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¿Secreto de estado o peligroso secretismo?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

Aunque uno se prepare mentalmente para iniciar una semana ocupada en otros menesteres, con estos desgobiernos que nos toca soportar, es casi imposible. Ahora doña Laura Virginia nos «regala” una de sus primorosas ocurrencias en un decreto ejecutivo, en el que declara secreto de Estado, hasta el menú de su desayuno. Pero dejando la ironía aparte, utilizada solo para bajar el estrés que nos produjo el susodicho decreto, el asunto es sumamente grave.

Cuando fui diputado entre 1982 y 1986, fui el primer legislador en la Historia de Costa Rica que llevó ante los Tribunales a un presidente de la República porque, en síntesis, Don Luis Alberto Monge no me quería entregar un informe sobre el sector agropecuario y por ello lo había declarado «secreto de Estado». Alegué que era un atentado al derecho de información y que, además, ese informe no era un secreto de Estado. Como no existía la Sala IV fue la Corte Plena la que dio el fallo a mi favor y lo más importante por lo que nos ocupa, definió qué es un secreto de Estado y dijo » …los secretos políticos y así también los de seguridad, sólo constituyen secretos de Estado cuando se refieren a los medios de defensa o a las relaciones exteriores…».

Entonces, de acuerdo con lo anteriormente dispuesto por la Corte Plena y por lo tanto creando jurisprudencia, no estarían incluidos aspectos como los procesos de contrataciones y de compra de equipos, los resultados de las pruebas del polígrafo y datos de la empresa que los hace y su costo; sin entrar a detallar la extensa lista de artículos, bienes y suministros protegidos como «secreto de Estado», debo mencionar uno de extrema gravedad: plataformas tecnológicas, infraestructura, consultorías y servicios especializados con obligación estricta de confidencialidad para los consultores, contratistas y demás sujetos privados que presten servicios, aunque sea en forma ad honorem.

Ajeno a que ese listado, que lleva a un manejo oculto y sin restricciones de una serie de procedimientos administrativos en las dependencias que estén bajo la dirección de la Presidencia de la República: la DIS y la Fuerza Elite, así como la Policía Fiscal y todo el componente del Ministerio de Seguridad Pública, hay un aspecto que no puede pasar inadvertido. Es fácil hacer creer al ciudadano que todo este aparataje es necesario para combatir el narcotráfico, y sí, en mucho puede ser cierto, pero no en todo. Porque detrás de ese montaje, está su seguridad personal y el uso indebido de sus datos, pues con este decreto podrían contratar, sin saberlo los costarricenses, a las agencias de espionaje israelí como el Mossad y Pegaso cuya intervención en los procesos electorales de Honduras, Argentina, Chile, Colombia, y los propios Estados Unidos es harto conocido. Fue Rodrigo Chaves, a cuyo cargo están los ministerios de Hacienda con la Policía Fiscal y el de la Presidencia con la DIS, por ejemplo, el que anunció su decisión de contratar el Mossad para perseguir a los evasores fiscales, cuando el tema hacendario dentro de la estructura de esa agencia casi no tiene importancia, como si lo tiene el de espionaje e intervención electoral por medio de plataformas tecnológicas y algoritmos. Además, resulta muy coincidente que Rodrigo Chaves como ministro haya pedido a la CCSS todos los datos de las personas aseguradas y de las empresas… luego, con un teclado, alguien podría pasarlos al Mossad.

Es obvio que el malhadado decreto de Laura Virginia, estructurado y escrito en otros ámbitos gubernamentales y llevado a su despacho para la firma, es sumamente peligroso, muchas aguas contaminadas corren por su cauce, con el peligro real de provocar con sus secretismos, una epidemia de autocratismo que mate nuestras libertades. Así que, como dicen: ojo al Cristo y mano a la chuspa.

Costa Rica muestra un estancamiento en la generación de empleo en los últimos siete años

Escrito en . Publicado en Análisis.

Roxana Morales Ramos
Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía, UNA

UNA Comunica. OC-176-2026. Según los resultados de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el mercado laboral costarricense muestra un marcado estancamiento. Aunque en el último año la población ocupada aumentó en 29.429 personas, en el II trimestre de 2026 se contabilizaron 2.182.916 personas ocupadas, prácticamente la misma cantidad que siete años atrás (apenas 279 menos que en el II trimestre de 2019). Este comportamiento contrasta con la evolución de la producción nacional, ya que el PIB real aumentó un 25% entre 2019 y 2025. En otras palabras, la economía ha crecido significativamente durante este período, pero ese crecimiento no se ha traducido en un aumento proporcional del número de personas ocupadas.

Fuente: OES-UNA con datos de la ECE del INEC.

En contraste, la cantidad de personas desempleadas se redujo en 131.890, al pasar de 295.580 en el II trimestre de 2019 a 163.690 en el II trimestre de 2026 y la tasa de desempleo disminuyó de 11,9% a 7,0%.

Fuente: OES-UNA con datos de la ECE del INEC.

Esta aparente contradicción se explica, en buena medida, por la salida de 132.169 personas de la fuerza de trabajo en el mismo periodo. Al dejar de participar en el mercado laboral, ya no se contabilizan como desempleadas, por lo que la tasa de desempleo disminuye a pesar de que no aumenta la cantidad de personas ocupadas.

Nota: Nota: Se utiliza una escala recortada en el eje vertical para facilitar la apreciación de las variaciones.

Fuente: OES-UNA con datos de la ECE del INEC.

¿Qué tipo de empleo se generó durante el último año?

Más allá del estancamiento del empleo en el largo plazo, los resultados de la ECE muestran diferencias importantes en las características de los empleos generados durante el último año, según sexo, formalidad, nivel educativo, actividad económica, nivel de calificación y región de planificación.

En los últimos 12 meses, la población ocupada aumentó en 29.429 personas, de las cuales 48.8% fueron hombres y 51.2% mujeres, lo que evidencia un crecimiento del empleo prácticamente similar entre ambos sexos.

En cuanto a la formalidad, del total de nuevas personas ocupadas, 15.616 (53%) se incorporaron a empleos formales y 13.813 (47%) a empleos informales. Este último resultado se concentró en las mujeres: el empleo informal femenino aumentó en 16.452 personas, de las cuales 12.156 corresponden a servicio doméstico, mientras que entre los hombres el empleo informal disminuyó en 2.639 personas.

Por nivel educativo, aunque a nivel nacional el empleo registró un incremento neto, la cantidad de personas ocupadas disminuyó entre quienes tienen primaria incompleta (-7.279) y entre las personas con estudios universitarios (-12.085). En los demás niveles educativos, el empleo aumentó en 48.793 personas, más que compensando las reducciones registradas en estos dos grupos.

Con respecto al nivel de calificación, se mantiene la tendencia observada durante los últimos trimestres: la generación de empleo se concentra en ocupaciones de calificación media (+24.409) y alta (+25.923), mientras continúan perdiéndose empleos en ocupaciones no calificadas (-21.387).

Las diferencias también son marcadas según la rama de actividad económica. Los sectores que más empleo generaron fueron Comercio y reparación (+30.198), Construcción (+27.401) y Enseñanza y salud (+18.983). En contraste, las mayores pérdidas se registraron en Actividades profesionales y administrativas de apoyo (-27.504), Industria manufacturera (-26.012) e Intermediación financiera y de seguros (-25.303).

Al desagregar los resultados por sexo y rama de actividad económica, también se observan diferencias importantes:

· Entre las mujeres, el empleo neto aumentó en 15.060 personas. Las mayores pérdidas se registraron en Intermediación financiera y de seguros (-14.659), Hoteles y restaurantes (-10.427) y Actividades profesionales y administrativas de apoyo (-7.600). En contraste, los mayores incrementos se observaron en Comunicación y otros servicios (+22.526), Enseñanza y salud (+9.029) y Administración pública (+7.568).

· Entre los hombres, el empleo neto aumentó en 14.369 personas. Las mayores pérdidas ocurrieron en Industria manufacturera (-23.096), Actividades profesionales y administrativas de apoyo (-19.904) y Comunicación y otros servicios (-13.680). Por su parte, la mayor creación de empleo se concentró en Comercio y reparación (+29.659), Construcción (+28.074) y Enseñanza y salud (+9.954).

Empleo regional: una recuperación desigual

El aumento del empleo registrado durante el último año presenta diferencias importantes entre las regiones de planificación. Entre el II trimestre de 2025 y el II trimestre de 2026, la población ocupada aumentó en 29.429 personas a nivel nacional, equivalente a un crecimiento de 1,4%. Sin embargo, este resultado estuvo concentrado principalmente en la Región Central y la Región Huetar Norte, que en conjunto explicaron cerca de nueve de cada diez nuevos puestos de trabajo. La Región Central incorporó 15.617 personas ocupadas (+1,1%), mientras que la Huetar Norte registró el mayor crecimiento relativo, con 10.786 personas adicionales (+6,4%).

Las demás regiones presentaron variaciones más moderadas. La población ocupada aumentó en 3.752 personas en la Región Chorotega (+2,3%) y en 3.572 en la Huetar Caribe (+2,0%). Por su parte, la Región Pacífico Central prácticamente no registró cambios, mientras que la Región Brunca fue la única que experimentó una reducción, con 4.271 personas ocupadas menos (-3,0%).

Costa Rica: población ocupada según región de planificación. IIT 2025 y IIT 2026.

Ocupada

Población ocupada

IIT 2025

IIT 2026

Variación Abs.

Variación %

Región Central

1.378.867

1.394.484

15.617

1,1%

Región Chorotega

166.352

170.104

3.752

2,3%

Región Pacífico Central

118.728

118.701

-27

0,0%

Región Brunca

141.430

137.159

-4.271

-3,0%

Región Huetar Caribe

178.951

182.523

3.572

2,0%

Región Huetar Norte

169.159

179.945

10.786

6,4%

Total

2.153.487

2.182.916

29.429

1,4%

Fuente: OES-UNA con datos de la ECE del INEC.

No obstante, la lectura cambia sustancialmente cuando se amplía el horizonte de comparación hasta el II trimestre de 2019, previo a la pandemia. La Región Central, que concentra la mayor cantidad de puestos de trabajo del país, registra 36.666 personas ocupadas menos que en 2019, una reducción de 2,6%. También la Región Huetar Caribe se encuentra por debajo del nivel previo a la pandemia, con 5.750 personas ocupadas menos (-3,1%). En contraste, las regiones Chorotega y Pacífico Central superan los niveles de 2019 en 25.850 (+17,9%) y 10.527 personas (+9,7%), respectivamente. La Región Huetar Norte también presenta un aumento, aunque más moderado, de 5.137 personas (+2,9%), mientras que la Brunca prácticamente mantiene el mismo nivel, con 623 personas ocupadas adicionales (+0,5%).

Costa Rica: población ocupada según región de planificación. IIT 2019 y IIT 2026.

Ocupada

Población ocupada

IIT 2019

IIT 2026

Variación Abs.

Variación %

Región Central

1.431.150

1.394.484

-36.666

-2,6%

Región Chorotega

144.254

170.104

25.850

17,9%

Región Pacífico Central

108.174

118.701

10.527

9,7%

Región Brunca

136.536

137.159

623

0,5%

Región Huetar Caribe

188.273

182.523

-5.750

-3,1%

Región Huetar Norte

174.808

179.945

5.137

2,9%

Total, país

2.183.195

2.182.916

-279

0,0%

Fuente: OES-UNA con datos de la ECE del INEC.

Estos datos evidencian que el estancamiento del empleo a nivel nacional oculta marcadas diferencias entre regiones: mientras algunas superan los niveles de empleo de 2019, otras aún se mantienen por debajo.

Turismo: más empleo en el último año, pero aún por debajo del nivel prepandemia

La evolución del empleo en el sector turístico presenta un patrón similar al observado a escala nacional: un aumento durante el último año (+2.836), pero menos personas ocupadas que previo a la pandemia. En el II trimestre de 2019 había 176.232 personas ocupadas, mientras que en el II trimestre de 2026 la cifra se ubicó en 167.661, es decir, 8.571 personas menos.

Fuente: OES-UNA con datos de la ECE del INEC.

Además, el crecimiento neto del empleo registrado durante el último año en el sector turismo estuvo concentrado en los hombres, ya que mientras la cantidad de hombres ocupados aumentó en 7.423, el número de mujeres ocupadas se redujo en 4.587.

El perfil de los nuevos empleos también muestra diferencias importantes. Entre los hombres, la mayor parte de los puestos generados correspondió a personas de 45 a 59 años, con ocupaciones de calificación media, trabajadores independientes y en condición de formalidad. En contraste, la reducción del empleo femenino afectó principalmente a mujeres de 35 a 44 años, quienes se desempeñaban como trabajadoras independientes.

Según el nivel de calificación, la creación de empleo se concentró exclusivamente en ocupaciones de calificación media (+19.307). Por el contrario, los empleos de calificación alta (-4.296) y no calificados (-12.175) registraron reducciones durante el último año.

Al analizar las actividades económicas, entre las mujeres la mayor pérdida de empleo ocurrió en Provisión de alimentos y bebidas (-9.259). Aunque se registró creación de puestos de trabajo en Actividades culturales (+3.432), Agencias de viajes y otros servicios de reservas (+1.155) y Actividades deportivas y recreativas (+755), estos incrementos no fueron suficientes para compensar la pérdida de empleo en otras actividades, por lo que el saldo neto fue una reducción de 4.587 puestos de trabajo.

Entre los hombres la generación de empleo se concentró en Alojamiento para visitantes en estancias cortas (+4.763), Transporte de pasajeros por vía aérea y marítima (+1.934) y Agencias de viajes y otros servicios de reservas (+1.242). Las pérdidas de empleo fueron relativamente reducidas y se concentraron en Alquiler de vehículos, Provisión de alimentos y bebidas y Actividades deportivas y recreativas, con una disminución conjunta de 1.295 puestos de trabajo. Como resultado, el empleo masculino registró un incremento neto de 7.423 personas durante el último año.

Conclusión

Los resultados de la ECE muestran que el crecimiento de la economía costarricense no se ha traducido en una expansión equivalente del empleo. Siete años después, el país registra prácticamente la misma cantidad de personas ocupadas, pese al aumento en el nivel de producción. La reducción de la tasa de desempleo durante este período debe interpretarse, por tanto, con cautela, ya que estuvo acompañada por una disminución significativa de la participación laboral.

En el último año, la recuperación del empleo ha sido heterogénea, con diferencias importantes según sexo, formalidad, nivel educativo, calificación, actividad económica y región. Asimismo, el sector turismo, pese al incremento registrado en este período, todavía no recupera el nivel de empleo previo a la pandemia.

En síntesis, el principal desafío del mercado laboral no es únicamente reducir el desempleo, sino lograr que el crecimiento económico genere más y mejores puestos de trabajo y que estos se distribuyan de manera más amplia entre las distintas regiones y grupos de población.

11 de agosto de 2026

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Tratados comerciales: Un sendero que exige rectificación

Escrito en . Publicado en Análisis.

A propósito del desatino económico y moral de un Tratado de Libre Comercio con Israel

Luis Paulino Vargas Solís
Economista
Profesor e investigador independiente jubilado
lpvaso@gmail.com

Las reglas que dieron forma a la globalización y, en especial, las normativas que fundaron la Organización Mundial del Comercio (OMC) como asimismo los tratados sobre comercio e inversiones gestados a la sombra de la OMC, imponen serios obstáculos que frenan el avance al que aspiran los países menos desarrollados.

Costa Rica también ha sufrido esos efectos, en particular debido a que su proyecto de desarrollo ha priorizado la atracción de inversiones transnacionales para zonas francas y ha hecho de los tratados bilaterales una herramienta de política fundamental.

El modelo económico resultante da lugar a importantes falencias estructurales: una economía dualizada que genera múltiples desequilibrios, asimetrías y contradicciones.

Es necesario que el país ponga en pausa la firma de nuevos tratados a fin de abrir un proceso de deliberación ciudadana y diálogo político que permita rectificar y enderezar las cosas. En ese marco, resulta improcedente pensar en un tratado con Israel y mucho más puesto que la relación comercial y de inversiones entre ese país y Costa Rica es insignificante.

No hay ninguna razón económica objetiva que justifique ese tratado, puesto que nada en la realidad nos dice que de ahí pueda sacarse algún beneficio. Pero, además, hay gravísimos cuestionamientos, que circulan profusamente alrededor del mundo, en vista de la violentísima acometida del ejército y el gobierno israelí contra de la población civil palestina. Lo cual permite advertir acerca del absurdo total que implica pretender plantear los temas de la economía desprendidos de la moral y la ética.

Para ampliar este enfoque, le invitamos a descargar el análisis completo:

Haz clic para acceder a Tratados-Comerciales-Rectificacion_TLCIsrael-desatino-LuisPaulinoVargasSolis.pdf

Defender la democracia y el Poder Judicial. El pueblo participa, habla y decide

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupo[1]

Ha sido admirable la masiva la manifestación en defensa de la democracia y el poder judicial, derechos e institucionalidad que han sido conquistados socialmente y hoy defendidos, ante la aberrante posición del poder ejecutivo del actual gobierno, que en otro afán de subordinarlo y condicionar la actuación pública del poder judicial, lo acusa de efectuar un “golpe de Estado”, por el hecho de plantear que el poder legislativo cumpla con sus obligaciones constitucionales que afectan derechos ciudadanos y las labores del poder judicial del Estado.

La autonomía de los poderes del Estado de ningún modo implica que cada poder sea absolutamente autónomo, libre de efectuar lo que se le antoje e incluso que incumpla sus obligaciones públicas y constitucionales. La autonomía del poder ejecutivo, legislativo y judicial, son poderes relativos, ningún poder es absoluto ni independiente de los otros poderes del Estado ni de la situación y condición nacional. Los poderes del Estado tienen responsabilidades con la sociedad a la que debe servir y velar por su bienestar y progreso.

La pretensión de debilitar o afectar el desenvolvimiento de algún poder estatal, no solo incumple sus facultades y obligaciones constitucionales, también son atentados contra el pueblo, porque es un poder creado y dependiente de la sociedad para cumplir funciones públicas, no privadas ni ser autónomo del escrutinio y valoración pública ni subordinada a otros poderes, en democracia ningún poder público puede eximirse de sus obligaciones con los otros poderes del Estado ni de la sociedad. Ningún poder formal, ética ni jurídicamente puede autonomizarse de sus responsabilidades públicas, de los derechos ciudadanos ni de la institucionalidad pública.

En ese sentido, los magistrados del poder judicial cumplen con su obligación con lo mandatado por la Constitución de la República. ¿Los poderes autónomos del Estado pueden ser observados, criticados o incluso demandados?, por supuesto, el poder Judicial, la Contraloría, como desde la facultad del soberano, del pueblo, de la ciudadanía, que democráticamente puede cuestionar y censurar a poderes que transgreden los derechos ciudadanos y la institucionalidad pública. La gran manifestación es una protesta contra todo intento de subordinar el poder judicial y de privatizar las instituciones del quehacer público. Las manifestaciones en defensa del poder Judicial y de la Carta Magna son expresiones democráticas contra los intentos dictatoriales del actual gobierno.

El poder ejecutivo cree tener la facultad absoluta del Estado, porque imagina que el proceso electoral lo ha garantizado, o porque tiene mayoría parlamentaria y cree poder controlar el rumbo, desempeño y decisiones de la Asamblea Legislativa, convirtiéndola en un medio que atenta contra la democracia y la autonomía legislativa, controlando y corrompiendo a legisladores para que actúen por consignas del partido político del gobierno, falsificando ilegítimamente la representatividad social de los diputados. Ese poder estatal no es democrático, es dictatorial. La ambición absolutista del ejecutivo expresa la ignorancia de un poder torpe y ciego, que desconoce nuestra realidad al transgredir derechos y la institucionalidad conquistada históricamente.

La omnipotencia gubernamental del ejecutivo, no es un relato difamatorio, es real y concreto ante el irrespeto a la Constitución de la República al desfinanciar a las Universidades públicas, de incumplir con sus responsabilidades financieras con la Caja Costarricense del Seguro Social, de impedir la devolución del ROP a los pensionados, de imponer nuevos impuestos que afecta dramáticamente a los sectores populares, etc., son atentados contra el fundamento constitutivo del Estado moderno costarricense. Las políticas públicas no son atributos del Estado, son construcciones sociales demandadas y conquistadas por el pueblo que los gobiernos tienen la obligación de satisfacer, el que las incumpla, las distorsione o las manipule, son expresiones dictatoriales contra lo público y la sociedad costarricense.

La pretensión gubernamental de capturar, controlar y subordinar al poder judicial para monopolizar, concentrar y centralizar el poder estatal es un absurdo camino que pretende conducirnos hacia la construcción de un ente estatal atrasado, a una regresión social temporal y espacial, lo que la sabiduría popular califica como un rio revuelto para la ganancia de dictadores, traidores, delincuentes e ignorantes.

El gobierno se encamina hacia la construcción de un ente atrasado, oligárquico y servil a intereses ajenos del pueblo y la nación, por ello la actuación del poder judicial de morigerar los desaciertos funcionales del poder legislativo, es una decisión acertada que actúa como una resistencia contra las ambiciones de poder absoluto, que tiene visos imperiales como ya ocurre en otras naciones latinoamericanas.

[1] Catedrático pensionado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

¿Quién dijo que la defensa de las instituciones es acrítica?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Jorge Mora Alfaro

En algunas ocasiones, los pensamientos de diversas tonalidades, expuestos con la intención de aclarar el proceso que vive actualmente la sociedad costarricense, pueden resultar ajenos a los requerimientos de una coyuntura extraordinaria y no percibir lo esencial del momento histórico que vive el país.

Hoy el llamado es a defender la democracia, sus instituciones y normas más representativas. Lo que tenemos enfrente no es una simple «reforma del Estado», sino un intento de destrucción de las bases del sistema democrático.

¿Tiene deficiencias y anacronismos nuestra democracia?

¡Claro que sí!

¿La han socavado las políticas de austeridad?

¡También!

¿Se ha aprobado legislación que limita el funcionamiento de las instituciones, debilita la organización, la movilización y la protesta social y deteriora los ingresos del funcionariado público?

¡Sin duda!

El deterioro de los servicios de salud y educación, la reducción del presupuesto de las universidades públicas, el recorte del financiamiento de los programas sociales y el abandono del apoyo a los productores nacionales se han profundizado en los últimos cuatro años. Pero, este proceso tiene su origen desde hace varias décadas, con la instauración de un modelo que ha relegado el bienestar de la población.

En el momento actual, lo primero es la unidad de quienes entienden el peligro de perder la democracia. Esta, con sus defectos, sigue siendo preferible a cualquier forma de autoritarismo.

El reto hoy es arrebatarle la narrativa engañosa a quienes ocupan la conducción del Gobierno y, en forma mayoritaria, del Poder Legislativo. Estos han venido venciendo en la batalla cultural, al instalar su discurso entre sectores con mayores necesidades o con sentimiento de abandono por parte del Estado.

Los “hijos predilectos” del régimen son otros. En el discurso entronizado por el continuismo, los culpables varían según el momento y las circunstancias: hoy ese papel le es asignado al Poder Judicial, a sus jerarcas en particular y, como en otros momentos de nuestra historia, a los «comunistas».

¿Cómo olvidar la consigna cargada de odio: si es calderonista o comunista, “no le hable, no le compre, no le venda»? Originada en la Costa Rica polarizada de 1948 y multiplicada en su uso durante la posguerra.

El uso actual de expresiones similares, refleja, a pesar del discurso de cambio, la intención de regresar a un pasado ya superado por la sociedad costarricense.

Sin embargo, la preeminencia de la narrativa oficial, paso a paso, ha comenzado a modificarse. Los demócratas, con distintas visiones y diversos pensamientos, han comprendido la necesidad de sacar la política del lodazal donde la han colocado quienes, por esa vía, pretenden alcanzar el control total del sistema institucional.

Han entendido el grave peligro en el cual se encuentra nuestra democracia.

Una buena parte de las personas a quienes las opciones electorales no les satisfacen —aproximadamente un tercio del padrón electoral— ha comenzado a abandonar la apatía y a reincorporarse a la vida social y política.

En esta coyuntura, se impone la unidad de liberales, conservadores, personas con pensamientos ubicados a la derecha del espectro político, las distintas variantes del progresismo, cristianos, organizaciones sociales, funcionarios públicos, estudiantes y otros sectores de la ciudadanía.

La tarea es ardua.

El «plantón» del 6 de agosto expresa un cambio en la narrativa predominante en el país y la disposición de la sociedad civil a organizarse y movilizarse en defensa de sus instituciones y de la democracia, para evitar el avance hacia el autoritarismo.

¿Sos de los que está vendiendo el futuro por un plato de arroz con pollo?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por JoseSo (José Solano-Saborío) para SURCOS / Entre Verdades y Opiniones

Vengo oyendo en la calle y en Redes Sociales qué poco a poco se incrementa el número de testimonios de chavistas arrepentidos de su voto en febrero pasado. Un poco muy tarde. Sin embargo, creo que a muchos otros los perdimos del todo, hablemos de quienes son:

El banquete efímero y la factura eterna

¿Hasta qué punto somos dueños de nuestro destino y de nuestra propia historia? ¿En qué momento el hambre del presente —o la ilusión de una recompensa inmediata— se vuelve tan poderosa que nos hace hipotecar el bienestar del mañana?

En la antigüedad, la narrativa bíblica inmortalizó una escena que hoy resuena con una fuerza pasmosa en nuestra realidad política: Esaú, cansado y hambriento, le vendió su primogenitura, su herencia y su futuro a su hermano Jacob a cambio9 de un simple plato de lentejas. Un trato desigual, un intercambio efímero donde lo momentáneo devoró lo permanente.

Hoy, en la Costa Rica de nuestro tiempo, esa parábola cobra vida de una manera casi cinematográfica. ¿Cuál es el equivalente moderno de ese plato de lentejas? Para muchos, parece ser un plato de arroz con pollo.

¿Qué estamos entregando realmente?

Detengámonos un momento a reflexionar y hagámonos las preguntas incómodas, esas que el método socrático nos obliga a confrontar sin filtros:

¿Qué vale más: la lealtad fugaz hacia una gira o un mitin político, o la estabilidad social de todo un país?

¿Es un intercambio justo aplaudir a figuras como Rodrigo Chaves o Laura Fernández a cambio de un “a-pollo” (un apoyo) que, en la práctica, se traduce en desfinanciar los pilares que sostienen a los más vulnerables?

¿Hemos medido el costo real de lo que se está entregando a cambio de esa efímera sensación de pertenencia?

La letra pequeña del contrato social

Cuando se aplaude sin reservas, rara vez se mira la letra pequeña del contrato que estamos firmando con nuestro silencio y nuestra complacencia. Ese supuesto apoyo tiene un costo altísimo, pagado con los derechos y la seguridad de la ciudadanía:

El golpe a la niñez y la educación: Recortes profundos en programas sociales tan sensibles como miles de becas Avancemos, o los más de 40 mil millones de colones menos para el programa de CEN-CINAI, que alimenta y cuida a la infancia más necesitada.

Recortes al presupuesto del Poder Judicial en un momento crítico, limitando las herramientas necesarias para combatir frontalmente la creciente ola de inseguridad.

El bolsillo de la mayoría: Una propuesta fiscal regresiva que amenaza con tocar la Canasta Básica, elevando el impuesto del IVA del 1% al 13%, golpeando directamente la mesa de los hogares costarricenses de menores ingresos.

Las promesas rotas y las sombras en el camino

A este panorama de recortes y cargas tributarias se suman las sombras del engaño y la desconfianza institucional:

La “agarrada de monos”: La promesa de campaña tan sonada sobre devolver el ROP (Régimen Obligatorio de Pensiones) que quedó en el olvido, transformándose en una ilusión más para los trabajadores.

La infiltración y la impunidad: El delicado informe que advierte sobre el posible nexo de 122 policías de la Zona Sur con redes de narcotráfico, contrabando y trata de personas, un síntoma alarmante de la descomposición institucional que no podemos permitirnos minimizar.

¿Vale la pena el precio?

Volvamos la vista al relato bíblico. Esaú sació su hambre por unas horas, pero perdió su legado para siempre.

Hoy, la pregunta queda abierta para cada uno de ustedes, tanto en este espacio de Entre Verdades y Opiniones con JoseSo como en las líneas de esta columna: ¿Vamos a seguir cambiando nuestro bienestar, nuestra seguridad y nuestro futuro por un plato de arroz con pollo, o es momento de exigir cuentas antes de que la factura sea imposible de pagar?

Pero cierro con los dos casos más dramáticos. Por un lado, los que ni siquiera reciben el arroz con pollo, pero siguen al pastor de su congregación qué les predicó que tener conciencia de clase se volvió pecado. Por el otro, los que solo lo apoyan porque «qué rico cómo insulta a los ladrones de cuello blanco», cerrando los ojos ante una realidad evidente: impulsan exactamente la misma agenda de venta de activos como el BCR, la intención de cerrar la CCSS o depositar la carga fiscal sobre la clase media trabajadora, e irónicamente conviven con ellos en las mismas burbujas de lujo, como en Monterán.

Pero hay esperanza… el jueves 6 de agosto pasado, un pueblo auto convocado, de manera orgánica, diverso y pacífico pero enérgico, reunió a miles para decirle al oficialismo que el Estado Social de Derecho democrático costarricense se defiende y se respeta.

Vaya contraste, de los que van a comer arroz con pollo y los que si importar pronósticos fallidos de lluvia, caminan donde sea la convocatoria para defender a su Patria.

De Tontos, Tonterías, Tonteras…, de hacerse el tonto y de los retontos

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Tamaño alboroto hizo la fracción de los 31 diputados del Partido Pueblo Soberano, en la Asamblea Legislativa, cuando el diputado del Frente Amplio Edgardo Araya manifestó, diciendo con cariño, que la presidenta se hacía la tontita. No la trató de tonta. Tan solo dijo que a su entender parecía que se hacía la tontita.

El alboroto fue para suspender la sesión de trabajo de la Asamblea Legislativa, cuando estaba a pocos minutos de cerrarse el debate de “control político”, que así se tiene establecido en la agenda de trabajo de los diputados, momento en el cual los legisladores pueden referirse libremente a los temas de la vida política nacional, que incluye el balance, análisis o críticas del comportamiento público de quienes integran los Poderes Públicos, entre ellos el del Ejecutivo, presidido por la mujer Laura Fernández.

El alboroto se expresó en el ruido, casi griterío que se estimulaba a realizar contra la expresión del diputado, por parte de los diputados representantes del Gobierno, defensores a ultranza de la presidenta, y por el desorden y caos causado por la presidenta del Poder Legislativo, que de inmediato suspendió la sesión, y abrió los micrófonos para pedir, llamando a sus diputados, que se refirieran a la frase coloquial costarricense de hacerse el tonto.

Esta frase no es solo propia de nuestro lenguaje, sino que se usa en todo el continente y más allá. En la lengua inglesa también se usa. Recuerdo la famosa película de “Tonto y Retonto” o “Dumb and Dumber”, de 1994. Coloquialmente puede compararse con “hacerse el ruso”, “hacerse el sueco”, o en lenguaje más tico “hacerse el maje”.

El alboroto fue ruidoso en ese instante. No tuvo ninguna trascendencia a los medios de comunicación escritos. Fue show para uno de los canales que abanican al Gobierno. Pero, entendámonos un poco con los conceptos.

Tonto es un adjetivo. Como tal describe o ubica a una persona con escasa inteligencia, que es torpe, que le falta sentido común, que actúa con ingenuidad o sin malicia, que realiza actos o dice cosas absurdas o ilógicas. Un tonto es la persona que le cuesta comprender las cosas, que no tiene juicio, que se deja engañar fácilmente, por lo que comete errores pequeños o sin importancia.

También se puede comprender como tonto a una persona que padece deficiencia mental, que carece de inteligencia y por ello actúa ingenuamente. El diputado Araya no se refirió en este sentido.

Históricamente el concepto se remonta a Roma, al “tondus” que se empleaba para señalar a las personas que les faltaba profundidad en el pensamiento, que se consideraba que no pensaba bien, que no tiene sesos o que tiene la cabeza hueca. A estas personas les daban un cosco en la cabeza para producir un sonido hueco como “tonk”. De ahí también son también los vocablos atontar, atontado y tontillo…

Así, el tonto es la persona que actúa con poca inteligencia, imprudentemente o sin comprensión de determinadas situaciones, por lo que sus actos son irreflexivos o insensatos. La persona tonta es la que puede equivocarse por falta de información, experiencia o datos, por lo que puede aprender y corregir fácilmente. Ser tonto es parte del ser humano. Es una condición temporal. No es un sinónimo de imbécil, lo que tampoco dijo el diputado Araya. Es importante distinguir esto.

Al tonto le falta contexto o saber, por lo que puede corregir cuando se le ayuda o cuando ve la realidad con claridad. El imbécil se niega a aceptar la realidad que le produce su actuación. Se niega a aceptar su equivocación haciéndola una trinchera de combate ofendiéndose si se le corrige, pues no pone de su parte para aprender.

Hasta en la Biblia se usa el concepto de persona “tonta”, como “necio” e “insensato” también, no para destacar la inteligencia de la persona sino para señalar su falta de sabiduría y su rechazo a Dios. Igualmente para describir a las personas que ignoran los consejos buenos y hacen el mal. En la Biblia los tontos pierden el control con mucha facilidad y hacen locuras (Proverbios 14:17), como sucedió con la reacción de los diputados de gobierno. En la Biblia el tonto se cree todo lo que le dicen, por lo que se enojan fácilmente…mientras los sabios perdonan.

Ser tonto no califica la capacidad mental. No destaca un problema de la mente. Exhibe la toma de malas decisiones. El orgullo de la persona tonta le coloca en el punto de que no necesita aprender de nadie.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, DRAE, describe tonto a la persona que tiene poca inteligencia, entendimiento o razón, que tiene torpeza para actuar o tomar decisiones. En las relaciones amistosas y de confianza se usa sin mala intención y como broma, sin ofender la capacidad mental de a quien se le dirige esa condición. En la expresión del diputado Araya, me parece, que fue más el señalamiento de que la presidente, torpemente actúa o toma decisiones. La tontería refiere a las cosas de poco valor.

En el DRAE, también se dice que tonto puede usarse como insulto leve, falta de respeto sin que sea una grosería fuerte. Me parece que el diputado Araya no le dio ninguno de estos contenidos.

Puesto así, la tontería es la expresión que hace el tonto, es la forma como el tonto se expresa, como refiere sus palabras, dichos o hechos sin sentido, seriedad o importancia.

Una tontería es también una cosa de poco valor o sin importancia, referida a cualquier objeto, o persona sin que eso sea una falta de respeto. Lo que destaca lo que somos es lo que hacemos.

Tonterías son, en síntesis, lo que dicen los tontos, palabras, ideas y actos. Decir tonterías es exhibir la cualidad del tonto, muchas veces en lenguaje que no se entiende o carece de sentido, como a veces se expresa el copresidente Rodrigo Chaves, que no se le entiende nada, mezclando su lenguaje, como lo ha hecho, con gruñidos… emocionalmente sintiéndose animal… Como le decía la Madre a Forrest Gump en la película homónima: “la estupidez se demuestra con los actos”.

Si una perrera es el lugar que se tiene destinado para control o refugio de perros, o de animales abandonados, y donde se albergan, la “tontera” la podemos considerar como el lugar donde se concentran, ubican, residen o viven los tontos.

Espero, sinceramente, que el Edificio Legislativo no se convierta en una “tontera”, con un grupo de diputados que actúan como tontos, sin madurez ni sensatez.

Puestas así las cosas, en el español coloquial es válido decir hacerse el tonto, para indicar perder el tiempo, comportarse con poca sensatez, para fingir que no se entiende algo, porque no se ve o no conviene verse y tratarse; porque se quiere hacer algo de manera disimulada, sin planearlo, procurando resultados por sorpresa, o como también se dice coloquialmente hacer cosas a tontas y a locas, sin reflexión, de cualquier manera y sin orden.

El jueves se realizó un llamado Plantón, un encuentro cívico ciudadano inmenso por su movilización, en la Plaza de la Democracia, y por sus réplicas en más de 20 ciudades y pueblos del país. La cantidad de ciudadanos movilizados el jueves, técnica y profesionalmente contados, como se ha hecho, da más de 100.000 ciudadanos movilizados.

No fue una concentración contra el Poder Ejecutivo como tal. Fue un llamado de atención para que el Poder Ejecutivo modere la forma de relacionarse con los Poderes públicos, con los ciudadanos, con los críticos de su actuación, con los medios de comunicación.

Fue un llamado para que no se disminuyan los fondos y presupuestos del Poder Judicial, de las universidades públicas, de las ayudas sociales, para que el ROP sea devuelto a sus legítimos dueños, para que se elimine el congelamiento de salarios y pensiones que se tiene desde hace cuatro años.

Fue un llamado para detener las manifestaciones autoritaristas, antidemocráticas, militaristas, amenazadoras de establecer un régimen de fuerza, un estado de sitio, un autogolpe de estado que acabe con la Democracia costarricense.

Fue un llamado para que cese la falsa campaña que el Ejecutivo Nacional realiza constantemente contra las bases institucionales del país.

Fue un llamado para que se respete el Estado de Derecho y la independencia real de los poderes del Estado en sus funciones, que les son propias, exclusivas e indelegables. Fue un llamado a los diputados, especialmente a la fracción de los 31 diputados de Gobierno, que respeten la lista de magistrados suplentes que les fue enviada y procedan a conocerla y votarla como corresponde.

El mismo jueves por la tarde los órganos y medios de comunicación al servicio, y pagados por el gobierno, trataban de insinuar a los radioyentes y televidentes que la concentración era casi un verdadero fracaso. Decían que apenas se distinguía del pequeño grupo de ciudadanos que acompañó a la Presidenta, sus ministros y algunos otros funcionarios ante la Corte Suprema de Justicia, para la presentación de un escrito acusatorio contra cuatro magistrados.

Actuar de esa manera era hacerse los tontos frente a la realidad de la movilización y de lo que sucedía en las calles.

El viernes pasado, con la contundencia que fue reconocida por los medios de comunicación escritos, había personas que con relación a esto se empeñaron en seguir haciéndose los tontos. Como avestruces. Insistieron en disminuir la marcha patriótica, el encuentro inmenso de ciudadanos en la Plaza de la Democracia y en las distintas ciudades y pueblos del país en apoyo al Poder Judicial, a la independencia de poderes y a la Democracia costarricense.

Quienes así siguen actuando no son tontos, ni se hacen los tontos. Su problema principal es que los que quieren seguir haciéndose los tontos pasan a la categoría de retontos. Un retonto es quien tiene una condición que lo hace tonto de remate.

Si se trata de discutir los términos con que la presidente se refiere a veces, como lo hizo con la magistrada Patricia Solano, colocándola como la más fea de las feas, como la “refea”, como la llamó, o como el copresidente Chaves se refirió en una ocasión a la presidenta Laura Chinchilla, llamándola la “totalmente desguabilada mental e intelectualmente”, entonces se deberían hacer unas sesiones parlamentarias para discutir los términos con que estos funcionarios se expresan cotidianamente.

De esto, tal vez, lo bueno sea que a partir de ahora, todos los diputados del gobierno, la presidenta y el copresidente y ministro de la Presidencia y de Hacienda, que son los voceros del mal hablar y de ofender, moderen también su lenguaje, porque lo que es bueno para la gansa lo es para el ganso.

Espero que se deje de actuar como tontos o como retontos.

Les recomiendo a todos ver la película “Tonto y Retonto”, (Dumb and Dumber, de 1994), disponible en Google Play.

El insulto como método de gobierno: una amenaza para la democracia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).

 

“Cuando la descalificación sustituye al argumento, el problema deja de ser una cuestión de estilo: el ejercicio del poder comienza a deteriorar el debate público, las instituciones y la convivencia democrática.”

Hay palabras que, pronunciadas por un ciudadano cualquiera, pueden resultar ofensivas. Pero cuando salen de la boca de quienes ejercen el poder político adquieren otra dimensión: llevan consigo el peso de la investidura, la autoridad institucional y una enorme capacidad de amplificación.

Por eso debería preocuparnos la degradación del lenguaje político que emana de las más altas esferas del Poder Ejecutivo costarricense.

El insulto, la descalificación personal, la expresión vulgar y el ataque contra quienes cuestionan al Gobierno se han incorporado al repertorio de la comunicación política, primero durante la administración de Rodrigo Chaves y ahora bajo su continuismo. Esto no puede despacharse como una simple cuestión de estilo, temperamento o libertad de expresión. Cuando la ofensa se convierte en una herramienta recurrente del poder, sus consecuencias trascienden a la persona atacada: degradan el debate público y erosionan la confianza en las instituciones.

Una democracia necesita confrontación de ideas, crítica y cuestionamiento. Necesita periodistas que investiguen, ciudadanos que fiscalicen, órganos de control independientes y tribunales capaces de adoptar decisiones incómodas para quienes gobiernan. Lo que no necesita es que el desacuerdo se convierta en una guerra de descalificaciones.

Cuando la discrepancia tiene rostro de mujer

Particularmente preocupante ha sido la forma en que desde el poder se ha descalificado a mujeres que ejercen funciones públicas, periodísticas o de fiscalización. No se trata de atribuir automáticamente una motivación misógina a cada episodio, sino de reconocer un patrón de menosprecio que no debería normalizarse.

Durante el gobierno de Rodrigo Chaves hubo episodios suficientemente graves como para provocar llamados de atención de la Asamblea Legislativa. En junio de 2023, el Congreso aprobó, con 41 votos, una moción para llamar la atención al entonces presidente por sus comentarios contra la diputada Monserrat Ruiz y pedirle que no fomentara la violencia política contra las mujeres.

En febrero de 2024, después de que la diputada Gloria Navas cuestionara la política de seguridad del Gobierno, Chaves respondió que era “una persona que se ha sentado en la galleta sin hacer nada”. Treinta y nueve diputados aprobaron posteriormente una moción para exhortarlo y llamarle la atención por sus ataques contra Navas.

Ese mismo año, la diputada Sofía Guillén fue llamada por Chaves “diputadilla comunista y resentida social”, luego de que criticara a la diputada oficialista Pilar Cisneros.

Tampoco las periodistas escaparon de esta retórica. En el caso de Vilma Ibarra, el señalamiento público realizado desde Casa Presidencial llegó al terreno de acusaciones que la periodista consideró difamatorias.

No es necesario demostrar que cada expresión obedeciera a una motivación específicamente misógina para advertir su carácter degradante. Basta observar que mujeres que ejercían funciones de representación, fiscalización o periodismo fueron convertidas reiteradamente en blanco de ataques personales desde la cúspide del poder político.

El continuismo también está en las palabras

Lo significativo es que esta cultura discursiva no parece haber desaparecido con el cambio de Gobierno.

Laura Fernández llegó a la Presidencia como continuadora del proyecto político de Rodrigo Chaves. No sería correcto afirmar que ambos gobiernos son idénticos, pero sí resulta legítimo advertir una continuidad en determinada forma de relacionarse con quienes ejercen funciones de control o discrepan del Ejecutivo.

En febrero de 2026, Fernández cuestionó públicamente a la contralora Marta Acosta y manifestó que “doña Marta ya cumplió su ciclo en la Contraloría General”, por lo que esperaba que se apartara del cargo. Añadió que debía hacerle “un favor a Costa Rica” y dar espacio a perfiles más frescos. La discusión sobre la gestión de la Contraloría es legítima. Lo cuestionable es que la jefa del Poder Ejecutivo solicite públicamente la salida anticipada de la jerarca de un órgano constitucional de control.

Pero el episodio más ilustrativo ocurrió en mayo pasado, durante el enfrentamiento con la magistrada Patricia Solano. Después de que Solano calificara de “hostil” una reunión con la presidenta, Fernández respondió: “¿Pero qué quería que le llevara rosas? ¿Que le llevara una serenata?”. Luego ironizó sobre “la de la galleta María y el tecito” y calificó de “acusetas” a quienes hicieron público el contenido de la reunión. Puede discutirse la posición de la magistrada. Lo que resulta difícil justificar desde una comunicación presidencial responsable es que el desacuerdo se transforme en burla personal.

En junio, Fernández volvió a dirigirse a Solano: “Doña Patricia Solano, usted le está fallando a este país”, y sostuvo que ella y el presidente de la Corte deberían dar espacio a “otra persona con sangre fresca”.

En este contexto es importante decir que una cosa es exigir explicaciones al Poder Judicial. Otra es convertir a magistrados y jueces en protagonistas de una confrontación personal desde la Presidencia.

Inmunidad no es impunidad

Hay otro elemento que merece consideración. Los altos funcionarios de la República cuentan con prerrogativas constitucionales destinadas a proteger el ejercicio independiente de sus funciones. En el caso de quien ejerce la Presidencia, el artículo 151 de la Constitución establece que no puede ser perseguido ni juzgado penalmente sin que previamente la Asamblea Legislativa declare que hay lugar a formación de causa. Esa protección procesal no es una licencia para actuar al margen de la ley ni elimina la responsabilidad constitucional del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, cabe preguntarse si la existencia de ese fuero puede generar, en algunos casos, una sensación de protección frente a las consecuencias personales de las palabras pronunciadas desde el poder. Y esa sensación puede convertirse en envalentonamiento: decir aquello que probablemente se mediría con mayor cuidado si no existiera esa barrera institucional frente a eventuales responsabilidades.

El problema no es la existencia de la inmunidad. El problema sería utilizar, consciente o inconscientemente, la protección que brinda el cargo como una suerte de escudo psicológico para expresarse sin el sentido de responsabilidad que debería acompañar a quien ocupa la Presidencia.

La inmunidad constitucional fue concebida para proteger la función pública, no la descalificación, el insulto o la humillación.

Del argumento a la descalificación

Cuando una diputada cuestiona una política gubernamental, corresponde responder con datos. Cuando una periodista formula una pregunta incómoda, corresponde contestarla. Cuando una contralora objeta una decisión administrativa, corresponde aportar argumentos jurídicos y técnicos. Cuando una magistrada discrepa del Ejecutivo, corresponde defender la posición gubernamental dentro de los canales institucionales.

La democracia funciona precisamente porque existen personas e instituciones capaces de decirle “no” al poder.

Las palabras, además, cumplen una función política. Pueden desacreditar, intimidar y estigmatizar. Y cuando provienen de quien ocupa la Presidencia de la República, su capacidad de amplificación es incomparablemente mayor.

No se trata de exigir gobernantes silenciosos. La crítica severa al Poder Judicial, a la prensa, a la Contraloría o a cualquier órgano del Estado forma parte de la democracia. La cuestión es cómo se ejerce esa crítica desde el poder.

No debemos normalizarlo

La continuidad entre ambos gobiernos debería preocuparnos precisamente por eso. No porque sean idénticos, sino porque puede observarse una forma semejante de responder a la crítica: personalizar el desacuerdo, desacreditar al interlocutor y sustituir el argumento por la confrontación.

Las democracias no siempre comienzan a deteriorarse con una ruptura constitucional. A veces el deterioro comienza cuando el insulto se vuelve normal, el adversario es presentado como enemigo y quienes ejercen funciones de fiscalización son atacados por cumplirlas. Ese proceso tiene un nombre: normalización.

Costa Rica ha construido buena parte de su convivencia democrática sobre instituciones sólidas, el respeto a la legalidad y la convicción de que ningún gobernante está por encima de las reglas. Nada de eso debería darse por garantizado.

Porque insultar es fácil. Lo difícil es gobernar: responder con argumentos cuando las preguntas incomodan, aceptar límites cuando una institución independiente contradice al Ejecutivo y soportar la crítica sin convertir al crítico en enemigo. La investidura no concede licencia para humillar. El poder no otorga derecho a degradar al adversario.

La democracia puede sobrevivir a una discusión áspera. Lo que difícilmente puede soportar indefinidamente es que desde el poder se convierta la descalificación en método, el insulto en argumento y la humillación en espectáculo.

Porque cuando desde el poder el insulto sustituye al argumento, algo más que el lenguaje comienza a degradarse: se degrada el ejercicio del poder, se degrada el debate público y, poco a poco, se degrada la democracia misma.

Imagen: https://educrea.cl/wp-content/uploads/2018/05/DOC2-cartillaeducativa-democracia-convivencia-democratica.pdf

Situación política actual en Venezuela (un mapa político en plena reconfiguración)

Escrito en . Publicado en Análisis.

José A. Amesty Rivera

Se ha dicho muchas veces que el 3 de enero de 2026, marcó un antes y un después en la historia reciente de Venezuela. La captura y posterior secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas de EEUU, abrió una situación completamente nueva, un país sometido a una fuerte influencia externa en materia política y económica, un gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, una oposición dividida y un pueblo que sigue siendo el verdadero protagonista de la historia.

Diversos medios internacionales han señalado que las negociaciones políticas, y el proceso de transición están fuertemente condicionados por la participación de Washington, para unos, esa presencia es una garantía de estabilidad; para otros, representa una forma de intervención que afecta la soberanía nacional del país.

Desde una mirada latinoamericana, cuesta aceptar que el futuro de un país sea definido bajo la influencia de una potencia extranjera; más allá de las diferencias que puedan existir con el gobierno de Nicolás Maduro y el rumbo de la Revolución Bolivariana, la participación directa de EEUU vuelve a poner sobre la mesa un viejo debate, el derecho de los pueblos a decidir su propio destino sin presiones externas.

En este nuevo escenario pueden identificarse, de manera general, cinco grandes sectores políticos y sociales, caractericemos:

La oposición tradicional, el regreso de los viejos actores

El primer sector está formado por la oposición llamada tradicional; son dirigentes y partidos que durante años participaron en elecciones, en la Asamblea Nacional y en distintos procesos de negociación con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a veces confrontaban al gobierno y otras veces se sentaban a dialogar.

Hoy este sector vuelve a tener protagonismo con dirigentes como Dinorah Figuera y otros representantes de la Asamblea Nacional de 2015, quienes regresaron al país para participar en las conversaciones con el gobierno de Delcy Rodríguez; su apuesta es una transición negociada que permita acordar reformas políticas y convocar nuevas elecciones.

Un ejemplo de esta posición es que consideran preferible llegar a acuerdos, aunque eso implique negociar con antiguos adversarios; al mismo tiempo, dentro de la propia oposición hay quienes cuestionan estas conversaciones, porque dirigentes como María Corina Machado o Edmundo González no participan directamente en la mesa principal, esta diferencia muestra que la oposición tampoco es un bloque unido.

El chavismo institucional

El segundo sector es el chavismo que continúa al frente del gobierno y está encabezado por Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y otros dirigentes que durante años formaron parte del núcleo de dirección de la Revolución Bolivariana.

Su discurso gira alrededor de tres ideas principales: mantener la estabilidad del país, evitar un vacío de poder y recuperar la economía después de años de crisis, también sostienen que es necesario negociar para lograr el levantamiento de las sanciones y recuperar la normalidad institucional.

Por ejemplo, cuando el gobierno participa en conversaciones con actores internacionales, argumenta que lo hace para evitar un mayor deterioro económico y proteger el funcionamiento del Estado.

Sin embargo, muchos simpatizantes del propio chavismo observan una contradicción; mientras el gobierno sigue reivindicando el legado de Hugo Chávez, buena parte de las decisiones políticas y económicas parecen depender de acuerdos, donde USA tiene una influencia importante. Esta situación ha generado dudas y críticas incluso entre antiguos dirigentes chavistas.

La izquierda chavista llamada “crítica”

Quizá el cambio político más interesante sea el crecimiento de una izquierda chavista, que se declara opositora al gobierno, sin dejar de reivindicar el pensamiento de Hugo Chávez.

Dirigentes como Elías Jaua, Reinaldo Iturriza, Tony Boza, entre intelectuales, y comunicadores como Mario Silva han expresado diferencias importantes con el rumbo actual; aunque cada uno tiene su propio estilo y sus propios matices, coinciden en una idea central, consideran que el proyecto bolivariano no puede mantenerse si termina dependiendo de decisiones tomadas o supervisadas desde Washington.

Por ejemplo, algunos de ellos han planteado que defender la soberanía nacional debe estar por encima de cualquier acuerdo político, otros insisten en la necesidad de reconstruir la organización popular desde las comunas, los movimientos sociales y las bases del chavismo.

Documentos como la llamada “Declaración de Maracay” insisten precisamente en defender la Constitución, la soberanía nacional y el rechazo a cualquier forma de intervención extranjera.

Esta corriente no busca volver al viejo sistema político anterior a Chávez, ni convertirse en una oposición de derecha, lo que plantea es recuperar el proyecto original de la Revolución Bolivariana, corrigiendo los errores del madurismo y evitando que el país quede bajo la influencia de intereses extranjeros.

El pueblo chavista

Fuera de los partidos existe un actor mucho más grande, el pueblo chavista. Millones de venezolanos siguen sintiendo admiración por Hugo Chávez y recuerdan como importantes los avances sociales alcanzados durante los primeros años de la Revolución Bolivariana, pero este pueblo ya no piensa exactamente igual.

Un sector sigue apoyando al gobierno de Delcy Rodríguez, porque considera que, en las circunstancias actuales, representa la mejor opción para mantener la estabilidad y evitar una crisis aún mayor.

Otro sector continúa siendo profundamente chavista, pero cuestiona el rumbo que ha tomado el gobierno; no necesariamente milita, junto a Elías Jaua o Mario Silva, pero comparte la preocupación por la pérdida de soberanía y por la creciente influencia de EEUU en la política nacional.

Es común escuchar frases como, “Yo sigo siendo chavista, pero esto no era lo que Chávez quería”, o también, “Primero está la patria y después las diferencias entre nosotros”, este tipo de comentarios refleja una discusión que hoy existe en muchos barrios, comunidades y espacios populares.

Más que una división ideológica, se trata de distintas maneras de entender cómo defender el legado de Chávez en las condiciones actuales.

La mayoría popular

Finalmente existe un amplio sector de venezolanos que no se identifica plenamente con ninguno de los grupos anteriores.

Son trabajadores, campesinos, comerciantes, estudiantes, profesionales, pensionados y jóvenes que durante años han vivido las consecuencias de la crisis económica, las sanciones, la polarización política y la migración, muchos simplemente quieren que el país vuelva a funcionar con normalidad.

Por ejemplo, para una madre lo más importante puede ser conseguir medicinas; para un joven, encontrar empleo sin tener que emigrar; para un pequeño comerciante, que haya estabilidad económica; para un campesino, producir sin tantas dificultades.

Este sector discute todos los días y lo que espera es que haya seguridad, servicios públicos, oportunidades de trabajo, instituciones que funcionen y una economía que permita vivir con dignidad.

En buena medida, el éxito de cualquier proyecto político dependerá de su capacidad para responder a estas necesidades concretas.

Una nueva etapa de la política venezolana

Todo indica que el viejo mapa político venezolano está cambiando. Durante más de veinte años parecía que todo se reducía a dos bandos, chavismo y antichavismo, hoy esta realidad es mucho más compleja.

Hay sectores de la oposición que prefieren negociar antes que confrontar, hay chavistas que siguen apoyando al gobierno y otros que ahora lo critican desde posiciones de izquierda, hay antiguos aliados que hoy mantienen diferencias profundas, y también existe una mayoría de ciudadanos que está cansada de la confrontación permanente.

Al mismo tiempo, muchos venezolanos/as coinciden en una preocupación común, quieren que el país recupere la capacidad de tomar sus propias decisiones, sin depender de intereses externos.

Desde una perspectiva de izquierda latinoamericana, el gran desafío consiste en encontrar una salida democrática que preserve la soberanía nacional, respete la voluntad popular y permita que el pueblo vuelva a ser el principal protagonista del destino del país.

Porque, más allá de las diferencias entre dirigentes o partidos, sigue vigente una idea que ha acompañado a América Latina desde las luchas por la independencia; ningún proyecto nacional puede desarrollarse plenamente, si las decisiones fundamentales terminan dependiendo de una potencia extranjera.

La Venezuela que surge después del 3 de enero de 2026, ya no puede explicarse solamente como una disputa entre gobierno y oposición; hoy conviven distintas izquierdas, distintas oposiciones y una mayoría popular que busca estabilidad, justicia social y soberanía. Comprender este nuevo mapa político, será fundamental para entender los debates y las decisiones que marcarán el futuro del país.

El anuncio del retiro de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI): reflexiones sobre algunas omisiones notables y el entusiasmo de Estados Unidos

Escrito en . Publicado en Análisis.

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR
nboeglin@gmail.com

El pasado 24 de julio Venezuela anunció su intención de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI): véase al respecto esta nota de la agencia alemana de noticias DW.

En las líneas que siguen presentaremos las justificaciones oficiales dadas por Venezuela y las pondremos en perspectiva al darse este anuncio hacia finales de un mes particularmente duro para la CPI, como lo fue el mes de julio del 2026: con una nueva arremetida del principal enemigo que tiene la justicia penal internacional desde sus primeros inicios en el 2002, Estados Unidos. En nuestras reflexiones referiremos también a las presiones de todo tipo ejercidas por Estados Unidos en América Latina a partir del 2002 en aras de torpedear los esfuerzos de la comunidad internacional tendientes a dotarla de una justicia penal internacional: este pequeño recorrido histórico permitirá entender mejor que apenas 10 días después de que Estados Unidos anunciara una campaña contra la CPI en este mes de julio del 2026, Venezuela procediera al anuncio objeto de estas reflexiones.

La justificación oficial de Venezuela

En el «tweet» del actual jefe de su aparato diplomático, se pueden leer las únicas razones oficiales que invoca Venezuela para tomar su decisión, refiriéndose a un supuesto «sesgo geográfico» en la labor actual de la CPI «en detrimento del Sur Global» (sic.).

Al omitir convenientemente referirse a las recientes órdenes de captura emitidas contra altas autoridades en Rusia (2023) y en Israel (2024), la justificación resulta de pronto bastante débil y hasta … algo risible: ¿un «sesgo geográfico» cuando la CPI ha emprendido acciones contra los dirigentes del principal socio de Estados Unidos en Oriente Medio, apoyados de manera incondicional por las diversas administraciones norteamericanas? Vaya vaya… ¡que «argumento» más innovador!

Con relación a una labor de la CPI que iría supuestamente «en detrimento del Sur Global» en este año 2026, omitiremos precisar las longitudes y las latitudes del extenso territorio ruso con relación a uno de los dos polos del planeta Tierra, de manera a no causar mayor sonrojo al ya causado.

Lo que podríamos calificar (con el sesgo nuestro de profesor universitario acostumbrado a evaluar a sus estudiantes) como una «justificación que padece de una pobreza extrema» en este 2026, resulta bastante notoria. Y más llamativo resulta el hecho que no haya sido mayormente detectada por analistas y comentaristas, así como por columnistas y «expertos«, usualmente siempre muy pendientes de todo lo que ocurre en Venezuela.

Más aún tratándose, en el caso de los dirigentes de Israel, de un Estado como Venezuela que, históricamente, ha recibido a refugiados y a desplazados palestinos, así como a personas heridas en proveniencia de Gaza y de Cisjordania en los últimos años, y que ha apoyado la lucha por el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. No está de más recordar que Venezuela mantiene hasta la fecha suspendidas sus relaciones diplomáticas con Israel, desde el mes de enero del 2009 (véase nota de ElPais/España), «ante la gravedad de las atrocidades contra el pueblo palestino«.

Salvo error de nuestra parte, este anuncio relacionado a la CPI de Venezuela no ha dado lugar a ningún comunicado oficial del aparato diplomático de Venezuela, que haya sido colgado en su sitio oficial (véase enlace). En este mismo sitio oficial sí se encuentra, en sentido opuesto, este comunicado oficial, del 7 de noviembre del 2021, en el que Venezuela reafirmaba ante la comunidad internacional, su firme y pleno compromiso con la justicia penal internacional de La Haya (véase enlace).

Es de tomar nota desde ya, de la poca formalidad del actual aparato diplomático venezolano, que posiblemente tenga algún tipo de explicación: enviar un primer mensaje, a modo de provocación y de paso, medir las diversas reacciones y los silencios.

Cabe precisar que esta decisión de Venezuela de este mes de julio se tomó unos pocos días después del 17 de julio, fecha aniversario de la justicia penal internacional, y que pasó en este 2026, prácticamente desapercibida (Nota 1).

El Estatuto de Roma en muy breve

Como bien se recordará, la CPI fue establecida en julio de 1998 mediante un instrumento conocido como el «Estatuto de Roma«: el texto completo del Estatuto de Roma de 1998 en español está disponible en este enlace.

Resulta oportuno recordar para quiénes no estén muy familiarizados con esta jurisdicción internacional ubicada en La Haya, que la CPI es competente para juzgar penalmente únicamente a título individual a personas (y no a Estados) que, en el ejercicio de sus funciones, cometieron, ordenaron o instigaron a la comisión de tres crímenes: el genocidio (cuya definición se encuentra en el Artículo 6 del Estatuto de Roma), los crímenes de lesa humanidad (Artículo 7) y los crímenes de guerra (Artículo 8).

La lectura completa de este último artículo 8 es particularmente recomendada a la luz de las imágenes de destrucción masiva e injustificada y de la muerte diaria de civiles en Ucrania desde el 24 de febrero del 2022 así como a la luz de las imágenes de muertes de civiles palestinos y de destrucción a gran escala que provienen de Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023: la lectura completa de este artículo 8 permite además entender mucho mejor las razones por las que tanto el Presidente de Rusia (desde marzo del 2023) como el actual Primer Ministro de Israel (y su ex Ministro de defensa) son objeto de una orden de captura emitida por la CPI desde el mes de noviembre del 2024 (véase comunicado oficial de la CPI).

En el caso de la franja de Gaza, al 25 de julio del 2026 se contabilizan casi 174.000 personas heridas, muchas de ellas de gravedad y sin acceso a medicamentos, agua y alimentos en cantidad suficientes, y 73.305 víctimas identificadas en Gaza, la mayoría siendo mujeres (10.983), niños (21.283) y personas de la tercera edad (5.100): véase último informe de Naciones Unidas al 25 de julio del 2026. Cabe precisar que las autoridades sanitarias palestinas únicamente registran cuerpos identificados de personas fallecidas en Gaza, y no contabilizan los cuerpos de personas sin identificar, por lo que se estima que son muchas más las personas fallecidas en Gaza y que muchos son los cuerpos que aún permanecen bajo los escombros.

La denuncia del Estatuto de Roma

Como todo instrumento internacional adoptado en el ámbito multilateral, el Estatuto de Roma contiene en su artículo 127, una disposición sobre la denuncia del mismo, y que se lee de la siguiente manera:

«Artículo 127 Denuncia

1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Estatuto mediante notificación por escrito dirigida al secretario general de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la notificación, a menos que en ella se indique una fecha ulterior.

2. La denuncia no exonerará al Estado de las obligaciones que le incumbieran de conformidad con el presente Estatuto mientras era parte en él, en particular las obligaciones financieras que hubiere contraído. La denuncia no obstará a la cooperación con la Corte en el contexto de las investigaciones y los enjuiciamientos penales en relación con los cuales el Estado denunciante esté obligado a cooperar y que se hayan iniciado antes de la fecha en que la denuncia surta efecto; la denuncia tampoco obstará en modo alguno a que se sigan examinando las cuestiones que la Corte tuviera ante sí antes de la fecha en que la denuncia surta efecto».

Este artículo 127 precisa que, mientras la denuncia de Venezuela no surta efectos legales (con un plazo muy preciso de 12 meses contados a partir de la notificación de la denuncia a la Secretaría General de Naciones Unidas), la justicia penal internacional de La Haya puede continuar con sus investigaciones, recopilar información adicional a la que ya dispone, las organizaciones de derechos humanos pueden continuar enviando casos a la Fiscalía de la CPI, al tiempo que Venezuela sigue sometida a todas y cada una de las disposiciones del Estatuto de Roma como Estado Parte.

Con relación a la situación interna en Venezuela en materia de derechos humanos, este informe del 2021 de un grupo de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya alertaba de la posible comisión en Venezuela de crímenes de lesa humanidad susceptibles de interesar a la CPI, al concluir (p. 453) que:

«the Panel of Independent International Experts considers that there are reasonable grounds, that satisfy the standard of proof required by Article 53 of the Rome Statute, to believe that acts to which the civilian population of Venezuela was subjected to, dating back to at least February 12, 2014, constitute crimes against humanity, in accordance with Article 7 of the Rome Statute of the International Criminal Court, including the crimes of murder, imprisonment, torture, rape and other forms of sexual violence, persecution, and enforced disappearances as said forth more fully in this report».

En buena lógica, la OEA debería de haberse pronunciado contra la decisión de Venezuela anunciada de retirarse de la CPI en este mes de julio del 2026. Al momento de redactar estas líneas (31 de julio del 2026), no pareciera ser el caso: una actitud que resulta oportuno contrastar con, por ejemplo, el comunicado de prensa de la misma OEA al notificar Venezuela, en el mes de septiembre del 2012, su denuncia de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (véase comunicado oficial).

Estados Partes al Estatuto de Roma y criminales de guerra buscados por la CPI

Con relación a las modificaciones de las relaciones jurídicas de un Estado Parte al Estatuto de Roma, en lo que va de este año 2026 únicamente se registra por el momento (al 31 de julio del 2026) la siguiente: se trata de una nota de la Secretaría General de Naciones Unidas con fecha del 29 de mayo del 2026 (véase nota) en la que las nuevas autoridades húngaras notifican dejar sin efecto la denuncia del Estatuto de Roma realizada por Hungría en junio del 2025 (véase documento). Esta reciente decisión de Hungría del 2026 fue, por cierto, saludada por la CPI (véase comunicado oficial): de haberse materializado jurídicamente la denuncia del Estatuto de Roma por parte de Hungría se hubiese convertido Hungría en el primer Estado miembro de la Unión Europea (UE) en tomar sus distancias con la justicia penal internacional.

¿Algunos sectores políticos ocupaban, habiendo fracasado con Hungría en Europa, encontrar a otro Estado en otra región del mundo, dispuesto a denunciar el Estatuto de Roma?

Cabe recordar que, en julio del 2025, la CPI emitió una decisión condenando a Hungría por invitar al Primer Ministro israelí y no cumplir con las obligaciones derivadas del Estatuto de Roma (véase texto de esta decisión). Se trata de una decisión muy similar a otra anterior, en contra de Mongolia, al haber invitado sus autoridades (sin capturarlo) al actual Presidente de Rusia, también objeto de una orden de captura en su contra emitida por la CPI en marzo del 2023: la decisión relativa a Mongolia es del 24 de octubre del 2024, y por cierto, lleva la firma mancomunada del actual juez costarricense en la CPI (véase texto). Con relación a la no captura y entrega a la CPI del presidente de Rusia, Tajikistan también ha sido objeto de una condena por parte de la CPI, en el mes de marzo del 2026 (véase decisión).

Por cierto, estas decisiones de la CPI, que nunca fueron cuestionadas por ninguno de los 125 Estados Partes al Estatuto de Roma, confortan sin discusión alguna la idea que un jefe de Estado objeto de una orden de captura emitida por la CPI ya no beneficia de los privilegios e inmunidades de los que goza todo jefe de Estado cuando viaja en el exterior.

Pese a la claridad meridiana de estas decisiones de la CPI, existen pequeños círculos (que gravitan usualmente alrededor de las embajadas de Israel) que continúan intentando establecer un falso debate ante la opinión pública defendiendo la idea que sí se imponen estos privilegios e inmunidades sobre una orden de captura emitida por la CPI. A estos distinguidos asesores de estos pequeños círculos de influencia (incluyendo los que gravitan alrededor de la embajada de Israel en Costa Rica), debería de poder llamarles la atención un hecho sencillo de observar: la reducción bastante drástica de viajes en el exterior del presidente de Rusia y del primer ministro de Israel, desde el momento en que la CPI notificó la existencia de órdenes de arresto en su contra. ¿Qué será lo que observamos todos y que no quieren ver unos pocos?

Nótese que el nuevo alcalde de Nueva York tiene la firme intención de capturar al Primer Ministro israelí si llegara a poner un pie en la ciudad (véase nota de The Guardian del 19 de julio del 2026): desde el punto de vista estrictamente jurídico, su posición abre un interesante debate sobre las competencias que en materia policial poseen en Estados Unidos las autoridades locales, con respecto a las autoridades federales.

América Latina y el Estatuto de Roma

En este enlace figura el estado oficial de las firmas y de las ratificaciones, que registra 125 Estados Partes al Estatuto de Roma: cabe precisar que Senegal fue el primer Estado en ratificarlo en febrero de 1999, siendo Ucrania el último en haber ratificado el Estatuto de Roma, en el mes de octubre del 2024.

No resulta de más recordar que en América Latina, el primer Estado en ratificarlo fue precisamente Venezuela en el mes de junio del 2000: por lo que el anuncio de la denuncia del Estatuto de Roma por parte de sus autoridades el pasado 24 de julio mediante el precitado «tweet» cobra mucha mayor relevancia, y debiera de haber provocado un repudio mucho mayor al observado, tanto en el seno de agrupaciones de profesionales en derecho y jueces como en organizaciones latinoamericanas de derechos humanos.

En América Latina, resulta oportuno indicar que los tres últimos Estados en ratificar el Estatuto de Roma fueron Chile (2009), Guatemala (2012) y El Salvador (2016). Siempre en la región latinoamericana, son tres los Estados que, hasta la fecha, persisten en no ser Estados Partes al Estatuto de Roma: Cuba, Haití y Nicaragua.

El último informe de labores de la Oficina del Fiscal de la CPI (diciembre del 2025) se puede leer en inglés y en francés.

Con relación a América Latina, en estos momentos la CPI mantiene abierta una investigación sobre Venezuela iniciada en el 2018 (véase enlace), al tiempo que desestimó otra (siempre sobre Venezuela) iniciada a solicitud de las mismas autoridades venezolanas (véase enlace); y cerró una que tenía abierta sobre Colombia en el 2021 (véase enlace).

Con respecto a Venezuela, cabe precisar que la investigación abierta en el 2018 fue objeto de una solicitud formal a la Oficina del Fiscal presentada conjuntamente por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Perú y Paraguay (véase carta conjunta) a la que se unieron posteriormente Uruguay (véase carta) y Ecuador (véase carta) en el 2024. Aquí también, en buena lógica, estos mismos Estados debieron de haber repudiado el anuncio de Venezuela de retirarse de la CPI del 24 de julio del 2026 y veremos que … no ha sido el caso.

En este enlace de la organización en derechos humanos Human Rights Watch se explica en detalle la importancia para las víctimas en Venezuela de la labor realizada por la justicia penal internacional de La Haya.

Recientemente en El Salvador, varios expertos y organizaciones han solicitado que la CPI investigue las exacciones que sufren muchos salvadoreños, y el manto de impunidad campante que las acompaña, tratándose de exacciones que califican jurídicamente como crímenes de lesa humanidad (Nota 2). La lectura de su informe es particularmente recomendada a diversos sectores políticos en América Latina, partidarios de una «política de mano dura» contra la delincuencia organizada inspirada en la experiencia salvadoreña.

Han sido muchas las críticas hechas a la labor de la CPI, y como toda institución internacional, su funcionamiento es perfectible. Ahora bien, la posibilidad (aún remota) que se establece, en los Estados Partes al Estatuto de Roma, para que algún día las víctimas de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad o de un genocidio y sus familiares vean a sus responsables enjuiciados en La Haya, constituye una manera de mermar la sed de venganza y de revancha de muchos en el mundo: mientras que la impunidad genera ineludiblemente más violencia, la existencia de una jurisdicción como la CPI puede contribuir a frenarla.

Estados Unidos y la justicia penal internacional

Desde este punto de vista, el Estatuto de Roma constituye un valioso instrumento internacional para intentar poner fin a la impunidad campante que persiste cuando ocurren crímenes particularmente graves como el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

Resulta oportuno recordar que este tratado multilateral a vocación universal logró entrar en vigor en abril del 2002, pese a una fuerte resistencia de algunos Estados, uno en particular empecinado en torpedear a como diera lugar los alcances del Estatuto de Roma: Estados Unidos. Tuvimos la ocasión de señalar en el 2012, al cumplirse 10 años de la entrada en vigor del Estatuto de Roma que:

“Pocas veces en la historia del derecho internacional, una superpotencia habrá desplegado tanto esfuerzos, en el marco de una estrategia tendiente a minar y a torpedear sistemáticamente toda forma de apoyo a la CPI que pudiese limitar o entrabar su libertad de acción. De manera insólita, la firma del Estatuto de Roma por parte de la administración Clinton fue depositada el 31 de diciembre del 2000, último día para hacerlo (según el Artículo 125 del Estatuto de Roma), conjuntamente con Israel y con Irán” (Nota 3).

Parte de las hostilidades contra la CPI en el 2002 consistieron en dedicar intensos esfuerzos de todo el aparato diplomático de Estados Unidos para suscribir “Acuerdos Bilaterales de Inmunidad” (ABI), tendientes a resguardar al personal militar y civil norteamericano de cualquier eventual captura y envío a La Haya a solicitud de la justicia penal internacional.

En el caso específico de Costa Rica, este muy completo artículo de su excanciller en el período (2006-2010) detalla de manera muy completa el tipo de presiones recibidas para que Costa Rica suscribiera a como diera lugar, bajo amenazas comerciales incluso, un ABI con Estados Unidos (Nota 4).

Se recomienda la lectura del precitado artículo en su totalidad, tratándose además de un texto que merece una mención muy destacada: en efecto, salvo error de nuestra parte, no se cuenta con un ejercicio similar de acceso público por parte de ex jefes de aparatos diplomáticos con relación a las presiones muy similares que sufrieron los demás Estados de América Latina en aquella época. Cabe además recordar que Costa Rica fue el único Estado en Centroamérica en resistirse a firmar con Estados Unidos un ABI en el período 2005-2006, de los más de 100 suscritos por Estados Unidos en todo el mundo (véase el listado de los ABI suscritos por Estados Unidos), siendo el primero de ellos el ABI suscrito con Israel en agosto del 2002 (véase texto). Al respecto, el tipo de presiones ejercidas por los diplomáticos norteamericanos en los años 2005 y 2006 al más alto nivel en Costa Rica y las respuestas a sus peticiones dentro del aparato estatal costarricense pueden analizarse revisando estos cables confidenciales (véase cable 1 , cable 2 y cable 3 ) que fueron dados a conocer por WikiLeaks. En el segundo de estos cables confidenciales (que ameritarían una investigación profundizada no solamente limitada a Costa Rica), se puede leer que:

«After the meeting, however, Arias’s running mate Laura Chinchilla asked for a copy of the U.S.-Colombia Article 98 agreement, which we have since provided her«.

El acento puesto de nuestra parte en el caso de Costa Rica y en el hecho de que no sucumbiera a las presiones norteamericanas para firmar un ABI responde a que se considera ejemplar que la diplomacia de Costa Rica mantuviera intacta su fidelidad a los principios enunciados en el Estatuto de Roma, a diferencia, en el continente americano, de Belice, Colombia, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y varios Estados anglófonos en el Caribe.

Con respecto al pasado 10 de abril del 2026, fecha en la que se recuerda ya no la adopción sino la entrada en vigor del Estatuto de Roma (en abril del 2002), remitimos a nuestra nota escrita con relación a lo que ocurre en el Líbano y que debería interesar a la CPI, siempre y cuando las autoridades libanesas accedieran a ello, y titulada: «La justice pénale internationale et la CPI au Moyen Orient: bilan et perspectives, notamment au vu de ce qui se passe au Liban«, disponible en este enlace.

Un presidente de Estados Unidos sumamente hacendoso combatiendo de manera desvergonzada a la CPI

A penas instalado en la Casa Blanca a finales de enero del 2025, el actual ocupante de la Casa Blanca emitió sanciones contra el personal de la CPI: véase nota oficial de la Casa Blanca del 6 de febrero del 2025. Estas sanciones norteamericanas contra la CPI son insólitas, y recuerdan las viejas técnicas mafiosas tendientes a intimidar a operadores de justicia, jueces y fiscales para que no hagan su trabajo.

Se trata de un detalle en la línea de tiempo que confirma la máxima prioridad dada por la actual administración norteamericana para intentar resguardar a las autoridades israelíes de la justicia penal de La Haya.

En aquella ocasión, la máxima autoridad norteamericana no tuvo reparo alguno en mencionar directamente a Israel como principal motivo de estas sanciones. Estas sanciones de febrero del 2025 dieron origen a una reacción de repudio de 79 Estados Partes al Estatuto de Roma (de 124): véase declaración colgada en el sitio de la diplomacia de Eslovenia. Por parte de América Latina no suscribieron el texto Argentina, El Salvador, Paraguay y Venezuela.

Como ya viene siendo costumbre con las «Executive Orders» del actual ocupante de la Casa Blanca y las de su administración, estas sanciones fueron declaradas ilegales. En efecto, el 18 de julio del 2025, a modo de mensaje nada subliminal de la justicia norteamericana a los jueces de la CPI, se anunció que una jueza en Estados Unidos suspendió la aplicación del Executive Order del Presidente de Estados Unidos contra el personal de la CPI y sus colaboradores (véase nota del New York Post): se trató de una nueva decisión de la justicia norteamericana, que vino a añadirse a varias otras anteriores, declarando ilegales las diversas ocurrencias de su mandatario desde que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero del 2025.

En su decisión del 18 de julio del 2025 (véase texto integral), se lee que la jueza no quedó mayormente convencida por las motivaciones brindadas por el Poder Ejecutivo norteamericano:

«The Government says that the Executive Order advances an “ ‘important’ and ‘compelling’” government interest in “protecting the personnel of the United States and its allies from investigation, arrest, detention, and prosecution by the ICC without the consent of the United States or its allies.” Opp’n 20.5 Even assuming the importance of that government interest, the Executive Order appears to restrict substantially more speech than necessary to further that end. The Executive Order broadly prohibits any speech-based services that benefit the Prosecutor, regardless of whether those beneficial services relate to an ICC investigation of the United States, Israel, or another U.S. ally

/…/

Here too, the Executive Order appears to burden substantially more speech than necessary.

Accordingly, the Plaintiffs have established likely success on the merits of their First Amendment challenge to Section 3(a) of the Executive Order».

Algunos apuntes adicionales son relación a la decisión de Venezuela

La decisión dada a conocer por Venezuela en un «tweet» de su máximo representante diplomático debió de haber generado protestas por parte de las principales organizaciones de derechos humanos, tanto en Venezuela como fuera de ella, al buscar con esta decisión garantizar una futura impunidad a muchos responsables venezolanos de crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado en el territorio venezolano.

En el caso de América Latina, se trata del primer Estado Parte de la región en anunciar su intención de denunciar el Estatuto de Roma, lo cual debería de ser firmemente condenado y repudiado: invitamos desde ya a nuestros estimables lectores en América Latina revisar lo que han dicho sus autoridades diplomáticas desde el 24 de julio sobre Venezuela. Si no encontraron mayor comunicado de repudio, ello puede plantear interrogantes muy válidas sobre el grado de compromiso con la defensa de los derechos humanos de los venezolanos, en particular de sectores políticos abanderados en los últimos años con la lucha por la democracia y por el respeto a los derechos humanos en Venezuela.

A nivel de Naciones Unidas, este comunicado oficial del 27 de julio difundido desde el sitio del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas merece una particular mención, que contrasta con el silencio persistente de la OEA: en efecto, los diversos informes del Mecanismo de Investigación sobre Venezuela, creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas desde el 2019, están disponibles en este enlace oficial de Naciones Unidas y detallan uno tras uno, la crítica situación de los derechos humanos en Venezuela, que no ha ido sino empeorando con el paso del tiempo. El documental “De Macedonia, con amor“, realizado por activistas en derechos humanos a raíz de las protestas multitudinarias observadas el 29 de julio del 2025 en Venezuela, retrata de manera bastante completa el descontento de muchos sectores populares con las autoridades venezolanas, luego de anunciarse los resultados oficiales de las elecciones en julio del 2025.

Sí es de notar, en América Latina, la ausencia de reacciones oficiales por parte de otros Estados Partes al Estatuto de Roma, al anuncio de Venezuela del pasado 24 de julio.

Como si, desde la intervención militar ilegal de Estados Unidos en Venezuela en enero del 2026 y desde la captura de su mandatario – no menos ilegal – por parte de Estados Unidos (Nota 5), los derechos humanos de los venezolanos y la impunidad campante por los crímenes cometidos en el pasado reciente, hubiesen pasado a un segundo plano. Sobre la operación norteamericana realizada en Venezuela en la noche del 2 al 3 de enero, resulta notoria la extrema celeridad con la que la diplomacia de Israel la saludó y la celebró (véase nota del TimesofIsrael del mismo 3 de enero del 2026) y el hecho que esta primera intervención norteamericana en América Latina en lo que va del siglo XXI, únicamente fue saludada por Argentina y Paraguay (Nota 6).

Nótese que además de Argentina y de Paraguay, en los próximos días Colombia podría sumarse a este pequeño grupo de entusiastas Estados que aplauden y celebran las ilegalidades cometidas en el plano internacional por el actual ocupante de la Casa Blanca: su Presidente electo ya ha anunciado en este mes de julio que trasladará la embajada de Colombia de Tel Aviv a Jerusalén, en abierta violación al consenso internacional existente desde 1947 (Nota 7) sobre el estatuto internacional específico de Jerusalén (véase nota de la DW del 16 de julio del 2026).

A modo de conclusión

El único Estado en el hemisferio americano (y posiblemente en todo el mundo…) en saludar y en congratularse por la decisión de Venezuela de denunciar el Estatuto de Roma, fue Estados Unidos: al respecto, la lectura del comunicado oficial del Departamento de Estado (véase enlace) merece particular mención y permite entender un poco mejor las razones (no dichas) en el precitado «tweet» de la diplomacia venezolana citado al inicio de estas reflexiones. Un entusiasmo tan grande como solitario por parte de Estados Unidos delata de manera bastante clara la maniobra norteamericana, que ha encontrado en Venezuela algo que aún no ha logrado obtener de otros Estados.

Estas razones se explican aún mejor al recordarse que este «tweet» de Venezuela fue precedido de nuevas sanciones contra la CPI anunciadas por parte de Estados Unidos el pasado 13 de julio, sosteniendo sus máximas autoridades diplomáticas de manera bastante creativa (Nota 8) que se trata de una jurisdicción que «amenaza la soberanía de Estados Unidos» (sic): véase al respecto esta nota oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos el que se precisa que el objetivo consiste en «desmantelar» (sic.) a la CPI y que instrucciones muy precisas serán enviadas por Estados Unidos a los Estados Partes al Estatuto de Roma para que lo denuncien.

La línea de tiempo indica como detalle de interés, que el 10 de julio, autoridades militares de Israel que llegaron en apoyo a las tareas de rescate luego del doble sismo en Venezuela del pasado 24 de junio, se reunieron con las máximas autoridades venezolanas: la reunión sostenida fue inmediatamente celebrada por la máxima autoridad en Israel (véase nota del TimesofIsrael de esta misma fecha).

Sostener que la decisión de Venezuela de retirarse de la CPI es una decisión «libre y soberana» merecería ser matizado, en particular a la luz de todas las gestiones de diversa índole emprendidas por parte del aparato diplomático de Estados Unidos contra la justicia penal internacional en este mes de julio del 2026.

– – Notas – –

Nota 1: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «¿Impunidad o lucha por la justicia? Desde una Costa Rica ausente, apuntes con respecto al día conmemorativo de la justicia penal internacional«, 15 de julio del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 2: El Salvador ha desarrollado en estos últimos años una política represiva de «mano dura» que ha originado un reciente informe por parte de un equipo internacional de juristas, el cual recomienda realizar gestiones ante la CPI por la reiteración de crímenes de lesa humanidad en El Salvador: véanse al respecto esta nota de la FIDH del 9 de marzo del 2026 y el texto completo de este voluminoso y muy completo informe – 298 páginas – reproducido en su integralidad en el sitio de información costarricense SURCOS Digital). Se recomienda la lectura de este documento, en particular por parte de quienes alaban la política de «mano dura» de El Salvador en Costa Rica, así como en algunas otras latitudes del continente americano.

Nota 3: Véase BOEGLIN N., “A 10 años de la entrada en vigor del Estatuto de Roma: breves reflexiones desde una perspectiva latinoamericana “ en BOEGLIN N., HOFFMANN J. y SAINZ-BORGO J.C. (Ed.). La Corte Penal Internacional: Una perspectiva latinoamericana. University for Peace Press / Universidad para la Paz, San José, Costa Rica. 2012, pp. 1-16, p. 5. Obra completa con acceso al texto integral disponible en este enlace.

Nota 4: Véase STAGNO B., “Defendiendo la integridad del Estatuto de Roma: los altos y bajos del caso de Costa Rica, 2002-2008 “en BOEGLIN N., HOFFMANN J. y SAINZ-BORGO J.C. (Ed.). La Corte Penal Internacional: Una perspectiva latinoamericana, University for Peace Press / Universidad para la Paz, San José, Costa Rica. 2012, pp. 304-331. Obra completa con acceso al texto integral disponible en este enlace.

Nota 5: Véase al respecto BOEGLIN N., «Estados Unidos / Venezuela: las diversas reacciones oficiales registradas en América Latina ante primera la intervención militar norteamericana en América Latina del siglo XXI «, 3 de enero del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 6: El comunicado oficial de Argentina (véase enlace) se congratuló de la acción llevada por Estados Unidos, reproduciendo prácticamente el lenguaje y las valoraciones de Estados Unidos de una manera bastante inusual. De igual manera se pronunció el aparato diplomático de Paraguay (véase comunicado oficial). Llama la atención que, para estos dos Estados, el objetivo de la lucha contra el narcotráfico pareciera justificar acciones como la observada en la noche del 2 al 3 de enero del 2026 en Venezuela. Se les sugiere (discretamente…) revisar y evaluar en qué medida la captura ilegal del general Noriega en 1989 por parte de Estados Unidos en Panamá redujo sensiblemente los flujos de droga en dirección del mercado norteamericano.

Nota 7: Al respecto, no está de más remitir a nuestros estimables lectores en Colombia a lo que se lee en el capítulo sobre el traslado de la embajada de Costa Rica a Tel Aviv ocurrido en el 2007 y la gran cantidad de resoluciones de Naciones Unidas exigiendo el retiro de toda legación diplomática de Jerusalén, en una obra publicada en el 2013 por parte del ex canciller de Costa Rica en el período (2006-2010): véase STAGNO UGARTE B., Los caminos menos transitados: La administración Arias Sánchez y la redefinición de la política exterior de Costa Rica, 2006-2010, Editorial Universidad Nacional (UNA), 2013, pp. 29-75. Texto completo de la obra disponible en este enlace.

Nota 8: La relectura de esta nota oficial del 13 de julio del 2026 del Departamento de Estado evidencia cuan creativos son sus actuales jerarcas, y de paso, un desconocimiento bastante extraño de los fundamentos del derecho internacional público: empezando por el hecho de que, si Estados Unidos no quiere ser Estado parte al Estatuto de Roma, la CPI no tiene cómo ejercer sus competencias en un territorio que no está sujeto a su jurisdicción. Este artículo publicado en The Guardian este 16 de julio por un reconocido experto en Estados Unidos detalla la serie de inconsistencias de Estados Unidos con respecto a la idea de «desmantelar» a la CPI y la total pérdida de credibilidad de su actual secretario de Estado, al sostener que Estados Unidos debe siempre estar en capacidad de «controlar» el derecho internacional. Más allá de la total pérdida de credibilidad de la actual administración norteamericana en este 2026, el no mencionar expresamente a Israel en la declaración del 13 de julio del 2026, claramente denota el grado de cinismo al que se puede llegar en aras de intentar resguardar a toda costa a los altos dirigentes israelíes de las acciones emprendidas en su contra por el Fiscal y por los jueces de la CPI.