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¡Algunos metieron la pata! (proyecto nueva ley de aguas)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

 

Sobre la violación al principio de conexidad, dicen los señores magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro lo siguiente:

“Los suscritos Magistrados consideramos además que el proyecto en cuestión adolece de una inconstitucionalidad por violación al principio de conexidad…

Se observa que en el artículo 29 existen cambios sustanciales, respecto del proyecto original, que implican una violación al principio de conexidad.

Ello por cuanto consideramos que no es constitucionalmente admisible que el legislador, con ocasión de un proyecto de iniciativa popular, le introduzca cambios y variaciones sustanciales al proyecto, que impliquen su desnaturalización, como ha sucedido en este caso.

De la comparación entre lo que establecía el proyecto original con el proyecto que fue aprobado en primer debate, se observa, muy claramente, que hubo un exceso del legislador, al variar aspectos sustanciales sobre las medidas de las áreas de protección, que implicaron una evidente violación al principio de conexidad”.

Lo anterior solo en referencia a lo consultado, pero aplicable a casi todo el proyecto presentado como “texto sustitutivo” en virtud de las múltiples reformas aprobadas apresuradamente en la Comisión Legislativa y luego en el Plenario Legislativo, a fines de marzo del 2014.

Los hechos evidencian que quienes dirigieron el proceso que condujo a la aprobación en Comisión de Ambiente, ¡se olvidaron! que por tratarse de un proyecto ingresado por “iniciativa popular”, al cual tenían que respetarle su texto, no podían hacer uso del “derecho de enmienda” aplicable por los señores diputados en otros proyectos, diferentes por ejemplo, a los convenios internacionales que tampoco se pueden “tocar”.

Y fue tal el “olvido” sustentado en una pésima asesoría de parte de los entes privados que se auto presentaron como representantes de las más de 150,000 personas que habían firmado, que ellos mismos calificaron al proyecto eventualmente aprobado en Comisión y Plenario, como un “texto sustitutivo”.

La inconstitucionalidad es más que evidente.

¡Veamos algunos ejemplos de cómo se violentó el principio de conexidad!

1- (Original)

Artículo 2

– Principios generales

  1. a) El acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas y al saneamiento son derechos humanos fundamentales indispensables para satisfacer todas las necesidades básicas

(Definitivo)

  1. a) Derecho humano de acceso al agua

El acceso al agua para consumo humano y al saneamiento es un derecho humano fundamental e indispensable.

Comentario:

Se elimina la referencia a que el acceso al agua “en cantidad y calidad adecuadas” es un derecho humano

Al hacerlo, no sólo se está modificando el punto más importante que sirviera de sustento para la recolección de las 150,000 firmas que acompañaron el texto procesado ante el TSE y la Asamblea Legislativa, sino que evidencia las escondidas intenciones de quienes promovieron un proyecto de ley que habría costado muchísimo dinero para su elaboración

¿Por qué mutilar un principio general en la forma en que se hizo? ¿De dónde surge la incomodidad que provocara una expresión que, además, es consecuente con lo aprobado en el contexto de la ONU con el voto y manifestación oral expresa de la representación costarricense?

2- (Original)

Artículo 2

– Principios generales

  1. b) El agua es un recurso de usos múltiples, siendo el consumo humano el prioritario.

Ningún aprovechamiento está exento de ser afectado o afectar a otros usos, por lo que el Estado está obligado a asegurar que los usuarios públicos y privados estén sujetos a los criterios y decisiones que deriven de la planificación del recurso hídrico.

(Definitivo) – así agregado –

Valor económico

El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina y debe reconocérsele como un bien económico.

Comentario:

Agregado jamás discutido o aclarado en el seno de la Comisión de Asuntos Ambientales que lo aprobara, y mucho menos, en el plenario legislativo que si siquiera tuvo tiempo de leerlo, pese a que refleja las intenciones de sus proponentes

Para la GWP (Global Water Partnership), “El agua tiene un valor económico en todos sus usos competitivos y debería ser reconocida como un bien económico más que un bien social”.

3- (Original) sobre el SENARA

Transitorio VII

– Trasládense a la Dirección Nacional del Recurso Hídrico, dentro del plazo del mes siguiente a la entrada en vigencia de esta ley, todos los funcionarios que laboran en la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, así como los recursos físicos, tecnológicos y financieros que utiliza esta dependencia.

Dichos funcionarios conformarán el Departamento de Aguas Subterráneas de la Dirección Nacional del Recurso Hídrico.

(Definitivo)

Transitorio XII

Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, los funcionarios de la Dirección de Investigación Hídrica del SENARA, podrán trasladarse a la Unidad de Investigación de la DINA que se crea en el artículo 85 de la presente ley, manteniendo sus derechos laborales.

4- (Original) Sobre el AyA

(Definitivo) Agregado (No formó parte de la propuesta)

El artículo 1 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Nº 2726, del 14 de abril de 1961, para que a partir de la vigencia de esta ley se le quitan al AyA sus funciones sobre los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, sin señalarse a quién se le trasladan esos deberes

Es decir, el AyA prácticamente pierde una “A” (la de Alcantarillado) en sus siglas… sin que se hubiere justificado un cambio tan drástico en las funciones del Instituto.

5- (Original) Las Sociedades de Usuarios del Agua

Transitorio XV

– Las Sociedades de Usuarios del Agua que se han constituido y que administran el servicio de abastecimiento de agua potable a una población contarán con un plazo improrrogable de nueve meses para constituirse en Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS), de conformidad con la normativa vigente.

(Definitivo)

Artículo 105

– De su conformación

La constitución de las sociedades de usuarios de agua tiene por objeto la optimización del uso del agua para fines agropecuarios y el justo aprovechamiento colectivo de las aguas entre sus socios.

La fiscalización y control del aprovechamiento de las aguas por parte de las sociedades de usuarios de agua corresponderá a la DINA.

(Definitivo)

No se incluye el transitorio.

6- (Original) Exportación de agua

Artículo 87

– Regulación a la exportación de agua

La Dirección podrá restringir y limitar total o parcialmente la exportación de agua cuando eso sea necesario para garantizar el abastecimiento para consumo humano y los distintos usos aprovechamientos de las comunidades locales y los sectores productivos nacionales

Esta actividad quedará condicionada a que se demuestre y garantice el abastecimiento local y la plena satisfacción de las necesidades de las comunidades locales.

(Definitivo)

Artículo fundamental “lavado” del proyecto

 

*Imagen con fines ilustrativos.

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La entelequia de la no repetición

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

 

La firma de los Acuerdos de La Habana entre el gobierno colombiano y las Farc-ep, enfila en la terminación del conflicto interno armado y la No repetición. Lo de No repetición no alude solo a que no se den masacres y/o asesinatos políticos, extrajudiciales etc. Este primordial aspecto no ha sido abordado en el contenido mismo de la expresión de su significado. Lo de No repetición pareciere ser solo enunciado formal de efecto de aceleración. Algo consecuencial al efecto del fin del conflicto armado. Lo de entelequia no lo asumo sobre la acepción de embuste o de engaño; como del análisis filosófico y político de una idea no realizable, inalcanzable.

Llamo generación de la violencia, a los nacidos durante la década de 1940. En Colombia alude a los gestados durante el desarrollo de la II Guerra Mundial y concebidos durante el magnicidio del caudillo Jorge Eliecer Gaitán. Esa generación fue la que dio la pauta del paso insurreccional de las guerrillas disidentes del sistema liberal-conservador, a las guerrillas de inspiración comunista, bajo la orientación ideológica del Partido Comunista Colombiano (PCC); la de creación y desarrollo de la escisión del movimiento comunista internacional en 1963, generador de los Partidos marxistas- Leninistas o ML(PCML) en clandestinidad y la Corriente Cubano-Guevarista, no marxista, si socialista y de fuerte influencia de la Teoría de la Liberación en Colombia.

Lo del paramiliatarismo

En particular en Colombia, por su posición geo-política estratégica- por decirlo de alguna manera- anidaron de manera caracterizada las diferentes formas de luchas de masas; circunscritas estas a las luchas de las masas en el plano político- legal y también a una forma de lucha de esas masas en el plano ilegal: la lucha armada, como expresión del derecho de los pueblos a la rebelión, a la insurrección contra un régimen expoliador. Aquí, la doctrina contrainsurgente la denominó “combinación de las formas de lucha” (quitándole lo de masas) y nada más improcedente e inconsecuente por estar totalmente caracterizadas tanto la una como la otra. Pero la respuesta del bloque de poder oligárquico en Colombia caló en sostener que toda forma de expresión de lucha de masas era guerrillera y/o insurreccional y bajo ese sambenito aplicaron la orgía sangrienta del terrorismo de estado. No solo la institucionalidad militar y policial, como el ejecutivo nacional, departamental y municipal estuvieron involucrados en ese experimento dantesco de sangre y desolación; como el aparato judicial bajo la escandalosa estadística de dejar impunes los crímenes de agentes estatales en un 82% y la zoo-especie de la clase politiquera colombiana, sin excepción alguna, para llegar a ser , lo que continúa siendo en Colombia: el paramilitarismo como un fenómeno estructural; es decir, institucional y permeable en la estructura estatal colombiana.

En el Comunicado Conjunto No. 75. Acuerdo Para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo. Leído en La Habana, Cuba, el 22 de junio de 2016, textual:

Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC–EP informamos a la opinión pública que hemos llegado con éxito al Acuerdo para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo; la Dejación de las armas; las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

Hasta aquí todo iba bien, dice NARCISO ISA CONDE, prominente comunista dominicano y latinoamericano, hasta cuando las Farc-ep, aceptaron lo de la entrega de las armas. En esto tercia el guerrillero fariano, Gabriel Angel, con su artículo: “Las vías para la revolución y el socialismo aún siguen siendo exploradas”, en el que manifiesta que ya legalizados en el torrente legal las banderas populares de su organización política tendrán como faro constructor el socialismo en Colombia. Terciada la discusión, agrega: “No es que dejemos las armas habiendo paramilitarismo y terror, es que el Estado se obliga ante la comunidad mundial a extirparlo e impedir su renacimiento. No es irnos para la casa…Nuestro propósito es el de permanecer unidos, cohesionados como fuerza política y social, a la que el Estado tendrá que garantizar la vida y todos sus derechos tanto colectivos como individuales”. Por su parte el destacado periodista de Anncol, Joaquín Pérez, vilipendiado durante la horrible noche uribista, en su artículo, “Espacio del Pueblo Organizado”, agrega: “Según entiendo las Farc se movilizan políticamente después de firmado el Acuerdo Final y sus espacios trabajados durante 52años son para tal fin y algo así como punto de partida para su partido político en gestación. Para trasegar en la arena política sin armas lo mismo harían los dos partidos tradicionales habituados a usar FFMM y a sus paramilitares aún sin desmontarse”. Es decir, no como lo pregona la dictadura mediática en Colombia, no quedaran espacios en territorios de permanencia de las antiguas farc-ep, que sean copados por narco- paramilitares. Las farc-ep, como fuerza beligerante que fue, no se desmovilizará políticamente y aquí aparece un factor de ejercicio de democracia directa en esa regiones. Lo que está por venir en el desarrollo de esa actividad política romperá los paradigmas de ejercicio de la sociedad civil. Por ello, para la izquierda, lo de un constituyente soberano y popular no está archivado; continúa vigente.

A quien incumbe lo de no repetición

Pero en esto de la No repetición se impondrá la vigencia de lo acordado. Cómo tal está la aplicación de la buena fe, por parte de la insurgencia de las farc-ep. Todo indica, sin lugar a dudas la voluntad política, el empeño y decisión, sin tapujos, de la insurgencia de las farc-ep en cumplir con lo Acordado y garantizar lo de No repetición en cuanto a ello incumbe.

Se ha querido generar polémica en torno a que si se desmovilizaran las milicias de las farc-ep. En el texto del Acuerdo de Cese al fuego Bilateral, firmado en La Habana se lee: “El armamento de acompañamiento, granadas y municiones que ingresen a los campamentos, incluyendo las armas de las milicias, permanece en armerillos temporales bajo responsabilidad de las FARC-EP, hasta el día D+60 cuando serán almacenados en los contenedores dispuestos para este fin”.

Una noción de milicia

Por Milicias se entienden contingentes populares de tropas alistadas para la acción armada. La referencia histórica y de conformación de milicianos, alude a su creación durante la Guerra Civil española, por el denominado Ejército Popular Republicano. Mismos que inspiraron la creación de milicias populares durante el desarrollo de las invasiones nazi-fascistas, durante la Segunda Guerra Mundial, por la liberación de los países invadidos. Analistas indican que en desarrollo de la actividad político-militar de la organización revolucionaria las Farc-ep, se desarrolló trabajo político clandestino de formación del Partido Comunista Colombiano Clandestino, conocido como PC-3 y Milicias Bolivarianas, también clandestinas. A mi modesto entender esas dos funciones de trabajo político clandestino, sobre todo en las ciudades, funcionan independientes de las estructuras de redes urbanas de toda guerrilla en el mundo. Y como maestros tienen las farc-ep, a ellos corresponde la última palabra al respecto, para lo cual- se me ocurre- será el escenario de la Décima y Última Conferencia Guerrillera de las farc-ep, pronta a realizarse, la que asuma en definitiva sobre tan álgido tema. Importa si expresar al respecto que probablemente- en tanto permanezca la espada de Damocles sobre la cabeza de los dirigentes populares, sindicales y revolucionarios en Colombia, por la permanencia, activa o de omisión, del generador del fenómeno paramilitar, el trabajo político clandestino dentro del movimiento de masas y popular en Colombia, cobrará vigencia. La lucha política clandestina al seno de las masas populares, no está proscrita en Colombia, con el fin de las guerrillas o fin del conflicto armado interno en Colombia. El ejercicio del trabajo político, en las condiciones de Terrorismo de Estado existentes en Colombia se expresa en la concepción de clandestinos ante el enemigo narco paramilitar y amplios ante las masas. Esto implica, por ejemplo, que ante el extremismo de la derecha en Colombia, a las Juventudes Antifascistas, no las veremos haciendo fila para que les den un reconocimiento de personería jurídica. No porque sean rebeldes e insurrectos al desorden de cosas imperantes. Esto no admite tergiversaciones, hace parte del ejercicio del debate político y de la participación activa y directa de la sociedad civil, sobre todo durante el trecho que queda por recorrer con las otras dos insurgencias existentes en Colombia: la del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de espectro nacional y el Ejército Popular de Liberación (EPL) de presencia más local, para el fin definitivo del conflicto armado interno colombiano y fin de las guerrillas del escenario de la lucha política en Colombia.

Retomo al respecto cita leída: Manuel Marulanda pensó como Martí: «En silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas». Lo complemento en el devenir del desarrollo histórico de la guerra de independencia colonial del imperio español. El papel de la francmasonería en su secretismo o clandestinidad, hoy, garantizó el anhelado triunfo de la primera liberación de nuestro pueblo y nación. El Estado colombiano, oligárquico y pro-imperialista, con su tradición de borrar con el codo lo que firma con la mano, no es garante de la No Repetición. El pueblo organizado, Sí.

 

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El precio de los combustibles: un debate no ideológico

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Greivin Salazar Álvarez*

 

Semanas atrás se realizó el VII Congreso de Energía, organizado por la Cámara de Industrias de Costa Rica, siendo el tema de los precios de los hidrocarburos en el país uno de los que más interés despertó en su audiencia.

A nivel nacional, se ha generado un cierto debate sobre este particular, el que por momentos ha tendido a ser muy ideológico; considerando sólo las visiones extremas, por un lado se encuentran los “aperturistas”, cuya posición se resume en que los precios de los combustibles en el país son altos porque se está en presencia de un monopolio estatal en manos de RECOPE, con una estructura de costos y gastos ineficiente, que además se ve impactada por los privilegios con que cuentan sus empleados en el marco de la respectiva Convención Colectiva, en consecuencia, la solución es abrir este mercado a la “competencia”; por otra parte, están los “estatistas”, menos mediáticos que los primeros, quienes se muestran a favor de la “defensa” de la institucionalidad costarricense.

Sin embargo, antes de valorar ambas posiciones y de hecho, externar la contenida en este artículo, es necesario tener presente algunas consideraciones previas alrededor del tema:

  1. A nivel centroamericano, Costa Rica compra (importa) la mayoría de derivados del petróleo al más bajo costo (CEPAL) y además vende los combustibles de mayor calidad (RECOPE, con base en Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central).
  2. Según estimaciones de la Cámara de Industrias de Costa Rica, el margen con que trabajan las refinadoras de petróleo, relativamente eficientes, es de 7 dólares por barril.
  3. En el país, el impuesto sobre las gasolinas es el más alto de la región, ronda alrededor de los 43 centavos de dólar por litro, seguido por Honduras con 33 centavos, mientras que en Panamá apenas es de 0,16 centavos (RECOPE, con base en Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central).
  4. Las variaciones en el precio internacional de los combustibles, tardan aproximadamente entre 35 y 45 días para verse reflejadas en el monto que pagan los consumidores costarricenses, mientras que en el resto de países del Istmo no supera los 15 días (RECOPE).

A partir de la anterior información, se derivan las siguientes reflexiones, a manera de interrogantes:

  1. Por su carácter de monopolio, RECOPE también es el único comprador de combustibles en los mercados internacionales para el país ¿Será que esta condición le permite realizar compras por volumen de tal manera que consigue los mejores precios de importación a nivel centroamericano? En caso de ser así ¿Con una eventual apertura se perdería esta ventaja?
  2. Se sabe que la calidad siempre tiene un costo adicional y este caso no ha de ser la excepción, en ese sentido: ¿En qué medida el menor precio de los combustibles en el resto de Centroamérica se debe a que su calidad también es menor?
  3. Con su estructura actual de costos y gastos, así como con sus niveles de eficiencia ¿Podrá RECOPE retomar plenamente sus funciones de refinamiento sin sobrepasar el margen de los 7 dólares por barril, tomando en cuenta que en caso contrario, es mejor seguir importando el producto terminado?
  4. Es evidente que la ventaja del país en lo que respecta al precio de importación de los combustibles se desvanece luego de aplicarse los respectivos impuestos ¿Es excesivo el monto de impuestos que se le cargan a los combustibles en el país? De ser afirmativo: ¿Son realmente destinados estos recursos a los fines para los que fueron creados, sobre todo en el mantenimiento de las vías de comunicación? O bien ¿Qué tan eficiente se hace?
  5. 5.¿Es posible contar con una metodología para la fijación del precio de los combustibles, que también considera la “oportunidad ciudadana” como uno de sus criterios?

Bajo este contexto, es evidente que son varios los factores que intervienen a lo largo del proceso de fijación del precio de los hidrocarburos en el país, por lo que en este sentido, es preciso que la agenda que se vaya a articular alrededor del tema sea guiada por un debate menos ideológico y más pragmático, por cuanto no se trata de convertir la apertura en un fin en sí mismo pero tampoco, de defender a ultranza la situación actual. En este sentido, algunos de los temas que deberían considerarse son:

  1. Balance del rol de importador único de RECOPE y conveniencia nacional de la apertura en esta materia.
  2. Revisión y depuración de las actividades legalmente asignadas a la Institución, para que, desde una perspectiva de interés nacional, se determine cuáles funciones sí y que otras no debería realizar RECOPE.
  3. Valoración de la estructura impositiva actual sobre los combustibles, así como determinación de mecanismos de control para velar por el uso efectivo de los recursos que el Gobierno obtiene a partir de los mismos.
  4. Elaboración de una nueva metodología tarifaria que reduzca el desfase en el ajuste del precio interno de los combustibles con respecto al mercado internacional.

Por último, cabe indicar que este tema no debería esperar, por cuanto tiene un impacto directo en el bolsillo de todos los costarricenses, en la competitividad del país, es un elemento clave para lograr el objetivo nacional de carbono – neutralidad y resulta fundamental para participar con éxito de la revolución energética mundial que se encuentra en marcha.

*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Oficina de Comunicación UNA.

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CIADI: decisión a favor de Uruguay en demanda interpuesta por la Philip Morris

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolás Boeglin (*)

 

A raíz de la adopción de una legislación para proteger al fumador contra los efectos del tabaco en el 2008, la empresa multinacional Philip Morris entabló una demanda contra Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (CIADI, más conocido por sus siglas en inglés ICSID) en el 2010. Se trata de un mecanismo arbitral instituido en 1965 en el marco del Banco Mundial, que ha sido objeto de numerosas críticas en años recientes, en particular a partir de la experiencia de América Latina (Nota 1).

Una verdadera “première” uruguaya

Para Uruguay, la demanda de Philip Morris es la primera demanda en su historia. Según registros oficiales del CIADI, se trata de un Estado que ha sido demandado en tan solo dos ocasiones, la otra demanda habiendo sido presentada en el 2016 tan solo (ver datos oficiales sobre ambas demandas).

Cabe recordar que hace más de 20 años, en 1995, la primera demanda interpuesta contra un Estado de América Latina ante el CIADI fue contra Costa Rica (caso de la Hacienda Santa Elena, resuelto mediante laudo del CIADI en el 2000), después de sufrir Costa Rica presiones externas de Estados Unidos para que ratificara la Convención de 1965 (Nota 2). Leemos en esta nota de La Nación (Costa Rica) del 18 de febrero del 2000 que “En diciembre de 1992, a raíz de este caso y de otras expropiaciones pendientes, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) frenó dos créditos para el país por $170 millones y en febrero de 1995 volvió a aplazar un giro por $80 millones del Tercer Programa de Ajuste Estructural (PAE III).”

Las presiones norteamericanas surtieron efecto y finalmente Costa Rica ratificó la Convención CIADI en 1993. Gracias a esta ratificación “forzada” es que se puede explicar lo obtenido por los inversionistas norteamericanos: la propiedad adquirida en 1970 por un precio de 395.000 US$, fue objeto de un demanda internacional contra Costa Rica interpuesta en mayo de 1995 por 41 millones de US$ ante el CIADI, el cual decidió en su laudo del 17 de febrero del 2000 ordenar un pago indemnizatorio a Costa Rica por 16 millones de US$.

Más recientemente, en abril del 2016, un Estado con mayor experiencia en el CIADI que la de Costa Rica o de Uruguay, Venezuela, fue condenado por el CIADI a pagar la suma de 1.386 millones de US$ a una empresa minera canadiense (ver nota ). En el 2012, Ecuador fue condenado a pagar a un consorcio norteamericano de empresas petroleras Occidental Petroleum la suma de 1.770 millones de US$, un monto jamás ordenado por un tribunal del CIADI (ver texto integral del laudo arbitral, adoptado por 2 votos a favor y uno en contra).

Como tuvimos la oportunidad de precisarlo con relación al último tratado bilateral de inversiones (más conocido como TBI) ratificado por Costa Rica en el 2016, los TBI – y las cláusulas CIADI que contienen muchos de ellos – encuentran su origen en un discurso muy en boga en los años 90: “Un dogma (que a la fecha se ha mantenido incólume en muchos sectores) consistió en considerar en aquellos años que la inversión extranjera era garantía de crecimiento económico y de desarrollo: los indicadores sociales en buena parte de América Latina 15 años después evidencian que algunos bemoles se debieron de imponer. /…/ Un dogma asociado al anterior (y que se mantiene también muy presente en algunos sectores) es que sin TBI no hay inversión extranjera: este dogma hace a un lado algunas realidades difíciles de obviar, como por ejemplo el hecho que Brasil, 5ª economía mundial, no ha ratificado ninguno de estos tratados” (ver nuestra nota sobre el acuerdo bilateral de inversiones China-Costa Rica publicada en el Observatorio de la Política de China, p. 2)

Brasil, primer receptor de inversión extranjera en América Latina, no es parte a la Convención de Washington de 1965, (al igual que México, Cuba, o República Dominicana y la misma Canadá hasta el 2013) ni ha ratificado un solo de los TBI que ha suscrito. Por su parte, Bolivia, Ecuador y Venezuela han denunciado la Convención de 1965 (en el 2007, 2010 y 2012 respectivamente); al igual que la India, Indonesia o Sudáfrica, estos Estados de América Latina han procedido a renegociar o a suspender varios de sus TBI en aras de limitar de manera sustancial el alcance de las cláusulas CIADI insertas en algunos de ellos.

La demanda de Philip Morris contra Uruguay se basó en el TBI vigente entre Uruguay y Suiza: un tratado bilateral redactado de tal manera por los negociadores suizos, que también ha dado pie para una demanda contra Costa Rica interpuesta por un grupo de accionistas suizos dueños… de una empresa de gas mejicana que opera en Costa Rica (Nota 3).

La decisión del CIADI

En su laudo arbitral dado a conocer el pasado 8 de julio del 2016 (ver texto completo ), el CIADI rechaza los cargos presentados por la empresa tabacalera, y falla a favor de Uruguay, condenando a la empresa a pagar 7 millones de US$ a Uruguay así como a asumir los gastos de funcionamiento del CIADI (que ascienden a unos 1,5 millones de US$). Se lee en este artículo de prensa que: «Uruguay sostuvo que las medidas que adoptó fueron en su rol legítimo de regulador y en pos de velar por la salud de la población; que se tomaron en cumplimiento del Convenio Marco del Control del Tabaco (CMCT), y que fueron efectivas para descender el porcentaje de fumadores en el país. Solicitó, por tanto, que se desestimara el reclamo de Philip Morris y se compensara a Uruguay por todos los gastos en los que incurrió en el proceso judicial».

En una etapa preliminar, Uruguay había cuestionado la competencia del CIADI, basándose en el hecho que su sistema judicial (tribunal contencioso administrativo y juez constitucional) había conocido de acciones legales contra esta legislación entre el 2008 y el 2009, y que el juez uruguayo había confirmado su plena validez dentro del ordenamiento jurídico uruguayo (ver detalle de las acciones legales en los párrafos 153-167 del laudo de pasado 8 de julio del 2016). El 2 de julio del 2013, el tribunal arbitral del CIADI se había declarado competente, rechazando los alegatos presentados por Uruguay (ver texto completo de su decisión sobre su competencia).

Un detalle de interés para juristas

En su decisión sobre la pretendida denegación de justicia a la empresa tabacalera, los miembros del tribunal precisan que: “The relationship between the parallel administrative and constitutional systems is critical in determining whether justice was denied. That system was in place before the Claimants invested in Uruguay. The Claimants’ knowledge of this relationship is evidenced by Abal’s procedural stance in challenging the 80/80 Regulation. The Respondent further rejects the Claimants’ contention that the alleged contradictory character of the two decisions, means, ultimately, that the Claimants were deprived of a decision on the legality of Decree 287. On the contrary, there was a clear legal decision on the constitutionality of Law 18,256 and the validity of its implementing Decree, respectively. Each decision was “reasonably substantiated.” Both courts received vigorous argument from both sides (Abal/MPH), and subsequently reviewed, analyzed, adjudicated upon the claims and dismissed them” (párrafos 513-514). Con relación a la constitucionalidad de un texto, a distinguir de la legalidad del mismo (que una empresa minera canadiense recientemente consideró oportuno incluir en su demanda contra Costa Rica alegando también “contradicciones” del sistema judicial costarricense), el tribunal del CIADI indica que: “According to the Tribunal, the simple fact is that the Supreme Court and the TCA are co-equal under the Uruguay constitutional system. Both have original and exclusive jurisdiction: the SCJ to determine the constitutionality of a law; the TCA to declare the validity or illegality of an administrative act adopted pursuant to a law determined to be constitutional, examining whether the administrative act is “contrary to a rule of law or under a distortion of authority” (párrafo 522). En sus apreciaciones finales sobre el sistema juidicial uruguayo, los tres árbitros del CIADI aclaran no obstante que: “In the Tribunal’s view, it is unusual that the Uruguayan judicial system separates out the mechanisms of review in this way, without any system for resolving conflicts of reasoning. The Tribunal believes, however, that it would not be appropriate to find a denial of justice because of this discrepancy. The Claimants were able to have their day (or days) in court, and there was an available judicial body with jurisdiction to hear their challenge to the 80/80 Regulation and which gave a properly reasoned decision. The fact that there is no further recourse from the TCA decision, which did not follow the reasoning of the SCJ, seems to be a quirk of the judicial system” (párrafo 527).

Posiblemente poco familiarizados con las peculiaridades del sistema constitucional vigente en Uruguay (como es lo usual cuando se revisa la trayectoria y hoja de vida de quiénes son llamados a ser árbitros en el CIADI), los integrantes del tribunal señalan también que: “In other words, the failure of the TCA to follow the Supreme Court’s interpretation of Articles 9 and 24 of Law 18,256 may appear unusual, even surprising, but it is not shocking and it is not serious enough in itself to constitute a denial of justice. Outright conflicts within national legal systems may be regrettable but they are not unheard of” (párrafo 529).

El peso de un “amicus curiae”

Ante los alegatos de la empresa tabacalera multinacional con relación al carácter supuestamente «arbitrario» de las medidas tomadas para proteger la salud de los uruguayos, los árbitros del CIADI parecen haber tomado en consideración, además de los argumentos de Uruguay, el «amicus curiae» sometido al tribunal arbitral por parte de un tercero: en este caso, la Organización Mundial para la Salud (OMS, más conocida por sus siglas en ingles WHO) y de su homóloga panamericana (OPS o PAHO en inglés). La lectura del fallo no permite saber hasta qué punto la iniciativa de estas dos organizaciones internacionales pudo influenciar a los árbitros, pero el hecho merece ser señalado: es posiblemente la primera vez en la historia del CIADI que sus árbitros reciben un “amicus curiae” proveniente de dos órganos internacionales en materia de salud (uno de carácter universal, parte del sistema de Naciones Unidas, otro de carácter regional, perteneciente al sistema interamericano).

En el párrafo 391 del laudo arbitral, leemos que: «Both measures have been implemented by the State for the purpose of protecting public health. The connection between the objective pursued by the State and the utility of the two measures is recognized by the WHO and the PAHO Amicus Briefs, which contain a thorough analysis of the history of tobacco control and the measures adopted to that effect. The WHO submission concludes that “the Uruguayan measures in question are effective means of protecting public health». The PAHO submission holds that “Uruguay’s tobacco control measures are a reasonable and responsible response to the deceptive advertising, marketing and promotion strategies employed by the tobacco industry, they are evidence based, and they have proven effective in reducing tobacco consumption».

Los gastos en honorarios de abogados

Notemos que en el párrafo 583 de la decisión arbitral dada recientemente a conocer, se lee que Uruguay debió sufragar gastos para su defensa que ascienden a más de 10 millones de US$ (el monto exacto dado a conocer es de: 10.319.833.57), mientras que la empresa reconoció haber gastado casi 17 millones de US$ (16.906.045.46). Estos datos confirman nuevamente el alto costo que significa para el erario público de un Estado el enfrentar demandas de este tipo. Actualmente, en la región centroamericana, El Salvador espera una decisión del CIADI con relación a una demanda interpuesta en el 2009 por una empresa minera por no haber renovado una concesión minera (caso Pacific Rim Cayman LLC, por 300 millones de US$): una nota reciente indica que El Salvador ya ha destinado 13 millones de US$ en gastos relacionados con su defensa (ver nota de prensa). Por su parte, Costa Rica fue demandada en el 2014 por la empresa minera canadiense Infinito Gold al ver su proyecto suspendido por decisión de la justicia costarricense en el 2010, confirmada en el 2011 (caso Infinito Gold Ltd, por 94 millones de US$) (Nota 4). Recientemente, Panamá fue demandado de igual forma por una empresa minera norteamericana por 268 millones de US$ (Nota 5).

Colombia se estrenará en el CIADI con la demanda planteada en marzo del 2016 por la corporación suiza Glencore con base en… el TBI Colombia-Suiza (ver ficha técnica): en un artículo sobre la anatomía de un escándalo se leyó semanas antes de la presentación de esa demanda (febrero del 2016) en Colombia que: ” los señores de Glencore están conminando a la Contraloría General a que se arrodille, a que se arrodille el Estado colombiano y a que, en una diligencia de conciliación, le pidamos perdón y le devolvamos 62.000 millones de pesos”. Esta primera demanda que enfrenta Colombia en el CIADI y que desde el 2011 la Embajada de Estados Unidos en Bogotá preveía (Nota 6), bien podría ser seguida de otras anunciadas por inversionistas extranjeros: varios consorcios de empresas mineras han anunciado su intención de demandar a Colombia por unos 16.500 millones de US$ (ver nota ), a raíz de un fallo de la Corte de Constitucionalidad de Colombia de febrero del 2016 que prohíbe la minería en los páramos colombianos (ver nota de El Espectador).

Notemos que América Latina es una región objeto de una sostenida actividad del CIADI: de los 212 casos actualmente pendientes de resolución ante el CIADI al momento de redactar estas breves líneas, 58 conciernen a Estados de América Latina. Según los datos proporcionados en el sitio oficial del CIADI, Argentina acumula un total de 53 casos (de los cuales 17 pendientes de resolución) y Venezuela, 40 casos (de los cuales 24 en espera de resolución). Aparecen luego México (suscriptor de un gran cantidad de TBI y tratados de libre comercio) que totaliza 17 demandas (de las cuales dos pendientes de resolución), Perú con 15 casos (de los cuales tres pendientes), Ecuador 14 (dos en proceso) y a Costa Rica con 10 casos acumulados, de los cuales 5 actualmente en proceso de resolución.

En el párrafo 590 conclusivo del laudo del tribunal del CIADI a favor de Uruguay, se lee que: «For the reasons set forth above, the Tribunal decides as follows: (1) The Claimants’ claims are dismissed; and (2) The Claimants shall pay to the Respondent an amount of US$7 million on account of its own costs, and shall be responsible for all the fees and expenses of the Tribunal and ICSID’s administrative fees and expenses, reimbursing to the Respondent all the amounts paid by it to the Centre on that account».

Breves valoraciones conclusivas

Pese a una gran cantidad de titulares de prensa refiriendo a la “victoria” uruguaya y a la “derrota” de la tabacalera, esta nueva decisión del CIADI viene a evidenciar nuevamente los efectos negativos del sistema de arbitraje de inversión para las economías de los Estados de América Latina. Estos van más allá de los únicos honorarios que las finanzas públicas deben sufragar ante cada una de las demandas planteadas en su contra. En muchos casos, se trata de demandas abusivas que buscan forzar a un Estado a frenar sus políticas públicas en materia de salud, de ambiente, de protección del recurso hídrico, en materia de protección de poblaciones indígenas, entre otros ámbitos; o bien en materia de recortes presupuestarios, lo cual explica la inédita situación actual de España, con 27 demandas pendientes de resolución ante el CIADI (Nota 7).

Estas demandas también pueden buscar producir un efecto disuasivo en otros Estados, en los que temblorosos decisores políticos se pueden de pronto ver inclinados por la mayor prudencia y cautela al ver a un Estado demandado cuando adopta algún tipo de legislación o regulación específica.

Decisiones ya no políticas, sino de la misma justicia nacional, y que resulten ser negativas para el inversionista extranjero, también están llevando a sus abogados a recurrir ante el CIADI: intentar obtener ante el CIADI lo que (como en el caso de Uruguay) la justicia nacional había declarado legal o (como en el caso de Infinito Gold en Costa Rica, totalmente ilegal) pareciera entonces constituirse en una muy cuestionable tendencia a la que se está prestando el CIADI.

Notas:

Nota 1: Sobre los efectos negativos para la economía de los Estados de América Latina del sistema instituido por el CIADI en 1965 y consolidado con la red de TBI adoptados de manera profusa en los años 90, remitimos al muy completo artículo de ZABALO P., “América Latina ante las demandas inveror-Estado”, Revista de Economía Mundial, Núm. 31 (Mayo-Agosto, 2012), pp. 261-296. Texto disponible aquí. Sobre las diversas estrategias de los Estados de la región latinoamericana para limitar el alcance de ciertos tratados con cláusulas muy favorables para el inversionista extranjero, véase el análisis detallado de la profesora Katia Fach Gomez: FACH GOMEZ K., “Proponiendo un decálogo conciliador para Latinoamérica y CIADI”, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (Medellín, Colombia), Vol. 40 (Dic. 2010), No. 113, pp. 439-454, disponible aquí. Más modesta, remitimos al lector a nuestra breve nota publicada en diciembre del 2013 en inglés: BOEGLIN N., “ICSID and Latin America Criticism, withdrawal and the search for alternatives”, Bretton Woods Project, December 3, 2013, texto disponible aquí.

Nota 2: El caso de la adhesión de Costa Rica a la Convención CIADI es bastante ilustrativo en América Latina. Costa Rica firmó la Convención de Washington que establece el CIADI en 1981, pero la ratificó tan solo 12 años después, en 1993. Este plazo se debe a la renuencia de Costa Rica a ratificarla mientras no se resolviera el caso de Santa Elena ante sus tribunales nacionales. El caso Santa Elena refiere a una expropiación realizada con motivo de la creación del Parque Nacional Santa Rosa en 1978, la cual dio lugar a un reclamo por parte de la Compañia de Desarrollos de Santa Elena SA, controlada por ciudadanos norteamericanos, por 6,400.000 US$: el Estado ofrecía un monto de 1,900.000 US$, considerando que la propiedad había sido adquirida en 1970 por dicha sociedad a un precio de 395.000 US$. Ante la falta de acuerdo, y posterior a la ratificación de Costa Rica en 1993 de la Convención CIADI, la compañía reclamó el 31 de mayo de 1995 a Costa Rica el pago de 41 millones de US$, y el CIADI decidió en su laudo del 17 de febrero del 2000 ordenar un pago indemnizatorio de 16 millones de US$. Se lee en un memorandum de la GCAB (Global Committee of Argentina Bondholders) sobre la situación en Argentina que esta decisión de Costa Rica resultó de presiones directas de Estados Unidos en relación al caso Santa Elena: ” En los años 90, después de un reclamo por una supuesta expropriación de un inversionista norteamericano, Costa Rica se rehusó a someter la controversia a un arbitraje del CIADI. El inversionista norteamericano invocó la enmienda Helms y se suspendió un préstamo de 175 milliones de US$ del Banco Interamericano de Desarrollo a Costa Rica. Costa Rica consintió someterse al procedimiento del CIADI, y el inversionista norteamericano recuperó 16 millones US$” (Tradución libre del autor). En una nota de La Nación de 1997 (ver nota ) sobre acciones indebidas de parte del senado Helms por problemas de ciudadanos norteamericanos, se lee que: ”La conducta de este senador compagina con su pretensión, en 1993, de bloquear los préstamos para Costa Rica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que se pagara la expropiación de la hacienda Santa Elena, propiedad de Joseph Hamilton”.

Nota 3: El tratado bilateral de inversiones de Costa Rica con Suiza (firmado en agosto del 2000 y aprobado el 12 de febrero del año 2002 – ver texto de la ley 8218) ha dado lugar a una demanda contra Costa Rica en el 2013 ante el CIADI de un grupo de accionistas suizos denominado Cervin Investment S.A. que controla mayoritariamente a la empresa mexicana Gaz Z por 30 millones de US$ (ver ficha técnica de la demanda, caso ARB 13/2): este caso, que se origina en intentos en Costa Rica para regular la distribución del gas, se encuentra pendiente de resolución, con audiencias realizadas el pasado 11 de julio del 2016, según indica la ficha sobre detalles procesales disponible aquí.

Nota 4: Sobre este caso contra Costa Rica, que, al parecer no ha despertado mayor interés en la literatura especializada, pese a tratarse de un proyecto minero altamente cuestionado, objeto de una serie de escándalos en Costa Rica a partir del 2008, remitimos al lector a nuestra breve nota: BOEGLIN N., “La solicitud de Costa Rica de poner término a la demanda de Infinito Gold ante el CIADI: breves reflexiones”, OPALC, Sciences-Po Paris, 15 de agosto del 2015. Texto disponible aquí.

Nota 5: Sobre esta última demanda contra Panamá, remitimos al lector a nuestra nota: BOEGLIN N., “A propósito de la reciente demanda contra Panamá ante el CIADI: breves apuntes”, OPALC, Sciences Po, Paris, mayo 2016, disponible aquí.

Nota 6: En una nota preparada por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá de mayo del 2011 (y destinada a las empresas norteamericanas interesadas en invertir en Colombia) se reconocía la dificultad que presentaba para el inversionista extranjero la legislación colombiana (al restringir la posibilidad de acudir a un arbitraje internacional), pero informaba que la suscripción de numerosos Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) por parte de Colombia podría cambiar la situación: se lee textualmente en esta nota que: “Since Colombia has become party to FTAs and multilateral and bilateral investment treaties, the number of international investment arbitration cases between investors and State entities will increase. These arbitration processes may help to change Colombian case law because FTAs, BITs and multilateral investment treaties empower arbitration tribunals to decide cases related to breach of treaty standards of investment protection”.

Nota 7: A raíz de un recorte en las subvenciones estatales para proyectos de producción de energía eólica y solar, España se ha visto inundada de demandas que la colocan por encima de Venezuela y de Argentina en el CIADI. En estos momentos, de los 212 casos pendientes registrados en el CIADI, España acumula 27 demandas (según las cifras oficiales del CIADI a la hora de redactar esta nota), seguida por Venezuela (24) y Argentina (17). En América Latina, luego de Venezuela y Argentina, aparecen con mayor número de demandas registradas en el CIADI Costa Rica (con cinco demandas), Perú (con tres demandas), Ecuador, México y Panamá (con dos cada uno), así como Bolivia, Colombia, El Salvador, con una demanda pendiente de resolución.

(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.lacapital.com.ar

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El cambio en Puerto Rico

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nils Castro

 

Hay períodos en que pareciera que muy poco ocurre y de pronto los acontecimientos se desatan; pero mientras el fondo de la situación da un giro hasta los buenos analistas demoran en notarlo. Y cuando sus apreciaciones se dejan llevar por la rutina, tampoco la izquierda escapa a esa tendencia. Este es el caso de lo que hoy sucede en Puerto Rico, donde la realidad inició una dinámica cualitativamente nueva, sin que algunos anticolonialistas se hayan percatado aún.

Así lo refleja la Declaración del reciente XXII Encuentro de una organización tan meritoria como el Foro de Sao Paulo, celebrado en San Salvador a finales de junio. Como de costumbre, reitera que “apoyamos la lucha heroica del pueblo puertorriqueño por su independencia y el justo reclamo de Argentina por su soberanía sobre las islas Malvinas”. Pese a la buena fe de esta frase, ligereza da lugar a algunas deficiencias. La más simple, que entre la inmovilidad de Malvinas y la actual agitación de Puerto Rico no hay más similitud que el accidente geográfico de que ambas son islas. Si es por el régimen colonial, entonces faltó incluir a Aruba, Martinica y otras posesiones del Caribe.

El segundo yerro está en que el caso de Malvinas es uno de integridad territorial, no de autodeterminación de los pueblos. Gran Bretaña arrebató ese territorio a Argentina y remplazó su escasa población con unos colonos trasplantados desde Inglaterra. Si sus descendientes votaran por cuál soberanía prefieren, escogerían a Londres. Al contrario, Puerto Rico es una nación histórica, donde cuatro millones de personas defienden una cultura propia, de pura cepa hispanoamericana y caribeña. La cuestión aquí es recuperar las condiciones necesarias para que este pueblo pueda decidir libremente su autodeterminación. Esto es radicalmente distinto al caso de Malvinas; reivindicarlos en pareja ‑‑y con omisión de las demás colonias antillanas‑‑ acarrea más confusión que solidaridad.

Pero el problema principal es otro. Es el de omitir que 10 años de recesión y una deuda impagable convirtieron el caso de Puerto Rico en un dolor de cabeza también para el gobierno estadounidense, y han puesto en crisis al sistema político colonial y a sus partidos. Frente a las inconformidades y reclamaciones puertorriqueñas, y las presiones de los acreedores de Wall Street, las autoridades norteamericanas han incurrido en dos decisiones terminales que anulan el régimen del llamado Estado Libre Asociado (ELA).

La primera es que la Corte Suprema estadounidense dictaminó que la isla carece de soberanía, toda la cual ejercerá exclusivamente el Congreso de Washington. La segunda que ese Congreso enseguida acordó crear una Junta de Control Fiscal cuyos integrantes nombrará la Casa Blanca, que no solo dirigirá los asuntos fiscales y presupuestarios de Puerto Rico sino que reorganizará la administración del país por encima del gobierno local electo por los puertorriqueños, para asegurar que los buitres de Wall Street cobren la enorme deuda, a expensas de quienes habitan la isla. Lo que convierte al llamado gobernador de Puerto Rico en un simple monigote ceremonial.

Los dos partidos cómplices del sistema colonial ‑‑anexionista uno y autonomista el otro‑‑, cuya ineficiencia y corrupción como gobernantes del país acumularon esa deuda, ven perecer su capacidad de neutralizar políticamente a la población. Para defender sus gastados privilegios, procuran dirigir las quejas y reclamos contra la nueva Junta, pero gran parte de esa población ya tiene claro que la causa de su drama socioeconómico, del desempleo y el empobrecimiento, y del descrédito del régimen político, es el sistema colonial. El que, ante el deterioro del panorama, apela a crear ese nuevo instrumento de dominación autoritaria.

Esto a su vez ha llevado al partido y las organizaciones independentistas no solo al momento de mayor auge político, sino también al de mayor progreso en la construcción de su unidad. Lo que significa que la solidaridad latinoamericana con la independencia de Puerto Rico ‑‑y el respaldo a sus actores y luchas‑‑ ya desbordó las frases usuales y reclama nuevos análisis e iniciativas, a tono con las actuales demandas y posibilidades de la situación.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de Internet.

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Fotocopia de la cédula

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Raúl Alvarado Sibaja

 

Allá por el año de 1970, existía en el centro de San José, en la esquina de avenida primera y calle primera, un local que ofrecía un servicio novedoso, o al menos así lo era para mí.

Era un sitio en donde usted podía llevar un documento y en unos pocos momentos usted podía tener una copia del mismo, a eso se le llamaba una fotocopia. No era barato, pero en algunas situaciones el tener esa copia podía ser de gran utilidad.

Menciono ese hecho, porque alguna gente joven, tal vez no se imagina como era la vida sin fotocopias. El tema puede ser muy extenso y me interesa aquí restringirme al caso de los servicios del estado.

Si usted, por ejemplo necesitaba hacer un trámite digamos ante una municipalidad, y era necesario identificarse, entonces simplemente el funcionario le pedía la cedula, verificaba que usted hubiera escrito correctamente los datos (su nombre y número de cedula), a veces anotaba en el documento “presentó cédula” y se la devolvía.

Esto ocurría más o menos de la misma manera en cualquier ministerio, institución autónoma, municipalidad, etc., tal y como todavía se hace en los bancos cuando usted necesita hacer una transacción.

Pero en algún momento, en alguna oficina, a algún genio se le ocurrió la genial idea (valga la redundancia), de que: para asegurarse de que los datos estuvieran correctos, (yo le llamo: el síndrome de la falsa sensación de seguridad del burócrata) era mejor exigir que junto a la solicitud se entregara fotocopia de la cédula.

A partir de ahí esta práctica se extendió como fuego en un pastizal seco. Recuerdo por ejemplo, en los años 80, las muchas discusiones que tuve con una secretaria (subalterna mía) para que NO exigiera la fotocopia de la cédula, requisito que ella había inventado para hacer los trámites de graduación. Al final siempre hacía lo que le daba la gana y no había manera de sancionarla.

El colmo fue a inicios de los 90, estaba haciendo yo un trámite ante la CCSS, y por variar me pidieron una fotocopia de la cédula; cuando la presenté, junto con los otros papeles, me la devolvieron: pues la fotocopia debía ser autenticada por un abogado.

Podría contar al menos otra anécdota, de cuando estaba haciendo los trámites de la pensión en el Banco Popular, pero estoy seguro que las amables personas que están leyendo esto, podrían agregar miles de anécdotas similares, todas ellas como para sentarse a llorar.

¿Se han puesto ustedes a pensar que posiblemente cada año, solo en CR, son millones de hojas de papel que se gastan haciendo fotocopias de cédulas, para trámites municipales, permisos de construcción, solicitudes de paja de agua, medidores eléctricos, patentes, en los ministerios, para solicitar bonos de vivienda, préstamos para compra de casas, carros, becas para los estudiantes de primaria, secundaria y universidades, etc., etc. Además, hay que comprar más y más archivadores para guardar esas montañas de papeles.

¿Y decimos que Costa Rica va a ser Carbono Neutral para el año 2020? ¡Qué buen chiste!

La fotocopia de la cédula en la enorme mayoría de los casos es innecesaria y debe erradicarse esta mala costumbre. Esto no se va a lograr de la noche a la mañana; pero con la colaboración de muchas personas lo lograremos.

¿Nos sentamos a llorar?, o ¿hacemos algo?

  1. En primer lugar, le insto a que reflexione un poco sobre el tema y tome conciencia de este absurdo. En todo caso, si realmente se ocupa tener copia de la cédula, el empleado(a) puede tomarle una foto, y guarda el archivo de la siguiente manera: Por ejemplo, mi cédula es 1 0367 0801, entonces puede guardar el archivo como 103670801a.jpg y 103670801r.jpg (anverso y reverso) en una carpeta llamada CEDULAS.
  2. Comparta esta iniciativa con otras personas, para que se vaya creando conciencia del despilfarro de papel. Cuando acuda a realizar un trámite y le pidan fotocopia de la cédula, por favor “cómprese el pleito” y pida hablar con el jefe para hacerle ver que ese es un requisito innecesario.
  3. Si conoce usted a alguna persona que ocupe el puesto de dirección de alguna oficina estatal que reciban solicitudes de servicios por parte de la población, por favor hágale llegar esta propuesta.
  4. Si usted es una persona que ocupa uno de esos puestos de dirección, por favor, analice si para los trámites que realiza el público se puede suprimir la fotocopia de la cédula y que simplemente el funcionario en ventanilla, pida la cédula, revise y anote en la solicitud “presentó cédula”. Tome usted mismo la decisión de eliminar la fotocopia
  5. Si usted, o alguien que usted conoce, tiene contacto con algún ministro(a), o funcionario de casa presidencial, por favor hágale llegar la siguiente excitativa: Para que la Presidencia de la República emita el siguiente decreto del Poder Ejecutivo:

La presidencia de la República de Costa Rica, tomando en cuenta el espíritu de la Ley8220 (Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos), y la meta de que Costa Rica llegue a ser un país carbono neutral, decreta:

“A partir del 1 de agosto de 2016, queda prohibido en todos los ministerios y otras dependencias del Poder Ejecutivo, pedir a los(as) ciudadanos(as), la entrega de fotocopia de la cédula, como requisito para realizar sus trámites.

Para poder apartarse de esta norma, la oficina que así lo considere, deberá justificar ante el Ministerio de la Presidencia, la razón por la cual en esa oficina Si es estrictamente necesaria la entrega de la fotocopia de la cédula.”

Soñamos con un mundo mejor, pero ese mundo mejor se construye “a pedacitos”, poco a poco, y solo con la participación suya y de mucha otra gente se puede lograr. Tal vez no se logre en unos pocos meses, pero lo importante es que la gente vaya tomando conciencia.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de Internet.

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A ochenta años de la Guerra Civil Española

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro (*)

A la memoria de Pedro Castro Espinoza, mi tío abuelo un antifascista cabal y consecuente

Segunda parte

Cuando un acontecimiento histórico tan intrincado y lleno de ramificaciones sociales, económicas, políticas, cultural y de orden militar además de geográfico, como fue el caso de la guerra civil española (1936-1939), alcanza los ochenta años sin que muchas de las heridas y de las interrogantes que dejó se hayan cerrado o pueden ser respondidas, con la mayor de las certezas posibles, nos corresponde a nosotros seguir trabajando en el tema de la memoria histórica y rescatar su importancia, al menos en el sentido que le daba Walter Benjamin(1892-1940) en sus tesis sobre la historia, escritas apresuradamente en el año de su trágica muerte y cuando la guerra que había aflorado en España, casi cuatro años antes, se convertía en un nuevo conflicto bélico mundial, con su desfile de horrores y barbarie que ya se habían conocido en los masivos bombardeos de Madrid, Guernica, Barcelona o en la Sierra de Guadarrama, por sólo mencionar algunos lugares o también parajes donde la violencia y la guerra sin cuartel fueron tomando forma, durante esos años turbulentos en los que nada parecía detener la brutal y perversa demencia del fascismo alemán, italiano y español, principalmente. En su sexta tesis Walter Benjamin nos decía lo siguiente: “Articular históricamente el pasado no significa conocerlo “tal como verdaderamente fue”. Significa apoderarse de un recuerdo tal como éste relumbra en un instante de peligro. De lo que se trata para el materialismo histórico es atrapar una imagen del pasado tal como esta se le enfoca de repente al sujeto histórico en el instante de peligro. El peligro amenaza tanto a la permanencia de la tradición como a los receptores de la misma. Para ambos es uno y el mismo: el peligro de entregarse como instrumentos de la clase dominante. En cada época es preciso hacer nuevamente el intento de arrancar la tradición de manos del conformismo, que está siempre a punto de someterla. Pues el Mesías no sólo viene como Redentor, sino también como vencedor del Anticristo. Encender en el pasado la chispa de la esperanza es un don que sólo se encuentra en aquel historiador que está compenetrado con esto: tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo, si éste vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer» (W. Benjamin, Bogotá 2010, p 22).

Es dentro de este espíritu que he decidido rescatar, también en nuestro medio latinoamericano, el capítulo costarricense de una lucha antifascista que cobró dimensiones continentales en esta parte del mundo, trayendo a cuenta la memoria de mi tío abuelo Pedro Castro Espinoza y el de su madre, mi bisabuela Avelina Espinoza, por su militancia antifascista en un medio clerical, hostil y reaccionario como era la Costa Rica de los años treinta del siglo anterior. No acudo a su recuerdo por mi particular relación de parentesco con ellos, la que ha venido depreciándose con el paso de las décadas y con la entrada del nuevo siglo, sino más bien porque fueron mis hermanos fraternos y nuestros camaradas en una lucha gigantesca y desigual donde el enemigo ha seguido venciendo, como nos los recuerda Benjamin, pero también como parte de una batalla por la memoria de lo que son nuestras luchas, aquellas que nos pertenecen, de manera legítima, porque reivindican nuestra condición humana y nuestra esperanza de un futuro mejor sobre esta tierra. Ellos dos militaron en el comité antifascista que se formó en este país durante la Guerra Civil Española, me contaba mi madre Rosa Cedeño Castro (1926-2008) con admiración y orgullo reiterados, enfrentándose a una clerecía católica fanática e integrista que se identificaba con la barbarie fascista, a pesar del catolicismo popular que profesaba mi bisabuela, una campesina nacida allá por los años 1870, tuvo las agallas para decirles a los curas fascistas NO PASARÁN. Es en memoria de ellos, pero principalmente de Pedro, quien cuando era muy joven había tomado las armas, en San Ramón provincia de Alajuela junto con su tío Manuel Espinoza, para luchar contra la dictadura de los Tinoco, durante el mes de marzo de 1918, resultando herido en combate, que me vinculé a la tradición y a la memoria de la lucha antifascista, un interminable y desigual combate que es preciso retomar en cada generación, pues el enemigo y el peligro que representa nos acechan siempre, tal y como nos dice el autor de las Tesis sobre la historia.

Esa memoria tan viva todavía hoy, en vísperas de conmemorarse los ochenta años del inicio de la guerra civil española, nos recuerda también un hecho esencial: el de que en la medida en que van desapareciendo los sobrevivientes de aquel temible conflicto, la memoria histórica va quedando reducida a la inmensa producción documental y fílmica a que dio lugar esa guerra. De ahí la importancia, de algunos libros esenciales sobre el tema, como es el caso de la obra del autor inglés Hugh Thomas “La guerra civil española” y “La revolución y la guerra de España” de Pierre Brouée y Émile Témine, dos universitarios franceses, pero también de los libros y documentos, no siempre muy accesibles, producidos por los participantes de los dos bandos en el conflicto armado, y también durante la fase posterior, cuando se instauró el régimen fascista del general Francisco Franco.

El estallido de la guerra civil española, entre el 17 y el 18 de julio de 1936, suscita una intensa reacción en los medios intelectuales europeos, latinoamericanos y hasta en los Estados Unidos, de manera que: “En Francia hubo una reacción inmediata por parte de algunos intelectuales. La noticia del levantamiento del ejército español, el 17 de julio de 1936, era apenas conocida cuando una mujer casi miope, con unos anteojos de vidrio cuyo grosor era sorprendente y sin el menor conocimiento de la estrategia militar, menos aún en el uso de las armas, se hizo presente sobre un frente improvisado de Aragón(donde ocurre la acción del film de Ken Loach, Land and Freedom) y logra poner sobre el terreno una brigada de veinte voluntarios franceses, italianos, búlgaros y españoles. Esta mujer, rica, de gran estatura intelectual, judía, bastante cercana al cristianismo, que había escapado de morir prematuramente en Inglaterra huyendo de la persecución nazi, es uno de los grandes pensadores franceses del siglo, Simone Weil”( v.g.r. Des créateurs contre la barbarie LES ÉCRIVAINS ET LA GUERRE D’ ESPAGNE Le Monde diplomatique août 1997).

El conflicto bélico se expande con gran rapidez, con la fuerza y la precisión de una onda expansiva, la que dará lugar a múltiples respuestas, entre los franceses antifascistas, como sucedió “Poco después, cuando el gobierno republicano no había reaccionado más que de manera confusa frente al sublevamiento del general Franco, André Malraux, con todos los riesgos y peligros, se presentaba delante del presidente Manuel Azaña y le hacía saber de su intención de crear una escuadrilla aérea, compuesta por pilotos voluntarios ¿cuál es la razón de este gesto? Estoy convencido, escribirá que las grandes maniobras del mundo contra la libertad acaban de comenzar” (ibid). Esta experiencia de lucha y combate aéreo se tradujo, poco después en un producto literario, su novela L’ Espoir, en la que “Il accompli le fameux dèsir de tout écrivain en parvenant à traduire littérairement des faits réels”(ibid). Otros autores europeos, entre ellos británicos como Eric Blair o George Orwell, estadounidenses como Ernst Hemingway o rusos como Antonov-Ovsenko, un bolchevique próximo a Lenin y a Trotsky durante la toma del Palacio de Invierno, en la revolución rusa de octubre de 1917, se hicieron presentes en los campos de batalla de España, dentro de un conflicto que fue adquiriendo dimensiones universales, a medida que fueron pasando los meses y semanas de cruenta lucha, en todo el territorio peninsular.

Esa memoria histórica, a la que el fascismo nazi-franquista trató en vano de aplastar y condenar al olvido, como el resultado de sus acciones desplegadas durante varias décadas, a medida que se fue haciendo lejano el recuerdo de la guerra civil española, es que la vuelve ipso facto hacia nosotros, como nos sucede en estos días, cuando acaba de llegarnos la noticia del deceso, ocurrido en la localidad francesa de Pau, hace apenas una semana, del miliciano antifascista y consecuente republicano andaluz, Virgilio Peña, el superviviente más viejo del campo de prisioneros nazi de Buchenwald, quien había: “Nacido en Espejo el 1 de enero de 1914…hijo de campesinos y jornaleros de la campiña cordobesa desde la más temprana edad se propuso romper las cadenas de la opresión y la ignorancia a la que habían sido condenados los de su estirpe. Ese espíritu rebelde y combativo lo acompañó hasta el final de sus días. Con sus 102 años de edad ha sido un testigo privilegiado de los hechos históricos más trascendentales de la España contemporánea”. (v.g.r. Carlos de Urabá MUERE EN FRANCIA VIRGILIO PEÑA, EL MILICIANO QUE JAMÁS QUISO ABANDONAR LA PRIMERA LÍNEA DE FUEGO en Rebelión del 11 de julio de 2016) del que Urabá nos dice “quien tan sólo hace unos días fuera condecorado con la Legión de Honor por parte del gobierno francés” (ibid), mientras continuaba siendo ignorado y tratado como un proscrito por el gobierno español de la llamada transición democrática que nunca ocurrió.

Virgilio Peña fue de aquellos que “con arrojo y valentía se enroló voluntariamente en las milicias populares en defensa del legítimo gobierno de la república víctima del golpe de Estado perpetrado por una camarilla de militares traidores el 18 de julio de 1936”(ibid). Después interviene en la campaña militar de la sierra de Córdoba y en el sur de Extremadura, para pasar después al frente de Teruel para cubrir la retirada del ejército republicano, combate en el frente de Gandesa y es herido, mientras que después de la derrota se ve obligado a pasar a Francia, siendo internado en el campo de Argeles sur la mer para ser explotado como mano de obra forzada, por parte del gobierno francés de la época. Al producirse, al año siguiente, la invasión nazifascista alemana escapó y se incorporó a la lucha de la resistencia en la que se mantuvo, hasta que al ser denunciado por colaboracionistas fue llevado al campo de Buchenwald, del que a duras penas alcanzó a sobrevivir, al ser liberado en abril de 1945. Para Carlos de Urabá: “Virgilio es un gran ejemplo para todos los republicanos españoles en Francia y también en España por ser una de las figuras más queridas de la memoria histórica. Jamás se amedrentó y supo llamar las cosas por su nombre al recordarle a los españoles lo que significó el nazi-franquismo y su nefasta herencia personificada en la abyecta monarquía borbónica” (ibid).

Como se ha podido apreciar, la guerra civil española trascendió desde el principio, las meras fronteras de España, aunque se trató de una guerra civil en estricto sentido. Podría decirse, más bien, que fue el primer capítulo de una nueva guerra civil europea, la que daba continuación de muchas maneras, al nunca solucionado conflicto bélico que había estallado en agosto de 1914, sólo que ahora en el país más atrasado social y políticamente de esa área continental.

(*) Sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).

 

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A ochenta años de la Guerra Civil Española

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro (*)

A la memoria de Pedro Castro Espinoza, mi tío abuelo un antifascista cabal y consecuente

 Primera parte

En este mes se cumplen ochenta años del inicio de la Guerra Civil Española (1936-1939), sin que las heridas que dejó abiertas esa confrontación bélica tan encarnizada, tan propia de esta modalidad del conflicto bélico, que es precisamente la guerra civil(v.g.r. “Dans la guerre civil, tout est permis” entretien avec Jean Clément Martin Revue L’ Histoire n° 267 juillet-Août 2002 page 56), la que preparó el camino para lo que ahora conocemos como la Segunda Guerra Mundial y dio origen al régimen franquista, una vez concluida la fase bélica (un encarnizado fascismo, que se entronizó con el apoyo militar de la Alemania Nazi y la Italia Fascista, además de la complicidad de Inglaterra y Francia durante toda la fase bélica, pero que fue, sobre todo en su esencia, un régimen sanguinario y represivo, que llegó en sus actos hasta unos límites incompatibles con la dignidad del ser humano, que estuvo basado en las prácticas de un catolicismo integrista y feroz, con la complicidad de alta jerarquía de esa iglesia, cuyos crímenes permanecen hasta la fecha en la impunidad), a la que sucedió durante un período casi cuatro décadas, hayan podido cerrarse, en modo alguno.

Dentro de la memoria de lo que fueron unos cruentos y despiadados hechos bélicos que dieron inicio, cuando entre el 17 y el 18 de julio de 1936, la mayor parte del ejército y las organizaciones políticas de la derecha española, sobre todo los falangistas y requetés monárquicos, con la complicidad de la mayor parte del clero católico, excepto en la región vasca, iniciaron un levantamiento armado contra la Segunda República Española, la que había dado inicio en medio de grandes expectativas el 14 de abril de 1931, cuando el monarca Alfonso XIII abdicó y se fue al exilio, tras una consulta electoral que le fue adversa, a la caída de la dictadura de Miguel Primo de Rivera(1923-1930), un período de intensa persecución para las organizaciones de la clase obrera, principalmente la Confederación Nacional del Trabajo o CNT, de filiación anarquista y la Unión General de Trabajadores UGT, de filiación socialista. Resulta imposible, en modo alguno, negar que las graves contradicciones entre las izquierdas y las derechas dentro de la República, con el tristemente célebre Bienio Negro y la Revolución o revuelta de Asturias, de octubre de 1934, protagonizada sobre todo por los mineros de esa región del norte de España, con la participación de los socialistas de la UGT, los anarquistas de la CNT y los comunistas, además de la cruenta represión a que dio lugar una vez derrotada, fue crispando el ambiente político y social, en un país con gran atraso en los órdenes de lo político y lo social. El triunfo electoral de las izquierdas, en febrero de 1936 y la liberación de miles de detenidos, en su gran mayoría participantes de la revolución de Asturias, marcaron un breve y tenso paréntesis, previo a la cruenta guerra civil que estaba por dar inicio, aunque algunos ministros de la propia república, de manera ridícula lo negaran, incluso a pocas horas del levantamiento armado de los militares fascistas.

Los generales Franco, Sanjurjo, Mola y Queipo del Llano lanzaron el alzamiento desde el protectorado de Marruecos, a partir del viernes 17 de julio, y atacaron con alguna dosis de suerte en Andalucía, donde sublevaron los cuarteles, logrando tomar Sevilla, Córdoba y otras ciudades ante la indecisión de las autoridades republicanas, muchas de las cuales no quisieron repartir las armas entre los trabajadores, dentro de los que nunca faltó la determinación para el desigual combate planteado. Lo cierto es que en Andalucía durante aquellos primeros meses del conflicto bélico, mientras las ciudades fueron cayendo en manos de los fascistas, el campo y la gran mayoría del campesinado permanecieron fieles a la república.

La respuesta armada al alzamiento fascista más determinante, en un primer momento, estuvo encabezada por el proletariado catalán y el madrileño, en el caso del primero bajo la conducción de Buenaventura Durruti (1897-1936), el líder de las organizaciones obreras anarquistas más importantes: la Federación Anarquista Ibérica(FAI) y la ya mencionada CNT, la que tuvo lugar entre la noche del sábado 18 al 19 de julio y durante todo el día siguiente, en que se combatió en las calles de Barcelona, hasta muy entrada la tarde de ese mismo domingo 19, mientras que al conocerse en Madrid las noticias de lo ocurrido en Cataluña, al ser derrotado el fascismo y los militares alzados en armas, las organizaciones obreras se aprestaron a la lucha armada y después de cruentos combates tomaron el famoso cuartel de la Montaña y derrotaron a los sublevados, también en la capital del país, con lo que el territorio español fue quedando dividido, de manera gradual, en dos partes y con ello daba así inicio a una prolongada, sangrienta y cruel guerra sin cuartel entre los llamados bando republicano y el nacional, a lo largo de casi tres años, dentro de lo fue un conflicto bélico con resonancias casi planetarias, además de unas temibles consecuencias que también lo fueron.

En Cataluña, afirma el escritor y líder anarquista José Peirats, en su libro “La CNT en la revolución española”, obra en tres tomos, editada en París, en 1971, por la editorial española en el exilio Ruedo Ibérico, lo siguiente: “Cuando comenzaron a cundir los rumores sobre la sublevación, una representación del Comité regional y de la Federación local de Barcelona estuvo en la Generalidad y en el Gobierno Civil para exigir la entrega del armamento al pueblo. El resultado fue negativo. En consecuencia, el mismo día 17 de julio, los militantes confederales del Transporte tomaron por asalto los “cuartos de armas” de los barcos Manuel Arnús, Argentina, Uruguay y Marqués de Comillas, anclados en el puerto de Barcelona. Las armas recogidas fueron depositadas en el local del sindicato. Una crisis de pánico sacudió a las autoridades. Conocido por éstas el paradero de las armas, ordenaron a la fuerza pública su inmediata recuperación. El sindicato del Transporte fue rodeado por los guardias de asalto. Pero ante la enérgica decisión de los confederales, que se negaban a entregarlas, se llegó a duras penas al acuerdo de entrega simbólica de una pequeña cantidad de ellas, quedando el grueso del alijo en manos de quienes, llegado el momento, demostraron saber cómo manejarlas”(Peirats, 1971, p.141) Este era el estado de ánimo que reinaba en Barcelona, durante el 17 y el 18 de julio, mientras que en Madrid, la situación era considerada de tal gravedad que durante “El día 18 por la noche, el comité nacional de la CNT declaró desde el micrófono de Unión Radio, de Madrid, la huelga general revolucionaria, invitando a todos los comités y militantes a no perder el contacto y a velar arma al brazo en el interior de los locales. El mismo Comité nacional procedió aquella misma noche a enviar delegados a todas las regionales, con consignas precisas”(Peirats, 1971, p. 141).

Mientras tanto en Cataluña, sucedió que: “En la madrugada del 19 de julio, gran parte de la guarnición barcelonesa abandonó los cuarteles para ocupar rápidamente los puntos estratégicos de la capital”(Ibidem). El enfrentamiento entre la clase obrera y los militares sublevados quedaba así planteado como un hecho, para las primeras horas de aquel domingo 19 de julio de 1936, cuando según Peirats “…empezó a producirse la reacción popular. Uno de los primeros choques tuvo lugar en la llamada Brecha de San Pablo, a corta distancia del Sindicato Único de la Madera. Los militantes del sindicato construyeron en pleno Paralelo una potente barricada, desde donde tuvieron a raya a las tropas durante cuatro horas” y aunque los confederales perdieron momentáneamente el local del sindicato, el que fue destruido por los militares sublevados “ A las doce se produjo un contrataque confederal envolvente por la retaguardia enemiga, que condujo a la victoriosa recuperación de las posiciones perdidas….A esta misma hora se producían hechos decisivos en el centro de la ciudad. Los grupos anarquistas, mezclados con guardias de Asalto y algunos números de la guardia civil, completaban el cerco de los focos facciosos de la Plaza de Cataluña. Sólo el éxito de nuevas fuerzas facciosas procedentes de los cuarteles de San Andrés y los Docks podía despejar la situación de los sublevados. Estos efectivos debían converger y trabar contacto con las fuerzas ya comprometidas. Su objetivo era el Gobierno Civil y el enlace con la con Capitanía general y Atarazanas (un cuartel, donde se combatió hasta muy entrado ese día y el siguiente, en cuya toma fue muerto Francisco Ascaso, uno de los líderes más queridos de la CNT). El proletariado confederal de la Barceloneta, unido a contingentes de la fuerza pública, defraudó completamente las esperanzas de las columnas de refresco, compuestas por regimientos de caballería y artillería. Los violentos combates librados en la Avenida de Icaria inclinaron el triunfo del lado del pueblo. En la lucha cuerpo a cuerpo quedó completamente resquebrajada la disciplina militar. Mezclados los soldados con el pueblo, no tardaron en sufrir su contagio, produciéndose inmediatamente una corriente de simpatía popular. Los soldados empezaron a romper las guerreras y volver las armas contra sus jefes”(Peirats, 1971, p.p. 141/142).

En la capital española, el día lunes 20 de julio, según la obra ya citada de Peirats “David Antunes, secretario provisional del comité nacional (de la CNT), con sede en Madrid, atestigua lo siguiente: “Residencia del Comité Nacional de la CNT. Una habitación estrecha y obscura. Apenas si podemos movernos. Voces desordenadas, gritos, fusiles, muchos fusiles. El teléfono no cesa de llamar. No hay posibilidad de entenderse. Sólo el ruido de los cerrojos de los fusiles, manejados por compañeros que quieren aprender deprisa el manejo de los mismos, deja oir su canto de guerra. Llegan noticias alarmantes. Todos los cuarteles de Madrid se han levantado en armas. Toledo, Guadalajara y Alcalá de Henares han hecho lo propio. Estamos cercados. En torno a Madrid los fascistas han logrado forjar un cinturón de bronce. Ya no es sólo el cuartel de la Montaña, que en esos momentos (once de la mañana del día 20) está siendo bombardeado por un aparato leal. La indignación va subiendo, ganando a todos. Madrid se abrasa, en aquella hora única, en sus propias llamas. Tiros por todas partes. Se dice que por el Barrio de Salamanca los fascistas han logrado hacerse dueños de numerosos lugares estratégicos. Cojo el teléfono. Órdenes a las barriadas. Hay que ahogar la rebelión cueste lo que cueste. Sigue el bombardeo. Madrid parece un infierno. La bravura de sus hijos en aquellas horas dramáticas merece ser escrita en letras de oro. Por la Gran Vía descienden unos soldados de caballería hacia el cuartel de la Montaña. Son hijos del pueblo que vienen de Vicálvaro con algunas piezas de artillería. La gente nos los deja avanzar. Se arrojan a ellos, estrechándolos en sus brazos ¡Muchos lloran de alegría! Automóviles, numerosos automóviles, cruzan veloces, llevando racimos humanos colgados de los estribos. Grandes columnas de humo se elevan por sobre los edificios de Madrid hacia el cielo. De todas las iglesias y conventos “se zumba” de lo lindo. No hay un momento de reposo. El pueblo parece movido por un único resorte. La fiebre nos abraza a todos. Puede decirse que todo Madrid se ha puesto en pie. A medida que va conociéndose lo grave de la situación, aumenta el ardor revolucionario en el pueblo. Este parece tener un solo cerebro y una sola voluntad. Ningún poder, piensa uno, podrá dominar este ciclón. Los que lo han desatado tendrán que morder el polvo de la derrota. El teléfono suena una vez más. Cojo el auricular, y un compañero me grita que el cuartel de la Montaña ha caído. Los de la CNT, a la cabeza, despreciando la muerte, con algunos guardias de Asalto y jóvenes socialistas, entran en tromba arrasándolo todo. Era el poder el pueblo que se disponía a hacer justicia. La única justicia creadora y fecunda. En aquella hora solemne (doce del mediodía del 20 de julio de 1936) moría a manos del pueblo todo un régimen. Las balas que segaron la vida de oficiales y jefes del Ejército del cuartel de la Montaña no mataron a unos hombres: mataron a toda una sociedad”(Peirats, 1971, p.p. 143/144). Con ello había dado inicio la revolución española, con las metas y objetivos de la clase obrera y el campesinado con sus organizaciones de lucha, aunque a la larga resultara imposible derrotar al fascismo español, que estaba apoyado por sus congéneres nazis y fascistas alemanes e italianos, además de la complicidad de Inglaterra y Francia, las que abandonaron a la Segunda República Española a su suerte, aunque después les correspondiera ser las víctimas de los bombardeos masivos de la aviación alemana o luftwaffe, la que en abril de 1937, había bombardeado la población vasca de Guernica, causando innumerables víctimas.

Con estos hechos tan dramáticos y sangrientos, quedó planteado un conflicto cuyas heridas y recuerdos más dolorosos sacuden la memoria de las nuevas generaciones, sobre todo por la impunidad de los crímenes del régimen franquista, cuyos herederos ha procurado, por todos los medios y con innumerables complicidades, antes y durante la mal llamada transición a la democracia en España, a partir de 1978 y hasta el presente, hundir en el olvido las justas demandas de las víctimas y de sus familiares, los que todavía no encuentran justicia, ni la posibilidad de un acercamiento mínimo a la verdad histórica, por parte de una derecha tan hipócrita y totalitaria, como la representada por el fascismo español y sus actuales herederos.

(*) Sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).

 

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Al Gobierno antes del 25 de julio

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gadi Amit

 

Mensaje al gobierno para el 25 de julio:

Para hablar de este gobierno, por ahorro de tiempo, tocaré dos temas importantes.

1.-Las quemas agrícolas:

Hace 14 años la Sala Constitucional nos dio la razón y ordenó tomar medidas para terminar con ese daño a la salud y al ambiente.

La Procuraduría General de la República que es abogado del Estado, hace un análisis legal del asunto y concluye que el MAG viola la Constitución, al dar permisos de quemas.

Y este gobierno, igual que los anteriores, favorece a los grandes empresarios azucareros, Taboga, El Viejo, CATSA y El Palmar, para que sigan quemando, como forma de bajar sus costos y aumentar sus ganancias. Nos pasan esos costos a la CCSS, la salud de los habitantes y al medio ambiente.

Y el GOBIERNO… Nada de nada.

2.-El problema del agua:

El problema más grande de Guanacaste y de Costa Rica. Estamos subvencionando a los grandes derrochadores. A pesar de que el discurso dice que la prioridad es el consumo humano.

Cada uno de nosotros tenemos un medidor en casa y pagamos cientos de colones por metro cúbico de agua.

Los grandes gastadores de agua, tienen concesiones enormes y gastan sin límite, porque no tienen medidores. Además, pagan por el mismo metro cúbico 12 centavos de colon.

No estamos contra la producción, sino porque esta se haga usando la tecnología moderna de riego (goteo o aspersión); cosa que no hacen porque les regalamos el agua.

La propuesta del gobierno, PIAAG, es más agua para riego.

Más agua para regalar a los ricos.

¡¡Qué vergüenza!!

 

*Imagen con fines ilustrativos.

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La peligrosa ignorancia de los necios

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Callaci

 

Con esa prepotencia que caracteriza a los acólitos de todo lo que hace y deshace el país de las barras y las estrellas, la de los que creen saber lo que no saben a los cuales Sócrates ubicaba en la peligrosa ignorancia de los necios, un ciudadano de ese país nos hizo la temeraria afirmación, en uno de los espacios de opinión en las redes sociales, de que su adorado imperio podía destruir en pocas horas el poderío militar de Rusia y China juntas. Con la debida prudencia y respeto que nos merecen las voces discrepantes de nuestras opiniones nos permitimos responderle lo siguiente que deseamos compartir:

Tienen ustedes la lengua tan suelta cuando hablan de guerra entre naciones porque no la conocen en su propio territorio. Ni por asomo la han sufrido como sí otros pueblos, en cuenta los que hace referencia. En esa infinita estupidez humana de la que hablaba Einstein les cuesta identificar un país en el mapa, ignoran quiénes son sus habitantes su historia, su lengua y su cultura. Solo cuando deciden invadir para asegurar dominios y de paso saquear riquezas se informan bien.

Viven de apariencias y llenan sus bocas de falsedades porque carecen de argumentos. No podrían jamás tenerlos, para justificar tanto crimen como los que le siguieron a las bombas atómicas arrojadas sobre dos ciudades indefensas matando a cientos de miles de inocentes; uno de los peores genocidios de la historia sobre el cual no les ha pasado siquiera por la mente pedir perdón. Las innumerables invasiones, el uso de armas químicas y los golpes de Estado en América Latina y en otras latitudes para imponer cruentas dictaduras son parte de una dramática historia que sigue provocando grandes cataclismos sociales de refugio, locura y cementerios.

El recuento del arsenal que dice poseer su país, que con tanta petulancia, altanería y “orgullo” exhibe usted, solo ha demostrado servir para aplastar a otros como parte de ese típico matonismo que los caracteriza. Finalizo mi respuesta para decirle que lo suyo no es más que un típico “botellazo de cantina” de esos ambientes que tan bien nos describe Hollywood, de licor barato, plomo y boñiga, la pianola que toca sola y sus “damitas” heroínas. Pero felizmente los que así se comportan son cada vez los menos, para bien de la pervivencia de la especie humana y del propio planeta tierra.

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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