Por: Byron Barillas y Luis Bonilla /Académicos de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED
San José, C.R. (2018)
Como parte de la investigación que venimos desarrollando desde mediados del año 2017 en varias zonas del país sobre el tema del agua, a finales de enero y principios de febrero del presente año nos correspondió hacer entrevistas en los cantones de Guápiles y Guácimo. En este último cantón descubrimos algo que para el equipo investigador es un hallazgo relevante, para entender parte de la problemática en torno al agua que se vive en ese cantón, y que de alguna forma, también podría explicar la de las otras zonas involucradas en dicho estudio, aunque con sus propias especificidades.
El contexto específico del hallazgo ocurrió ante la pregunta a una líder y dirigente comunal muy experimentada de Guácimo, que trataba de indagar, cuáles instituciones asumen con responsabilidad sus funciones con respecto al tema de la contaminación del agua, producida por la actividad piñera en varias comunidades. Ante lo cual responde que no hay una responsabilidad de las instituciones que sea parte de una “política institucional”, sí puede notarse el compromiso de personas, que la asumen desde una postura ética de su trabajo, como es el caso de algunas personas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) que manifiestan un compromiso con el problema de la contaminación del agua y están apoyando a las comunidades.
También considera que, ante algunos lineamientos de política como lo es, el decreto del Estado para producir “piña responsable” orientado a mejorar las prácticas de este cultivo, no existe una reglamentación específica diseñada para hacer efectivo este decreto. Además, aunque hay un cuerpo de leyes ambientales que sirven de marco para que las instituciones hagan su trabajo, tampoco se cumplen; aunque, esto se matiza con el hecho que algunas instituciones carecen de personal para operar la legislación ambiental; por ejemplo cuando algún funcionario se pensiona en algunas instituciones del MINAE no se reponen esas vacantes.
La NO política, en este caso, hace referencia a esa especie de “vacío institucional” en que aparentemente funcionan algunas instituciones; aunque, paradójicamente, exista una nutrida legislación nacional para que estas desarrollen su labor de protección y fiscalización. En la entrevista, sin embargo, se destaca el caso de la municipalidad de Guácimo, donde se indica que no ha existido en el pasado reciente, un esfuerzo del gobierno local por establecer algunas políticas específicas orientadas a la protección del recurso hídrico del cantón. Aunque ha habido iniciativas de algunos líderes comunales para que el gobierno local asumiera por ejemplo alguna medida de protección de las zonas de recarga acuífera en la parte sur del cantón de Guácimo, de donde se obtiene el agua para buena parte de sus habitantes.
Este desinterés por crear políticas específicas de protección del recurso hídrico, asimismo, de apegarse a la normativa del campo ambiental para fiscalizar y corregir los abusos de algunas empresas piñeras o bien de desarrolladores de proyectos habitacionales que contaminan el agua, es lo que estamos entendiendo por el ejercicio de la “NO política”; así, la NO política, es la otra forma de “hacer” política, pero esta vez en términos de omisión e incluso de negligencia.
Por otra parte, la política en su sentido propositivo, que adversa a la “NO política”, la rescatamos de una experiencia de democracia directa llevada a cabo en este cantón, esa experiencia es el plebiscito, una novedosa forma de ejercer la ciudadanía política en contextos donde se deben dirimir temas conflictivos; que en el caso de Guácimo, y creemos que a nivel nacional, constituye un experimento exitoso de protección del recurso hídrico utilizando dicho mecanismo de democracia participativa. Haciendo una breve reseña, ese proceso de plebiscito que comenzó en el año 2001 a iniciativa de organizaciones sociales defensoras del agua para impedir la construcción de una hidroeléctrica por parte de una empresa privada, con el aval inicial del ICE y del mismo gobierno local, tuvo al final un resultado exitoso para la gestión de democracia participativa que logró anular la autorización para que se construya dicha represa.
El proceso fue arduo y rico en enseñanzas, sobre todo para las comunidades de Guácimo que ganaron el plebiscito al gobierno local que favorecía la hidroeléctrica, producto de una labor de convencimiento por parte de líderes comunales que desplegaron mucha energía al seno de las organizaciones populares y comunales. Nos parece válido señalar, que ese ejercicio democrático sigue estando en el reservorio de la memoria colectiva de las comunidades para enfrentar la “NO política” que se ha venido reinstalando como práctica nociva, para una auténtica defensa del recurso hídrico en dicho cantón.
Para fines analíticos del estudio, la categoría de la “NO política”, que surge de indagaciones empíricas, será de mucha utilidad en futuras reflexiones académicas, al brindar nuevos elementos e ir construyendo un marco teórico más elaborado para explicar la problemática del recurso hídrico desde el punto de vista socio-político.
Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por Byron Barillas.
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