Dice el señor de zapote que la parte positiva de este intento por levantar su inmunidad fue que “la patria” respetó a la gran mayoría de costarricenses (sic). La pregunta es, cuando Chaves dice, “la patria” ¿a quién se refiere? ¿Quiénes decidieron no levantar su inmunidad? ¿los traileros? ¿los maestros? ¿los programadores de cómputo? ¿o los diputados? Exacto, fue la Asamblea Legislativa la que, quiérase o no tomó esa decisión. Rodrigo Chaves pudo haber dicho, la Asamblea Legislativa decidió.
Sabemos que esto no es del todo cierto, porque lo que pasó, fue que a la Asamblea Legislativa le faltaron agallas, algunas gónadas, algunas hormonas no funcionaron bien y no tomaron la decisión requerida. Pero supongamos que esta fue una decisión racional de la Asamblea Legislativa. No pensemos ni por un momento, que les torcieron el brazo a algunos, o que les ofrecieron cariñitos a otros. Entonces ¿por qué Chaves no habla con la verdad?, ¿Fue la Asamblea Legislativa, o no fue?, ¿por qué anda con eufemismos?, ¿por qué usa un lenguaje engañoso?, ¿por qué dice “la patria respetó”? Bueno, porque ese es el lenguaje engañoso del discurso chavista de siempre.
La verdad señores, es que Chaves negoció con algunos diputados. La pregunta que me hago es… Si Chaves pudo negociar con los diputados para defender su inmunidad y no enfrentar ante los tribunales la acusación de que es objeto, ¿por qué no ha podido negociar para gobernar?
¿Por qué no pudo negociar con la Asamblea para construir país? ¿Por qué no pudo negociar con sus amigos en la Asamblea, que los tiene, para erradicar corrupción? ¿Por qué no pudo negociar a lo largo de estos cuatro años, para establecer puentes entre los poderes del Estado y elevar las condiciones de vida de los costarricenses, mejorar la agobiante situación de las listas de espera en la Caja del Seguro Social, amainar la crisis del sistema educativo, o enmendar la situación del agro?
¿Por qué no ha podido negociar con los actores estatales pertinentes para enfrentar el narcotráfico, que nos está matando?
Si se ha quejado siempre, engañosamente, por supuesto, de que otras entidades no lo dejan gobernar, por qué no ha utilizado los mecanismos de negociación que utilizó esta vez para salvar su pellejo, para haber hecho un gobierno digno, con logros y resultados, y no una venta hueca y engañosa de humo y palabras.
El exdiputado, historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli se refirió a la reciente votación en la Asamblea Legislativa sobre el levantamiento de la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves. Según expresó, la decisión de no retirarla representó “una victoria de la institucionalidad”.
Aguilar recordó que para levantar la inmunidad se requieren 38 votos, sin embargo, en esta ocasión solo se alcanzaron 34. “Se respeta la institucionalidad no solamente en el proceso, sino al final en esa votación. Fue un bello tapabocas al presidente de la República y a doña Pilar Cisneros, que han pasado más de tres años atacando a la institucionalidad. Ahora, esa misma institucionalidad le dice a Rodrigo Chaves que puede estar tranquilo de aquí a mayo”, afirmó.
El exlegislador señaló que “esa institucionalidad tan menospreciada le salvó el pellejo” al actual gobernante, y expresó su esperanza de que esto sirva como lección.
Por otro lado, criticó fuertemente el comportamiento de algunos diputados en el plenario. Se refirió a la fracción de Nueva República como una “manada” que votó siguiendo la línea de su líder religioso: “Parece que no andan con la Biblia debajo del brazo, sino con la chequera y el número del SINPE para ver cuándo les cae el pago”.
También cuestionó a los diputados de la Unidad Social Cristiana que desobedecieron a su candidato presidencial, a su directorio político y a su asamblea, y mantuvieron su apoyo al presidente Chaves: “Han traicionado al partido más de una vez y le asestaron un golpe de muerte a esa agrupación. Demostraron que el partido no tiene un liderazgo fuerte. Parece que el único liderazgo lo da la chequera”.
Finalmente, Aguilar calificó el resultado como un “triunfo pírrico”. Señaló que, aunque la inmunidad se mantuvo, “34 diputados demostraron que el país quiere que Rodrigo Chaves vaya a los tribunales, y lo hará. Es simplemente un paréntesis. En mayo nos vemos en los tribunales de justicia, los ciudadanos y Rodrigo Chaves”.
Añadió que los procesos judiciales no se limitarán al caso actual: “Vamos a hablar de la Caja, de los financiamientos espurios de su campaña y de muchas otras causas. En mayo nos vemos, don Rodrigo, no le quepa duda”.
Rafael A. Ugalde Q. Periodista, abogado y notario por la U.C.R.
Las apariencias engañan míster Trump. Es imposible negar o demeritar el triunfo obtenido en Costa Rica por tu secretario de Estado, Marco Rubio, en cuanto a “luz verde” para que la campaña intervencionista contra la “dictadura” de Maduro se extienda a México o la nación latino-caribeña que creas merece tu “civilizatoria” mediante tu campaña contra el “narcotráfico y el terrorismo”.
Puedes sacar pecho orgullosamente y sentir admiración por Rubio y tu embajada en San José. Lograste en una tarde desaparecer de un plumazo la lucha a muerte entre los exportadores e importadores criollos por la apuesta de quien maximiza mejor la ganancia sobre la miseria de las mayorías. Todo en unas pocas horas.
No fue una sola moción aprobada recientemente en la Asamblea Legislativa. Fueron dos, por aquello que una fallara, o no se entendiera claro y contundente cómo, cuando los emperadores romanos Caracalla o Geta ordenaban democráticamente a sus súbditos, despojados ya de su dignidad, hacer las locuras más raras.
Costa Rica, por el contrario, cuando se disponía a celebrar 204 años de vida independiente con desfiles, tambores, cantos de no ciervos menguados, entre otros, nuestra neutralidad y presencia de más ya maestros que soldados debe, simplemente, decir sí de inmediato en el congreso, la casa presidencial o el Poder Judicial.
De esta manera, sí tu secretario encargado de buscar aliados para sus invasiones militares, llenar el Caribe de cañoneras, submarinos nucleares, aviones armados hasta los dientes y cientos de “marines” para “combatir el narcotráfico y el terrorismo” póngale la firma, míster Donald, es cierto lo que te diga Rubio, pues acá no son dos ni tres tus aplaudidores.
Pero permítame decirte para que no te equivoques, cuando Rubio te diga que hay unos cuatro gatos que no comprenden la magnitud de tu cruzada: Acá, desde 1856, cuando ustedes nos mandaron un asaltante disfrazado de abogado y periodista para enseñarnos a ser bilingües, no todos son siervos menguados, ni nacen con la cerviz fracturada, ni se les sube la presión arterial en solo pensar que la nueva Roma no les dará visa.
Tu supuesta limpieza regional de los carteles de los Soles, Jalisco Nueva Generación o Sinaloa está condenada al más rotundo fracaso, cuando nuestros pueblos, por fin, se percaten que la llamada guerra contra el “narcotráfico y el terrorismo” no se sostiene en sí misma y es la carta de presentación para legitimar el robo y el saqueo de los recursos en Nuestra América.
Vimos desde la nefasta doctrina Monroe y sus variaciones, como el proyecto de la vieja Agencia para el Desarrollo (AID) y oenegés contra el comunismo y el socialismo, así como proyectos tan criminales como el Plan Colombia, que llenó de bases militares a ese país, o la Operación Condor, con el cual eliminaron a las y a los jóvenes y luchadores más nobles que entonces tenían Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, entre otros, que el fin último fue saquearnos.
Con la droga, el “Estado profundo”, aglutinado en un solo partido político estadounidense de dos cabezas de animales simbólicos, como es el burro y el elefante, hizo milagros en el pasado. Las protestas de millones de jóvenes norteamericanos en las grandes urbes, que llamaban a la paz y al amor en lugar de ir a matar vietnamitas y llenar sus poblados de Napalm, les repartían drogas masivamente para reducirlos a miseria humana y junto a sus géneros musicales, como el rock and rol, terminar por satanizarlos.
Como ayer, ahora no se conocieron los verdaderos dueños de los carteles norteamericanos encargados del negocio y la distribución masiva de marihuana, cocaína, fentanilo y pastillas alucinadoras. Y menos se conocerán los billones de dólares que ingresan diariamente a la corriente financiera procedentes de esta actividad ni los grandes bancos encargados de “blanquear” esos activos.
El canciller cubano Bruno Rodríguez, precisa las millonarias perdidas económicas a su país en los intentos de matar de hambre a un pueblo durante 65 años. (F. MINREX)
Sin embargo, si podemos asegurar, que el “negocio” de las drogas es lo bastante “sostenible” como para mantener una guerra por varios años. Gracias a los aviones cargados de cocaína procedente de Suramérica, la administración de Ronald Reagan, financió desde 1985 la llamada “contra” nicaragüense o “soldados” de la libertad, desde Honduras y Costa Rica.
Con los dólares producidos por la venta de narcóticos, a vista y paciencia de la Agencia Antidrogas Estadounidense, promovida como DEA, y las autoridades locales en esos países indicados, se compraban al Sha de Irán armas de guerra que llegaban masivamente a Centroamérica. Demostrándose, hasta la saciedad, que el tráfico de drogas en el mundo, mientras no se termine con la demanda interna en la nación primer lugar en el orbe en consumo, junto al negocio de las armas y el sicariato, es cara de una misma moneda.
Cualquier relato en torno a terminar con el tráfico y consumo de droga nacionales, sin inversión social en escuelas, salud pública de calidad, salarios dignos y vivienda decorosa, entre otros, sin exigir además a las naciones compradoras reducir su demanda interna de estupefacientes, los países víctimas de este mal serán obligados a subir la represión mediante el llamado Derecho Penal de prevención general, regalar sus soberanía con Tratados de Extradición, que vienen a ratificar la sumisión ante la potencia de moda y llenar sus territorios de cárceles de máxima seguridad.
La experiencia de usar el negocio de las drogas con fines militares y político quedó plasmada en el llamado “Irancontra” o “Irangate”, deparando tal cantidad de dinero, que alcanzó para contratar periodistas costarricenses para una emisora dedicada a promover la causa de la “libertad” en Nicaragua y acabar con la “dictadura” de Ortega.
Incluso, hubo dinero a caudales, hasta para minar los principales puertos nicaragüenses, como segundo ensayo de lo que ahora realizan a placer y perfección los estadounidenses y sionistas en Gaza, pues esperaban interrumpir la llegada de alimentos por vía marítima y matar así de hambre a los sandinistas, aunque se llevaran también en banda a sus amigos democráticos y no terroristas.
Estados Unidos fue condenado por el minado de puertos nicaragüenses el 27 de junio de 1986, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló a favor de Nicaragua, dictaminando que estas acciones, junto con el apoyo a los «contras», constituían una violación del derecho internacional.
En contraste, Washington, desconoce esta sentencia y, recientemente, la administración Trump impuso a los nicaragüenses aranceles de 18 % a sus exportaciones. Managua reclama una indemnización por US $12 mil millones por sus fechorías cometidas en esa nación istmeña.
El primer intento de genocidio moderno, aplicando el hambre como herramienta de guerra y delito de lesa humanidad, inició desde 1960 contra Cuba, a pesar de su férrea política contra las drogas en la ínsula antillana.
Datos dados a conocer en las Naciones Unidas revelan que del 1º de marzo de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025, el bloqueo comercial y financiero contra su población alcanza, por concepto de daños y perjuicios materiales, los 7 mil 556,1 millones de dólares.
El canciller Bruno Rodríguez Parrilla precisó que este aumento exponencial se debe fundamentalmente al incremento en las afectaciones por los ingresos dejados de percibir por exportaciones de bienes y servicios.
Para el presidente colombiano, Gustavo Petro, la cruzada contra el narcotráfico y el terrorismo enmascara otros fines concordantes con la tradicional política intervencionista de Estados Unidos en la región, así como su desprecio por el Derecho Internacional y la autodeterminación de los pueblos. “Y Colombia no prestará su territorio para que invadan ningún país hermano”.
Para Petro el narcotráfico internacional está más activo que nunca con una Junta Mundial que funciona desde una importante nación árabe, encargada de lavar billones de dólares y euros diariamente, a la cual se integraron la mafia albanesa, la estadounidense y carteles de la región.
Según el dignatario colombiano en su país no han cesado los intentos de golpe de Estado promovido por grupúsculos estadounidenses, con influencia en el congreso norteamericano, así como representante de la rancia oligarquía colombiana, aglutinada en el llamado Centro Democrático que eligió en el pasado como presidentes a Álvaro Uribe e Iván Duque.
Según Petro, durante las administraciones de Uribe y Duque el área de cultivo de hoja de coca superó las sesenta mil hectáreas, el paramilitarismo era una realidad y la violencia era incontenible, a pesar de siete bases militares estadounidense a lo largo y ancho de Colombia, fum8igaciones masivas y daños a la ecología.
Hoy solo quedan unas 34 mil hectáreas sembradas de hoja de coca, quienes antes sembraban esas plantas, ahora producen alimentos, cuentan con caminos, precios justos, y en lugar de apostar por la violencia y la muerte, nosotros defendemos la vida y la paz. Esto no les gusta, dijo recientemente durante un encuentro con el pueblo en el interior colombiano.
La cocaína se introduce dentro de las bananas que van a Europa y Estados Unidos. Los puertos del Pacífico ecuatorianos han alcanzado notoriedad por la captura de cientos de toneladas. (F. noticias DW)
Con este nuevo aire que toma el narcotráfico regional, mientras Estados Unidos tiene estacionado en el Caribe el destructor USNI News, unos 5.000 marines e infantes de marina, el grupo anfibio encabezado por el USS Iwo Jima (LHD-7), acompañado por el USS Fort Lauderdale (LPD-28) y el USS San Antonio (LPD-17), entre otros, ninguna nación queda al margen del negocio
Un reciente informe del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) y el Servicio Federal de Aduanas rusos confirmaron laincautación en el puerto de San Petersburgo de 1,5toneladas de cocaínaen un barco con bananasprocedente de Ecuador.
Según estas fuentes,el barco Cool Emerald había zarpado desde la República deEcuador, desde el pasado 29 de agosto rumbo al puerto de San Petersburgo, Al hacer las inspecciones del cargamento dentro un contenedorcargado conbananos, se descubrieron 1.500 paquetes que conteníancocaína, con un peso total de 1.750 kilogramos.
En contrate, un documento denominado “Informe europeo sobre drogas 2025” – de consulta obligatoria para aquellos diputados que aprobaron mociones contra el cartel de los “Soles” – señala que las redes de tráfico utilizan múltiples rutas para aumentar el suministro de cocaína en Europa y en ninguna parte se indica la participación de Venezuela. (https://www.instagram.com/reel/DOtt_8AgoK6/).
Por otra parte, está documentado, que el 87% de la droga sale por importantes puertos del Pacifico suramericanos, al otro lado donde mandaste tus cañoneras, míster Trump, por ejemplo, terminales portuarias en Guayaquil, Manta, Esmeralda o Puerto Bolívar, este último muy utilizado por las familias ecuatorianas, exportadoras de banano, en cuenta la del mandatario Daniel Noboa.
Perdone, presidente Trump, usted se equivoca con algunos ticos; tal vez somos poquitos, cierto, como posiblemente te contó entusiasmado tu secretario Rubio, ¡pero no todos somos tarados ni cipayos!
De la extensa comparecencia llevada a cabo el pasado 22 de agosto del Presidente de la República y su abogado defensor, a la Comisión Especial que estudió el levantamiento de la inmunidad en el caso conocido popularmente como “BCIE-Cariñitos”, este observador deja constancia de los siguientes puntos relevantes:
El método escogido por la defensa separando de entrada su exposición en una primera parte “política”, a cargo de Chaves Robles, y una segunda de carácter “técnico-jurídica” expuesta por Villalobos Umaña es, en principio, ilógica, puesto que estamos frente a un procedimiento especial (ante-juicio) contra un miembro de los supremos poderes, es decir, un funcionario público del más alto nivel, cuyo enjuiciamiento es, por naturaleza, esencialmente político y necesariamente jurídico, por el sólo hecho de ostentar un determinado cargo en cuyo ejercicio es llamado a cuentas.
Como el desarrollo mismo de la audiencia lo muestra, en realidad tanto los argumentos “políticos” como los “jurídicos” son prácticamente los mismos: acusar un supuesto montaje político; cuestionar el contenido de la acusación y la validez de la prueba ofrecida, sobre todo la credibilidad de los testigos; y sembrar dudas sobre las motivaciones últimas del procedimiento abierto contra el Presidente.
Existe un argumento cardinal en la exposición de Chaves Robles: este proceso es un montaje político, un show mediático para perjudicar su imagen, orquestado por el Fiscal General Carlo Díaz y una mayoría de magistrados (as) de Corte Plena, dadas las denuncias y cuestionamientos que él “valientemente” ha señalado, como ningún otro Presidente se ha atrevido a hacerlo, por la responsabilidad del Poder Judicial en el tema de inseguridad que padece el país y, particularmente, por haber denunciado el abuso de poder de Díaz al promover laboralmente a una subalterna con la que mantenía una relación sentimental.
El alegato serviría para un ejemplo de falacia ad hominem de cualquier Introducción a la Lógica. Una falacia es un argumento incorrecto con apariencia de ser correcto. En el supuesto de la falacia ad hominem, se trata de descalificar el discurso del oponente, no desvirtuando sus razones, sino descalificando a su persona. Así, decir por ejemplo: el hecho cierto de que esta mujer ejerce la prostitución, necesariamente la convierte en una mala madre; o bien, al ser este hombre un migrante indocumentado, lo convierte necesariamente en un delincuente. La evidencia de la falacia de Chaves cae por su propio peso: el hecho cierto de que el Fiscal Díaz cometiera una conducta indebida al no inhibirse por conflicto de intereses en el caso de la subalterna, no implica necesariamente (ni mucho menos) que las denuncias planteadas contra Chaves Robles y alguno de sus allegados carezcan por completo de fundamento, que no debieran investigarse, o que no pudieran ser elevadas al trámite de antejuicio, primero ante la Corte y luego ante la Asamblea Legislativa. Pero además, el argumento falaz omite un aspecto fundamental referido a la temporalidad de los acontecimientos, a saber, cuáles hechos son antecedentes de cuáles consecuentes. La arremetida del Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público se exacerba después de que las denuncias en su contra son admitidas a trámite. En particular, esto es evidente respecto de la acusación que hace el Presidente contra el Fiscal Díaz. Por tanto, afirmar que las actuaciones de la Fiscalía son una mera vendetta carece de fundamento. De igual manera la afirmación de que la mayoría de la Corte está motivada en revanchismo dadas las críticas de Chaves, no es ni siquiera un argumento, es una mera suposición. Habría que darle al Presidente la bienvenida al Estado de Derecho y al debido proceso, puesto que la Corte está en la obligación legal de conocer la solicitud que le hace el Jefe del Ministerio Público y no puede inhibirse ni renunciar a sus competencias. Por último, tenemos décadas de que Presidentes de la República, cada vez que el tema de seguridad se les va de las manos, empiezan a culpar al OIJ, a los fiscales y a los jueces. Es cuestión de visitar la hemeroteca de lo que han dejado constando los medios de comunicación en este sentido.
En determinado momento de la comparecencia, el defensor Villalobos se encarga de comunicarle al país que Chaves Robles no sólo es economista, sino también filósofo y de ahí, la “aplastante” lógica de su dialéctica. Confieso estar en el bando de los inocentes sorprendidos con esta revelación. Para demostrar su pericia en el campo de la lógica, conforme al argumento “estrella” de que la acusación no puede sostenerse porque la entrega de dinero que Chaves “obligó e indujo” a Bulgarelli a dar a Cruz, se concretó cuatro meses después de otorgado el contrato, el señor Presidente debuta como filósofo de la lógica interrumpiendo a su defensor y diciendo: “…o sea, para entender yo, el Fiscal argumenta que nosotros fuimos a cerrar el corral después de que se había salido el ganado…se salió el ganado y vino a cerrarse el corral después…” ¿Que qué?. Semejante calistenia intelectual puede dejar pasmado al mismísimo Aristóteles. El difícil momento obligó a don José Miguel a continuar rápidamente con su propio discurso.
Pero en todo caso estamos ante otra falacia de Manual. Esta vez, la falacia ad baculum, es decir, aquella que apela a un argumento de autoridad. Así tendríamos que: como lo dice el Pastor… como lo dice el Entrenador… como lo dice el Presidente… debe darse por cierto. Pero todos sabemos que por el solo hecho de que alguien haya estudiado medicina, no necesariamente es un buen médico; tampoco tener el título de Licenciado en Derecho, necesariamente hace a nadie un buen abogado, etc., etc. Por tanto, el haber estudiado Economía Agrícola no hace a alguien un buen economista y muchísimo menos, haber estudiado Filosofía lo convierte en un filósofo, y menos que menos lo convierte en un buen gobernante.
Los argumentos técnico-jurídicos, debe reconocerse, tienen un mejor desempeño. No sólo por la retórica del defensor Villalobos, sino porque tocan aspectos decididamente relevantes, aunque, en mi criterio, inoportunos e impertinentes. Sobre la misma base de la conspiración política contra el Presidente, la Defensa cuestiona, en primer lugar, la naturaleza del pronunciamiento que debe emitir la Asamblea Legislativa. Dice que debe desecharse una primera tesis o posición “extremista” que consistiría en que la Asamblea sólo compruebe la existencia de ciertos requisitos formales y autorice el levantamiento de la inmunidad. También señala que una segunda tesis “extremista” consistiría en evacuar y valorar la prueba, y prácticamente dictar sentencia, lo cual también es improcedente. Por último, el señor defensor dice que hay una posición intermedia que es la que debe prevalecer, a saber, que la Comisión debiera revisar la acusación, determinar si los hechos pueden configurar delito, si la prueba ofrecida respalda la acusación y si la acusación es coherente. Pero ciertamente, entrar a todos estos aspectos –como en efecto lo hace el Lic. Villalobos- significa valorar la prueba ofrecida y confrontarla con los hechos, todo lo cual es propio de la competencia jurisdiccional, por lo que al final, el argumento de la Defensa cae en uno de los extremos que afirma rechazar. En fin, para desvirtuar esa acusación no se puede ni debe descender al análisis de fondo sobre todos y cada uno de los elementos probatorios ofrecidos por el Fiscal General. Y ese es precisamente el gran error en que incurre la defensa, entrar a una argumentación del fondo del asunto. De paso el señor defensor incurre en una que otra falacia también muy frecuentes en el mundillo del litigio. Se trataría ahora de una clásica falacia de conclusión inatingente puesto que del hecho que en una grabación telefónica y en una entrevista policial no conste que la testigo Navarro haya expresado que el Presidente “obligó e indujo” a Bulgarelli a entregar dinero a Cruz, no puede necesariamente deducirse que tal manifestación no se hiciera, o no pueda establecerse, por otros medios, la posibilidad de esclarecer el punto.
En definitiva, es inválido desde la perspectiva de una sana argumentación jurídica, en el momento procesal de que se trata, caer en un ejercicio en el que se pretende evidenciar supuestas contradicciones de los testigos clave; hacer un cuestionamiento genérico acerca del instituto procesal del Testigo de la Corona; realizar un cuestionamiento de la credibilidad que ofrece el señor Bulgarelli y otros declarantes; afirmar una supuesta imposibilidad de que el tipo penal se haya configurado, y otra serie de elucubraciones que no corresponde hacer al cuerpo de diputados (as), por dos razones principales: (a) el momento procesal en que está el expediente (cuestión de oportunidad); y (b) el alcance de la valoración que pueda hacer la Comisión y el Plenario de la Asamblea (análisis a fondo de la masa probatoria disponible). Esto último corresponde a un Tribunal de Justicia, en este caso, la Sala Tercera de la Corte, si es que se remite el trámite para continuarlo en esta instancia. En síntesis, por ser el ejercicio de la defensa técnica un examen de la calidad y pertinencia de los elementos probatorios disponibles, la coherencia y razonabilidad de sus argumentos, a saber, la existencia o no de falacias relevantes, va a depender del sustento fáctico que una valoración jurisdiccional integral dé, sea para concluir que se trata de meras conjeturas espurias, o de razonamientos válidos y pertinentes. Sólo entonces podrá establecerse la verdad judicial, absolviendo o condenando a los imputados.
Esta es una versión adaptada para el Semanario Universidad de la UCR del artículo del mismo nombre y publicado en: CENTROAMÉRICA-Rendir Cuentas para que la Gente Cuente; Arroyo, J.M. et altere; Coordinación e Introducción Luis Guillermo Solís y Sergio Ramírez; Editorial Sexto Piso, S.A., de C.V., Madrid, España, 2025.
José Manuel Arroyo Gutiérrez
La historia reciente de la democracia en Centroamérica -y con ella el Estado de la Justicia en la región- , tiene como punto de partida los Acuerdos de Paz: Esquipulas I (25 de mayo de 1986) y Esquipulas II (7 de agosto de 1987).
En el primero de estos pronunciamientos hay un llamado genérico al desarme de los grupos en conflicto, al diálogo constructivo, y a la instauración de una paz duradera a través del desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Se establece que la paz sólo es posible mediante un proceso democrático, pluralista y participativo, con promoción de la justicia social, respeto a los derechos humanos, así como el respeto a la soberanía e integridad territorial de las naciones. Se visualizaba, como mecanismo idóneo para alcanzar estos propósitos, un Parlamento Centroamericano (PARLACEN) que sirviera como mecanismo promotor e integrador de la región.1
En cuanto a Esquipulas II, se declaró la necesidad de tomar medidas como promover la reconciliación a lo interno de cada nación; finalizar las hostilidades armadas; impulsar la democratización y las elecciones libres; eliminar la asistencia externa para fuerzas militares irregulares, así como negociar el control de armas y la atención a los refugiados.
Estos acuerdos declarativos de buenos propósitos nunca descendieron a las cuestiones concretas de cómo debían organizarse el Estado, el Poder Judicial y la Administración de Justicia. Todo quedó en referencias generales a la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática y al respeto de los derechos humanos.
El principal resultado de esta perspectiva fue la sobrevivencia de diseños constitucionales bastante anacrónicos, anclados en lineamientos decimonónicos, tanto para el modelo de Estado –liberal y republicano clásico-, como respecto de la organización y funcionamiento de los poderes judiciales dentro de ese esquema.
Se conservaron poderes judiciales hechos a imagen y semejanza del modelo napoléonico francés de principios del siglo XIX, es decir, organizaciones burocráticas a imagen y semejanza de los cuerpos militares, piramidales, rígidamente verticalistas, con ocupación total del territorio nacional mediante instancias y especialidades por materia y, lo más sobresaliente, una cúpula constituida por la Corte Suprema, en la que se concentra no sólo la última instancia jurisdiccional, sino todo el poder político y administrativo para la gestión de la función judicial del Estado. De esta manera, la Corte Suprema no sólo tiene la última palabra en los asuntos que procesalmente tengan acceso a esta instancia, sino que además atiende asuntos presupuestarios, administrativos, nombramientos, capacitaciones, asuntos disciplinarios y un largo etcétera.
Salvo algunos tímidos intentos de delegar en consejos de la judicatura o consejos superiores (Guatemala, El Salvador, Costa Rica), algunas de las tareas de administración, las organizaciones judiciales de la región siguen aferradas a la concentración de poderes y facultades, lo que las hace tremendamente ineficientes y con frecuencia corruptas.
Por otra parte, desde la perspectiva de los principales temas y problemas de fondo de la justicia centroamericana y de América Latina en general, los casos constituidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enunciados por su ex Presidente, identifican las cuestiones de mayor gravedad: el rol de las empresas en la protección de los derechos humanos; el derecho al medio ambiente y de equidad intergeneracional; el derecho a la salud; la libertad de expresión; la violencia de género; las garantías del debido proceso; los alcances y uso de la prisión preventiva; el plazo razonable en casos de adopción; la guarda y custodia de menores de edad; las limitaciones a las actividades de inteligencia con base en el alcance a los derechos humanos; el derecho a la autodeterminación informativa; los derechos de reunión y circulación en contexto de protesta social; la obligación de delimitar, demarcar y otorgar títulos de propiedad colectiva sobre los territorios de las comunidades indígenas y tribales; y diversas medias de reparación integral.2
En esta tercera década del siglo XXI, el Estado de la Justicia en los países centroamericanos está determinado por factores estructurales y coyunturales.
El principal de los aspectos estructurales consiste, como ya quedó dicho, en diseños institucionales anacrónicos, a imagen y semejanza de una organización militar: piramidal, rígidamente verticalista, burocrática, con amplia concentración de poderes jurisdiccionales y administrativos en la cúpula (Corte Suprema) y, en consecuencia, muy ineficientes y antidemocráticas.
Los pocos esfuerzos por delegar funciones en consejos administrativos o de la judicatura, han tenido, en el mejor de los casos, alcances limitados como es el caso de Costa Rica y, en la peor de las situaciones, se ha tratado de ensayos poco tiempo después revertidos, sea por reformas legales, sea por declaraciones de inconstitucionalidad, como ha pasado en Guatemala, El Salvador y Honduras.
Se evidencia también una profunda brecha entre el mundo normativo (el deber ser) y la cruda realidad operativa de nuestros sistemas de justicia (el ser). La simple lectura de cualquiera de las constituciones políticas de las repúblicas de la región, evidencia la propuesta de una justicia emanada de la soberanía popular; así como un supuesto compromiso con los derechos humanos, las libertades fundamentales y las garantías propias de democracias liberales avanzadas. Pero cuando se desciende a cómo funcionan esos buenos propósitos en la práctica, comienzan a revelarse una serie de falencias, ineficacias y vicios que terminan por pintar un cuadro harto decepcionante.
En Costa Rica, la vigencia del Estado de Derecho todavía resiste, pero se arrastra un sistema de nombramientos en la cúpula judicial plagada de vicios y procedimientos amañados. Con altibajos, las mayorías parlamentarias han privilegiado la lealtad partidaria e ideológica a la excelencia académica e independencia profesional. Recientes leyes promulgadas al calor de ajustes fiscalistas amenazan la estabilidad funcional y laboral de la policía técnica, la fiscalía y la judicatura. Se han destapado escándalos por manejos irregulares de casos por claros tráficos de influencias y corrupción. En este punto, sin embargo, las buenas intenciones de procurar reformas de fondo, han naufragado en una cúpula que se niega a soltar los poderes tradicionales que ostenta. Las debilidades y falencias tradicionales han sido aprovechadas por las tendencias autocráticas del gobernante actual, que pretende destruir, no mejorar, el orden constitucional y la institucionalidad vigentes. En El Salvador se ha producido una quiebra del Estado de Derecho. El Poder Ejecutivo, sustentado en un amplio apoyo popular, ha implementado una política pública de prisionización indiscriminada con la cual, el debido proceso ha sido arrasado. La prensa independiente es perseguida y acallada. El Poder Judicial fue desmantelado y puesto al servicio incondicional de esas políticas represivas. La mayoría Parlamentaria ha bendecido esas estrategias y obedece fielmente los dictados presidenciales. Todo ha sido impuesto gracias a un estado de sitio que lleva ya varios años. El ejemplo salvadoreño es de manual, respecto a las nuevas formas de dominación oligárquica, no por medio de la bota militar, sino a través de estrategias dictatoriales con apariencia democrática. El caso de Guatemala presenta sus características propias. Como respuesta a los avances logrados en el sistema de justicia gracias a la intervención de Naciones Unidas a través de la CISIG, la clases dominantes, que vieron amenazados su impunidad y privilegios, ha arremetido tomando posesión de los poderes públicos, incluidos Corte Suprema y Ministerio Público, para revertir los logros obtenidos y asegurar que la justicia no toque a ciertos sectores con poder económico y político. Los jueces y fiscales que lograron condenas históricas contra ciertos intocables, han sido destituidos, perseguidos y en muchos casos obligados al exilio. Hoy la República de Guatemala se debate entre retomar la senda de un Estado de Derecho o continuar por la ruta de la corrupción institucional y la impunidad. La situación en Honduras es similar a las anteriores en varios aspectos. Hay serios cuestionamientos al sistema de nombramientos de la cúpula judicial y de la judicatura en general, por presiones e influencias indebidas de grupos poderosos en lo político y en lo económico. También se han registrado casos de corrupción, sobre todo de personajes influyentes que buscan impunidad ante acusaciones por tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y otros beneficios indebidos. Por último, la situación de la justicia en Nicaragua es la propia de un Estado de Facto, como en El Salvador, pues se han conculcado y neutralizado todos los mecanismos de balance y control propios de un Estado de Derecho. Se han prohibido y criminalizado manifestaciones públicas, así como las críticas y protestas mediáticas de opositores al gobierno. Se ha privado de la nacionalidad nicaragüense a activistas de derechos humanos, organizaciones no-gubernamentales y adversarios políticos. De hecho, se controla por parte del Ejecutivo a todos los demás órganos y poderes del Estado. El sistema judicial penal se ha manipulado para perseguir opositores, encarcelarlos y obligarlos al exilio. El colmo de la represión ha alcanzado a la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas a las que se les han prohibido rituales o manifestaciones públicas de sus celebraciones.
Por su parte, el principal factor coyuntural que marca el estado de la justicia centroamericana, es de carácter universal. En nuestros días estamos frente a una verdadera crisis de la democracia liberal republicana, y hay fuertes tendencias en todo el mundo que apuntan a sustituirla por regímenes autoritarios que pretenden concentrar el poder político. Si bien han cambiado las estrategias tradicionales de los golpes de estado conducidos por cúpulas militares contra las instituciones democráticas, en la actualidad se han impulsado formas no menos agresivas para tomar por asalto esa institucionalidad.
Guardando las apariencias democráticas, se trata en la mayoría de los casos, de manipular los procesos electorales controlando las autoridades electorales, eliminando de hecho la oposición, o perpetrando abiertos fraudes. Se trata asimismo de tomar el control de los otros poderes, asegurándose amplias mayorías parlamentarias, que autoricen cualquier capricho del Ejecutivo; o bien se trata de conformar poderes judiciales y ministerios públicos serviles, que se olviden de su independencia y función contralora, dando con sus resoluciones apariencia de constitucionalidad o legalidad a toda clase de tropelías y abusos.
En este último supuesto, cuando de controlar el Poder Judicial se trata, en todos los países de la región es más que evidente los esfuerzos de grupos de influencia y político-partidarios por manipular los nombramientos de las cúpulas y demás cargos en la judicatura y el Ministerio Público. De nuevo se observa con claridad todo tipo de maniobras para revestir estos procesos de una cierta apariencia de objetividad y tecnicismo, cuando en realidad se imponen criterios partidarios o, peor aún, criterios contaminados por loa intereses de sectores delictivos y corruptos que buscan impunidad.
En ese desventurado contexto, no es de extrañar las malas -a veces pésimas- calificaciones que reciben nuestros sistemas de justicia cuando son evaluados por organismos globales o regionales. Con alguna ventaja de Costa Rica en estas evaluaciones, pues aún se reconoce cierta capacidad de resistencia y fortaleza institucional, el resto de los países de Centroamérica exhiben cifras y posiciones muy negativas en aspectos fundamentales como respeto a los derechos humanos, acceso a la justicia, control a los gobernantes, o eficiencia y eficacia del Estado de Derecho en su conjunto.
Compartido con SURCOS por el autor.
1 Costa Rica nunca se adhirió a este organismo y el tiempo se ha encargado de exhibirlo como un cascarón burocrático ineficiente o peor aún, refugio de políticos en busca de impunidad.
2(Pérez Manrique, Ricardo C; Juez Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Informe Anual 2023).
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR): contacto: nboeglin(a)gmail.com
El ataque en la capital Doha de Qatar realizado por Israel el pasado 9 de septiembre, con el objetivo de eliminar físicamente a los representantes del Hamás ahí presentes, ha provocado una reacción de repudio a nivel internacional: este ataque constituye una nueva violación a la integridad territorial de un Estado soberano por parte de Israel.
Además de tratarse de un Estado soberano, Qatar es un Estado que ha destinado sus máximos esfuerzos, a solicitud de Estados Unidos y de Israel, para interceder entre Israel y el Hamás desde hace casi dos años, en aras de encontrar una solución negociada que permita resolver el drama indecible que se vive en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023: en este comunicado oficial, el jefe de la diplomacia catarí explica además, el contacto y consultas directas con familiares de rehenes israelíes desde la misma Israel, en el marco de estas complejas y desgastantes negociaciones para estos familiares.
No está de más recordar que, con el acuerdo de Israel, una valija conteniendo 30 millones de dólares transitaba mensualmente, y ello desde el 2018, desde Doha hacia Gaza, llegando al aeropuerto Ben Gurion en Israel y escoltada desde ahí por los servicios de inteligencia de Israel hasta su entrega formal en Gaza al Hamás (véase artículo del New York Times de diciembre del 2023 y este otro de CNN ): como se puede apreciar, hasta antes del 7 de octubre del 2023, Qatar constituía una pieza clave en la «gestión» de Gaza por parte de Israel.
Las declaraciones evasivas del actual ocupante de la Casa Blanca ante este ataque de Israel en el territorio catarí colocan ahora a Estados Unidos en una situación sumamente incómoda con el Estado en el que está ubicada la principal base militar norteamericana en toda la región: Qatar. De paso, estas declaraciones ponen en tela de duda la supuesta «protección» que garantiza Estados Unidos a sus aliados en la península arábica, así como los flujos de inversión anunciados hacia Estados Unidos por parte de Qatar así como de varios otros Estados de la península en mayo pasado. Este artículo publicado por Axios este 15 de septiembre titulado «Netanyahu spoke to Trump before Israel bombed Qatar» desmiente la versión oficial dada por la Casa Blanca con relación al momento en que fue informada de este ataque.
Es de precisar que este ataque sobre el territorio de Qatar fue precedido por el anuncio por parte de España, el pasado 8 de septiembre, de varias medidas contra Israel tendientes a crear un cerco para la flota mercante y aviones con cargamentos en dirección de Israel (véase comunicado oficial del Palacio de La Moncloa).
Una segunda quincena de septiembre particularmente cargada
La agencia catarí de noticias anunció el pasado 13 de septiembre, la convocatoria de una reunión urgente de la Liga de Estados Árabes y de la Organización para la Cooperación Islámica (más conocida por sus siglas en inglés OIC) para los días 14 y 15 de septiembre (véase nota de prensa de la agencia QNA) en Doha, en aras de consensuar una respuesta regional a lo que se considera constituye un agravio de Israel a Qatar así como a toda la comunidad árabe e islámica. En la precitada nota de QNA, se indica que:
«Convened in light of recent developments in the region, including the treacherous Israeli attack, the summit is set to discuss a draft statement on the Israeli assault, prepared by the preparatory meeting of Arab and Islamic foreign ministers scheduled for Sunday. This step reflects a collective determination to unify positions in the face of this flagrant threat and to coordinate joint efforts to confront Israel’s repeated violations«.
Resulta sumamente notorio observar el liderazgo de Qatar en la región, al haber logrado reunir en su capital los días 14 y 15 de septiembre a Jefes de Estado y a ministros de relaciones exteriores de Estados cuyos territorios fueron también bombardeados después el 7 de octubre del 2023 por Israel (Líbano, Irak, Irán, Siria) sin lograr convocar una cumbre de carácter urgente como la que Qatar ha logrado convocar y llevar adelante de manera exitosa. El texto de la resolución final adoptada en Doha este 15 de septiembre, con 25 puntos dispositivos, cuya lectura se recomienda, está disponible en este enlace.
Adoptada el 15 de septiembre en Doha, esta resolución fue seguida, el 16 de septiembre de la presentación de un informe de una comisión de investigación de Naciones Unidas, confirmando la comisión de un genocidio en Gaza por parte de Israel (véase comunicado oficial de Naciones Unidas). En el informe dado a conocer este 16 de septiembre (disponible en el enlace anterior, y cuya lectura completa se recomienda), se lee que:
» 202. The Commission finds that, in relation to the total siege, the following factors indicate the Israeli authorities’ intention to impose conditions of life calculated to bring about physical destruction of the Palestinian group in Gaza: (i) the nature of the siege imposed, its duration and the vulnerability of Palestinians in Gaza who are dependent on the humanitarian aid blocked by Israel; (ii) the awareness of the objective probability that their conduct would lead to the destruction of Palestinians in Gaza as a group; (iii) the continuation of blockade despite warnings, including the flagrant disregard of binding orders of the International Court of Justice; and (iv) the entrapment of Palestinians in Gaza, ensuring they cannot escape the violence and eventual destruction of the group.
203. Based on the above, the Commission concludes that the conduct of the Israeli authorities indicates the intention to destroy the Palestinian group in Gaza through starvation and the blocking of humanitarian aid into Gaza«.
../..
254. On the mens rea of genocide, the Commission concludes that statements made by Israeli authorities are direct evidence of genocidal intent. In addition, the Commission concludes that the pattern of conduct is circumstantial evidence of genocidal intent and that genocidal intent was the only reasonable inference that could be drawn from the totality of the evidence. Thus, the Commission concludes that the Israeli authorities and Israeli security forces have had and continue to have the genocidal intent to destroy, in whole or in part, the Palestinians in the Gaza Strip».
Reacciones de repudio casi inmediatas de numerosos Estados
Además de Estados de la península arábica, las condenas y expresiones oficiales de repudio por parte de muchos otros Estados no se hicieron esperar, horas después de darse a conocer este ataque perpetrado por Israel en Doha, la capital de Qatar.
A título de ejemplo, referimos a nuestros estimables lectores a los comunicados oficiales inmediatamente difundidos después del ataque en Doha como los de Alemania (véase texto), de Baréin (véase texto), de Canadá (véase texto), de España (véase texto), de Emiratos Árabes Unidos (véase texto), de Francia (véase texto), de Indonesia (véase texto), de Malasia (véase texto), de Singapur (véase texto), de Sudáfrica (véase texto), de Turquía (véase texto), o de Noruega (véase texto).
Las mismas reglas invocadas y violadas por Israel, y la correspondiente condena, aparecen en la declaración realizada el 11 de septiembre por el representante de China (véase enlace), de Francia (véase texto) y la representante del Reino Unido en sus respectivas intervenciones durante una sesión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (véase enlace al texto de la delegada británica).
En el caso de América Latina, podemos referir a los comunicados oficiales de Bolivia (véase texto), de Brasil (véase texto), de Chile (véase texto), de Colombia (véase texto), de Panamá (véase texto), de Perú (véase texto), de Uruguay (véase texto) o de Venezuela (véase texto) entre varios otros, a comparar con el escueto texto de la diplomacia costarricense colgado tardíamente (el 11 de septiembre, después de las 14:00 horas en Costa Rica, véase texto). El texto de Costa Rica señala en dos frases, omitiendo el uso del verbo «condenar» o «repudiar» (Nota 1) que:
«San José, 11 de setiembre de 2025. Costa Rica expresa su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Catar por el ataque de Israel contra líderes de Hamás en territorio de Catar el 09 de septiembre de 2025, el cual contraviene el derecho internacional y su soberanía territorial.
Nuestro país reitera su llamado para evitar una escalada de violencia en la región y reafirma su compromiso con el respeto a la soberanía de los Estados, al derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos mediante el diálogo«.
No es la primera vez que se observa a Costa Rica con un aparato diplomático imposibilitado (por alguna razón que sería de sumo interés conocer…) de «condenar» expresamente a Israel, tal y como se analizó recientemente: su mutismo absoluto con relación al asesinato deliberado por parte de Israel de periodistas palestinos en Gaza (Nota 2). Con relación a las sanciones tomadas por Estados Unidos de agosto del 2025 contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI), por investigar y tramitar casos contra Israel en razón de las múltiples exacciones cometidas en Gaza por su ejército, se registró el mismo mutismo oficial de la diplomacia costarricense (Nota 3).
Foto del centro de la ciudad de Gaza, 8 de septiembre del 2025, extraída de artículo de prensa publicado en Israel, «I’am in Gaza City, my bag is packed, but I refuse to leave my home», Magazine+972, edición del 9 de septiembre del 2025, cuya lectura es recomendada.
En lo que respecta a Argentina y a Paraguay, su silencio con relación a lo ocurrido este 9 de septiembre del 2025 en Doha, confirma – una nueva vez – su calidad de «fichas útiles» de Israel en América Latina y ello desde varios años: una posición oficial que se ha visto reflejada en varias votaciones en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Gaza e Israel.
Este 12 de septiembre se votó una resolución de la Asamblea General sobre la solución de dos Estados para resolver la cuestión palestina (véase texto en inglés), la cual endosa la denominada «Declaración de Nueva York» adoptada en el marco de una cumbre celebrada en julio/agosto del 2025, auspiciada por Arabia Saudita y Francia (véase texto en español, francés y en inglés). Esta resolución de la Asamblea General registró una abrumadora mayoría de 142 votos a favor, contando entre los 10 votos en contra, con los de las dos precitadas «ficha útiles» de Israel en América Latina. Entre las 12 abstenciones figuran Ecuador y Guatemala, al tiempo que Panamá optó por el discreto pero siempre curioso «No Show» (ausencia de su delegado en el momento de registrarse la votación), al igual que Haití y Honduras. Como bien se sabe, Panamá es el único Estado de América Latina que persiste en no reconocer a Palestina como Estado. Por su parte, Bolivia y Venezuela no pueden votar en la Asamblea General en razón del atraso en el pago de sus contribuciones a Naciones Unidas (véase nota de Naciones Unidas y resoluciónsobre los montos adeudados). En el caso de Guatemala, periodistas de investigación han logrado tener acceso a documentos del ejército guatemalteco que pueden explicar esta y otras abstenciones observadas por parte de Guatemala en Naciones Unidas (véase nota del medio digital No Ficción del 11 de septiembre del 2025). En el caso de Ecuador su máxima autoridad fue a Israel en mayo del 2025 a reforzar los lazos bilaterales con Israel (véase nota oficial). A continuación se reproduce el tablero de votación registrado este 12 de septiembre en Nueva York, el cual constituye una nueva victoria para la diplomacia palestina, un éxito que comparte con Francia y Arabia Saudita, al haber ambos Estados patrocinado la cumbre de Nueva York realizada en julio/agosto del 2025:
La lectura de la explicación de voto de la delegada de Estados Unidos que votó en contra de esta importante resolución (véase textode su explicación de voto) permite nuevamente confirmar la exacta coincidencia de criterios entre los delegados norteamericanos y los delegados israelíes en Naciones Unidas.
La acción emprendida por Qatar ante Naciones Unidas y un pequeño detalle formal, pasado desapercibido
En una carta remitida a diversos órganos de Naciones Unidas, se lee que Qatar (véase comunicado en español colgado por su aparato diplomático) que:
«En la carta, el Estado de Qatar expresó su condena en los términos más enérgicos de este ataque criminal, que constituye una violación flagrante de todas las leyes y normas internacionales y una grave amenaza para la seguridad y protección de los qataríes y residentes en Qatar.
Asimismo, confirmó que las fuerzas de seguridad, la defensa civil y las autoridades pertinentes respondieron inmediatamente al incidente y tomaron las medidas necesarias para contener sus consecuencias y garantizar la seguridad de los residentes y de las zonas circundantes.
El Estado de Qatar subrayó que, aunque condena enérgicamente este ataque, no tolerará el comportamiento imprudente de Israel ni su continua intromisión en la seguridad de la región, ni cualquier acción que atente contra su seguridad y soberanía«.
No está de más indicar que Qatar se suma a una lista de Estados que han sido objeto de ataques aéreos en los últimos meses por parte de Israel, siempre bajo el argumento de «aniquilar al Hamás» y/o a quienes directa o indirectamente los apoyan: Líbano, Siria, Irak, Irán, Yemen.
Se sospecha que los drones furtivos que han atacado embarcaciones de activistas y organizaciones sociales que planean tomar el mar en dirección de Gaza, en puertos de Túnez, también han sido dirigidos desde Israel, pese al hecho que las autoridades tunecinas guarden un incómodo silencio al respecto, así como la misma Israel (véase nota de prensa de la BBC del 10 de septiembre del 2025). El 9 de septiembre un numeroso número de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas exigió que se tomen medidas de protección para resguardar en Túnez a los que participan en esta iniciativa (véase comunicado de Naciones Unidas).
En el caso específico de Túnez, hay que recordar que el 1ero de octubre del 1985, Israel bombardeó con su aviación su territorio bajo el argumento de «eliminar a los terroristas» de la OLP, causando un repudio generalizado y la condena del mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (véase texto de la resolución 573(1985). En dicho ataque murieron 73 personas, de las cuales 15 eran tunecinas (Nota 4). En la resolución 573 del Consejo de Seguridad de 1985, se leyó que el máximo órgano de Naciones Unidas de aquella época no dudo un instante en:
«1. Condemns vigorously the act of armed aggression perpetrated by Israel against Tunisian territory in flagrant violation of the Charter of the United Nations, international law and norms of conduct;
2. Demands that Israel refrain from perpetrating such acts of aggression or from threatening to do so;
3. Urges Member States to take measures to dissuade Israel from resorting to such acts against the sovereignty and territorial integrity of all States;
4. Considers that Tunisia has the right to appropriate reparations as a result of the loss of human life and material damage which it has suffered and for which Israel has claimed responsibility».
Es de señalar que 40 años después, en una acción muy similar por parte de Israel en Qatar esta vez, bajo el mismo argumento de «eliminar a los terroristas» palestinos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas optó por no aprobar una resolución: en efecto, el Consejo de Seguridad condenó mediante una «declaración de su Presidente«, este ataque, luego de una larga sesión urgente en la que se escucharon intervenciones de los quince embajadores de los Estados miembros así como las del delegado de Qatar y de Israel (véase video).
Con relación al contenido de esta «declaración de la Presidencia«, remitimos a nuestros estimables lectores a esta nota de la agencia de noticias Reuters del 11 de septiembre y a esta nota de prensa de Naciones Unidas. En esta declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (véase texto), la palabra «condena» si aparece en el léxico usado en este texto leído en nombre del máximo órgano de Naciones Unidas, por lo que son aún mayores las interrogantes sobre su ausencia en el comunicado oficial de Costa Rica.
El haber recurrido a una declaración de la Presidencia, y no haber adoptado una resolución del Consejo de Seguridad en este mes de septiembre del 2025, posiblemente se deba al veto norteamericano que esta vez sí se iba a ejercer en aras de evitarle a Israel una enésima condena por parte de un órgano de Naciones Unidas: este pequeño detalle formal, muy pocamente analizado, evidencia el apoyo irrestricto de la actual administración norteamericana a Israel.
Cabe también indicar que en Oriente Medio, Qatar es un socio estratégico y comercial para Estados Unidos, así como para numerosos Estados europeos, como se indica en esta detallada ficha técnica elaborada por la diplomacia española para empresas españolas deseosas de invertir en Qatar. En mayo del 2025, Qatar había anunciado un aumento significativo de sus inversiones en Estados Unidos (véase nota de prensa de la agencia de noticias Reuters).
Este 15 de septiembre se anunció también una reunión urgente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas programada para el día siguiente, sobre el ataque sufrido por parte de Qatar (véase comunicado oficial de Naciones Unidas).
Un hecho insólito seguido … por provocaciones de Israel
Salvo error nuestro, es la primera vez en la historia del derecho internacional que una mediación internacional que involucra a varios Estados (en este caso a Qatar y a Egipto) entre dos partes (Israel y el Hamás) sufre un intento por parte de uno de los dos contrincantes de eliminar físicamente a los integrantes del equipo negociador en la capital del Estado mediador en la que se llevan a cabo las negociaciones.
Las declaraciones oficiales en Israel indicando que Qatar debe expulsar a los representantes del Hamás que sobrevivieron al ataque o que otros ataques podrían darse, y comparaciones hechas con Al-Quaeda por parte del Primer Ministro de Israel, provocaron una reacción vehemente de las autoridades diplomáticas de Qatar en un comunicado colgado este 11 de septiembre (véase texto completo), en el que se lee que:
«The false comparison to the pursuit of al-Qaeda after the terrorist attacks is a new, miserable justification for its treacherous practices. There was no international mediation involving an al-Qaeda negotiating delegation, with which the United States could engage with international support, to bring peace to the region at the time.
Such statements are hardly surprising coming from an individual who relies on extremist rhetoric to win elections and is wanted for international justice, facing mounting sanctions on a daily basis—factors that only deepen his isolation on the global stage.
On the other hand, the international solidarity shown with Qatar underscores that such reckless threats directed at sovereign states are categorically rejected the world over«.
Raramente se ha visto a un Estado soberano ser «agradecido» de semejante manera por otro Estado como Israel, por sus esfuerzos en una mediación internacional solicitada por este último para encontrar una solución en Gaza.
El tono empleado por Qatar en este último comunicado oficial (cuya lectura completa se recomienda), deja prever que con este ataque del 9 de septiembre, Israel sepultó años de esfuerzos de su propia diplomacia en aras de normalizar paulatinamente sus relaciones con algunos Estados de la región: un error estratégico que posiblemente tenga profundas repercusiones en la región.
En efecto, es muy posible que Israel, con esta acción en el territorio de Qatar del 9 de septiembre del 2025, genere un fuerte movimiento en su contra de los Estados de la región y más allá, y que los Estados que suscribieron los denominados «Acuerdos de Abraham» en el 2020 con Israel (bajo fuerte presión norteamericana) a saber Baréin, Emiratos Arabes Unidos, Marruecos y Sudán, reciban excitativas insistentes para dejar estos acuerdos sin efecto y suspender sus relaciones económicas con Israel: violar de manera tan flagrante la integridad territorial de un Estado como Qatar debió ser cuidadosamente ponderado por parte de Israel, y al parecer no lo fue mayormente. En este artículo titulado «The widespread fallout of Israel´s Qatar strikes«, cuya lectura completa se recomienda, se puede leer que en tela de fondo a este ataque sobre Qatar, está el drama indecible que se vive en Gaza y sus efectos sobre los Estados que han suscrito los denominados «Acuerdos de Abraham«:
«The war has also jeopardized the future of the Abraham Accords. Members of the far-right Israeli government have said that the accords did not oblige it to adhere to the two-state solution or the principle of land for peace. They have claimed that friendly relations provided sufficient incentive for its neighbors to ignore the Palestinian cause and abandon their support for the Palestinians».
Dentro de Israel, este ataque en la capital de Qatar podría aumentar significativamente el repudio de gran parte de la sociedad israelí en contra de sus actuales autoridades, en particular la indignación de los familiares de los rehenes israelíes y de otros sectores: este 14 de septiembre, en Toronto (Canadá) se realizó un foro denominado «Haaretz Conference in Toronto» (véase video), mientras que en Israel se publicó, el pasado 8 de septiembre, este artículo titulado «Israeli army refusers defy harsher backlash to protest genocide«, cuya lectura se recomienda. Este 14 de septiembre, este artículo publicado en el TimesofIsrael detalla el alcance de los daños mentales severos que sufren militares israelíes de regreso de sus operaciones en Gaza al tiempo que este artículo del 15 de septiembre publicado en este mismo medio de prensa israelí refiere a una audiencia en la Knesset sobre la tasa de suicidios dentro del ejército israelí (Nota 5).
A modo de conclusión
Como se puede observar no es la primera vez que Israel intenta provocar a un Estado en Oriente Medio, en abierta violación a las reglas más elementales que rigen el ordenamiento jurídico internacional desde 1945.
Ahora bien, a diferencia de las anteriores acciones de este tipo, esta última maniobra de Israel plantea ahora serios problemas para Estados Unidos en su relación privilegiada con Qatar en la región.
Cabe destacar que en dos días, dos provocaciones, la de Israel en Qatar el 9 de septiembre y la de Rusia enviando unos 20 drones en Polonia, Estado integrante de la OTAN (el 10 de septiembre), han dado lugar a posturas evasivas del actual ocupante de la Casa Blanca, al parecer un tanto abrumado; o al menos dando la sensación de estar totalmente desbordado por estas acciones.
De paso, con esta acción militar en Qatar, Israel torpedea como nunca antes el proceso de negociación con el Hamás con miras a un cese al fuego y al intercambio de rehenes israelíes y de prisioneros palestinos: un proceso en el que, además de Qatar y Egipto, Estados Unidos ha estado involucrado desde hace casi dos años. Con este ataque contra el equipo negociador del Hamás en Doha, Israel cierra al parecer toda posibilidad de negociar una salida con el Hamás, y pareciera sellar la suerte de sus ciudadanos capturados por el Hamás el 7 de octubre del 2023 que aún permanecen en vida y custodiados en alguna parte de Gaza por integrantes del Hamás. Raramente se ha visto a un Estado admitir (sin reconocerlo) que luego de más de 23 meses de intensos bombardeos en Gaza so pretexto de «aniquilar al Hamás» y «recuperar los rehenes isarelíes«, ha fracasado estrepitosamente al no alcanzar ninguno de estos dos objetivos militares.
Finalmente, este episodio entre Israel y Qatar permite desviar por unos días la atención mundial sobre el genocidio en curso en Gaza perpetrado por el ejército israelí, en particular al iniciarse formalmente el pasado 9 de septiembre, la apertura de la sesión anual de la Asamblea General de Naciones Unidas en este 2025. En el último informe de Naciones Unidas sobre la situación en Gaza (al 10 de septiembre) se lee (véase enlace) que:
«According to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, between 3 and 10 September, 499 Palestinians were killed, and 2,258 were injured. This brings the casualty toll among Palestinians since 7 October 2023, as reported by MoH, to 64,656 fatalities and 163,503 injuries. According to MoH, the total number includes 401 fatalities who were retroactively added on 4 September 2025 after their identification details were approved by a ministerial committee. MoH further noted that the number of casualties among people trying to access aid supplies has increased to 2,456 fatalities and more than 17,861 injuries».
Este comunicado de Amnistía Internacional del 10 de septiembre permite dar una idea de la total insensatez del accionar de Israel en Gaza, precedido de este otrodel Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, con fecha del 9 de septiembre, condenando a Israel por usar el hambre de la niñez como arma de guerra en Gaza.
– – Notas – –
Nota 1: El comunicado oficial de Costa Rica se lee de la siguiente manera:
«Política Exterior, Septiembre 11, 2025 02:04 PM
Costa Rica expresa su solidaridad con Catar
San José, 11 de setiembre de 2025. Costa Rica expresa su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Catar por el ataque de Israel contra líderes de Hamás en territorio de Catar el 09 de septiembre de 2025, el cual contraviene el derecho internacional y su soberanía territorial.
Nuestro país reitera su llamado para evitar una escalada de violencia en la región y reafirma su compromiso con el respeto a la soberanía de los Estados, al derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos mediante el diálogo.
Comunicación Institucional, 303-2025 CR solidaridad Catar, Jueves 11 de setiembre de 2025″ .
Nota 2: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Informar al mundo desde Gaza y prensa: el cerco persistente que Israel intenta mantener desde hace 23 meses, analizado desde una Costa Rica inaudible«, 5 de septiembre del 2025. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Gaza / Israel: las recientes sanciones de Estados Unidos contra la CPI, analizadas desde una Costa Rica inaudible», 20 de agosto del 2025. Texto integral disponible aquí.
Nota 4: Véase REGOURD. S.,»Raids «anti-terroristes» et développement récents des atteintes au principe de non-intervention«, Vol. 32, AFDI (Annuaire Français de Droit International ), 1986 pp. 79-103, p. 79. Texto integral disponible aquí.
Nota 5: Son múltiples los traumas con los que muchos jóvenes israelíes han regresado de Gaza, debido a su inexperiencia en el combate pero también debido al tipo de instrucciones que han tenido que obedecer en Gaza como soldados en contra de una población civil totalmente indefensa. Estos traumas son severos y persistentes: disparar contra niños, contra mujeres, contra ancianos y contra personas con algún tipo de discapacidad, largar explosivos sobre campamentos de refugiados, destruir salas de hospitales y muchas otras exacciones observadas en Gaza dejan una profunda huella en la mente de algunos de sus autores. La tasa de suicidios dentro de las filas del ejército israelí ha empezado (por fin…) a interesar a la prensa israelí: véase este artículo delTimesofIsrael de agosto del 2025 sobre tasa de suicidios y este artículo de mayo del 2025 sobre reservistas sufriendo serios traumas llamados a … volver a ponerse el informe y enviados a Gaza. Este artículo publicado en el Jerusalem Post del 23 de agosto da cuenta del deterioro generalizado de la salud mental de muchos de los soldados israelíes que han regresado de Gaza (véase enlace). No está de más añadir que Israel envía a Gaza personas extremadamente jóvenes, sin mayor experiencia militar, muchas de las cuales han fallecido al constituir un blanco muy fácil: el pasado 8 de septiembre del 2025, los cuatro soldados fallecidos al estallar su tanque en Gaza tenían uno 19 años, dos 20 años de edad y uno 21 años (véase nota del JerusalemPost). A mediados de junio, fueron ocho las bajas de muy jóvenes israelíes en un solo día (véase nota del TimesofIsrael del 15 de junio). Al iniciar junio, esta nota del TimesofIsrael también refirió a tres soldados muy jóvenes que perdieron la vida en Gaza. El 8 de julio del 2025, fueron esta vez cinco jóvenes soldados de los cuales cuatro son menores de 21 años los que fallecieron en Gaza (véase nota del TimesofISrael). El pasado 14 de julio otros tres jóvenes soldados israelíes murieron en Gaza (ver nota del TimesofIsrael): a una ofensiva militar sin sentido en Gaza desde hace más de 23 meses, ahora la sociedad israelí debe observar cómo jóvenes sin mayor preparación militar al combate caen en Gaza por falta de experiencia o regresan a sus casas vivos, con, el el caso de muchos de ellos, severos traumas que condicionarán el resto de su existencia.
Tanto en América Latina como en el resto del mundo, el trabajo experimenta transformaciones inusitadas que han reconfigurado radicalmente la manera en que este concepto era entendido jurídica y culturalmente en nuestras sociedades: vivimos un momento histórico caracterizado por el progresivo desplome de la sociedad laboral de base salarial, del empleo pleno y duradero construido en torno a la idea de la profesión, que está siendo suplantado por esquemas laborales difusos – y confusos – que sitúan ahora al trabajo fuera de los márgenes de la protección jurídica y los derechos laborales convencionales. Lo cierto, en cualquier caso, es que estamos acostumbrados a pensar la vida moderna con categorías de la sociedad industrial que hoy han perdido su actualidad: tanto la profesión y el empleo pleno como la estabilidad laboral y salarial del antiguo sistema ocupacional están siendo destronados por nuevos modelos laborales ultra-flexibles, inestables y sin relación patronal que erosionan los cimientos de aquello que nos habíamos acostumbrado a llamar derecho laboral.
Costa Rica, como es de esperarse, no escapa de estas embestidas. La profesión – y la formación que esta acarrea – ha perdido su capacidad para dar seguridad laboral y definir duraderamente la identidad de la persona trabajadora: abundan hoy los trabajos temporales, efímeros, flexibles, múltiples y escurridizos; los trabajos informales con horarios inestables, las oportunidades esporádicas, los trabajos de micro-tareas en internet, las plataformas digitales de transporte, repartición y servicios, el taxismo pirata y el marketing digital.
El sistema ocupacional convencional, que ganó terreno entre los años cincuenta y setenta del siglo pasado con la ampliación del empleo público y la alta inversión extranjera en sectores productivos, ha sido progresivamente subvertido ante nuevos esquemas laborales fragmentarios y ambiguos, en los que ya no existe una relación contractual, ni horarios fijos ni una localidad establecida. Bajo eslóganes de flexibilidad y mayor tiempo libre para quienes trabajan, las empresas nacionales y transnacionales encontraron la excusa perfecta para eximirse de obligaciones patronales y responsabilidades sociales hacia la fuerza laboral: en los trabajos informales e inestables, sobre todo los de la era digital, las relaciones laborales son laxas, por lo que muchas personas quedan al margen de la protección social y los sistemas de capitalización social – como las pensiones y el sistema salud–. Costa Rica, de esta forma, parece convertirse en una sociedad de riesgos individualizados y trabajos desregulados
El neoliberalismo de las últimas décadas, que propició situaciones de inseguridad laboral, subempleo y, sobre todo, informalidad – que en Costa Rica llega a cerca del 40% de la fuerza de trabajo, según el INEC –, así como los avances técnico-científicos de la era digital, que diluyen las nociones del espacio-tiempo de la vida cotidiana y los contratos laborales, han asegurado la creciente inviabilidad del antiguo modelo laboral. La globalización digital hace que, por ejemplo, empresas transnacionales puedan gozar de mano de obra barata de personas trabajadoras a distancia por medio de trabajos a destajo, micro-tareas y simples ‘‘mediaciones’’ entre consumidores y clientes.
Consecuentemente, la sociedad salarial del empleo pleno ahora convive con una nueva forma de trabajo con diferencias espacio-temporales y socio-jurídicas radicales: unos trabajan con garantías sociales y protecciones laborales y otros trabajan bajo precariedad e inseguridad salarial. Todo esto representa nada más y nada menos que un claro síntoma de una transición que lleva años operando en el país y que los avances tecnológicos no han hecho más que acelerar: el paso de una sociedad salarial hacia una sociedad del riesgo.
En otras palabras, ante todas estas trasformaciones el trabajo se ha convertido en ‘‘trabajo líquido’’, trabajo sin forma, demasiado escurridizo para ser regulado por los sistemas de protección social y las normativas laborales. Estamos entonces, en Costa Rica, ante el reto de proteger y regular un trabajo dinamizado que desborda nuestras leyes estancadas; estamos ante el escenario de un trabajo amorfo y una legislación estática, petrificada, que se traduce en una crisis de aplicabilidad del derecho laboral y una crónica inadaptabilidad de los sistemas de bienestar social en ámbitos como la salud y las pensiones, como bien en la formación y la educación de la fuerza de trabajo.
La incapacidad – o la cómoda y malintencionada inacción – de la Asamblea Legislativa al abordar las transformaciones del trabajo, especialmente en materia digital y tecnológica, tiene como consecuencia que muchas de las problemáticas de los trabajadores inmersos en la sociedad del riesgo – los de la informalidad y la inseguridad salarial, que no cotizan para un futuro digno – terminan siendo resultas en tribunales. Hay, por ejemplo, una judicialización de los nacientes problemas laborales de la era digital, como se evidenció cuando el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José ratificó su sentencia condenatoria a Uber por no cumplir con sus deberes patronales, considerándose que hubo una relación laboral encubierta entre la plataforma y el conductor demandante, situación que por la falta de regulación en el plenario deja a miles de conductores bajo el umbral inseguridad laboral.
En este punto, surge una pregunta central para nuestra discusión: ¿debe Costa Rica transitar hacia una formalización del trabajo digital y colocar los nuevos y volátiles esquemas laborales bajo el amparo del derecho laboral convencional?
Lo cierto, en cualquier caso, es que el derecho laboral debe repensarse a la luz de estas transformaciones; más allá de simplemente volver a aplicarse ciegamente la normativa anterior, es importante reconocer garantías sociales y derechos laborales específicos a la fuerza laboral de la era digital y de los trabajos inestables a la vez que se reconocen las particularidades de estas formas emergentes de trabajo. Aun así, varios elementos del trabajo convencional han mostrado ser rescatables, como el concepto jurídico de la subordinación – que ha sido aplicado a conductores de plataformas en varios países, como México y Chile –. Ante todo, es necesario que, ante las múltiples facetas que hoy asume el trabajo, se busquen nuevas formas de que esta actividad esté protegida y garantice una vida digna.
Costa Rica, por el contrario, parece seguir una senda diferente: el país se asoma al abismo de los retrocesos laborales, con un gobierno y un plenario enfrascados en una batalla por ampliar las jornadas laborales de 8 a 12 horas en algunos sectores productivos.
En este mes patrio, estos retrocesos no son más que una reminiscencia nostálgica de lo que antaño fuera una República Bananera.
¡Feliz día de la independencia! Para los empresarios…
* Escuela de Sociología, Universidad Nacional. Asistente investigador del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense. Exrepresentante de Costa Rica en la XXXI Olimpiada Internacional de Filosofía, Grecia, 2023.
Los tiempos de las verdaderas revoluciones han quedado atrás. Hoy, cualquier levantamiento que pretenda vestirse con el nombre de “revolución” no es más que una fachada, un montaje cuidadosamente diseñado para engañar a los pueblos. Bajo el disfraz de un cambio de régimen o de una supuesta “liberación”, lo que se esconde es la mano invisible de las élites globales que, enemigas de las tradiciones y de la soberanía de las naciones, manipulan las aspiraciones colectivas para dirigirlas hacia su propio beneficio.
Estas revueltas no nacen del clamor popular ni de la conciencia de las masas: son operaciones calculadas, instrumentos de ingeniería política y social para desarticular Estados, fragmentar culturas y someter economías enteras a los designios del capital transnacional. Las llamadas “primaveras árabes” y las “revoluciones de colores” son ejemplos paradigmáticos: nunca fueron movimientos espontáneos ni genuinamente emancipadores, sino mecanismos de injerencia, financiados y conducidos desde fuera, que dejaron tras de sí caos, ruina y pueblos aún más sometidos que antes.
Lejos de inaugurar un nuevo amanecer, estas falsas revoluciones son la noche más oscura de la política contemporánea: una estrategia de desarraigo, desintegración y nihilismo colectivo, que usa las palabras del pueblo para destruir al propio pueblo.
Una prueba clara de esta realidad se encuentra en el lenguaje estratégico de líderes como Xi Jinping y Vladimir Putin. En sus discursos, ambos evitan deliberadamente el término “transformar” o “revolucionar” y optan por “reformar”. Esta elección no es casual. “Transformar”, derivado del latín transformare (cambiar de forma), implica una ruptura radical, un cambio estructural que destruye lo existente (aunque sea bueno) para construir algo completamente nuevo. Es un término asociado históricamente con revoluciones que buscan derrocar sistemas enteros, a menudo acompañadas de caos y desestabilización.
En contraste, “reformar”, del latín reformare (dar nueva forma), no significa destruir, sino reconfigurar para fortalecer. Es un enfoque pragmático, sin mucho dogmatismo, pensado para dar estabilidad en un mundo que vive en tensión constante.La historia nos muestra que incluso en Costa Rica, José Figueres Ferrer y Manuel Mora Valverde, después de las turbulencias de los años cuarenta en el país, entendieron que el verdadero camino revolucionario o auténtica vía costarricense era la reforma: modificar lo necesario sin dinamitar los cimientos, construir futuro sobre bases sólidas.La historia les dio la razón entonces; la geopolítica se las da ahora.
En un escenario global donde potencias como China y Rusia hablan de reformar el orden internacional para adaptarlo a nuevas realidades, queda claro que la verdadera fuerza creadora del siglo XXI no está en las utopías de ruptura modernas, sino en la capacidad de reformar con firmeza y visión estratégica.
Xi y Putin abogan por reformar las instituciones internacionales, reformar sus países y promover la estabilidad en un mundo convulso. Este lenguaje refleja una visión de cambio ordenado, que preserva la soberanía y el equilibrio global, en lugar de sucumbir a la narrativa de revoluciones que, bajo la promesa de “despertar”, a menudo sirven a agendas extranjeras o corporativas que se disfrazan con la máscara de la defensa de los derechos humanos y la democracia, cuando lo menos que les interesa es eso.
La preferencia por “reformar” sobre “transformar” no es solo semántica; es una declaración de intenciones: el cambio debe ser estratégico, no disruptivo, y debe priorizar la estabilidad sobre el caos promovido por falsas revoluciones en tiempos de caos.La verdadera batalla no está en revoluciones de papel, sino en la capacidad de reformar con firmeza lo que no sirve y defender con coraje lo que debe permanecer.
El mensaje es claro: la era de las revoluciones terminó. Lo que hoy está en juego es la capacidad de reformar con inteligencia y firmeza para adaptarnos y sobrevivir en un nuevo orden global marcado por tensiones y violencia. En este escenario, lo utópico dejó de ser el horizonte, y es el peso de la realidad el que obliga al sentido común a reaccionar y a asumir decisiones concretas.El verdadero acto revolucionario es reformar con valentía lo que no funciona, y defender con firmeza lo que sí garantiza libertad, justicia y estabilidad.
Análisis de los procesos internos en los partidos costarricenses ante las elecciones nacionales
Oficialismo: Lealtad de culto y designaciones arbitrarias
El Partido Pueblo Soberano (PPSO) y los grupos afines al presidente Rodrigo Chaves operan bajo una lógica de lealtad inquebrantable al líder, priorizando la fidelidad sobre la capacidad técnica o ética. Según reportes, figuras cercanas al Ejecutivo—ministros, exfuncionarios e incluso personas con deudas con la CCSS o causas judiciales abiertas—son impuestas como candidatos a diputaciones sin procesos democráticos internos . Ejemplos claros son la inclusión de nombres como José Miguel Villalobos (abogado defensor de acusados por corrupción, crímenes violentos y narcotráfico) o Anna Katharina Müller (con todo y su imaginaria “Ruta de la Educación”), Marta Esquivel (caso Barrenador del CCSS), o hasta el ‘tiktoker’ Robert Jr. en las listas de elegibles, cuyos antecedentes generan cuestionamientos públicos.
La fallida coalición de partidos chavistas (PPSO, MOTIVA, AQUÍ CR MANDA, entre otros) evidencia fisuras por la pugna de intereses y la falta de cohesión programática. La designación “a dedo” ha provocado amparos electorales y rebeliones internas, como los observados en Alajuela y Heredia, donde bases partidarias rechazaron las imposiciones.
Oposición de los tradicionales: Autocrítica limitada y repetición de errores
Partidos como el PLN y el PUSC enfrentan una crisis de identidad y lectura social. En el PLN, la pugna entre el candidato Álvaro Ramos y los caciques históricos (Antonio Álvarez Desanti, Johnny Araya, Roberto Thompson) revela una lucha generacional fratricida. Ramos se distancia de las viejas figuras, pero la dirigencia tradicional mantiene control sobre maquinarias territoriales, frenando su capacidad de renovación . Es de reconocer, eso sí, su proceso abierto y público y que en la lista de candidatos, tanto a la Presidencia del Poder Ejecutivo como a diputados del Legislativo, no repite ningún nombre reciclado ni ex funcionarios públicos; habrá, eso sí, que ver si le alcanza para obviar su marca política desgastada, en el imaginario colectivo.
El PUSC, aunque logró definir candidatos a diputaciones, carece de una propuesta diferenciadora y sigue anclado en narrativas neoliberales que no conectan con el descontento popular. Ambos partidos insisten en estrategias desgastadas, como alianzas tardías o discursos abstractos, sin abordar problemas urgentes: inseguridad, empleo y crisis fiscal.
Partidos emergentes: Disrupción sin impacto
Agrupaciones como Justicia Social Costarricense o el Centro Democrático y Social (CDS), los últimos en entrar al ruedo electoral, aún mantienen un perfil bajo. Sus apuestas por figuras como la exmagistrada Ana Virginia Calzada —aunque estratégicamente sólida por atacar la preocupación por nuestro sistema judicial— no logran aún, a pesar de ser los últimos en aparecer, penetrar en el imaginario colectivo, por falta de estructura territorial o recursos.
Unidos Podemos y Nueva Generación repiten fórmulas de campañas pasadas: críticas al sistema sin propuestas concretas. Su influencia se limita a nichos específicos, sin capacidad de escalar a nivel nacional.
¿La excepción?: La Coalición Agenda Ciudadana (PAC-ADN)
La alianza entre Acción Ciudadana y Agenda Democrática Nacional es la única coalición formal. Claudia Dobles—arquitecta y ex primera dama—encabeza una campaña con mensaje técnico y carácter fuerte, aunque arrastra el lastre de la impopularidad de su esposo, Carlos Alvarado.
La combinación de experiencia (Omar Jiménez, José Manuel Núñez) y frescura programática (énfasis en infraestructura y transparencia) podría resonar en electores moderados. Sin embargo, deberá superar la percepción de que el PAC representa el establishment fallido de gobiernos anteriores.
El electorado indeciso: ¿Populismo o democracia?
El 57% de los votantes se declara indeciso (según última medición del CIEP), un reflejo de la desconfianza generalizada hacia la clase política. En elecciones recientes, la decisión se tomó en las últimas semanas, basada en la percepción de autenticidad y capacidad de gestión .
Hoy, el dilema es entre un populismo autoritario (encarnado por el chavismo) y la opción democrática (representada por coaliciones como PAC-ADN o figuras opositoras). La memoria histórica de Costa Rica —con su tradición de Estado social de derecho— jugará un papel clave, pero no garantiza lealtades, por el hartazgo de un pueblo harto de un sistema que deja sectores rezagados y consolida élites económicas de pocos, susceptible a ser, nuevamente, manipulado.
Conclusión: Democracia en crisis, pero viva
Las asambleas partidarias de 2026 revelan un sistema político fragmentado y en transición. Mientras el oficialismo apuesta al personalismo y la oposición repite guiones fallidos, la coalición PAC-ADN emerge como un experimento.
La ciudadanía, aunque desencantada, tendrá la última palabra. Su voto no solo definirá gobernantes, sino el futuro del pluralismo solidario histórico de nuestro pueblo costarricense.
El mundo asiste a una nueva batalla (¿la última?) por los saldos pendientes de la II Guerra Mundial, que terminó hace 80 años. Cada vez que se reúnen los protagnistas, como ocurrió con el encuentro entre los presidente Vladimir Putin y Donald Reagan en Alaska, el pasado 15 de agosto, se multiplican las especulaciones. Como si se tratara de otro Yalta (Feb 45), o de otro Potsdam (Ago 45), reuniones donde la Unión Soviética discutió con Estados Unidos e Inglaterra el nuevo orden mundial, una vez concluida la II Guerra Mundial.
Los arreglos que se hicieron entonces solo duraron 45 años, hasta el final de la Guerra Fría, cuando los ganadores de esta (¿penúltima?) batalla establecieron un nuevo orden mundial que hizo trizas los acuerdos de Yalta y de Potsdam. Se movieron fronteras, desaparecieron países, se impuso un nuevo orden basado en las reglas de los vencedores.
Como dijo en artículo reciente Phillips O’Brien, profesor de Estudios Estratégicos en la escocesa Universidad de St. Andrews, a partir de 1945 los aliados de Estados Unidos aceptaron vivir en un mundo dominado por los norteamericanos, seguros de que los protegería de una nueva guerra. Era el líder del “mundo libre”, como se denominaban ellos mismos.
Esas reglas ya no reflejan la realidad del mundo de hoy, como lo revela el escenario político mundial. O’Brien habla, en su artículo, de cómo construir un orden liberal posnorteamericano. Es un intento de prolongar esa orden liberal, conservadora, sin el papel preponderante de Washington. Los excluidos de ese orden, los derrotados en la Guerra Fría, nunca se sintieron representados por ella. Miran hacia más atrás, reivindican el papel que desempeñaron en la IIGM y exigen un nuevo orden en el que eso sea debidamente reconocido.
Preservar la memoria histórica
Es ese el escenario de una nueva etapa de esa guerra, fundada en diversas visiones de la historia. Para Rusia y China se trata de recuperar una memoria que se ha desvanecido, que no valora el sacrificio que hicieron sus pueblos para derrotar a las potencias del Eje, que ha minimizado su papel en la historia. “Los pueblos de la Unión Soviética y China cargaron con el mayor peso de la lucha y sufrieron las mayores pérdidas”, recordó Putin, en entrevista a la agencia china Xinhua, días antes de su visita a China, a fines de agosto.
En Rusia –agregó– “no olvidamos que la heroica resistencia de China fue uno de los factores esenciales que evitaron que Japón nos apuñalara por la espalda durante los oscuros meses de 1941 y 1942”, cuando las fuerzas alemanas parecían imparables, a punto de conquistar Moscú.
“Nuestros antepasados, nuestros padres y abuelos han pagado un alto precio por la paz y la libertad. Lo recordamos”, dijo, luego de firmar con su colega chino, Xi Jinping, una declaración sobre la IIGM el pasado 2 de septiembre en Beijing. Era la víspera del desfile militar con el que Beijing conmemoró los 80 años del final de esa guerra.
Esa visión compartida sobre el papel de sus países en la IIGM es vista por los periodistas del New York Times, Lily Kuo y Anton Troianovski, como la base de su desafío a Occidente. Para Rusia y China es el fundamento para la construcción de un “orden multipolar y justo, enfocado en las naciones de la mayoría global”.
Se estima que la guerra de China con el imperio japonés cobró entre 15 y 20 millones de vidas. La Unión Soviética perdió 27 millones de soldados y civiles.
No es solo una preocupación histórica. La visión de los hechos de entonces se proyecta hoy en el debate sobre el (des)orden mundial.
Lo cierto es que solo por interés político se puede minimizar la importancia de esa participación en la guerra, recogida en la imagen de la bandera soviética ondeando en el techo del Reichstag a fines de abril de 1945. O el Treptower Park, donde un monumento al ejército soviético está medio oculto en un discreto parque de Berlín. Pero allí está (todavía), recordando esa historia.
Esto no es cosa del pasado
Este rescate del pasado contrasta con la situación en algunos países europeos, “donde los monumentos y las tumbas de los liberadores soviéticos son profanados de manera bárbara o destruidos y se borran hechos históricos inconvenientes”, se lamentó Putin.
“El militarismo japonés está reviviendo bajo el pretexto de amenazas imaginarias rusas o chinas, mientras en Europa, incluida Alemania, se están dando pasos hacia la remilitarización del continente, sin tener apenas en cuenta los antecedentes históricos”, agregó.
Para conmemorar el 80° aniversario de la victoria de la URSS en lo que ellos llaman la “Gran Guerra Patria”, y la victoria de China en la “Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa”, los dos países firmaron una Declaración Conjunta sobre la profundización de su asociación estratégica de cara a una Nueva Era.
En un artículo publicado por la Brookings Institution, que podemos traducir por “China y Rusia conmemoran la historia para reimaginar el orden internacional”, los académicos Kainan Gao y Margaret M. Pearson afirman que los dos países “comparten una obsesión con la historia”.
Se trata, en este caso, de una alternativa China a la narrativa occidental sobre la victoria aliada que destaca principalmente su propio papel en el conflicto.
El artículo hace un análisis de diferentes instrumentos jurídicos que fueron dando forma al orden internacional después de la IIGM y de la diferente interpretación que las partes hacen de esos documentos, en particular de la Declaración del Cairo, de 1943; la Proclama de Potsdam, de 1945y el Tratado de Paz de San Francisco, de 1951.
Todo esto tiene que ver, entre otros temas de actualidad, con el derecho de China sobre Taiwán y otras islas del Pacífico y los mares de China Oriental y Meridional. A medida que la Guerra Fría se iba instalando en el mundo, “y la amenaza del comunismo en Asia crecía, Estados Unidos perdió interés un sancionar a Japón”, afirman.
En realidad, ya había hecho lo mismo en Alemania, donde viejos nazis se incorporaron al gobierno de Adenauer, mientras científicos alemanes contribuían a desarrollar la bomba atómica en Estados Unidos.
“El desacuerdo entre China y Estados Unidos sobre la fuente legítima del derecho internacional está relacionado con sus diferentes percepciones de los orígenes del orden internacional de la posguerra”, afirman. “Los Estados Unidos lo han entendido como un orden mundial liberal, mientras que China lo interpreta como un orden de posguerra”.
Construyendo un nuevo orden
El desfile militar de China el 3 de septiembre –dicen Kainan y Pearson, “se organizó, en parte, para recordar las contribuciones y sacrificios de China durante la Segunda Guerra Mundial” y defender así “el orden internacional inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial”.
Xi presentó su visión de ese nuevo orden mundial en cinco puntos para una Iniciativa de Gobernanza Global. Todos los países, independientemente de su tamaño, fuerza o riqueza, deben participar y beneficiarse por igual de la gobernanza global, señaló.
Vale la pena consignar aquí la opinión del fundador del gigante ruso del aluminio, Oleg Deripaska, citado por Laura Zhou en el South China Morning Post, diario de Hong Kong: “Un sistema de pago basado en el yuan es crucial para construir el mundo multipolar que China ha estado pidiendo”, afirma, señalando un aspecto clave para el desarrollo de ese proyecto.
“Para convertirse en una potencia global –agregó– China deberá acelerar sus esfuerzos para expandir un mercado de deuda basado en el yuan e impulsar el uso de la moneda china en las liquidaciones financieras internacionales”.
Ríos de tinta
La propuesta de la creación un “nuevo orden” mundial provocó ríos de tinta en los medios internacionales.
Alexandra Sharp comentó, en las páginas conservadoras de Foreign Policy que, con una cumbre de dos días centrada en impulsar la inversión en el este de Asia y un desfile militar con invitados de alto perfil, Beijing pretendía “señalar el surgimiento de un nuevo mundo multipolar moldeado en gran medida por China y sus aliados”.
Antoaneta Roussi dijo en Politico que la cumbre realizada en Tianjin con países de Eurasia y el desfile militar en Beijing estaban diseñados para consolidar su influencia y defender la visión de un “orden mundial multipolar”.
La postura de Pekín es contundente afirman medios rusos. Se trata de “rechazar los bloques de la Guerra Fría y restaurar el sistema de la ONU como única base jurídica universal”. Esto supone una crítica directa al «orden internacional basado en reglas” impuesto por Occidente después de la Guerra Fría.
Occidente tuvo su siglo, el futuro pertenece ahora a estos líderes, en opinión de Farhad Ibragimov, un analista especializado en el espacio post soviético. Opinión similar tiene Tarik Cyril Amar, un académico que enseña en el Departamento de Historia de la Koc University en Estanbul, para quien “está surgiendo de forma imparable un nuevo orden mundial centrado en Eurasia y el Sur Global”.
En tono más polémico, Fyodor Lukyanov, editor jefe de Russia Global Affairs y director del Club de Valdai, compara los cambios actuales con los ocurridos al final de la Guerra Fría. Reagan puso fin a la Guerra Fría en los términos de Washington, consolidando su papel como única superpotencia. “Trump y Putin están poniendo un punto final de ese período. La era unipolar está terminada”.
A modo de coda
Si esas son las raíces de los conflictos actuales, no menos complejo resulta descifrar las señales de un mundo en que las viejas alianzas han saltado por los aires y el papel de los actores en el escenario internacional han sufrido transformaciones pocas veces vistas en años recientes.
El renovado papel de China y Rusia en ese escenario es el primer elemento a destacar. Pero es en el “otro lado”, en Occidente, donde todo parece menos ortodoxo, donde es más difícil dar seguimiento a las muy diversas expresiones de esas nuevas políticas.
Como dijo Peter Baker en el NYT el pasado 14 de septiembre, “en una era de profunda polarización, la unidad no es la misión de Trump”. Nos referimos, por ejemplo, al distanciamiento entre Washington y Bruselas; al criterio de aplicación por Washington de aranceles a antiguos aliados; o a la renovada retórica de una agresiva política hacia América Latina, que parece difícil de sustentar en el escenario internacional actual. Y a la cada vez más insostenible situación de un país cuya deuda se acerca ya a los 37 millones de millones de dólares, casi tan grande como la de los otros países de economías avanzadas.
Pero no solo eso. El ruidoso escenario internacional a ratos barre para debajo de la alfombra la situación por la que atraviesan algunas de las principales naciones europeas.
El británico Keir Stamer se hunde en las encuestas, sin poder cumplir sus promesas de campaña. Algo similar enfrenta el alemán Friedrich Merz, cuyo plan para recuperar la economía alemana tampoco encuentra formas de arrancar, mientras el presidente francés ve caer a su sexto primer ministro, luego de que una propuesta para enfrentar el déficit fiscal y la creciente deuda pública mediante recortes presupuestarios provocara la caída del gobierno de François Bayrou.
Pero, en el clima actual, “donde hay una crisis tan profunda, el hecho de que estos líderes estén debilitados políticamente en casa no importa tanto”, en opinión de Peter Ricketts, exasesor de seguridad nacional británico y exembajador en Francia.
«Starmer, Merz y Macron son belicistas insufribles», dijo el economista norteamericano Jeffrey Sachs. Los une su espíritu guerrero frente a Rusia. Riesgosa amenaza para un mundo que ya vivió dos guerras mundiales en poco más de un siglo. Y que ve, de nuevo, armarse a Alemania y a Japón, donde políticos y militares ponen fecha para una guerra que se ha transformado en instrumento de su supervivencia política.
¿Por cuánto tiempo podrán esos líderes defender su proyecto de incremento de gastos militares? Para eso tendrán que mantener viva la idea de la “amenaza rusa”, que Moscú califica de histeria carente de sentido, reiterando que no tiene ninguna intención de atacar países europeos.
