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El delirio del gran “América del norte”

Escrito en . Publicado en Análisis.

Mauricio Ramírez Núñez

El planteamiento atribuido al presidente Trump de extender conceptualmente “América del Norte” hasta Ecuador no debe leerse como un acto geopolítico en sentido estricto, sino como una operación discursiva que intenta reconfigurar la percepción del espacio más que su realidad material. En ese marco, ninguna declaración unilateral tiene la capacidad de alterar la estructura geográfica ni las identidades históricas que configuran América del Norte, Centroamérica y Sudamérica como regiones diferenciadas.

Sin embargo, reducir este tipo de afirmaciones a mera irrelevancia sería un error político. Lo que sí revelan es la persistencia de una visión estratégica en Estados Unidos que concibe el hemisferio como un espacio prioritario de influencia. Esta lógica remite, a la añeja Doctrina Monroe. La diferencia fundamental es que esa concepción ya no opera en condiciones de hegemonía incontestada.

El sistema internacional actual se caracteriza por una creciente tendencia a la existencia de diversos centros de poder (multipolaridad), en la que actores como Xi Jinping y Vladimir Putin han contribuido a erosionar la capacidad de EEUU para imponer unilateralmente sus definiciones del orden internacional y la geografía.

En este contexto, las esferas de influencia no desaparecen, pero se vuelven más porosas, disputadas y sujetas a negociación. América Latina, por tanto, ya no se encuentra estructuralmente confinada a una única lógica de alineamiento, sino que dispone de márgenes, aunque condicionados, para diversificar sus vínculos y afirmar grados relativos de autonomía y neutralidad.

Las reacciones frente a este tipo de planteamientos suelen caer en dos errores simétricos. Por un lado, cierta izquierda tradicional tiende a sobredimensionar el alcance del discurso, interpretándolo automáticamente como una manifestación de imperialismo efectivo y militarista, sin distinguir entre intención y capacidad real de cambiar algo en lo concreto.

Por otro, algunos actores políticos lo instrumentalizan en clave interna para sacar rédito personal, sin comprender que se trata más de una narrativa de posicionamiento que de una transformación concreta del orden regional. En ambos casos, se pierde de vista el elemento central: la distancia entre el lenguaje del poder y su materialización. Trump es un bravucón.

Una lectura realista y critica obliga a reconocer que las potencias siempre intentan expandir su influencia también en el plano simbólico, pero que dicha expansión solo se consolida si encuentra condiciones estructurales favorables. Aquí si, el gobierno actual y el que viene son el verdadero peligro para el país, no los gringos, ya que son las autoridades locales las que abren o no las puertas a este tipo de interferencias externas.

Por eso este tipo de afirmaciones deben ser entendidas con precisión crítica: son expresiones de una voluntad de influencia que puede ser observada y evaluada, pero no sobredimensionada. Que Estados Unidos bajo liderazgos como el de Trump deliren formulando sus propias concepciones estratégicas entra dentro de su lógica de poder; aceptarlas como descripciones válidas de la realidad, en cambio, es otra cosa. La geopolítica contemporánea no se reconfigura por decretos ni por actos de delirio personales, sino por la interacción efectiva de capacidades, intereses y límites.

Desde una perspectiva soberana, el punto crítico no es reaccionar emocionalmente ante estas narrativas, sino evitar quedar atrapados en ellas. La verdadera trampa no está en lo que se dice desde fuera, sino en cómo eso reordena, o pretende, las discusiones internas. Convertir estas declaraciones en ejes de polarización doméstica implica, en la práctica, concederles una centralidad que no poseen en el plano material.

Por ello, más que aceptar o rechazar discursivamente estos delirios, lo estratégico es desactivarlos como factor de división interna. Ni adhesión acrítica ni oposición reflejo: comprensión fría del contexto y comprensión clara que la realidad regional no se redefine desde un centro externo. En un entorno multipolar, la autonomía no se proclama; se ejerce evitando que agendas ajenas dicten los términos del debate propio. Dejemos a los gringos con su derecho al berreo, nosotros sabemos qué somos y dónde estamos.

¿Hacia dónde vamos, con el nuevo gobierno, con el poder absoluto del Poder Ejecutivo y el poder mayoritario del Poder Legislativo?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

En el nuevo gobierno, que inicia el 1 de mayo, con la instalación de la Asamblea Legislativa y el 8 de mayo, con la instalación del Poder Ejecutivo, hay que reconocer, guste o no guste, que el Partido Pueblo Soberano, tiene como decimos los ticos, el sartén por el mango.

El punto no es que tenga el sartén por el mango, es que lo sepa usar. El arte de la cocina tiene sus reglas y sus mañas. El arte de la Política también tiene sus reglas y sus mañas.

Tiene el control pleno del Poder Ejecutivo, de sus ministerios e instituciones, y de todo el andamiaje que en ese sentido se concentra. No lo comparte con ningún otro partido político. Es el Poder que diariamente toma decisiones que afectan a todos los ciudadanos y habitantes, para bien o para mal, por medio de las políticas y acciones que se toman en los ministerios y sus instituciones.

Tiene el control mayoritario del Poder Legislativo, de toda su estructura interna, sin que esté obligado a compartirlo con ningún otro partido, en los puestos más importantes y en la instalación de las Comisiones Parlamentarias. Puede colocar a los diputados opositores como quiera, si así quisiera proceder.

En un sartén un mal uso de un ingrediente puede echar a perder una comida. En la política un mal uso de un número de diputados puede también echar a perder a una fracción mayoritaria, puede echar a perder acciones de gobierno del partido mayoritario, parlamentariamente, y puede echar a perder al mismo gobierno.

En 1953, al calor de la Guerra Civil, y del liderazgo de José Figueres, ya fundado el Partido Liberación Nacional, el 12 de octubre de 1951, participando en su primera elección nacional, sobre 45 diputados que tenía la Asamblea Legislativa, en ese entonces, obtuvo 30 diputados. Una mayoría super holgada.

En las elecciones de 1962 y 1966 Liberación Nacional volvió a tener mayoría de 29 diputados sobre 57, que ya tenía la Asamblea desde 1962, como tiene actualmente, cuando fueron candidatos ganadores a la Presidencia Francisco Orlich Bolmarcich, en 1962, y José Joaquín Trejos Fernández, en 1966, gobierno opositor a Liberación Nacional.

En la elección de 1970, de nuevo con Liberación Nacional, con José Figueres en la presidencia, obtuvo 32 diputados y, en la elección de 1982, con Luis Alberto Monge Álvarez, en la presidencia, Liberación Nacional logró elegir 33 diputados, que ha sido la cifra más alta de diputados en manos de un solo partido político gobernante.

En las elecciones de 1986, con Oscar Arias presidente, y en la elección de 1990, con Rafael Ángel Calderón Fournier, ya constituido el partido Unidad Social Cristiana, ambos obtuvieron la mayoría parlamentaria de 29 diputados.

Desde esta perspectiva, el partido Liberación Nacional, de nueve veces que ha gobernado, ha tenido la mayoría parlamentaria en cinco ocasiones, siendo partido gobernante y una siendo partido opositor, mientras el partido Unidad Social Cristiana en una ocasión obtuvo la mayoría parlamentaria siendo partido gobernante.

El Partido Pueblo Soberano tiene una mayoría de 31 diputados de 57 que integran la Asamblea Legislativa.

Tener mayoría parlamentaria, más de 29 diputados, mitad más uno del total de diputados, no es suficiente para tener el Poder del Parlamento para todo… lo más importante. Tener esa mayoría de 29 diputados da poder de bastantes e importantes decisiones, pero exige siempre capacidad de negociar y de llegar a acuerdos con los restantes diputados.

En las últimas ocho elecciones ningún partido obtuvo esa mayoría de 29 diputados. Algunos partidos lograron entre 17 y 28 diputados, constituyéndose en fracciones legislativas grandes, pero obligadas siempre a negociar y pactar para poder avanzar en los proyectos de ley, aun cuando eran partidos de gobierno como de oposición.

Los gobiernos más difíciles, desde el ámbito legislativo, los tuvo el Partido Acción Ciudadana, que en el gobierno del 2014 sacó 13 diputados y en el gobierno del 2018 tuvo 10, obligado en ambos casos constantemente a negociar, con un peso muy negativo, en el último para su imagen política, que prácticamente lo hizo desaparecer por cuatro años del escenario político.

Así, el gobierno de la presidenta Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, con su triunfo, expresado en un 31% de los votantes, y con una mayoría de 31 diputados, inicia, después de 35 años, desde 1990, una nueva época política nacional, que se caracteriza porque un solo partido asume plenamente el control del Poder Ejecutivo y de la mayoría parlamentaria.

Lo hizo agitando cierto aire de renovación política, exaltando incluso una Tercera República, que posiblemente no entiende lo que significa ni cómo se justifica.

Figueres declaró la Segunda República desde el Poder total. Concentrando en él, y su grupo gobernante, la doble Facultad Ejecutiva y Legislativa, y nombrando ellos mismos la integración total de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual tenían el control de los tres Poderes del Estado, el sueño anhelado de Rodrigo Chaves, que es el mismo de Laura Fernández.

Figueres tenía su discurso político y su filosofía política frente a la “Primera República” que vivió, especialmente, en la década de 1940-1948, en los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y de Teodoro Picado Michalski, y en el contexto de la II Guerra Mundial, de la Post guerra y del inicio de la Guerra Fría.

Laura Fernández tiene el reto de continuar el gobierno de Rodrigo Chaves, como tuvo Teodoro Picado con el de Rafael Ángel Calderón Guardia, en el nuevo contexto internacional, la antesala de una III Guerra Mundial, de una nueva Guerra Fría, y de un acendrado anticomunismo por las políticas trumpetistas a las cuales Laura Fernández ya se ha ido adhiriendo y sometiendo.

Si la época del bipartidismo estaba caracterizada por el papel que jugaban dos partidos políticos, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, en términos generales, alternándose el Poder Ejecutivo y ejerciendo la mayoría parlamentaria, entre ambos, estamos en este momento en una situación similar al arranque que hizo Figueres en 1953, con un solo partido dominando el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, que permitió, después, en 1962, 1970, 1982, 1986 se repitiera esa situación.

Rodrigo Chaves no es José Figueres, y Pueblo Soberano como partido es aún un partido no nato, no nacido, apenas extraído del útero electoral de las elecciones del 2026, con muchas dudas sobre su inicial desarrollo. Un partido no nato porque fue extraído de su partido materno, Partido Progreso Social Democrático, que lo hicieron fallecer para las elecciones pasadas.

Ese partido no nato, con sus 31 diputados, tiene formalmente fuerza legislativa. Tiene todo el poder para dirigir desde todos los puestos del Directorio Legislativo, desde todas las presidencias y secretarías, si así quisiera, de las Comisiones Parlamentarias Plenas y de las distintas comisiones parlamentarios, toda la institucionalidad legislativa.

En términos generales tiene todos los votos para aprobar leyes ordinarias, para reformar las leyes existentes, para crear o impulsar nuevas leyes, para impulsar cambios en las políticas económicas o para reforzar las que considere necesarias del gobierno de Rodrigo Chaves, para modificar, si así quisiera, instituciones públicas, en su estructura interna como en sus funciones.

Tiene toda la fuerza para convocar comparecencias de personajes, para bloquear, rechazar o priorizar proyectos de ley presentados por otros diputados, para crear o no comisiones de control político, sobre asuntos que exploten del próximo gobierno que la Asamblea quiera investigar.

En materia del Presupuesto Público Nacional tiene todos los votos para aprobarlo tal cual se lo presenten. Dentro de él pueden recortar fondos públicos a instituciones, como las universidades que son parte de su guerra declarada, pueden reasignar recursos públicos como quieran.

Lo que no pueden hacer 31 diputados es reformas a la Constitución Política, como la de la reelección presidencial, continua o consecutiva, como la de reducir el plazo para la aspiración presidencial de los expresidentes a cuatro años si no se permite la consecutiva, para facilitar, si así fuere, la de Rodrigo Chaves en el 2030, o la de ampliar el plazo presidencial a seis años. Tampoco pueden destituir magistrados ni nombrarlos por sí solos, o levantar inmunidades legales de altos funcionarios si procediere hacerlas.

Desde el punto de vista del trabajo del Plenario Legislativo, que son las sesiones que se realizan con todos los diputados, a partir de las 3 p.m, pueden ejercer el control de la Agenda Legislativa, definir las prioridades de la discusión parlamentaria, elegir las autoridades claves de la Asamblea Legislativa, como son el presidente y el secretario, y constituir las Comisiones Parlamentarias.

Esto haría, básicamente, que el Poder Ejecutivo representado por Laura Fernández sea más fuerte, en cuanto estaría mejor armonizado con la Asamblea Legislativa.

Si a Rodrigo Chaves lo nombran ministro de la Presidencia tendría la facultad de dar órdenes a 31 diputados, más que ir a negociar con los restantes el apoyo a las leyes que al gobierno le interese aprobar.

Es obvio y evidente que Rodrigo Chaves tiene muy poca capacidad de negociación con los diputados. Ya mismo ha estado atacando y burlándose de diputados y diputadas de la próxima Asamblea Legislativa y señalando que deben ir a las comisiones sin ninguna importancia. Eso está oscureciendo el inicio de la presidencia de Laura Fernández, pero ella comparte esa misma cama política de enfrentamiento con el presidente Chaves.

Si hasta ahora el grupo de Rodrigo Chaves culpaba de su incapacidad política para gobernar, a los opositores, el grupo que asciende con Laura Fernández solo tiene su propio espejo para ver a quien culpar de un posible mal gobierno, que nadie quiere que suceda, porque nos puede ir mal a todos.

¿Volveremos con este gobierno, a un monopartidismo político gobernante? ¿Facilitará este gobierno, con estas características de “poder institucional absoluto”, la entronización autoritaria, de características abusivas y dictatoriales?

De Yalta al neoliberalismo: el orden mundial y sus mutaciones

Escrito en . Publicado en Análisis.

Roberto Salom E.

Una visión general de los factores determinantes de las transformaciones del mundo contemporáneo.

El mundo de la posguerra quedó marcado por los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Yalta, donde las potencias vencedoras —Estados Unidos, representado por Franklin D. Roosevelt; el Reino Unido, por Winston Churchill; y la Unión Soviética, por Joseph Stalin— definieron las bases del nuevo orden internacional tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.

En ese escenario, las potencias occidentales capitalistas, con sistemas relativamente democráticos, aunque no exentos de aspiraciones imperialistas, se consolidaron como uno de los polos de poder, mientras que la Unión Soviética emergió como su contraparte. Todos ellos habían combatido a las potencias del Eje: la Alemania nazi de Adolf Hitler, la Italia fascista de Benito Mussolini y el Japón imperial.

El acuerdo de Yalta implicó, en los hechos, una distribución del mundo —particularmente de Europa— en esferas de influencia. Esta división no solo respondió al equilibrio militar alcanzado, sino también a una tensión ideológica profunda. Mientras el bloque capitalista había evolucionado gradualmente hacia formas democráticas desde la Revolución Francesa, incorporando principios de ciudadanía y derechos, la Unión Soviética representaba un modelo alternativo que cuestionaba las bases mismas del capitalismo.

En este contexto, las políticas progresistas impulsadas en Occidente —como el New Deal— no pueden entenderse únicamente como respuestas a las crisis internas del capitalismo, sino también como parte de una estrategia para contener el atractivo del socialismo. La existencia de la Revolución Rusa y, posteriormente, del llamado “campo socialista”, obligó a las economías capitalistas a avanzar en la distribución del ingreso, la ampliación de derechos laborales y la consolidación de sistemas de bienestar.

Como dice Alberto Salom:

“Las reformas sociales a las que se vieron obligados los líderes políticos de centro o centro izquierda en los países capitalistas, buscaban neutralizar la influencia ejercida por las revoluciones socialistas de 1917 en adelante. Aunque también, se compaginaron en lo económico-político especialmente, con las políticas reformistas-intervencionistas, por las que abogó John Maynard Keynes para paliar la gran crisis recesiva del capitalismo mundial de 1929”. (Conversación en WhatsApp, 2026).

Ese clima internacional favoreció en muchos países en desarrollo las políticas orientadas hacia la cohesión social. Costa Rica constituye un caso emblemático: en la década de 1940 se consolidaron las garantías sociales, el Código de Trabajo y la Caja Costarricense del Seguro Social; posteriormente, se fortaleció la institucionalidad democrática con la creación del Tribunal Supremo de Elecciones y la abolición del ejército, junto con reformas como la nacionalización bancaria y el desarrollo de instituciones descentralizadas. Todo ello contribuyó a una relativa paz social que se mantuvo, con matices, hasta la década de 1980.

Sin embargo, el propio desarrollo del capitalismo generó nuevas tensiones. Si en sus etapas anteriores las crisis se manifestaban como crisis de estancamiento con deflación, las políticas adoptadas en la posguerra —muchas de ellas deliberadamente inflacionarias— transformaron la naturaleza de estas crisis. Con el tiempo, los niveles de inflación se desbordaron y las herramientas económicas tradicionales comenzaron a mostrar signos de agotamiento.

Este proceso coincidió, en el llamado mundo en desarrollo, con la crisis de la deuda externa. Fue en ese contexto donde emergió con fuerza el neoliberalismo, acompañado en América Latina por regímenes autoritarios que funcionaron como laboratorios de experimentación de estas políticas, inspiradas en la llamada Escuela de Chicago.

Cuando el capitalismo enfrentaba estas dificultades, se produjeron dos fenómenos decisivos. Por un lado, la globalización —o “mundialización”— impulsada por la revolución de las tecnologías de información y comunicación; por otro, el intento de reforma de la Unión Soviética bajo el liderazgo de Mikhail Gorbachov, mediante políticas como el glásnost (transparencia) y la perestroika (reforma y descentralización).

El desenlace es conocido: la desintegración de la Unión Soviética y la disolución del bloque socialista, en gran medida de forma pacífica. Este hecho marcó un punto de inflexión histórico. Sin el contrapeso del socialismo real, el capitalismo se reconfiguró, cambiando muchas de las políticas que habían dado lugar a los Estados de bienestar.

A partir de entonces, se consolidaron las políticas neoliberales a escala global, al tiempo que emergieron nuevas tendencias autoritarias y neofascistas en distintos contextos. El orden surgido de Yalta, basado en un equilibrio inestable y tenso, dio paso a una etapa caracterizada por mayores incertidumbres, desigualdades y disputas por el poder global.

En ese escenario —complejo, cambiante y aún en desarrollo— se inscribe el mundo contemporáneo.

El espejismo bukelista: la trampa del régimen de excepción en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) | Entre Verdades y Opiniones

Hay verdades incómodas que, si no se dicen a tiempo, terminan costando libertades. Recientemente, un informe del Grupo Internacional de Expertos (GIPES) —analizado a profundidad por los colegas de Doble Check— puso sobre la mesa la realidad detrás del famoso «modelo Bukele» en El Salvador: crímenes de lesa humanidad, detenciones arbitrarias sin pruebas, torturas y miles de personas encarceladas injustamente. Ante esto, la respuesta del gobierno salvadoreño ha sido un manual de desinformación pura. Pero lo que debería quitarnos el sueño no es solo lo que pasa en El Salvador, sino cómo ese mismo libreto autoritario nos lo están queriendo empaquetar y vender aquí, en Costa Rica.

La falsa promesa de lo «temporal»

El oficialismo chavista no oculta sus intenciones. Hemos escuchado las declaraciones públicas y reiteradas de la presidenta electa, Laura Fernández, apuntando hacia un «modelo bukelista». Su propuesta es clara: solicitar a la Asamblea Legislativa la autorización para establecer un régimen de excepción «solo en casos necesarios», «de manera temporal» y en «zonas específicas».

Hagamos memoria y no caigamos en la trampa. Así exactamente le vendieron la idea al pueblo salvadoreño: como una medida de emergencia que duraría apenas 30 días. Este pasado 27 de marzo de 2026, esa medida «temporal» cumplió cuatro años ininterrumpidos de anular derechos constitucionales. El guion populista es predecible: te prometen ceder tus libertades por un ratito, pero una vez que prueban el poder absoluto, no lo devuelven.

El arma perfecta contra el opositor

El peligro más grande de un estado de excepción no radica en cómo trata a los criminales, sino en cómo se utiliza contra quienes resultan incómodos para el poder. En El Salvador, este régimen ha servido en bandeja de plata la excusa para perseguir sistemáticamente a opositores, periodistas, juristas y críticos.

Si creen que en Costa Rica estamos blindados contra eso, basta con ver los indicios que el chavismo ya ha dejado en nuestro propio Estado de Derecho. Hemos presenciado cómo se intenta usar el aparato estatal para intimidar, desde la burda «cama» que le intentaron hacer a Randall Zúñiga, director del OIJ, hasta los ataques desproporcionados contra comunicadores como la adulta mayor Stella Chinchilla. Peor aún, hemos cruzado líneas rojas dolorosas, como la instrumentalización de una institución como el PANI en contra de la hija del candidato opositor Álvaro Ramos.

Si este oficialismo es capaz de usar las instituciones para acosar y golpear a sus críticos bajo las reglas de una democracia normal, ¿se imaginan lo que harían con un régimen de excepción que suspende las garantías constitucionales?

Maras y carteles: realidades que no se mezclan

Más allá del peligro político, en el caso de Costa Rica un Estado de Excepción sencillamente NO se justifica. Quieren meter en un mismo saco realidades criminales que operan de forma totalmente distinta.

Las «maras» en El Salvador eran pandillas enfocadas en el control territorial de barrios, la extorsión directa y la violencia callejera focalizada. El monstruo que enfrentamos en Costa Rica es la penetración de carteles trasnacionales de la droga: crimen organizado de alta logística, redes complejas de lavado de dinero y manejo de rutas internacionales. Suspender los derechos de los ciudadanos de a pie en «zonas específicas» no va a desmantelar los capitales del narcotráfico. Lo único que logra una medida de este tipo aquí es debilitar nuestra histórica institucionalidad democrática, dándole un cheque en blanco a un gobierno intolerante a la crítica.

Un llamado a la defensa institucional

La historia nos exige estar a la altura del momento. Hago un llamado directo y urgente al Poder Judicial: ustedes son el último bastión de la legalidad en este país; no permitan que se atropelle nuestra Constitución. A la oposición en la Asamblea Legislativa: no cedan ni un milímetro ante el chantaje del populismo punitivo.

Y finalmente, a la prensa independiente y a la ciudadanía: es nuestro deber, hoy más que nunca, construir una narrativa propia, fuerte y basada en datos. No podemos permitir que la maquinaria de manipulación del oficialismo imponga su desinformación.

La democracia y las garantías ciudadanas cuestan generaciones construirlas, pero se pueden perder en la firma de un solo decreto «temporal».

Conciudadanos: No sacrifiquemos nuestra libertad por el espejismo de una falsa seguridad.

El tema de fondo: Las armas nucleares y su proliferación

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Pablo Ruiz*

El tema de fondo no se debate: ¿Se deben tener armas nucleares? Hay nueve potencias nucleares. En el actual panorama, Francia aumentará su arsenal nuclear; el gobierno de Finlandia va a introducir una enmienda para poder tenerlas; y Alemania ya tiene las capacidades para fabricarlas cuando así lo quiera.

Mientras el mundo sigue por los medios de prensa la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán y, una y otra vez, se esgrime que se quiere frenar el Programa Nuclear que podría estar desarrollando Irán se sigue dejando fuera del debate por estos gobiernos, la prensa, y la comunidad internacional, el tema de fondo y, la paradoja, que tanto EEUU e Israel sí tienen armas nucleares las que también se denominan armas de destrucción masiva. También China, Rusia, Pakistán, Francia, Reino Unido, India y Corea del Norte son parte del selecto grupo de potencias nucleares.

Así mismo, en noviembre pasado, en el Portal de Noticias de las Naciones Unidas, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, señaló algo preocupante, sin dar más detalles, “advirtió… que el mundo podría pasar de 9 a “»25 ó 30″ países con armamento nuclear si se debilita el régimen internacional de no proliferación, al que calificó como un pilar esencial de «confianza y previsibilidad» en un escenario global fragmentado”. Sin embargo, Grossi no dijo a qué países se refería, «25 ó 30», que podrían disponer de armamento nuclear en un futuro.

El diario español El País señaló, en enero pasado, que el gobierno ruso acusó a Francia y Reino Unido de querer enviar armas nucleares a Ucrania; el presidente Zelensky lo negó. Sin embargo, en 2022 el tema de tener armas nucleares estuvo en la conversación como lo consignó el mismo diario español en el artículo “Ucrania presiona a sus aliados occidentales al abrir el debate sobre recuperar la bomba atómica”.

Por otro lado, el presidente francés, Emmanuel Macron, en este escenario complejo, y frente a las prioridades manifiestas que tienen los EEUU, sostuvo que Europa debe tomar el control “cada vez más directo de su propia seguridad”; señalando que “el orden basado en reglas está en ruinas” y que «para ser libre hay que ser temido y para ser temido hay que ser poderoso». En ese contexto, ordenó el aumento del arsenal nuclear francés.

El mismo panorama complejo, en América Latina, es compartido por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien dijo que en el actual escenario “pensamos en Defensa como disuasión porque, si no nos preparamos para defendernos, cualquier día alguien nos invade” y que “no necesitamos comprar de los ‘Señores de las Armas’. Necesitamos producir. Necesitamos hacerlo nosotros porque nadie nos ayudará”; aunque, reiteró que el continente debe seguir siendo una zona de paz.

En Finlandia el tema de las armas nucleares también está en el debate y el gobierno quiere introducir enmiendas para poder tenerlas. El ministro de Defensa, Antti Häkkänen, argumenta que el entorno de seguridad de Finlandia y Europa han cambiado de forma significativa desde el inicio de la guerra en Ucrania. “La propuesta del gobierno modificaría esta situación, permitiendo “introducir, transportar, entregar o poseer un arma nuclear en Finlandia, siempre que esté relacionada con la defensa militar del país”, declaró Häkkänen en una nota de BBC.

En Alemania el tema de tener sus propias armas nucleares también se ha estado analizando en los últimos años.

En el artículo “Germany’s new old nuclear dilemma”, de Marina Henke, profesora de Relaciones Internacionales en la Hertie School, la académica afirma que “Alemania se enfrenta a nuevas dificultades a la hora de gestionar su dependencia del paraguas nuclear estadounidense. El Zeitenwende alemán ha suscitado debates sobre posibles alternativas, incluidos acuerdos de uso compartido de armas nucleares con el Reino Unido y Francia. Al mismo tiempo, Alemania está realizando importantes inversiones en capacidades de ataque en profundidad y de defensa antimisiles”.

En una publicación de INFOBAE sobre armas nucleares en Europa se cita al general de brigada de Alemania, Frank Pieper, quien sostuvo que “Alemania necesita armas nucleares propias”. El general insiste en que estas deben ser “principalmente tácticas y móviles, capaces de hacer frente a la amenaza final procedente de Rusia”. Considera que la actitud de EEUU con Ucrania y Venezuela demuestra que “Alemania y Europa no pueden fundamentar su existencia en el paraguas nuclear estadounidense””.

Lo cierto, y esto basado en un Informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), es que Alemania sí dispone de las capacidades técnicas para fabricar sus propias armas nucleares.

El informe señala que “Alemania cuenta con capacidades en la mayoría de los ámbitos científicos, técnicos y de fabricación a un nivel tan amplio que le permitiría desarrollar un programa viable de armas nucleares, si decidiera hacerlo” y que “las actividades científicas, técnicas y de fabricación en curso en Alemania implican inevitablemente tecnologías de doble o múltiple uso que son relevantes para la armamentización nuclear”. El informe, se basa en “fuentes abiertas recopiladas” e indica que (supuestamente) “no hay indicadores actuales de actividades de proliferación dentro del Estado o a través de colaboraciones con otros Estados”.

Marina Henke en su artículo, citado anteriormente, confirma estas afirmaciones: “En lo que respecta a la latencia nuclear, Alemania sigue teniendo la capacidad técnica para desarrollar un arma nuclear si así lo desea” y que “por el momento, podría decirse que Alemania aún podría construir un pequeño arsenal nuclear, si realmente quisiera”, señala.

También recuerda en su artículo que “alrededor del 64 % de los alemanes se opone a la construcción de una bomba atómica alemana, mientras que sólo el 31 % está a favor y el 5 % no se pronuncia al respecto”.

Si bien es cierto que el canciller alemán, Friedrich Merz, públicamente ha rechazado la idea de un programa alemán de armas nucleares y ha mencionado su compromiso con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, lo cierto es que tienen las capacidades para hacer lo contrario. Cabe preguntarse: ¿Es casualidad que tenga estas capacidades para justamente construir armas nucleares o las ha construido en silencio? ¿Por qué el OIEA no exige que se desmantelen estas capacidades como si se lo exige a la República Islámica de Irán?

En fin, el tema de fondo es que ningún país debería tener ni desarrollar armas nucleares. En ese sentido en la última década diversos países han hecho sentir su voz y han firmado el Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares (TPAN) el que entró en vigor el 22 de enero de 2021.

De acuerdo a la Alianza por el Desarme Nuclear, 95 países lo han firmado y 74 son Estados parte de este Tratado.

“Este acuerdo supone la prohibición del uso, desarrollo, producción, ensayo, amenaza y almacenaje de armas nucleares y obliga a los países que lo han ratificado hasta el momento a no ayudar, alentar o inducir de cualquier manera a nadie a realizar cualquier actividad prohibida por el Tratado”, señala la Cruz Roja.

El debate no debería ser si tener o no armas nucleares, el debate es que es hora que todas las naciones de la tierra se sumen a la prohibición definitiva de las armas de destrucción masiva.

* Pablo Ruiz es egresado de periodismo de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano e integrante del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile (organización afiliada a World BEYOND War y a la International Peace Bureau). Es editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz www.derechoalapaz.org

Fuentes:

https://news.un.org/es/story/2025/11/1540686

https://elpais.com/internacional/2026-02-24/el-kremlin-recupera-las-amenazas-nucleares-en-el-cuarto-aniversario-de-la-guerra-de-ucrania.html

https://elpais.com/internacional/2024-11-16/ucrania-presiona-a-sus-aliados-occidentales-al-abrir-el-debate-sobre-recuperar-la-bomba-atomica.html

https://www.france24.com/es/europa/20260302-macron-ordena-el-aumento-del-numero-de-cabezas-nucleares-del-arsenal-frances

https://www.infobae.com/espana/2026/01/14/el-debate-de-las-armas-nucleares-se-extiende-en-europa-la-necesidad-de-alemania-o-el-papel-clave-de-suecia-en-el-norte/

https://www.pagina12.com.ar/2026/03/10/lula-advierte-que-el-pais-que-no-se-prepare-puede-ser-invadido/

https://www.bbc.com/news/articles/c14m5llnrlpo

https://engelsbergideas.com/essays/germanys-new-old-nuclear-dilemma/

https://bit.ly/report_alemania

https://www.dw.com/es/merz-rechaza-la-idea-de-que-alemania-posea-armas-nucleares/a-76018455

https://desarmenuclear.org/el-tpan/

https://www2.cruzroja.es/web/ahora/-/entra-en-vigor-el-tratado-sobre-la-prohibicion-de-armas-nucleares

Foto: ICAN/Tim Wright

A contracorriente

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

El último fin de semana de marzo, cientos de miles de personas salieron a protestar en las principales ciudades de Estados Unidos y Europa.

En algo que parece ya habitual, el objeto de las protestas no puede ser otro que el impresentable presidente de Estados Unidos Donald Trump y sus políticas racistas, fascistas, terroristas, antihumanas.

La protesta es la tercera que se organiza en el marco de unas jornadas denominadas “no kings”, destinadas a desconocer el poder real y simbólico que Trump y sus aliados han instalado en un año que, si bien solo lleva tres meses, ya cuenta para el olvido.

Los casi nueve millones de personas que salieron a las calles de Estados Unidos a consignar su descontento y enojo, son la muestra de un motor civil y popular que poco a poco está perdiendo el miedo y se empodera de la única forma que puede un ser humano empoderarse en estos tiempos: convirtiéndose en un sujeto colectivo, político, fuerte, visible, claro.

El hartazgo a la arrogancia del mal habido presidente estadounidense es quizá la motivación de fondo para hacer salir de su confort a millones de personas.

Aquí es cuando uno se pregunta por qué si en otros contextos el hastío y el enojo son materia prima diaria, no se logró mostrar hasta ahora de forma visible y hasta contundente.

Las últimas semanas algunas acciones han sumado a la perplejidad con que hemos estado observando la performance presidencial en Costa Rica: la saliente y la entrante, que para los efectos son la misma cosa.

La urgencia con la que el gobierno costarricense aceptó el acuerdo migratorio que permite a Estados Unidos enviar 25 personas (si, personas) deportadas a territorio costarricense, solo se condice con lo que el internacionalista Carlos Murillo alerta: la relación Costa Rica-Estados Unidos no es una relación de Estado, sino que se enmarca en una cercanía personal, lo cual vuelve más peligroso, riesgoso y subordinado el rol costarricense en el concierto internacional.

Si esto no es ir contra corriente, observando las multitudinarias marchas del fin de semana, entonces vivimos en realidades paralelas.

Por último y no menos delirante, es la promesa de la presidenta electa Laura Fernández en utilizar el modelo de Bukele para “mediar” la inseguridad ciudadana. El terror ciertamente no es que sea una promesa, sino que, dado el alto apoyo a su enfoque populista, se termine instalando en el país un régimen que, al menos en El Salvador, ha cobrado cientos de vidas inocentes. Diversos informes de periodismo independiente y organismos de derechos humanos han dado cuenta de las atrocidades de este régimen de excepción.

¿Si esto no es ir contra corriente, en qué mundo dominado por la matrix estoy viviendo?

Costa Rica en fragmentos: territorio, emociones y la ruptura de lo común

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

La crisis de Costa Rica no es solo institucional: es una ruptura en la forma en que distintos territorios viven, sienten y entienden lo que significa pertenecer al país. No estamos frente a un simple desgaste del sistema político, sino ante una transformación más profunda: el país ya no se experimenta de la misma manera en todos sus territorios.

La crisis de la hegemonía ha reconfigurado el mapa electoral, pero también ha alterado los marcos de sentido, las emociones políticas y las formas de subjetividad desde las cuales los ciudadanos se reconocen —o dejan de reconocerse— como parte de un territorio común.

Durante décadas funcionó un modo relativamente estable de integración social y política. Ese modelo descansaba en un Estado con capacidad de intervención, una economía con cierto anclaje interno, el papel de las clases medias y una institucionalidad que generaba horizontes compartidos. En ese entramado, la Iglesia católica jugó un papel clave como mediadora moral y territorial.

Ese equilibrio comenzó a erosionarse desde inicios de siglo y hoy el país aparece cada vez más fragmentado en territorios con trayectorias diferenciadas: algunos integrados a dinámicas económicas más dinámicas, otros marcados por el rezago, la precariedad y la incertidumbre.

Pero no se trata solo de desigualdades materiales. Se está configurando una territorialidad diferenciada del vínculo con el Estado. Hay territorios donde la institucionalidad mantiene cierta capacidad de respuesta y otros donde su presencia es débil, intermitente o percibida como ausente. En estos últimos, la vida cotidiana se organiza cada vez más a partir de arreglos informales, redes locales y formas no institucionalizadas de regulación.

Es ahí donde aparece un fenómeno clave: la fragilidad territorial no solo produce carencias, produce también subjetividades. Genera experiencias de abandono, incertidumbre y desprotección, pero también de búsqueda de reconocimiento y pertenencia.

No es lo mismo vivir en un territorio donde el Estado funciona que en uno donde las instituciones no aparecen. Esa diferencia no solo se mide en indicadores sociales: se vive como emoción política. Y esas emociones —rabia, frustración, miedo, pero también esperanza— terminan organizando la relación con la política.

Por eso, reducir los cambios electorales a dimensiones socioeconómicas resulta limitado. No se trata simplemente de que “los territorios más pobres votan de cierta manera”, sino de que territorios atravesados por determinadas economías emocionales tienden a producir alineamientos políticos particulares.

El ciclo electoral desde 2006 muestra la consolidación de ese proceso. La elección cerrada de ese año entre Óscar Arias y Ottón Solís evidenció una fisura del consenso político tradicional que se fue ampliando en los años siguientes. En el período más reciente emerge con mayor claridad una territorialización del malestar: el voto se organiza cada vez más a partir de experiencias localizadas de exclusión, abandono o inseguridad.

En ese contexto, cobran fuerza discursos que apelan a la confrontación entre “el pueblo” y “las élites”. Más que clasificarlos rápidamente como populistas, conviene preguntarse por qué encuentran eco en ciertos territorios y no en otros. La respuesta está en las condiciones sociales, institucionales y emocionales que hacen posible esa resonancia.

Aquí aparece otro elemento clave: la reconfiguración del campo religioso.

Si en el pasado la Iglesia católica operó como infraestructura de integración social y mediación política, hoy asistimos a una diversificación del campo religioso, marcada por la expansión de iglesias evangélicas que participan en las reconfiguraciones territoriales. Estas iglesias no son solo espacios de culto: son redes de apoyo, espacios de sociabilidad y marcos de regulación moral.

En territorios donde la presencia del Estado se ha debilitado, estas redes cumplen funciones que van más allá de lo religioso: ofrecen ayuda material, acompañamiento y sentido de pertenencia en contextos de incertidumbre. Su capilaridad territorial les permite insertarse donde otras instituciones no llegan.

Esto tiene implicaciones profundas. La fragmentación del campo religioso no solo refleja la fragmentación social; contribuye a ella, al producir órdenes morales y subjetividades diferenciadas territorialmente. En algunos casos, estas redes se articulan con actores políticos locales y liderazgos comunitarios, configurando formas de gobernanza híbrida.

Lo que está en juego no es solo una crisis del sistema político, sino una transformación más amplia de los pactos que sostienen la vida social. Se debilitan los marcos jurídicos, se erosionan los sistemas de protección social y se reconfiguran las identidades territoriales en torno a la incertidumbre.

En ese contexto, la política deja de ser únicamente un espacio de representación institucional y se convierte en un terreno donde se disputan emociones, sentidos y pertenencias.

El desafío no es simplemente recomponer el sistema político, sino reconstruir un horizonte común en una sociedad fragmentada.

Si la crisis es territorial, emocional y normativa, su salida no puede ser exclusivamente institucional. Requiere al menos tres desplazamientos urgentes.

Primero, reconstruir la presencia efectiva del Estado en los territorios, no solo como proveedor de servicios, sino como garante de derechos. No hay cohesión donde el Estado es vivido como ausencia.

Segundo, reconocer y atender las economías emocionales del malestar. Sin comprender las experiencias de abandono e incertidumbre, cualquier proyecto político seguirá hablando un lenguaje sin interlocutores.

Y tercero, reabrir espacios de mediación social y construcción de sentido colectivo, en un contexto donde iglesias, redes comunitarias y liderazgos locales están ocupando el vacío dejado por instituciones debilitadas.

No se trata de restaurar el pasado, sino de imaginar un nuevo pacto social capaz de articular territorios distintos y subjetividades fragmentadas en un proyecto común. Porque un país no se rompe únicamente cuando fallan sus instituciones, sino cuando deja de existir una experiencia compartida de pertenencia. Y hoy, quizás ese sea el desafío más urgente: volver a hacer posible que Costa Rica sea vivida —no solo nombrada— como un mismo país.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

La derrota civil de Giorgia Meloni

Escrito en . Publicado en Análisis.

Walter Antillón

Si queréis ir en peregrinación al lugar donde nació vuestra Constitución, id a las montañas donde cayeron los partisanos, a las cárceles donde fueron presos, a los campos donde les ahorcaron. Allí donde murió un italiano para recuperar la libertad y la dignidad, id, oh jóvenes, con el pensamiento, porque allí nació nuestra Constitución.
Piero Calamandrei

I.– Los días 22 y 23 de marzo de 2026, con el apoyo manifiesto de la primera ministra Giorgia Meloni, se celebró en Italia un referéndum para que el pueblo avalara una reforma de la Constitución aprobada por el Parlamento en materia judicial. Los principales cambios eran:

  1. La división del Consejo Superior de la Magistratura en dos órganos distintos: uno para jueces y el otro para fiscales;
  2. La reducción del peso de los fiscales y los jueces en el Consejo;
  3. ​La introducción del sorteo para la designación de los miembros del Consejo;
  4. La creación de un tribunal disciplinario, separado del Consejo Superior de la Magistratura.

Por debajo de sus argumentos técnicos, la reforma de Meloni buscaba destruir el sistema organizacional implantado con el Consejo Superior de la Magistratura en la Constitución del 48, al cual deben su independencia y su dignidad los jueces y los fiscales italianos.

Pero más del 53 % de los votantes dijo: NO. La mayoría del pueblo dio un voto de confianza a sus fiscales, a sus jueces y a su Consejo Superior; y tenía fundadas razones para ello, como veremos: el tema tiene su historia.

II.– De conformidad con el principio básico del régimen fascista de Mussolini: “Todo en el Estado, nada contra el Estado», durante los 23 años de la existencia de dicho régimen (1922-1945) la independencia deja de ser una condición inherente a las funciones jurisdiccionales. El resultado fue un cuerpo de jueces y fiscales sumiso ante las decisiones, las orientaciones e incluso los caprichos del Duce. Desaparece de Italia toda garantía de tutela de los derechos de las personas y el autoritarismo toma el lugar de la ley, ante la mirada pasiva de cortes y tribunales. Irónicamente, durante ese período los más connotados juristas redactan espléndidos códigos, pero están conscientes de que, en última instancia, mientras el Dictador conserve su poder, no prevalecerán los principios ni las normas de esos Códigos ni del Estatuto Albertino, sino la pulsión autoritaria de aquél.

III.– La Segunda Guerra Mundial culmina en 1945 con la derrota del Fascismo italiano y alemán, por obra de las tropas aliadas ayudadas por los movimientos partisanos representantes de los intereses populares, sobre todo de Italia y Francia. En ambos países se forma Gobiernos de Coalición con un fuerte componente popular, y se convoca a la integración de asambleas constituyentes para implantar las bases republicanas, democráticas y de justicia social del nuevo Estado.

En el proceso constituyente italiano, con más de 500 diputados, intervienen ilustres juristas como Lellio Basso, Costantino Mortati, Tomasso Perassi y Piero Calamandrei, junto con políticos como Aldo Moro, Palmiro Togliatti, Umberto Terracini, Pietro Nenni y el gran filósofo Benedetto Croce, entre muchos otros; y el resultado fue una constitución innovadora y progresista, con valiosos hallazgos normativos que luego la Corte Constitucional ha desarrollado fructíferamente.

Entre las grandes innovaciones que se introduce en el texto constitucional están, precisamente, la creación de la Corte Constitucional y la de un nuevo órgano: el Consejo Superior de la Magistratura. Este último, en particular, responde a la preocupación que muchos sentían con respecto al Poder Judicial a partir de la terrible experiencia de la pseudo-justicia fascista sufrida hasta hacía pocos años. ¿Cómo evitar que vuelva a ocurrir algo semejante? ¿Cómo propiciar la actuación de jueces y fiscales cultos, honestos, independientes e imparciales, defensores de la Constitución y los Derechos Humanos? Era necesario ser originales: pensar en un ente de rango supremo, al mismo nivel del Parlamento, conjurando a la vez los peligros del corporativismo y la jerarquización.

La instalación y el funcionamiento del Consejo Superior de la Magistratura marca un antes y un después en la historia de Italia: el órgano se funda en el principio de la absoluta paridad (sólo se diferencian en las funciones que desempeñan), y a él están sometidos, con igual tratamiento, desde el primer presidente de la Corte de Casación hasta el más modesto agente fiscal. El CSM está integrado mayoritariamente por jueces y fiscales electos por sus colegas de todo el país, en votación directa y secreta, aunque cuenta también con miembros que son académicos y abogados litigantes.

Al ocuparse eficazmente de una rigurosa formación de los aspirantes promocionados, proporcionándoles garantías de continuidad, seguridad y decoro, un salario adecuado, etc., el CSM produjo una nueva calidad de jueces y fiscales que muy pronto se hizo notar, exaltando la Constitución y actuando sin temor y con firmeza frente a los grandes poderes jurídicos y fácticos; y los resultados son historia.

IV.– Resultados del sistema: a) Unos 20 jueces y fiscales, entre ellos los fiscales Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, fueron asesinados entre 1984 y 1992, como respuesta de la Mafia por sus acusaciones y procesos. El fiscal Giovanni Falcone coordinó las acusaciones que culminaron con la condena de más de 500 mafiosos.

V.– Resultados del sistema: b) Bajo los procesos de la operación «Manos Limpias” (mani pulite) iniciada en 1992 por parte de los fiscales y jueces Antonio Di Pietro, Piercamillo Davigo, Gherardo Colombo, Pierluigi Zanchetta, Francesco Saverio Borrelli, Giuliano Turone, Edmondo Bruti Liberati y muchos otros, contra la corrupción gubernamental y empresarial que agobiaba a Italia, se efectuó más de 5 mil indagatorias (entre ellas a cuatro ex primeros ministros, decenas de ministros y 200 parlamentarios), y se saldó con 1300 condenas judiciales contra ministros, directores de empresas públicas, diputados, industriales, banqueros, navieros, militares, etc.

VI.– Resultados del sistema: c) durante 30 años los jueces y fiscales italianos promovieron y tramitaron 86 procesos judiciales contra el multimillonario Silvio Berlusconi, dueño de un imperio mediático, comercial e industrial en Italia y Europa: senador y primer ministro de Italia en varios períodos, con amplias mayorías en el Senado y la Cámara de Diputados. A pesar de su inmenso poder político y económico, Berlusconi fue condenado muchas veces por los jueces italianos por fraude fiscal, tratos con la Mafia, soborno de funcionarios, corrupción de menores, etc., pero fue absuelto en múltiples ocasiones por prescripción del delito, y otras tantas fue indultado; aunque finalmente tuvo que cumplir pena de prisión y de trabajo social por el delito de fraude fiscal, y perdió su credencial de Senador. Durante años Berlusconi usó toda su influencia y poder en tratar de reformar y someter el sistema de la Justicia de su país, pero no lo consiguió. La muerte en 2023 lo libró de los últimos procesos.

VII.– La ultraderechista Giorgia Meloni proviene del fascista Movimiento Social Italiano (MSI) fundado por Giorgio Amirante, un acólito de Mussolini. Su alianza con la Liga Lombarda de Salvini y con Forza Italia, de Berlusconi (ambos igualmente pro-fascistas) le dio el triunfo en las urnas en 2022. Todas las tres tendencias mencionadas son hostiles a la Constitución de 1948 y, naturalmente, a la existencia del Consejo Superior de la Magistratura, al que responsabilizan de la beligerancia fiscal y judicial que, en su momento, desarticuló la Mafia Siciliana, barrió con Tangentopoli (el país de los sobornos) y durante 30 años, sin otra fortaleza que la Constitución y las leyes, persiguió judicialmente al poderoso multi-reincidente Silvio Berlusconi.

Meloni quiere despejar de obstáculos el camino de su proyecto presidencialista, y a la vez asegurarse de que no se repita, con ella y sus aliados, la saga judicial berlusconiana. Ello explica su empeño de descuartizar el Consejo Superior de la Magistratura: empeño plasmado materialmente en la relativa reforma constitucional aprobada por el Parlamento, y en la sucesiva campaña oficial para obtener un referéndum aprobatorio.

Pero el pueblo italiano rechazó sus pretensiones; y al hacerlo escribió una página gloriosa de reconocimiento y elogio para sus jueces y sus fiscales.

Costa Rica y Estados Unidos: algunos apuntes con relación al nuevo «acuerdo migratorio» sobre deportaciones anunciado

Escrito en . Publicado en Análisis.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

El pasado 24 de marzo, se anunció la firma de una nuevo convenio migratorio entre Estados Unidos y Costa Rica para acoger en Costa Rica a unas 25 personas semanalmente, deportadas por los servicios migratorios de Estados Unidos (véase nota del Semanario Universidad y esta nota de CNN). 

En esta nota del New York Times sobre el mismo tema, se puede apreciar una fotografía que debería de interesar a los especialistas en materia de lenguaje corporal de un Jefe de Estado. 

Este 27 de marzo, un editorial de La Nación refirió a la total opacidad con respecto a lo suscrito con la alta representante de Estados Unidos de paso en la capital costarricense en estos últimos días del mes de marzo del 2026 (véase editorial). A pocas horas de editado el texto en La Nación, se hizo público el texto integral, reproducido al final de esta nota del Semanario Universidad (texto en inglés).

Costa Rica: alineación con Estados Unidos y El Salvador

Como bien se sabe, las actuales autoridades costarricenses se han mostrado muy cercanas a Estados Unidos en los últimos años, en particular desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante, el 20 de enero del 2025. En febrero del 2025, aceptaron recibir un primer vuelo con unas 200 personas deportadas desde Estados Unidos (véase nota del Semanario Universidad). 

Además de este acuerdo migratorio sobre deportaciones semanales anunciado este 24 de marzo, hay que recordar que el 7 de marzo, Costa Rica anunció desde Miami integrar una «coalición militar» liderada por Estados Unidos, iniciativa que examina el juez constitucional desde unas pocas semanas (véase nota del medio digital Delfino.cr). 

En otro ámbito, el pasado 20 de marzo, Estados Unidos entregó a Costa Rica personas fallecidas y otras heridas a raíz de una intercepción cuyos detalles se desconocen de una lancha sospechosa de transportar droga en el Océano Pacífico (véase nota de CRHoy del 20 de marzo): se ignora si las modalidades plasmadas en el acuerdo de patrullaje conjunto de 1999 en el Océanos Pacífico entre Estados Unidos y Costa Rica (véase texto) han sufrido modificaciones recientes que permitan ahora intercepciones de este tipo, causando la muerte de los tripulantes de estas lanchas. 

Siempre en marzo del 2026, fue el 18 de este mes que Costa Rica anunció oficialmente cerrar su embajada en Cuba: se trata de un gesto que si bien se presenta como una decisión soberana de Costa Rica, no deja de sorprender al no haber ningún otro Estado en América Latina en haber tomado semejante decisión (Nota 1). Es de recordar que en una votación en Naciones Unidas realizada en octubre del 2025 sobre el levantamiento del embargo a Cuba, Costa Rica optó por abstenerse, cuando llevaba años votando a favor (Nota 2). No está de más añadir que poco tiempo después de anunciar su decisión Costa Rica, el Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Naciones Unidas hizo un llamado a los integrantes de la comunidad internacional para ayudar urgentemente a Cuba desde el punto de vista médico y hospitalario ante las profunda crisis humanitaria existente (véase comunicado del 28 de marzo del 2026).

En la región centroamericana la cercanía de Costa Rica ha sido mucho mayor con las actuales autoridades de El Salvador, cuya política represiva de «mano dura» ha dado lugar a un reciente informe que recomienda acciones ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad (véase nota de la FIDH del 9 de marzo del 2026 y texto completo de este voluminoso informe – 298 páginas – reproducido en su integralidad en el sitio de información costarricense SurcosDigital).  

En enero del 2026 los mandatarios de Costa Rica y de El Salvador colocaron la primera piedra de una «megacárcel » en Costa Rica (véase nota de la DW). No está de más señalar que los órganos de la policía de El Salvador combinan desde varios años reconocimiento facial, inteligencia artificial y geo localización, modernas herramientas contratadas a una empresa israelí de seguridad (véase artículo de El Faro del 2023).

El precedente del 2025

Con relación a la deportación desde Estados Unidos a Costa Rica de personas, debe precisarse desde ya que no se trata de enviar de vuelta a nacionales de Costa Rica capturados por Estados Unidos, como sí es el caso de:

– Venezuela (donde ya ascienden a más de 20.000 las personas oriundas de Venezuela deportadas por Estados Unidos – véase nota de febrero del 2026 de Prensa Latina), o bien de; 

– Colombia (véase nota de prensa de un vuelo repatriando a colombianos de febrero del 2026). 

De lo que se trata en este caso , es de remitir a Costa Rica a personas que son deportadas por vía aérea desde Estados Unidos y que son de otras nacionalidades que la costarricense. 

No está demás señalar que se cuenta con un precedente judicial bastante reciente en Costa Rica del 2025: en esta ocasión, el juez constitucional condenó al Poder Ejecutivo costarricense por privar a más de 200 personas deportadas desde los Estados Unidos (entre las cuales 79 menores de edad) de su derecho a la libre circulación, manteniendolas privadas de su libertad en condiciones inadecuadas, al haber aceptado su deportación a suelo costarricense. Ya en marzo del 2025, la misma Defensoría de los Habitantes, órgano adscrito a la Asamblea Legislativa, había denunciado esta situación totalmente anómala luego de ir a visitar a estas personas (véase nota del Semanario Universidad). Esta anomalía evidencia lo solícito y extremadamente hacendoso que es el actual Poder Ejecutivo costarricense para responder a las diversas solicitudes provenientes de Estados Unidos

En su voto 19485-2025 del 24 de junio del 2025 (véase texto completo), los jueces de la Sala Constitucional señalaron que:

«En virtud de lo expuesto, se desprende con claridad que desde el momento de su llegada a Costa Rica el día 20 de febrero de 2025, las personas amparadas fueron privadas de su libertad de forma ilegítima -incluyendo, en un inicio, a 79 personas menores de edad-, sin haber cometido delito o inclusive tener una presunción de una falta migratoria dentro del territorio nacional, ni una condición irregular en el país que facultara a las autoridades de migración a restringir la libertad de una persona extranjera que ingresa ilegalmente al país, durante el tiempo racionalmente indispensable  para hacer efectiva su expulsión y deportación. No puede perderse de vista que estas personas ni siquiera ingresaron al país irregularmente, sino que, de forma expresa y soberana, el propio Gobierno costarricense consintió su ingreso por razones humanitarias«. 

En esta misma sentencia también se indica que:

«No se individualizó su condición de ingreso, sino que se adoptaron decisiones de carácter general, sus documentos de viaje fueron retenidos y la explicación de la necesidad de la privación de libertad por encontrarse en condición de tránsito, así como supuestamente para garantizar su propia seguridad, no se ajustan a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad propios de un Estado democrático de Derecho. Tampoco se explica en los informes, ni se deriva de forma alguna de las regulaciones migratorias, que lo actuado se sustentara en lo dispuesto en alguna ley. Tratándose de una situación sui generis y novedosa, se carecía de una regulación legal que respaldara la privación de libertad. Debió, por ende, en aplicación del principio pro libertatis permitir que este grupo de personas gozaran de su libertad sin restricciones de ninguna clase.

Es especialmente preocupante haber constatado que una parte importante de las personas a quienes se restringió su libertad eran niños y niñas, con lo que se agudiza la situación de vulnerabilidad propia del grupo, ya de por sí tributarios de una protección especial, en su condición de migrantes. A todas luces, por parte de las autoridades costarricenses recurridas, la privación de libertad es arbitraria y excesiva, con lo cual corresponde estimar este extremo del recurso». 

Es de recordar que ninguna de las personas deportadas a Costa Rica en el 2025 eran oriundas de América Latina: en efecto, entre estas 200 personas deportadas desde Estados Unidos, se encontraban, según se senala en esta misma sentencia, personas oriundas de China, Armenia, Uzbekistán, Turquía, Rusia, Afghanistán, Vietnam, Georgia, Jordania, Kazajistán, Irán, Ghana, Kirguistán, Congo, Nepal, Yemen, Angola, India, Pakistán y Tajikistán.

A modo de conclusión

Como se puede apreciar, el marco legal aclarado al Poder Ejecutivo en el 2025 por el juez constitucional obliga a Costa Rica a cambiar las modalidades al materializarse en el futuro un segundo vuelo con personas deportadas desde  Estados Unidos.

Se mantiene no obstante la pregunta de saber si Costa Rica no perpetúa y le da continuidad a una situación atentatoria a los derechos de estas personas, que son capturadas en Estados Unidos de manera arbitraria y sin muchas veces conocer de los cargos que se les imputan, y sin haber sido objeto de un procedimiento en el que puedan presentar algún tipo de descargos.

Se mantiene también la interrogante sobre el punto de saber qué es lo que recibirá Costa Rica a cambio de satisfacer esta nueva solicitud de Estados Unidos. En el 2025, se pudo observar que Costa Rica fue objeto de aranceles determinados de manera unilateral por Estados Unidos en materia comercial similares a los de los demás Estados de Centroamérica y República Dominicana, con excepción de Nicaragua (véase nota de la BBC de abril del 2025)

Cabe señalar que, salvo error de nuestra parte, no se tiene información sobre el paradero exacto de cada una de las 200 personas que llegaron a Costa Rica en el 2025, ni se sabe si el Poder Ejecutivo entregó a quince días de emitida dicha sentencia del juez constitucional, un informe detallado individualizando los datos correspondientes de cada una de estas personas, tal y como solicitado. Esta información sería de sumo interés en aras de observar si una vez puestas en libertad en Costa Rica, estas personas se quedaron en Costa Rica, emigraron a otro destino de su escogencia o bien… volvieron a emprender la ruta para entrar nuevamente a Estados Unidos.

– – Notas – –

Nota 1: El comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica del 18 de marzo del 2026 se lee como sigue:

«Cierre de la Embajada de Costa Rica en Cuba y retiro de personal diplomático de Cuba en Costa Rica

San José, 18 de marzo de 2026. El Gobierno de Costa Rica ha tomado la decisión de proceder al cierre de la Embajada de Costa Rica en la República de Cuba, para lo cual ya han iniciado los trámites diplomáticos y administrativos necesarios. 

De igual manera, se le ha solicitado al Gobierno de Cuba retirar a su personal diplomático acreditado en Costa Rica. Sin embargo, podrá permanecer en Costa Rica el personal consular y administrativo necesario para la prestación de servicios a los ciudadanos cubanos residentes en Costa Rica.

Por su parte Costa Rica, en la medida de lo posible, prestará servicios consulares para ciudadanos costarricenses residentes en Cuba desde el Consulado de Costa Rica en la Ciudad de Panamá.

La medida se toma ante un agravamiento significativo de las restricciones a las libertades fundamentales, incluyendo limitaciones a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica, según lo reportan diversas organizaciones internacionales y testimonios de la sociedad civil que han señalado la persistencia de hostigamiento y otras formas de presión contra quienes sostienen posiciones críticas frente al Gobierno cubano.

A esta situación se suma el progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población. La escasez de bienes esenciales, las dificultades en el acceso a alimentos, medicamentos y servicios básicos, así como el debilitamiento de las oportunidades económicas, que han generado un contexto humanitario cada vez más complejo que afecta directamente al bienestar del pueblo cubano.

El país continuará observando atentamente la evolución de la situación en Cuba.

Comunicación Institucional

076-2026 Cierre de la Embajada de CR en Cuba 

Miércoles 18 de marzo de 2026″

Nota 2: Observar a Estados del continente latinoamericano cuestionar la condena al embargo a Cuba y objetando que se exija su levantamiento, ante al consenso existente a nivel internacional, resulta bastante llamativo: se trata posiblemente de la medida unilateral de Estados Unidos contra un Estado mas longeva (adoptada en febrero de 1962), y que ha demostrado ser un fracaso total al no debilitar mayormente al régimen cubano desde entonces y consolidarlo como tal, y al afectar gravemente la vida diaria de las familias cubanas, causando el exilio de muchas de ellas. Un reciente reportage de la cadena Al Jazeera detalla de una manera muy completa el drama que significa para muchas familias cubanas el tener a algunos de sus integrantes padeciendo de enfermedades graves, ante la falta de material médico moderno que Estados Unidos impide sea exportado hacia el sistema hospitalario y de salud de Cuba (véase enlace). No está de más recordar que en el 2016, la resolución anual que se adopta en la Asamblea General de Naciones Unidas exigiendo el levantamiento del embargo a Cuba fue adoptada con 191 votos a favor y una abstención (la de Estados Unidos), tal y como lo analizamos en esta nota nuestra de octubre del 2016. En noviembre del 2023, el mismo texto fue adoptado con 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y un Estado (Ucrania) optando por abstenerse (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). En octubre del 2024, el mismo texto fue adoptado con 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y un Estado optando por abstenerse (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). En cambio, en el último ejercicio de esta naturaleza (octubre del 2025), el voto registrado fue de 165 a favor, 7 en contra (entre los cuales Argentina y Paraguay) y 12 abstenciones (entre las que figuran las de Costa Rica y de Ecuador). Estos números del 2025 reflejan el nivel de presiones que logra ejercer Estados Unidos sobre algunos Estados, en particular desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante (20 de enero del 2025).

Las guerras contemporáneas

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

(Una investigación con ayuda de la Inteligencia artificial. Otras veces me he confrontado con uno de los algoritmos de la Inteligencia Artificial -IA-. Hoy me valgo de su información para sentar algunas premisas.)

La guerra no parece haber acompañado a la humanidad desde sus primeros pasos, pero sí emerge con fuerza cuando aparecen ciertas “ganancias” —sean estos materiales, sociales o políticas— que siempre están en disputa.

Déjenme explicar lo anterior con algo más de profundidad, porque la intuición primero y mis lecturas después me han permitido establecer las premisas que hoy sostengo. Para desarrollarlas me he formulado varias preguntas que hoy reproduzco para ustedes:

I. 1. Antes de la “ganancia”: ¿había guerra?

Esto es lo que he ido encontrando tras haberme planteado esta y otras preguntas y haber hecho la investigación de antiguas lecturas y de la IA. En las sociedades más antiguas de cazadores-recolectores (hace decenas de miles de años), los indicios de guerra organizada son escasos y discutidos. Existía violencia, claro que sí -eso es innegable—, pero:

a. era Inter personal o entre pequeños grupos.

b. No había ejércitos, ni campañas sostenidas.

c. La movilidad constante, migraciones de seres humanos, todavía cazadores que apenas empezaban a asentarse, hacía difícil acumular bienes.

Algunos hallazgos arqueológicos, como los encontrados en el sitio de Nataruk, muestran episodios de violencia colectiva, pero no prueban una guerra estructurada como la entendemos hoy; aunque en el estudio de la IA se habla de “…la guerra en la antigüedad”.

El hallazgo del sitio de Nataruk, ubicado cerca del lago Turkana en Kenia, es la evidencia más antigua conocida de una masacre prehistórica, datada hace unos 10.000 años. Arqueólogos de la Universidad de Cambridge descubrieron restos de 27 cazadores-recolectores (hombres, mujeres y niños), que, murieron violentamente, sugiriendo conflictos grupales mucho antes del sedentarismo. Los orígenes de la guerra son controvertidos: la discusión gira en torno a si la capacidad de la violencia organizada se produce profundamente en la historia evolutiva de nuestra especie o es un síntoma de la idea de propiedad que provino con el asentamiento de las comunidades humanas en posesión de la tierra y la agricultura. La masacre de Nataruk es el registro más antiguo de violencia entre grupos prehistóricos de cazadores-recolectores que permanecieron en gran parte nómadas. (Cfr. Mirazón Lahr, Marta. Directora de la Investigación, Proyecto IN-África. Revista Nature. 21.01.2016).

I. 2. El giro decisivo: la revolución agrícola

Con la llamada Revolución Neolítica (hace unos 10,000 años), ocurre algo clave

a. Aparece la propiedad privada (tierras, cosechas, animales).

b. Surgen los excedentes (es decir, riqueza acumulable).

c. Nacen jerarquías sociales y con ellos los proto-Estados.

Aquí la palabra “ganancia” comienza a cobrar pleno sentido:

“cuando hay algo que acumular, también hay algo que defender… o arrebatar.”

Desde ese momento, se construyen murallas, se organizan guerreros, la guerra deja de ser ocasional y se vuelve institucional.

I. 3. El Estado y la guerra organizada

Entonces, con el surgimiento de las primeras civilizaciones (Mesopotamia, Egipto, China) también ocurre lo siguiente:

a. La guerra se convierte en una herramienta política, esencial para defender la propiedad y la acumulación de excedentes.

b. Lo anterior obliga a la aparición de ejércitos permanentes, sin los cuales lo atesorado no era sostenible.

c. Más adelante, los detentadores de la riqueza acumulada luchan por territorio, tributos, rutas comerciales y poder.

Un ejemplo temprano documentado es el conflicto entre ciudades-estado sumerias, como el enfrentamiento entre Lagash y Umma.

I. 4. ¿En consecuencia, vuelvo a preguntarme, si la guerra es “natural”?

Aquí hay debate entre pensadores:

• Thomas Hobbes creía que el ser humano tiende inherentemente al conflicto (“guerra de todos contra todos”).

• Jean Jacques Rousseau por el contrario sostenía que la guerra nace con la sociedad organizada y la propiedad.

La investigación histórica y la evidencia moderna tiende a una formulación intermedia entre ambas premisas.

Con base en lo anterior, estamos en capacidad de afirmar que, la capacidad de violencia es humana, pero la guerra organizada es una construcción social e histórica.

I. 5. Mi primera intuición, reformulada.

Primero me había planteado con apoyo en las investigaciones de los pensadores socialistas algo que ha llevado mucho tiempo en ser resuelto de una manera clara:

“La guerra surge cuando aparece la “ganancia”

Producto de esta pequeña revisión bibliográfica me he respondido, quedando bastante satisfecho: Sí, en gran medida.

La guerra se vuelve sistemática cuando existen:

• Bienes acumulables

• Territorios definidos

• Poder centralizado

• Desigualdad de clases

En otras palabras: la guerra no nace solo como consecuencia de la agresividad inherente en el ser humano, sino que ella nace de la estructura social que convierte la violencia en instrumento. Esto se ha vuelto crucial para mí.

I. 6. Una reflexión final a este primer capítulo:

Si la guerra no ha estado siempre con nosotros en su forma organizada, eso abre una posibilidad filosófica, histórica y politológica importante:

Lo que ha sido construido históricamente, también puede transformarse. Veamos.

II. ¿las guerras modernas (como las actuales en Medio Oriente o Ucrania) siguen respondiendo a esa lógica de “ganancia”, o hay nuevos factores?

Trato de profundizar más allá de la primera hipótesis:

II. 1. Antes de la “ganancia”: ¿había guerra?

Como ya lo dejé planteado supra, permítanme repetir ahora que: en las sociedades más antiguas de cazadores-recolectores (hace decenas de miles de años), los indicios de guerra organizada son escasos y discutidos. Existía violencia —eso es innegable—, pero:

• Era interpersonal o entre pequeños grupos.

• No había ejércitos, ni campañas sostenidas.

• La movilidad constante hacía difícil acumular bienes.

Ahora introduzco un nuevo matiz a aquel hallazgo arqueológico (como fue el sitio de Nataruk). En tal hallazgo he estudiado que se muestran episodios de violencia colectiva, pero no se prueba que se hubiese producido una guerra estructurada como la entendemos hoy, ni que se hubiesen formado como resultado de lo anterior, ejércitos permanentes, ni siquiera los primeros atisbos de Estados. De hecho, Mirazón Lahr nos habla de “guerra en pequeña escala entre las sociedades recolectoras.”

II. 2. He logrado estudiar algo que considero es el giro decisivo para hablar del inicio de las guerras como las conocemos hoy: la revolución agrícola.

Con la llamada Revolución Neolítica (hace unos 10,000 años), ocurre algo clave:

II.2. a. Aparece la propiedad privada sobre los medios de producción (tierras, cosechas, animales).

II. 2. b. Surgen excedentes (es decir, riqueza acumulable).

II. 2. c. Nacen jerarquías sociales y proto-Estados.

Aquí la palabra “ganancia” cobra pleno sentido:

Como dijimos antes: “cuando hay algo que acumular, también hay algo que defender… o arrebatar.”

Desde ese momento:

• Se construyen murallas.

• Se organizan guerreros.

• La guerra deja de ser ocasional y se vuelve institucional.

II. 3. El Estado y la guerra organizada

Con el surgimiento de las primeras civilizaciones (Mesopotamia, Egipto, China):

• No es sino hasta ese momento que la guerra se convierte en herramienta política y su uso se hace sistemático.

• Aparecen ejércitos permanentes.

• Se lucha (ya lo dijimos), por territorio, tributos, rutas comerciales y poder.

Un ejemplo temprano documentado es el conflicto entre ciudades-estado sumerias, como el enfrentamiento entre Lagash y Umma.

Los enfrentamientos entre Lagash y Umma (aprox. 2500-2350 a.C.) constituyeron una larga guerra fronteriza por el control de la fértil región de Gu-Edinna. Esta guerra es considerada como uno de los primeros conflictos armados documentados de la historia, incluyó batallas significativas como la victoria de Eanatum de Lagash, conmemorada en la “Estela de los Buitres”. (Cfr. https://en.wilkipedia.com).

II. 4. ¿Entonces la guerra es “natural”?

Como también dijimos antes, la capacidad de violencia es humana, pero la guerra organizada es una construcción social e histórica.

II. 5. La hipótesis la replanteo ahora mediante el siguiente modo de pregunta:

¿la guerra surge cuando aparece la “ganancia”?

Podríamos responder:

la guerra no nace solo de la agresividad, sino de la estructura social que convierte la violencia en instrumento.

II. 6. Disquisición sobre las guerras modernas

Profundizo ahora en torno a las siguientes preguntas sobre a las guerras modernas:

¿Las guerras modernas (como las actuales en Medio Oriente o Ucrania) siguen respondiendo a esa lógica de “ganancia”, o hay nuevos factores? ¿Habrá acaso nuevos elementos que ameritan que consideremos que las guerras hayan cambiado de naturaleza?

Mi respuesta honesta es compleja: la lógica de la ganancia no ha desaparecido, pero se ha transformado y sofisticado. Hoy convive con factores nuevos —tecnológicos, ideológicos y geopolíticos— que hacen de la guerra algo más difuso y, en algunos casos, más peligroso.

II. 6.a. La “ganancia” sigue ahí… pero ya no se combate solo por el territorio.

En la antigüedad, la ganancia era visible:

• tierras

• esclavos

• tributos

Hoy, en conflictos como la guerra en Gaza, o en Irán, e incluso en Ucrania, la lógica incluye:

• control geopolítico (zonas de influencia)

• recursos estratégicos (energía, rutas)

• seguridad percibida (fronteras, alianzas como el caso de la OTAN)

La ganancia ya no siempre es “poseer”, sino influir, bloquear o impedir que otro gane.

II. 6.b. La guerra como equilibrio de poder

Desde el siglo XX, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, emerge una lógica distinta. Por un lado, una lógica imperial, apoderarse de territorios más débiles. Las guerras son entre potencias dominantes (EE. UU., Rusia) contra territorios “más débiles” (todo el África, países de América Latina, Afganistán, Irak, Irán, Libia) para extraer materias primas, donde las potencias buscan obtener “súper ganancias” por medio de la extracción de materias primas (hidrocarburos, “tierras raras”). Por otro lado, se evitan enfrentamientos directos entre las potencias.

• Las grandes potencias evitan enfrentamientos directos, so pena de destruirse el uno y el otro, puesto que han surgido armas estratégicas como las “bombas nucleares”.

• Surgen guerras indirectas o “por delegación”.

Esto se vio durante la Guerra Fría, y aún hoy persiste.

La ganancia aquí no es conquistar, sino mantener o alterar el equilibrio global.

II. 6.c. Ideología, identidad y religión.

En algunos conflictos actuales, la motivación no es reducible solo a lo económico, concurren también nuevos factores como:

• identidades nacionales

• creencias religiosas

• narrativas históricas

Por ejemplo, en tensiones vinculadas a Irán, en Siria, o el conflicto en Gaza, intervienen:

  • seguridad

  • religión

  • memoria histórica

  • legitimidad política

Sin embargo —aquí conviene agudizar el juicio crítico— debido a que incluso estos conflictos suelen entrelazarse con intereses estratégicos y de poder.

II. 7. Nuevas formas de “ganancia”: tecnología y datos.

Hoy aparece algo completamente nuevo:

• ciberataques

• control de información

• inteligencia artificial

• dominio del espacio

Empresas como Microsoft o Google participan indirectamente en esta dimensión.

La guerra ya no ocurre solo en campos de batalla, sino en redes, satélites y sistemas digitales.

La “ganancia” puede ser ahora:

• acceso a datos

• sabotaje de infraestructura

• influencia sobre la opinión pública.

II. 8. Economía global: una paradoja.

Vivimos en un mundo global y más interdependiente que nunca, no obstante, las guerras:

• los países comercian entre sí

• las cadenas de suministro están entrelazadas

Esto debería reducir la guerra… pero no la elimina.

¿Por qué?

Porque con frecuencia, la competencia se desplaza hacia:

• sanciones económicas

• guerras comerciales

• control de mercados

A veces, la guerra militar es solo la continuación de una guerra económica por otros medios. (diferente a lo planteado por Karl Von Klawsewitz).

II. 9. Una reflexión final: ¿Estamos ante un cambio de era?

Algunos analistas sostienen que estamos pasando de la guerra “clásica” a una guerra híbrida:

• militar + económica + informativa + tecnológica, que no siempre se declara formalmente.

A veces ni siquiera es claro cuándo empieza o termina.

La hipótesis inicial podemos a su vez reformularla de la siguiente manera:

¿La guerra sigue siendo por “ganancia”?

La respuesta sería:

Sí, siempre que se considere que la ganancia ya no es solo material.

Ahora incluye:

• poder

• influencia

• seguridad

• información

• legitimidad

Y en muchos casos:

evitar perder es tan importante como ganar.

8. Una reflexión más profunda (casi filosófica)

Si en el pasado la guerra surgía cuando había algo que acumular, hoy podríamos decir:

la guerra persiste porque hay sistemas enteros que dependen de competir por poder en un mundo finito.

Esto abre una nueva pregunta inquietante:

¿Es posible una humanidad donde la “ganancia” no implique la pérdida del otro?