Fabiola Quirós Segura*
Son muchos los esfuerzos realizados por diversas organizaciones internacionales para dar cuenta de los elementos que componen el progreso de un país de forma multidimensional. En esta oportunidad, se hará referencia al Índice de Desarrollo Humano (IDH) y al Índice de Desigualdad de Género (IDG) para Costa Rica, ambos elaborados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El IDH es un índice compuesto que estudia el progreso de un país a través de tres dimensiones: el disfrute de una vida larga y saludable, el acceso a la educación y tener una vida digna; por su parte, IDG hace hincapié en la salud reproductiva, el empoderamiento y la participación de las mujeres en el mercado laboral. En este sentido, el enfoque de dichos índices, da cuenta de los desafíos que enfrentan los países para un óptimo desarrollo humano, donde los indicadores económicos se acompañan de indicadores de índole social.
Según el último Informe (2016), de los 188 países que analiza el PNUD, Costa Rica ocupó el puesto 66 en el IDH, catalogándose como un país con “desarrollo humano alto”. Dentro de los datos más relevantes a resaltar, es que la esperanza de vida al nacer es de 79,6 años (hombres: 77,2; mujeres: 82,1), los años esperados de escolaridad rondan los 14,2 (Hombres: 13,8; Mujeres: 14,5), los años promedio de escolaridad los 8,7 (igual entre hombres y mujeres) y, el ingreso nacional bruto (INB) por persona (ajustado a PPA), ronda los 14 mil dólares anuales, monto muy cercano al de Brasil ($14.145), Tailandia ($14.519) y China ($13.345). Con respecto a este último indicador, si se desagrega por sexo, el INB de las mujeres es de S9.995, mientras que el de los hombres es prácticamente el doble: $18.052.
Con respecto al IDG, Costa Rica se ubica en la posición 63. Entre los indicadores más preocupantes de dicho índice está la elevada tasa de natalidad adolescente (56,5 nacimientos por cada mil mujeres de edades entre los 15 y 19 años) y la escasa ocupación de las mujeres en escaños políticos (para el 2014 eran del 33,3%, porcentaje que asciende en las recientes elecciones al 45,6%, cifra histórica más alta). Otro aspecto por resaltar es que, aunque el porcentaje de población con algún tipo de educación secundaria es mayor en las mujeres (mujeres: 54,5%, hombres: 53.8%), la tasa de participación en la fuerza de trabajo de ellas es bastante menor que la de ellos (46,8% vs. 76,6% en el 2015).
Lo anterior resulta preocupante ya que después de tres años, no hemos logrado incrementar la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. Según los datos de la Encuesta Continua de Empleo realizada por el INEC, para el II trimestre de 2018, la tasa de participación laboral de los hombres fue 74,9%, mientras la de las mujeres sigue siendo del 46,8%. Peor aún, aunque la tasa de participación femenina no ha variado en los últimos años, sí lo ha hecho la tasa de desempleo femenina, la cual pasó de un 10,6% a un 12% en el último año. A lo anterior, deben sumársele las manifestaciones de violencia sexual, psicológica y simbólica contra las mujeres que según datos del INAMU se han mantenido constantes en los últimos años, a pesar de las inversiones que ha realizado el Estado con el objetivo de reducirlas.
En síntesis, Costa Rica ha presentado avances en materia de desarrollo humano y en acceso a oportunidades para el desarrollo de una vida digna, que incluso nos acerca a los estándares de países desarrollados; sin embargo, siguen existiendo disparidades en torno al desarrollo económico-social que impactan negativamente a grupos particulares. Es de este modo que, en términos de género, las mujeres siguen siendo uno de los grupos que, aunque presentan características favorables en el acceso a la educación y salud, experimentan dificultades en el acceso al empleo, al salario equitativo y en la ocupación de curules políticas en toma de decisiones.
Por último, después de analizar los datos anteriores y dadas las manifestaciones de violencia contra la mujer que han sacudido al país en lo que llevamos del año, es necesario que el Estado, junto con el sector privado, articulen esfuerzos con miras a reducir la desigualdad de género -en todas sus dimensiones-, lo anterior considerando que se requiere de un esfuerzo país para poder alcanzar este objetivo, más aún, conociendo la situación fiscal que de no resolverse a corto plazo, podría terminar impactando negativamente a los grupos más vulnerables, entre ellos a las mujeres y las niñas.
*Observatorio Económico y Social, Escuela de Economía UNA.
Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por UNA Comunicación.
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