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Aportes desde la Maestría en Planificación – UNA para la atención de los efectos inmediatos y posteriores al COVID-19 en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Las personas proponentes de este documento lo hacen a título personal y no representan las opiniones oficiales de la Universidad Nacional ni de la Escuela de Planificación y Promoción Social. Forman parte del equipo de la Maestría de Planificación de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA*.

La emergencia del Covid-19 ha obligado a paralizar la economía del país, como consecuencia de la medida gubernamental de distanciamiento social y la disminución de la circulación de personas, bienes y servicios.

Esta condición tiene efectos positivos y negativos inmediatos, de mediano y de largo plazo. En consecuencia, deben formularse políticas nacionales para cada uno de esos momentos. La urgencia de las circunstancias ha obligado a enfocar la atención en la inmediatez sanitaria y en la crítica situación socio-económica.

Los efectos de la paralización sobre el sistema económico se han manifestado de forma casi instantánea, provocando cierres de negocios, despido de colaboradores o reducción de sus jornadas laborales, disminución de transacciones nacionales e internacionales, y en general la inmovilización de la dinámica económica en los principales centros urbanos.

De todo lo anterior, se puede inferir que el mundo post-pandemia va a estar signado por las urgencias económicas, el aumento del desempleo, la profundización de brechas sociales y la agudización de la pobreza. Las usuales recetas económicas, en especial las monetaristas, en boga desde los años ochenta, no van a ser tan útiles ni suficientes. En el futuro cercano la política social tendrá que ser muy creativa porque con pocos recursos se deberá atender las necesidades de una masa creciente de personas en condición de vulnerabilidad y pobreza.

A la situación descrita se le debe agregar las condiciones igualmente críticas que está viviendo el resto del planeta. Los principales socios comerciales de Costa Rica también están siendo vulnerados por el Covid-19, de lo cual se puede inferir que sus prioridades posteriores a la crisis sanitaria serán el rescate de su propia estructura productiva. Esto podría llevar a un mayor debilitamiento de las economías en desarrollo y con altos niveles de dependencia, o bien podría abrir oportunidades para reformular un modelo de desarrollo más inclusivo y que refleje mejor los intereses nacionales.

Por otra parte, la crisis sanitaria del Covid-19 está agravando una serie de problemas económicos y sociales preexistentes en el país, tales como: la condición de pobreza en muchas familias, el alto índice de desempleo y la informalidad laboral, la violencia intrafamiliar, la inseguridad ciudadana, los problemas de las finanzas públicas y la disminución de la demanda interna. Otros problemas son generados por la propia atención de la epidemia, tales como: la caída total de la industria turística nacional, la disminución de las exportaciones, el debilitamiento de los transportes, el deterioro de la clase media y de los ingresos de las personas trabajadores independientes, el crecimiento de la informalidad y el aumento del endeudamiento y el déficit fiscal. A ello se suma la paralización de los esfuerzos y avances generados en la seguridad social, que habían logrado movilizar las listas de espera y mejorar las condiciones de atención en la salud pública.

No sería posible determinar cuáles son las mejores respuestas a este reto sin antes detenerse, repensar las oportunidades que surgen y los escenarios que un país pequeño como Costa Rica, con una economía frágil, podría tener que enfrentar una vez termine la etapa crítica de la pandemia. Desde la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, llamamos y nos sumamos a pensar y construir los posibles escenarios que se puedan concebir desde la perspectiva de diversas disciplinas científicas y con una visión de largo plazo.

SURCOS le invita a descargar más adelante el documento para ver toda la propuesta que incluye los siguientes apartados:

II. Escenarios posibles y recomendaciones
II. 1. SECTOR EXTERNO
II. 2. RELANZAMIENTO DE LA OFERTA INTERNA
II. 3. RELANZAMIENTO DE LA DEMANDA NACIONAL
II. 4. POLÍTICA MONETARIA Y CREDITICIA
II. 5. POLÍTICA SOCIAL
III. Implementación de la estrategia
IV. Consideraciones finales

* Proponentes: Gonzalo Ramírez Guier, Ángel Ortega Ortega, Giovanni Rodríguez Sánchez, Alejandra Ávila Artavia, Juan Carlos Mora Montero, José Angel Castro Granados.

La-Planificación-ante-Covid-19-Costa-RicaDescarga

El CORONALUJO y su medicina

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Hernán Alvarado

            Un Corona-virus (COVID-19) amenaza mayoritariamente a los abuelos. Pero algo peor amenaza sus vidas: el Corona-lujo (CORO-19), engendro neofascista que logró ya su primera ley despótica. Hay que verlo en detalle y comprender su contexto, ahora que los mayores merecen vuestra atención.

Breve apunte sobre el COVID-19

            Este virus trae una potencia interrogativa descomunal, cuestiona nuestra relación con Estado, familia, cuerpo propio y naturaleza. Todo lo sólido, después de licuarse, se está disolviendo en el aire, sin que sepamos a dónde conduce este trastorno de la «globalidad del mundo». Por ejemplo, confronta la economía actual para la concentración de riqueza con otra que prioriza la vida[1].

            También implica reconsiderar nuestra relación con la tercera y la cuarta edad (80 años o más). No podemos abandonar a los más débiles para que mueran en la calle con una sábana encima; como hacen médicos y enfermeras, debemos defender con todo y entre todos cada vida. Los mayores constituyen nuestra memoria viva, cada muerte es una pérdida incalculable. Ellas y ellos representan el trabajo que construyó el presente. Honrarlos es honrarnos. Solo una sociedad enferma desprecia a sus abuelos. En Costa Rica, hay unos 300 ancianos en indigencia, 350 abandonados por sus familiares en hospitales y 2400 en albergues, que forman parte del hueco de pensiones dignas.

La modernidad tripartita

            Harari sugiere que liberalismo, socialismo y fascismo son tres versiones distintas de la misma ideología: el modernismo[2]. Las tres son «humanistas», más precisamente antropocéntricas; con una fe ciega en el Homo Sapiens, creen que el «superhombre» viajará a las estrellas (¿después de depredar por completo este hermoso planeta?). Profesan un credo cientificista, el «dataísmo», que confía al algoritmo nuestro futuro.[3] Hacen votos sagrados en el altar de la tecnología (como virtud de la máquina y no como saber corporal, según la entendían los griegos) y apuestan al robot, suma moral de todo mundo posible. En tanto creyentes del PIB, las tres comparten el dogma del crecimiento infinito, principal amenaza para el futuro de los nietos. Ninguna ha cuidado a la Madre Tierra, nuestra «casa común» (Papa Francisco). Las tres han menospreciado el saber ancestral, como siervas que son del imperialismo. Las tres se han alimentado mutuamente el letal virus de la guerra.

            La relación entre ellas es compleja, cada una lucha por dominar a las otras; se combaten y contienen, se oponen y complementan. Por su matriz común, el liberalismo puede parecer socialista y éste fascista, o viceversa. En sus últimos estertores, por ejemplo, el neoliberalismo muestra su verdad, su faceta neofascista. Pero tomarlas como una y la misma cosa sería un craso error que impediría superarlas. Tema fascinante que se deja ahí, para seguir con dos conocidas tácticas fascistas que se han ensañado contra las personas mayores.

Ese eterno retorno

            Aunque Adolfo Hitler (1889-1945) lo articuló, el fascismo no comenzó ni terminó con él, tampoco puede reducirse a su pensamiento. Las ideas no mueren, transmutan, como los virus. El nazismo no cayó del cielo, ni fue la obra aislada de un genio diabólico. Después de la primera guerra mundial, el pueblo alemán fue humillado por el Tratado de Versalles; así que el discurso de un Führer que reivindicaba ambiciones imperiales encontró terreno fértil. Al austriaco lo financiaba un clan de familias que se beneficiarían con su victoria; pero al margen de cualquier conspiración, el fascismo renace cíclicamente porque viene inscrito en el ADN de la modernidad.[4]

            Creer que la catástrofe pasó hace más de 75 años tranquiliza, pero es engañoso. Evita descubrir el dictador que llevamos dentro, latente como un herpes. Cualquiera puede actuar como un desalmado, es la «banalidad del mal» que reveló Hannah Arendt (1906-1975). El machismo moderno, verbigracia, conforma un neofascismo patriarcal contra las mujeres, tan persistente que la epidemia de feminicidios no merma. Otro ejemplo es ese Facebook quedestila soberbia, intolerancia e ira. Todo elitismo, clasismo, racismo y colonialismo modernos, incluso todo autoritarismo, comparten el mismo germen ideológico. El miedo y el odio lo nutren, sufragando crueldades y violencias cotidianas. Hoy el neofascismo ha vuelto a las altas esferas del poder, cruz en mano acá, águila enarbolada acullá.

Las campanas del odio

            El populismo y las campañas de odio, hoy de moda, son estratagemas complementarias de manipulación de «masas» de clara inspiración neofascista. El populismo consiste en engañarlas ofreciendo soluciones falsas, el «plan fiscal» es el mejor ejemplo. Pero también lo es la renuncia del Presidente a una pensión que todavía no tiene y el reparto del «ahorro» logrado con la Ley 9796 cuando todavía ni ha entrado en vigencia.

            La falsa propaganda alimenta miedos que se transforman en odio dirigido contra algún grupo minoritario, vulnerable o indefenso. El paradigma sigue siendo la campaña dirigida por Joseph Goebbels (1897-1945) que orquestó las consabidas atrocidades. La técnica consiste en exagerar una característica del grupo meta, o en inventar una que parezca amenazante. Se degrada a las personas reduciéndolas a ella, procedimiento que Friedrich Nietzsche (1844-1900) llamó «moralina». Así es como se fabrican también chivos expiatorios y monstruos.

            Alrededor de la característica se teje un relato que motiva las agresiones posteriores, para que parezcan defensivas, preventivas o vengativas. Se manipula a la «opinión pública» para que los fuertes actúen contra los débiles. Los ejecutores del ataque creen estar haciendo bien. Cuando la verdad emerge, descubren demasiado tarde que fueron instrumentos de causas deleznables. Así se ha cometido toda clase de injusticias, masacres y crímenes de lesa humanidad. Según los estudiosos detrás suelen hallarse beneficiarios que, con un aparente objetivo religioso, ideológico o racista, persiguen un interés material concreto.[5]

El CORO-19

            Cualquier parecido con la campaña contra los pensionados no es mera coincidencia, el neofascismo está más entrometido que el narcotráfico. A continuación sus principales hitos:

  1. Aparece el término «pensión de lujo», contra algunas personas de la «clase» política que consiguieron varias pensiones para las que no habían cotizado.
  2. Circulan volantes con fotos y memes anónimos, que divulgan nombres asociados a pensiones nominales altas. Sin fuente de datos.
  3. Se agrega a algunas personas de «izquierda».
  4. Se divulgan listas que omiten las contribuciones de ley, práctica continuada hasta el final.
  5. Se suma el término «pensionado de lujo», personificando el «mal».
  6. Desde páginas Web y Facebook se atiza el desprecio contra algunas personas tratadas como ladrones.
  7. Los medios de comunicación se suman a la campaña propagando el falso estereotipo.
  8. Se comparan pensiones altas y bajas. Una pensión alta se presenta como una injusticia.
  9. Se inyecta miedo a una inminente «crisis» fiscal.
  10. Se repite por distintos canales las mismas noticias para crear esa ilusión llamada «opinión pública».
  11. Se repite diariamente «pensión de lujo», separado de cotización y tributación; se generaliza a todas las pensiones altas.
  12. Todas las pensiones merecen ahora ser topadas, recortadas, uniformadas.
  13. Se formulan y divulgan proyectos que la misma prensa se encarga de ordenar y priorizar.
  14. Los diputados aprueban el primer proyecto, en medio de una fuerte presión mediática (Ley 9796).
  15. Se prepara el segundo proyecto de la fila.
  16. Se aprueba dar el «ahorro» a los pensionados más pobres (el Estado traslada su responsabilidad a los mismos pensionados)
  17. Se mantiene estricto silencio sobre el interés de privatizar los fondos de pensiones y sobre el incumplimiento del Estado de la Ley 2248 desde 1958.

            No se olvide que esto es eco de la campaña sistemática contra los empleados e instituciones públicas, los héroes de hoy. Incluidas las universidades, cuya autonomía se ha irrespetado como nunca antes. El objetivo «oculto» es obvio: distraer del verdadero problema fiscal.

Una zozobra ingrata

            Más angustiante que el Corona-virus ha sido, para las personas adultas mayores, es este Corona-lujo (CORO-19) coronado por un coro de diputados que no ha reparado en los efectos psicológicos devastadores que ha tenido sobre los más vulnerables. No son pocas las personas mayores entrando en pánico al ver licuados sus derechos adquiridos, en riesgo su patrimonio familiar y amenazado su proyecto de vida. Atrapadas en un limbo, entre un mercado que ya no las necesita (excepto como compradores) y un Estado que ha confiscado insaciablemente su ahorro. Depreciadas injustamente, se les ha confinado en la mayor inseguridad jurídica y económica. A estos contribuyentes puntuales, se les ha vejado como sujetos de derecho y ninguneado como ciudadanos. ¿Sabrán sus gratuitos detractores que el estrés debilita el sistema inmunológico, en especial, de esa población?

            Cualquiera puede intuir el impacto de esa cruzada terrorífica con solo que se haga esta pregunta: ¿cómo se sentiría usted si le dijeran que el Estado le seguirá confiscando su salario, ingreso o dividendo, hasta un máximo del 55%? ¿Cómo creen que reaccionaría la UCAEP al respecto? Techo que el diputado Muñoz insiste que se debe romper, aunque ya sea un porcentaje que mejor se vería como la tasa de usura que no quieren poner. Sin embargo, es más duro cuando se trata de un ahorro generado con una parte del propio salario, por tres o más décadas, o de los intereses que ha ganado a la fecha. ¿Cuál ahorrante está dispuesto a que lo carguen de impuestos, una y otra vez, de esta brutal manera?

            Ahora, esos mismos diputados, en media crisis sanitaria, aprobaron una ley que autoriza a las empresas a recortar, hasta un 75%, la jornada laboral, si sus ingresos brutos bajan un 20% o más. O sea, les preocupa una reducción del 20% en el ingreso de una empresa, por unos meses, pero se enorgullecen de poder tajarle el ingreso a un pensionado, durante el resto de su vida hasta un 55%. ¿Cómo se llama un Estado que cuida a los que más tienen mientras golpea a quienes más debe proteger?; ¿un Estado que legisla a su favor para lavarse las manos como Estado-patrón? Pero, tranquilo, don Alfredo, no es un buen momento ni para salir de la tumba.[6]

Un Estado sin vergüenza

            La Ley 9796 no pudo ser más abusiva, veremos si aguanta una objeción jurídica seria. En particular, las pensiones del Magisterio eran ya los ahorros más gravados de la historia patria. Elaborar leyes justas es la tarea política más importante, pero también la más difícil, máxime si se hace con prisa, presión y soberbia. Cada una requiere estudios técnicos precisos y, sobre todo, en una República «participativa», negociación con afectados o beneficiarios. Esta ley no cumple esos requisitos (tampoco el plan fiscal, impuesta contra buena parte del pueblo en la calle). La llamaron cínicamente «contribución especial solidaria», como si una imposición pueda portar semejante nombre. En realidad, es una confiscación discriminatoria, arbitraria y reiterada de ahorros a personas adultas mayores; esperpento jurídico que cuesta describir, salvo como un atraco «legal».

            Pero no es ingenua, ni neutral, complace a quienes se embolsan el impuesto de ventas, a quienes evaden y eluden (8% del PIB), causantes directos del déficit fiscal. Para estos ladrones del erario público, probablemente los mismos que no pagan la CCSS, solo hay una solución fiscal: reducir el gasto. Los neoliberales lo gritan a coro. Hasta implantaron una «regla fiscal». O sea, satisface a quienes aprovechan la inversión pública y los servicios del estado para hacer sus jugosos negocios privados, mientras dejan de pagar sus obligaciones y protegen sus fortunas en paraísos fiscales. Pero a ellos se les trata como ciudadanos VIP.

            Si hubieran recortado las verdaderas pensiones de lujo, las truculentas, las que no se cotizaron, todos estaríamos hoy aplaudiendo de pie. Pero solo las usaron de pretexto. En febrero pasado, la comisión eximió a los expresidentes de la segunda reforma de pensiones, premiando a los principales responsables del mal manejo de las finanzas públicas. Lo justificaron diciendo que esas pensiones ya tributan, argumento que ignoraron para los demás pensionados. El diputado Villalta presentó una moción para rectificar, pues le pareció una «bofetada a la ciudadanía», como lo fue la amnistía y las exenciones del «plan fiscal». Como si fuera poco, se nombra superintendente de pensiones a la heroína de esta hazaña, burlándose de la Contraloría, para seguir confabulando contra el futuro de las personas mayores, con un salario de más de nueve millones de colones. ¿Acaso no parece una película del conde Drácula? Mientras unos luchan por salvarles la vida, otros se dedican a ver cómo se la convierten en un infierno.

            Para colmo, en uno de los países más felices del mundo, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado se da el lujo de desfalcar a sus maestros más de 4 billones de colones, desde 1958, desviando sus respectivos aportes hacia la caja única, en vez de crear el fondo de pensiones exigido por la ley 2248.[7] O sea, lo que debiera servir para un fondo solidario de pensiones se usa, gobierno tras gobierno, en cualquier otra cosa, sin rendir cuentas a nadie. De este crimen de Estado son sospechosos, actualmente, el Presidente y su ex Ministra de Hacienda. Esta, además, por haber sido Contralora.

            Ahora nos urge saber, también, qué hacía realmente la UPAD con los datos de los pensionados ¿cuándo, cómo y para qué se usaron, diputado Morales? ¿Cuándo lo sabremos, doña Emilia? Contrario a lo que pueda parecer, este pueblo no está «domesticado», don Pepe. Solo espera a que se aclaren los nublados del día, porque un mandato constitucional contiene ya la medicina contra el CORO-19 que debilita el sistema inmunológico de la Patria, es decir, el sentido de justicia. La norma superior exige una nueva democracia que supere esta democracia «representativa», corroída hasta sus tuétanos por la miseria moral de la «clase» política. Gracias a doña Jocelyn Sawyers Royal, maestra pensionada, no hay que buscar alternativa en ninguna otra parte. Solo hay que entender qué significa que el pueblo ejerce el gobierno, no solo lo elige[8]. «Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria os lo demanden»[9].

Foto: Alejandro Aguilar Sura

[1] Hinkelammert, F; Mora, H (2016 ) Hacia una economía para la vida. Preludio a una segunda crítica de la Economía Política. Bolivia: Vicepresidencia. 5ta.

[2] Harari, Y.N. (2017) Homo Deus. A Brief History of Tomorrow. Australia: Harpercollins Publishers. Específicamente, págs. 99 y 199.

[3] Inaugurado por el experimento «científico» más terrible de la historia (1945), crimen de lesahumanidad contra el pueblo japonés aún impune: Hiroshima y Nagasaki. Prueba que Hitler no era el único malvado de la época.

[4] Graziano, W (2004) Hitler ganó la guerra. Buenos Aires: Editorial Suramericana.

[5] Stemberg, R. y Stemberg, K. (2010) La naturaleza del odio. Barcelona: Paidós, p. 18-19.

[6] Alfredo González Flores (1877-1962), depuesto por sostener que los ricos debían pagar como ricos y los pobres como pobres.

[7] Según estudio actuarial revelado por Róger Porras, director ejecutivo de JUPEMA, el 10 de setiembre de 2018. «El Estado nunca conformó las reservas para pagar las pensiones. Esa plata siempre entró a Hacienda y se gastó en otras cosas (…).» La Nación, pág. 6A.

[8] «ARTÍCULO 9- El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial (…)» Constitución de la República. Así reformado en 2003.

[9] Ibid, art. 194.

Coronavirus, trabajadores y un mundo en disputa

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Víctor Báez Mosqueira*

En enero del 2009, formé parte de una delegación sindical internacional de la CSI que fue a Washington a entablar una serie de conversaciones con los directores del FMI y del Banco Mundial. Para ellos, la superación de la crisis del 2008 pasaba por volver a las viejas recetas ortodoxas. No se tomaban en cuenta, ni importaban, las otras dos graves crisis en ascensión, la ambiental y la social, derivadas de la extensión de las políticas salvajes de mercado también a esas esferas.

Nuestra posición sostenía que había que mirar a futuro y apuntar a resolver las tres crisis conjuntamente, con políticas integradas y globales.

No solamente no se hizo nada en ese sentido, sino que las políticas propugnadas por las instituciones financieras internacionales siguieron recetando políticas equivocadas al exigir recortes de gastos y la reducción de la protección social hasta que fuera solo un remedio tímido, tímidamente limitado a los sectores extremadamente pobres, dejando de lado a quienes estaban un poco por encima de la línea de pobreza.

En el ámbito político, sobrevino el ascenso de sectores de extrema derecha a los gobiernos de varios países europeos, de Estados Unidos, algunos (neo) golpes de estado en América Latina, como en Honduras, Paraguay, Brasil y, recientemente, Bolivia. Los culpables de la crisis pasaron a ser los sectores populares, los migrantes, trabajadores y trabajadoras que tenían contratos colectivos o querían hacer valer sus derechos como ciudadanos y ciudadanas.

Si bien, aunque sea en forma simbólica, la creación del G 20 fue una admisión tácita de que era necesaria una conducción más participativa del mundo, porque el divorcio entre el pretendido liderazgo del G 7 y la realidad ya era explícito, del otro lado, las grandes empresas seguían su tarea de minar el multilateralismo, al iniciar una ofensiva dentro de las Naciones Unidas que tiene como colofón, entre otras cosas, la firma de un acuerdo entre la ONU y el Foro Económico Mundial para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que, a nuestro entender, socava aún más los fundamentos del multilateralismo, tan necesario para la gobernanza del mundo.

No se volvió a la “normalidad” previa a la crisis de los subprime de 2008. Mucho menos se resolvieron las crisis preexistentes. Lo que se hizo fue aplicar algunos remiendos que ayudaron a empeorar las cosas. Creció la desigualdad, se continuó depredando la naturaleza (ascenso del número de gobiernos que niegan la propia existencia del calentamiento global) y se multiplicaron los gobiernos (con apetencias autoritarias) enemigos de la inclusión.

Los resultados están a la vista. El coronavirus no viene a caer en el vacío. Llega y se propaga en un mundo dominado por políticas elitistas y excluyentes ya conocidas.

Hace ya varios años se habla de que menos del 10 por ciento de la población retiene la misma cantidad de riqueza que lo que posee el 50 por ciento de la población más pobre del mundo. El 28 de noviembre de 2019, Jeffrey Sachs, uno de los tres principales economistas del planeta en la actualidad, dio cifras estremecedoras en un evento llevado a cabo en la OIT, en Ginebra, sobre financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dijo que el PIB mundial es estimado en 100 billones de dólares, de los cuales 10 billones (10 por ciento del PIB mundial) están en manos de 2.000 personas, los billonarios del planeta.

Por otra parte, un informe de la ONG Global Financial Integrity, de fecha 3 de marzo de 2020, muestra que debido a sobrefacturaciones o subfacturaciones en el comercio internacional, 8,7 billones de dólares (8,7 por ciento del PIB mundial) han dejado de ser recaudados por el fisco de 148 países en vías de desarrollo del mundo, entre 2008 y 2017. ¿Para dónde se han dirigido esos recursos? Probablemente, para los paraísos (guaridas) fiscales. No se toman ahí las otras fugas por otros conceptos. Y pensar que siguen insistiendo en que el sector público es la causa de todos los males del orbe. ¡Caras de piedra!

Son solamente dos ejemplos de muchos que pueden darse, que vienen al caso porque ahora, con el coronavirus, en la medida en que el epicentro se va desplazando hacia las Américas, surgen sectores liderados por Donald Trump, Jair Bolsonaro y otros que insisten en instalar un debate sobre si se prioriza la salud económica o la salud pública. Dicen que no hay que parar la economía, que hay que seguir trabajando y que es lamentable, pero natural, que se pierdan “algunas” vidas. La extrema derecha está llegando más lejos que en la crisis subprime. Entonces exigían que renunciáramos a nuestros derechos, ahora nos demandan que, además de entregar nuestras conquistas, ofrezcamos nuestras vidas en holocausto para defender “su” economía, la economía que les sirve solamente a ellos.

Ahora todo se centra en volver a la normalidad, o sea, al estado de las cosas previo a la aparición y propagación del Covid-19. Hay esfuerzos loables de encontrar una vacuna, de testar a la mayor cantidad de gente, de que los sistemas de salud sean adaptados, en la medida de lo posible y en forma urgente, para hacer frente a la emergencia.

Debemos hacer notar, como lo propone el José Robles, del Instituto Mundo del Trabajo, de Argentina, que todos estos esfuerzos se dirigen a resolver el enorme problema mundial creado por esta pandemia. Y se pregunta: ¿Qué pasaría si dentro de un tiempo corto surgiera otro virus y otra crisis? ¿Soportaran nuestros países? ¿Aguantará el mundo? Claro que no.

Hay algunos cambios de posición que son positivos. No es común ver al FMI recomendando a los gobiernos gastar más en salud y estimular el consumo interno. Un chiste ronda por América Latina, que dice que el miedo a la muerte convierte a muchos neoliberales en keynesianos. Pero discursos llamativos prometiendo cambios después de estallar la crisis de 2008 también fueron pronunciados. Entre ellos, recuerdo el de Sarkozy. No hubo ulterioridades y hoy estamos como estamos.

Por tanto, queda meridianamente claro que la solución no está solamente en superar esta pandemia asesina y volver, a lo largo de los próximos meses, a nuestra pretendida normalidad diaria. O se supera este modelo neoliberal o perecerá gran parte de la vida del planeta, incluyendo miles de millones de seres humanos. O se recupera el rol de los Estados y se coloca a la política y a la vida por encima del antojo de los grandes capitales o no tendremos sostenibilidad.

O se impone una tasa tipo Tobin a las transacciones financieras y se redistribuye el resultado y se establece “un impuesto al bienestar” a esos dos mil billonarios de los que hablamos o no lograremos financiar los ODS.

O exigimos enérgicamente que el embargo a Venezuela, Cuba y otros países sea levantado o veremos una hecatombe por efecto de las políticas activas de unos gobiernos y la complicidad silenciosa e insolidaria de otros.

O los gobiernos imponen robustas bancas públicas de desarrollo para sostener y promover las pequeñas y medianas empresas, los verdaderos generadores de empleo, y acelerar la necesaria transición hacia un modelo de producción centrado en innovaciones sociales y ambientales o seguiremos siendo rehenes del sector usurero de las finanzas.

La atracción de inversión extranjera directa es importante para los países en desarrollo pero apenas es capaz de promover transformaciones cuando articulada con las pequeñas y medianas empresas locales e integrada a una política industrial centrada en la innovación.

O volvemos a insistir en la integración real en los continentes, en este caso en América Latina, y reactivamos UNASUR y CELAC o seguimos nuestra reciente trayectoria de creciente pérdida de relevancia en las decisiones globales sostenida en un adefesio como PROSUR. El periodista Mariano Vázquez sostiene acertadamente que dicho esperpento debería mejor llamarse PRONORTE porque es totalmente funcional a las políticas de Donald Trump.

O establecemos sistemas fiscales que posibiliten la inclusión social o seguiremos expulsando compatriotas hacia el exterior. Seguimos insistiendo en que la solución no es solamente igualdad de derechos de los/as migrantes en los países de destino, sino igualdad de oportunidades en los países de origen. Derecho a no migrar.

O defendemos y reforzamos el multilateralismo, donde los gobiernos de países pequeños y grandes interactúen o permitiremos que el “multistakeholderismo”, liderado por las grandes empresas, dirija el accionar de las Naciones Unidas.

Aquí pueden faltar muchas cosas y puede ser necesario priorizar los puntos, pero lo cierto es que, si queremos un mundo sostenible, no podemos contentarnos con volver a los meses anteriores al Covid 19. Cada uno de los países y la comunidad internacional deben estar preparados para contener cualquier otro virus y cualquier otro tipo de crisis, porque la inestabilidad es la nueva normalidad en el mundo que se viene.

*Secretario General Adjunto de la Confederación Sindical Internacional (CSI)

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/205587

Ilustración: https://www.alainet.org/es/articulo/187517

Confinando el hambre en los estómagos (VII)

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Manuel Hernández

En una entrega que realicé ayer, titulada “Día Internacional de las Trabajadoras de Hogar, en el ojo de la pandemia”, comentaba la situación tan vulnerable que sufren las trabajadoras del servicio doméstico, que a consecuencia de la pandemia, han sido despedidas, sin ninguna indemnización, o que sus solidarios patronos simplemente les dijeron que regresen a su actividad laboral hasta cuando se normalicen las cosas, suspendiéndoles indefinidamente el pago del salario.

Asimismo, planteaba la imperiosa urgencia de adoptar medidas de compensación social, que aseguren a estas trabajadoras obtener un subsidio económico para satisfacer sus necesidades básicas.

No obstante la urgencia de estas indiscutibles e impostergables medidas, las mismas están todavía en el aire, “a mitad del camino, entre ninguna parte y el olvido”, como dice la frase de la película Million Dollar Baby, dirigida por Clint Eastwood.   

Por contrario a esta indolencia social de nuestros gobernantes y políticos, interesa destacar que en algunos países se están adoptando medidas tendientes a proteger socialmente a las trabajadoras de hogares.

Al respecto, importa destacar que la reunión del Consejo de Ministros del Estado Español, celebrada el mismo día de hoy, acordó otro Real Decreto-Ley –aun no publicado en el Boletín Oficial del Estado-, que reconoce un subsidio extraordinario a las empleadas de hogar, que hayan dejado de prestar servicios total o parcialmente, en uno o varios domicilios, a raíz de la crisis sanitaria.

El Real Decreto ampara a todas las trabajadoras despedidas o hayan renunciado a sus empleos, a partir de la declaratoria de emergencia.

El subsidio extraordinario aprobado por el Consejo de Ministros equivale a un 70% de la base reguladora, hasta un máximo equivalente al salario mínimo interprofesional.

En nuestro país, las discusiones políticas van y vienen, de un lado hacia otro, mientras que las personas trabajadoras del servicio doméstico, permanecen confinadas en sus hogares, encerrando el hambre de sus hijos en los estómagos.

 ¡Los sacrificios no los tienen que seguir soportando las mismas de siempre!

Coronavirus y Crisis Sistémica del Capitalismo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Wim Dierckxsens y Walter Formento

El Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) envió a SURCOS el siguiente análisis de coyuntura:

Con el gobierno de Trump no solo se manifiesta claramente la crisis agónica, turbulenta y conflictiva del capitalismo, sino que se evidencia con la actual Gran Depresión la imposibilidad de salir de la misma.

Expresando un nacionalismo industrialista, anti-oligarquía financiera, Trump está en una confrontación total con las fuerzas del esquema de poder globalista (representadas en EEUU por el establishment financiero-político globalista en la cúpula del Partido Demócrata). En forma secundaria se enfrenta con el esquema continentalista (el establishment financiero-político del Partido Republicano, específicamente el Tea Party con el que no tiene su enfrentamiento principal y pudo acordar una coalición de gobierno para garantizar un mínimo de estabilidad).

Las empresas estrellas del globalismo en inteligencia artificial, informática, internet, robótica, supercomputadoras, telecomunicación, etc. (Facebook sino también a Twitter, Netflix, Alphabet, Google, Apple, Instagram, Amazon y Microsoft), muy a menudo con fuertes inversiones en China (Hong Kong, Shanghái, Taiwán), son atacadas a su vez por Trump, quien ha comenzado una guerra económica no tanto contra China como país, sino en primer lugar contra dichas empresas trasnacionales angloamericanas con fuertes inversiones fuera de EE. UU., con la finalidad de que se “relocalicen” nuevamente en territorio estadounidense.

La crisis bursátil de 2008 afectó a los ´valores estrella´ de la Bolsa esta manifestación ha hecho bajar las esperanzas de un nuevo ciclo tecnológico productivo dirigido por el capital financiero globalista. Con ello se manifestó en primer lugar que el capitalismo actual no estaba en condiciones de generar un ciclo expansivo en el ámbito de la producción. Lo que observamos desde entonces es la baja en las tasas de interés de los grandes bancos centrales para que los grandes consorcios obtengan crédito prácticamente gratuito para la recompra de sus propias acciones que no dejaron de subir, generando grandes beneficios para el 1% de la población acentuando una profunda desigualdad en la sociedad.

Al estar lo nacional subordinado al capital transnacional desprovisto de soberanía efectiva, tiene pocas posibilidades de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones si no se entronca con una visión y política de soberanía popular. La imposibilidad de salir de la crisis capitalista en esta Gran Depresión obliga en última instancia una nueva racionalidad económica a escala global.

En la Gran Depresión el capital se verá obligado prolongar el ciclo de reproducción del capital para bajar el costo tecnológico a transferir al producto final y podrá sacar en el corto plazo a las empresas menos competitivas. Lo anterior es más factible al cerrar las fronteras, o sea con más proteccionismo, hecho que a su vez lleva la espiral de acumulación hacia abajo y agota la racionalidad económica capitalista.

En la Gran Formación Social Emergente (con potencialidad de estar integrada por diversos países con soberanía nacional recuperada) estas dinámicas ya han cobrado un claro tinte de “desconexión”, con marcados rasgos antiimperialistas como es el caso de China y Rusia.

De cualquier forma, es muy probable que el mundo del capital que hemos conocido hasta ahora, comandado por el Eje Anglosajón desde 1700, con sus sucesivas expansiones globalizadoras unipolares que han abortado cualquier clase de soberanía popular nacional, esté llegando a su fin con esta Gran Depresión.

El colapso e implosión de esta última fase de globalización en la actual Gran Depresión afectará también, ya lo está haciendo, la propia existencia de bloques económicos y políticos, basados en el neoliberalismo como la Unión Europea.

Frente a esa decadencia, la Gran Formación Social Emergente (con China como epicentro y el tándem chino-ruso como motor) propone reconectar el capital ficticio a la economía productiva, redes de comercio, inversiones en infraestructuras y aprovechamiento de la energía en curso, de cara a una transición energética. Una Zona de Estabilidad, en definitiva, para posibilitar una alternativa post crisis al mundo con miras a una posible transición posiblemente gradual al postcapitalismo.

Por su parte, el Eje Globalista Anglosajón se resiste a ceder el puesto como hegemón mundial. Socava todos los intentos de construcción de la “autopista de la seda”, y son casi seguramente los responsables de la actual guerra biológica iniciada en China. Trump, por su lado, es consciente del inevitable repliegue del petro-dólar frente al petro-yuan-oro.

Su administración oficialmente no se alinea con la Gran Formación Social Emergente, pero en medio de la Gran Depresión quedará clara su posición al respecto alineándose con el proyecto multipolar y pluriversal.

La crisis del coronavirus como causa pantalla de la Gran Depresión

El coronavirus está siendo usado como excusa para buscar la explicación de la quiebra de los mercados planetarios, cuando esto es algo que empezó mucho antes. La gran crisis económica se anunció mucho antes de la crisis del coronavirus. Desde setiembre de 2019 la Reserva Federal (FED) invertía un billón de dólares al día, creada de la nada o emitida sin respaldo, primero para salvar al megabanco JP Morgan, entre otros bancos, así como diferentes Fondos de Cobertura (Hedge Funds) netamente especulativos y de gran riesgo.

Como hemos señalado durante los últimos años en diferentes publicaciones nuestras, era cuestión de tiempo para que la ¨Madre de todas las Burbujas¨ (la bolsa de valores) explotase y el coronavirus sirvió para “encubrir” a los responsables de la misma y dejarla explotar con toda la fuerza. Han sido los bancos centrales, los megabancos y en primer lugar la Reserva Federal (Fed) de EEUU, los que han creado la gran burbuja bursátil otorgando crédito a tasas de interés bajas a los grandes bancos, a costo (casi) cero, para las grandes corporaciones que solían no invertir en la economía real, sino recomprando sus propias acciones obteniendo de esta forma ganancias sin producción y respaldo alguno.

Hubo una mega-inflación de los precios de las acciones que enriquecieron al uno por mil (0,001%) de la población a costa del 99,999% restante. Estos números son muy gráficos de la situación de los beneficiados, por ello la “confusión” en el seno del gran capital financiero.

El coronavirus, en otras palabras, no es el causante del colapso bursátil sino la cobertura perfecta para los verdaderos responsables de esta gran crisis económica de raíz financiera: la Banca Central, la gran Banca privada transnacional y las grandes corporaciones transnacionales.

Es difícil no dejarse llevar en la lectura de los hechos en este momento, por todo lo que implica el coronavirus, pero dentro de unos meses ya no habrá pánico en torno al virus, pero sí se nos presentará una pesadilla más duradera, una Gran Depresión Económica varias veces más grande que la de los años treinta.

Fragmento del artículo, puede descargar el documento completo aquí:

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Un virus para mover buques mercantes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Javier Ureña Picado, director
Dirección de Extensión Universitaria
UNED

El 29 de setiembre de 1848 se promulga el escudo de Costa Rica con una clara imagen de lo que se pretendía visionar como país: buques mercantes, comercio, capacidad de insertarse en la economía mundial… Diríamos hoy, el emblema de la capacidad emprendedora, de vinculación con el mercado, en suma, de un país en el cual el sector privado y nuestra capacidad de hacer negocios forma parte de nuestra idiosincrasia.

Y sin lugar a duda, así lo ha sido. Sin embargo, esa imagen, como la Costa Rica “Esencial” de hoy, es parte de una sociedad de generaciones que han sabido combinar lo mejor de las “dos caras de la moneda”: sector privado y público.

La combinación de ambos lados es lo que nos hace Costa Rica, las dos son el resultado de una forma de ser, fuertemente enraizada en su capacidad organizativa, de aprovechar y potenciar, comparativamente, sus limitados recursos en función de momentos en donde se han establecido consensos, en coyunturas de unidad, de hermandad, de vernos como un solo país ante eventos como:

– La llegada de la noticia de la independencia de España, hace casi 200 años, y las primeras decisiones que fundamentaron un espíritu civilista y basado en normas.

– La declaración de la gratuidad de la enseñanza escolar.

– En medio de la crisis por las guerras mundiales, se establecen tres de los fundamentos de nuestro Estado Social de Derecho: educación superior pública, derecho a la salud y condiciones laborales mínimas.

– Luego de una Guerra civil de 1948: la supresión definitiva del ejército.

– Paralelo a las crisis de 1970, más educación al triplicar las opciones de instituciones de educación superior.

– Con una pandemia en medio de la etapa de mayor interconexión global de la historia de la humanidad: el esfuerzo nacional por desacelerar una “curva de contagio intensivo”.

Estos momentos históricos, y por supuesto muchos otros más, han pasado a serlo porque su generación ha asumido conscientemente su rol protagónico, con medidas que superaron la contingencia, y lograron visualizar las oportunidades, y sobre todo, con la exigencia en términos de desarrollo, de proyectar los cambios para el corto, mediano y largo plazo que propicien la más justa distribución posible de los beneficios en los muy diversos sectores, principalmente de aquellos con limitaciones de acceso a las oportunidades y factores que determinan el bienestar.  Lo anterior, con plena conciencia que aún quedan muchos retos en términos de inclusividad, por ejemplo, en cuanto a la equidad de género y los derechos territoriales de poblaciones indígenas, entre otros.

¿Cuál debe ser nuestro rol como generación? ¿Pasaremos a la historia como aquella que pudo aprovechar esta crisis humanitaria global para, precisamente potenciar una Costa Rica más justa?  ¿Saldrán a flote las condiciones “excepcionales” de Costa Rica? ¿Podremos poner en sintonía las fuerzas del sector privado y público?  ¿Será que afectando al sector público podremos generar la estrategia que todos requerimos para “salir” de la contingencia y la reconstrucción que requeriremos? ¿Será que, a la tica, debemos recuperar esas estrategias que, en medio de las crisis, nuestros antepasados acertaron con el fortalecimiento de la institucionalidad pública y de un compromiso solidario del sector privado de mayores ingresos? ¿Podremos, dentro de un par de años, detener la tendencia del aumento en el desempleo, el subempleo y la desigualdad? ¿Podríamos aprovechar esta crisis para que más habitantes de esta “excepcional” tierra cuenten con acceso a trabajo e ingreso digno y continuo, vivienda, salubridad, educación, recreación, y seguridad?

Cuando en setiembre del 2048 se conmemore el bicentenario de nuestro escudo nacional, y visualicen los factores que para esa época permitieron seguir contando con “buques mercantes” en el mismo, existe la probabilidad que nos identifiquen como la generación que, al mejor estilo a la tica, lograron aprovechar la crisis de la humanidad expresada en un virus, para propiciar una Costa Rica más solidaria, en la cual los “buques” se lograron mantener a flote y ampliaron sus rumbos, porque “excepcionalmente” había una institucionalidad que no solo los potenció, sino que posibilitó que más personas costarricenses fuesen sus propietarios y propietarias.

Podremos capitalizar la crisis actual si visionamos un futuro que parta de potenciar lo que nos ha hecho estar donde estamos, de fortalecer los “virus” que han movido nuestros barcos mercantes: la institucionalidad pública y la vocación por el trabajo y el esfuerzo de nuestras familias en la búsqueda de la mayor democratización económica posible.

 

Enviado por Martha Verónica Herrera Pérez.

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COVID-19: Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

El COVID-19 revela con crudeza las desigualdades; y podría agravarlas
Por: Patrick Belser, Economista de la OIT

La pandemia del COVID-19 está exacerbando las desigualdades ya existentes: desde enfermar del virus, hasta mantenerse vivo o padecer las dramáticas consecuencias económicas. Las respuestas políticas deben
garantizar que el apoyo llegue a los trabajadores y a las empresas que más lo necesitan.

Opinión | 30 de marzo de 2020
Publicado en OIT Noticias

Desde los años 1980, la desigualdad de los ingresos se ha disparado en muchos países, lo que ha tenido graves repercusiones sociales y económicas. Hoy, la pandemia del COVID-19 pone crudamente de manifiesto esas desigualdades, tanto a la hora de contraer el virus, como de mantenerse en vida o de enfrentarse a las dramáticas consecuencias económicas. Algunos grupos, como los trabajadores migrantes y los trabajadores de la economía informal, se ven particularmente afectados por las consecuencias económicas del virus. Y las mujeres, que predominan en el sector público, están especialmente en riesgo.

El alto nivel de pobreza e informalidad, y la desprotección de algunos puestos de trabajo dificultan más la contención del virus.

Las respuestas deben asegurarse de que la ayuda llegue a los trabajadores y a las empresas que más lo necesitan, incluso a los trabajadores cuyo salario es bajo, las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores autónomos y las numerosas personas en situación de vulnerabilidad.

Todos en situación de riesgo

Si bien hay trabajadores que pueden reducir el riesgo de contagio trabajando a distancia o beneficiándose de medidas de prevención, muchos otros no tienen esa ventaja pues ya están en situación de desigualdad.

A nivel mundial, 2.000 millones de trabajadores y trabajadoras (el 61,2 por ciento de la población mundial en el empleo) trabajan en el sector informal. Tienen más probabilidades de estar expuestos a riesgos de seguridad y salud al carecer de la protección apropiada, como mascarillas y desinfectante de manos. Muchas de estas personas viven en viviendas abarrotadas y en ocasiones carecen de suministro público de agua.

Ello no solo pone en peligro su salud, también reduce la eficacia de las medidas de prevención destinadas a la población en general.

La enfermedad como factor de mayor pobreza

Las desigualdades también se manifiestan de forma dramática si se contrae el virus. Para algunas personas, caer enfermo equivale a pedir una licencia por enfermedad, acceder a los servicios de salud y continuar percibiendo el salario, pero para quienes están en el extremo inferior de la cadena salarial, la situación es catastrófica. Muchos carecen de la cobertura de un seguro de salud y quedan expuestos al riesgo de morir. Es posible que ni siquiera tengan acceso a servicios de salud.

Incluso si en última instancia se recuperan, la ausencia de prestaciones de sustitución de los ingresos los expone a una situación de mayor pobreza. Se estima que, cada año, 100 millones de personas caen en la pobreza a consecuencia de gastos de salud desmesurados.

El dilema de “trabajar o perder los ingresos”

Los gobiernos y los bancos centrales han adoptado medidas de envergadura para preservar los puestos de trabajo y las empresas, y a proporcionar a los trabajadores ayuda a los ingresos. Desafortunadamente, no todos los trabajadores o las empresas se benefician de estas medidas. Para los trabajadores de la economía informal, la reducción de las horas de trabajo impuestas por la pandemia es sinónimo de pérdida de ingresos sin la posibilidad de percibir una prestación de desempleo.

Las microempresas y las pequeñas empresas informales, que constituyen el 80 por ciento de las empresas del mundo, suelen quedar fuera del alcance de las políticas públicas. Los trabajadores a tiempo parcial, muchos de los cuales son mujeres, los trabajadores temporales, o los trabajadores con un contrato de trabajo de corta duración y en la economía digital de ocupaciones transitorias, no suelen tener derecho a una prestación de desempleo o de ayuda a los ingresos.

Como trabajadores de la economía informal, muchas de estas personas afrontan el mismo dilema de “trabajar o perder sus ingresos”. Para pagar los alimentos y otros gastos básicos, siguen trabajando hasta que las medidas para limitar el contagio del virus los obligan a dejar de hacerlo. Ello agrava la inseguridad económica en la que ya se encuentran.

Se necesitan respuestas de política justas e inclusivas

La adopción de medidas a corto plazo ante la crisis no debe perder de vista la protección de las familias de bajos ingresos. Así, las medidas de ayuda a los ingresos deberían ser suficientemente amplias para cubrir a los trabajadores vulnerables y a las empresas que los emplean. Valga el ejemplo de Italia, que hizo extensiva la ayuda a los ingresos (80 por ciento del salario bruto) a los trabajadores de empresas con dificultades financieras, a todos los sectores de la economía y a las empresas con menos de 15 empleados, que normalmente no tienen derecho a ella. Además, se está pagando una compensación única a los trabajadores independientes y a los colabores externos.

España está proporcionando ayuda a los ingresos a los trabajadores autónomos, los socios de cooperativas y los trabajadores cuyo empleo ha quedado suspendido temporalmente, incluso si no les correspondía percibir una prestación de desempleo.

En los países en desarrollo, la informalidad y el espacio fiscal limitado se añaden a las dificultades. Sin embargo, la ayuda a los ingresos podría ampliarse mediante un plan de seguridad social no contributivo o con los programas de ayudas de efectivo vigentes. También podría prestarse asistencia temporal a las empresas informales.

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740184/lang–es/index.htm

 

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La pandemia de la insolidaridad

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Los recursos que hagan falta para la atención de la emergencia deben ser cobrados a las grandes fortunas, al sector financiero, a las zonas francas, a los evasores fiscales y a los beneficiarios      de la amnistía tributaria del 2018. Porque ellos no han sido      solidarios con Costa Rica.

Carta pública al señor Presidente de la República y señoras y señores Diputados. Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

La pandemia de la insolidaridad de los ricos, que genera escandalosa desigualdad en el mundo y en nuestro país, es el azote que cobra más vidas que cualquiera otra. La misma se venía incubando desde hace cuatro décadas, y el gobierno actual la ha conducido al pico más alto, lo que significa elevar el porcentaje, ya de por sí endémico, de pobreza, para salvar a las minorías que han venido amasando riquezas a costa del desfalco bancario, la evasión y la elusión del fisco.

Hoy el poder muestra el rostro de la frialdad y dureza que caracteriza a los regímenes autoritarios e inquisitoriales, quienes entre más dolor infligen a sus víctimas más lo celebran. Hay una dosis importante de sadismo gubernamental, al aprovecharse de una situación de emergencia nacional para hundir a una clase media precarizada, utilizando el comodín de “contribución solidaria”, con la idea de salvar a los pobres y desempleados, eximiendo de esa “contribución”, con descaro y desvergüenza, a los sectores más poderosos que hoy tienen al país en la quiebra.

Causa más que indignación la escena dantesca que se sucede cada día: se anuncia el avance de contagiados por el coronavirus y para contener la debacle económica se receta la medicina milagrosa de imponer una “contribución solidaria”, exclusivamente a los asalariados.

Estamos asistiendo a algo más que un golpe de Estado. Se trata de la clausura del Estado Social de Derecho costarricense.  Así, está terminando la historia de uno de los países más solidarios del mundo, que cimentaba su ejemplar régimen de seguridad social, tanto en salud como en pensiones, en el aporte compartido del Estado, del patrono y del trabajador.  El Estado se ha declarado en quiebra y los grandes empresarios y el sector financiero también, reportando cero ganancias.

Por eso, tenemos una institucionalidad social debilitada y un Estado policía que vela por los intereses del capital y, como si fuera una financiera usurera, garrotea a sus trabajadores tratando de convencer al pueblo que se trata de una invitación a la solidaridad en tiempos críticos. Hace poco cargaron sobre las espaldas del pueblo el déficit fiscal y ahora vuelven a doblegarlo para que pague las consecuencias económicas producidas por el COVID-19. ¿En quién cabe tal desfachatez?

Llegó la hora de pasarle la factura a un Estado indolente e inconstitucional, que se ha hecho de la vista gorda cuando algunos grandes empresarios de este país han vaciado sus arcas estafando a los bancos públicos y la mayoría evadiendo y eludiendo el fisco. Asimismo, demandarle que restituya las cotizaciones que no ha pagado, ni a los regímenes de pensiones ni a la Caja, sino que, al margen de la ley, los ha trasladado a su caja única.

Llegó la hora de decirle al gobierno que deje de jugar con la dignidad de un pueblo trabajador, noble y solidario. Hasta ahora, solo ha mostrado el rostro de uno más de los gobiernos insolidarios, frívolos e injustos de la historia política reciente de este país.

Ilustración: https://vocesprofeticas.blogcindario.com/2014/01/00193-insolidaridad.html

COVID-19: encrucijadas y respuestas humanas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Andrey Pineda Sancho,
sociólogo e investigador CICDE-UNED

La grave crisis pandémica que actualmente tiene en vilo al planeta entero nos ha hecho regresar a viejas preocupaciones antropológicas, constitutivas de nuestra especie, y a debates sociopolíticos y filosóficos de largo, más bien larguísimo, recorrido en nuestras sociedades. Ha potenciado, por un lado, nuestro ya de por sí perenne, aunque no siempre consciente, terror al desorden, al caos y a la finitud, y por el otro, nos ha obligado a tratar de encontrar respuestas aptas tanto para conjurar la amenazante situación, como para hacerla asimilable o llevadera a nivel cognitivo-emocional. De este intento participan, en distintos grados, las instituciones que conforman y modelan la vida sociocultural de los distintos países, los agentes sociopolíticos con mayor poder dentro de ellos, y por supuesto, las personas que con su accionar día a día contribuyen a mantener a flote los mundos socialmente construidos.

En medio del apremio, cada grupo, institución o persona, procurará hacer cuanto esté a su alcance para encontrar las respuestas que les permitan lidiar con la situación y para evitar con ellas el desmoronamiento del mundo que hasta ahora conocían. Las empresas, de distintos tamaños y colores, tratarán de evitar la quiebra o la disminución dramática de sus ganancias, el Estado echará mano de su poder para gestionar la crisis en sus muchas aristas y niveles de complejidad, los y las científicas correrán a ofrecer alternativas para atender lo urgente y resolver el futuro que se dibuja en el horizonte, mientras que la ciudadanía común, en su diferencia constitutiva, oscilará entre la espera de las soluciones externas y la imperiosa necesidad de solventar de forma autónoma sus más acuciantes angustias. Lo que no parece estar para nada claro, sin embargo, es si estos intentos resultarán capaces de cumplir con sus propósitos, si resultarán o no compatibles entre sí, o si serán realmente benéficos, no ya para un sector específico de nuestras sociedades, sino en general para el colectivo. El gran reto que tenemos al frente no reside tanto en encontrar respuestas, pues estas de una u otra forma llegarán y han estado llegando ya, como en hacer que estas respuestas estén inspiradas por criterios que resulten favorables a la consecución del mayor bienestar posible a nivel societal.

Entre los múltiples y multiformes, aunque no siempre creativos, atisbos de respuesta que se han estado proponiendo desde los círculos de poder, y en menor medida desde la ciudadanía, creo poder identificar el retorno y/o a la renovación de viejas discusiones político-filosóficas, así como la revitalización de algunos debates de más reciente data. Todo ello en el fondo no hace más que confirmar que casi todos los problemas que hoy nos estallan en la cara, en realidad nos han venido acompañando desde antes de la emergencia del covid-19 en el planeta. Entre otras cosas, esta crisis ha propiciado que:

  • volvamos a debatir sobre la pertinencia o no de dejar que el mercado colonice y cope los aspectos más esenciales del acontecer y del devenir humano. En la mayor parte del mundo la mano invisible del mercado se ha mostrado francamente incompetente para atender o resolver la crisis;
  • reflexionemos, una vez más, sobre la naturaleza del Estado y sobre su rol tanto en las dinámicas económicas, como en la vida privada de las personas. En este momento tiende a pedírsele, con particular vehemencia, que mantenga viva la economía y que procure la salud y la seguridad de las personas;
  • nos debatamos entre la necesidad de incentivar el control externo (biopolítico) de las conductas y la de apelar a la responsabilidad de cada persona. Aquello que en ocasiones se ha presentado como una dicotomía, en estas condiciones se ha tendido a posicionar más bien como una imperativa complementariedad;
  • se nos presenten con mayor crudeza las injusticias estructurales de nuestros ordenamientos sociales. Hoy se notan doblemente las duras e inhumanas consecuencias del empobrecimiento, de la desigualdad, del desempleo, de la informalidad laboral, del inequitativo acceso a la salud, de la falta de vivienda digna, de la indefensión en la que viven muchos de nuestros adultos mayores y de las desventajas socioeconómicas que padecen millones de mujeres alrededor del planeta;
  • adquiramos nueva o renovada consciencia de nuestra naturaleza eminentemente social. Hoy nos está quedando más claro que dependemos de otros y de otras para subsistir; que el otro y la otra son condición de posibilidad para mi propia existencia. Ello se ha revelado de forma notable en el trabajo realizado por las instituciones públicas, pero también en las cadenas de solidaridad que se han abierto en distintos frentes, ya sea para apoyar a la pequeña y mediana empresa, o para garantizar la sobrevivencia de los sectores más desposeídos y vulnerables de la sociedad;
  • reparemos en el carácter global de las grandes problemáticas que comprometen no sólo nuestra continuidad en tanto especie, sino también la del planeta como tal. Aún cuando hemos corrido a refugiarnos en la aparente, y sólo aparente, comodidad de los estados-nación, es muy obvio que de este tipo de apuros solamente podremos salir a través de respuestas y acciones de alcance global.
  • resurjan en nosotr@s todo tipo de incomodidades y sospechas no ya solamente respecto del funcionamiento del capitalismo en tanto sistema económico de corte mundial, sino sobre todo respecto del modelo civilizatorio que este ha configurado a lo largo de más de 500 años. Ha resultado inevitable preguntarse si dentro de tal proyecto podremos encontrar y tornar viables aquellos valores que requerimos para hacer frente, de forma eficaz, a nuestros problemas y retos comunes;
  • debamos preguntarnos sobre el papel que tendría que jugar la ciudadanía organizada, tanto a escala nacional como transnacional, en la necesaria construcción de un mundo menos devastador y excluyente. En última instancia, son las clases más desposeídas alrededor del planeta las que sufren con mayor dureza ante cualquier crisis de grandes proporciones, ya sea esta de naturaleza económica, sanitaria o ecológica.

La forma en que se “resuelva” la crisis y sus consecuencias posteriores es algo que aún está por verse. Lo cierto del caso es que, con independencia de las respuestas que le demos a la situación, ya no volveremos a ser l@s mism@s; para bien o para mal, ya no volveremos a serlo. Estamos ante lo que la escuela institucionalista llama “una coyuntura crítica”, las decisiones que tomemos hoy marcarán, de forma cuasi definitiva e irreversible, nuestra trayectoria futura. La gran pregunta que se levanta es: ¿cuál rumbo deseamos tomar? Dependerá de todos y todas apuntar hacia la dirección correcta.

El reto de arrinconar dos males: el virus y el hambre

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

La Rectoría UCR Informa, 30 de marzo de 2020

Desde inicios de marzo, nuestro país tomó medidas rápidas para abordar la pandemia del COVID-19. El 13 de marzo, con 26 casos detectados, el Poder Ejecutivo y, específicamente, el Ministerio de Salud Pública, instaron a la población a quedarse en casa, a sabiendas de que, para hacerle frente a esta pandemia, es imperativo interrumpir la cadena de contagios.

En estas circunstancias, es muy importante que la población tenga tranquilidad en dos sentidos. Primero, debe saber que no dejará de recibir servicios básicos (agua, electricidad e internet), aunque no tenga condiciones económicas para pagarlos. Segundo, debe tener seguridad de que contará con un ingreso básico para atender sus necesidades prioritarias, principalmente alimentos. Esta tranquilidad se alcanza mediante el respaldo del Estado y la solidaridad colectiva de todos los sectores sociales.

El Ministro de Salud Pública, don Daniel Salas, ha señalado claramente que no hemos alcanzado todavía el pico de contagio, lo cual ocurrirá posiblemente a inicios de mayo. Si no logramos aplicar sistemáticamente el distanciamiento físico, con el fin de detener o ralentizar la propagación del virus, pagaremos, como país y colectividad, un alto precio: un aumento del ritmo de personas contagiadas; mayor demanda de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por encima de su capacidad de atención; colapso de un sistema de salud que necesitamos fortalecido, no debilitado, para que pueda hacerle frente a las demandas durante y después de esta pandemia; y más vidas perdidas, quizá de personas que apreciamos y queremos.

Al mismo tiempo, la prolongación del distanciamiento físico extiende y profundiza la crisis social y económica. Peor aún, es evidente que esta medida, indispensable en una emergencia sanitaria como la que vivimos, debe ir acompañada de garantías básicas para la vida. De no ser así, atentaríamos contra la ética de la solidaridad y provocaríamos la desobediencia de quienes deben elegir entre el distanciamiento y algún mínimo ingreso. Debemos actuar solidariamente con quienes sufren las consecuencias de una disposición sanitaria que beneficia a todas las personas.

Para garantizar el distanciamiento físico y lograr que dure el menor tiempo posible, es imperioso hacerle llegar a toda la población un mensaje claro y sencillo: puede quedarse en casa con el apoyo del Estado y de toda la sociedad.

La mayor parte de los servicios básicos se encuentran en manos de empresas públicas. Estas empresas deben garantizar los servicios y estimar los costos que esta garantía supondrá para aquellas personas y hogares que no puedan pagarlos, de manera de asegurar que no sufran interrupción.

Además, debemos crear un fondo de solidaridad para garantizar un ingreso básico único durante tres meses para toda la población que no lo tiene asegurado. ¿Por qué un ingreso básico único y no transferencias diferenciadas? Porque una transferencia diferenciada requeriría de algo que no tenemos: tiempo.

Antes de la crisis había en Costa Rica 1,7 millones de personas en condiciones de pobreza y 600 mil personas auto-empleadas, muchas en condiciones de precariedad. Además, había en el país 300 mil personas desempleadas. Ahora hay miles de personas viviendo suspensión de contratos de trabajo (más del 9000 al 27 de marzo) así como siendo despedidas. La lista de personas vulnerables es muy larga y va desde choferes de taxi y trabajo doméstico hasta personal de restaurantes, vendedores ambulantes, productores agrícolas y madres con hijos/as que dejan de recibir su pensión alimentaria. Identificar una por una a las poblaciones vulnerables nos llevará a correr detrás de los acontecimientos: muchas personas que hasta ayer tenían su sostenibilidad económica resuelta, hoy no la tienen más. Mañana, quienes estarán en esa situación, serán aún más personas. Por eso, en vez de agregar poblaciones, el criterio debería ser alcanzar a toda la población menos la que aún está en la planilla que mensualmente recibe la CCSS.

Este ingreso básico durante tres meses se puede financiar de manera solidaria y con criterios de progresividad. con impuestos temporales a la actividad de grandes empresas que no han dejado de trabajar; a empresas y personas que en 2019 se beneficiaron de una amnistía tributaria; y por supuesto también a los salarios altos en trabajos formales y seguros, tanto públicos como privados. La emergencia requiere, además, considerar nuevo endeudamiento.

Las posibilidades son diversas, pero lo más importante es que hay opciones para financiar un ingreso básico garantizado a toda la población que lo necesita.

Cabe resumir lo planteado bajo la idea de que se debe actuar de manera urgente para que, mientras se observan los resultados de las medidas de distanciamiento físico, toda la población tenga capacidad básica de compra, en particular de alimentos, así como de servicios básicos. Ello permitirá concretar el distanciamiento físico y atender simultáneamente el cuidado de la vida, la necesidad de volver a poner en marcha la economía, y preservar el orden social. No es, en realidad, solo la curva sanitaria la que debemos aplanar, sino también la curva del acatamiento mayoritario, si no total, al distanciamiento físico como único escudo protector contra la pandemia.

Foto: UCR