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Por la salud pública: Urge prohibir el glifosato en áreas públicas

Por Fabián Pacheco, Encargado del Centro Especializado de Agricultura Orgánica del INA y Mauricio Álvarez, Coordinador del Programa Kioscos Socioambientales de la UCR

 

Un precedente inédito para demostrar la relación que hay entre el cáncer terminal y el herbicida glifosato, ha sido la reciente condena a la multinacional Monsanto-Bayer obligada a pagar US$289 millones Dewayne Johnson, jardinero en los Estados Unidos.

Dewayne utilizó decenas de veces herbicidas de las marcas RangerPro y Rounduy, comercializadas por Monsanto en EE.UU., las cuales contienen la sustancia activa glifosato que es comúnmente usada en Costa Rica. A pesar de que su uso solo se permite en la agricultura y cultivos específicos, es común que el glifosato se aplique en áreas verdes de zonas públicas urbanas de Costa Rica, como parques, cementerios, rondas de calle, aceras, caños y todo tipo de áreas verde y recreativas. Esto expone a toda la población en especial a la niñez y personas adultas mayores.

La Defensoría de los Habitantes acogió una denuncia del catedrático de la Universidad Estatal a Distancia-UNED y activista, Dr. Jaime Garcia, conformando una comisión de varios ministerios para valorar la regulación y la posibilidad de prohibir el uso del glifosato en áreas públicas pues únicamente está permitido para uso agrícola (Semanario Universidad, 22-5-2018).

Costa Rica es el mayor consumidor plaguicidas del mundo según diversas fuentes (World Resources Institute,2010 y FAO, 2010 ). Los plaguicidas se pueden clasificar por su acción biocida siendo los de mayor uso en el país los fungicidas (46%) herbicidas (29%), nematicidas con un 16% del total importado (Ramírez et al.,2009). Del grupo de los herbicidas es el glifosato de mayor uso en Costa Rica y a nivel mundial. Según una investigación (Ramirez et al,2017) las importaciones de este herbicida incrementando 48,5 veces entre 1982 con 36 toneladas de ingrediente activo (T i.a.) y 2013 se llegó a importar 1761 (T i.a.). Según los investigadores por cultivo, la palma africana consume el 24,9% del total de glifosato usado en el país, le sigue el arroz (7,8%), café (5,4%), banano (5,2%), cítricos (4,6%) y pastos (3,7%).

Esta misma investigación estimó el consumo para zonas no agrícolas y urbanas cercano al 37,1% del total de glifosato usado en Costa Rica. Además, concluye que del glifosato usado en Costa Rica: “la mitad lo consumen los cultivos perennes, más de una tercera parte se consume en zonas no agrícolas y solamente un 10% en cultivos anuales”.

Impactos en la salud y ambiente. La exposición prolongada a glifosato está asociada con la incidencia de tipos de cáncer. El Centro Internacional de Investigaciones sobre Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), categoriza al glifosato bajo su clasificación 2A: “probablemente cancerígeno para humanos”. También lo liga con daño en los cromosomas y en el ADN de células humanas (IARC, 2015).

Según Fernando Ramírez, investigador y docente del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) “aun cuatro días después de aplicado, queda entre un 10% y 20% del glifosato aún no absorbido en la superficie de la hoja”(Semanario Universidad, 22-5-2018). Además es muy tóxico para organismos acuáticos como peces, algas y helechos; medianamente tóxico para anfibios, crustáceos y lombrices de tierra (IRET, 2015).

En febrero pasado la UCR se unió a otras instituciones, entre ellas 18 municipalidades y la UNED, que han prohibido el uso del glifosato y otros herbicidas en espacios públicos que están bajo su administración.

El Consejo Universitario de la UCR en sesión N.° 6148 recomendó no utilizar el herbicida glifosato en las propiedades de la Universidad de Costa Rica, según la resolución “la decisión del Órgano Colegiado se sustenta en la solicitud realizada por el Consejo de Área de Salud y los resultados de un estudio de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, en la cual los expertos evaluaron la carcinogenicidad de varios pesticidas y determinaron que el glifosato probablemente tenga efectos de este tipo en el ser humano” (Consejo Universitario, 5-2-2018).

La prohibición del uso del glifosato en áreas públicas ya es un hecho en Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Malta, Sri Lanka y cientos de gobiernos locales por ejemplo en España más de 45 municipios han adoptado restricciones o prohibición al uso del glifosato (Garcia J en Diario Extra, 23-5-2018).

Costa Rica es el país más fumigado del mundo y el glifosato el herbicida de mayor uso, partiendo de estos hechos consideramos que la Comisión de la Defensoría de los Habitantes y ministerios debería recomendar de manera preventiva la prohibición de la aplicación del glifosato, al menos en áreas públicas; en virtud de resguardar la salud pública y el derecho a un ambiente sano. Lo anterior mientras toma acuerdos definitivos y con base en el principio precautorio y la evidencia científica valorada en la reciente condena en Estados Unidos y mucha otra disponible.

 

*Imagen tomada del video UCR Las emprendedoras de La Primavera

Enviado por Mauricio Álvarez.

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Matrimonio igualitario y Sala Constitucional: La montaña parió un ratón

La montaña parió un ratón

 

Luis Paulino Vargas Solís

Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)

Presidente Movimiento Diversidad Abelardo Araya

 

Los recursos presentados ante la Sala Constitucional que cuestionaban normas legales que definen el matrimonio como una institución jurídica exclusivamente al alcance de parejas de distinto sexo, llevaban varios años en espera. Mucho tiempo engavetados, claro indicio de lo espinosos que le resultaban a la Sala. La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos les obligó a enfrentar lo inevitable, aunque no sin concederse nuevas dilaciones (transcurrieron largos siete meses desde que se recibió esa opinión consultiva). Bajo el argumento –todo un jubiloso aplauso a la arbitrariedad– de que las resoluciones de la Sala son obligantes para todo el mundo en Costa Rica, excepto para ella misma, hubo quienes promovieron –y lo siguen haciendo– que la Sala desconociera su propia palabra, de modo que cuando antes dijo (en 1995) que esas opiniones consultivas eran vinculantes, ahora podría cambiar de opinión y desactivar, precisamente en este caso (¡tamaña coincidencia!), ese carácter obligante. Y, bueno, supongo que podría haberlo hecho, solo que, diferente a situaciones precedentes, el cambio habría sido tan violento –un salto olímpico de extremo a extremo en el rango de las opiniones de la Sala– que el ridículo internacional habría estado asegurado. Parece que todavía queda en esa Sala una leve noción de lo que significa el pudor, algo de lo que gente como el expresidente Miguel A. Rodríguez no tiene ni la mínima noción.

Pero siendo que la Sala se concedió recreos, vacaciones y todas las holguras concebibles antes de entrar a resolver la cuestión, cuando lo hizo se vio enfrascada en un debate de dimensiones épicas. Con mucho, la deliberación más tormentosa en toda su historia. Jamás olvidaré ese 8 de agosto de 2018: el tráfago abrumador y tumultuoso de los rumores en los chats y los nervios a punto de estallar. Y, a ratos, las lágrimas de emoción.

Casi a medianoche dieron a conocer su fallo. Seis de siete votos reconocieron la inconstitucionalidad de las normas. Y eso merece un brindis. Pero, en sentido no puramente simbólico, después de tanto retumbo y tremor, la montaña parió un ratón. En fin, que el diablo está en los detalles, siendo particularmente llamativo que solo dos –una magistrada y un magistrado– estuvieron de acuerdo en la inmediata derogatoria de las normas inconstitucionales. Dos más querían mantenerlas viva por 18 meses y dos optaban por una salida que, para todo efecto práctico, implicaba un completo desatino: dar vigencia indefinida a las normas, hasta tanto la Asamblea Legislativa modificase las leyes y las adecuara a la Constitución. Habría que ser un turista recién llegado de Plutón para no entender que ello implicaría muchos, muchos años. Parafraseando a Keynes: un largo plazo para caer muertos. Y durante todo ese tiempo, la inconstitucionalidad seguiría viva y actuante. Imposible imaginar nada más violento. Al cabo, prevaleció la tesis de los 18 meses, quizá un mal menor, una salida salomónica, que, sin embargo, no salva a la Sala del ridículo: posponer derechos humanos es lo más desnaturalizado que una instancia judicial de esta jerarquía podría decidir.

Ah, y por favor, no olvidemos que estamos hablando de derechos humanos. Y pretender negar que lo sean, como alguna gente, con obstinada irracionalidad, insiste en hacerlo, implica afirmar que la familia no es un derecho humano. Y de los más básicos e importantes. Porque matrimonio es más que un conjunto de normas que protegen y tutelan la unión consentida de dos personas. Es que ello funda una familia, es decir, un núcleo afectivo, de acompañamiento y solidaridad. Para lo cual no es indispensable que haya hijos o hijas. Podrían haberlos o podría no. Igual la familia existe. Y, por favor, no se cometa el dislate de creer que una pareja del mismo sexo no pueda tener hijos. Con más frecuencia de lo que se cree, tienen hijas e hijos. Ser una persona homosexual no significa ser estéril y aún queda la posibilidad de adoptar, que bien puede ser una salida que proporcione una familia amorosa a niñas o niños que de otra manera no la tendrían.

También es importante tener claro que esto atañe a un ámbito esencial de la libertad personal: decidir casarse o no casarse con la persona elegida, y, en caso necesario, eventualmente decidir divorciarse, es un derecho que a nadie, absolutamente a nadie, debería negársele.

Si duda, entre manos tenemos un asunto de derechos humanos muy básicos y prioritarios ¿Cómo entender entonces que la Sala demorase tanto, y que, a la hora de tomar la decisión, le resultase tan penoso hacerlo? Esto da un mensaje que solo puedo leer de esta forma: el peso de los prejuicios religiosos en el proceso de deliberación y decisión de la Sala sigue siendo sustancial, al punto que, antes que desafiar tales prejuicios, se considera admisible que persistan situaciones que maltratan la dignidad humana de muchas personas.

Inevitablemente ese plazo de 18 meses tiene precisamente esa fea connotación. La Sala incurrió así en un gazapo realmente grosero, porque los derechos humanos son de exigibilidad inmediata. Es imperdonable que tan ilustre tribunal no lo entendiese.

Ahora que, conocida la resolución de la Sala, de inmediato viene la contraofensiva del fundamentalismo religioso, en sus diversas expresiones, desde las tóxicas y violentas (liderado por Restauración) a sus diversas versiones “light”. Entre éstas últimas, el PUSC y su impresentable proyecto de uniones civiles, un bodrio indigesto que pretende saltarse con garrocha, tanto la opinión consultiva de la Corte IDH, como la propia resolución de inconstitucionalidad de la Sala IV. Causa perplejidad que el “joven” presidente Alvarado quiera asociar su nombre a ese esperpento, aunque la verdad es que la política costarricense está poblada de gente cuyas anémicas convicciones democráticas, ceden con extrema facilidad ante la influencia del conservadurismo religioso.

En general, las huestes fundamentalistas andan muy desorientadas, con síntomas alarmantes de demencia y decrepitud. Los disparates con que el Lic. Beirute ha prodigado su ignorancia son solo un ejemplo, entre tantos otros. Mucho más grave es una diputada que, en el extremo de la crispación, suelta amenazas contra magistrados y magistrados, u otro congresista que, siendo médico, promueve el desconocimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Muy mal ha de andar la democracia, cuando de tal forma encumbra a sus enemigos más encarnizados.

Su derrota en el terreno jurídico y en el de la racionalidad y la ciencia, es inevitable. Pero el fundamentalismo vociferante sigue siendo peligroso porque alienta el odio y la violencia, no solo contra la población sexualmente diversas LGBTIQ, pero también contra la propia institucionalidad democrática. También su influjo oscurantista es poderoso. La Sala Constitucional y, con tintes aún más subidos, la Asamblea Legislativa, dan testimonio de ello: dictar sentencias judiciales o legislar según unos particulares principios religiosos, refleja ignorancia y prejuicio, pero, sobre todo, saca a flote una gravísima confusión respecto de los principios democráticos y republicanos más elementales. Una cosa es el pleno respeto al derecho que cada persona tiene de practicar la religión que elija, y otra bien distinta es regular la convivencia social con base en principios derivados de una religión particular, que por ello mismo, y de forma inevitable, resultan excluyentes para todas y todos quienes no los compartan.

Todo esto ensombrece la calidad de la democracia en Costa Rica. No es tan solo que necesitemos avanzar hacia la laicidad del Estado. Ello de poco serviría si las élites políticas siguen sumidas en este mar de confusiones, y si los poderes del Estado siguen regentados desde ese coctel indigerible que contamina los principios democráticos con dogmas religiosos.

 

Enviado por el autor.

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No es xenofobia, es manipulación

No es xenofobia, es manipulación

Dany Villalobos V.

Otra versión para no ser móviles de la desinformación.
Ante el tema migratorio, los políticos nacionalistas pretenden:

1) Ocultar y proteger los grandes negocios de los extranjeros ricos en el país (lavado y tráfico de influencias), haciendo una campaña contra los extranjeros pobres por algunos delitos que han cometido ciertos nicaragüenses.
2) Empoderar a los grupos neonazis, que serían los abanderados para alentar una crisis social, apoyada por el descontento popular contra el oficialismo.
3) Esto provocaría una crisis política para dividir y golpear al Gobierno Central, separando a los progresistas y retornando a la derecha dura al negocio del poder.

No obviemos el crecimiento de la violencia civil de por medio que ello podría implicar, ya no solo en la redes sociales, por lo que el frágil argumento de la paz en Costa Rica podría terminar de gastarse.

No es secreto el desgaste y división que produjo la campaña política anterior. Hay sectores con fuerte resentimiento político que apuestan por continuar la línea de la violencia para golpear al oficialismo, cuya base tampoco ha sido cauta en retomar posturas de respeto, pepetuando esta riesgosa división. Es cómplice el oficialismo por su falta de visión política extra-electoral.

Sea crítico en ambas vías

Sea crítico con el Gobierno actual, pero no sea ingenuo con los grupos que utilizan esta plataforma cibernética para manipular y utilizar al pueblo para sus fines políticos. Sea crítico con sus fuentes de información, porque de entrada, darle cuerda a una página que basa su propaganda en mentiras, es dejarse engañar.

Si le interesa la política, apunte a temas que realmente van a afectar al país si el gobierno no atiende: la crisis por endeudamiento y evasión fiscal, los problemas ambientales eternamente irresueltos, la desigualdad creciente que produce múltiples problemas sociales y otros de su interés.

Practique una oposición informada y responsable. No se oriente por discursos violentos, rechácelos, denúncielos, la violencia nunca es inocente ni tema para bromear. Quienes la han sufrido no estarán felices de ver como crece la violencia, en este y aquel lado de la frontera.

Finalmente pregúntese: ¿Quiénes coordinan y lideran este movimiento? ¿Quiénes convocaron a las calles? ¿Quienes les piden compartir la información? ¿Cuáles son sus fines? Si no lo sabe busque respuestas, sería mejor por el bien del país que tanto dice querer.

Análisis enviado a SURCOS por el autor, publicado también en la página de Facebook ContraVersión.

El autor aporta dos imágenes para fundamentar su análisis. Puede acceder a ellas aquí:

Sobre el odio a los migrantes nicaragüenses y otras enfermedades sociales

Sobre el odio a los migrantes nicaragüenses y otras enfermedades sociales

Juan Carlos Cruz Barrientos

Lo ocurrido este sábado 18 con la manifestación xenofóbica es una escenificación de nacionalismo exacerbado, odio hacia la población nicaragüense y autoritarismo fascistoide largamente alimentado por sectores de la ultraderecha. Tres fenómenos que se alimentan de la irracionalidad por un lado, de la ignorancia por otro y que en común tienen un caldo de cultivo en las condiciones objetivas de vida de las víctimas del modelo económico neoliberal: desempleados, trabajadores informales y asalariados mal pagados…

Estas personas enfilan sus frustraciones hacia quienes ven como la amenaza externa a los migrantes pobres de un país con el que largamente se mantiene una relación conflictiva: la clase trabajadora nicaragüense. Sin embargo son fenómenos que deben abordarse por separado ya que la manipulación ideológica de chovinismo, el odio hacia el migrante pobre y las exhortaciones a la mano dura, son armas que tarde o temprano devienen en gobiernos autoritarios filo-fascistas que lejos de resolver los problemas estructurales, los agravan.

No podemos dar pie a ningún argumento que legitime el uso de la simbología de unidad patriótica, como es la selección nacional de fútbol, ni la supuesta relación entre migración y creciente criminalidad, para aniquilar nicaragüenses como lo pretendían los manifestantes del sábado. El supremacismo costarricense en cualquiera de sus manifestaciones, es un invento ideológico de la derecha para ocultar lo que en común tenemos todos los pueblos centroamericanos que es la creciente desigualdad social entre ricos y pobres.

Los migrantes nicaragüenses no son responsables del desempleo en Costa Rica. La causa del desempleo es el estancamiento de nuestra economía que dejó de crecer desde hace años y en eso nada tienen que ver los migrantes. Los migrantes nicaragüenses tampoco son responsables de la sobredemanda de servicios médicos en la Caja Costarricense de Seguro Social porque se trata de una migración joven que hace poco uso de los mismos. Los problemas en la calidad de atención que brinda la Caja hay que buscarlos en las malas decisiones y en la corrupción de la alta gerencia y algunos cuantos médicos inescrupulosos.

Tampoco es cierto que exista una relación estadística entre el aumento de la criminalidad y la migración nicaragüense. Dicho aumento es fruto de la actividad de las bandas de narcotraficantes y ahí tampoco tiene que ver el grueso de los migrantes nicaragüenses.

En todo caso los hechos del sábado 18 favorecen a Ortega para descalificar a los que huyen de la tiranía y de paso alimentar el desprecio hacia el pueblo costarricense. No es descartable esperar de Ortega otras sorpresas fronterizas, como autoagresiones, para desviar la atención y alimentar el sempiterno recurso del conflicto entre ambas naciones al estilo de Isla Calero.

Frente a los chistes y comentarios xenófobos, frente a la desinformación y las mentiras, frente a los llamados patrioteros, no podemos permanecer indiferentes. Una escalada del odio contra nuestros hermanos de la clase trabajadora nicaragüense tampoco resolverá los problemas estructurales que nosotros los ticos no hemos podido resolver, sólo fortalecerá a los políticos oportunistas que se valen del malestar y la frustración social para llevar agua al molino del fascismo.

UNA, Costa Rica: Desarrollo Humano y Equidad de Género

Fabiola Quirós Segura*

 

Son muchos los esfuerzos realizados por diversas organizaciones internacionales para dar cuenta de los elementos que componen el progreso de un país de forma multidimensional. En esta oportunidad, se hará referencia al Índice de Desarrollo Humano (IDH) y al Índice de Desigualdad de Género (IDG) para Costa Rica, ambos elaborados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El IDH es un índice compuesto que estudia el progreso de un país a través de tres dimensiones: el disfrute de una vida larga y saludable, el acceso a la educación y tener una vida digna; por su parte, IDG hace hincapié en la salud reproductiva, el empoderamiento y la participación de las mujeres en el mercado laboral. En este sentido, el enfoque de dichos índices, da cuenta de los desafíos que enfrentan los países para un óptimo desarrollo humano, donde los indicadores económicos se acompañan de indicadores de índole social.

Según el último Informe (2016), de los 188 países que analiza el PNUD, Costa Rica ocupó el puesto 66 en el IDH, catalogándose como un país con “desarrollo humano alto”. Dentro de los datos más relevantes a resaltar, es que la esperanza de vida al nacer es de 79,6 años (hombres: 77,2; mujeres: 82,1), los años esperados de escolaridad rondan los 14,2 (Hombres: 13,8; Mujeres: 14,5), los años promedio de escolaridad los 8,7 (igual entre hombres y mujeres) y, el ingreso nacional bruto (INB) por persona (ajustado a PPA), ronda los 14 mil dólares anuales, monto muy cercano al de Brasil ($14.145), Tailandia ($14.519) y China ($13.345). Con respecto a este último indicador, si se desagrega por sexo, el INB de las mujeres es de S9.995, mientras que el de los hombres es prácticamente el doble: $18.052.

Con respecto al IDG, Costa Rica se ubica en la posición 63. Entre los indicadores más preocupantes de dicho índice está la elevada tasa de natalidad adolescente (56,5 nacimientos por cada mil mujeres de edades entre los 15 y 19 años) y la escasa ocupación de las mujeres en escaños políticos (para el 2014 eran del 33,3%, porcentaje que asciende en las recientes elecciones al 45,6%, cifra histórica más alta). Otro aspecto por resaltar es que, aunque el porcentaje de población con algún tipo de educación secundaria es mayor en las mujeres (mujeres: 54,5%, hombres: 53.8%), la tasa de participación en la fuerza de trabajo de ellas es bastante menor que la de ellos (46,8% vs. 76,6% en el 2015).

Lo anterior resulta preocupante ya que después de tres años, no hemos logrado incrementar la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. Según los datos de la Encuesta Continua de Empleo realizada por el INEC, para el II trimestre de 2018, la tasa de participación laboral de los hombres fue 74,9%, mientras la de las mujeres sigue siendo del 46,8%. Peor aún, aunque la tasa de participación femenina no ha variado en los últimos años, sí lo ha hecho la tasa de desempleo femenina, la cual pasó de un 10,6% a un 12% en el último año. A lo anterior, deben sumársele las manifestaciones de violencia sexual, psicológica y simbólica contra las mujeres que según datos del INAMU se han mantenido constantes en los últimos años, a pesar de las inversiones que ha realizado el Estado con el objetivo de reducirlas.

En síntesis, Costa Rica ha presentado avances en materia de desarrollo humano y en acceso a oportunidades para el desarrollo de una vida digna, que incluso nos acerca a los estándares de países desarrollados; sin embargo, siguen existiendo disparidades en torno al desarrollo económico-social que impactan negativamente a grupos particulares. Es de este modo que, en términos de género, las mujeres siguen siendo uno de los grupos que, aunque presentan características favorables en el acceso a la educación y salud, experimentan dificultades en el acceso al empleo, al salario equitativo y en la ocupación de curules políticas en toma de decisiones.

Por último, después de analizar los datos anteriores y dadas las manifestaciones de violencia contra la mujer que han sacudido al país en lo que llevamos del año, es necesario que el Estado, junto con el sector privado, articulen esfuerzos con miras a reducir la desigualdad de género -en todas sus dimensiones-, lo anterior considerando que se requiere de un esfuerzo país para poder alcanzar este objetivo, más aún, conociendo la situación fiscal que de no resolverse a corto plazo, podría terminar impactando negativamente a los grupos más vulnerables, entre ellos a las mujeres y las niñas.

 

*Observatorio Económico y Social, Escuela de Economía UNA.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por UNA Comunicación.

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Agua: la NO política institucional versus la política de la democracia directa

Por: Byron Barillas y Luis Bonilla /Académicos de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED

San José, C.R. (2018)

 

Como parte de la investigación que venimos desarrollando desde mediados del año 2017 en varias zonas del país sobre el tema del agua, a finales de enero y principios de febrero del presente año nos correspondió hacer entrevistas en los cantones de Guápiles y Guácimo. En este último cantón descubrimos algo que para el equipo investigador es un hallazgo relevante, para entender parte de la problemática en torno al agua que se vive en ese cantón, y que de alguna forma, también podría explicar la de las otras zonas involucradas en dicho estudio, aunque con sus propias especificidades.

El contexto específico del hallazgo ocurrió ante la pregunta a una líder y dirigente comunal muy experimentada de Guácimo, que trataba de indagar, cuáles instituciones asumen con responsabilidad sus funciones con respecto al tema de la contaminación del agua, producida por la actividad piñera en varias comunidades. Ante lo cual responde que no hay una responsabilidad de las instituciones que sea parte de una “política institucional”, sí puede notarse el compromiso de personas, que la asumen desde una postura ética de su trabajo, como es el caso de algunas personas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) que manifiestan un compromiso con el problema de la contaminación del agua y están apoyando a las comunidades.

También considera que, ante algunos lineamientos de política como lo es, el decreto del Estado para producir “piña responsable” orientado a mejorar las prácticas de este cultivo, no existe una reglamentación específica diseñada para hacer efectivo este decreto. Además, aunque hay un cuerpo de leyes ambientales que sirven de marco para que las instituciones hagan su trabajo, tampoco se cumplen; aunque, esto se matiza con el hecho que algunas instituciones carecen de personal para operar la legislación ambiental; por ejemplo cuando algún funcionario se pensiona en algunas instituciones del MINAE no se reponen esas vacantes.

La NO política, en este caso, hace referencia a esa especie de “vacío institucional” en que aparentemente funcionan algunas instituciones; aunque, paradójicamente, exista una nutrida legislación nacional para que estas desarrollen su labor de protección y fiscalización. En la entrevista, sin embargo, se destaca el caso de la municipalidad de Guácimo, donde se indica que no ha existido en el pasado reciente, un esfuerzo del gobierno local por establecer algunas políticas específicas orientadas a la protección del recurso hídrico del cantón. Aunque ha habido iniciativas de algunos líderes comunales para que el gobierno local asumiera por ejemplo alguna medida de protección de las zonas de recarga acuífera en la parte sur del cantón de Guácimo, de donde se obtiene el agua para buena parte de sus habitantes.

Este desinterés por crear políticas específicas de protección del recurso hídrico, asimismo, de apegarse a la normativa del campo ambiental para fiscalizar y corregir los abusos de algunas empresas piñeras o bien de desarrolladores de proyectos habitacionales que contaminan el agua, es lo que estamos entendiendo por el ejercicio de la “NO política”; así, la NO política, es la otra forma de “hacer” política, pero esta vez en términos de omisión e incluso de negligencia.

Por otra parte, la política en su sentido propositivo, que adversa a la “NO política”, la rescatamos de una experiencia de democracia directa llevada a cabo en este cantón, esa experiencia es el plebiscito, una novedosa forma de ejercer la ciudadanía política en contextos donde se deben dirimir temas conflictivos; que en el caso de Guácimo, y creemos que a nivel nacional, constituye un experimento exitoso de protección del recurso hídrico utilizando dicho mecanismo de democracia participativa. Haciendo una breve reseña, ese proceso de plebiscito que comenzó en el año 2001 a iniciativa de organizaciones sociales defensoras del agua para impedir la construcción de una hidroeléctrica por parte de una empresa privada, con el aval inicial del ICE y del mismo gobierno local, tuvo al final un resultado exitoso para la gestión de democracia participativa que logró anular la autorización para que se construya dicha represa.

El proceso fue arduo y rico en enseñanzas, sobre todo para las comunidades de Guácimo que ganaron el plebiscito al gobierno local que favorecía la hidroeléctrica, producto de una labor de convencimiento por parte de líderes comunales que desplegaron mucha energía al seno de las organizaciones populares y comunales. Nos parece válido señalar, que ese ejercicio democrático sigue estando en el reservorio de la memoria colectiva de las comunidades para enfrentar la “NO política” que se ha venido reinstalando como práctica nociva, para una auténtica defensa del recurso hídrico en dicho cantón.

Para fines analíticos del estudio, la categoría de la “NO política”, que surge de indagaciones empíricas, será de mucha utilidad en futuras reflexiones académicas, al brindar nuevos elementos e ir construyendo un marco teórico más elaborado para explicar la problemática del recurso hídrico desde el punto de vista socio-político.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Byron Barillas.

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Estados Unidos / Irán: puesta en perspectiva de las nuevas sanciones unilaterales (infundadas) anunciadas este 6 de agosto

Nicolas Boeglin (*)

 

El pasado 6 de agosto, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Irán (véase comunicado oficial de la Casa Blanca). Se trata de sanciones tomadas de manera unilateral por la actual administración norteamericana y que se añaden a las adoptadas el 8 de mayo del 2018, aduciendo supuestos incumplimientos por parte de Irán del denominado Pacto Nuclear adoptado en julio del 2015. Como previsible, el único Estado en felicitar a Estados Unidos por esta decisión fue Israel (véase nota del Times of Israel).

Se lee en el precitado comunicado por parte del Presidente norteamericano que:

«Since my announcement on May 8 withdrawing the United States from the JCPOA, my Administration has sanctioned 38 Iran-related targets in six separate actions. Reimposition of nuclear-related sanctions through today’s actions further intensifies pressure on Tehran to change its conduct«.

Sanciones norteamericanas alegando incumplimientos por parte de Irán: su contexto en breve

Este anuncio se da a pocos días de otro anuncio del Presidente de Estados Unidos, sugiriendo esta vez una cita con las máximas autoridades persas, que provocó profundo estupor en Israel (véase artículo de prensa del Express, Reino Unido).

Estados Unidos Iran puesta en perspectiva de las nuevas sanciones unilaterales
Foto extraída de artículo de prensa titulado «US-Iran tensions: Israel ‘SHOCKED’ by Trump’s offer to meet Iran leader Rouhani» (Express, Reino Unido, edición del 2/08/018).

Esta decisión unilateral norteamericana de reinstaurar sanciones contra Irán contradice la resolución adoptada por el mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el 2015, la cual endosa el acuerdo pactado en materia nuclear con Irán y el riguroso mecanismo de verificación al que accedieron someterse las autoridades persas (véase texto completo de la resolución 2231 del 20 de julio del 2015 en favor de la cual votó Estados Unidos); a su vez, esta decisión unilateral confirma la visión bastante peculiar del actual ocupante de la Casa Blanca, dispuesto a desechar un documento que se logró acordar por parte de la comunidad internacional con Irán en julio del 2015 luego de largas negociaciones.

Tal y como tuvimos la oportunidad de escribirlo en julio del 2015, en una nota publicada en Derechoaldia reproduciendo al final el texto del comunicado de prensa emitido por la diplomacia de Costa Rica:

«El documento acordado este 14 de julio en Viena constituye sin lugar a dudas la culminación de uno de los ejercicios diplomáticos más arduos y complejos de los últimos tiempos, realizado en un período marcado por discursos hostiles e intentos variados tendientes a minar el proceso de negociación. Permite apaciguar en parte la confrontación existente entre Estados Unidos e Irán que inició en 1979, y que se ha mantenido desde entonces muy presente, desbordando el marco de las relaciones bilaterales entre ambos Estados» (véase nota nuestra editada en el sitio de Derechoaldia el 15 de julio del 2015).

El repudio generalizado a la decisión de Estados Unidos de reimponer sanciones a Irán

En un comunicado conjunto del 6 de agosto del 2018, la Alta Representante de la Unión Europea y los jefes de las diplomacias de Alemania, Francia y Reino Unido lamentaron la decisión norteamericana, concluyendo que:

«La préservation de l’accord nucléaire avec l’Iran relève du respect des accords internationaux et importe pour la sécurité internationale» (véase texto en francés de esta declaración conjunta).

Por otro lado, China ha anunciado que estas sanciones norteamericanas no afectarán en lo más mínimo su creciente comercio con Irán (véase nota de prensa).

Por su parte, la Comisión de la Unión Europea (UE) anunció la entrada en vigor inmediata del denominado Estatuto de Bloqueo este 7 de agosto: se trata de una herramienta jurídica que busca resguardar y proteger a todas las empresas europeas que inviertan en Irán de las sanciones norteamericanas (véase comunicado de prensa de la UE). Se lee en el comunicado antes mencionado que:

«El estatuto de bloqueo permite a los operadores de la UE reclamar compensación por daños y perjuicios como consecuencia de las sanciones extraterritoriales de los Estados Unidos a las personas que ocasionen tales daños y anula el efecto en la UE de las resoluciones extranjeras basadas en ellas«.

Como es sabido, Teherán se ha convertido desde julio del 2015 en una apetecida capital para muchos consorcios y empresas europeas: para citar un ejemplo reciente, una importante misión empresarial encabezada por el jefe de la diplomacia española en persona visitó Teherán en febrero del 2018 (véase comunicado oficial de España).

Cabe recordar que a 24 horas de anunciadas las sanciones unilaterales contra Irán en mayo del 2018, la Organización Internacional para la Energía Atómica de las Naciones Unidas (OIEA) desmintió públicamente a Estados Unidos, señalando que Irán si cumplía con todas las obligaciones contraídas en el Pacto Nuclear suscrito en julio del 2015: sobre este punto preciso, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota publicada en DIPúblico, titulada «¿Informantes malinformados? OIEA desmiente categóricamente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear«.

Estados Unidos Iran puesta en perspectiva de las nuevas sanciones unilaterales2
Foto de los jefes de la diplomacia de Irán y de Estados Unidos, extraída de artículo de prensa del 2013 del Times of Israel titulado «Kerry, Zarif to meet in Geneva as nuke talks ramp up».

En América Latina, Irán ha desplegado una hábil agenda diplomática regional en años anteriores, cosechando logros recientes como, por ejemplo, en enero del 2018 la llegada del primer embajador de Chile a Teherán (véase nota de HispanTV); y celebrando, en abril del 2018, la visita oficial del jefe de la diplomacia persa a Brasil (véase comunicado oficial del Itamaraty) así como a Uruguay (véase comunicado oficial de Uruguay).

En el caso específico de Costa Rica, no ha existido ningún acercamiento con Irán desde julio del 2015 (salvo error de nuestra parte), optando más bien Costa Rica por un acercamiento con la potencia rival de Irán en Medio Oriente, Arabia Saudita, con la que Estados Unidos mantiene relaciones muy estrechas (véase nota de prensa sobre visita realizada en enero del 2018 por altos funcionarios saudíes). Ya en este cable confidencial norteamericano del 2008 dado a conocer por Wikileaks, se podía leer que para Estados Unidos, el tema de Irán no ameritaba mayor atención en el caso costarricense:

«Although there is no particular Costa Rican cooperation with Israel to limit the influence of Iran in the region, we do not detect any sympathy for Iran on the part of Costa Rica nor any expansion or opening of relations. To the GOCR (as to most other governments in Central America), Iran has no natural ties to the region«.

El reciente recurso a la justicia internacional por parte de Irán

Al mantener incólume su posición Estados Unidos con relación a las sanciones anunciadas en mayo del 2018 contra Irán, el 17 de julio del 2018 Irán acudió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), interponiendo una demanda contra Estados Unidos (véase comunicado de prensa de la CIJ en inglés y en francés). Tuvimos la ocasión de analizar los alcances de esta demanda iraní en una breve nota nuestra a la que nos permitimos remitir a nuestros lectores, en la que concluimos haciendo referencia al esfuerzo creativo que debe estar suponiendo esta demanda para los asesores legales del Departamento de Estado (Nota 1).

Al haber acompañado Irán su demanda contra Estados Unidos con una solicitud de medidas provisionales de carácter urgente (véase texto completo), la CIJ fijó a finales del mes de agosto las audiencias orales entre ambos para tomar una decisión al respecto (véase comunicado de prensa en francés y en inglés del pasado 26 de julio del 2018). Es probable que en caso de asistir a estas audiencias, la delegación de Estados Unidos alegue, entre otros puntos, que la CIJ carece de toda competencia para ordenar medidas provisionales en su contra. En caso de no comparecer (una posibilidad que no se puede descartar dado el espectáculo que ofrece al mundo el actual Presidente norteamericano), las audiencias en La Haya se mantendrían con la sola presencia de la delegación persa, sin afectar mayormente el procedimiento (Nota 2).

A modo de conclusión

El retiro de Estados Unidos en el 2018 del Pacto Nuclear suscrito con Irán en julio del 2015 se basa en hechos inexistentes. Las sanciones reimpuestas a Irán por Estados Unidos se inscriben en esta misma lógica.

Cabe indicar que la demanda iraní presentada en julio del 2018 constituye la primera acción legal interpuesta en La Haya por un Estado contra Estados Unidos desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante, en enero del 2017: este último se ha caracterizado por acciones unilaterales e inconsultas que violentan acuerdos previos suscritos por Estados Unidos.

Desde esta perspectiva, otros Estados cuyos derechos se han visto vulnerados en razón de la actitud desafiante de Estados Unidos bien podrían acudir de igual forma a la justicia internacional de La Haya en el futuro.

 

—Notas—

 

Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Irán demanda a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por sanciones comerciales del 8 de mayo«, CIARGlobal, edición del 24 de julio del 2018, disponible aquí.

Nota 2: En 1973, una solicitud de medidas provisionales de Australia contra Francia con relación a los ensayos nucleares franceses en el Océano Pacífico dió lugar a audiencias en La Haya con la presencia de una sola delegación (véase acta de audiencias de mayo de 1973).

 

(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, UCR.

 

Enviado por el autor.

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El carácter clasista y popular de la lucha contra el proyecto fiscal

Comisión Nacional de Enlace

Comunicado político Nº 60

 

La respuesta de la administración Alvarado Quesada a la Mesa de Unidad Sindical sobre la propuesta fiscal presentada por esa instancia sindical era de esperarse y es la consecuente con la estrategia política del gobierno para mantener en el movimiento sindical la ilusión de un diálogo, pero avanzando con su objetivo central que es aprobar el proyecto Nº 20580.

Cabe entonces preguntarse: ¿tiene sentido lo manifestado por el vicepresidente Marvin Rodríguez de mantener el discurso de la “vía del diálogo”  cuando el proyecto Nº 20580 sigue avanzando en la Asamblea Legislativa? ¿Qué sentido tiene una mesa de diálogo sobre el tema fiscal con el gobierno, si su proyecto fiscal, con el cual mantenemos diferencias irreconciliables, avanza en la corriente legislativa?

Aquí es donde el Movimiento Sindical, particularmente  el Bloque Unitario Sindical y Social (BUSSCO) tiene que, de manera forzada por los hechos, parar y hacer un balance sobre lo que está ocurriendo y tomar las decisiones correspondientes. Ha quedado  claro que el gobierno nunca tuvo intencionalidad de resolver en forma conjunta y en una mesa de negociación con el movimiento sindical el tema fiscal, queda claro también que este tema no es simplemente un asunto técnico, sino esencialmente político, que por más “propuestas técnicas” que el movimiento sindical presente, la incidencia en lo fiscal es un asunto de fuerza política, aunque reconocemos como positivo que los sindicatos hicieran el esfuerzo por presentar propuestas sobre un tema complejo como es el fiscal.

Es entonces que, definidas ya las cosas, desde nuestra perspectiva, la definición del carácter de la lucha es lo determinante y así ha sido históricamente, por eso recapitulamos brevemente sobre los resultados de algunas luchas  recientes en el tiempo y la importancia del carácter de la lucha.

La lucha contra la transnacional Millicom, que resultó en la expulsión de esa empresa de nuestro país, tuvo un carácter profundamente patriótico. Definidos los objetivos y el carácter los trabajadores del ICE se lanzaron a la lucha y obtuvieron el resultado ya mencionado.

En la lucha contra el Combo del ICE fue igual. Solo que la respuesta de las masas se dio en gran medida por el correcto enfoque del carácter patriótico y popular de esa lucha. Finalmente se logró que el Combo del ICE fuera retirado de la corriente legislativa y se asestó un golpe en profundidad a la administración Rodríguez Echeverría.

La lucha contra RITEVE fue lo contrario. Cuando existían factores objetivos y subjetivos para expulsar la empresa de nuestro país, el carácter patriótico y popular de esa  lucha se difuminó en las negociaciones y la administración Pacheco de la Espriella logró resistir  el embate y RITEVE logró permanecer en el país.

En la lucha contra el TLC el carácter  amplió el espectro y se convirtió en una lucha patriótica, popular y antimperialista. Ya sabemos el resultado de esa lucha cuando la derecha vio una oportunidad en la propuesta del referéndum, nacida de los propios sectores sociales. Perdido el carácter inicial, la lucha derivó en una disputa electoralista y jurídica que condujo finalmente al movimiento popular en su conjunto a una derrota estratégica (ver: http://www.comisiondeenlace.co.cr/archivos/7295/balance-de-la-lucha-contra-el-tratado-de-libre-comercio/trata-dos-de-libre-comercio/).

Obsérvese entonces la importancia del carácter de la lucha y en esta coyuntura particular donde la ofensiva neoliberal apunta a descargar los efectos de la “crisis”, sobre las espaldas de los trabajadores (as), se hace imprescindible priorizar esa discusión.

Es decir, la lucha contra el paquete fiscal 20.580 tiene un claro contenido popular, de clase y de defensa de los derechos laborales. Este proyecto pretende fiscalmente poner a pagar más impuestos a los sectores populares/laborales y medios, es decir a la clase trabajadora en general. Además al precarizar condiciones laborales de la clase trabajadora del sector público se abre el camino para el despido masivo de trabajadores (as) del sector. Es así entonces que, en este caso, la lucha debe continuar con un marcado carácter clasista y popular, que involucre a toda la clase trabajadora.

El enemigo tiene claridad meridiana sobre lo que tiene que hacer, romper la resistencia sindical, reducir a los empleados públicos, quebrar  cualquier  resistencia a su proyecto neoliberal-plus. Dadas las condiciones y las respuestas del gobierno, aceptar participar en una mesa de diálogo en esta coyuntura no significaría otra cosa que la claudicación.

 

Comisión Nacional de Enlace

09 08 2018

San José, Costa Rica

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por Ricardo Segura Ballar.

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Cambio de Sistema Más que de Actores

Marlin Oscar Ávila

 

Cotidianamente vemos como nuestras sociedades en Latinoamérica viven peleando, acusando a uno u otro actor social, político o religioso de ser responsable de los efectos de sus decisiones. Particularmente si tiene bajo su responsabilidad algún cargo público. Se condena al funcionario por una u otra cosa, demandando generalmente que abandone el cargo para el cual ha sido electo o, en el mejor de los casos, logró ganarse una titularidad mediante un concurso que diera valor a sus méritos, sin embargo, la ciudadanía a la cual sirve con la institución en que labora, le condena por los malos resultados institucionales. Normalmente, los individuos y grupos sociales buscarán a alguien a quien acusar por no lograr los servicios esperados.

Desde luego, las instituciones están compuestas por humanos y es a los humanos a quienes se señalan como responsables. Pero ¿acaso son las individualidades las principales responsables de los fracasos de un proyecto, de un programa, de una política establecida, de un gobierno local, regional, nacional o multinacional? Sabemos que generalmente sus actos y decisiones las toman en consenso institucional y en el peor de los casos, cuando se trata de una persona que irrespeta las normativas institucionales, lo hace arbitraria y soberbiamente.

Por ejemplo, nos resistimos a creer que ¿Sea al Juez Sergio Moro, del Brasil a quien hay que responsabilizar exclusivamente por mantener al ex presidente Lula da Silva en prisión sin probar objetivamente sus delitos?, tampoco es al juez Julian Ercolini, el único responsable de perseguir a Cristina Fernández, ex presidenta de Argentina. Inclusive, uno se interroga sí ¿Será el Presidente actual de Ecuador, Lenin Moreno y asesores más cercanos, los únicos responsables de perseguir al Ex presidente Correa, y está promoviendo a Ecuador para integrar la OTAN y además, introduciendo al Pentágono a su territorio? ¿Será la pareja Ortega, la única responsable de la represión existente en Nicaragua? ¿Será Jimmy Morales y su partido político los únicos responsables de la corrupción en la administración del gobierno guatemalteco? O ¿Serán Renato Alvarado, Rodrigo Wong Arévalo y Alfredo Villatoro, responsables directos de noticias en TV y radio, que alienan la conciencia colectiva de los hondureños? O ¿Será el magistrado Fernando Cruz, nuevo presidente de la Corte Suprema de Costa Rica, responsable de no resolverse la prolongada crisis del poder judicial? O ¿Será Nicolás Maduro el responsable de la crisis económica y política de Venezuela? Estos y otros muchos actores en el escenario de nuestra región, normalmente son centro de ataques por los diferentes medios de comunicación.

Así como la inteligencia estadounidense creyó que con desaparecer a figuras políticas como Hugo R. Chávez, desaparecería la conciencia revolucionaria de la ciudadanía venezolana; muchas personas creen que destituyendo a figuras controversiales como Donald Trump, o Xi Jimping, o Theresa May, van a producirse cambios sustanciales (impactos) en el contexto nacional e internacional. Creer que quitando a Christine Lagarde, como Directora del FMI, se acabaría la caída estrepitosa de la economía argentina, sería muy ingenuo, puesto que habrían más de una docena de candidaturas iguales o peores que ella, para asegurar que lo negociado con Mauricio Macri se cumpla al pie de la letra, hasta poner de rodillas al país frente a los intereses de las grandes tras-nacionales financieras y demás negocios mundiales.

Lo cierto es que estas personalidades, algunas mucho más relevantes que otras, no se han generado por procesos de metamorfosis individual o familiar. Son el resultado de procesos colectivos sociales y políticos del medio en que conviven y de las redes globales del modelo neo liberal o del liberalismo internacional. Si se llegaran a defenestrar, a quitar o fallecieran por muerte natural, sin lugar a dudas, van a ser sustituidos por alguien similar o peor. Como es el caso del gobernante más poderoso del continente americano: Donald Trump. Este magnate de los bienes raíces, xenofóbio, neo-fascista, considerado por muchos como el peor gobernante de la historia estadounidense desde lo ético, moral, político y económico, si fuese impedido (empechement) de seguir gobernante, sería inmediatamente sustituido por su vicepresidente Mike Pence, probablemente sería peor gobernante que Trump, es decir, los riesgos de destrucción de la “única nave espacial en que viajamos” será mayor. De todas manera, los “águilas del Pentágono” tienen mayor control del Estado ahora que cuando estuvo Barack Obama y otros antecesores.

El pensar que estos actores son quienes generan los hechos que producen mayor sufrimiento humano y, que al no estar ellos/ellas en sus puestos actuales, se concluirá con buena parte o todo ese sufrimiento que producen. Así que muchas son las personas que buscan cómo derrocar o sustituir a estos poderosos personajes, quienes son reconocidos con nombre y apellido.

Pero algunos sectores sociales creen que insultando, ofendiendo, denigrando y hasta produciendo mayor desprestigio a su oponente, va a lograr cambios sustanciales además de lograr una terapia psicológica colectiva. Por ejemplo, en Honduras, desde el primer fraude electoral para elegir a Juan Orlando Hernández, posiblemente el presidente menos popular de Centroamérica, han circulado miles de mensajes por las redes sociales, con críticas fuertes, muchas sustanciales, sin producir un solo paso al lado de este señor. Como circula un video internacionalmente, es una persona sumamente cínica que no se inmuta ni para mentir y menos por ser fuertemente criticado. Hemos escuchado que desde el movimiento de “Los Indignados”, antes de su re elección, le han recordado a su madre en todos los desfiles, pero nada ocurre ni ocurrirá con él. Muy parecido a la actitud de Jimmy Morales en Guatemala. Y así al Secretaria General de la OEA, don Luis Almagro, muy recomendado inicialmente por políticos de gran prestigio, luego, rechazado por la mitad de ellos, se sostiene allí desde el 2015, pese al creciente desprestigio internacional ganado. Es decir, han fallado las protestas y medios de crítica utilizados, sus objetivos apuntados a personas, más que a estructuras. Si Almagro, o Theresa May, o Donald Trump salen del poder, nadie puede asegurar que eso producirá cambios importantes y significativos para la ciudadanía.

Si hay algo inquietante son nuestros sistemas de justicia, generalmente controlados por un grupo reducido de abogados con títulos de magistrados, propietarios y suplentes, quienes integran diferentes Salas, concejales, y otros, elegidos por el poder legislativo. Es decir, un poder define quiénes van a integrar otro poder, y este poder legislativo es un órgano esencialmente político partidario. Consecuentemente, el Poder Judicial, difícilmente se libera de las influencias de los partidos, especialmente por los que dominan el Poder Legislativo. Eso está teniendo graves consecuencias en la vida política de la mayoría de los países latinoamericanos. Pero, no se escuchan propuestas para reestructurar esta modalidad para evitar estas influencias, los altos grados de impunidad, de mora judicial, las graves decisiones de jueces que favorecen el mercado ilícito, además de los enormes privilegios de Magistrados, como si fuesen una casta superior dentro de nuestras sociedades. Estas intocables instituciones son protegidas, por las élites políticas y económicas que se aprovechan de una tradición históricocultural y de la creencia que esta es la mejor forma de manejar la “Justicia Ciega” heredada por los europeos.

En el contexto general de cada país, el público puede pasar rápidamente de la adulación al odio con facilidad. Es esta manipulación de la subjetividad social, de los principales logros en los medios tarifados y algunas redes electrónicas. El odio lleva a la población a buscar desahogarse con fuertes expresiones, manifestaciones multitudinarias, memes y demás medios de las redes sociales, que producen un efecto terapéutico de alivio y relajamiento al estrés que producen los mandatarios que gobiernan para su propio beneficio, para las élites locales y para actores extraños al país que contribuyeron a elegirles. Son otros los dueños del poder, el denominado poder fáctico. Este es quien finalmente determina cuánto dura un gobernante “elegido por sufragio democrático”, mientras que los y las votantes, solamente sirvieron para validar un proceso, muchas veces amañado. y de la satisfacción de fuerzas mayores, en general externas. En otras palabras, existen actores invisibles que manejan los hilos de un sistema de explotación, extorsión y violencia contra los modelos democráticos quienes manipulan las fuerzas sociales, aun cuando sean de la oposición, para neutralizarla, con significativo éxito.

Se ha venido observando el caso de Honduras desde que el Departamento de Estado en Washington, encabezado por Hilary Clinton decidiera que el ex presidente Manuel Zelaya Rosales debía salir del poder aliándose para sacarlo con la oligarquía criolla, incluyendo a líderes religiosos. El pueblo hondureño ha tratado diferentes fórmulas políticas para recuperar la democracia liberal que tenía y ha venido fracasando en todas. Una de sus debilidades ha sido concentrar sus baterías en personas y no en sistemas y metodologías. Además de llorar los innumerables asesinatos por el régimen y sus aliados, gritando con mucha fuerza para que se haga justicia y procurar procesar a los actores del partido político en el poder, esa oposición se han desgastado en pleitos contra personalidades, desahogándose en un mar de críticas, insultos, pleitos y acusaciones. Nueve años han estado con diversas tácticas contra el gobierno, pero éste, que no tiene escrúpulo alguno para utilizar el principio de “el fin justifica los medios”, les ha ganado una y cien batallas. Recientemente, se notan suspiros de esperanzas en lograr justicia, porque el Senado de EUA ha exigido a la Casa Blanca tomar medidas contra el grave estado de corrupción, impunidad e injusticia que se vive en Honduras. Sin embargo, internamente pareciera haber una oposición desmembrada, agotada y sin una estrategia clara, más que ese desahogo terapéutico de expresiones de enojo, justificado, pero inutilizado o mal canalizado.

El caso de Honduras es importante verlo en su forma y metodología de dominio, porque nadie puede apostar que esto no le ocurra a alguno de los países vecinos. En Nicaragua se dice que en tres meses han habido más de 300 víctimas mortales, un buen número de presos políticos y un millar de heridos. En Honduras, en nueve años hay acumulados más de 12 mil asesinatos, mucho más heridos y aun hay presos políticos, sin incluir los exiliados políticos. Esto es un promedio de 1,333 homicidios cada año o 111 por mes.

En otras épocas, cuando no había tanto medio electrónico de comunicación, cuando existía una clase trabajadora organizada, fuerte y crítica, los cambios no se esperaban tanto de afuera. Los casos más ilustrativo fueron los grandes movimientos de lucha contra las dictaduras de Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Brasil, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, y Guatemala. La clase trabajadora y clase media baja, no concentraba sus energías en el individuo que gobernaba, Pinochet, Videla y demás comandantes militares, sino en el sistema dictatorial y sus alianzas con el imperio estadounidense. Un general pudo haberse cambiado, pero la lucha se mantenía hasta ver derrotada la dictadura militar, algunas, como la de Brasil, tardaron dos décadas en caer. Se dirá que esto ha cambiado y son otros los parámetros los que existen. Desde luego, pero el arte está en saber adecuar los medios y las estrategias a las nuevas condiciones y no en lamentarse constantemente por perder una y otra batalla frente a actores visibles, ignorando a los invisibles, que seguramente son más influyentes.

 

Enviado por el autor.

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El reclamo de los pueblos indígenas sobre sus tierras es un derecho consagrado en múltiples convenios, leyes y declaraciones

Por Uriel Rojas R.

 

El reciente acto de recuperación de unas 250 hectáreas de tierras en Rey Curré por parte de la comunidad, forma parte de un eslabón de procesos que se iniciaron hace un par de años atrás en otros territorios indígenas tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras.

La tenencia de tierras indígenas en manos de no indígenas es una problemática que debió atenderse desde la creación del Instituto Costarricense de Tierras y Colonización (ITCO).

Sin embargo todo siguió como si nada.

Luego la aprobación de la Ley Indígena #6172 por la Asamblea Legislativa de Costa Rica en el año 1977 estipula en su artículo 3 que: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas solo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de estas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las tierras indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros”.

Los crecientes conflictos por el desacato a estas leyes y tantas muertes ocasionados en otros países, llevó a la OIT a incorporar en su Convenio Internacional 169, algunos numerales asociados a esclarecer este tema, que luego serían abordados y mejorados por otras Declaraciones y Convenciones.

Por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas determinó en su artículo 26 que:

  1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.
  2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
  3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

Este artículo 26 se refiere a la relación indígena-tierras-territorios. En su primer inciso reconoce los derechos a esas tierras, territorios y recursos, y agrega “aquellos [tierras, territorios y recursos] que hayan adquirido de otra forma”, o sea, no por posesión o utilización.

Vale resaltar que este derecho de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras ancestrales está también tutelado en otras normas jurídicas como:

  • Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 21.
  • Declaración Americana de los Derechos y Deberes de la persona, artículo 23.
  • Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, artículo 5.
  • Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 17.
  • Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en sus Recomendaciones Generales XXIII (51) sobre los Derechos de las poblaciones indígenas (1997).

De tal manera que, los procederes efectuados por la comunidad indígena de Rey Curré está contemplado dentro de la protección legislativa existente, a pesar de los malestares y conflictos que esto genera, especialmente para el poseedor establecido de manera arbitraria a lo contemplado en las normativas jurídicas nacionales e internacionales.

 

Enviado por el autor.

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