes en su desesperación se han convertido en la clientela electoral de una “nueva” clase política que les ofrece salir de su condición de marginalidad y precariedad a cambio de su adhesión incondicional. De esta manera, ha sabido aprovechar y capitalizar su enojo, desesperación y resentimiento, utilizando un discurso grandilocuente cimentado en una promesa de futuro próspero en lo económico, socialmente beneficioso y hasta pacífico. Está creando, así, las condiciones para legitimar su autoritarismo antidemocrático -revestido de una falsa democracia-, mostrándose como defensor y garante de derechos económicos y sociales de las mayorías.
Al respecto, cabe destacar, el señalamiento de Benjamín Tijerina sobre la correlación entre los porcentajes de los electores protestantes, tanto en zonas rurales como urbanas, y a través de todas las capas sociales y generacionales, y los triunfos de Hitler. De ahí, se concluye que el Partido Nacional Socialista no era simplemente un partido de las clases medias radicalizadas, sino un partido popular de la protesta (Tijerina, B. 1998). Efectivamente, en la Alemania de posguerra, primera Mundial, el discurso racista y supremacista de Hitler, así como sus acciones genocidas se vieron favorecidos por las condiciones leoninas y precarias a que fue sometida (Tratado de Versalles). En ese contexto, se supo capitalizar el resentimiento social de las mayorías populares, incluidos por supuesto los protestantes que eran la mayoría religiosa. Un sector de la jerarquía católica y uno minoritario protestante: la Iglesia Confesante, mantuvieron oposición al régimen fascista de Hitler; incluso, uno de sus miembros, el destacado teólogo Dietrich Bonhoeffer, fue víctima y mártir de la causa antifascista.
Hay un sustrato religioso popular en el apoyo que recibió Hitler de protestantes y católicos, así como por los rasgos propiamente religiosos que asumió el fascismo. Este fenómeno, con nuevos matices, tiende a replicarse en el neofascismo contemporáneo. Gravita con fuerza el factor religioso en su versión tanto secular como confesional. La economía se convierte en religión neoliberal (de mercado, Franz Hinkelammert) y la religión en economía neoliberal (pseudoteología de la prosperidad). Es el revestimiento religioso de la economía y económico de la religión. Por lo tanto, ahora, religión y política no requieren legitimarse recíprocamente, a la manera del régimen de cristiandad, vía lo ideológico, simbólico y ritual -aunque esta legitimación se continúe dando- sino que, manteniendo su “autonomía”, se ven integradas, haciendo causa común alrededor de un proyecto económico y cultural: el neoliberalismo, que se comporta religiosamente, favoreciendo un neoecumenismo de corte fundamentalista. Este fenómeno explica, en alguna medida, la emergencia de los partidos confesionales evangélicos en alianza, siempre, con aquellos sectores y partidos que impulsan el proyecto neoliberal, pero disputándose un espacio propio para acceder al poder.
De esta manera, el neofascismo ha encontrado asidero político-electoral en esta nutrida clientela de cabreados sociales, que asumen como ideario las nuevas promesas mesiánicas de los “vendedores de prosperidad” (Paul Krugman) de la nueva religión neoliberal. Por lo tanto, no es casual el apoyo, por ejemplo, recibido por Donald Trump en la reciente contienda electoral, tanto por los sectores medios precarizados, también “radicalizados”, y los empobrecidos (contando ahora con un alto porcentaje del voto de afroamericanos y latinos), donde el factor que incidió e inclinó la balanza electoral fue, en buena medida, la promesa de salvación económica. Con un apoyo, desde arriba y desde abajo, avanza peligrosamente, por los derroteros del autoritarismo que induce a nuevos genocidios (hoy, particularmente, de rostro palestino) y ecocidios. El neofascismo neoliberal es intrínsecamente violento; se comporta como un cerco o gueto que está conduciendo al “suicidio colectivo”. A los cabreados se les ofrecerá “pan y circo” (también represión si se portan mal) y, mientras se entretienen, la riqueza seguirá fluyendo hacia arriba.
La prosperidad para todos, al igual que la “paz” que anunciaban los falsos profetas en tiempos de Jeremías, es la gran mentira del neofascismo, que resulta más digerible cuando asume los rasgos de la ficción literaria (la novela como la “mentira bien contada”, con la gran diferencia de que en la literatura esta “mentira” está al servicio de la bondad, la justicia, la belleza…) o se reviste de religiosidad, bajo el carisma de sus agentes (legitimidad carismática, Max Weber) y la fe de unos seguidores, cuyo fanatismo induce al odio y la violencia. El neofascismo se articula, así, desde un discurso de distracción, por lo consolador y lúdico, y socialmente polarizador, por lo confrontativo, apologético y violento.
Un análisis del régimen posfascista de Jair Bolsonaro en Brasil, señala, siguiendo los planteamientos de Antonio Negri, por un lado, que el posfascismo corresponde a una “fase dura” del neoliberalismo, propia de un período donde este se muestra incompetente para generar modelos de equilibrio político, atender las demandas sociales y enfrentar la fuerte resistencia social. Por otro lado, se trata de una transformación autoritaria del Estado para el salvataje del programa neoliberal; un período en el cual se da una “fuerte recuperación de soberanismo”, donde la multitud ocupa el centro de la lucha de clases como protagonista de los procesos históricos; una implosión de esta multitud “en términos de inseguridad económica o ambiental y de miedo al futuro” y de un repliegue sobre la “defensa de la identidad” (Diego Sztulwarkhttps://www.revistaanfibia.com/lula-bolsonaro-neofascismo/)
Sí, estamos ante el avance político de un neofascismo o posfascismo de rasgos decididamente autoritarios y violentos, cimentado, en buena medida, en una religiosidad secular y confesional, que hace causa común alrededor de una promesa de salvación económica (el reino de Dios en este mundo) y de la seguridad que ofrece el retorno de los valores tradicionales para encarar las incertidumbres; desde ahí, utiliza y manipula la desesperación y el desencanto de las mayorías. La rebelión de los cabreados al servicio de sus victimarios.
Sin embargo, ahí donde está su fortaleza también está su talón de Aquiles. Como bien señala Paul Krugman en un reciente artículo, donde el resentimiento está conduciendo al poder a gente mala, este poder no se sostiene a largo plazo, pues cuando despotrican contra las élites la gente comprende que ellos también son elites; asimismo les cobrarán sus promesas incumplidas, y buscarán a quienes procuren decir la verdad. (https://www.nytimes.com/es/2024/12/10/espanol/opinion/elites-multimillonarios-tecnologia-gobierno.html).
El gran desafío para enfrentar la creciente ola neofascista es continuar develando sus contradicciones, la inconsistencia de su discurso grandilocuente, cínico, demagógico y propiciador del odio y la violencia. “La verdad nos hace libres”.
Vamos por el principio. Como no dijo Cervantes: despacio Sancho que llevo prisa
En los debates contemporáneos sobre economía, modelos de desarrollo y transformación social, resulta inevitable volver la mirada hacia los principios que tradicionalmente han sostenido la enseñanza económica clásica. Uno de ellos —quizás uno de los más citados y, a la vez, más cuestionados— es el supuesto ceteris paribus, aquella cláusula metodológica que invita a “mantener todo constante” para examinar el efecto aislado de una variable. Si bien esta abstracción es útil analíticamente, su aplicación irreflexiva ha sido señalada como una trampa conceptual cuando se la lleva al terreno de los problemas humanos complejos, donde nada permanece realmente constante y donde la alteridad —la presencia del otro— es intrínsecamente líquida, dinámica y situada.
Pero, por qué el qué: Imbach el maestro tico-argentino o argentino-tico
Recuerdo cómo en los cursos introductorios de economía, el profesor Alejandro Imbach (QEPD) insistía en que dicha simplificación, aunque metodológicamente válida, podía convertirse en una herramienta peligrosa si se utilizaba para justificar diagnósticos o políticas que desconocieran la complejidad social. Advertía, con claridad notable, que muchos discursos públicos caen en la tentación de explicar el progreso o el estancamiento desde una única variable, señalando “la corrupción” como un fenómeno monolítico, aislado y absoluto. Esta narrativa simplista ignora la corrupción sistémica, tácita y legalizada que suele ser más dañina: aquella incrustada en reglas del juego económico, diseños fiscales regresivos, desregulaciones extremas y mecanismos de extracción de rentas que benefician sistemáticamente a minorías poderosas.
Enfatizaba que reducirla a una causa única invisibiliza otros factores estructurales con igual o mayor impacto. La corrupción individual existe, sí… pero existe dentro de sistemas que la incentivan, la protegen, la normalizan. El Estado puede ser capturado… pero también puede ser el mercado quien capture al Estado. La empresa privada puede innovar… pero también puede extraer, expoliar, concentrar sin límite.
Alejandro Imbach fue un comprometido docente, investigador, pensador y corresponsable de nuestro tiempo en Centroamérica. Con un pensamiento audaz y una elocuencia sarcásmica, logró pendular la investigación – acción participativa desde el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) a múltiples generaciones latinoamericanas. Impulsó consciencia, aprehensiones variadas y complejas que, junto a otros acervos siguen aflorando en el compromiso y la proactividad al servicio de las américas y el mundo con soluciones para el desarrollo, la sostenibilidad y el bien común. Por ello, esta memoria toca ese legado que atrevo a ilustrar brevemente.
Ceteris paribus: el placebo para la expoliación y la inacción
Los umbrales de reivindicación deben atravesar todas estas falsas fronteras… porque la transformación que necesitamos no cabe en los compartimentos estancos del pensamiento binario.
Mientras el discurso público se centra en el “caso” puntual, pulula en lo tácito la retrogradez de un sistema mercenario que, bajo etiquetas que han mutado –desde el neoliberalismo ortodoxo hasta ciertas expresiones de capitalismo de extrema derecha política–, expolia recursos públicos, degrada derechos laborales, depreda el ambiente y fragmenta el tejido social. Esta es una corrupción de mayor escala: la que corrompe las reglas, no solo su violación.
Imbach, el maestro, también invitaba a examinar de manera crítica cómo ciertos sistemas económicos —particularmente aquellos de corte mercantilista o neoliberal en su expresión más rígida— pueden generar dinámicas de concentración y exclusión cuando se desentienden de la dimensión humana y comunitaria de la economía. No es juicio moral, es descripción estructural de dinámicas donde la acumulación se desvincula sistemáticamente de cualquier generación de valor social compartido. Esta visión se alinea con diversas investigaciones que advierten que, sin mecanismos de corrección institucional, redistribución o regulación inteligente, los mercados pueden reproducir desigualdades estructurales, afectando la cohesión social y debilitando la confianza pública (como discuten autores como Joseph Stiglitz, Amartya Sen o Ha-Joon Chang). Particularmente en, cómo la desregulación extrema, sin contrapesos institucionales, puede erosionar la igualdad de oportunidades.
En este sentido, la “liquidez de la alteridad” es un recordatorio de que el otro nunca permanece fijo, y que las sociedades no son sistemas de ecuaciones lineales sino ecosistemas en constante flujo, donde la identidad, la agencia y las aspiraciones de las personas mutan, se adaptan y se resisten. Zygmunt Bauman nos alertó sobre la «modernidad líquida» Extendiendo esa metáfora: necesitamos liquidez epistémica, flexibilidad para reconocer que las categorías rígidas —santos versus demonios, público versus privado, Estado versus mercado— son trampas conceptuales que perpetúan precisamente lo que dicen combatir. La economía, la política y la administración pública no pueden tratar al ser humano como una constante; deben reconocer su variabilidad, diversidad y dignidad. Por ello, la reivindicación no es un gesto de confrontación, sino de re-equilibrio. De ajustar el lente. De ampliar la mirada. De corregir asimetrías. De aceptar que los sistemas —económicos, políticos, culturales, académicos— requieren transformaciones continuas para responder a la complejidad del presente.
Por ello, afirmar que “los umbrales de la reivindicación deben ser a todo nivel y en todo” no es una consigna ideológica, sino una reflexión ética profunda. Reivindicar, en este contexto, implica revisar, corregir, equilibrar y reorientar prácticas sociales, económicas e institucionales para que respondan a un ideal más integrador y justo. No desde el maniqueísmo —“ni santos ni demonios”— sino desde la comprensión de que toda estructura humana es perfectible y que la transformación requiere diálogo, evidencia, autocrítica y corresponsabilidad.
Es tiempo de los not regrets: nadie se salva solo… solo en racimo, en Ubuntu
En un entorno global marcado por tensiones geopolíticas, aceleración tecnológica, desigualdades persistentes y cambios culturales vertiginosos, es urgente promover miradas más holísticas. La economía debe dialogar con la sociología, la ética con la política pública, la innovación con la inclusión, y la productividad con el bienestar. Dejar atrás explicaciones reduccionistas permite construir visiones más amplias sobre el desarrollo y la convivencia.
Así, el desafío no es renunciar al rigor analítico del ceteris paribus, sino saber cuándo usarlo y cuándo abandonarlo. No es rechazar los mercados, sino reconocer sus límites. No es negar la existencia de la corrupción, sino comprenderla desde su complejidad sistémica. No es idealizar un modelo u otro, sino buscar equilibrar los múltiples intereses y realidades que conforman una sociedad plural.
Urge la transformación por reequilibrios: reconocer que vivimos en sistemas profundamente desequilibrados donde el capital financiero dicta términos al trabajo, donde el Norte global extrae del Sur, donde las generaciones presentes hipotecan las futuras, donde lo masculino subordina lo femenino, donde lo urbano devora lo rural, donde lo humano arrasa lo no-humano…
Reequilibrar no es «encontrar el punto medio» entre explotador y explotado… es desmontar las estructuras que hacen posible la explotación misma. No es negociar cuánto puede extraer el extractivismo… es cuestionar la lógica extractiva en su raíz.
La verdadera transformación —la que abre paso a la reivindicación— ocurre cuando somos capaces de combinar lucidez técnica, sensibilidad social y responsabilidad ética. Allí donde entendemos que la alteridad es líquida pero no prescindible; que el progreso es deseable pero no automático; y que ninguna categoría, teoría o ideología puede capturar por sí sola la totalidad de lo humano.
Reequilibrios ¿Qué, cómo, dónde?: wake up!
Sin ampliar, ni con otras aspiraciones retóricas o populistas, dejo algunas ideas que pienso pueden orientarnos en la ruta de las debidas reivindicaciones, como son:
A nivel institucional: No basta con perseguir funcionarios corruptos si el diseño institucional mismo perpetúa capturas regulatorias y asimetrías de poder… Urge reivindicar instituciones que no sean meros decorados de legitimación.
A nivel epistémico: Cuestionar los ceteris paribus que naturalizan desigualdades como «imperfecciones de mercado»… cuando son, más bien, perfecciones de un sistema diseñado precisamente para producir esas desigualdades.
A nivel distributivo: Kate Raworth lo plantea con claridad en su «Economía Rosquilla»: entre los límites planetarios y los fundamentos sociales mínimos, ahí debe habitar una economía digna de ese nombre.
A nivel político-económico: Superar falsas dicotomías mediante modelos que prioricen el bienestar colectivo sobre la acumulación concentrada… Ni estatismo ingenuo ni mercadolatría fundamentalista.
A nivel individual: colectivizarnos, conjuntarnos y ejercer corresponsabilidad, hacer contraloría, posibilitando una praxis de integridad y de valores que nos lleven al cambio real: comenzando yo, extendiendo al hogar, a la comunidad hasta llevarlo a todos los entornos de los que concurrimos y somos.
Es tiempo de los not regrets: nadie se salva solo… solo en racimo, en Ubuntu
Nota: fragmento de parte del contenido que Alejandro Imbach compartió en 2015 a sus estudiantes en CATIE:
Ernesto Herra Castro, M.EL Académico, Universidad Nacional
I. Democracia-étnica: problema de partida
En el contexto posterior a las elecciones nacionales más recientes en Costa Rica, diversos partidos de oposición hicieron un llamado reiterado a “defender la democracia”. El tono del llamado, sin embargo, no fue neutro: se activó en reacción directa al fuerte respaldo popular a la continuidad del proyecto político encabezado por el presidente Rodrigo Chaves, respaldo que no solo se expresó en un triunfo electoral en primera ronda, sino también en la conformación de una bancada oficialista mayoritaria de 31 diputaciones en la Asamblea Legislativa.
El punto de partida de este artículo no es cuestionar la legitimidad del llamado a la “democracia” como valor normativo, sino interrogar críticamente el lugar desde el cual se emite dicho llamado. Porque cuando la defensa de la democracia se activa únicamente cuando los resultados no favorecen a determinados sectores —geográficos, sociales y étnicos—, dicha defensa deja de ser universal y se transforma en defensa del “prestigio” y “honor social” que no es, sino, la forma de autoridad simbólica históricamente acumulada que permite a ciertos grupos ser reconocidos como voces legítimas del orden social, mientras que el honor social es el sistema que organiza y resguarda ese prestigio, definiendo quién puede representar a la comunidad política y hablar en nombre de valores universales como la “democracia” o encarnar ellas y ellos la “representación popular” de la “República”.
La pregunta central es entonces: ¿estamos ante una defensa de la “democracia” como principio político común, o ante la defensa de un orden étnico-partidario que se siente amenazado?
Plantear esta pregunta exige abandonar la lectura estrictamente procedimental del proceso electoral y situar el análisis en un plano más profundo: el de la estructura histórica desde la cual se produce la apelación a la “democracia”. En Costa Rica, esa estructura no es neutral. Está anclada en la constitución de un sujeto hegemónico —el “mestizo claro”— que, desde el Valle Central, ha logrado presentarse históricamente como portador natural de la racionalidad política, como intérprete autorizado del interés general y como garante legítimo del orden republicano. La fuerza de este sujeto no reside únicamente en su capacidad institucional o económica, sino en su pretensión de universalidad: su capacidad de pensar su propia experiencia histórica como si fuese la experiencia de la nación en su conjunto.
Este sujeto —blanco-mestizo, urbano, ilustrado, heredero del liberalismo republicano y del catolicismo institucional— no se reconoce a sí mismo como particular. Por el contrario, se piensa como medida de lo nacional. De ahí que, cuando habla de democracia, lo haga en clave universal, como si su definición, sus valores y sus preocupaciones aplicaran de manera indistinta a todo el territorio y a todos los grupos sociales. Sin embargo, esa universalidad es aparente. Lo que se presenta como defensa de la “democracia” es, en realidad, defensa de una matriz moderna específica, localizada histórica, social y territorialmente, que intenta seguir representándose como totalidad.
Desde una lectura que pone su acento en lo étnico, lo que aquí está en juego no es una disputa coyuntural entre partidos, sino la activación de un orden étnico que organiza la vida social y política costarricense desde hace décadas. Este orden se sostiene, en primer lugar, sobre jerarquías étnicas, entendidas no como diferencias culturales, sino como diferencias de estatus social y político. Dichas jerarquías establecen quién posee mayor prestigio, quién es reconocido como sujeto plenamente racional y quién, en cambio, aparece como incompleto, carente o necesitado de tutela. En el campo electoral, estas jerarquías se manifiestan cuando ciertos votos son leídos como expresión legítima de conciencia democrática, mientras otros son interpretados como resultado de manipulación, ignorancia o error.
Estas jerarquías no operan de forma espontánea. Se reproducen mediante estructuras étnicas, es decir, a través de dispositivos institucionales, discursivos y simbólicos que convierten la desigualdad de estatus en normalidad. Partidos políticos, lenguajes públicos, agendas de discusión, medios de comunicación y formas de experticia contribuyen a consolidar la idea de que hay territorios y sujetos que saben votar y otros que deben ser explicados. Cuando la recepción electoral de determinadas propuestas se concentra casi exclusivamente en el Valle Central, pero esas propuestas se presentan como nacionales; cuando el fracaso fuera de ese espacio no conduce a una revisión de la interpelación política, sino a una descalificación del electorado periférico, lo que se pone en evidencia no es un desacuerdo democrático, sino el funcionamiento pleno de una estructura étnica.
A este entramado se suma un sistema de honor social que articula jerarquías y estructuras en el plano simbólico. El sistema de honor define quién tiene derecho a nombrar los valores superiores de la comunidad política y quién puede erigirse como su defensor legítimo. En Costa Rica, ese honor ha estado históricamente asociado al sujeto urbano-central, que se concibe a sí mismo como custodio de la institucionalidad, la república y la democracia. Desde esta posición, “defender la democracia” no significa simplemente resguardar un procedimiento electoral, sino defender el monopolio simbólico sobre la definición misma de lo democrático.
Por ello, cuando el resultado electoral expresa con claridad el peso político de territorios históricamente subalternizados —las costas, las fronteras, la Zona Norte, amplios sectores rurales—, y cuando ese resultado sostiene la continuidad de un proyecto político que no responde dócilmente a los códigos tradicionales del honor político central, la reacción no es el reconocimiento del pluralismo democrático, sino la activación de una alarma moral. La “democracia” se invoca, paradójicamente, contra el resultado mismo del ejercicio del sufragio, y el problema deja de ser el procedimiento para convertirse en el sujeto que lo protagoniza.
En este sentido, la apelación a “defender la democracia” revela su carácter profundamente localizado. No es la defensa de la democracia como principio político común, sino la defensa de un orden étnico-partidario que se percibe a sí mismo en riesgo. La pretensión de universalidad del mestizo claro le impulsa a pensar que cuando piensa su pensamiento es capaz de dar cuenta de la totalidad de la nación aún cuando lo que hace no es más que pensarse a sí mismo. Se vuelve entonces visible, no como virtud republicana, sino como límite histórico en la disputa étnica de un proyecto de “democracia” en la que, por primera vez en mucho tiempo, lo más allá que el Valle Central participa en ella de manera decidida.
II. Etnicidad y territorio: Cartografía electoral
Si en el punto anterior se planteó que el llamado a “defender la democracia” no es neutro sino étnicamente situado, el análisis riguroso de los datos electorales permite observar cómo esa etnicidad se inscribe materialmente en el territorio. Las elecciones nacionales constituyen, en este sentido, el registro empírico más robusto de la subjetividad política contemporánea en Costa Rica: no una encuesta ni una inferencia muestral, sino un ejercicio censal efectivo en el que la ciudadanía expresa, sin intermediación discursiva, su posición frente al orden político existente. Por ello, los datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones no cumplen aquí una función ilustrativa, sino analítica y probatoria.
La siguiente tabla sintetiza la distribución porcentual del voto presidencial por provincia y constituye el punto de partida empírico del análisis:
Tabla 1
Distribución porcentual del voto presidencial por provincia
Provincia
Oficialismo (%)
PLN (%)
Frente Amplio (%)
C.A.C. (%)
PUSC (%)
San José
41,5
38,2
4,4
5,8
3,0
Alajuela
54,7
30,2
3,3
3,4
2,5
Cartago
37,9
40,8
4,0
7,1
3,1
Heredia
42,1
38,2
4,6
6,1
2,6
Guanacaste
57,5
27,2
2,5
3,1
2,3
Puntarenas
63,6
21,7
2,6
2,2
2,6
Limón
65,2
18,4
2,7
2,3
2,9
Fuente: elaboración propia con base en datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones.
Leídos de manera estrictamente cuantitativa, estos datos muestran mayorías claras a favor de la continuidad del proyecto político del Ejecutivo en las provincias costeras y un comportamiento más fragmentado en el Valle Central. Sin embargo, la lectura étnica del territorio permite ir más allá del dato numérico y comprender por qué esas mayorías se concentran donde se concentran y por qué generan una reacción defensiva desde el centro.
La continuidad del proyecto político del Ejecutivo se expresa como mayoría clara y sostenida en las provincias costeras, superando el 55 % del voto válido en Guanacaste y alcanzando márgenes superiores al 60 % en Puntarenas y Limón. Estas no son diferencias marginales ni oscilaciones coyunturales; son brechas estructurales que, en el caso de Limón, superan los 40 puntos porcentuales respecto a las principales fuerzas tradicionales del Valle Central. En contraste, San José, Cartago y Heredia muestran escenarios de competencia cerrada, fragmentación del voto y una mayor concentración relativa en partidos históricamente asociados al centro político del país.
Sin embargo, el alcance analítico de estos datos solo se revela plenamente cuando se los lee espacialmente. Al proyectar la tabla sobre el territorio nacional, emerge una cartografía político-étnica que desborda la explicación partidaria convencional. El país se organiza, electoralmente, en dos grandes configuraciones territoriales que responden a trayectorias históricas diferenciadas de incorporación al Estado y a la nación.
Cuando proyectamos la tabla sobre el mapa nacional, emerge una cartografía político-étnica elocuente:
Las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón, junto con la Zona Norte de Alajuela, corresponden históricamente a espacios donde la presencia de lo que la época virreinal formó en oposición al “español” como “indios”, “negros” y “pardos”, así como de “mestizos bajos”, ha sido estructuralmente mayor. Se trata de territorios incorporados tardíamente al proyecto nacional, marcados por economías de enclave, trabajo forzado o precarizado, y una relación distante con el Estado central. En estos espacios, el prestigio social no ha estado asociado a la cercanía con el poder político ni al capital cultural urbano, sino a formas comunitarias de subsistencia, memoria y resistencia cotidiana. Desde esta perspectiva, las jerarquías étnicas se manifiestan en la valoración diferencial del sufragio. El voto proveniente de territorios asociados históricamente a “indios”, “negros”, “pardos” y “mestizos bajos” es leído como sospechoso; el voto del espacio mestizo alto–español es leído como expresión legítima de conciencia democrática. Las estructuras étnicas convierten esta lectura en sentido común político y mediático, mientras el sistema de honor social autoriza al centro a erigirse como defensor de la democracia incluso cuando no logra producir mayorías nacionales.
Las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón —junto con la Zona Norte de Alajuela, que presenta un comportamiento convergente— configuran un arco territorial continuo, rural, costero y fronterizo, donde el voto por la continuidad adquiere carácter mayoritario, estable y territorialmente concentrado. Este bloque no puede ser interpretado como suma de decisiones individuales desconectadas, sino como expresión de una subjetividad política compartida, forjada en contextos históricos de marginalidad relativa, economías de enclave, distancia respecto al centro político y experiencias prolongadas de interlocución estatal desigual. En estos territorios, la democracia no se ejerce como adhesión abstracta a un ideal normativo, sino como evaluación práctica del vínculo con el Estado, comparando trayectorias, respuestas institucionales y formas concretas de reconocimiento.
Que en estos territorios el respaldo a la continuidad supere de forma consistente el 55 % del voto válido no puede leerse como un acto irreflexivo ni como manipulación política. Desde una clave étnica, este comportamiento expresa una subjetividad política situada, propia de sectores históricamente subalternizados que evalúan la democracia no desde su pureza normativa, sino desde la experiencia concreta del reconocimiento, la interlocución y el trato estatal. Aquí, la democracia es vivida como relación, no como abstracción.
El Valle Central, en contraste, es el espacio histórico de consolidación de los españoles y mestizos altos, es decir, de los grupos que acumularon prestigio, honor social y capacidad de representación desde la colonia tardía y la República liberal. San José, Cartago y Heredia concentran ese capital simbólico que permite a ciertos sujetos presentarse como voceros naturales de la nación. Aunque electoralmente fragmentado, este espacio conserva el monopolio interpretativo: la capacidad de definir qué voto es racional, qué decisión es responsable y cuándo la democracia está “en riesgo”. Este espacio geográfico tiene un comportamiento electoralmente fragmentado pero simbólicamente cohesionado. San José, Cartago y Heredia no producen mayorías nacionales claras, pero concentran el prestigio político histórico desde el cual se define qué cuenta como voto informado, responsable y legítimo. Aquí, el comportamiento electoral se inscribe en una gramática distinta: no solo se vota, sino que se interpreta el voto ajeno. La lectura de los resultados no se limita a los porcentajes; se transforma rápidamente en juicio moral y pedagógico sobre los territorios que votan de manera distinta.
Esta diferencia no es accidental. Responde a la operación de jerarquías étnicas que asignan valor diferencial a las decisiones políticas según su origen territorial. El voto costero y rural, aun cuando es empíricamente mayoritario, es leído como problemático; el voto urbano-central, aun cuando no produce mayorías, conserva su prestigio interpretativo. Las estructuras étnicas refuerzan esta asimetría al naturalizarla en el discurso público, permitiendo que proyectos políticos con recepción concentrada en el centro se presenten como representantes de la nación, mientras descalifican implícitamente la decisión periférica.
La cartografía etno-electoral resultante no muestra un país dividido entre “demócratas” y “antidemócratas”, sino un país donde distintos sujetos étnico-históricos ejercen la democracia desde posiciones estructurales desiguales. Las costas y fronteras, asociadas históricamente a la subalternidad étnica, producen hoy mayorías empíricas; el centro, asociado al honor social y al prestigio histórico, produce el discurso que pretende deslegitimarlas.
Desde esta cartografía, el sistema de honor social adquiere plena visibilidad. El llamado a “defender la democracia” no emerge desde los territorios donde la democracia se expresa como mayoría empírica clara, sino desde aquellos donde se concentra el honor histórico de definirla. Lo que se percibe como amenaza no es la alteración del procedimiento electoral, sino la pérdida del monopolio simbólico sobre la representación legítima del país.
La lección principal que se desprende de esta lectura es clara: el conflicto actual no es electoral ni coyuntural, sino estructural y de larga duración. Lo que está en disputa no es el procedimiento democrático, sino quién tiene derecho a definir qué democracia vale y para quién. Los datos del Tribunal Supremo de Elecciones, leídos a la luz del orden étnico costarricense, no anuncian el colapso de la democracia, sino el agotamiento del monopolio étnico del centro sobre su significado. Del comportamiento electoral en las pasadas elecciones nacionales se desprende el hecho de que no es Costa Rica la que está atravesando una crisis democrática, sino que en ella se está viviendo una reconfiguración del sujeto democrático. Los datos muestran que amplios territorios históricamente subalternizados ya no aceptan ser objeto de pedagogía política ni de tutela moral. Votan, deciden y producen mayorías. Frente a ello, el centro reacciona defendiendo una democracia que, en realidad, defiende su propia posición histórica de prestigio y honor social.
Leídos con rigor, los resultados del Tribunal Supremo de Elecciones no confirman el deterioro de la democracia costarricense. Confirman, más bien, el fin progresivo de su monopolio étnico-central.
III. El prestigio político y el monopolio de la representación democrática
La lectura territorial del voto presentada en el apartado anterior permite avanzar un paso más en la comprensión del conflicto político actual: no basta con identificar dónde se vota de determinada manera; es necesario explicar por qué ciertos resultados generan alarma democrática mientras otros son aceptados como normales. La respuesta no se encuentra en el procedimiento electoral ni en la aritmética del sufragio, sino en el prestigio político acumulado históricamente por determinados sujetos, territorios y tradiciones partidarias.
El “prestigio” al que estamos apelando no es un atributo individual ni una virtud moral; es una posición social producida en el tiempo, que otorga autoridad simbólica para ser reconocido como voz legítima del orden social. En el campo político costarricense, ese prestigio se ha concentrado históricamente en el Valle Central y en los sujetos que encarnan la matriz moderna del Estado-nación: los herederos del liberalismo republicano, de la institucionalidad ilustrada y del catolicismo político. No se trata simplemente de poder electoral, sino de algo más persistente: la capacidad de definir el marco mismo desde el cual se interpreta la política.
Esta concentración de prestigio explica un fenómeno que, a primera vista, podría parecer contradictorio. Aunque los datos electorales muestran con claridad que las provincias rurales, fronterizas, costeras y periféricas producen hoy mayorías empíricas decisivas, el discurso público sigue siendo dominado por actores cuyo respaldo electoral es territorialmente limitado. La autoridad de estos actores no deriva de su capacidad de ganar elecciones en el conjunto del país, sino de su posición histórica como intérpretes legítimos de la nación. El prestigio político opera, así, como un capital simbólico que permite hablar con voz de totalidad incluso cuando los números ya no acompañan.
En este sentido, el llamado a “defender la democracia” debe ser leído como un acto de reafirmación del prestigio, más que como una defensa neutral del procedimiento. Quienes lo enuncian no solo expresan preocupación por el rumbo político; expresan, sobre todo, la pérdida de control sobre la definición de lo democrático. La democracia deja de ser el nombre del acuerdo básico y se convierte en el terreno de una disputa por la representación legítima donde lo que se confronta es quién puede decir qué es la democracia y cuándo está en peligro.
El prestigio político cumple aquí una función decisiva: desacopla la autoridad simbólica de la mayoría empírica. Permite que actores con menor peso electoral se presenten como custodios del interés general, mientras los territorios que efectivamente deciden el rumbo del país son situados en una posición subordinada, explicada o problematizada. La democracia, así, se jerarquiza: hay decisiones que cuentan como plenamente políticas y otras que deben ser interpretadas, corregidas o justificadas.
Este mecanismo no es nuevo. Forma parte de la larga duración del orden social costarricense, en el que el centro no solo gobernó, sino que enseñó a gobernar, enseñó a votar y enseñó a entender la política. Lo novedoso es que ese prestigio comienza a chocar abiertamente con una realidad empírica que ya no puede ser ignorada. Cuando las mayorías se desplazan hacia territorios históricamente subalternizados, el prestigio ya no alcanza para producir consenso; solo alcanza para producir resistencia simbólica.
Desde esta perspectiva, el conflicto actual no es entre democracia y autoritarismo, sino entre dos modos de legitimidad. Por un lado, una legitimidad basada en la experiencia territorial, en la evaluación práctica del Estado y en la producción de mayorías empíricas claras. Por otro, una legitimidad basada en el prestigio histórico, en la centralidad simbólica y en la pretensión de representar la nación incluso sin respaldo mayoritario. El problema emerge cuando esta segunda forma de legitimidad se presenta como la única compatible con la democracia.
Así entendido, el monopolio de la representación democrática no se sostiene ya en la capacidad de ganar elecciones, sino en la inercia de un prestigio que se resiste a desaparecer. Defender la democracia, en este marco, significa defender la continuidad de ese monopolio étnico, no porque sea más democrático, sino porque ha sido históricamente eficaz para ordenar el campo político. La reacción del centro frente a los resultados electorales recientes expresa, entonces, menos una preocupación institucional que un desplazamiento simbólico profundo: la constatación de que el prestigio ya no garantiza obediencia ni consenso.
Este desplazamiento marca un punto de inflexión. Cuando el prestigio político deja de coincidir con la producción de mayorías, la democracia deja de ser un terreno pacificado y se convierte en un espacio de disputa abierta por el sentido. Lo que está en juego no es solo quién gobierna, sino quién puede hablar en nombre de la democracia y con qué autoridad. En esa disputa, los datos electorales no son el problema; son, precisamente, lo que el prestigio ya no logra domesticar.
IV. Honor social, partidos políticos y defensa selectiva de la democracia
Si el apartado anterior permitió comprender cómo el prestigio político habilita a ciertos actores a hablar en nombre de la democracia aun sin producir mayorías empíricas, el concepto de honor social permite dar un paso adicional y explicar por qué esa autoridad simbólica se activa selectivamente, en determinados momentos y frente a determinados resultados. El honor social no es una cualidad moral ni una virtud cívica abstracta; es un criterio colectivo de valoración que define quién encarna legítimamente los valores superiores de la comunidad política y quién tiene derecho a custodiarla cuando se percibe amenazada.
En Costa Rica, el honor social se ha configurado históricamente en torno a una matriz republicana específica, asociada al Valle Central y a los sujetos que heredaron la centralidad del Estado liberal: orden institucional, respeto a la ley, moderación política, lenguaje ilustrado y una determinada forma de catolicismo civil. Este honor no se distribuye de manera homogénea entre los partidos; se adhiere diferencialmente a aquellos que han sido capaces de presentarse como continuadores naturales del proyecto nacional. De ahí que, incluso cuando pierden capacidad de convocatoria territorial, conserven la autoridad simbólica para definir qué es la democracia y cuándo está en riesgo.
El campo partidario es uno de los principales escenarios donde este honor se reproduce. Partidos con larga trayectoria en el gobierno o con fuerte arraigo en el centro político han logrado encarnar el rol de garantes del orden democrático, no tanto por su desempeño electoral actual, sino por su inscripción histórica en el sistema de honor social. Desde esa posición, su palabra adquiere un peso que excede los resultados: cuando hablan de democracia, no lo hacen como competidores más, sino como guardianes del marco mismo de la competencia.
Esta posición explica la selectividad con la que se invoca la defensa de la democracia. No toda derrota electoral genera alarma institucional, ni toda victoria ajena es presentada como amenaza. La alarma se activa cuando el resultado desplaza a los actores investidos de honor y pone en cuestión su centralidad simbólica. La democracia, entonces, deja de ser un procedimiento que canaliza la voluntad popular y se convierte en un recurso discursivo para disputar legitimidad cuando el honor se siente vulnerado.
Desde esta perspectiva, la reacción de ciertos partidos frente a los resultados recientes no puede interpretarse únicamente como desacuerdo político. Es, más bien, una respuesta estructural ante la pérdida de una posición histórica que permitía gobernar no solo desde el poder formal, sino desde la autoridad moral. El llamado a “defender la democracia” aparece así como una defensa del honor, es decir, de la capacidad de seguir siendo reconocidos como representantes legítimos de la nación, aun cuando el mapa electoral ya no los respalde de manera decisiva.
El honor social cumple aquí una función de frontera. Delimita quién pertenece plenamente al “nosotros democrático” y quién queda situado en una posición ambigua, sospechosa o tutelada. Cuando los territorios periféricos producen mayorías claras y sostienen proyectos políticos que no responden a los códigos tradicionales del honor central, esas mayorías no son celebradas como expresión del pluralismo democrático, sino interrogadas como problema. La democracia se acepta mientras reproduce el orden simbólico existente; se cuestiona cuando lo desborda.
Este mecanismo permite comprender por qué la defensa de la democracia no se formula en términos de respeto irrestricto al sufragio, sino en términos de calidad del voto, responsabilidad ciudadana o madurez política. Son categorías aparentemente neutrales, pero profundamente normativas, que funcionan como lenguaje del honor: distinguen entre quienes votan “bien” y quienes votan “mal”, entre decisiones legítimas y decisiones que requieren explicación. En este punto, la democracia deja de ser igualdad política y se convierte en jerarquía moral.
Lo decisivo es que este uso selectivo del concepto de democracia no es una anomalía coyuntural, sino la manifestación contemporánea de un orden social de larga duración. El honor social, al igual que el prestigio, no desaparece cuando cambia el mapa electoral; se adapta, se repliega y se reactiva discursivamente. Por eso, aun frente a datos empíricos contundentes, el centro conserva la capacidad de poner en duda el significado político de las mayorías y de presentarse como última instancia de legitimación democrática.
Desde esta óptica, el conflicto actual no enfrenta a partidos “democráticos” contra fuerzas “antidemocráticas”. Enfrenta a un orden de honor que se resiste a perder su centralidad con una democracia que comienza a ser ejercida desde otros lugares, por otros sujetos y bajo otras experiencias históricas. Defender la democracia, en este contexto, no es un gesto universal: es un acto situado, que busca preservar la continuidad simbólica de quienes durante décadas monopolizaron el derecho a representarla.
V. El voto periférico como sujeto político: fin de la tutela democrática
Hasta aquí hemos mostrado cómo el prestigio y el honor social han sostenido históricamente un monopolio simbólico sobre la definición de la democracia, el análisis del comportamiento electoral reciente obliga a reconocer un hecho político mayor: las periferias han dejado de ser objeto de pedagogía democrática para convertirse en sujeto político activo. El voto que emerge desde las costas, las fronteras y amplios territorios rurales no es una anomalía del sistema, sino la expresión de una agencia política consolidada que ya no solicita autorización al centro para existir.
Durante décadas, el orden político costarricense funcionó bajo un esquema implícitamente tutelar. El centro —investido de prestigio y honor— no solo gobernaba, sino que explicaba la política al resto del país. La ciudadanía periférica aparecía como incompleta: votaba, pero su voto debía ser interpretado, corregido o encauzado. En ese marco, la democracia se concebía como un proceso de maduración guiado desde arriba, donde el centro definía los tiempos, los límites y los criterios de legitimidad.
Los resultados electorales recientes rompen con esa lógica. Las mayorías empíricas producidas en Guanacaste, Puntarenas, Limón y la Zona Norte no pueden ser comprendidas como reacciones episódicas ni como desviaciones emocionales. Son el resultado de procesos acumulativos de experiencia política, en los que amplios sectores sociales evalúan el Estado, comparan proyectos y deciden desde su propia historicidad. Aquí, el voto no es una respuesta inducida; es una toma de posición consciente, aun cuando no se exprese en los lenguajes legitimados por el centro.
Este desplazamiento tiene implicaciones profundas. La democracia deja de ser un espacio donde unos enseñan y otros aprenden, y se convierte en un campo de confrontación entre sujetos con experiencias históricas distintas. El problema ya no es la falta de educación cívica de la periferia, sino la incapacidad del centro para reconocer que ya no monopoliza la conciencia política. De ahí la insistencia en explicar, moralizar o problematizar el voto periférico: no porque sea incomprensible, sino porque es políticamente autónomo.
Este proceso puede leerse como un cambio en la posición estructural de sujetos históricamente subalternizados —“indios”, “negros”, “pardos”, “mestizos bajos”— dentro del orden político nacional. No se trata de una reivindicación identitaria explícita, sino de un desplazamiento en la relación con el poder. El voto se convierte en un acto de reconocimiento propio, no otorgado desde fuera. La periferia ya no pide ser incluida; actúa como parte constitutiva de la nación política.
Este quiebre explica la intensidad simbólica de la reacción del centro. Cuando la tutela deja de ser efectiva, el lenguaje democrático se vuelve defensivo. La apelación a la “calidad del voto”, a la “responsabilidad ciudadana” o a la “madurez democrática” no busca mejorar la democracia, sino restituir una asimetría perdida. Es el intento de reponer una jerarquía que permitía al centro hablar en nombre del todo, aun sin respaldo mayoritario.
En este sentido, el voto periférico no amenaza la democracia; amenaza un modo particular de ejercerla. Amenaza la democracia entendida como propiedad simbólica de un sujeto hegemónico y la reemplaza por una democracia ejercida desde múltiples experiencias territoriales. Lo que está en juego no es la estabilidad institucional, sino la redistribución del poder de nombrar lo legítimo.
La lección política de este proceso es clara. Costa Rica no asiste a una erosión de la democracia, sino a una expansión conflictiva de su sujeto histórico. El fin de la tutela no implica caos ni regresión; implica la necesidad de repensar la democracia sin centro, sin pedagogos únicos y sin guardianes autoproclamados. En la medida en que el voto periférico se consolida como expresión legítima de voluntad política, la democracia deja de ser un ideal administrado desde arriba y se convierte, finalmente, en un campo de disputa real entre sujetos iguales en dignidad, aunque desiguales en historia.
VI. Conclusión: democracia sin centro, democracia sin tutela
El recorrido realizado a lo largo de este ensayo permite volver, con mayor densidad analítica, a la pregunta que lo animó desde el inicio: ¿estamos ante una defensa de la democracia como principio político común, o ante la defensa de un orden étnico-partidario que se siente amenazado? La evidencia empírica, la lectura territorial del voto y su interpretación a la luz de las categorías de etnicidad, prestigio y honor social conducen a una respuesta que no es cómoda, pero sí necesaria: lo que se defiende bajo el nombre de “democracia” no siempre es el ejercicio efectivo de la soberanía popular, sino la continuidad de un monopolio simbólico sobre su definición.
Los datos electorales no muestran un país desinteresado por la democracia ni una ciudadanía extraviada. Muestran, por el contrario, un país en el que amplios territorios históricamente subalternizados han asumido plenamente su condición de sujeto político, produciendo mayorías empíricas claras y decisiones coherentes con su experiencia histórica del Estado y del poder. Lo que ha entrado en crisis no es la democracia como procedimiento, sino la autoridad histórica del centro para tutelar, interpretar y jerarquizar el voto ajeno.
Desde esta perspectiva, la apelación a “defender la democracia” revela su carácter situado. No emerge como reacción ante la vulneración de derechos ni ante el quiebre del orden constitucional, sino como respuesta a la pérdida de centralidad de quienes durante décadas encarnaron el prestigio político y el honor social de la república. La democracia se invoca, entonces, no como espacio de igualdad política, sino como recurso defensivo frente a un desplazamiento simbólico profundo.
El análisis étnico-territorial permite comprender que este desplazamiento no es coyuntural. Se inscribe en una larga duración histórica en la que sujetos que en la época colonial fueron incorporados en la estructura étnico-colonial como “indios”, “negros”, “pardos” y “mestizos bajos” —así como los territorios que habitan— han sido progresivamente incluidos en la vida política, con el particular que en la actualidad se comportan no como beneficiarios pasivos de la modernidad republicana, sino como actores con capacidad de decisión propia. El voto reciente no inaugura este proceso; lo hace visible de manera clara.
En este contexto, insistir en una democracia con centro, con pedagogos privilegiados y con guardianes autoproclamados del bien común, equivale a negar la expansión real del demos. Defender la democracia hoy exige, por el contrario, aceptar que ya no pertenece a un solo sujeto histórico, a una sola geografía ni a una sola tradición política. Exige reconocer que la igualdad política no se agota en el derecho al voto, sino que se realiza cuando todas las decisiones cuentan por igual, independientemente del territorio, del origen social o del prestigio acumulado de quienes las emiten.
La democracia costarricense no enfrenta su colapso, sino su reconfiguración. Una reconfiguración conflictiva, ciertamente, porque implica renunciar a privilegios simbólicos largamente naturalizados. Pero también una reconfiguración fecunda, en la medida en que abre la posibilidad de una democracia sin tutela, sin centro único y sin jerarquías morales encubiertas. En ese horizonte, defender la democracia deja de ser la defensa de una posición histórica de poder y se convierte, finalmente, en la defensa de un principio que solo puede sostenerse si se ejerce desde todos los lugares y por todos los sujetos que componen la nación política.
Referencias bibliográficas
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Culpar a la ley contra la usura del gota a gota no es ignorancia: es mala fe. Es una mentira fabricada para proteger privilegios. El gota a gota existe desde los años 90; la ley contra la usura es de 2020. No lo creó: lo desenmascaró. Gracias a esa ley hoy se puede perseguir penalmente a quienes cobran intereses criminales. Antes, actuaban con total impunidad.
Decir que para prestarle a una persona pobre hay que cobrarle 70% u 80% no es inclusión financiera: es extorsión pura, es robo con contrato. Ninguna persona sin capacidad de pago debería recibir crédito, porque eso solo la empuja a la morosidad, le mancha el récord y la expulsa del sistema financiero. Eso lo sabe cualquier economista serio.
La prueba es brutal y está a la vista: más de 715 mil cobros judiciales. Personas a las que el propio sistema financiero les prestó a tasas tan abusivas que las cuotas se volvieron impagables. Primero los exprimen, luego los manchan y después tienen el cinismo de decir que el problema es la ley. No: el problema es la usura.
Esos ciudadanos excluidos no llegan al sistema informal por gusto; los empujaron. El orden es claro: usura legal → quiebra personal → mancha crediticia → gota a gota. No al revés.
En Europa, Japón y países serios, las tasas máximas rondan el 24% y no hay exclusión financiera. Aquí al trabajador le pagan 4,5% por sus fondos de pensiones y con esa misma plata le prestan al 51%, y todavía reclaman el derecho de cobrar 70%. Eso no es riesgo, no es mercado. Eso es saqueo. Y el que lo defiende no defiende a los pobres: defiende su cruel negocio. Hasta la derecha de Estados Unidos ha reaccionado contra la estafa de la usura.
La Inquisición del siglo XIII no fue solo un exceso religioso del pasado; fue un sistema de poder que se arrogó el derecho de decidir quién era humano y quién no, quién merecía vivir y quién debía ser castigado, en nombre de una supuesta verdad divina. La herejía no era pensar distinto, sino desafiar al poder. Y ese es el hilo que conecta aquellos tiempos oscuros con lo que hoy vuelve a emerger en pleno siglo XXI.
Cuando sectores fascistas sionistas y figuras como Donald Trump se presentan como los “elegidos de Dios”, no estamos ante una simple metáfora religiosa. Estamos frente a una lógica inquisitorial moderna, la idea de que existe un pueblo superior, moralmente autorizado, con derecho a imponer su voluntad por la fuerza, bombardear países, exterminar pueblos, destruir sociedades enteras y silenciar toda disidencia, porque, según ellos, Dios está de su lado.
En la Inquisición medieval, la cruz legitimaba la hoguera. Hoy, el discurso del “pueblo elegido”, de la “guerra justa”, legitima genocidios, ocupaciones, bloqueos, sanciones criminales y guerras sin fin. Antes se perseguía al hereje; al que pensaba, al que disentía contra “la corona”, hoy se persigue al que resiste, al que denuncia, al que no se somete. Cambian los métodos, no la lógica.
Entonces se torturaban, se quemaban libros y cuerpos. Hoy se destruyen países enteros, se borran pueblos de los mapas y se criminaliza la protesta global. Entonces la Inquisición decía hablar en nombre de Dios; hoy los nuevos inquisidores hablan en nombre de Dios, de la democracia, la seguridad nacional o la voluntad divina, mientras ejercen una violencia sin límites ni permiso. En Costa Rica, los nuevos fascistas aplauden eso.
Lo más peligroso no es solo la violencia material, sino la normalización de la idea de que hay vidas que no valen, pueblos que sobran y derechos humanos que pueden suspenderse cuando el poder así lo decide. Esa es, exactamente, la herencia más oscura de la Inquisición, convertir la deshumanización en norma y el exterminio en deber moral.
Condenar esta realidad no es una postura ideológica opcional, es una obligación ética, los comunistas lo tenemos muy claro. Porque cada vez que se acepta que alguien puede hacer “lo que le venga en gana” en nombre de Dios, de la patria o del orden, la humanidad retrocede siglos. Y hoy, el mundo vuelve a asomarse peligrosamente a los tiempos más oscuros de su historia. Ya lo vivimos en la II Guerra Mundial contra el fascismo también, y los fascistas de hoy, de EEUU, Israel, América Latina y Europa, no lo perdonan.
Ya lo vemos, sobre los cuerpos de niños, mujeres y hombres palestinos, en la tierra anegada con la sangre y las vidas de millones de palestinos, hoy planean condominios, empresas, clubes de lujo, y quien quiera participar debe pagar $1.000 millones, o hacer como hizo el criminal de Milei de Argentina, entregar su propio país y su propio pueblo como forma de pago.
El trabajo iniciado con Hitler en Alemania, que fue derrotado por los heroicos pueblos de la Unión Soviética, hoy lo retoman los fascistas sobrevivientes en el mundo. Pero ¿saben qué?, igualmente serán derrotados tarde o temprano.
¿Estamos pasando en Costa Rica de un modelo de democracia institucionalizada a una autocracia centroamericana más?
Más allá de la evidente fragmentación partidaria que vuelve casi indescifrable el actual proceso electoral en Costa Rica, en estas elecciones parecen estar en juego dos modelos de desarrollo sociopolítico: por una parte, un sistema históricamente organizado en torno a reglas, mediaciones institucionales y equilibrios discretos; por otra, un régimen de captura personalista del Estado.
Semanas antes de los comicios, esta tensión entre tradición institucional y absolutismo personalista adquiere un matiz particular con la irrupción en ese escenario, ya sin disimulos, de la figura del presidente salvadoreño Nayib Bukele. No se trata de una referencia externa o de un detalle anecdótico, sino de la presencia de un modelo de poder que desafía los fundamentos mismos de la tradición política costarricense, así como la supuesta neutralidad electoral de ciertos actores externos.
El agotamiento del pacto institucional y captura personalista.
En un clima de desgaste institucional y de fatiga ciudadana frente a la política tradicional, han ido ganando terreno discursos que, en nombre de la eficiencia y de una opaca gestión del poder, menosprecian y relativizan el valor del entramado de reglas, mediaciones y contrapesos que durante décadas fueron presentados como virtudes de la democracia costarricense. No es claro si estamos ante una ruptura abierta o frente a un reacomodo gradual —velado, como ha sido históricamente el ejercicio del poder en Costa Rica—, pero en cualquier caso se trata de desplazamientos que no están exentos de riesgos, no solo para el sistema político, sino también para la población, para la disidencia y los movimientos sociales.
Durante años, en los análisis comparativos, Costa Rica apareció como una excepción en Centroamérica. Para amplios sectores de la región, este país encarnaba un modelo de pacifismo, estabilidad institucional, respeto a la voluntad popular y libertades públicas. La democracia costarricense, con todas sus deficiencias, era el modelo a imitar y mejor que los regímenes autoritarios de la región. Más recientemente, sin embargo, gana fuerza la idea de su progresiva “centroamericanización”.
La evidencia que alimenta esta lectura no se limita a la esfera política. Incluye también los procesos de acumulación de capital, la reconfiguración de las élites económicas —con sus tensiones, contradicciones y arreglos—, así como el crecimiento sostenido de la desigualdad social, de la violencia y de la criminalidad. Sin reproducir mecánicamente las trayectorias de los países vecinos, estas dinámicas introducen tensiones nuevas en un sistema que estuvo relativamente acostumbrado a procesar el conflicto de manera institucionalizada. Ese mismo sistema, proveedor de libertades, bienestar y estabilidad, ha entrado en crisis. En este debate no basta con observar a las instituciones en abstracto. Es necesario poner el foco en los actores y en las fuerzas sociales.
Poder y apellidos: élites, Estado y capital en Costa Rica.
Aquí quiero poner el foco en el papel de las élites económicas y políticas. Al igual que en el resto de la región, en Costa Rica los grupos de poder controlan los núcleos estratégicos de la acumulación de ganancias. Esto ocurre en tensión creciente con la función reguladora del Estado, pero también frente al ascenso de culturas políticas y burocráticas que han ido normalizando la corrupción, el chantaje y la opacidad. Los vicios en las institucionales son más la consecuencia de su instrumentalización por las élites políticas y económicas que del aprovechamiento que de ellas hace la población pobre. Aunque los abismos sociales aún no alcanzan las dimensiones observadas en otros países, su tendencia al crecimiento -y la manipulación mesiánica de los excluidos- erosiona los consensos que durante décadas pusieron límites a la politización abierta de la riqueza y del poder.
Más que ofrecer un análisis exhaustivo, me interesa plantear algunas conjeturas sobre hasta qué punto el funcionamiento de las élites costarricenses difiere realmente del de sus pares regionales y, sobre todo, si esa diferencia constituye una posible inmunidad frente a derivas autoritarias presentes o futuras, o si apenas opera como una contención temporal de sus expresiones más visibles. Para ello, resulta útil observar, por ejemplo, el papel que desempeñan —o que no desempeñan— los clanes y las redes familiares en la estructura del poder.
En Costa Rica, el poder, en permanente proceso de ensamblaje, se sostiene sobre un entramado de redes de control, disputas, negociaciones y subordinación, articuladas con los procesos transnacionales y alianzas externas. A diferencia de Honduras o El Salvador, donde la lógica de los clanes familiares beligerantes, ocupa un lugar central en la vida política; de Guatemala, marcada por un cierre oligárquico más rígido; o de Nicaragua, organizada en torno a clanes dinásticos, en Costa Rica el poder no se ha expresado de manera predominante a través de linajes visibles ni de apellidos omnipresentes. Ello no implica la ausencia de redes familiares —que las ha habido y son reconocibles— ni de disputas entre ellas por el poder, sino una modalidad menos dramatizada y más institucionalmente mediada de su ejercicio.
Esta diferencia ayuda a explicar la escasa visibilidad política de familias empresariales que sí son protagonistas en otros países de la región, incluidas algunas de origen extranjero, como las de ascendencia árabe, incluida la familia Bukele. Estos grupos están presentes en la economía y en el mercado costarricense, pero su inserción, hasta ahora, ha seguido un modelo distinto de reproducción del poder, en el que la influencia no ha requerido la captura directa de las instituciones ni la ocupación familiar del campo político. Tradicionalmente, su peso se ha canalizado —de manera pragmática— a través de mediaciones regulatorias, técnicas e institucionales, más que mediante proyectos políticos propios o clanes partidarios. Pero como dice el dicho, “uno nunca sabe…”.
Eso, entre muchos diversos ámbitos, ha sido clave para la atracción de inversión extranjera directa (IED). Costa Rica se ubica como el principal receptor de IED en Centroamérica, con alrededor del 36 al 40 % del total regional. Los capitales han estado dispuestos a someterse a las reglas del juego institucional. El monto de IED que capta Costa Rica equivale, por ejemplo, al 86 % de lo recibido conjuntamente por Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua en 2024.
El Salvador de Bukele -con las maras supuestamente encarceladas- se coloca en el último lugar de atracción de inversiones en la región. En el presente decenio recibió anualmente el equivalente de apenas menos del 15% de la IED obtenida por Costa Rica. A pesar de que los datos no están desagregados de la misma forma, la evidencia muestra que, en cifras absolutas, año a año la inversión en Costa Rica es varias veces superior a la de El Salvador, reflejo de su mayor atractivo estructural para inversionistas extranjeros.
Contrastes similares se observan en la evolución del Producto Interno Bruto (PIB). Ese indicador muestra mayor dinamismo en Costa Rica que en El Salvador, donde ha sido más moderado y volátil. La dependencia estructural de esa economía de las remesas familiares ha continuado siendo el ancla de la política económica de su gobierno. Por tanto, la eficiencia que se nos vende sobre el régimen salvadoreño no necesariamente es prometedora, ni siquiera para el empresariado costarricense menos para el resto de la población.
Aunque no hay mucha precisión sobre los datos del capital invertido en Costa Rica proveniente de empresas centroamericanas, es evidente que capitales de la región utilizan al país como un espacio de resguardo frente a la inseguridad jurídica y política de otros contextos nacionales. Para empresas locales y extranjeras —incluidas las centroamericanas—, el entramado institucional costarricense y el papel mediador del Estado son un activo central. Un cambio sustantivo en las reglas del juego político y quebrar el orden, para darle lugar a una jugada absolutista, podría erosionar, sin remedio, esa ventaja comparativa.
Desde su formación histórica, Costa Rica desarrolló una estructura social menos concentrada que la de sus vecinos. La oligarquía terrateniente, aunque influyente, fue menos cerrada y no estuvo completamente subordinada, durante largos periodos, a una aristocracia exportadora dominante. A ello se sumó, tras la guerra civil de 1948, la consolidación de un Estado social de derecho con reglas relativamente estables, burocracias profesionales y mecanismos de control institucional que limitaron —aunque nunca eliminaron— los intentos de captura personalizada del poder.
En este contexto, el acceso a la riqueza y a la influencia dependió menos del parentesco y más de la inserción en circuitos económicos formales, del manejo técnico de la política pública y de la capacidad de negociación dentro de marcos regulatorios complejos. Esto redujo los incentivos para que familias empresariales, tanto tradicionales como migrantes, construyeran clanes políticos con gran protagonismo político o para que, como en otros contextos, las empresas tuvieran que someterse al chantaje, el pago de derechos de piso o, incluso, de peajes y rescates.
A diferencia de países centroamericanos, donde el Estado ha funcionado como botín político entre grupos familiares, en Costa Rica ha operado más como mediador de conflictos. Ello no excluye la competencia por su control, pero las disputas han sido predominantemente reguladas y el veredicto de esas reglas, en general, aceptado. Las élites no compiten tanto por capturar gobiernos como por influir en normas, regulaciones, contratos, impuestos y políticas sectoriales, independientemente de quién ganara las elecciones. El poder se ejerce desde cámaras empresariales, mesas técnicas, litigios estratégicos y presión mediática.
Cuando la eficiencia promete orden: la tentación del personalismo
En este marco cobra relevancia, más allá de lo anecdótico, la aparición en la contienda electoral de un candidato y un partido con vínculos familiares directos con el núcleo de poder que hoy gobierna El Salvador —así como la cercanía del presidente Bukele con el actual gobierno y su teatralización electoral—. No se trata de experimentos excéntricos, sino de la posible introducción de un estilo de ejercicio del poder que, en otros contextos centroamericanos, ha mostrado una clara deriva absolutista y una relación instrumental con el Estado. Resta saber si se trata de una maniobra coyuntural o de una apuesta estratégica orientada a modificar las condiciones bajo las cuales operan los procesos de acumulación y la competencia regional de capitales.
El fenómeno Bukele no puede leerse solo como una opción ideológica ni como una narrativa de supuesta eficiencia y orden securitario. Es, ante todo, la expresión de un modelo de concentración del poder, en el que el liderazgo carismático, el control del aparato estatal y la subordinación de los contrapesos institucionales se articulan en torno a un nuevo núcleo político-familiar. Su eventual proyección en Costa Rica no implica una reproducción automática de ese modelo, pero sí introduce una tensión simbólica significativa: la posibilidad de que un sistema acostumbrado al poder discreto comience a naturalizar formas más personalistas de autoridad.
Intentos en esa dirección ya han sido ensayados por el actual gobierno costarricense, con réditos mediáticos evidentes, pero con limitada capacidad para franquear los muros institucionales. Cuando el actual gobernante afirma que Costa Rica era una “dictadura perfecta” y que no lo dejan gobernar, su crítica es un ataque al papel de las instituciones, de las leyes y de los mecanismos de control. Dinamitarlas no responde al buen gobierno, sino a la lógica del absolutismo y del secuestro personalista del poder.
Costa Rica no es El Salvador. Su historia, su cultura política y sus estructuras institucionales imponen límites reales a los intentos de asimilación. Sin embargo, esos límites no constituyen inmunidades absolutas. La fragmentación del sistema de partidos, el desgaste de la confianza en las élites tradicionales, la desigualdad creciente y la fatiga ciudadana frente a la política, crean condiciones propicias para discursos que prometen orden, eficacia y ruptura con “lo de siempre”, aun cuando esas promesas impliquen debilitar los mecanismos que históricamente han contenido los abusos del poder.
La persistente conflictividad política en buena parte de Centroamérica, el papel estructural de las élites económicas y de los clanes familiares, así como la imbricación entre corrupción, economías ilegales y violencia organizada, terminaron por frustrar los intentos de reconstrucción democrática posteriores a las dictaduras militares. En países como Guatemala, Honduras o El Salvador, los grupos que sostuvieron regímenes autoritarios no solo sobrevivieron a las transiciones formales, sino que se reacomodaron en nuevas arquitecturas de poder. Familias que se instauraron en esas cúpulas, como los Bukele, reprodujeron las viejas prácticas. Las reglas del autoritarismo, en lo esencial, no desaparecieron.
El costo social de ese reordenamiento ha sido elevado: la pobreza estructural persiste, la violencia se ha cronificado y ambas han alimentado procesos de expulsión masiva de población que derivaron en una migración de supervivencia convertida, desde hace años, en crisis humanitaria regional.
Este deterioro ha ido acompañado por la reaparición de prácticas que se creían superadas: persecución política, criminalización de líderes sociales, hostigamiento a periodistas y presiones sistemáticas sobre abogados y jueces independientes, incluso su encarcelamiento. En varios crímenes contra defensores de derechos humanos se han documentado entramados financieros y empresariales que involucran a actores económicos de alto nivel. El asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres es emblemático: a casi una década del crimen, las investigaciones internacionales han revelado vínculos entre intereses empresariales, estructuras de seguridad y redes de poder local, mostrando hasta qué punto la violencia política sigue siendo funcional para determinados modelos de acumulación y control.
El riesgo para Costa Rica, por tanto, no reside únicamente en la victoria electoral inmediata de un proyecto de este tipo, sino en su capacidad de erosionar gradualmente los consensos básicos sobre la naturaleza del Estado. Cuando la concentración del poder comienza a presentarse como solución técnica a la ineficacia institucional, el tránsito del poder discreto al control personalista deja de ser una hipótesis académica para convertirse en una posibilidad política concreta.
En ese sentido, el escenario electoral actual no enfrenta solo opciones programáticas distintas, sino modelos de poder en tensión. La pregunta de fondo no es quién ganará las elecciones, sino qué forma de ejercicio del poder se estará legitimando. Y esa es una discusión que Costa Rica, precisamente por su historia y por sus fragilidades actuales, no puede darse el lujo de eludir.
(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional. Ha sido profesor de la Universidad Nacional y actualmente es investigador de FLACSO Costa Rica.
Este documento es la presentación realizada por el autor en el foro Los movimientos sociales y las elecciones nacionales, el cual, fue realizado por la Alianza por una Vida Digna y SURCOS el miércoles 21 de enero del 2026.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
Desde que el actual ocupante de la Casa Blanca ha sostenido que desea incorporar a Groenlandia a Estados Unidos, negociando para ello un acuerdo «por la buenas o por las malas» según la expresión utilizada, las reacciones en Dinamarca y en Europa no se han hecho esperar.
En este mes de enero del 2026, se puede afirmar sin mayor duda lo siguiente: raramente se habrá observado a un Presidente de Estados Unidos dañar en tan poco tiempo (menos de un año desde su entrada en funciones en enero del 2025) la credibilidad, el apoyo y en particular el innegable respaldo obtenido por Estados Unidos mediante su denominado «soft power» en gran parte del mundo (una herramienta muy eficaz desplegada desde 1945 e incluso desde mucho antes).
Hoy, inciando este 2026, Estados Unidos provoca en muchas partes del mundo repudio y una profunda desconfianza, incluso entre sus aliados históricos: el asunto de Groenlandia lo ilustra claramente (véase nota de France24). En Europa varios son los dirigentes que consideran que ya es hora que a Estados Unidos se le apliquen las reglas y las sanciones comerciales previstas dentro de la estructura normativa regional europea contra un Estado que exhibe una creciente hostilidad hacia Europa (véase nota de prensa de EuroNews).
Al tiempo que en Oriente Medio y en gran parte del mundo, es latente la profunda indignación provocada por el genocidio siempre en curso en Gaza perpetrado por Israel con el apoyo incondicional de Estados Unidos: al respecto, el informe elaborado por Naciones Unidas al 14 de enero del 2026 da cuenta en detalle del drama indecible que se vive en Gaza, con ahora vientos y temperaturas bajas que amenazan a diario a los habitantes desnutridos y mal abrigados más vulnerables de Gaza. Un drama pasado por alto por las principales agencias de noticias y por los analistas y comentaristas en asuntos internacionales, focalizados en referenciar y analizar la secuencia ininterrumpida de ocurrencias anunciadas desde la Casa Blanca en este inicio del 2026. Obsrevando los anuncios hechos por Israel justo al terminar el 2025 que agravan de manera significativa este drama indecible que se vive en Gaza, hay que reconocer que la invisibilización del genocidio en curso en Gaza por parte de los grandes medios de prensa internacionales favorece a Israel (Nota 1).
Una lógica imperial anticuada en pleno siglo XXI
Si bien en el siglo XIX era bastante usual ver a Estados intercambiar a cambio de algún tipo de pago la cesión de un territorio mediante un tratado, recurriendo a la fuerza si fuese necesario, o bien adquirir mediante el uso de la fuerza territorios de otros Estados sin pago alguno, desde 1945 dos obstáculos mayores frenan este tipo de pretensiones y de apetitos: el principio de prohibición del uso de la fuerza en las relaciones entre dos Estados asi como el principio de libre determinación de los pueblos, ambos plasmados en la Carta de Naciones Unidas desde 1945.
La compra de Alaska por parte de Estados Unidos al Imperio de Rusia en 1867 es, a modo de ejemplo, algo que no se puede hacer desde 1945, en virtud del.principio de libre determinación de los pueblos.
Por su parte, el tratado Torrijos-Carter de 1977 entre Estados Unidos y Panamá vino a reajustar los términos del tratado leonino suscrito en 1903, obteniendo Panamá en 1977 la retrocesión y el pleno control del Canal de Panamá, a partir del 31 de diciembre de 1999.
Otro tratado con disposiciones leoninas a favor de Estados Unidos lo es el tratado de 1848 Guadalupe Hidalgo (véase texto integral) que puso fin a la guerra entre Estados Unidos y México, obligando México a ceder gran parte de su territorio ilustra de igual forma lo observado en el siglo XIX y en los inicios del siglo XX. Se lee en esta publicacion mejicana que:
«Mediante el Tratado Guadalupe Hidalgo México le entregó a Estados Unidos cerca de 2,300,000 kilómetros cuadrados, lo equivalente a las superficies de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal, Suiza, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Hungría y Croacia. A cambio, México recibió 15,000,000 de dólares. El territorio cedido es el que hoy comprende los estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Utah y parte de Colorado y Wyoming, una zona extensa que había sido mal gobernada y descuidada desde tiempos de la Nueva España«.
Desde 1945, este tipo de acuerdos entre Estados suscritos bajo amenaza resulta cuestionable desde la perspectiva legal. Precisamente, con respecto a las pretensiones recientes expresadas por el mandatario de Estados Unidos sobre Groenlandia, en este comunicado conjunto de varios expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, difundido el 14 de enero del 2026, se lee que:
«Such statements risk eroding fundamental principles of the UN Charter, including the prohibition of the use of force, respect for territorial integrity and the political independence of all States. These statements are inconsistent with international human rights law and the right to self-determination«.
En el caso de América Latina, en el 2015 habíamos tenido la oportunidad de analizar, gracias a la CELAC, el caso muy específico de la base militar de Guantánamo que «alquila» Estados Unidos a Cuba desde la firma de un tratado bilateral suscrito en 1903, y reconducido en 1934, que Cuba considera nulo desde el punto de vista legal desde 1960 (Nota 2).
Irrespetar el principio de respeto a la integridad territorial y el principio de prohibición del uso de la fuerza para adquirir un territorio: ejemplos recientes
Con relación a la adquisición por la fuerza de un territorio por parte de un Estado, habíamos tenido la oportunidad en el 2019 de analizar el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la soberanía de Israel en los Altos del Golán, un territorio sirio ocupado (Nota 3), así como de abordar el repentino (e insólito…) cambio de criterio de la administración norteamericana sobre los asentamientos ilegales de Israel en Cisjordania (Nota 4).
De igual forma, tuvimos la oportunidad de analizar la agresion militar de Rusia a Ucrania acaecida desde el 24 de febrero del 2022, llevada inmediatamente por Ucrania a conocimiento del juez internacional de La Haya (Nota 5): esta demanda de Ucrania se mantiene como un asunto pendiente no resuelto por parte del juez internacional.
De manera a completar los principios y las normas bastante básicas enunciados con anterioridad, se puede a su vez indicar que tratados internacionales entre Estados suscritos bajo amenaza del uso de la fuerza o bajo algun tipo de coacción por parte de un Estado contra otro Estado, son considerados nulos, tal y como lo prevén expresamente los artículos 49 a 52 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados (véase texto).
Los Estados europeos en tareas de solidaridad y de apoyo a Dinamarca
El comunicado conjunto del 6 de enero del 2026 de los Estados del extremo Norte de Europa expresa que de haber un cambio en Groenlandia, ello debe ser decidido por Dinamarca y Groenlandia de manera consensuada.
En igual sentido se han pronunciado Dinamarca y seis Estados europeos en un comunicado conjunto del mismo 6 de enero.
La presencia de militares de Europa que fueron enviados a Groenlandia el pasado 15 de enero del 2026 vino a invitar a Estados Unidos a reconsiderar las pretensiones grotescas expresadas por su mandatario desde su oficina en la Casa Blanca de «adquirir» Groenlandia.
Al parecer, el actual ocupante de la Casa Blanca lo interpretó de otra manera, respondiendo con amenazas a Europa en el plano comercial, a lo cual la Unión Europea (UE) le contestó (véase comunicado oficial del 18 de enero del 2026).
Este 19 de enero, fueron Groelandia y Dinamarca las que anunciaron una misión de vigilancia de la OTAN para Groenlandia (véase nota de prensa), al tiempo que el Primer Ministro de Canadá recordó las obligaciones que tiene Canadá como integrante de la OTAN (véase nota de prensa).
Una lógica imperial que no respeta nada de lo existente en el ordenamiento jurídico internacional
No es la primera vez que este mandatario norteamericano causa asombro, incluso dentro de sus propias filas en Estados Unidos.
En efecto, desde el 21 de enero del 2025, sea en materia de reglas comerciales, sea en materia migratoria, sea en materia de derechos humanos, sea en materia de respeto al principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado, o bien sea en materia de respeto al principio de prohibición del uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza, sea más recientemente en materia de normas internacionales relativas a la captura e incautamiento de cargamentos de droga en alta mar, el actual ocupante de la Casa Blanca se ha esmerado en violar de manera sistemática y desvergonzada algunas reglas internacionales existentes en estas y muchas otras materias. El principio de buena fe que orienta el derecho de los tratados y que permea toda la normativa internacional vigente es otro principio al que, al parecer, quiere derogar el actual ocupante de la Casa Blanca, al amenazar con una nueva guerra comercial a Europa, luego del arreglo al que se llego en agosto del 2025 con su máxima representante en Escocia.
Tuvimos hace poco tiempo la oportunidad de analizar las reacciones oficiales ante la intervención de Estados Unidos en Venezuela del pasado 3 de enero del 2026, la cual constituye una flagrante y grosera violación a la Carta de Naciones Unidas de 1945: al respecto, remitimos a nuestra nota titulada «Estados Unidos / Venezuela: las diversas reacciones oficiales registradas en América Latina ante primera la intervención militar norteamericana en América Latina del siglo XXI».
Dicho sea de paso, y tal como vaticinado en nuestra preciatada nota, la acción militar de Estados Unidos en Venezuela no ha modificado nada en Venezuela con relación a su situación interna, con lo cual la «vuelta a la democracia y el respeto a los derechos humanos» celebrados por tantos analistas entusiastas, editorialistas y supuestos «expertos» (al igual que algunos dirigentes políticos en diversas partes del mundo cuya ingenuidad plantea algunas interrogantes), han resultado ser una simple ilusión.
A modo de conclusión
En regla general, no se puede comprar lo que no se ha puesto en venta.
A nivel internacional, la misma regla aplica: no hay manera de sostener en este inicio del 2026 que Groenlandia está en venta. Sostenerlo es hacer un ridículo internacional, raramente observado por parte de un jefe de Estado en ejercicio gozando de sus plenas facultades.
El argumento de la seguridad de Estados Unidos es un simple y burdo pretexto, al haberse descartado oficialmente por parte de las mismas autoridades danesas la presencia de barcos rusos o chinos en esta zona del mundo, tal y como lo afirma falazmente en sentido contrario el actual ocupante de la Casa Blanca desde varias semanas.
Lo único que pueden eventualmente pensar en hacer los 57.000 habitantes del extenso territorio de Groenlandia en un futuro cercano en aras de aclarar lo que quieren como pueblo, siempre y cuando lo deseen, es realizar una consulta popular para saber si optan por mantenerse bajo la actual modalidad de un territorio autónomo adscrito a Dinamarca, que les permite ser considerados como ciudadanos de pleno de derecho de la UE, o bien optar por su independencia o bien … optar por integrarse a Estados Unidos.
Ante esta disyuntiva, hay que advertir desde ya que la violencia y la brutalidad de las expresiones del actual mandatario norteamericano y su tono altanero y despectivo, no contribuyen mayormente a consolidar la tercera posibilidad mencionada.
En el caso particular de la afrenta que representan para Europa las declaraciones ridículas del Presidente de Estados Unidos sobre la idea de «adquirir» Groenlandia sea como sea, recurriendo a la fuerza de ser necesario, en las conclusiones de este analisis sobre la urgente necesidad de reforzar la solidaridad europea con los habitantes de Groenlandia, se puede leer que:
«This consideration is critical in light of the current threat, where defending Greenland’s territorial integrity might appear increasingly urgent. Beyond geopolitical strategy, Europe must ask whether it is prepared to step up for its Greenlandic Union citizens and uphold its own objectives and values in an unprecedented way, and whether Member States, as an expression of solidarity, are willing to go so far as to engage in potential military action, sharing burdens and responsibilities collectively. Such a step would mark the emergence of a new, underdeveloped sub-category of solidarity: “defense solidarity.” In that scenario, Europe would adopt a firmer stance than ever before, transforming “words” into tangible force«.
Notas:
Nota 1: En efecto, fue el 29 de diciembre del 2025 que Israel adoptó una ley que prohibe alimentar en agua y electricidad a la única agencia de Naciones Unidas a cargo de los refugiados palestinos (conocida por sus siglas como UNRWA) cuya labor humanitaria en Gaza es insustituible: véase nota del TimesofIsrael de esta misma fecha. Se trata de una nueva provocación, y de otro abierto desafío a la autoridad de la justicia internacional de La Haya: véase al respecto su decisión del 22 de octubre del 2025, en particular el párrafo final operativo 223 sobre las obligaciones que tiene Israel como Estado Miembro de Naciones Unidas. En una declaración conjunta, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Japón, Reino Unido, Suecia y Noruega condenaron este nuevo agravio ante la catástrofe humanitaria que vive la población civil en Gaza y que se empecina en agravar con sus acciones Israel: véase el texto en inglés y en francés de esta declaración conjunta con fecha del 30 de diciembre, cuya divulgación ha sido escasa en los medios de prensa internacionales, por razones que sería de sumo interés conocer. Esta entrevista realizada por TRT el 1ero de enero del 2026, explica el alcance de la prohibición de operar a 37 organizaciones humanitarias, decretada por Israel el 30 de diciembre del 2025 y condenada este 31 de diciembre por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (véase comunicado oficial cuya divulgación ha sido casi nula por parte de la prensa internacional). En igual sentido se pronunció en sus redes la Comisionada de la UE para asuntos humanitarios y atención de crisis (véase su tweet enviado el 31 de diciembre del 2025) así como España de manera mucho más vehemente (véase comunicado de prensa)
Nota 2: Véase nuestra nota BOEGLIN N., «La devolución de la base de Guantánamo: primeras consideraciones de la CELAC«, OPALC, Sciences-Po (Paris). Texto disponible en este enlace. y una versión mas extensa publicada en el sitio especializado jurídico de DerechoalDia en septiembre del 2015, disponible en este otro enlace..
Nota 3: Véase BOEGLIN N, «Los altos del Golán y el derecho internacional publico: algunos apuntes«, publicado en el sitio Ius360, edición del 1 de abril del 2029. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 4: Véase al respecto BOEGLIN N, «El giro operado por Estados Unidos con relación a los asentamientos israelíes en territorios palestinos: breves apuntes«, 19 de noviembre del 2019. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 5: Véase al respecto BOEGLIN N., «Ucrania / Rusia: la fuerza del derecho ante el derecho a la fuerza. A propósito de la no comparecencia de Rusia ante la CIJ«, 8 de marzo del 2022. Texto integral disponible en este enlace.
Hay un sentido en el cual la nación es el territorio. Pero hay un sentido en el cual la nación es el espíritu. Y territorio estéril y espíritu poseído de odios poco vale o significa en el orden de las cosas destinadas a permanecer. Omar Dengo
Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.
La política, como toda actividad humana, siempre ha tenido algo de maldad, bondad, fealdad y belleza. Sin embargo, hoy la balanza parece inclinarse hacia la fealdad. Tiende a causar repulsión por su rostro grotesco, frívolo, agresivo y polarizante. Muy carente de empatía para propiciar espacios de diálogo y entendimiento, y atender al clamor de la ciudadanía, como es lo propio de la gestión democrática. De ahí, los crecientes índices de abstencionismo y la crisis de los partidos políticos.
La política viene perdiendo dignidad y belleza. Los discursos de odio son una muestra contundente de esa fealdad creciente. Como lo revela un valioso estudio de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Costa Rica los discursos de odio relacionados con temas políticos aumentaron en el último año en un 43%, 2025, pero en un 1.100 % desde el 2021. Si bien es cierto, en las contiendas electorales los ánimos y las emociones se exacerban e inducen a la confrontación, a pesar de los signos festivos y amigables, hoy tienden a predominar más allá de esos períodos electorales. Es decir, la tendencia dominante es a legitimar los discursos descalificadores, confrontativos y agresivos; convertirlos en habituales y naturalizarlos.
La fealdad de la política también se hace muy evidente cuando algunos líderes políticos se visten de salvadores de la patria, especialmente al presentarse como adalides en la lucha contra la corrupción, asumiendo portes inquisitoriales, al señalar la viga en ojo ajeno sin deparar en la propia; típica actitud farisaica que condujo a Jesús a calificar a la clase político-religiosa de su tiempo como “sepulcros blanqueados” y “ciegos guías de ciegos”.
Efectivamente, bajo un ropaje de pulcritud, que se vende como búsqueda de eficiencia y decencia en la gestión institucional, esconden las feas y malévolas intenciones de desprestigiar y estrangular la institucionalidad social pública. Han perdido los escrúpulos, y poco les importa “tirar al niño con el agua sucia de la bañera”; le han declarado la guerra sucia de la descalificación ante la incapacidad para introducir los correctivos necesarios por la vía de la inteligencia política.
Y esto no es nuevo, es una tendencia que arrancó desde los años 1980 y se ha intensificado en las últimas décadas, particularmente en los últimos dos gobiernos de Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y de Rodrigo Chaves del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), dándole un golpe letal a nuestro Estado Social de Derecho, para favorecer a los grandes negocios privados. De esta manera, los cambios reales que proponen e impulsan se vuelven cosméticos, porque prevalece el modelo de una democracia oligárquica, solo que con un nuevo rostro cuya fealdad persiste, por más que se apele a los añejos recursos del discurso populista de luchar contra la pobreza, la corrupción y a la soberanía popular. “Por más que el mono se vista de seda mono se queda”, con perdón del mono.
Por esa razón, es cierto que hay mucha indignación acumulada por la ciudadanía. Lamentablemente, como suele suceder, al reprimirla y no buscar los canales más adecuados para liberarla, entonces, se manifiesta en comportamientos con características patológicas. Es lo que vemos reflejado hoy en los discursos de odio que abonan el terreno para la violencia social. Existen maneras más decentes y empáticas para canalizar la indignación, sin restarles la fuerza y contundencia que amerita, particularmente cuando están en juego la dignidad de las personas y los derechos humanos y de la naturaleza; pero también contribuir a mantener un clima de respeto y paz social para una mejor convivencia ciudadana. Efectivamente, la belleza y nobleza de la política reside en construir ciudadanía en un ambiente donde prive el diálogo, la crítica constructiva y el entendimiento entre posiciones diversas y divergentes.
Hay que unir esfuerzos para que no prevalezca la fealdad en la política, una de las actividades más dignas y nobles para contribuir al bienestar humano y social. Una invitación a reivindicarla, recogiendo el legado de vocación política (vivir para la política y no de la política, Weber) de nuestros más insignes estadistas, ciudadanas y ciudadanos que nos legaron una “tierra fértil” y sin odios. Hagamos florecer la belleza y bondad de la política.
Entender su uso para seguir cuestionando, disintiendo y denunciando
¿Qué son y cómo funcionan?
Una cortina de humo no es solo una expresión popular. Existe un amplio respaldo teórico desde la comunicación, la sociología del poder y la psicología social que explica cómo gobiernos autoritarios, líderes tiránicos o élites con poder desvían deliberadamente la atención pública para atenuar, ocultar o desplazar temas que amenazan su control, su conveniencia política o que evidencian escándalos, abusos o fracasos estructurales.
La cortina de humo funciona cuando logra que el público mire en otra dirección. Opera activando emociones primarias como el miedo, la ira o el odio, ya sea enardeciendo a las personas o paralizándolas, dificultando así la acción colectiva y la toma de decisiones racionales. También funciona mediante la creación de enemigos simbólicos o imaginarios sobre los cuales descargar frustraciones sociales.
¿Cómo lo logran? ¿Cuál es la estrategia?
A continuación, algunas teorías y modelos clave que permiten comprender este fenómeno.
Teoría de la Agenda Setting (McCombs y Shaw)
Esta teoría plantea que los medios de comunicación no determinan directamente qué pensar, pero sí influyen decisivamente en sobre qué pensar, ya que la relevancia que la audiencia otorga a un tema depende en gran medida del énfasis y la cobertura que reciba en la agenda mediática.
Aplicada a las cortinas de humo, esta teoría permite observar cómo gobiernos y líderes impulsan temas emocionales, escandalosos o polarizantes (apelando al morbo, al miedo o a la ira) con el objetivo de desplazar la atención de asuntos medulares de interés público, como casos de corrupción, crisis económicas o indicadores desfavorables de gestión. De este modo, se sobredimensionan eventos secundarios, se especula o incluso se miente para silenciar los problemas realmente relevantes.
Un ejemplo recurrente, especialmente en contextos electorales, es la activación de debates morales, la construcción de conflictos ficticios entre “los buenos y los malos”, la creación de enemigos internos o externos y la activación de guerras en momentos de crisis.
Estas estrategias suelen ir acompañadas de la producción de narrativas alternativas que son reproducidas acríticamente por redes sociales y algunos medios de comunicación, construyendo relatos que justifican, relativizan o invisibilizan desaciertos y abusos de poder. Así, la causa de los problemas nunca se presenta como estructural, sino que se deposita la culpa en “otros” ya sea opositores políticos, personas migrantes, minorías o supuestas conspiraciones.
La Teoría del Espectáculo (Guy Debord)
En La sociedad del espectáculo (1967), Guy Debord describe cómo el capitalismo transforma la vida social en una acumulación de imágenes y representaciones que sustituyen la experiencia real por una “realidad-apariencia paralela”, alienando a las personas y convirtiéndolas en espectadoras incluso de su propia existencia.
En las sociedades contemporáneas, la política se ha convertido en espectáculo, y éste no solo vende, sino también funciona como una poderosa cortina de humo. El exceso de imágenes, escándalos y declaraciones ruidosas distrae, fragmenta la atención y dificulta la reflexión crítica de la ciudadanía. Múltiples estímulos compiten simultáneamente por la atención, aumentando el riesgo de que las personas pasen de ser actores políticos a meros espectadores pasivos de “shows políticos” cuidadosamente montados.
El uso tiránico de esta estrategia se sostiene mediante un estado de shock permanente aparejado a la saturación de la agenda con eventos irrelevantes pero llamativos, que absorben tiempo y energía social. Cuando todo es espectáculo, nada importa realmente.
Teoría del Framing o del Encuadre (Goffman / Lakoff)
La teoría del framing de Goffman popularizada y aplicada a la política por Lakoff,sostiene que la manera en que se narra un acontecimiento proporciona un marco de interpretación que guía la comprensión de las audiencias a través de códigos o “pistas” No solo importa qué se comunica, sino cómo se comunica. Los marcos funcionan como guías o mapas mentales que orientan la interpretación de la realidad.
En contextos de manipulación política, estos encuadres se diseñan de forma intencional (y malintencionada), apelando a miedos, suspicacias, prejuicios y antagonismos. En esta manera de “construir la realidad”, actores políticos seleccionan, enfatizan u omiten información para moldear percepciones, opinión y actitudes públicas de acuerdo a sus intereses.
Así, con esta Cortina de humo discursiva, una persona disidente pasa a ser presentada como enemiga; una mujer víctima de femicidio como provocadora de su propia muerte; quien defiende la justicia social como “comunista”; una funcionaria que denuncia irregularidades como “entorpecedora de la gestión”. A la represión se la denomina “orden”, a la amenaza “prevención” y a la censura “protección”.
El marco determina la interpretación y, en muchos casos, bloquea el pensamiento crítico.
La Doctrina o Estrategia del Shock (Naomi Klein)
Naomi Klein explica cómo fuerzas políticas, corporativas y élites aprovechan crisis reales o fabricadas para imponer medidas impopulares y violentas, capitalizando el miedo, la confusión y el trauma social para evitar la resistencia.
Esta perversa estrategia constituye una cortina de humo organizada que busca provocar caos y sensación de urgencia. Se concreta mediante una avalancha de datos, acusaciones falsas o informaciones contradictorias que no dejan tiempo para argumentar o refutar, ya que un nuevo conflicto se instala de inmediato.
El objetivo es mantener a la población emocionalmente desregulada, cansada y desorientada, reduciendo su capacidad de organizar oposición o resistencia. No resulta extraño, entonces, que ante una crisis de seguridad se propongan leyes represivas, o que frente a una crisis económica se impulsen recortes sociales. Medidas (deliberadas a costa de los intereses y derechos ciudadanos) que serían ampliamente rechazadas en contextos normales logran así ser implementadas.
Psicología del Autoritarismo y construcción del enemigo
Diversas corrientes de la psicología social señalan que las personas pueden aceptar el autoritarismo cuando sienten miedo, buscan orden o se identifican con figuras percibidas como “fuertes”. El tirano conoce estos mecanismos y los explota, promoviendo la hostilidad hacia lo diferente y ofreciendo enemigos visibles sobre los cuales proyectar frustraciones, mientras oculta su propia violencia.
Se construye una narrativa simple y maniquea: nosotros versus ellos, buenos versus malos. La cortina de humo opera aquí a nivel psíquico, desviando el malestar social hacia chivos expiatorios.
Estas prácticas no son exclusivas de los gobiernos. También se observan en líderes y tiranos cotidianos: personas manipuladoras o abusivas que generan drama, victimización estratégica y conflictos emocionales para evitar rendir cuentas. El patrón de la Cortina de Humo es el mismo: desviar la atención del abuso hacia el conflicto.
Posverdad y saturación informativa
Dos fenómenos contemporáneos e interconectados que agravan este escenario. Por un lado, la posverdad, definida por la RAE como la “distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública”. En este contexto, la verdad pierde peso frente a narrativas emocionalmente atractivas, simplificadas y prefabricadas.Algunos ejemplos son: esparcir rumores, hacer acusaciones falsas de personas que denuncian abusos, que visibilizan retrocesos o invitan al debate de ideas con argumentos, propagar teorías conspirativas, enmascarar como víctimas a los victimarios, entre otros.
Por otro lado, la saturación informativa supera la capacidad de procesamiento de las personas. El exceso de datos, noticias falsas y desinformación genera ansiedad, dificultad para tomar decisiones, confusión y parálisis cognitiva. La verdad no siempre se oculta; muchas veces se ahoga en un mar de versiones contradictorias, produciendo cansancio, apatía y rendición ciudadana.
Desmontar la cortina es un acto político
Aceptar una cortina de humo es renunciar a comprender. Las cortinas de humo no son errores de comunicación ni fenómenos accidentales: son estrategias deliberadas de poder. Funcionan porque apelan a emociones primarias, saturan la atención, simplifican la realidad y desplazan la responsabilidad. Su eficacia no radica solo en quien las produce, sino también en el terreno social donde encuentran silencio, cansancio o resignación.
Frente a ello, pensar críticamente se convierte en un acto profundamente político. Preguntar quién gana con determinada narrativa, qué temas desaparecen cuando otros irrumpen con estridencia, a quién se construye como enemigo y qué derechos se recortan mientras miramos hacia otro lado (distraídos/as con el show), es una forma de resistencia cotidiana.
Cuestionar, disentir y denunciar no es incomodar por deporte. Es defender la posibilidad misma de una democracia viva. En tiempos de espectáculo permanente, posverdad y saturación informativa, sostener la reflexión, el diálogo argumentado y la memoria colectiva es hacer la diferencia.
Desmontar una cortina de humo implica rehusar ser personas espectadoras pasivas, negarse a aceptar verdades prefabricadas y recuperar la responsabilidad de mirar de frente aquello que el poder intenta ocultar. Porque cada vez que alguien nombra el abuso, señala la manipulación o insiste en la complejidad, la cortina se resquebraja.
Y es en ese resquicio (incómodo, valiente, lúcido y necesario) donde aún es posible construir justicia, dignidad y futuro.
Referencias Bibliográficas
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Por Máster Sharo Rosales Arce. Comunicadora. Es investigadora de género y gestora en desarrollo organizacional.
