Una lectura rápida, pero no menos implicada, a algunas noticias aparecidas en medios nacionales los últimos días, permiten constatar el punto de no retorno en una sociedad como la costarricense.
Mientras la realidad campea en lo que podríamos denominar una radiografía de la incertidumbre, quedamos notificados de que la parálisis organizativa y la respuesta persisten sin evidencia de su recomposición.
La ofensiva sociocultural desplegada hace unos años desde sectores conservadores ha dado su resultado más rotundo: la atomización, el secuestro del concepto de pueblo por versiones populistas y perversas hábiles en la comunicación dirigida y sus variantes, así como la naturalización de dimensiones que hasta hace poco eran impensadas en este país, son solo algunos de esos efectos inmediatos y devastadores.
Empecemos por la peor debacle de todas, la pesadilla lapidaria: este país entró en un apagón educativo que está amenazando a amplios sectores de la población.
Si aquella, la de los ochenta, fue la década perdida, estos años sin lugar a dudas serán recordados como el cierre con candado a varias generaciones que fueron confinadas al peor de sus ostracismos.
El cuento se cuenta solo, porque no se parece siquiera a un chiste que es como se diría correctamente la frase: pésima comprensión de lectura en estudiantes de varios niveles y debilidades en la enseñanza de las matemáticas, por causa de malos manejos en lasherramientas didácticas por parte de las personas docentes.
El último informe del Estado de la Educación fue todo un obituario. De eso estamos seguros.
En la misma semana que este informe se daba a conocer, los medios de comunicación nos hablaban de la transversalización del enfoque de la violencia en todos sus alcances: en la Costa Rica del chifrijo, cada diez horas ocurre un asesinato, cada nueve días un femicidio, que hasta la semana anterior contabilizaba 27 homicidios de mujeres a manos de sus parejas.
Para aquellos y aquellas acostumbrados a explayarse en ese tan cacareado excepcionalismo costarricense en la región centroamericana, les tengo una noticia: las extorsiones, el cobro de peajes y el desplazamiento violento de familias enteras de sus viviendas por parte del crimen organizado, está ocurriendo en esta tan linda su Costa Rica, la suiza centroamericana.Nada que no ocurra en un barrio empobrecido de San Salvador o Tegucigalpa.
Como si este punto de inflexión no fuera suficiente, las soluciones extremas y populistas parecieran ganar espacio en el inconsciente colectivo atolondrado y mareado por tanto discurso provocador: una mega cárcel resumiría la política social del estado costarricense para acabar con la delincuencia.
Hace muchos años facilitaba en El Salvador un evento de juventudes centroamericanas sobre participación política. El caso de la delegación tica era contundente: su desprecio por las demás delegaciones y su poca vinculación con el resto, les hizo granjearse rápidamente una percepción negativa de parte del resto.
Hoy esa actitud arrogante y proponente debe ser abandonada y transitar hacia una humilde escucha de quiénes han experimentado esos viajes de los cuales no han regresado.
Mirar por encima del hombro y con arrogancia al conjunto de la región, no es opción. Nos hemos estandarizado. Reconocerlo es el primer paso para la reparación de eso que alguna vez fuimos.
Cuando el presidente de El Salvador Nayib Bukele vino a Costa Rica en noviembre del 2024, su homólogo costarricense Rodrigo Chávez dijo una frase que no debe olvidarse ni pasar inadvertida: quisiera poder hacer en Costa Rica lo que Bukele hace en El Salvador; ¿qué hizo ese individuo en su país?, simplemente, transformarse en dictador a través de la autocracia electoral.
Después de pertenecer al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de origen marxistaleninista, resultó electo alcalde de Nuevo Cuscatlán en el 2012 y San Salvador en 2015 bajo esa bandera, luego buscará dar el salto a la presidencia de la República. Pero conflictos internos con su partido y después de dar brincos partidarios por la izquierda salvadoreña, se afilia y es candidato por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) de centro derecha para las elecciones del 2019, dando una cabriola política espectacular. En esas elecciones obtiene la mayoría absoluta (53.10%) en mucho gracias al desprestigio en que habían caído los gobiernos del Farabundo Martí, los cual él había participado antes de su salida definitiva hacia el otro extremo del espectro ideológico. Prueba que a los aspirantes a autócratas no les importa su línea de pensamiento, sino el afán de poder y destrucción de la democracia.
En junio del 2019 el presidente Bukele lanzó su plan “Control Territorial” con el que logró disminuir la inmensa tasa de mortalidad que había El Salvador, junto con acuerdos clandestinos y corruptos con la Mara Salvatrucha. Esto le dio una enorme popularidad, la verdad sea dicha, y eso le abrió la posibilidad de pedir en marzo del 2022 a la Asamblea Legislativa, ya dominada por él y sus partidos alados desde las elecciones del 2021, la declaratoria del Régimen de Excepción, lo que le permitió bajar aún más la tasa de criminalidad y gozar de un apoyo masivo de una población harta de la inseguridad provocada por las pandillas, maras y asesinatos; eso sí, todo cambio de perder las libertades fundamentales en una democracia.
La tumba de la democracia liberal en El Salvador estaba abierta, solo faltaba lanzar el cadáver y poner la lápida. El acta de defunción se firmó desde el 2021, cuando por una intervención del ejército quedaron borrados los límites entre el Poder Ejecutivo y Legislativo y aprueba un permiso para que el presidente Bukele se aparte del cargo y pueda participar en las elecciones del 2024, las que gana con una votación del 84.65%, prácticamente sin oposición.
Proceso típico de la autocracia electoral, pues también ya había dado el zarpazo final con la toma del Poder Judicial; esto sucedió cuando la Asamblea también en mayo del 2021 destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional primero y otros jueces después, incluyendo al fiscal general. Pero la lápida cayó el 1 de agosto de este año 2025, cuando la dócil y aborregada Asamblea Legislativa salvadoreña, por votación de 57 de 60 diputados dóciles, aprobó la reelección presidencial indefinida. ¡Viva la dictadura!
Sin embargo, cuando en su show rutinario de los miércoles, uno de la prensa vasalla preguntó al presidente Rodrigo Chaves su parecer sobre este hecho, dijo que había sido un proceso aprobado por una Asamblea electa democráticamente… y como dice el viejo refrán: si las barbas del vecino ves pelar… pon las tuyas a remojar.
Precisamente, porque ese es el modelo o ejemplo que el presidente Rodrigo Chávez restriega constantemente en las narices de los costarricenses como su gran ambición política, es que lo hemos explicado con amplitud; y ejemplo de cómo utilizando los procesos electorales aparentemente democráticos, un autócrata de pocas luces y verbo demagógico creador odios, se roba un país. Pueden ponerle el nombre y apellido que quieran, que los hay por todo el mundo: desde Ortega en Nicaragua, Milei en Argentina, Chávez-Maduro en Venezuela o Trump en los Estados Unidos y hay más, para no salirnos de nuestro continente. Como puede verse, no se trata de ideología, los hay de todos colores, y su deseo es solo uno: acabar con la democracia liberal. Para ello atacan a los otros poderes del Estado y a las fiscalías; critican el pasado que consideran corrupto, pero intencionadamente ignoran los logros y avances obtenidos para crear así la imagen de un país en caos que necesita un salvador; por lo que para ellos el discurso creador de odio, ya sea desde un podio los miércoles o diariamente desde una curul legislativa, es fundamental.
Ante las próximas elecciones el 1 de febrero del 2026 es urgente que los costarricenses abran los ojos y vean que estamos al borde del abismo, que nuestra democracia está en peligro si de nuevo cae en manos de una pandilla ignorante y ambiciosa que, sin asco alguno, está por destruirnos para acumular poder y riqueza. Hace cuatro años ofrecieron que eliminarían la corrupción, hoy nos heredan la más grande que ha conocido nuestra historia con un presidente con dos expedientes penales en los tribunales y más de cien en trámite en la Fiscalía General, una candidata a la presidencia con una causa penal pendiente en la municipalidad de Cartago por la extracción ilegal de expedientes para beneficiar al Alcalde que era su jefe, y una buena cantidad de candidatos a diputados en los primeros lugares en las papeletas de cada provincia, que parecen un pizarrón del OIJ o la Fiscalía General; donde cabe destacar a Nogui Acosta por San José con 10 causas penales pendientes en la Fiscalía y Marta Esquivel por Heredia, ex Presidente Ejecutiva de la CCSS con expediente penal abierto y en proceso activo por el caso (chorizo) Barrenador y causante de mil perjuicios a la Caja y la salud de los costarricenses o el l Lic. José Miguel Villalobos por Alajuela, con dos suspensiones a cuestas de su ejercicio profesional por el Colegio de Abogados, y sigue ejerciendo como abogado de narcotraficantes y del presidente Chávez, entre otras cosas, mejor ni hablar.
Así funciona la autocracia electoral, llevan al ciudadano ciego y sordo, embobado por los mensajes de odio, al matadero de la urna electoral…para que crean que hay democracia. Precisamente, el historiador Steven Forti en su libro “Democracias en Extinción…El Espectro de las Democracias Electorales” publicado este año, cita el estudio del Instituto V-Dem cuyos investigadores han llegado a la conclusión que el proceso de autocratización de un país pasa por estas tres etapas:
– “En primer lugar, una erosión democrática comportaría el paso de una democracia liberal a una democracia electoral; en segundo lugar, un colapso democrático conllevaría el paso de una democracia electoral a una autocracia electoral, y, por último, una autocracia electoral puede transformarse en una autocracia cerrada…”
¡Es decir, una dictadura! ¿En cuál de estos tres estadios estamos los costarricenses? Creo que peligrosamente estamos a punto de pasar del punto uno al dos, que nos pone en puertas de la autocracia cerrada, estilo Nayib Bukele. Para eso quieren los famosos 40 diputados, para cambiar las estructuras democráticas de equilibrio de poder y control constitucional con la Contraloría General de la República, y entonces, sin quien ponga los límites, hacer lo que les dé la gana.
Por eso, no a la pandilla chavista o rodriguista o como diablos se llamen, encaramados en el nuevo taxi electoral Pueblo Soberano, dispuesto a convertirnos en un… ¡pueblo de sorompos!
Como es lo habitual en el calendario político de nuestro país, este año, el último del gobierno de turno, tiene como protagonista a los partidos que buscarán el poder en las próximas elecciones, a celebrarse el primer domingo de febrero del 2026. El año se divide en dos: en la primera parte los partidos se vuelcan hacia dentro; es la época de elegir a sus candidatos, tanto en la fórmula presidencial, como en las papeletas provinciales para confeccionar la lista de candidatos a diputados. Lo novedoso en este año es que vivimos algo inusitado en nuestra institucionalidad democrática; cuando todo parecía sólido en las instituciones y claro en la razón de ser de lo que entendemos por “democracia”, los cimientos de la misma se ven sacudidos por la actitud asumida por el partido gobernante y, en especial, por las poses y medidas que un día sí y otro también, han caracterizado al presidente y su séquito. Este gobierno no tiene paragón en nuestra historia política…y no para bien. Todo lo contrario, muchos ciudadanos sentimos que este gobierno constituye una amenaza para nuestra institucionalidad democrática. Pero lo más grave es que el país está dividido como nunca desde la Guerra Civil de 1948. A pesar de lo insólito – o, quizás, precisamente por eso – de esta actitud del gobierno, cerca de la mitad de la población apoya al presidente como persona, aunque esto no significa que apoye o apruebe a sus altos funcionarios y a los diputados de la fracción oficialista. En cuanto a sus oponentes, tanto de los partidos que lo adversan como de amplios sectores de la opinión pública y de los medios de comunicación, la mayor parte de las críticas se dirigen en contra de la persona misma del presidente; es tan frecuente esta actitud, que da la impresión de que todos los ataques y amenazas que sufre nuestra institucionalidad democrática, deban ser asociados a lacras atribuibles a la persona misma del gobernante. Si bien es cierto que hay mucho en ello de verdad, dado que Rodrigo Chaves es un improvisado, que ha demostrado adolecer de una ineptitud supina para ejercer tan altas funciones, esto no obstante considero que hay un error de apreciación en esta afirmación, no porque sea falsa en sí, sino porque no ahonda en las causas de esta insólita y grave crisis que sufre nuestra vida republicana. Estas críticas serían totalmente válidas si no fuera porque el presidente, ya al terminar su período constitucional como gobernante, sigue gozando de una popularidad digna de mejor causa.
Por eso considero que los motivos para que en nuestra tradicional vida democrática haya surgido un fenómeno de esta naturaleza tiene causas, no sólo coyunturales propias de nuestro país, sino también – y esto es lo más grave- estructurales que van más allá de la manera de ser y pensar de los individuos que son los protagonistas de los eventos que hoy nos (pre)ocupan. Y cuando hablo de causas “estructurales” no me refiero sólo a la institucionalidad democrática de nuestro país, sino a lo que está pasando en el mundo entero, no tanto por la carencia de líderes o estadistas que estén a la altura de los retos del momento histórico actual, sino porque quienes tienen un papel protagónico en la escena política mundial, constituyen un retroceso, no son parte de la solución sino parte – y muy grave – del problema. No pocos de los líderes mundiales hoy son figuras espernibles, tanto por su trayectoria pública como por su vida privada. Me refiero a personajes como Trump que, por gobernar un país que ha sido el líder del mundo después de la II Guerra Mundial a pesar de que hoy acusa síntomas de una decadencia irrecuperable tanto dentro como fuera del país, sin embargo parece servir de modelo a sujetos detestables, tales como el genocida Benjamín Netanyahu en Oriente Medio, o Milei, Bolsonaro y Bukele en Nuestra América. La misma Europa gira peligrosamente hacia la extrema derecha; el fantasma de Hitler recorre no pocos pasillos del mundo político europeo. Es el mundo entero el que está en crisis, ya no sólo política sino de valores, lo que algunos llaman “crisis civilizatoria”. Occidente pierde la hegemonía que por siglos había mantenido sin rivales.
Nuestro pequeño país, situado en una zona geopolítica estratégica como es la Cuenca del Caribe, no podía permanecer al margen de un preocupante fenómeno de esta magnitud, tanto más cuanto que es la existencia misma de la especie la que está en juego. Frente a un desafío de esta magnitud, debe ser nuestro primer y principal deber cívico preguntarnos qué debemos hacer para asumirlo con posibilidades de éxito. Considero que lo que nuestro país está padeciendo como crisis afecta al concepto mismo de “democracia”, entendiendo por tal, no sólo la tradicional definición de un sistema político que expresa la voluntad popular. Democracia es el pueblo gobernándose a sí mismo y asumiendo libremente su destino como nación. Tal definición remonta a los lejanos tiempos de la Atenas de Pericles, cuna de la democracia; para los ciudadanos libres – que no pasaban de una quinta parte de la población – el “demos” (masa de los ciudadanos) ejercita el poder para construir la “polis” (sociedad racionalmente organizada) gracias a que se rige por la ley (“nomos”), que se inspira en el orden de la Naturaleza (“fysis”) que rige la armonía del Cosmos. Las revoluciones se dan cuando el incontenible dinamismo de las fuerzas sociales sobrepasa a las estructuras de poder. Es lo que hoy sucede en el ámbito mundial. Con la emergencia incontenible de China, es la humanidad la que se convierte en sujeto de la historia.
Pero volviendo a nuestro terruño, esta crisis mundial se ve reflejada en la crisis de nuestra tradicional institucionalidad democrática. Lo que entendemos los costarricenses por “democracia” nació como fruto de los procesos políticos de la Costa Rica del siglo XIX, cuya función histórica era la de forjar el Estado Nación. Logrado este objetivo, cuya culminación fue la constitución política de Guardia (1871) basada en principios liberales, se dan los eventos de Octubre 1889, que pone fin a los gobiernos autoritarios de la década y dan a luz una nueva concepción de democracia, aquella que se rige por los partidos políticos. La primera mitad del siglo XX tendrá como partido hegemónico al Republicano, cuyo mayor logro fue la creación del Estado de derecho, que nos evitará caer en las dictaduras que ensangrentaron nuestro vecindario. En la década de los 40s vendrá la “alianza inverosímil”, compuesta por el gobierno del republicano Dr. Calderón Guardia, la Iglesia de Monseñor Sanabria y el Partido Comunista de Manuel Mora, quienes crearon el Estado social, ensombrecida por la lucha de clases a partir de las elecciones de 1944, todo lo cual culminó en la Guerra Civil (1948); consecuencia de la cual nuestra vida política será hegemonizada por el Partido Liberación, cuya función era la de modernizar las estructuras del Estado según una concepción socialdemócrata ideada por Rodrigo Facio y ejecutada por José Figueres Ferrer. Este modelo político se verá cuestionado por la imposición imperial de “planes de ajuste” de tinte neoliberal a partir de 1985. Como reacción, en la segunda década de este siglo surgen en Nuestra América nuevos liderazgos, encabezados por las potencias regionales: el Brasil de Lula en América del Sur y el México de López Obrador-Claudia Sheinbaum en Mesoamérica.
Dentro de este nuevo contexto, Costa Rica debe repensar su tradición democrática. En este momento, su meta estratégica es defender y profundizar su mayor logro histórico: la creación del Estado social de derecho, en política doméstica y en policía exterior impulsar una diplomacia en pro de la paz basada en el respeto al derecho internacional, promoviendo los derechos humanos y en defensa de la causa ecológica. Para lograr esas metas, debemos dar prioridad a un sistema de educación pública de calidad en todos los niveles, como lo hicieron nuestros liberales con la reforma de Mauro Fernández (1886) en la educación básica, y Rodrigo Facio en la educación universitaria (Reforma de la Universidad en 1957). A este propósito hay que enfatizar que la mayor debilidad de nuestra educación pública se da en la secundaria; la solución está en formar profesores del más alto nivel profesional y ético; para ello el Ministerio de Educación debe comenzar por coordinar programas y cursos de emergencia, sobre todo en matemáticas, castellano e inglés, con las facultades de educación de las universidades públicas. La salud y la seguridad ciudadana combatiendo el narcotráfico y organizando a las comunidades, son los otros rubros que se deben promover como prioridad en los programas de gobierno que deben proponer los partidos en la campaña electoral que se avecina. Para ello se requiere de un Estado fuerte, transparente y eficiente, sometido al escrutinio permanente de una opinión pública bien informada. Los recursos del Estado se lograrán acabando con la evasión y elusión de impuestos.
Para terminar, deseo enfatizar que sería un error que, en esta campaña los partidos se enfrasquen en ataques y querellas entre ellos recurriendo a un lenguaje procaz. El mayor enemigo que enfrentamos, cualesquiera que sean nuestras preferencias electorales, no son los partidos rivales, sino el creciente abstencionismo, lo mismo que las fuentes de financiación de los partidos. Los inmensos recursos económicos que los partidos invierten en las campañas electorales, se dilapidan no en confrontaciones ideológicas inspiradas en nuestros mejores valores cívicos, sino en un “marketing”, donde se promueven a las figuras de los candidatos más que a los programas de gobierno. Por eso es indispensable que el Tribunal Supremo de Elecciones sea muy severo en el control de las fuentes de financiamiento de los partidos. Combatir la antidemocrática tendencia de quienes recurren a cualquier forma de financiamiento para satisfacer sus ambiciones políticas y controlar severamente las fuentes de donde viene el dinero que emplean los partidos para financiar su propaganda, es fundamental para preservar nuestra paz política y social y consolidar nuestra institucionalidad democrática. Tal es la función cívica por excelencia de la campaña que se avecina.
La firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (en adelante TLC CAFTA-DR), ratificado por Costa Rica en 2009, se nos dijo que marcaría un punto de inflexión en la política comercial del país. Hasta entonces, la relación con el principal socio comercial —Estados Unidos— se sustentaba en otros instrumentos jurídicos como el de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), un régimen unilateral creado por EE. UU. para otorgar acceso preferencial a productos provenientes de economías en desarrollo. Sin embargo, la transición hacia un tratado vinculante y bilateral no estuvo exenta de tensiones. En este contexto, resulta clave analizar las ventajas y desventajas que trajo consigo el TLC para Costa Rica, considerando, además, la evolución de su balanza comercial con Estados Unidos antes y después del tratado.
Ventajas ¿reales o aparentes?: estabilidad, inversión y diversificación exportadora
Como creo haberlo dejado claro en el artículo anterior, los principales líderes del “Movimiento del sí al TLC”, siempre aseguraron que, con este Tratado Comercial, se daba un paso seguro para movernos de un marco comercial revocable a un régimen que sería supuestamente estable y legalmente protegido. La ICC, aunque beneficiosa en su momento, dependía enteramente de decisiones unilaterales del Congreso o del Ejecutivo estadounidense. En contraste, -se nos dijo- que, el TLC CAFTA-DR había establecido reglas claras, derechos recíprocos y procedimientos jurídicos vinculantes, lo cual ofrecía seguridad jurídica a los inversionistas y previsibilidad a los exportadores costarricenses. Los gobiernos costarricenses a partir del 2009 promovieron entonces políticas públicas mediante las que, se produjo un notable crecimiento de la inversión extranjera directa, especialmente en sectores como tecnología, manufactura avanzada y servicios. Pero hemos de tener en cuenta, asimismo, los problemas que el Tratado trajo consigo, en especial ahora, que las imposiciones unilaterales de aranceles del señor Trump a todos sus socios comerciales, colocan a los demás países que comercian con los EE. UU, pero muy especialmente a socios mucho más débiles como los centroamericanos y del Caribe, en una situación verdaderamente calamitosa. Veamos primero las recompensas que derivamos del TLC.
El tratado facilitó en estas últimas dos décadas, la diversificación del aparato exportador costarricense. Recordemos que, antes del TLC, las exportaciones hacia EE. UU. se concentraban en productos agrícolas tradicionales como café, banano y azúcar. Tras su entrada en vigor, Costa Rica amplió su portafolio exportador hacia bienes de mayor valor agregado, como dispositivos médicos, servicios empresariales, tecnología y componentes electrónicos. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), en 2006 (años previos a la entrada en vigor del TLC CAFTA), las exportaciones costarricenses a EE. UU. alcanzaban los $3.500 millones; en 2023, esta cifra superó los $6.500 millones, con un cambio significativo en la composición de los productos exportados.
La balanza comercial: ¿ganancia estructural o dependencia creciente?
Si bien las exportaciones crecieron, también lo hicieron las importaciones desde Estados Unidos, lo que plantea interrogantes sobre los beneficios netos del tratado. En los años previos al TLC, Costa Rica solía registrar superávit comercial con EE. UU. (es decir, exportaba más de lo que importaba). Sin embargo, tras la implementación del tratado, la balanza comercial se tornó más volátil, y en ciertos años se registraron déficits comerciales.
Por ejemplo, en 2005, Costa Rica tuvo un superávit de aproximadamente $300 millones con EE. UU. Pero para 2015, ya con el TLC plenamente implementado, el país registraba un déficit cercano a los $1.000 millones, en parte debido al aumento de importaciones de productos manufacturados, bienes de consumo y maquinaria. Aunque en años recientes la balanza ha tendido a estabilizarse, esto revela que el tratado no garantizó un saldo comercial positivo sostenido, -y que- el país pasó a depender aún más de EE. UU. como proveedor clave. Un problema de significativa importancia que ha limitado siempre un verdadero desarrollo con autonomía y equidad para países como Costa Rica y sus vecinos, los cuales corren la misma suerte -o quizás peor- que nosotros.
Desventajas: pérdida de autonomía y presión sobre sectores vulnerables
Uno de los principales costos del TLC ha sido la pérdida de margen de maniobra en la formulación de políticas públicas, especialmente en áreas como compras gubernamentales, regulación de servicios, propiedad intelectual y protección ambiental. Al asumir compromisos de no discriminación y trato justo para inversionistas extranjeros, el Estado costarricense se ha visto limitado en su capacidad de aplicar ciertas políticas redistributivas o de protección social.
Además, el TLC ha expuesto a sectores productivos sensibles, como el agrícola, a una competencia desigual frente a productos subsidiados estadounidenses. Pese a que se negociaron plazos de desgravación gradual, rubros como el arroz, los lácteos o el maíz han enfrentado presiones importantes, y el Estado ha debido implementar medidas compensatorias para mitigar los impactos.
En contraste, bajo la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (en adelante ICC), Costa Rica tenía acceso preferencial a EE. UU. sin necesidad de abrir completamente su mercado, ni de someterse a compromisos jurídicos complejos. Esa flexibilidad permitió proteger sectores estratégicos, aunque -hemos de admitir- con el riesgo constante de perder acceso al mercado del norte, si EE. UU decidía modificar unilateralmente el esquema. Pero hoy, bajo el esquema del tratado de libre comercio (TLC), merced a una circunstancia de naturaleza sobre todo política -la actuación arbitraria del gobernante de una potencia, probablemente la más grande e injusta del orbe- nos toca enfrentar un problema similar al descrito bajo la ICC, “la modificación unilateral del esquema, por parte del socio, por mucho más poderoso del negocio”; esto ha sido así, sin que desde la perspectiva del 2009, cuando por fin Costa Rica estuvo lista para poner a caminar el TLC CAFTA-DR, ni el más suspicaz de los que apoyaron dicho “Tratado”, se imaginó que podríamos vernos en una circunstancia tan adversa para el comercio de toda la región, como esta por la que estamos atravesando.
Conclusión: entre la oportunidad y la dependencia
La adopción del TLC CAFTA-DR representó, para Costa Rica, una apuesta por la integración jurídica, económica y comercial con Estados Unidos, asumiendo tanto las ventajas de un marco en apariencia “más estable”, como los riesgos inherentes a una mayor dependencia estructural. Aunque el país ha logrado diversificar sus exportaciones, atraer inversión extranjera y fortalecer algunos sectores estratégicos, también ha cedido grados de autonomía y ha enfrentado tensiones sociales por los impactos en sectores vulnerables. La evolución de la balanza comercial revela que el TLC no fue una panacea,sino una herramienta más —con beneficios y costos— en la política de inserción internacional del país.
Así había sido antes de esta segunda administración de EE. UU, bajo el liderazgo de Donald Trump. Si los beneficios del TLC no resultaron tan loables como se nos había prometido, ¿qué podemos esperar ahora, cuando el gobierno estadounidense se ha lanzado con la agresividad que lo caracteriza a establecer -arbitraria e ilegalmente- aranceles a los productos provenientes de los países centroamericanos y República Dominicana -cubiertos o no por el TLC-? Insisto, el futuro inmediato no se presenta muy halagüeño frente a las políticas unilaterales impuestas por la administración Trump; menos aún, cuando las élites centroamericanas se han mostrado tan sumisas frente a los Estados Unidos y su nueva política arancelaria. El presidente Rodrigo Chaves Robles es un campeón de la sumisión ante los Estados Unidos. Como lo hemos argumentado, existen recursos a los que podríamos haber acudido para defendernos, pero los gobernantes han quedado como pasmados, mostrándose temerosos de echar mano de los recursos legales que existen en nuestra defensa.
El país se desangra, las balaceras son pan de todos los días, nos convertimos en uno de los mayores exportadores de drogas del mundo y alcanzamos números récord en homicidios y tasas de criminalidad. El problema de la seguridad o inseguridad golpea diariamente al ciudadano
El gobierno de Chaves les echa las culpas a otros poderes: al Legislativo por no aprobar leyes más estrictas que meta a la gente a la cárcel y al Judicial por no mantener a los detenidos en la cárcel.
Chaves quiere más gente en la cárcel como el antídoto o la medicina contra la delincuencia. Su lógica es: entre más privados de libertad, menos delincuencia.
Sin embargo, la realidad indica que los detenidos han aumentado considerablemente en el periodo de gobierno de Chaves y sin embargo la inseguridad en vez de disminuir aumenta.
Según datos del propio ministro de Justicia, Gerald Campos que el Semanario Universidad publica en 2022 había una población penitenciaria de 14.718 personas, mientras que en 2025 existen 18.507, sea que los privados de libertad aumentaron en 3.789, mientras los homicidios pasaron en esa misma época de 654 en el 2022 a 907 en el 2023 y para este año el OIJ estima que la cifra superará los 900 homicidios.
La población privada de libertad crece aceleradamente, se considera que en el 26 llegará a 20 mil y, sin embargo, los delitos no parecen disminuir.
Hay varias conclusiones ante estos hechos:
1-. Meter la gente a la cárcel no resuelve por sí misma el problema de la seguridad pública.
2-. Que el Poder Judicial manda a la cárcel cada vez a más personas.
3-. Que, sin embargo, los índices de delincuencia no disminuyen, sino que aumentan.
4-. Que la falla principal del aumento de la inseguridad pública es del Poder Ejecutivo, sea del gobierno de Chaves.
En términos generales, lo que los números, sea la realidad, están indicando es que no basta con meter a la gente a la cárcel si el gobierno falla y no cumple con las tareas de prevención social y policial.
El Poder Judicial, los fiscales, los jueces, cumplen con su deber (la población carcelaria ha aumentado considerablemente) por lo que la excusa esgrimida por Chaves, que los jueces “sueltan a los delincuentes”, no es real.
Otro fallido proyecto chavista es el de, sin considerar las grandes diferencias que caracterizan la delincuencia en suelo salvadoreño, con la que nos agobia en Costa Rica, gastar cerca de ¢25.000 MILLONES en la construcción de otra prisión en Costa Rica.
Recordemos antes, que la construcción de la cárcel bukeliana, no ataca lo más importante, o sea, las causas de la criminalidad que nos arrebató, la paz que merece el pueblo de Costa Rica. En lugar de apuntar las canfineras hacia el escenario en que se mueven los actores, el «gran esfuerzo» se dedica a satisfacer un pingüe capricho presidencial, un poco alejado de hacia dónde orientar, los pasos hacia un buen gobierno.
«¡Hablemos de la cárcel!», se oye decir en Zapote, y no del desastre provocado en la educación estatal, por la exministra Müller, en los tres años como ministra de Educación. Igualmente, «escondamos la inhumana disminución en la inversión social, donde cada colón negado por el frío IMAS, se convierte en el ingrediente de la pócima de la hechicera, conque se nutre la delincuencia practicada, por los miserables que solo encuentran caminos cerrados, en su búsqueda por sobrevivir, en esta selva urbana.
Así, la paradoja se resume en, «_como estamos propiciando mayor delincuencia, necesitamos más prisiones_», cuando la lógica, el sentido común, debería ser, que, ‘gracias a una muchísima mejor educación, y a una atención prioritaria de los programas de atención, hacia, el millón de pobres que apenas tienen una comida diaria, la necesidad de más celdas cada día será menor’. ¡A mayor educación y programas de solidaridad social, menor delincuencia!, es una máxima universal, que Chaves desdeña.
Finalmente, creemos, que los diputados de oposición que, en una pequeña comisión, aprobaron disminuir el presupuesto del Ministerio de Seguridad, muy especialmente, ¡en momentos en que más se necesita trabajar en prevención!, SABEN que, el gobierno chavista jamás tendrá la capacidad necesaria, de presentar, para su valoración formal, un proyecto de construcción, viable, bien estructurado, decente. Por eso, presumimos, los legisladores no pusieron obstáculos al mismo, pues, eventualmente, no pasará de una idea desfinanciada, como lo fue, la también descabellada idea de la llamada «ciudad gobierno», en terrenos que pretendieron arrebatar al Liceo de Costa Rica. «Ciudad» monstruosa, de la que nunca hubo proyecto ni financiamiento.
Similar situación se dio, alrededor de un proyecto urbanístico privado, «soñado» como un enclave de millonarios extranjeros, que contarían con un pequeño atracadero para yates, ¡en terrenos de JAPDEVA!, al que llamaron «la marina de Limón», y que habría generado ¡cien mil empleos!, dijo la exministra de Planificación, y demagoga, Laura Fernández, solo para citar dos ejemplos. Y es que, amigos, en cuanto a la idea de la cárcel, lo cierto es que no se puede esperar mucho, pues se trata de un proyecto diseñado, por funcionarios donde predomina, la incompetencia y la improvisación.
La democracia costarricense atraviesa una crisis silenciosa pero profunda: la del sistema de partidos. Lo que durante décadas fue el pilar de nuestra institucionalidad —estructuras partidarias sólidas, con ideología, cuadros formados y programas claros— hoy se ve sustituido por dos fenómenos preocupantes:
Primero, la proliferación de “partidos taxi”: vehículos creados para llevar a una persona al poder y luego desaparecer.
Segundo, la degradación de los partidos tradicionales, que han perdido su vocación programática y se han convertido en maquinarias electorales sin renovación real.
Viejos políticos, nuevos taxis
En los últimos tres procesos electorales, Costa Rica ha visto cómo candidatos sin el respaldo de las estructuras históricas han llegado a la presidencia: Luis Guillermo Solís (2014), Carlos Alvarado (2018) y Rodrigo Chaves (2022). Ninguno era favorito en las encuestas iniciales, y todos capitalizaron el desgaste del PLN, PUSC y PAC.
Este fenómeno ha abierto la puerta a figuras que, en lugar de fortalecer partidos, los usan como plataformas desechables. El Partido Progreso Social Democrático, que llevó a Chaves al poder, es un ejemplo citado por analistas como un “partido taxi”.
Los vicios que no mueren
El PLN, el más longevo de los tradicionales, arrastra décadas de cuestionamientos éticos y escándalos internos. El PPSO, el más novel y señalado como vehículo del oficialismo afín al chavismo, ya acumula denuncias por prácticas poco transparentes, vínculos con operadores digitales pagados desde Casa Presidencial y designaciones cuestionadas.
Paradójicamente, ambos extremos —el histórico y el emergente— comparten males similares: imposiciones internas que sus críticos califican de antidemocráticas, y el respaldo a proyectos de ley que han generado rechazo social, como las Jornadas 4×3, percibidas por sindicatos como un retroceso en derechos laborales. A esto se suma la inacción o el bloqueo de reformas clave en seguridad pública, como los allanamientos 24/7 o la incautación expedita de capitales ilícitos. Y, como cereza del pastel, en los últimos días, diputados del gobierno y del PLN entierran proyecto de ley para regular ‘lobby’ y ‘puertas giratorias’ a pesar de que la OCDE llamó la atención a Costa Rica por la falta de regulación del ‘lobby’; grupo de eventos y similitudes entre dos partidos, se supone, antagónicos que levantan suspicacias hasta del más inocente ciudadano.
El espejismo del liderazgo individual
La política costarricense se ha deslizado hacia el personalismo. La narrativa gira en torno a la figura del líder, no a la solidez de su equipo o la coherencia de su plan de gobierno. Esto ha tenido consecuencias visibles:
– Administraciones que llegan con un círculo reducido de confianza, sin cuadros técnicos suficientes para ejecutar políticas públicas.
– Falencias en áreas críticas como seguridad, infraestructura y educación, que se repiten gobierno tras gobierno.
– La “paradoja de la popularidad”: presidentes con altos índices de aprobación, pero con resultados pobres en los problemas estructurales del país.
Recuperar la política como proyecto colectivo
El artículo 98 de la Constitución Política establece que los partidos son instrumentos esenciales para la participación ciudadana. Sin embargo, si estos se reducen a cascarones vacíos o a taxis electorales, la democracia pierde su capacidad de articular intereses y garantizar gobernabilidad.
Costa Rica necesita partidos que vuelvan a formar cuadros, que construyan programas a largo plazo y que prioricen el trabajo en equipo sobre el culto a la personalidad. La historia reciente demuestra que, sin equipos sólidos, incluso los líderes más carismáticos terminan atrapados en la inercia de un Estado que no cambia.
I. El CAFTA‑DR (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos) fue firmado en 2004, pero su implementación fue gradual y distinta según cada país. En el caso de Costa Rica, el tratado no entró en vigor hasta el 1 de enero de 2009, luego de un referéndum nacional realizado el 7 de octubre de 2007, en el cual el “Sí” al tratado se impuso con un 51.6 % de los votos (Wikipedia, 2024). Esto convirtió a Costa Rica en el único país firmante que sometió el tratado a consulta popular.
Uno de los argumentos más usados por los defensores del Tratado de Libre Comercio de las Repúblicas de Centroamérica y República Dominicana, fue que el Tratado vendría a proporcionar mucha más seguridad jurídica que la Iniciativa para la Cuenca del Caribe a la que estábamos adscritos con anterioridad. Algunos de los máximos defensores de este argumento fueron:
Alberto Trejos. Cuando fungía como ministro de Comercio Exterior, manifestó que con la firma del TLC (CAFTA-DR), se establecía un marco jurídico más robusto para regular el comercio con EE. UU. Dijo expresamente: “La firma de este instrumento marca el fin de una etapa más en el proceso por lograr el establecimiento y consolidación de un marco jurídico adecuado que sirva para regular la relación de Costa Rica con los demás socios del Tratado.” (Ref. “Costa Rica aplaude firma de CAFTA en agosto” LMTENESPANOL, julio22, 2004). La cita claramente alude al concepto de seguridad jurídica, aún cuando no lo nombre de manera literal.
Alfredo Volio. Líder del movimiento Alianza Ciudadana por el SÍ durante el referéndum. Aunque no se ha encontrado ninguna referencia explícita a la seguridad jurídica que, según su criterio daba el tratado, es evidente que un empresario como él, que fue colocado al frente del grupo del SÍ por el TLC, avalaba la firma del Tratado y por lo tanto lo que en el mismo se contenía en cuanto a la resolución de controversias.
Diario La Nación. Se encuentra una mención expresa sobre el Concepto de Seguridad Jurídica en el siguiente extracto de un editorial del 6 de marzo de 2025, aunque no aludido específicamente sobre el TLC se subraya la importancia “…de la seguridad jurídica, previsibilidad y certidumbre como elementos esenciales para el buen desempeño del comercio exterior, especialmente para un país pequeño como Costa Rica.” (Ref. Editorial del 6 de marzo del 2025.).
Capítulo 20:Solución de Controversias TLC-CAFTA.
Consultas: Las partes deben intentar resolver sus diferencias mediante consultas diplomáticas (Art 20.4)
Intervención de una Comisión del Tratado: Si las consultas fallan, se puede elevar el caso a la Comisión de Libre Comercio (Artículo 20.5).
Panel Arbitral: Si no se resuelve el Conflicto, una de las partes puede solicitar el establecimiento de un panel arbitral independiente (Artículo 20.6), que evaluará la situación con base en el texto del tratado.
Informe Final y Cumplimiento: El panel emite un informe definitivo. Si un país incumple, hay espacio para adoptar medidas compensatorias o de retorsión (Artículo 20.16), es decir sanciones económicas proporcionadas.
Por lo tanto, ante las recientes políticas de Trump de imposición de aranceles que, claramente contravienen el TLC-DR, los países centroamericanos no están en la indefensión. El propio Tratado contiene cláusulas como las citadas, que amparan a los países que resulten víctimas de transgresiones, como ocurre hoy en día por parte del mismo gobierno de los EE. UU, otrora impulsor de los tratados de libre comercio.
Veamos estas cláusulas con un poco más de detalle.
Consultas y arbitraje interestatal
El tratado prevé un mecanismo de solución de controversias entre Estados. Si un país firmante considera que otro ha incumplido sus obligaciones —como lo sería la imposición de aranceles que violen los compromisos adquiridos— puede iniciar un proceso que consta de:
1. Consultas bilaterales, con la posibilidad de mediación ante una comisión del tratado.
2. Si no hay solución en un plazo breve (30 días o menos si hay productos perecederos), la parte afectada puede solicitar un panel arbitral.
3. El panel, compuesto por tres árbitros imparciales, emite una resolución vinculante.
4. Si el país demandado no acata la resolución, el país reclamante puede suspender beneficios equivalentes a los daños sufridos.
Esta herramienta legal otorga a los Estados un recurso formal y reconocido para defender sus intereses dentro del marco del tratado, reforzando así la seguridad jurídica multilateral (CAFTA‑DR Text, Capítulo 20).
b. Precedente actual: República Dominicana
En 2025, ante la imposición de nuevos aranceles estadounidenses del 10 %, República Dominicana recurrió a este procedimiento, solicitando consultas oficiales en el marco del CAFTA‑DR (KPMG, 2025). Esto indica que los Estados parte reconocen la validez y relevancia del mecanismo incluso frente a potencias como EE. UU., y lo utilizan como vía de presión diplomática respaldada jurídicamente.
II. Vías judiciales internas en EE. UU.: ¿Quién puede frenar al presidente?
Más allá del ámbito internacional, existe otra vía crucial para frenar las políticas arancelarias de Trump: el sistema judicial estadounidense.
a. El caso V.O.S. Selections, Inc. v. United States
Este litigio, iniciado por una pequeña empresa importadora de vinos, ha tenido un impacto profundo en la legalidad de los aranceles presidenciales. El 28 de mayo de 2025, el Tribunal de Comercio Internacional (CIT) falló en contra de Trump, declarando que la Ley de Poderes Económicos en Emergencia Internacional (IEEPA), utilizada como justificación para imponer aranceles amplios, no autoriza al presidente a modificar unilateralmente las tarifas sin la aprobación del Congreso (Haynes Boone, 2025; Vox, 2025).
El fallo se apoya en principios constitucionales como la separación de poderes, la doctrina de no delegación legislativa y la llamada “doctrina de las grandes preguntas”. Dicha decisión representa un precedente importante que cuestiona la legalidad de los aranceles de emergencia como instrumento político (Cato Institute, 2025).
Sin embargo, la decisión fue suspendida temporalmente por una corte de apelaciones el 29 de mayo de 2025 (KPMG, 2025), y se espera que el caso llegue a la Corte Suprema de EE. UU. en los próximos meses (Covington, 2025).
Este litigio sugiere que la vía interna estadounidense puede resultar más eficaz y definitiva para frenar las medidas arancelarias, ya que podría invalidar las decisiones ejecutivas en su origen, en lugar de limitarse a responder con represalias como lo permite el CAFTA‑DR. Es evidente que, las represalias que pueden emplear los países centroamericanos y República Dominicana no resultarían tan eficaces de aplicar contra una nación tan poderosa como lo es EE. UU. Aun así, no se debe renunciar a ellas, pero como hemos visto, existe el poderoso mecanismo de la legislación interna de los Estados Unidos, que dejamos citado supra.
III. ¿Qué pueden y deben hacer los países afectados?
Los países centroamericanos y caribeños enfrentan un dilema estratégico: ¿deben actuar mediante los canales diplomáticos previstos en el tratado, o esperar a que las cortes estadounidenses resuelvan internamente la legalidad de los aranceles?
a. Activar simultáneamente ambas vías
Una estrategia podría ser activar ambas opciones de forma paralela:
• Iniciar consultas formales en el marco del CAFTA‑DR para dejar constancia legal y política del desacuerdo.
• Apoyar, mediante “amicus curiae” o declaraciones diplomáticas, los procesos judiciales que están en curso en EE. UU., como el caso V.O.S. Selections.
Conclusión
La actuación del actual presidente de los EE. UU, Donald Trump, al imponer aranceles a todos los países con los que tiene una relación comercial, pero en particular aquellos como son los centroamericanos y República Dominicana, con lo que mantiene vigente un contrato comercial, que es ley entre las partes es a todas luces arbitraria e ilegal. Aún más, es inconstitucional puesto que se trata de un “acto ejecutivo”, que ha ignorado por completo al propio Congreso de los Estados Unidos.
De confirmarse esta actuación en los hechos, quedaría burlado tanto el derecho nacional de los EE. UU, tanto como el internacional y la confianza que las élites políticas y económicas han depositado siempre en el Gobierno estadounidense.
Más allá de si estamos de acuerdo o no con los beneficios que puede haber traído el Tratado, el presidente de los Estados Unidos ha quedado en un pésimo predicamento con relación a todas las naciones del mundo con las que ha firmado un Tratado comercial. Podría surgir aquí una grave situación de fragilidad del derecho comercial internacional, que podría hacer peligrar aún más, la ruta de las negociaciones, el camino del diálogo y la paz internacionales.
Fuentes citadas
Wikipedia. (2024). Referéndum sobre el CAFTA en Costa Rica.
Haynes Boone. (2025). Court Declares Emergency and Reciprocal Tariffs Unconstitutional.
Vox. (2025). Trump Tariffs and the V.O.S. Selections Case.
KPMG. (2025). Federal Circuit Temporarily Halts Trade Court Judgment on Tariffs.
Covington & Burling. (2025). Status of Legal Challenges to Trump’s IEEPA Tariffs.
Cato Institute. (2025). Legal Brief on V.O.S. Selections v. Trump.
CAFTA‑DR Official Text. (Capítulo 20, Solución de Controversias)
Ahora sí se cuadró el chavismo y su principal partido jaguar, el Partido Pueblo Soberano, PPSO, con su nómina presidencial y con la lista de sus principales candidatos a diputados. Una buena lección para todos los demás partidos políticos.
¿Temprano para anunciar los diputados? A mí me parece que no. De hecho la campaña electoral el presidente de la República la había iniciado hace muchas semanas con su movimiento de jaguares,¡ con su beligerancia política atacando a todos los partidos políticos, especialmente a los que tienen actualmente representación parlamentaria, y llamando a la población para que en las próximas elecciones la Asamblea Legislativa tenga una nueva integración, de por lo menos 38 diputados, totalmente nuevos, que no pertenezcan a ninguno de los partidos actuales ni de los que tengan representación parlamentaria, para poder cambiar el andamiaje institucional del país.
Las renuncias que del gabinete presidencial se dieron en enero y en julio no todas van encabezando las listas de diputados de Pueblo Soberano. Algo falló, porque se suponía que ellos serían las locomotoras que moverían el movimiento de los jaguares en Pueblo Soberano. Y, no se ven todos, ni todos los que resaltaron, cuentan con el apoyo de los miembros de la asamblea nacional de ese partido. Ya empezaron a saltar protestas y acciones legales, recursos de amparo, y de nulidad de lo actuado, porque se violaron las formas y procedimientos de elección interna.
Por otro lado, están los jaguares menores, los otros partidos políticos que el presidente impulsó, que se identifican con él, que lograron inscribirse, que no agarraron ni una cuecha, lo que los deja con muy mal predicado. Estos partidos no alcanzan, por ahora, a tener ninguna presencia pública, política nim electoral. Nadie conoce a sus principales organizadores y miembros de las estructuras que se inscribieron ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Por otro lado, no tienen ya la posibilidad de ser usados para una coalición política y dar la sensación de un gran movimiento.
En la naturaleza los jaguares no viven ni actúan en manadas. En la naturaleza política costarricense tampoco. Alcanzarán quizá para depredarse entre ellos.
La principal vocera de los jaguares desde la Asamblea Legislativa ha dicho que ninguno de esos partidos le gusta, que se va a apartar de cualquier militancia con ellos. Incluso no se ha expresado bien de Pueblo Soberano, hasta tanto el presidente no le dé alguna instrucción de que su apoyo a Laura Fernández y a sus candidatos puede ser muy importante.
El tema para la principal jaguaresa parlamentaria es que algunos de los candidatos de Pueblo Soberano no tienen un historial limpio políticamente. Algunos de ellos han participado como en una escala musical en distintos partidos desde finales del siglo pasado, sin buen recaudo político, actuando como buenos escaladores políticos y en ocasiones como turecas de partidos principales. Otros burlando el pago de obligaciones institucionales o sangrando instituciones con su falta de pagos supermillonarios, que le adeudan.
Debería haber en la legislación electoral nacional una prohibición para que personas que le adeudan al Estado, a sus instituciones, a la Tributación directa, no pudieran participar como candidatos a puestos de elección popular, o que se encuentran en trámites de denuncias por estafas a instituciones o a personas, a ciudadanos.
Así como existe el registro de delincuentes, debería haber el registro de este tipo de personajes para evitar que tales sujetos puedan incrustarse en estructuras que les den amparos de inmunidades legales para poder ser perseguidos administrativa o judicialmente. Y otra norma legislativa que debería aprobarse es que las deudas contra el Estado no prescriban.
La enseñanza de Pueblo Soberano hacia los otros partidos es que ya están organizados plenamente, aunque tengan sus apelaciones electorales, que hacen movilizaciones de ciudadanos, por pequeñas que sean, que se mueven por todo el país, que ya están dando a conocer a sus principales candidatos para alrededor de ellos empezar a organizar y movilizar electores.
No tiene ninguna importancia nacional que candidatos a diputados que ha propuesto Pueblo Soberano por una provincia no sean habitantes de esa provincia. Esto es posible porque los diputados se consideran “diputados por la Nación costarricense”, lo que permite que cualquier ciudadano pueda postularse en cualquiera de las provincias. El problema que ello produce es al interior de los partidos, cuando miembros de esos partidos, de las provincias relinchan porque les imponen candidatos de esa manera, y desplazan a quienes en esas provincia venían o estaban organizando el partido, venían movilizando a favor del partido y des candidatos presidenciales. Esta situación si les está causando problemas a los jaguares en las provincias.
La lista que se dio a conocer para candidatos a diputados, que se supone debe ser muy atractiva para poder lograr la enigmática suma de 38 nuevos y diferentes diputados, no alcanza siquiera para elegir 21, tres por cada provincia, lo que se verá hasta el primer domingo de febrero, porque mientras no haya elecciones no hay resultados.
La lista de candidatos jaguares y jaguaresas obliga a que los otros partidos propongan buenos candidatos, y candidatas, y que lo hagan prontamente. En política no hay espacios vacíos. Las personas que se van identificando con los candidatos difícilmente cambian una vez que toman la decisión de su compromiso.
La ventaja que tiene la audiencia nacional es que por puesta la lista de candidatos estos pueden someterse al mayor y exhaustivo escrutinio ciudadano, a la mayor investigación de atestados personales, profesionales y curriculares en general, para tener de ellos una mejor idea de lo que son y de la leche qué pueden dar.
Ahora sí, los partidos políticos, sus dirigentes, tienen al frente el espejo de los jaguares principales. Las candidaturas de los jaguares y jaguaresas parecía ser lo que se esperaba. Ya están, ya existen, son de carne y hueso.
Veamos que nos ofrecerán de candidatos a diputados los restantes partidos políticos. Ya sus candidatos presidenciales son conocidos a anunciados, sin que se hayan aprobado oficialmente.
Esta es la curva principal del tobogán electoral que ya tenemos a la vista.
Hay que estar más y muy atentos a cómo se desarrollan estas ofertas electorales.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel por un medio digital israelí y titulado «IDF Database suggests at least 83% of Gaza dead were civilians» (Magazine+972, edición del 21 de agosto del 2025, de lectura recomendada).
«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros / What is happening in Gaza is not a military operation, it is a full-scale assault against our people. It is massacres against innocent civilians. Nothing in natural law or international law allows for the targeting of civilians and such indiscriminate, barbaric attacks against them» (Intervención del representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023 (véase acta S/PV/9439, en página 9 / Statement by the representative of Palestine to the United Nations Security Council, at its meeting on 16 October 2023 (see verbatim S/PV/9439, at page 9).
«Tout ce qui se passe ne semble pas relever du hasard, mais d’un plan systématique clairement visible, dans une tentative manifeste de pousser les habitants à l’exil, à accepter ce qu’on appelle les projets de « migration volontaire », c’est-à-dire un déplacement forcé déguisé. Les politiques de famine, de destruction et de bombardements constants ne sont que les outils d’un plan plus vaste visant à vider Gaza de ses habitants ou à briser leur volonté. Ce qui se joue à Gaza n’est pas seulement un siège ou une agression, mais un processus d’extinction méthodique de la vie et de la présence palestinienne.
Dans cette fresque noire, les cris des enfants, les gémissements des malades, les soupirs des mères devant des pains jamais cuits et des corps jamais enterrés, forment la dernière langue encore parlée. Il n’y a plus de rêves à Gaza, ni de projets, tout est désormais mesuré en morts, en repas de survie, en murmures d’espoir qui s’évanouissent. C’est une catastrophe qui ne nécessite plus de nouveaux qualificatifs, mais une action urgente pour stopper cet effondrement total».
Testimonio de habitante de Gaza, 12 de abril del 2025. Extracto de»Témoignage d’Abu Amir, le 12 avril 2025: Gaza sous le feu: bombardements et faim impitoyable». Texto completo disponible aquí.
El pasado 20 de agosto, Estados Unidos extendió sus sanciones a dos jueces y a dos altos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI): véase al respecto el anuncio oficial hecho desde el Departamento de Estado, así como la nota del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y este documento emitido el mismo 20 de agosto.
Como bien es sabido, la Sala de lo Preliminar de la CPI confirmó en noviembre del 2024 las órdenes de arresto solicitadas en mayo del 2024 por el Fiscal de la CPI contra dos altos funcionarios israelíes por crímenes de guerra cometidos en Gaza: su actual Primer Ministro y su ex Ministro de Defensa. En abril del 2025, luego de examinar los supuestos «argumentos» presentados por Israel sobre su presunta falta de competencia, la Sala de Apelaciones de la CPI confirmó ambas órdenes de arresto por unanimidad (véase decisión del 24 de abril del 2025).
Cabe recordar que cuando en febrero del 2021, la CPI se declaró perfectamente competente para examinar lo que ocurre en el territorio palestino ocupado, sin excepción de ningún tipo, Estados Unidos consideró oportuno oponerse frontalmente a esta decisión de la CPI (véase texto de la Embajada de Estados Unidos en Israel de marzo del 2021).
En este mes de agosto del 2025, el único Estado en el mundo en saludar estas sanciones norteamericanas contra la CPI fue Israel a través de declaraciones públicas dadas a conocer por su Primer Ministro (véase nota de prensa del TimesofIsrael).
No está de más recordar que para el actual Primer Ministro de Israel y sus ministros, la CPI es «antisemita«, como varios otros órganos de Naciones Unidas (Nota 1).
Sancionar a una jurisdicción internacional: un hecho insólito
Se trata de una acción bastante insólita al no haberse nunca en el pasado, salvo error nuestro, observado a un Estado tomar sanciones contra el personal de una jurisdicción internacional y sus magistrados. Los únicos precedentes registrados son
– a) las sanciones tomadas por Rusia contra el Fiscal y tres jueces de la CPI en mayo del 2023, luego de que la CPI ordenara la captura de su Presidente y de una alta funcionaria rusa por crímenes de guerra cometidos en Ucrania, en marzo del 2023 (véase comunicado de la CPI); y
– b) las sanciones de Estados Unidos en el 2020, también contra el personal de la CPI y también en aras de proteger a Israel, aunque no fuera explícito como lo veremos en las líneas siguientes relativas a lo que podemos denominar el «argumento afgano«: la administración norteamericana siguiente (2021-2024) suspendió estas sanciones de Estados Unidos contra la CPI del 2020, mediante el Executive Order 14022 del 1ero de abril del 2021 (véase texto) en el que se lee que:
«the threat and imposition of financial sanctions against the Court, its personnel, and those who assist it are not an effective or appropriate strategy for addressing the United States’ concerns with the ICC».
Si bien asistimos desde el 21 de enero del 2025 a una llamativa coincidencia de criterios entre Rusia y el actual ocupante de la Casa Blanca en muchos ámbitos, hay que tener claro lo siguiente: desde 1945, ante crímenes de guerra, genocidios y atrocidades de todo tipo, la comunidad internacional ha ido paulatinamente elaborando en el marco de Naciones Unidas una variedad de normas y de mecanismos de rendición de cuentas e investigación, siendo la adopción del Estatuto de Roma en 1998 el instrumento que crea la primera jurisdicción penal internacional a vocación universal, la CPI. Se trata de la única jurisdicción internacional a cargo de investigar estas exacciones y de sancionar a sus responsables directos o indirectos desde el punto de vista penal.
Como todo tratado internacional, el Estatuto de Roma está sujeto a su firma y posterior ratificación por parte de cada uno de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas: se contabilizan un total de 125 Estados Partes al Estatuto de Roma (véase estado oficial de firmas y ratificaciones, siendo Ucrania el último Estado en haber procedido a su ratificación en octubre del 2024). En América Latina, los únicos Estados que se resisten a aprobar el Estatuto de Roma son Cuba, Haití y Nicaragua (Haití sí lo ha firmado, a diferencia de Cuba y Nicaragua), habiendo sido el primer Estado en ratificarlo en la región Venezuela (junio del 2000) y el último El Salvador (mayo del 2016).
La respuesta de la CPI a estas nuevas sanciones de Estados Unidos no se hizo esperar, repudiando formalmente estas sanciones contra sus jueces y contra su personal: véase al respecto el comunicado oficial en francés y en inglés con fecha del mismo 20 de agosto. Este 21 de agosto, fue la Presidencia de la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma (en representación de 125 Estados) la que repudió estas sanciones: véanse el texto del comunicado oficial en francés y en inglés, en el que se puede leer que:
«Nous appelons tous les États Parties et les parties prenantes du système du Statut de Rome à rester fermes dans leur engagement à défendre les principes de la justice internationale et à se tenir unis pour protéger la Cour, ses responsables élus, son personnel et ceux qui coopèrent avec elle. ../..We urge all States Parties and stakeholders in the Rome Statute system to remain steadfast in their commitment to uphold the principles of international justice and to stand united in defending the Court, its elected officials, its personnel and those cooperating with it«.
De igual manera se puede citar, a título individual, la reacción de condena a estas sanciones por parte de Bélgica (véase texto circulado en redes sociales por el jefe de su diplomacia), de España (véase comunicadodel 21 de agosto) o bien de Francia (véase comunicado del 20 de agosto) así como de Eslovenia (véase comunicado) o de Senegal (véase comunicado): en el caso francés (así como de Senegal), los funcionarios de su nacionalidad, integrante de la misma CPI en el caso de Francia, son dos de las cuatro personas concerñidas por estas nuevas sanciones norteamericanas.
También resulta oportuno mencionar la reacción del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en persona (véase comunicado de prensa así como nota oficial de prensa de Naciones Unidas) y una declaración conjunta suscrita por una decena de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas (véase comunicado del 22 de agosto).
Estas nuevas sanciones de Estados Unidos del 20 de agosto del 2025 vienen a añadirse a:
– las tomadas contra cuatro jueces de la CPI el 5 de junio del 2025 (véase anuncio del Departamento de Estado) (Nota 2) y;
– las adoptadas contra el Fiscal de la CPI en febrero del 2025 (véase anuncio de la Casa Blanca, con fecha del 6 de febrero del 2025).
Alguna gradualidad parece desprenderse, desde las sanciones adoptadas únicamente contra el Fiscal de la CPI de febrero del 2025, hasta las anunciadas este 20 de agosto, sin que se logre muy bien detectar la lógica del cronograma seguido por Estados Unidos en su intento de intimidar al personal de la CPI. Especialistas en álgidos temas procesales de la CPI y plazos para decisiones, deberían poder guiarnos para poner en evidencia si estas sanciones:
– a) corresponden de una u otra manera al cronograma procesal en curso contra los dos dirigentes israelíes antes mencionados, o;
– b) corresponden a una estrategia de los asesores de la Casa Blanca solicitados por Israel, en función de la agenda personal de su Primer Ministro en Israel, o bien;
-c) corresponden al humor del ocurrente ocupante de la Casa Blanca desde que inició sus funciones el 21 de enero del 2025.
Al mantenerse la duda, dejamos a ilustres especialistas en álgidos aspectos procesales de la CPI aclarar el punto.
De algunos silencios y omisiones y tiempos de reacción observados en Europa
Es de señalar que, como Estado que acoge la sede de la CPI, se hubiese esperado algún tipo de manifestación oficial por parte de los Países Bajos en contra de estas sanciones norteamericanas y en defensa de la CPI: lo único resaltado por la prensa en estos días, es la renuncia de su ministro de relaciones exteriores (véase nota de The Guardian del 23 de agosto del 2025).
En cuanto a Italia, cuya capital fue sede de las negociaciones que culminaron con la adopción del denominado «Estatuto de Roma» el 17 de julio de 1998, el mutismo de su diplomacia ha sido total desde varios meses.
En lo que respecta a Alemania, segundo mayor contribuidor al presupuesto de la CPI después de Japón, el mutismo de su diplomacia es de igual manera bastante notorio. En este artículo muy completo sobre la CPI publicado en Alemania (Nota 3) de julio del 2025, se pudo leer que:
«Germany’s reputation as a reliable supporter of the ICC – as illustrated by its substantial financial contributions – is jeopardised by Merz’s announcement to defy the Netanyahu arrest warrant. The damage caused by the German government’s support of the Netanyahu government is already apparent«.
Por parte de la UE, desde el 20 de agosto del 2025 se esperaba que difundiera un comunicado similar al difundido en junio del 2020 (véase texto) o, al menos, que la Presidenta de la Comisión Europea circule en redes sociales un texto similar al difundido en junio del 2025 (véase enlace): al momento de redactar los primeros esbozos de estas líneas (23 de agosto), no se había registrado ningún comunicado oficial de la UE como tal. Cabe recordar que en mayo del 2023, el repudio de la UE a las sanciones tomadas por Rusia contra la CPI se materializó en un comunicado vehemente en defensa de la justicia penal internacional (véase texto).
Fue finalmente el domingo 24 de agosto en horas de la tarde/noche que el servicio de prensa de la UE difundió un comunicado de la Alta Representante para la Política Exterior de la UE (véase comunicado): el tiempo de reacción deja suponer que dentro de la UE, se titubeó unos días antes de externar oficialmente un apoyo a la CPI, que se lee ser «firme» en el texto de este comunicado.
Las reacciones a las sanciones de Estados Unidos contra la CPI de junio del 2025
Cabe recordar que en el mes de junio del 2025, Estados Unidos adoptó sanciones contra cuatro integrantes de la CPI (véase comunicado oficial del Departamento de Estado).
Esta decisión causó el repudio generalizado de la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma: véanse al respecto el comunicado del Presidente de la Asamblea de Estados Partes del 6 de junio y el comunicado oficialde la CPI como tal del 5 de junio.
Como muchos otros, en el mes de junio del 2025, Francia exigió a Estados Unidos retirar inmediatamente estas insólitas sanciones (véase comunicado del 6 de junio). De igual manera se pronunció la UE (véase nota del TimesofIsrael).
En el caso de Perú, del cual es oriunda una de las juezas objeto de las sanciones de junio del 2025, se pudo leer este comunicado de prensa.
Este comunicado oficial emitido por Chile en defensa de la justicia penal internacional de La Haya (véase texto) merece de igual manera mención. No se registró comunicado oficial de Costa Rica en la primera semana de junio del 2025 sobre las sanciones de Estados Unidos a la CPI ni tampoco con relación a las sanciones de Estados Unidos del 20 de agosto contra la CPI.
El significado de estas sanciones norteamericanas
Se debe precisar que sanciones de esta naturaleza no cuentan con precedente alguno en los anales del derecho internacional público, al tomarlas Estados Unidos en defensa de los intereses de las autoridades pertenecientes a otro Estado: vienen a ilustrar de manera bastante elocuente lo que es capaz de hacer la actual administración de Estados Unidos, en aras de intentar proteger a las actuales autoridades de Israel.
Se puede considerar desde ya que el intento resultará vano: de alguna manera, la batería de sanciones de todo tipo que Estados Unidos está procediendo a ordenar contra los órganos de Naciones Unidas que investigan las exacciones de Israel en Gaza pone aún más en evidencia la extrema gravedad de estas exacciones por parte de Israel y puede considerarse como una desesperada opción, ante la magnitud de las mismas, que día tras día, se documentan y se hacen públicas por parte de los expertos e investigadores de Naciones Unidas.
Un buen indicador sobre el nivel de exacciones cometidas en Gaza son los múltiples traumas con los que muchos jóvenes israelíes han regresado a sus familias, debido al tipo de instrucciones que han tenido que obedecer en Gaza como soldados en contra de una población civil totalmente indefensa. Estos traumas son severos y persistentes: disparar contra niños, mujeres, ancianos, largar explosivos sobre campamentos de refugiados, destruir salas de hospitales y muchas otras exacciones observadas en Gaza dejan una profunda huella en la mente de algunos de sus autores. La tasa de suicidios dentro de las filas del ejército israelí empieza (por fín…) a interesar a la prensa israelí: véase este artículo delTimesofIsrael de agosto del 2025 sobre tasa de suicidios y este artículo de mayo del 2025 sobre reservistas sufriendo serios traumas llamados a … volver a ponerse el informe y enviados a Gaza. Este artículo en el Jerusalem Post del 23 de agosto da cuenta del deterioro generalizado de la salud mental de muchos de los soldados israelíes que han regresado de Gaza (véase enlace). No está de más añadir que Israel envía a Gaza personas extremadamente jóvenes, sin mayor experiencia militar, muchas de las cuales han fallecido al ser un blanco muy fácil (Nota 4).
Tuvimos hace poco la ocasión de analizar sanciones muy similares tomadas, por primera vez en la historia de Naciones Unidas, contra una Relatora Especial en materia de Derechos Humanos: se trata de las recientes sanciones tomadas (también por Estados Unidos…) contra la jurista italiana Francesca Albanese, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino (véase al respecto nuestra nota titulada » Gaza / Israel: reflexiones desde una Costa Rica omisa sobre reciente informe de Naciones Unidas detallando la responsabilidad directa de empresas privadas en el genocidio en curso en Gaza» editada el 3 de julio del 2025, disponible aquí).
La reciente entrevista a Francesca Albanese (véase enlace de emisión radial del 25 de agosto del 2025) evidencia que estas sanciones norteamericanas en nada han alterado su acción como Relatora de Naciones Unidas y su denuncia sobre el genocidio en curso que se observa en Gaza por parte de Israel.
Sancionar a jueces internacionales ante el drama indecible que se vive en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023
Lejos de proteger a Israel, y de intimidar a la CPI, es muy probable que este tipo de sanciones refuerce la labor de los jueces y del Fiscal de la CPI (así como la de esta valiente jurista italiana), y conforte ante los ojos de la opinión pública la total insensatez de las acciones militares de Israel en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
La cita de la intervención del delegado de Palestina ante el Consejo de Seguridad colocada antes de iniciar estas reflexiones y su fecha (16 de octubre del 2023) evidencian que muchos observadores, tanto en Palestina como fuera de ella, advirtieron tempranamente de la total insensatez de la reacción israelí al resto de la comunidad internacional (Nota 5).
El 22 de agosto del 2025, varias agencias de Naciones Unidas alertaron sobre la situación de hambruna que amenaza ahora a toda la población en Gaza: se trata de una situación de hambruna generalizada deliberadamente causada por las máximas autoridades de Israel. En su comunicado (véase texto) se lee, con relación a menores de edad, que para estas cuatro agencias de Naciones Unidas:
«La malnutrition infantile à Gaza s’aggrave à un rythme catastrophique. En juillet seulement, plus de 12 000 enfants ont été identifiés comme souffrant de malnutrition aiguë, ce qui constitue le chiffre mensuel le plus élevé jamais enregistré, et représente une multiplication par six depuis le début de l’année. Près d’un quart de ces enfants souffraient de malnutrition aiguë sévère (MAS), la forme la plus mortelle, qui a des conséquences à court et à long terme«.
En el último informe de Naciones Unidas sobe la situación en Gaza (al 21 de agosto), se lee (véase informe) que se superó la cifra de 62.100 víctimas mortales, al tiempo que la cantidad de personas heridas supera las 156.700:
«According to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, between 13 and 20 August, 400 Palestinians were killed, and 2,683 were injured. This brings the casualty toll among Palestinians since 7 October 2023, as reported by MoH, to 62,122 fatalities and 156,758 injuries. MoH further noted that the number of casualties among people trying to access food supplies has increased to 2,018 fatalities and more than 14,947 injuries since 27 May 2025«.
Estas sanciones norteamericanas confirman además, ante todos los demás integrantes de la comunidad internacional, la total pérdida de toda credibilidad de Estados Unidos en materia de justicia penal internacional y de lucha contra la impunidad.
Informar al mundo sobre lo que ocurre en Gaza: el cerco persistente que Israel intenta mantener
El asesinato deliberado por parte de Israel de 6 periodistas en Gaza el pasado 10 de agosto, provocó reacciones de repudio en todo el mundo por parte de diversos Estados y organizaciones internacionales: el mutismo total por parte de Costa Rica puede ser comparado al comunicado oficial de Chile condenando a Israel por asesinar en Gaza a seis profesionales de la comunicación (véase texto), o bien al comunicado de España (véase texto), o bien al de Noruega (véase texto).
Con relación a nuestros estimables lectores costarricenses, en particular los profesionales de la comunicación, los invitamos a comparar, a modo de ejemplo, el contenido del texto de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú / ANP (véase comunicado) con el comunicado del Colegio de Periodistas de Costa Rica /COLPER (véase texto): en este último, no aparece en ninguna parte el verbo «condenar» o el verbo «repudiar» sino únicamente «hacer un llamado«: cabe precisar para quienes nos leen desde otra latitudes, que desde el 7 de octubre del 2023 (con más de 240 periodistas palestinos asesinados en Gaza por el ejército de Israel), es el primer comunicado del COLPER sobre Gaza.
Es de notar que este 21 de agosto, una coalición de Estados condenó el asesinato deliberado de periodistas en Gaza por parte de Israel y exigió que la prensa internacional pueda ingresar a Gaza para documentar e informar al mundo de lo que ahí ocurre: entre los 29 suscriptores de la declaración denominada «Media Freedom Coalition Statement on Foreign Media Access to Gaza«, entre los que figuran Canadá y Costa Rica (véase enlace), se lee que:
«We call on the Israeli authorities and all other parties to make every effort to ensure that media workers in Gaza, Israel, the West Bank and East Jerusalem – local and foreign alike – can conduct their work freely and safely. Deliberate targeting of journalists is unacceptable. International humanitarian law offers protection to civilian journalists during armed conflict«.
Por alguna razón, esta declaración conjunta colgada en los aparatos diplomáticos de Australia (véase enlace) o Italia (véase enlace) no lo ha sido en el de Costa Rica.
El pasado 14 de agosto, un medio israelí bastante bien informado, reveló la existencia de una unidad dentro del ejército israelí para confeccionar conversaciones telefónicas de celulares que «sirvan» la narrativa oficial de Israel y hagan pasar a periodistas palestinos por integrantes del Hamás: véase al respecto artículo publicado por Magazine+972 titulado » ‘Legitimisation cell’: Israelí unit tasked with linking Gaza journalists to Hamas«. Este mismo medio israelí, que al parecer tiene acceso a documentos confidenciales en Israel, había dado a conocer al mundo, en abril del 2024, la existencia del programa informático «Lavender«: véase su artículo titulado » ´Lavender´: The AI machine directing Israel´s bombing spree in Gaza» (edición del 3 de abril del 2024).
Con relación a la justicia penal internacional de La Haya, fue este mismo medio de prensa israelí el que, en mayo del 2024, dio a conocer la existencia de un programa de monitoreo de Israel permanente y ello desde varios años, sobre el personal y las computadoras de la CPI: véase al respecto artículo. editado el 28 de mayo del 2024, titulado «Surveillance and interference: Israel´s covert war on the ICC exposed «, cuya lectura (y relectura) completa se recomienda. En efecto, al leerlo, vienen a la memoria un sinfín de omisiones, contradicciones y titubeos desde el punto de vista procesal observados, en particular por parte del primer Fiscal de la CPI, cuando fue solicitado por Palestina en el 2009 (luego de que Palestina reconociera la jurisdicción de la CPI: véase documento del 21 de enero del 2009).
Esperamos que el esfuerzo valiente de estos periodistas de investigación israelíes por informar al mundo sobre lo que ha hecho y sigue haciendo Israel en Gaza, así como la labor periodística que realizan comunicadores desde la misma Gaza en condiciones muy peligrosas para sus vidas, sean ampliamente difundidos y conocidos por la opinión pública internacional.
Justicia penal internacional e incumplimiento de obligaciones: el reciente caso de Hungría
Es de notar que un Estado miembro de la Unión Europea (UE), Hungría, notificó desde el 2 de junio del 2025 su denuncia del Estatuto de Roma, la cual será efectiva 12 meses después, es decir el 2 de junio del 2026 (véase notificación).
Se trata del primer Estado miembro de la UE en optar por denunciar el Estatuto de Roma, lo cual contraviene con el apoyo incondicional que desde su creación ha recibido la CPI por parte de la UE.
Al no haber procedido a capturar al Primer Ministro de Israel, invitado por el Presidente de Hungría, Hungría fue objeto de una decisión de la CPI declarando, el pasado 24 de julio del 2025, que incumplió con sus obligaciones derivadas del Estatuto de Roma: véase al respecto nuestra breve nota sobre esta decisión (muy pocamente difundida) de los jueces de la CPI y titulada «Gaza / Israel: Corte Penal Internacional declara que Hungría ha violado sus obligaciones derivadas del Estatuto de Roma«, editada el mismo 24 de julio del 2025 y disponible aquí.
No está de más señalar la gran cercanía existente entre el actual ocupante de la Casa Blanca en Estados Unidos y las actuales autoridades húngaras.
Es de notar que en este mismo mes de julio del 2025, durante una reunión de la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma, México presentó una declaración suscrita por 48 Estados en defensa de la CPI y de la justicia penal internacional y repudiando las sanciones norteamericanas adoptadas el mes anterior: se trata de una lista en la que no figura Costa Rica (véase texto difundido en twitter por México con lista de las banderas de los Estados firmantes de dicha declaración por orden alfabético donde después del escudo de Colombia se registra el de Croacia).
Así como Hungría se presenta como un «socio» seguro en Europa del actual Primer Ministro de Israel, es muy posible que Argentina lo invite también en visita oficial, desafiando, al igual que Hungría, la autoridad de la CPI (véase nota de prensa de Perfil del 30 de julio del 2025): con un detalle «técnico» de interés para los pilotos israelíes y es que la aeronave transportando al Primer Ministro israelí entre Tel Aviv y Buenos Aires deberá obtener primero la autorización de sobrevuelo de Estados Partes al Estatuto de Roma cuyas máximas autoridades no comparten en lo más mínimo la maniobra desafiante emprendida por las actuales autoridades de Argentina. En el 2017, por otras razones, el viaje oficial a Australia se complicó para el Primer Ministro israelí, con la decisión de Indonesia de prohibir el ingreso en su extenso espacio aéreo a su aeronave (véase nota de The Guardian).
El «argumento afgano» para maquillar la verdadera motivación de estas sanciones
Si bien en estas sanciones contra la CPI de este 20 de agosto, Estados Unidos refiere también, y en primer lugar, a investigaciones en su contra por exacciones cometidas por su personal militar en Afganistán, en realidad el objetivo prioritario de estas sanciones es proteger a Israel e intentar intimidar a la CPI.
Se trata de una maniobra que ya habíamos tenido la oportunidad de observar en el 2020 cuando Estados Unidos también amenazó a la CPI de sanciones en su contra bajo lo que podríamos denominar «el argumento afgano«: véase al respecto nuestra nota publicada en el portal de la UCR y titulada «Sanciones de EE. UU. contra la Corte Penal Internacional (CPI). Algunos apuntes sobre sus verdaderas motivaciones«, 20 de setiembre del 2020, disponible aquí.
En una entrega para un sitio jurídico especializado en Francia, nos habíamos permitido titular una de las subpartes del texto de la siguiente manera: «Israël: le filigrane qui tente de se cacher derrière cette annonce» (Note 6).
A modo de conclusión
Al haberse para muchos Estados clarificado el tipo de aranceles que Estados Unidos les aplicará de manera individual o bien de manera colectiva (caso de la UE), será de interés observar si los demás integrantes de la comunidad internacional alzarán esta vez la voz en defensa de la CPI y de su personal.
Al respecto, resulta de interés indicar que en febrero del 2025, ante las primeras sanciones de Estados Unidos contra la CPI desde la llegada a la Casa Blanca de su ocurrente ocupante, fue desde el portal de Países Bajos que se pudo leer una declaración en defensa de la CPI suscrita por 79 Estados (véase texto), entre los cuales, por parte de América Latina, se registraron las firmas de: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Se notará la ausencia en esta declaración conjunta de los siguientes Estados Partes al Estatuto de Roma pertenecientes a América Latina: Argentina, Ecuador, El Salvador y Paraguay.
En los casos de Argentina y de Paraguay, hay que tener claro que desde ya un buen tiempo para acá, ambos se han convertido en lo que podríamos denominar las dos “fichas útiles” de Israel en América Latina: así lo evidencian sus votos, alineados con los de Israel y los de Estados Unidos en Naciones Unidas, cuando se examinan resoluciones relacionadas a Israel y al drama indecible que se vive en Gaza.
Como extrañeza de la que hay que tomar nota, esta declaración conjunta de febrero del 2025 de apoyo a la CPI no fue divulgada desde el portal diplomático de muchos de sus suscriptores (como si de pronto, su difusión no resultara del todo oportuna y mucho menos conveniente para algunos de ellos).
Hace poco, tuvimos la oportunidad de analizar los silencios y omisiones de muchos Estados, el pasado 17 de julio, día internacional de la justicia penal internacional. Se trata de una fecha que pasó prácticamente desapercibida en este 2025: véase al respecto nuestra nota titulada «17 de julio: una fecha en la que usualmente se reafirma el compromiso con la justicia penal internacional … pasada desapercibida o casi«, editada el mismo 17 de julio del 2025, disponible aquí.
De manera que nuestros estimables lectores se hagan una idea del pesado silencio instalado en algunas capitales, en particular europeas, en este 2025 para conmemorar el día internacional de la justicia penal internacional, resulta de interés notar, a modo de muchos ejemplos, el mutismo absoluto de Alemania en julio del 2025 y compararlo con el comunicado oficial difundido el 16 de julio del 2023 por la misma diplomacia alemana (véase texto). De cara a la próxima Asamblea General de Naciones Unidas a iniciar en setiembre del 2025, será de interés observar si, por ejemplo, la Misión de Italia ante las Naciones Unidas suscribirá y difundirá un texto similar al que difundió en el 2020 (véase enlace), suscrito por 71 Estados en defensa de la CPI y condenando las sanciones en su contra de Estados Unidos… o no.
Más allá de las presiones diplomáticas que se van a ejercer sobre diversos Estados para no condenar estas serie de sanciones norteamericanas contra la CPI observadas en este 2025 (Febrero /Junio /Agosto), resulta evidente que al adoptarlas, el actual ocupante de la Casa Blanca confirma ante el resto de la comunidad internacional, su total pérdida de credibilidad, y de paso, el carácter incondicional e inquebrantable del apoyo de Estados Unidos a Israel.
– Notas –
Nota 1: Cuando, en una decisión histórica del 5 de febrero del 2021, la CPI se declaró perfectamente habilitada para examinar todo lo que ocurre en el territorio palestino ocupado, sin excepción de ningún tipo, celebrada como tal por Human Rights Watch (véase comunicado) entre muchos más, en Israel, su máxima autoridad no encontró nada mejor que calificarla de «puro antisemistismo» (véase nota del Timesof Israel del 6 de febrero del 2021).De igual manera, las máximas autoridades de Israel tildaron de «antisemitas» a los jueces de la CPI en noviembre del 2024 (véase nota de prensa) de France24.En el mes de enero del 2024, estas mismas altas autoridades israelíes consideraron oportuno calificar la primera ordenanza dictaminada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como sesgada en razón, según ellas, del «antisemitismo» de algunos de sus integrantes (véase nota de The Guardian). En este 2025, fue el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el que fue acusado de “propagar antisemitismo”, (véase nota del TimesofIsrael del 5 de febrero del 2025), al anunciar Israel que no colaboraría más con este órgano de Naciones Unidas, imitando a Estados Unidos, que lo anunció unas semanas antes. El tildar de “antisemitismo” a un órgano de Naciones Unidas corresponde en realidad al abanico de gesticulaciones y de vociferaciones de las máximas autoridades de Israel cada vez que su diplomacia fracasa de manera estrepitosa, y que ya no impresionan mayormente, salvo en el seno de algunos pequeños círculos políticos que gravitan alrededor de la Casa Blanca en Estados Unidos y de otros círculos activos en algunas capitales.
Nota 2: Sobre las sanciones dictaminadas en el mes de junio del 2025 por la actual administración norteamericana, muy pocamente comentadas en la doctrina jurídica especializada, véase GALBRAITH J., «US sanctions on the International Criminal Court: the details and the pattern«, Verfassungsblog, 7 de junio del 2025. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: Véase RUBIN M., «The International Criminal Court, Netanyahu, and Berlin’s Dilemma«, GIGA Focus Global (Hamburgo), edición de julio del 2025. Texto integral disponible aquí.
Nota 4: El 25 de junio del 2025, Israel anunció la muerte de siete jóvenes soldados en Gaza, con edades oscilando entre 19 y 21 años (véase nota del Timesof Israel): un aspecto que debiera preocupar a muchos en Israel, al evidenciarse, como en ocasiones anteriores, la muy poca experiencia y preparación de los soldados que envía a combatir en Gaza. A mediados de junio, fueron ocho las bajas de muy jóvenes israelíes en un solo día (véase nota del TimesofIsrael del 15 de junio). Al iniciar junio, esta nota del TimesofIsrael también refirió a tres soldados muy jóvenes que perdieron la vida en Gaza. El 8 de julio del 2025, fueron esta vez cinco jóvenes soldados de los cuales cuatro son menores de 21 años los que fallecieron en Gaza (véase nota del TimesofISrael). El pasado 14 de julio otro tres jóvenes soldados israelíes murieron en Gaza (ver nota del TimesofIsrael): a una ofensiva militar sin sentido en Gaza desde hace más de 22 meses, ahora la sociedad israelí debe observar cómo jóvenes sin mayor preparación militar al combate caen en Gaza por falta de experiencia.
Nota 5: Véase al respecto nuestra nota publicada a finales del mes de octubre del 2023: BOEGLIN N., “Ataque de Hamás desde Gaza y el «asedio total» de Gaza anunciado como respuesta israelí. Algunos apuntes desde la perspectiva del derecho internacional público”, Sección Voz Experta, Portal de la Universidad para Costa Rica (UCR), editada el 30 de octubre del 2023. Texto integral disponible aquí.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Les sanctions annoncées par les États-Unis contre le personnel de la Cour Pénale internationale (CPI): brève mise en perspective«, Le Monde du Droit, Section Décryptages, édition du 14 juillet 2020. Texto integral disponible aquí.
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