En una edición más, el programa Alternativas presentará la temática: “Realidad Ecuatoriana Actual y sus perspectivas.”
El panel de participación se encuentra conformado por: Cristina Muñoz, quien es máster en Relaciones Internacionales y especialista en Estudios Europeos, Universidad de Pécs, Hungría; así como Verónica Calvopiña; comunicadora e investigadora comunitaria, WAMBRA.EC. También estará Manuel Felipe Álvarez-Galeano, escritor, latinoamericanista y filólogo; así como Tito Astudillo Sarmiento, máster economista en comunicación y marketing político, docente, y articulista de opinión.
Como es habitual, el programa se transmitirá a las 18:00 horas (-6 UTC), por Facebook live, YouTube y Spotify. Y se retransmitirá el sábado a las 22:00 horas por Radio Actual en la emisora 107.5 FM, Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía y Radio Revolución.
Desarrollo humano cantonal: bajos niveles de desarrollo humano en las costas y fronteras y su relación con la violencia y la vulnerabilidad a los desastres
German Masís
Los nuevos resultados del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2024, elaborado por el PNUD y la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, nuevamente refleja condiciones desiguales para las costas y fronteras.
En este informe del Atlas, el análisis provincial revela que los cantones fronterizos de Costa Rica están más rezagados en términos de desarrollo humano y que los cantones de las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón se sitúan en su mayoría por debajo del promedio nacional.
Entre los principales hallazgos de este informe, los cantones con menor desarrollo humano fueron Matina, Buenos Aires, Los Chiles, San Mateo, Guatuso, Coto Brus, Talamanca, Guácimo, La Cruz y Dota y 5 cantones descienden a la categoría de bajo desarrollo humano (Coto Brus, Nandayure, Matina, Buenos Aires y Osa).
Los cantones que completan los 25 cantones con el IDH más bajo, además de los mencionados son, Corredores, Osa, Limón, León Cortés, Garabito, Parrita, Nandayure, Montes de Oro, Sarapiquí, Upala, Hojancha, Golfito, Pococí, Acosta y Tarrazú.
Al ajustar el IDH por desigualdad (IDH-D), 5 cantones descienden a la categoría de bajo desarrollo humano (Coto Brus, Nandayure, Matina, Buenos Aires y Osa).
Por su parte, los 25 cantones con el IDH ajustado por Desigualdad son; Talamanca, Hojancha, los Chiles, León Cortés, Guatuso, la Cruz, Guácimo, Sarapiquí, Corredores, San mateo, Upala, Garabito, Dota, Golfito, Limón, Acosta, Cañas, Puntarenas, Montes de Oro y Siquirres, más los 5 antes mencionados.
En relación con el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), a pesar de la disminución general de la pobreza multidimensional, solo dos cantones se consideran con una pobreza muy baja (Montes de Oca y Flores) y uno con una pobreza muy alta (Los Chiles).
Aproximadamente el 10% de la población vive en cantones con alta o muy alta pobreza multidimensional. La mayoría de los cantones clasificados con un IPM alto o muy alto se encuentran en zonas fronterizas (seis de once), tanto en la Zona Norte como en la Zona Sur. (ElPaís.cr,1-11-2024)
En esta ocasión, el informe del Atlas de Desarrollo Humano profundiza en la correlación ente el desarrollo humano, la desigualdad, la pobreza y la violencia, estableciendo que el menor desarrollo humano, la alta desigualdad y la pobreza suponen situaciones de vulnerabilidad por escasas o menores capacidades personales y comunitarias, así como más precaria o débil presencia institucional.
Pero esta no es una relación unidireccional, debido a que la violencia afecta desproporcionadamente a las personas más vulnerables, perpetúa y amplifica la desigualdad en varios aspectos del desarrollo humano, incluidos los derechos, los ingresos, la salud, la educación y la representación política.
Se señala, que una persona en situación de pobreza, viviendo en contextos empobrecidos, se encuentra en condiciones que restringen el ejercicio pleno de sus derechos y libertades y lo colocan en una situación de vulnerabilidad frente a diversas situaciones, entre ellas la violencia y el delito. Las situaciones prolongadas de pobreza por definición implican insuficiente, ineficiente o ausente acciones del Estado, es decir, servicios inexistentes o de baja calidad con nula o débil presencia institucional.
Igualmente, indica que a menor Desarrollo Humano mayores son las violencias contra las mujeres. Así los cantones de Corredores, Osa y Los Chiles tienen Índices de Desarrollo Humano Cantonal medio, Osa el Índice de Desarrollo Humano Cantonal Ajustado por Desigualdad más bajo, y Los Chiles, en ellos el Índice de Desigualdad de Género Cantonal presenta una alta desigualdad.
En estos cantones, las desigualdades económicas y sociales son exponenciales respecto del resto del país, lo que coloca a las mujeres a una mayor exposición frente a las violencias: la pobreza estructural, el uso cotidiano de armas, las dinámicas del crimen organizado, la violencia crónica y la ausencia y/o debilidad de las respuestas institucionales, entre otros aspectos, refuerzan procesos violentos que afectan en forma diferenciada la vida de las mujeres, niñas y adolescentes e identidades sexo-genéricas en sus territorios como así también en sus experiencias de movilidad humana, justo en dos de los cantones fronterizos (Corredores y Los Chiles).
La solución de un problema multicausal como la inseguridad ciudadana o la violencia en el ámbito de las comunidades pasa por atender oportuna y efectivamente los factores de riesgo que la propician, es crucial fortalecer estrategias de prevención, especialmente para personas y comunidades en riesgo inmediato de verse vinculados a la violencia interpersonal.
Así mismo, es fundamental una fuerte y permanente presencia institucional que incluya, entre otras cosas, la mejora de la oferta educativa, incluyendo la infraestructura y el acceso a la tecnología; el desarrollo de capacidades para la empleabilidad, la generación de oportunidades de empleo y la creación y habilitación de espacios públicos, con participación comprometida de los gobiernos locales y las instituciones nacionales.
De la misma forma, el impacto de eventos destructivos, incluso si no llegan a un nivel de desastre pueden convertirse en un factor de incremento de la pobreza debido a sus efectos sobre la producción, la infraestructura pública y servicios, así como sobre los medios de vida y bienes de las personas en un territorio. Está claro además que las comunidades en situación de pobreza suelen estar más expuestas a estos embates y sufrir efectos mayores debido a una alta exposición a las amenazas, la falta de infraestructura adecuada, viviendas seguras y menor capacidad para recuperarse de las consecuencias, que pueden llegar a ser de muy largo plazo.
Los efectos mayores de los eventos de este período se han dado en zonas cercanas a la frontera norte y sur, y que además son cantones con bajos IDH. En este sentido es importante resaltar como un problema estructural el hecho de que los cantones del territorio Norte-Norte, Upala, Los Chiles y Guatuso presentan una importante recurrencia de eventos casi anual, generando una acumulación de daños y pérdidas en periodos tan cortos que no dan oportunidad para una recuperación, reactivación y mejora de los indicadores de desarrollo.
El informe concluye, que cuando el desarrollo humano no es suficiente o se deteriora, nos encontramos frente a una distorsión que constituye uno de los factores subyacentes para explicar la inseguridad ciudadana y la vulnerabilidad frente a los desastres naturales, los niveles territoriales de desarrollo humano por debajo del promedio nacional, presentan altas manifestaciones de violencia, delito y destrucción en los hogares y comunidades de las zonas costeras y fronterizas. (PNUD, AtlasdeDesarrolloHumanoCantonal,2024).
El 7 de noviembre se cumplieron 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el voto femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, derecho a la salud, la paz social, la educación, las garantías sociales, la jornada laboral de 8 horas, la seguridad jurídica, la división de poderes (Legislativo, Ejecutivo, Judicial), que es de suma importancia para una sana democracia, pero sobre todo, fundó las bases de un modelo de Estado Social que le permitió a la población de nuestro país un enorme progreso y desarrollo.
Nuestra Carta Magna fue promulgada durante el período histórico conocido como la fundación de la Segunda República, en el gobierno de facto de José Figueres Ferrer, don “Pepe”, pero los avances que trajo para nuestra población están hoy amenazados de muerte, quizá como nunca antes, con el gobierno de Rodrigo Chaves Robles.
Intentos como el de implementar las jornadas laborales 4×3 y derribar la histórica jornada laboral de 8 horas, la venta de instituciones públicas como el BCR y el INS y ni qué decir de la conocida Ley Jaguar, sobre la cual la Sala IV, bajo el expediente 24-021741-0007-CO interpuesto por el Tribunal Supremo de Elecciones, encontró vicios de constitucionalidad.
Como actora social, creyente y practicante de los valores de Justicia Social, considero que alejarse de las ideas que se integraron en la Constitución Política de 1949 es una grave amenaza a nuestro modelo de Estado Social que se alimentó de la diversidad de distintas corrientes de pensamiento durante la primera parte del Siglo XX en nuestro país y que lograron consolidar un modelo social que, a pesar de múltiples intentos para destruirlo, continúa en pie.
Si hay que avanzar hacia un nuevo modelo de Constitución, deberá ser tomando en cuenta la integración de los Derechos Humanos y la consolidación de nuestro modelo de Estado Social y no a la inversa, mientras no sea ese el camino, deberemos seguir defendiendo la actual constitución y lo que su legado histórico ha representado para el desarrollo y progreso social de los habitantes de nuestra Patria.
Hitler y Mussolini, los grandes dictadores y líderes autoritarios de Alemania y de Italia, desde inicio de la década de 1920 hasta 1945, cuando fueron derrotados, al concluir la II Guerra Mundial, por ellos provocada, en el interior de sus países organizaron, a su alrededor cuerpos de seguridad personal, de represión y de apoyo particulares. Estos organismos de seguridad eran dirigidos por ellos, a quienes les reportaban mediante la estructura de conducción política, policial y militar que tenían.
Me detendré en las más tenebrosas, por su mayor y amplio conocimiento público como fueron las policías especiales que impulsó Adolfo Hitler, las llamadas SA, la SS. Y GESTAPO.
La Sturmabteilung o “SA” correspondió a una unidad que se usaba de asalto, la cual se desarrolló como una organización voluntaria de milicias ciudadanas. En Alemania se conocieron como las Camisas Pardas, por el uniforme que usaban. En Italia se les llamó Camisas Negras. En el caso alemán el color pardo era para distinguirlas de las “SS” que usaban uniformes negros con camisas blancas.
El término Sturmabteilung se originó por las tropas de asalto especializadas que tenía el Imperio Alemán en 1918. Las “SA” tuvieron un papel muy significativo en el ascenso de Hitler en la década de 1920 y primer lustro de la década de 1930, hasta cuando fueron integradas a las “SS” en la década de 1930.
La “SA” reclutó soldados o militares de experiencia y de buena preparación física para dar seguridad y proteger a los dirigentes del partido nacional socialista alemán. Luego las hicieron de amplia afiliación. Era la organización a cargo de realizar actos violentos contra grupos opositores.
En Alemania como en Italia estas organizaciones se desarrollaron al calor de los partidos políticos que dirigían Hitler y Mussolini, que ya en el poder se desarrollaron y fortalecieron como parte de la estructura institucional, jurídica, militar y policial.
El presidente Chaves no ha tenido oportunidad de impulsar su particular organización policial-militar desde un partido político, porque no tiene partido político propio, ni formó parte de un Partido político donde él fuera su principal dirigente.
Llegó a la Presidencia como candidato, ad hoc, para la ocasión de la campaña electoral del 2022. Fue la cara electoral de un partido que él no dirigía, del cual no es dirigente de nada.
Como presidente, por sus peroratas de los miércoles, ha logrado calar en sectores populares, bien manipulados con sus cortinas de humo de intentar resolverles sus problemas fundamentales, lo que los partidos políticos tradicionales, poderes públicos y fuerzas opositoras, entre ellas, algunos medios de comunicación no se lo permiten o le entraban las posibilidades de ayuda y de solución de problemas.
En su discurso dirigido a los sectores populares que han estado marginados por años, por diversos gobiernos y partidos políticos, les ha sembrado la idea de qué con él, con Chaves, hay esperanzas si lo dejan actuar, aunque sea a la fuerza, contra las instituciones o sin ellas, que le permitan tomar decisiones sin controles institucionales, constitucionales y legales.
Esta gente que no ha “ganado” nada, “nada” tiene que perder con Chaves. Tiene “posibilidades” de ganar, es el discurso y la imagen de la “esperanza” lo que les ofrece, y le siguen. No es casual el aumento de su popularidad personal, después de la visita de Bukele que empató con la tragedia climática que afectó al país, que el gobierno tuvo que atender, teniendo los recursos para ello.
El presidente Chaves con sus convocatorias provocativas contra instituciones públicas como la Asamblea Legislativa, la Sala IV y la Corte Suprema de Justicia, ha llevado a pequeños grupos, por ahora, de personas fanatizadas con él, a agredir verbalmente a sus miembros, y en cierta ocasión a provocar un conflicto de calle, casi cuerpo a cuerpo, con otros ciudadanos. En una ocasión frente a la Sala IV, uno de los manifestantes, un profesor universitario jubilado, de manera desaforada y desquiciada pidió la muerte del presidente de la Sala Constitucional, camino para pedir la muerte de cualquier otro ciudadano por parte de estas turbas que se movilizan al canto de sirena del presidente.
La “SA” alemana fue la organización encargada de preparar estos actos violentos y confrontativos con otros grupos de ciudadanos y otros partidos políticos.
Los rasgos de mando de la “SA” fueron de obediencia exclusiva a sus mandos militares, quienes rendían obediencia a Hitler. Cuando Hitler asumió el poder, en 1933, la “SA” se consideraba la escolta y la escoria de Hitler que amenazaba a los diferentes líderes del partido nacional socialista.
La “SA” era estimada como una organización radical, extremista y peligrosa. La “SA” fue usada para peleas callejeras con uso de armas convencionales. La “SA” fue la encargada de llevar a cabo la llamada “Noche de los cuchillos largos” y la Noche de los cristales rotos”, acciones que se realizaron contra la comunidad judía. Fueron también los quemaban libros y atacaban locales de opositores. La “SA” hitleriana fue temida incluso por las otras estructuras policiales y militares de la organización institucional hitlerista. La lealtad con Hitler se aseguraba con el control que él mismo tenía de esta organización militar. De la misma forma, la lealtad de la Unidad Especial de Intervención con el presidente Chaves deviene del control personal y jerárquico que él tiene sobre sus miembros. En esta dimensión Chaves es igual que Hitler el “Oberster SA-Führer”.
El presidente Rodrigo Chaves, trata de impulsar la Unidad Especial de Investigación, que depende directamente de la Presidencia de la República, que solo a él le reporta y obedece.
Los miembros de esta Unidad Especial de Investigación le rinden obediencia a su jefe directo, inmediato, que se desempeña como viceministro de Seguridad, y con él al presidente Chaves, pasándole por encima al mismo ministro de Seguridad Pública.
La “SA” tenía una serie de funciones y oficinas vinculas a su quehacer militar. La Unidad Especial de Intervención tiene igualmente una serie de funciones ampliadas, por el decreto inconstitucional publicado el pasado 21 de noviembre en La Gaceta, que le da el carácter político represivo y de tipo militar que tenía la “SA”.
La “SA” fue una organización paramilitar institucionalizada de voluntarios que imponían su ley. La Unidad Especial de Intervención no tiene todavía ese carácter, pero cada día le están ampliando las posibilidades de actuación y de intervención institucional, con posibilidad de crear los falsos escenarios de inseguridad ciudadana que les dé la potestad de actuar violentamente.
Recientemente, se ha propuesto un proyecto de ley para eliminar el Ministerio de Gobernación, de manera, que entre otras cosas, la Policía de Migración se pase a Seguridad Pública para ir concentrando, por ahora, en esa instancia todos los órganos e instancias policiales del país, sobre los que la Unidad Especial de Intervención podría dirigir y someter desde sus potestades ampliadas desde el pasado 21 de noviembre.
En el Decreto del jueves 21 de noviembre se aumentan las potestades de un órgano policial administrativo, que está en la Ley General de Policía, adscrito a la Presidencia de la República, y es dependiente y obediente directamente del presidente, llamado Unidad Especial de Intervención, considerada como un cuerpo especializado en operativos de alto riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico, términos que pueden ser fácilmente atribuibles a distintos comportamientos.
En sus funciones también se le dieron la de proteger a los miembros de los supremos poderes, el cuerpo diplomático acreditado en el país y todos los jerarcas del Poder Ejecutivo, en su diversidad de ministerios e instituciones públicas, cuyos directivos se considere merezcan esa protección.
La Unidad Especial de Intervención se ubica por la realidad como un brazo policial y militar de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, independiente de ella, para contener acciones terroristas, intervenir contra las acciones orientadas a la seguridad nacional y contra secuestros y actividades similares, que puedan afectar a los diferentes miembros del gobierno y de atender todo aquello atinente a la seguridad nacional de Costa Rica.
Estrictamente la Unidad Especial de Intervención no es un cuerpo netamente de inteligencia. Para ello tiene que apoyarse en la Dirección de Inteligencia y Seguridad y en el Organismo de Investigación Judicial, cómo en aquellos otros organismos policiales y de seguridad que desarrollan la llamada inteligencia policial.
La Unidad Especial de Intervención puede realizar seguimientos de personas, intervenir sus comunicaciones, desde ministros, diputados, magistrados y cualquier opositor político o antigubernamental, según se considere, y según Chaves ordene actuar contra él, como se hizo contra el diputado Ariel Robles y el Fiscal General de la República, Carlo Díaz. El Fiscal mismo ante la Asamblea Legislativa denunció que estas funciones y acciones eran realizadas por la Unidad Especial de Intervención, señalando acciones de espionaje.
En la práctica el Decreto del 21 de noviembre ha justificado lo que se ha venido haciendo desde el año pasado, se ha “legalizado o decretado” lo que inconstitucionalmente el gobierno de Chaves ha venido realizando.
Hitler quería en Alemania mantenerse en el poder, para llegar a dominar a la población y poder justificar la necesidad de ‘limpiar’ a Alemania. Cuando el presidente Chaves acusó y denunció que todos los presidentes de Costa Rica desde 1949 hasta el 2022 habían sido dictadores y tiranos, que solo habían gobernado a favor de grupos afines a ellos, en contra del pueblo, lanzó el mismo mensaje de Hitler, de limpiar al país de los grupos corruptos que han gobernado antes que él para poder satisfacer las necesidades del pueblo que él, Chaves, quiere hacer. Para ello, con Bukele afirmó la necesidad de gobernar con “seguridad para lograr la prosperidad”, el binomio ideológico que necesita para gobernar a la fuerza.
La “SA” fue una fuerza policial política. La Unidad Especial de Intervención es igualmente una fuerza policial política, al servicio exclusivo del presidente Chaves, que se acompaña con la idea mesiánica que Chaves tiene de sí mismo, que vende, como se llamó a sí mismo, el Moisés que conduciría al pueblo por el camino correcto, casi como “salvador de la Patria”, lo que le da estos resultados emocionales en las encuestas que le siguen valorando como persona, no tanto como gobernante, de manera favorable.
La Unidad Especial de Intervención, como la “SA”, es usada para investigar, seguir y controlar a todas las personas que trabajan directamente con el presidente, entre ellos los mismos ministros. De paso investigan y rastrean opositores, como quedó en evidencia cuando el Poder Ejecutivo, al referirse a un diputado del Frente Amplio lo exhibió en todos los pasos que había realizado en varios días. También ha sido usada para seguir políticos, empresarios y otras personas.
La Unidad Especial de Intervención tiene que verse como una organización extremista y peligrosa, como un brazo policial militar de un terrorismo de estado que puede estarse montando con este grupo militar por su esencia, formalmente camuflado de carácter policial.
En sus posibilidades operacionales tiene capacidad de intervenir conversaciones telefónicas, computadoras, de extraer información y de “meter”, “sembrar”, “plantar”, información falsa que comprometa para que la persona investigada pueda ser detenida y sometida a procesos judiciales, después de reducirlo a procesos policiales, que podrían incluir torturas por el grado de entrenamiento de algunos de sus oficiales, que tienen el entrenamiento militar altamente especializado en esos campos, como en el de franco tiradores, es decir de especialistas en disparar selectivamente a una persona con capacidad de matarlas desde distancias de más de 1000 metros.
En esta dimensión de “sembrar “ información pueden incluso llegar a crear la sensación de una desestabilización política que se le quiera hacer al presidente, un intento de golpe de estado, que le permita solicitar suspensión de garantías y actuar dictatorialmente, siguiendo al presidente Bukele con esos períodos, lleva 32 aprobaciones legislativas, de suspensión de las garantías, con lo cual el presidente puede actuar como un dictador, un tirano, un déspota, sin controles judiciales, mientras los ciudadanos frente a eso quedan totalmente desprotegidos e inermes.
La organización de las “Escuadras de protección” que impulsó Hitler, las llamadas Schutzstaffel , conocidas como “SS” era el grupo selecto, la élite del ideal alemán impulsado por Hitler.
Las “SS”, fundadas en 1929, cuando las crearon, les dieron la funciones de la seguridad, la identificación del origen étnico, la política de establecimiento demográfico, y la recopilación y el análisis de información de inteligencia; controlaban las fuerzas policiales alemanas y el sistema de los campos de concentración, represivos y carcelarios. Entre otras cosas, también atendieron la eliminación de los judíos, lo que llamaron la “solución final”. Cuando el gobierno del presidente Chaves impulsa el control en Seguridad Pública de la Policía de Migración, da esta sensación de impulsar una “limpieza” de extranjeros en el país.
Las “SS” se basaron en la lealtad a Hitler, como la Unidad Especial de Intervención lo es al presidente Chaves. Hitler nombró a Heinrich Himmler como el líder de las “SS”. Chaves ha designado como el líder de la Unidad Especial de Intervención al viceministro de seguridad, a quien le dio la tarea de iniciarla con 14 oficiales escogidos por él, como una guardia élite, y les dotó de nuevos vehículos y otros medios de trabajo.
De las organizaciones represivas del régimen nazi, estas “SS” fueron las más prestigiosas. El Tribunal de Núremberg, cuando juzgó a los nazis, declaró a las “SS” como una organización criminal.
Otra organización nazi de carácter represivo fue la Geheime Staatspolizei o Gestapo, que era la que actuaba como Policía Secreta del Estado. Algo similar tiene la Unidad Especial de Intervención. La “SS” fue la organización policial y militar que más brutalmente actúo contra la población. La Unidad Especial de Intervención, en potencia, tiene esta misma función.
La Gestapo, como policía política, era la responsable de proteger el régimen, y a sus gobernantes, de sus supuestos enemigos. Tenía autoridad para investigar y combatir todos los intentos de amenazas al Estado, al gobierno, o autoridades. Tenía facultades para investigar traiciones, espionaje, sabotaje, ataques criminales. Para ello se valía de informantes, vigilantes, de poder realizar cateos en domicilios, usar métodos brutales de interrogación, como los que se usan en los manuales de interrogación, y de tortura, en las cárceles que tiene Estados Unidos en Guantánamo. ¡Cuidado, que instructores militares especializados en estos interrogatorios estén entrenando a los miembros de la Unidad Especial de Intervención y de otros organismos similares en el país!
Sobre estas policías como la SA, la SS, la Gestapo y la Unidad Especial de Intervención, continuaré en próximos artículos.
El peligro de esta última, es que con ella se incuba la posibilidad de un instrumento de carácter represivo de incalculables dimensiones, de peligro a las mismas libertades y derechos constitucionales y de enorme preocupación sobre el futuro democrático de Costa Rica.
En ciernes tenemos la formación de un dictadorzuelo, o un gran dictador, según sea su evolución, que está en proceso acelerado de maduración, llamado Rodrigo Chaves Robles, que conduce al país por la vía de la militarización y la destrucción de las instituciones democráticas.
Con la deuda mundial acercándose a los cien billones (trillion en inglés) de dólares, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda a los gobiernos reducir el déficit y prever nuevas reservas para hacer frente a la crisis que seguramente vendrá, probablemente más pronto de lo que nos imaginamos, advirtió el mes pasado su directora, Kristalina Georgieva.
Las cifras dieron pie a diversas reflexiones. David Dodwell, director ejecutivo del Hong Kong-APEC Trade Policy Study Group, destacó que, en Washington, ven con preocupación como, por primera vez, el servicio de la deuda superará el presupuesto militar: 870 mil millones de dólares, frente a 822 mil millones. Con una deuda de más de 36 billones de dólares, solo en intereses Estados Unidos paga alrededor de 3.000 millones diarios.
Impresionantes también son los datos sobre las consecuencias económicas de la guerra israelí en Gaza: los daños en infraestructura son estimados por organismos financieros internacionales en 18,5 mil millones de dólares. Limpiar 37 millones de toneladas de escombros puede tomar 14 años (o más), mientras que restaurar la economía tomará siete décadas.
En medio de la tragedia humana, de los cerca más de 40 mil muertos, mujeres y niños la mayoría, la economía de Gaza se hundirá un 14% este año, comparado con el año pasado. En todo el territorio palestino ocupado la economía se desplomará un 35%.
La otra guerra, en Ucrania, ha hecho que los gastos militares del país aumenten hasta representar 37% del Producto Interno Bruto (PIB) y un 58% de los gastos del gobierno. En Rusia esos gastos representan casi 6% y 16% respectivamente.
Con las tensiones aumentando en prácticamente todo el mundo, los gastos de la OTAN alcanzaron, el año pasado, 1,34 billones de dólares, de los cuales más de dos tercios corresponden a Estados Unidos. Representaron 55% de los gastos militares mundiales, de acuerdo con el Instituto Internacional de Estocolmo de investigaciones sobre la Paz (SIPRI).
El desorden del mundo
Para ilustrar ese mundo quizás nos sirva la idea de Richard Haass, expresidente del Council on Foreign Relations –un prestigioso think thank norteamericano sobre política internacional–, expuesta en su libro “A World in Disarray”, publicado en 2017, que podemos traducir como “Un mundo desordenado”.
Haass –que, entre otros cargos, fue director del equipo de planificación política del Secretario de Estado Colin Powell, durante la primera administración de George W. Bush– analiza el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, al final de la Guerra Fría. Las cosas se complicaron desde el principio, afirma. Con los rusos derrotados en Afganistán –sus tropas abandonaron el país en febrero de 1989–, Estados Unidos contribuyó a “aumentar los problemas y a humillar” el país, dice Haass. Más importante todavía –agrega– fue la decisión de ampliar la OTAN en los años 90’s, bajo la administración Clinton. Una política que resultó ser “una de las más consistentes y controvertidas de la posguerra fría”.
Las consecuencias de esa decisión han sido analizadas desde los más diversos puntos de vista. Si la OTAN debe subsistir como un pacto militar y Estados Unidos seguir siendo un miembro activo –dijo el notable diplomático norteamericano George Kennan, fallecido en 2005– “yo esperaría que pudiéramos encontrar una manera de no darle el aspecto de una alianza orientada contra ningún país específico, sino más bien como expresión de un interés más duradero en la seguridad y la prosperidad de todos los países europeos de lo que es ahora”.
No ha ocurrido así. La OTAN se expandió hacia el este en diversas olas, de carácter cada vez más ofensivo, dirigidas contra Rusia, hasta que ese avance amenazó con llegar a sus fronteras con Ucrania.
Un mundo unipolar
El presidente ruso, Vladimir Putin, expresó reiteradamente su punto de vista sobre las consecuencias de esa decisión, que hoy son bien conocidas. Su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en 2007, es citado con frecuencia. Entonces el presidente ruso era invitado a esa conferencia. Hoy ya no lo es. Pero volver a ese discurso debería ayudarnos a encontrar una salida al laberinto en que estamos metidos.
Lo que está ocurriendo hoy –dijo entonces Putin– es el intento de introducir el concepto de un mundo unipolar. ¿Con que resultados? Con el abuso de la fuerza militar en las relaciones internacionales, con el desprecio por los principios básicos de la ley internacional, con un Estado -Estados Unidos– saltándose las fronteras nacionales, tratando de imponer un modelo económico, político, cultural. Esto es extremadamente peligroso. El resultado es que nadie se siente seguro, advirtió Putin.
La expansión de la OTAN hacia el este no tomó en cuenta la sugerencia de Kennan, que fue embajador en Rusia en 1952 (donde fue declarado “non grato” por Stalin). Tampoco los líderes políticos de Occidente, en Washington o en Europa, han oído las advertencias rusas sobre los límites de esos avances, ni considerado sus preocupaciones de seguridad. Concluida la Guerra Fría, no fue Moscú quien avanzó hacia el oeste, sino Occidente quien llevó sus tropas hasta las fronteras rusas. ¿Con qué fin?
Olga Khvostunova, del Programa Eurasia del Foreign Policy Research Institute, por ejemplo, se refirió a esas “líneas rojas” establecidas por el Kremlin, cuya violación supondría represalias masivas, incluyendo un ataque nuclear. Las miraba en menos. Khvostunova estimó –en un artículo publicado en septiembre pasado en Foreign Policy– que, a medida en que avanzaba la guerra, diversas “líneas rojas” se cruzaron “sin repercusiones significativas”.
Desde su perspectiva, parece que ni la invasión de Ucrania, en febrero del 2022, ni el uso del nuevo misil balístico hipersónico contra un complejo industrial en la ciudad de Dnepropetrovsk, luego de la utilización por Ucrania de los misiles occidentales para atacar territorio ruso, deben ser vistos como una respuesta a los nuevos avances de Occidente en el escenario de la guerra.
Los analistas del Institute for the Study of War (ISW) -una institución alineada con los intereses de Occidente– estiman que Putin trata de inflar artificialmente las expectativas sobre sus capacidades militares, destacando las características de su nuevo misil. Estiman que esa arma no es más que una adaptación del misil Kedr, que Rusia ha venido desarrollando desde 2018-2019 y no representa un recurso militar novedoso.
La balcanización de Europa
No es la opinión de líderes como el primer ministro polaco, Donald Tusk, una de las voces más agresivas contra Rusia en Europa, para quien “la amenaza de un conflicto global es realmente seria y real”. O para el canciller alemán, que habla de una “terrible escalada”.
Un artículo del diario español El País, del 22 de noviembre pasado –“La OTAN convoca una reunión urgente con las autoridades de Kiev tras el lanzamiento de un misil ruso de nueva generación”–, explica los acontecimientos como una escalada rusa.
Los rusos tienen una visión distinta. Afirman que los misiles estadounidenses, ingleses y franceses, que Ucrania comenzó a utilizar para atacar su territorio, no pueden ser usados sin la participación de personal militar occidental. “Los propios ucranianos no pueden hacer esto”, dijo el portavoz oficial del Kremlin, Dimitri Peskov. El uso del novedoso misil de alcance intermedio “no es una escalada, sino una respuesta a la escalada provocada por Occidente”, afirmó.
El 1 de diciembre Europa giró un poco más a la derecha, en opinión de la periodista Ella Joyner, de la agencia alemana DW. Ese día asumió una nueva Comisión Europea, encabezada nuevamente por la demócrata cristiana alemana Ursula von der Leyen, con la exprimera ministra estoniana, Kaja Kallas, a cargo de la política exterior y el exprimer ministro lituano, Andrius Kubilius, a cargo de defensa, ambos particularmente agresivos contra Rusia.
En su presentación ante el parlamento europeo –que también giró aún más a la derecha en las últimas elecciones– Kallas reiteró la importancia de la victoria de Ucrania y pidió sanciones contra China –que ve como un “rival sistémico”–, por su apoyo a Rusia. “China debe pagar por sus relaciones con Rusia”, afirmó.
Con poco menos de 1,4 millones de habitantes, cerca de 20% de la población de Estonia está en riego de pobreza, según estadísticas oficiales. El Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 3% el año pasado. El país se ha mantenido en recesión en 2004 y las previsiones son de un débil crecimiento en los próximos años, como resultado de diversos factores, incluyendo la pérdida permanente de insumos baratos procedentes de Rusia.
En otra cartera clave de la nueva Comisión Europea, la de Defensa, creada expresamente para esta ocasión, el lituano Andrius Kubilius se caracteriza también por su posición particularmente agresiva frente a Rusia, que califica como un Estado patrocinador del terrorismo. Es partidario de incautar los cientos de miles de millones de dólares rusos congelados en Europa, una medida polémica, que otros países europeos ven con más cautela.
En una muestra del clima antirruso que prevalece en los países bálticos, a mediados de noviembre la estatal Radio y Televisión de Lituania (LRT) despidió al periodista Aigis Ramanauskas. Ramanauskas había sugerido matar a quienes ven películas rusas o escuchan música rusa en el país. En su opinión, era indispensable alejar a los niños de esas personas. Ante las reacciones provocadas, se explicó: «Esto es lo que quiero decir a nuestros rusoparlantes: –No, queridos conciudadanos, no insté a que los mataran. No se trataba de ustedes, aunque está claro que odio sinceramente lo que conocemos como ‘mundo ruso'».
Con la política exterior europea en manos de representantes del este europeo; con Inglaterra en franca decadencia, fuera de la Unión Europea; con Francia y Alemania sumergidos en una crisis política y económica, una inevitable tercermundización de Europa, con una derecha extrema controlando el parlamento y la Comisión, con una visión cada vez más provinciana de la política exterior, Europa es, nuevamente, una renovada amenaza para el mundo.
Los partidos políticos y los gobiernos de extrema derecha o de ultraderecha, aparecen como anti-sistema, sea enemigos del viejo modelo de gobierno basado en el bipartidismo, la corrupción y los privilegios. Las banderas que levantaron por décadas la izquierda y el movimiento progresista fueron arrebatadas por la extrema derecha, que se rebeló contra un sistema político necrosado, con gangrena.
Esta “rebelión” de la extrema derecha contra ese sistema anquilosado es lo que le genera influencia y apoyo en amplios sectores populares, incluso de los trabajadores y de las trabajadoras. El pueblo ya estaba cansado de tanta promesa que no cambiaba nada.
En Costa Rica ese hartazgo se empezó a manifestar en el gobierno de Laura Chinchilla y fue el partido Acción Ciudadana, PAC, quien logró aprovecharlo; era claro, entre Johnny Araya y Luis G. Solís, que la decisión fue contra el statu quo político corrupto.
El PAC capitalizó todo el malestar popular contra el sistema político desde una perspectiva progresista. En otras palabras, el PAC fue la expresión progresista contra el sistema bipartidista, corrupto y anti-democrático.
El gobierno de Solís rápidamente se distanció de sus postulados anti-sistema para caer en las redes de la politiquería, torpedeado incluso desde sus propias filas por Ottón Solís.
El segundo gobierno fue producto aún de la lucha entre el modelo político corrupto bipartidista (PLN-PUSC) y una nueva forma de hacer política. Ante el peligro de que la ultraderecha neopentecostal tomara el gobierno, las fuerzas progresistas y otras, inclinaron la balanza. Pero ya se percibía en el horizonte a la ultra-derecha queriendo capitalizar todo ese descontento, pero lo reducimos solo a un asunto de derechos sexuales.
La entrega y traición del PAC de Alvarado, entregando el gobierno a la ultraderecha del PUSC, terminó de alejar a los sectores populares de cualquier alternativa progresista. El PAC pagó su traición con la muerte.
Sin embargo, los sectores populares no querían volver al viejo sistema corrupto del bipartidismo y menos después de la enorme decepción del supuesto progresismo proclamado por el PAC. Era preferible un desconocido que Figueres, sin lugar a dudas.
Rodrigo Chaves es la manifestación de la ultraderecha contra el bipartidismo corrupto y ahora contra el progresismo que incumplió con su traición.
Sus improperios contra diputados, jueces, magistrados, universitarios y todo aquel que ose oponérsele, es bien recibido por esa masa que considera que cualquiera que esté mejor es su enemigo y debe ser condenado. Es la gente contra un sistema de justicia que no solo es lento, sino que ha favorecido a los ricos, un poder legislativo improductivo, un sistema tributario inequitativo, pensiones de lujo, etc., que ha calado hondo en las gentes. Aunque, Chaves y su gobierno no han resuelto los problemas más sensibles de la gente, lo apoyan por su actitud contra esos privilegios y corruptelas.
Me refiero rápidamente a estos elementos porque son el contexto en que se encuadra una política de alianzas.
Los retos, peligros y amenazas a los cuales se enfrenta el país son reales e inmediatos y hay que hacerles frente. Por eso ante ello es conveniente una política de alianzas y unidad de puertas abiertas, para aglutinar a todos los ciudadanos dispuestos a detener el deterioro democrático y defender las libertades conquistadas.
Pero la unidad no es para volver al pasado.
La Alianza no puede ser para defender el viejo “orden” del bipartidismo corrupto.
Se trata de una alianza para avanzar, para recuperar el sistema democrático, pero para mejorarlo y ampliarlo, para iniciar una trasformación progresista, sea en bien del pueblo, ante el sistema corrupto del bipartidismo.
Una Alianza para acabar con los peligros del grupo ultraderechista de Chaves y su séquito, pero también para superar el viejo sistema político del bipartidismo-corrupción.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
Foto del bombardeo en Gaza ocurrido el 13 de noviembre del 2024 en el area de Al-Mawasi: se puede apreciar el impacto causado en el suelo debido al uso de potentes artefactos explosivos que Irael utiliza de manera reiterada al bombardear campamentos de desplazados y refugiados en Gaza. Foto extraída de artículo de prensa titulado » ‘I don´t care who´s president there. I just want may kids to survive in Gaza’ «, Magazine+972 (Israel), edición del 14 de noviembre del 2024
Nota del autor: una versión en francés de este mismo texto algo ampliada está igualmente disponible en este enlace
«29. En mayo, la Comisión de Investigación concluyó que Israel, mediante su “asedio total”, había convertido en arma de guerra la retención de bienes vitales, incluida la asistencia humanitaria, para obtener beneficios estratégicos y políticos, lo que constituía castigo colectivo y represalia contra la población civil, y, por ende, violaciones directas del derecho internacional humanitario. Según la Comisión de Investigación, la práctica de Israel de hacer padecer hambre como método de guerra afectaría a toda la población de Gaza durante décadas, y tendría consecuencias especialmente negativas para los niños. En sus solicitudes de órdenes de detención, el Jefe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional concluyó que, mediante su asedio total a Gaza y las restricciones arbitrarias a la transferencia de suministros esenciales, así como los ataques contra civiles, la obstrucción de la ayuda y los ataques a trabajadores humanitarios y la matanza de personal humanitario, Israel había utilizado medios criminales para alcanzar sus objetivos militares y el castigo colectivo como parte de un plan común. Cabía citar entre ellos los de causar de manera intencionada la muerte, la inanición, grandes sufrimientos y lesiones graves, hacer padecer hambre como método de guerra y dirigir intencionalmente ataques contra civiles».
Extracto del informe de Naciones Unidas A/79/363 (véase enlace) objeto de un comunicado de prensa del 14 de noviembre del 2024 titulado «UN Special Commitee finds Israel´s warfare methods in Gaza consistent with genocide, including use of starvation as weapon of war» (véase enlace) escasamente referenciado en medios internacionales de prensa.
Introducción
El pasado 21 de noviembre del 2024, la Sala de lo Preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció haber confirmado y emitido órdenes de arresto contra dos altos dirigentes de Israel y contra un jefe del brazo militar del Hamás en Gaza.
Se trata más precisamente de órdenes de arresto contra el actual Primer Ministro y Ministro de Defensa de Israel hasta hace una pocas semanas (véanse comunicado de prensa oficial de la CPI en francés y comunicado de prensa en inglés ) y en contra de un jefe militar del Hamás que se considera responsable de planear y de coordinar el ataque del 7 de octubre del 2023 (véase comunicado de prensa en francés y en inglés).
En su primer comunicado con relación a autoridades de Israel, se lee que los jueces de la CPI consideraron que:
«With regard to the crimes, the Chamber found reasonable grounds to believe that Mr Netanyahu, born on 21 October 1949, Prime Minister of Israel at the time of the relevant conduct, and Mr Gallant, born on 8 November 1958, Minister of Defence of Israel at the time of the alleged conduct, each bear criminal responsibility for the following crimes as co-perpetrators for committing the acts jointly with others: the war crime of starvation as a method of warfare; and the crimes against humanity of murder, persecution, and other inhumane acts.The Chamber also found reasonable grounds to believe that Mr Netanyahu and Mr Gallant each bear criminal responsibility as civilian superiors for the war crime of intentionally directing an attack against the civilian population«.
En su segundo comunicado relativo al jefe militar del Hamás, se lee que para la CPI,
«The Chamber found reasonable grounds to believe that MrDeif, born in 1965, the highest commander of the military wing of Hamas (known as theal-Qassam Brigades) at the time of the alleged conduct, is responsible for the crimes against humanity of murder; extermination; torture; and rape and other form of sexual violence; as well as the war crimes of murder, cruel treatment, torture,; taking hostages; outrages upon personal dignity; and rape and other form of sexual violence.The Chamber found reasonable grounds to believe that Mr Deif bears criminal responsibility for the aforementioned crimes for (i) having committed the acts jointly and through others and (ii) having ordered or induced the commission of the crimes, and (iii) for his failure to exercise proper control over forces under his effective command and control«.
La declaración hecha por el mismo Fiscal de la CPI el 21 de noviembre merece también ser mencionada (véase texto), en la que señala que:
«As I emphasised in May, these applications were made following an independent investigation, and on the basis of objective, verifiable evidence vetted through a forensic process.I appeal to all States Parties to live up to their commitment to the Rome Statute by respecting and complying with these judicial orders. We count on their cooperation in this situation, as with all other situations under the Court’s jurisdiction. We also welcome collaboration with non-States Parties in working towards accountability and upholding international law«.
En algunos círculos se espera que sean mucho más que dos las personas en Israel llevadas ante la justicia penal internacional de La Haya. En esta reciente entrevista hecha desde un medio israelí (Magazine+972, en su edición del 26 de noviembre), se lee que para uno de los representantes legales de las víctimas palestinas ante la CPI,
«Additional indictments are not just possible — they are probable. The ICC’s jurisdiction covers crimes committed since 2014, a period that encompasses a wide range of documented violations, including extrajudicial killings, illegal settlements, and the blockade of Gaza. These are not isolated incidents but part of a broader pattern of systemic oppression.»
De algunas reacciones
Como ya viene siendo costumbre, en Israel sus máximas autoridades no encontraron nada mejor que acusar de «antisemitismo» a los tres jueces de la CPI que tomaron esta decisión (véase nota del TimesofIsrael). Estas declaraciones de dirigentes israelíes no son nuevas y se oyeron en este 2024 con respecto a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) (véase nota del Timesof Israel del 26 de enero), al Secretario General de Naciones Unidas (véase nota del TimesofIsrael), así como con relacion a la Asamblea General de Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos o a relatores y expertos en derechos humanos de Naciones Unidas. Este tipo de declaraciones por parte de Israel puede explicar el origen de las amenazas contra dos integrantes de la CPI que denunció este 28 de noviembre su Presidenta en un comunicado oficial (véase texto en francés y en inglés).
Por su parte, una ONG como Amnistía Internacional expresó su profunda satisfacción por esta decisión no sin exigir, acto seguido, a todos los Estados Partes al Estatuto de Roma de 1998 que crea la CPI, cumplir de ahora en adelante con todas sus obligaciones y cooperar plenamente con la CPI (véase comunicado de prensa). En igual sentido se pronunció Human Rights Watch (véase comunicado). Es de señalar que tempranamente, desde el 23 de octubre del 2023, los investigadores de Amnistía Internacional habían detectado y documentado la comisión de crímenes de guerra en Gaza por parte de Israel (véase su comunicado de entonces): en aquel momento, la cifra de muertes en Gaza ya alcanzaban las 3.800 vítimas.
Consecuencia imprevista o no de esta decisión de la CPI en Israel, las informaciones relativas a la irresponsabilidad de su Primer Ministro antes del ataque perpetrado por el Hamás del 7 de octubre de 2023 han sido detalladas en los principales diarios israelíes (véase por ejemplo esta nota del TimesofIsrael del 24 de noviembre de 2024), de las que el medio digital israelí Magazine +972 venía informando en una entrevista cuya lectura es más que recomendada desde el 11 de noviembre (véase entrevista). El pasado domingo 24 de noviembre, las más altas autoridades israelíes arremetieron contra un diario israelí con una línea editorial sumamente crítica como lo es Haaretz (véase nota de Haaretz y nota de ElPais en España).
De algunas reacciones oficiales en el hemisferio americano
Como era de esperar, a penas dada a conocer la decisión de la Sala de lo Preliminar de la CPI, la Oficina de la Casa Blanca en Estados Unidos emitió un comunicado desacreditando a la CPI por esta decisión (véase comunicado oficial del mismo 21 de noviembre).
En América Latina, algunos Estados acogieron con gran satisfacción la decisión de la CPI: el comunicado oficial emitido por el aparato diplomático de Chile merece mención, el texto leyéndose de la siguiente manera:
«21 de noviembre de 2024
El Gobierno de Chile ha tomado conocimiento de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional, de dictar órdenes de arresto contra el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, y contra el comandante de Hamas, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, por los presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Israel y en Palestina, en el marco del actual conflicto.
Chile recuerda que en enero de 2024 remitió, junto a México, la situación de Palestina ante la CPI para la investigación de los crímenes cometidos tanto en Palestina como en Israel, por nacionales de ambos Estados.
Chile formula un llamado urgente a las partes en conflicto a poner fin a las gravísimas violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos cometidas contra civiles, que han afectado, particularmente, a la población palestina en Gaza, en especial a mujeres y niñas y niños inocentes.
Finalmente, el Gobierno de Chile respalda el trabajo que desarrolla la Corte Penal Internacional y espera que todos los Estados colaboren con su investigación y decisiones, las que son de obligatorio cumplimiento, a objeto que estos graves delitos no queden en la impunidad.»
Otros como Argentina consideraron oportuno rechazarla mediante un simple tweet de su máxima autoridad (véase nota de prensa).
Nótese que el aparato diplomático de Paraguay – omiso sobre la decisión de la CPI, al igual que el de Argentina – el día anterior emitió un comunicado en el que anunciaba gestiones con las autoridades de Israel para trasladar su Embajada de Tel Aviv a Jerusalén (véase comunicado del 20 de noviembre).
Además de la lectura del comunicado oficial emitido por Chile o el de Colombia contenido en esta nota de prensa, se sugiere un ejercicio adicional: sus respectivos contenidos pueden ser comparados al extraño contenido del comunicado oficial emitido por Costa Rica (Nota 1). Escrito posiblemente con algo de premura, sin pasar por algun tipo de revisión de estilo, este comunicado contiene un grave error, al señalar de manera errónea que:
«La Corte Penal Internacional (CPI)se instituyó luego de la segunda guerra mundial sobre los principios del Tribunal de Nuremberg, que establecieron claramente y por primera vez la responsabilidadpenal por crímenes internacionales«.
¿Se ignorará la fecha de adopción del Estatuto de Roma en julio de 1998 en el servicio de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica?
La otra frase según la cual la CPI «estudia situaciones remitidas por Estados parte o por el Consejo de Seguridad de la ONU» también es incompleta y resulta totalmente errónea aplicada en específico al caso de dirigentes de Israel y del Hamás. Como profesor de derecho internacional público, invitamos a los encargados del departamento de comunicación de este ministerio (y a su jefatura) a leerse los artículos 13 y 15 del Estatuto de Roma de 1998, cuya versión integral en español está disponible en este enlace. Salvo error de nuestra parte, ningún otro comunicado oficial de un Estado se dedicó a intentar explicar de manera breve (e incompleta) el orígen y funcionamiento de la CPI y a mencionar a otros tribunales internacionales.
Finalmente, desde el punto de vista formal, hay manera de expresar el contenido de la frase siguiente de una manera mucho más adecuada, omitiendo un estilo y al final un «etc» que parecieran corresponder a generalidades encontradas en algun diccionario o enciclopedia digital:
«La Corte se enfoca en las víctimas, y ante la Corte todas las víctimas tienen el mismo derecho a la justicia, sean de cualquier país, grupo étnico, religión, etc.»
La comparación del texto difundido por Costa Rica puede no solamente hacerse con el texto circulado por el aparato diplomático de Chile, sino extenderse al comunicado de Sudáfrica (véase texto), al de Francia (la cual «prend acte» de esta decisión de la CPI – véase comunicado de prensa – sin olvidar manifestar su apoyo a la CPI), o bien al emitido por el aparato diplomático de Irlanda (véase texto).
También merece mención el comunicado de una reunión de integrantes del G7 en Italia dado a conocer este 26 de noviembre (véase comunicado), en el que se lee -en este caso omitiendo toda referencia a la CPI por probable insistencia de Estados Unidos – que:
«In exercising its right to defend itself, Israel must fully comply with its obligations under international law in all circumstances, including International Humanitarian Law. We reiterate our commitment to International Humanitarian Law and will comply with our respective obligations«
Se espera ver si en el marco de otros recintos regionales, como el marco regional hemisférico, los Estados de América Latina y del Caribe serán capaces de adoptar un comunicado conjunto mucho más preciso y contundente: en el marco de la CELAC por ejemplo, que presidirá Colombia dentro de unos pocos días.
Nótese que Costa Rica es Estado Parte al Estatuto de Roma desde junio del 2001, ha llegado a presidir en varias ocasiones la Asamblea de Estados Partes. Además, posee desde varios años a un juez en la CPI de su nacionalidad, el cual recientemente, integró una Sala de la CPI que condenó formalmente a Mongolia por no haber arrestado al Presidente de Rusia cuando se encontraba en su territorio, siendo éste objeto de una orden de arresto emitida por la CPI en marzo del 2023 (véase decisión del 24 de octubre del 2024).
Revisando comunicados oficiales en este 2024 adoptados con relación a la crisis en Gaza y la CPI, en el caso de México un comunicado de enero del 2024 informando sobre su gestión con Chile ante la CPI (véase comunicado official) bien hubiese podido servir de inspiración… para una gestión similar por parte de Costa Rica, que se ha «destacado» por no activar ningún mecanismo desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, en aras de frenar el ímpetu destructor de Israel en Gaza. Nótese que este 29 de noviembre, se indicó que Costa Rica, conjuntamente con Chile, España, Francia, Luxemburgo y México, remitieron una solicitud conjnta urgente («referral«) con relación a la situación de las mujeres en Agfhanistán (veáse documento con fecha del 28 de noviembre remitido a la CPI y comunicado oficial de Chile). En su declaración del 29 de noviembre en la que acoge esta solicitud conjunta, el Fiscal señala que su oficina investiga la situación desde el 2017 (véase declaración).
Estados Unidos y una legislación lista para sancionar a la CPI
Con relación a Estados Unidos específicamente, conviene recordar esta iniciativa del Congreso norteamericano del 7 de mayo de 2024, cuyo objetivo es sancionar a la CPI si se aventurara en algún momento a ordenar una investigación o un enjuiciamiento de los responsables políticos y militares de los aliados de Estados Unidos. Esta iniciativa, aprobada en junio de 2024 (véase nota de TheGuardian), se justifica, según el preámbulo,
«Imponer sanciones con respecto a la Corte Penal Internacional comprometida en cualquier esfuerzo por investigar, arrestar, detener o procesar a cualquier persona protegida de Estados Unidos y sus aliados » Traducción libre del autor de «To impose sanctions with respect to the International Criminal Court engaged in any effort to investigate, arrest, detain, or prosecute any protected person of the United States and its allies ».
En este texto no se menciona a Israel, pero es interesante observar que la iniciativa se presentó el 7 de mayo de 2024, apenas unas semanas antes de que el Fiscal de la CPI solicitara públicamente órdenes de detención contra dos dirigentes israelíes y tres de Hamás el 20 de mayo. Cabe señalar que en la lista de los patrocinadores de esta insólita iniciativa del Congreso estadounidense, aparecen los nombres de algunos de los allegados al nuevo presidente electo de Estados Unidos el pasado 5 de noviembre y que ha decidido nombrar para ocupar puestos importantes en su futura administración.
Argentina, nuevo refuerzo de Israel en América Latina
En el caso de Argentina, resulta notorio que desde hace unos meses participa en la (sumamente modesta) coalición pro-israelí en Naciones Unidas, sustituyendo con su voto incluso el voto de las pequeñas islas del Pacífico (Islas Fidji, Micronesia, Nauru, Palau) que han decidido ya no apoyar a Israel en este 2024: véase al respecto la votación de una resolución en la Cuarta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre los Altos del Golán (territorio sirio ocupado por Israel) con 152 votos a favor y 5 en contra (Argentina, Estados Unidos, Israel, Papua Nueva Guinea y Tonga) al que refiere este comunicado de Naciones Unidas del 20 de noviembre del 2024.
La dupla Argentina-Paraguay se había «destacado» también el pasado 14 de noviembre en Nueva York, cuando la Tercera Comisión votó su tradicional resolución sobre el derecho a la libre determinación del pueblo palestino (véase comunicado de prensa de Naciones Unidas, pasado por alto en los medios de prensa norteamericanos…) con una mayoría raramente alcanzada de 170 votos a favor, 9 abstenciones y 6 votos en contra: Argentina, Estados Unidos, Hungría, Israel, Paraguay, Nauru y República Checa.
En América Latina, entre los votos a favor se destacaron en este 2024 para esta precisa resolución el de Guatemala, Panamá optando por abstenerse (cuando había votado a favor en el 2023), al tiempo que Argentina y Paraguay parecieran sustituir a los pequeños Estados isleños del Pacífico que en el 2023 acompañaron a Israel y a Estados Unidos, votando en contra de esta misma resolución (Nota 2).
Un breve recuento con relación a la decisión de la CPI del 21 de noviembre pasado
La solicitud de órdenes de arresto presentada por el Fiscal de la CPI esperaba pacientemente desde el pasado 20 de mayo del 2024: en efecto, fue la fecha en la que el Fiscal de la CPI anunció formalmente haberlos solicitado contra tres dirigentes del Hamás y contra las dos precitadas autoridades israelíes (véase enlace a anuncio en francés y en inglés). Estados Unidos manifestó el mismo 20 de mayo su oposición categórica al anuncio hecho por el Fiscal (véase comunicado del Departamento de Estado).
Tuvimos al respecto la oportunidad de analizar el alcance del anuncio del Fiscal de la CPI (véase nuestra breve nota al respecto del mismo 20 de mayo) así como también, unos meses después, las gestiones realizadas por varios Estados de América Latina ante la CPI para confortar dicha solicitud en agosto del 2024: véase nuestra nota al respecto titulada «América Latina ante el drama en Gaza: a propósito de las observaciones enviadas por Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y México a la Corte Penal Internacional (CPI).
A diferencia de otras regiones del mundo, este grupo de Estados confirmó a América Latina como bastión de la justicia penal internacional y de la lucha contra una impunidad campante, en particular cuando de exacciones cometidas por Israel en el territorio palestino ocupado se trata.
A finales de agosto, el Fiscal de la CPI tuvo la oportunidad de reiterar la urgencia de emitir estas órdenes de captura en una declaración pasada totalmente por alto en los medios de prensa: véase al respecto nuestra nota titulada «Gaza / Israel: Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) reafirma urgencia de órdenes de arresto«.
No está de más señalar que a finales de mayo del 2024, periodistas de investigación en Israel publicaron un largo reportaje sobre el sistema de escuchas al que los servicios secretos israelíes tenían sometidas las computadoras y el personal de la CPI desde muchos años: véase artículo, titulado «Surveillance and intefrerence: Israel’s covert war on ICC exposed«, cuya lectura completa se recomienda.
Asesinatos de Israel que explican que no haya órdenes de captura para los demás dirigentes del Hamás , en medio de una larga espera
Al haber procedido Israel al asesinato de los demás dirigentes del Hamás mencionados en la solicitud del Fiscal de la CPI en su anuncio del 20 de mayo, la Sala de lo Preliminar extendió las órdenes de arresto contra las dos autoridades israelíes en vida y contra un dirigente del Hamás que se piensa que escapó de un intento de asesinato por parte de las fuerzas militares israelíes. Al no haberse confirmado su muerte, la CPI no tiene cómo exlcuirlo de su solicitud. En cambio, se puede consultar la decisión del 9 de septiembre de la CPI de suspender la órden de captura en el caso específico del lider palestino del Hamás, Ismael Hanyeh, asesinado por Israel el 31 de julio en Teherán luego de asistír a la toma de posesión del nuevo Presidente de Irán (véase texto).
La larga espera desde el 20 de mayo del 2024 se debió en parte a gestiones iniciadas por el Reino Unido a finales de junio, abriendo desde el punto de vista procesal, un plazo de tiempo para que opiniones jurídicas pudiesen ser remitidas por Estados, organizaciones no gubernamentales e individuos a los tres jueces de la CPI. Es de notar que, al darse los resultados de las elecciones en el Reino Unido del 4 de julio, sus nuevas autoridades optaron por suspender esta gestión claramente de carácter dilatorio emprendida por sus antecesoras, posiblemente a solicitud de Israel (y de su incondicional aliado norteamericano): véase al respecto este artículo de The Guardian.
En medio de una campaña de prensa tendiente a desacreditar a la CPI, a su Fiscal, auspiciada por influyentes círculos favorables a Israel en Estados Unidos y en Europa, los jueces de la CPI también fueron objeto de presiones diplomáticas de toda índole por parte de algunos de los principales Estados donantes, para que no emitieran ninguna órden de arresto contra dirigentes israelíes.
Según algunos expertos, las presiones diplomáticas ejercidas por Estados Unidos fueron incluso más allá, al solicitar que, de tomarse una eventual decisión, no fuera dada a conocer antes del 5 de noviembre del 2024, fecha de las elecciones en Estados Unidos.¿Como así? Como se lee.
Tuvimos la oportunidad de explicar con reconocidos colegas universitarios estos y otros aspectos en un foro realizado por el Posgrado en Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR) a inicios del mes de julio del 2024 (véase volante y video de la actividad) titulado precisamente: «Gaza / Israel: del cerco informativo al cerco de la justicia internacional«.
La insensatez de la denominada «guerra» de Israel en Gaza
El último informe de Naciones Unidas sobre la situación en Gaza (véase informe al 19 de noviembre) da cuenta de la insensatez de la acción militar israelí en Gaza, con casi 44.000 víctimas mortales identificadas ( y más de 100.000 personas heridas), al leerse que:
«Between the afternoons of 12 and 19 November, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 307 Palestinians were killed and 932 were injured. Between 7 October 2023 and 19 November 2024, at least 43,972 Palestinians were killed and 104,008 were injured, according to MoH in Gaza.
Between the afternoons of 12 and 19 November, three Israeli soldiers were killed in Gaza, according to the Israeli military. Between 7 October 2023 and 19 November 2024, according to the Israeli military and official Israeli sources cited in the media, more than 1,576 Israelis and foreign nationals were killed, the majority on 7 October 2023 and its immediate aftermath. The figure includes 376 soldiers killed in Gaza or along the border in Israel since the beginning of the ground operation. In addition, 2,440 Israeli soldiers were reported injured since the beginning of the ground operation«.
Como bien se sabe, pese a una muy pobre difusión en grandes medios de prensa, en octubre del 2024 se presentó ante la Asamblea General de Naciones Unidas el informe A/79/384 (véase enlace), titulado «El genocidio como supresión colonial» por parte de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967: su lectura completa se recomienda, al analizar y detallar la documentada intención genocida de las actuales autoridades israelíes en Gaza (léanse en particular los párrafos 11-23 y los párrafos 42-48, así como 68-82).
En esta nota del servicio de prensa de Naciones Unidas del 30 de octubre del 2024, se puede escuchar su presentación en español; nuestros estimables lectores podrán por sí mismos verificar si esta nota de prensa y el informe al que refiere fueron mencionados en los principales medios de prensa en Costa Rica. O si, como suele suceder, en Costa Rica y en otras latitudes, las agencias internacionales de noticias y los medios de prensa internacionales hicieron caso omiso de este informe.
La autora de este informe se trasladó luego a Canadá el pasado 3 de noviembre (véase nota de prensa), interpelando de paso a sociedad y a las autoridades canadienses ante el drama indecible que se vive en Gaza, con varias entrevistas a distintos medios de prensa (véase una de ellas).
El pasado 8 de noviembre del 2024, Naciones Unidas hizo público otro informe sobre el período que va del 1 de noviembre del 2023 al 30 de abril del 2024 (véase enlace) en el que se puede leer (página 6) que:
«The monitoring and verification of grave violations remained extremely challenging, including owing to access constraints, a high level of insecurity, and threats and direct attacks also on United Nations personnel, monitors and humanitarian actors. Nevertheless, verification work continued, with the number of killings verified by OHCHR by 2 September 2024 standing at 8,119 Palestinians in Gaza, including 2,036 women and 3,588 children (1,865 boys and 1,723 girls). Of these verified figures, 7,607 were killed in residential buildings or similar housing, out of which 44 per cent were children, 26 per cent women and 30 per cent men«.
En las recomendaciones finales, además de las dirigidas a las autoridades israelíes (pp. 29-30), se lee que los Estados Miembros de Naciones Unidas deben también adoptar algunas medidas (página 31):
«72. The High Commissioner calls on Member States of the United Nations to:
Consistent with their obligations under international law, assess arms sales or transfers and provision of military, logistical or financial support to a party to the conflict, with a view to cessation of such support to the extent it implicates a real risk of facilitating commission of serious violations of international law;
Support the work of the International Criminal Court in relation to the Occupied Palestinian Territory; exercise universal jurisdiction to try crimes under international law in national courts, consistent with international standards; and comply with extradition requests pertaining to suspects of such crimes to countries where they would face a fair trial;».
El informe de una Comisión de Investigación de Naciones Unidas dado a conocer recientemente A/79/363 (véase enlace) y que ha sido objeto de un comunicado de prensa del 14 de noviembre del 2024 de Naciones Unidas titulado «UN Special Commitee finds Israel´s warfare methods in Gaza consistent with genocide, including use of starvation as weapon of war» (véase enlace) merece mención: al igual que su escasa difusión en los medios internacionales de prensa, como ya viene siendo costumbre desde el 7 de octubre del 2023 cuando se trata de informes que describen el drama indecible al que Israel somete a la población civil palestina en Gaza.
El 14 de noviembre del 2024 también se difundió una comparecencia de un cirujano que operó a civiles en Gaza ante una comisión del Parlamento británico, realizada el día anterior (véase video), en la que este profesional detalla la intención deliberada de provocar el mayor daño la población civil, en particular a niños, por parte de Israel.
El mensaje de la CPI: una clara señal destinada a Estados y a otros jueces
Desde el pasado 21 de noviembre, la comunidad internacional asiste a la colocación de un segundo peldaño que reviste una enorme importancia para las víctimas palestinas y para la justicia penal internacional; como también para la lucha contra una impunidad a la que se habían acostumbrado las autoridades israelíes desde hace ya muchos años, confiadas en el manto protector de su incondicional aliado norteamericano.
En febrero del 2021, un primer peldaño había sido colocado, en una decisión de la CPI pocamente difundida y analizada en la que se declara perfectamente habilitada desde el punto de vista jurídico, para examinar la situación en todo el territorio palestino, sin excepción de ningún tipo: véase nuestra nota al respecto publicada en la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) y titulada «Corte Penal Internacional (CPI) / Palestina: se despeja el camino para la justicia penal internacional«. Al abrirse formalmente una investigación por parte de la Fiscalía pocas semanas después, Estados Unidos se sinitió obligado a manifestar su rechazo categórico (véase comunicado del Departamento de Estado del 3 de marzo del 2021).
Es de notar que este anuncio oficial de la CPI de este 21 de noviembre fue precedido 24 horas antes de un enésimo intento por parte de Estados Unidos dentro del Consejo de Seguridad (Nota 3), optando su delegación por ejercer de manera solitaria su veto para resguardar a Israel en Gaza, frente a 14 votos a favor de los demás Estados Miembros: se trata del cuarto veto solitario de Estados Unidos desde el 7 de octubre del 2023 en el Consejo de Seguridad.
La órden de arresto emitida el pasado 21 de noviembre por la CPI exige ahora a los Estados Miembros al Estatuto de Roma (véase estado oficial de firmas y ratificaciones) entregar a ambos dirigentes israelíes si se encuentran en su territorio, lo cual dificultará significativamente sus desplazamientos en el exterior. La misma posibilidad se extiende también al líder del Hamás mencionado (y que se considera que sigue en vida, ya sea en alguna parte en Gaza, sea fuera de Gaza).
A la vez esta decisión de la Sala de lo Preliminar inicia un largo trámite interno en la CPI, de cara al enjuiciamiento de ambos dirigentes israelíes y del jefe militar palestino.
Para Sudáfrica, esta decisión de los jueces de la CPI podría allanar el camino para una nueva solicitud urgente de indicación de medidas provisionales en el caso Sudáfrica contra Israel ante otro tribunal internacional con sede en La Haya: la CIJ (véase el texto de su solicitud – en inglés- del procedimiento de 29 de diciembre de 2023). En su solicitud inicial, leemos (punto 4) una descripción de la acción israelí confirmada desde entonces (diciembre de 2023) por los hechos y la dramática realidad sobre el terreno:
«4.The facts relied on by South Africa in this application and to be further developed in these proceedings establish that — against a background of apartheid, expulsion, ethnic cleansing, annexation, occupation, discrimination, and the ongoing denial of the right of the Palestinian people to selfdetermination — Israel, since 7 October 2023 in particular, has failed to prevent genocide and has failed to prosecute the direct and public incitement to genocide. More gravely still, Israel has engaged in, is engaging in and risks further engaging in genocidal acts against the Palestinian people in Gaza. Those acts include killing them, causing them serious mental and bodily harm and deliberately inflicting on them conditions of life calculated to bring about their physical destruction as a group. Repeated statements by Israeli State representatives, including at the highest levels, by the Israeli President, Prime Minister, and Minister of Defence express genocidal intent. That intent is also properly to be inferred from the nature and conduct of Israel’s military operation in Gaza, having regard inter alia to Israel’s failure to provide or ensure essential food, water, medicine, fuel, shelter and other humanitarian assistance for the besieged and blockaded Palestinian people, which has pushed them to the brink of famine.«
Estas órdenes de arresto además mandan una clara señal a diversos Estados y sectores políticos que consideraban la justicia penal internacional sesgada y orientada, en particular en el continente africano. También interpela a algunos Estados que, por una razón u otra, consideran oportuno seguir haciendo negocios con Israel como si nada pasara, en particular en el comercio de armas y en muchos otros ámbitos altamente estratégicos (suministro de petróleo en particular, pero también de los componentes electrónicos necesarios para los sistemas de información y comunicación utilizados por el ejército israelí).
Finalmente, es posible que los jueces nacionales que se mostraban reticentes a tomar decisiones encuentren ahora una razón adicional, que faltaba en el expediente hasta el 20 de noviembre, para pronunciarse en favor de las víctimas palestinas, de conformidad con la obligación general de los Estados de prevenir el crimen de genocidio y los crímenes de guerra. Cabe recordar que muchos soldados israelíes que exhiben en las redes sociales sus «trofeos» y sus crímenes de guerra en Gaza tienen otro pasaporte además del israelí y que acciones legales en su contra han sido iniciadas en algunos Estados de Europa (Nota 4).
A modo de conclusión: volviendo un momento a Costa Rica
Las razones por las que se redactó el precitado comunicado oficial de Costa Rica de esta manera ameritarían ser investigadas: como profesor de derecho internacional público (a menudo llevado a explicar a sus estudiantes el significado y el tipo de mensaje que un Estado pretende enviar al elaborar un comunicado de prensa jugando con la riqueza y los matices que ofrece el lenguaje en aras de modular y calibrar la señal que quiere enviar a los demás Estados), resulta más que sorprendente el poco cuido del aparato diplomático costarricense a la hora de elaborar y difundir un comunicado de prensa como ocurrió en este preciso caso.
Más allá de la forma precipitada con la que a veces se elaboran comunicados de prensa en algunas ocasiones, procediendo incluso a invocar principios jurídicos inexistentes (Nota 5), estas órdenes de arresto de la CPI también envían una señal inequívoca a Estados como Costa Rica que, por alguna razón, consideran oportuno negociar acuerdos bilaterales con las actuales autoridades de Israel y … anunciarlos en plena cumbre mundial: durante la reciente COP29 celebrada en Bakú, Azerbaiyán, Costa Rica sorprendió a muchos al anunciar la firma de un Memorandum de Entendimiento (MoU) con Israel en materia ambiental (véase comunicado oficial de sus autoridades ambientales del 13 de noviembre y comunicado oficial de sus homólogas en Israel). Por lo pronto, Costa Rica obtuvo el poco decoroso galardón de «Fósil del Día» otorgado por organizaciones ecologistas internacionales indignadas (véase artículo publicado en el semanario Ojoalclima, cuya parte final exhibe a las autoridades costarricenses en su súbita negativa a dar explicaciones).
En otro ámbito, Costa Rica está negociando con Israel un tratado de libre comercio desde varios años (véase comunicado oficial de las autoridades a cargo del comercio exterior de octubre del 2024) y no parece haber considerado oportuno ni prudente suspenderlas sine die.
– – Notas – –
Nota 1: El comunicado oficial de Costa Rica difundio el 22 de noviembre a las 12:59 pm (véase enlace oficial) se lee de la siguiente manera;
«Costa Rica respeta independencia judicial de la Corte Penal Internacional y confía en su integridad y la de sus funcionarios
San José, 22 de noviembre de 2024.Costa Rica participa de las organizaciones multilaterales de las naciones, incluyendo el sistema de justicia internacional, que es parte esencial de las mismas.
Hemos apoyado históricamente a la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte Penal Internacional (CPI)se instituyó luego de la segunda guerra mundial sobre los principios del Tribunal de Nuremberg, que establecieron claramente y por primera vez la responsabilidadpenal por crímenes internacionales.
La CPI, compuesta por jueces elegidos por la comunidad internacional, estudia situaciones remitidaspor Estados parte o por el Consejo de Seguridad de la ONU, investiga posibles crímenes internacionales (crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad y agresión) y luego si se cumplen requisitos formalesy encuentra probabilidad de comisión de crímenes internacionales, emite órdenes de arresto, que solamente indican que habrá un proceso judicial contra posibles responsables.
Hay presunción de inocencia, debido proceso, y todas las garantías judiciales.
La Corte se enfoca en las víctimas, y ante la Corte todas las víctimas tienen el mismo derecho a la justicia, sean de cualquier país, grupo étnico, religión, etc.
Costa Rica respeta la independencia judicial de la Corte Penal por lo que no considera apropiado emitir comentarios sobre sus decisiones.
Confiamos en sus magistrados y en la integridad de la institución y sus funcionarios.
Comunicación Institucional
458-2024 CR independencia judicial CPI
Viernes 22 noviembre 2024«
Nota 2: En la votación de esta misma resolución en el 2023, se lee en este comunicado de Naciones Unidas del 10 de noviembre del 2023 que: «On a point of order, Egypt’s delegate asked who requested the vote, to which the Chair responded that it was Israel. The resolution was approved by a recorded vote of 168 in favour to 5 against (Israel, Marshal Islands, Micronesia, Nauru and the United States), with 9 abstentions (the Democratic People’s Republic of Korea, Guatemala, Kiribati, Palau, Papua New Guinea, Paraguay, Tongo, Tonga and Vanuatu)«.
Nota 3: Véase nuestra breve nota al respecto: BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito del nuevo veto solitario de Estados Unidos en seno del Consejo de Seguridad«, edición del 20 de noviembre del 2024. Texto completo disponible aquí.
Nota 4: En lo relativo a un soldado israelí que posee un pasaporte francés. véase esta notade Le Monde de abril 2024. En lo relacionado a dos soldados belga/isralíes,esta nota de JusticeInfo de octubre del 2024 detalla estos dos casos ante los tribunales belgas. Se lee que: «Il faut faire respecter le droit international pour forcer un cessez-le-feu et mettre fin à l’impunité qui nourrit les crimes suivants. La justice belge doit faire sa part du travail, aux cotés de la justice internationale«. El Reino Unido por su parte registra un centenar de sus nacionales en las filas del ejército de Israel enviado a comabit en Gaza (véase nota de prensa).
Nota 5: Con ocasión del ingreso de tropas especiales de Ecuador a la Embajada de México en Quito el 5 de abril del 2024, tuvimos la ocasión se registrar las diversas reacciones oficiales de Estados de América Latina y señalar el error conceptual, a nuestro modo de ver grave, contenido en el comunicado oficial de prensa elaborado y difundido por Costa Rica al señalar que: «Es posiblemente la primera vez que Estados refieren oficialmente a «la integridad territorial de una embajada«: véase BOEGLIN N., «A propósito del anuncio por parte de México de suspender sus relaciones diplomáticas con Ecuador«, edición del 6 de abril del 2024. Texto disponibleaquí.
Como docente e investigador en el área de Relaciones Internacionales, ha sido un honor tener la oportunidad de entrevistar hace un tiempo al profesor, geopolítico y filósofo ruso Alexandr Dugin, uno de los intelectuales más influyentes del mundo no occidental. Sus ideas no solo han moldeado el pensamiento político de la Rusia contemporánea, sino que también han impactado a numerosos pensadores a nivel global, incluido en Occidente. Paradójicamente, en estas tierras que se proclaman defensoras de la libertad de expresión y de conciencia, su obra ha sido objeto de censuras que contradicen estos principios.
Uno de los aportes más importantes del profesor Dugin, a quien además tuve el agrado de conocer personalmente en Moscú, es su célebre Cuarta Teoría Política, una propuesta disruptiva y audaz que desafía el pensamiento político moderno occidental y sus tres grandes ideologías: comunismo, fascismo y liberalismo. Dugin sostiene que, ante el evidente desgaste de estas corrientes y sus inclinaciones totalitarias, es imprescindible una nueva teoría política que supere las limitaciones de una modernidad atea, materialista y marcada por un nocivo complejo de superioridad. Este modelo ha sido la herramienta central para consolidar la hegemonía política, ideológica y económica de Occidente durante los últimos 500 años, un dominio que su teoría invita a cuestionar radicalmente.
La Cuarta Teoría Política se fundamenta en la premisa de que la modernidad atraviesa una profunda crisis. Esta crisis se refleja en la pérdida de valores tradicionales, reemplazados por un sistema centrado en el materialismo, el consumo desmedido y la ausencia de propósito existencial. El nihilismo actual así lo demuestra en todos los campos. Se traduce, además, en la desintegración de las comunidades, el incremento de la desigualdad social y un vacío antropológico que despoja al ser humano de su conexión con los principios fundamentales que rigen el universo y la existencia misma. En esencia, la crisis de la modernidad es una crisis de sentido, un colapso de las bases éticas y espirituales que históricamente han dado dirección y significado a la vida de la civilización Occidental.
Esta teoría plantea la identidad como fundamento central de la organización política. Esta identidad se entiende como la pertenencia a una comunidad, una cultura y una historia compartidas. El profesor Dugin incorpora el concepto del Dasein o «ser-ahí», desarrollado por el filósofo alemán Martin Heidegger, reinterpretándolo en clave geopolítica para vincularlo al «ser-ahí» de cada pueblo y su desarrollo dentro del espacio y contexto que le son propios. La identidad, según esta visión, no solo nos define como seres humanos, sino que también nos otorga un sentido de pertenencia auténtico, en oposición a ideas impuestas desde posiciones de enunciación que se autoproclaman superiores. Cada pueblo posee su propio logos (racionalidad) y ethos (esencia cultural), los cuales deben ser respetados como expresión única de su devenir histórico y espiritual.
Las tres grandes ideologías de la modernidad han tenido como base sujetos históricos que, en última instancia, niegan a la comunidad y al pueblo como tal. En el fascismo, el sujeto histórico es el Estado o la raza; en el comunismo, la clase proletaria; y en el liberalismo, el individuo. Sin embargo, Dugin sostiene que estos paradigmas son insuficientes para enfrentar los desafíos contemporáneos, ya que fragmentan la esencia colectiva de las sociedades.
Por eso, el planteamiento de este filósofo ruso propone una simbiosis en la que el Dasein de cada pueblo, como sujeto político, sea el eje alrededor del cual giren tanto el Estado como el mercado. Todo ello debe estar fundamentado en las tradiciones y creencias genuinas de cada sociedad, capaces de resistir la manipulación y las imposiciones ideológicas de actores externos. La meta es que cada pueblo encuentre su propio camino hacia el desarrollo, respetando su identidad propia y fomentando relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y la cooperación.
Dugin aboga por un verdadero mundo multipolar, donde las diferentes civilizaciones puedan coexistir sin la dominación de hegemonismos, y en el que la diversidad de creencias, culturas, saberes y filosofías se valore como una fortaleza que enriquezca a la humanidad en su conjunto. A continuación expongo un pequeño extracto de la entrevista que hice al profesor Dugin donde se refiere a la Cuarta Teoría Política:
“La Cuarta Teoría Política es precisamente la crítica radical del liberalismo y al mismo tiempo no tiene nada que ver ni con comunismo ni con fascismo, es la invitación para despertar la imaginación de los pueblos, de las sociedades, para imaginar, crear y proponer alguna cosa más allá del status quo. En las relaciones internacionales, este proyecto de la Cuarta Teoría Política, corresponde orgánicamente a la Teoría del Mundo Multipolar, donde América Latina debe fungir como un polo independiente y soberano, hay que pensar en la integración de los pueblos de toda América Latina basándose en su identidad profunda, tradicional y común para poder crear este polo de la multipolaridad para llevar a cabo esta tercer fase de la liberación latinoamericana que empezó con Bolívar y otros héroes de la región.
Esta es hoy la necesidad porque no es posible superar la unipolaridad actual con socialismo que no provoca ya el entusiasmo popular, o el sobre racionalismo por otro lado, que opone a unos pueblos contra otros y ayuda a los liberales a manipular a la gente. Hay que clarificar esa visión continentalista para desarrollar de manera más clara y transparente esta visión de un futuro común, que es más o menos, lo mismo que el euroasianismo en Rusia, porque en Rusia nosotros queremos juntar los pueblos euroasiáticos alrededor de un destino común. Lo mismo tiene que suceder en América Latina, donde pueda desarrollar su sentido de destino común diferente al de América del Norte, de Europa, de Rusia, del mundo Islámico, no es tampoco necesariamente pro ruso, la Teoría del Mundo Multipolar es objetiva, no sirve a los intereses de unos u otros, porque se trata de crear y defender esta identidad propia de cada civilización”.
Después de estas palabras del profesor Dugin, surgen muchas preguntas y un cúmulo de ideas que invitan a reflexionar sobre cada una de sus afirmaciones, especialmente en relación con el caso costarricense y la coyuntura histórica que enfrentamos. En un contexto de creciente polarización política y odio, la Cuarta Teoría Política se presenta como un llamado a redescubrir la vía costarricense, esa trayectoria histórica que ha hecho de nuestro país un lugar único, con una identidad y una historia propias.
Hechos como el Pacto de Ochomogo, el «comunismo a la tica”, las Garantías Sociales y la abolición del ejército son expresiones del ser-ahí profundo del pueblo costarricense, caracterizado por su solidaridad y su sentido de pertenencia a una matriz común. Estas lecciones del pasado nos recuerdan que nuestro desarrollo debe basarse en nuestra identidad, en nuestros valores, y no en modelos ni modas impuestas desde fuera. La reflexión de Dugin nos invita a pensar críticamente en nuestro propio camino, a fortalecer nuestra identidad y a retomar las raíces que han definido nuestro proyecto nacional. Es tiempo de construir un modelo que honre nuestra historia y proyecte a Costa Rica hacia un futuro auténtico y solidario, en armonía con nuestra propia historia, así como con nuestra esencia como pueblo.
“Escucha pues -dijo Trasímaco-: sostengo que lo justo no es otra cosa que lo que conviene al más fuerte” (Platón: La República; Parte I, 338ª, c )
1.- Libre determinación de los pueblos
Año 1945. Al término de la Segunda Guerra Mundial con la derrota del nazi-fascismo, los Estados victoriosos lideraron la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de libre determinación de los pueblos, al principio de igualdad de derechos, etc.; y era que ya en aquel momento el panorama conjunto de los países del Mundo presentaba un aspecto variopinto: repúblicas liberales junto a satrapías autocráticas; monarquías constitucionales con férreas dictaduras; repúblicas socialistas con principados orientales; monarquías teocráticas con federaciones republicanas. La nueva regla: diversidad; respeto recíproco; cada uno un voto en el seno de la flamante organización.
Entre los principios allí afirmados, precisamente el de libre determinación de los pueblos, que había sido ensalzado por el Presidente Wilson en 1919, era nuevamente reafirmado por el presidente Franklin Roosevelt y por el premier Winston Churchill en la Carta del Atlántico de 4 de agosto de 1941, donde ambos manifestaron que “… 3. Respetan el derecho que tienen todos los pueblos de escoger la forma de gobierno bajo la cual quieren vivir…”.
El mentado principio era de vieja data: recordemos que estaba ya presente en los Tratados de Westfalia de l648; y comparece en la Constitución de los Estados Unidos de 1776 y en la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; para ser finalmente consagrado en el siglo XX como norma jurídica internacional en la Carta de la ONU, ya mencionada.
A partir de entonces sirvió de apoyo jurídico y moral a los movimientos en pro de la independencia de los pueblos africanos y asiáticos sometidos al dominio colonial (Resolución de la ONU: 1514 XV de 1960)
2.- Prepotente e ilegítima reacción
Aunque de los Estados Unidos proviene la Carta Atlántica de 1941, y aunque dicho país haya sido uno de los principales impulsores de la Carta de las Naciones Unidas, su Presidente Dwigt Eisenhower se olvidó de la autodeterminación de los pueblos cuando orquestó con Gran Bretaña el golpe de Estado que depuso al Primer Ministro de Irán, Mohammad Mossadegh en 1953, (porque éste había nacionalizado el petróleo en su país); así como el golpe de Estado contra el Presidente socialista Jacobo Arbenz de Guatemala en 1954 (por haber intentado, entre otros cambios, una reforma agraria que afectaba los intereses de empresas norteamericanas). No es sorprendente, entonces, que cuando el movimiento revolucionario jefeado por Fidel Castro, que toma el poder en Cuba en 1959, se identifica como socialista, la misma Administración Eisenhower, valiéndose de su enorme poder económico y de la dependencia estructural de la economía cubana, inicia la política de presiones y represalias que, en una línea ascendente, se mantendrá hasta nuestros días. Todo comienza con la gradual disminución y final supresión de la cuota azucarera (1960-1962). Y recordemos que, con ocasión de la intervención cubana de las refinerías de petróleo, propiedad norteamericana, Eisenhower declara (julio de 1960) que“nunca permitirá el establecimiento de un régimen dominado por el comunismo internacional en el Hemisferio Occidental”.
Pero lo cierto es que, ya el 17 de marzo de 1960, el mismo Eisenhower había ordenado a la CIA la organización de una unidad de guerrilla compuesta por exiliados cubanos, con el apoyo bélico de Estados Unidos, a fin de derrocar a la Revolución. Así se inicia la preparación de la invasión que tendrá lugar el 17 de abril de 1961 con el desembarco en Playa Girón (Bahía de Cochinos) de fuerzas de infantería y artillería, precedido por el bombardeo de varias ciudades cubanas por parte de aviones norteamericanos camuflados. Como sabemos, esa invasión fue derrotada.
Frente a la nacionalización de las industrias del azúcar, el cemento, las refinerías, la electricidad, los teléfonos y otras por parte de Cuba, la respuesta norteamericana es la prohibición de toda exportación a la Isla, excepto suministros médicos y alimentos (octubre de 1960). Y después del fracaso de Playa Girón, la Ley de Asistencia Exterior de la Administración Kennedy (octubre de 1961) prohíbe toda ayuda a países comunistas; y la llamada Proclama Kennedy prohíbe la importación de bienes de origen cubano (1962).
Por su parte, Cuba busca infructuosamente negociar con otros países: Canadá, Gran Bretaña, Bélgica; pero, como vimos, ya desde 1960 había iniciado un acercamiento con la Unión Soviética, China y Europa Oriental, que se concreta primero con la política de reemplazo de Estados Unidos, por parte de los soviéticos, en la compra de la cosecha azucarera cubana; y luego por una serie de convenios de intercambio, financiamiento y ayuda militar, para culminar en 1970 con el ingreso de Cuba en el COMECON (Consejo de Mutua Ayuda Económica) agrupación de países socialistas equivalente a la Unión Europea. Esta situación se mantuvo hasta los años noventas.
Después de la desaparición de la Unión Soviética y de la caída de los regímenes europeos de socialismo real, hechos que ponen al Régimen Cubano en dificultades extremas, el Congreso de los Estados Unidos promulgó dos leyes más, buscando asegurar su irremediable caída: la llamada Ley de la Democracia Cubana (Ley Torricelli) de 1992, que empeoró las sanciones económicas; y la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (Ley Helms-Burton) de 1996, que buscaba nuevas sanciones internacionales contra el Gobierno cubano. Dichas medidas, al conferir nivel legislativo a las sanciones, eliminaban también la posibilidad de que un presidente pudiera modificarlas o suprimirlas en el futuro.
En los años siguientes, y hasta la fecha, el bloqueo se ha perfeccionado y se ha intensificado sobre todo en las últimas administraciones de Trump y de Biden. Y el futuro no promete nada mejor.
3.- Una historia sugestiva
Para entender lo ocurrido entre Cuba y Estados Unidos desde 1959 hasta nuestros días, es indispensable repasar, aunque sea someramente, la historia de la mayor de las Antillas a partir del Siglo XIX:
a. A diferencia de la gran mayoría de los países latinoamericanos, que lograron su independencia de España a comienzos de dicho siglo, Cuba no lo consigue sino al final, a través de un cruento proceso revolucionario que se extiende por más de treinta años. Pues, en efecto, en 1868 Carlos Manuel de Céspedes (Padre de la Patria Cubana) va a proclamar la independencia de la Isla, con la ayuda, en lo militar, del dominicano Máximo Gómez (quien durante esos 30 años luchó en Cuba contra el dominio español); y la primera Constitución de la Patria independiente fue redactada por Ignacio Agramonte y Antonio Zambrana un año después, dando así origen al proceso insurreccional que, con interrupciones y altibajos, se extenderá gradualmente y comprometerá la siguiente generación de patriotas (Antonio Maceo, José Martí, Calixto García).
b. Pero hay que recordar que en 1848, dos decenios antes del ‘grito de Yara‘ por Carlos Manuel de Céspedes, políticos y empresarios norteamericanos habían tratado de comprar la isla de Cuba. Al respecto, el historiador español Benedicto Cuervo (Universidad de Oviedo) relata lo siguiente:
“…En ese momento (1848) políticos importantes y hombres de negocios norteamericanos anhelaban la incorporación de Cuba como un nuevo Estado dentro de los estados del Sur esclavistas. Para ello se ponen en contacto con políticos y banqueros españoles reiteradamente (durante varias décadas) para intentar su compra por unos 100 millones de dólares. Al no conseguirlo por este medio, Estados Unidos apoyará a los insurrectos cubanos con entregas de armas, además de cuantiosas sumas económicas que entregarán los ricos hacendados cubanos a sus compatriotas establecidos en Nueva York para sobornar a diputados, periodistas, banqueros y comerciantes para que provocasen la intervención de Estados Unidos en el conflicto…” (Cuba: su difícil camino hacia la independencia: 1845-1898; La Razón Histórica, Oviedo, 1989).
c. En el año 1898, cuando los recursos humanos, económicos y militares de España se estaban agotando, y la balanza se inclinaba a favor de los independentistas al mando del generalísimo Máximo Gómez; la explosión en un barco norteamericano anclado en el puerto de La Habana provocó la intervención de EEUU, que declaró la guerra a España y la derrotó con facilidad, ocupando militarmente la Isla. El ejército revolucionario del héroe Máximo Gómez, que había luchado contra España hasta el final, entró en La Habana en 1889, y fue licenciado con todos los honores… bajo la ocupación norteamericana. Sometidos a esa abusiva presión, los constituyentes cubanos aceptaron en su Constitución la Enmienda Platt y el arrendamiento de Guantánamo, que todavía continúa. Y sabemos que cuando la Enmienda Platt quedó incorporada a la Constitución cubana, el gobernador yanqui de Cuba, general Leonard Wood escribió:
“Cuba está en nuestras manos y creo que no hay un Gobierno europeo que la considere por un momento otra cosa que lo que es, una verdadera dependencia de los Estados Unidos. Con el control que, sin duda, pronto se convertirá en posesión, en breve prácticamente seremos dueños del comercio del azúcar en el mundo” (Cintio Vitier, Ese sol del mundo moral, pág. 116; citado por Ernesto Limia Díaz: La Enmienda Platt: Una camisa de fuerza contra la Cuba mambisa. Cubadebate; 12 junio de 2021).
d. La gobernación militar del general Wood en Cuba duró hasta 1902, pero, en aplicación de la Enmienda Platt, un nuevo paréntesis de gobernación yanqui se repitió de 1906 a 1909, siendo gobernador esta vez el senador William Howard Taft (futuro presidente de Estados Unidos). Allí se iniciaron la corrupción y los sobornos en gran escala, que continuaron con ocasión de la apertura de los diferentes gobiernos cubanos a la inversión y al dominio del capital norteamericano.
e. En efecto, a mediados de la década de los cincuenta, Estados Unidos tenía 713 millones de dólares de inversión directa en Cuba (al cambio de la época), que era el 95 % del total de la inversión extranjera en la Isla. Entre sucursales y empresas madres norteamericanas, estaban, además de los principales bancos newyorkinos, el First National Bank of Chicago, las petroleras Texaco, Esso, Shell, Standard Oil; y muchísimas otras firmas conocidas: Coca Cola, Caterpillar Tractor, Abbot Laboratories, IBM, Xerox, Dow Chemical, John Deere, Cuban Electric Co., ITT Corp., North American Sugar, Moa Bay Mining Co., United Fruit Sugar Co., West Indies Sugar Co., American Sugar Co, Bangor Punta Corp., etc.
f. Al final, no hubo necesidad de comprarla. De hecho, Cuba era “casino y lupanar para el weak end de los norteamericanos”: estratificada y con segregación racial, la Cuba en donde los yanquis: funcionarios, estrellas de Hollywood, empresarios, tahures, residentes, mafiosos y turistas constituían una poderosa élite, a cuyos exclusivos clubes tenían acceso los miembros de la oligarquía criolla: un país con una fachada de refinamiento y grosera opulencia, que ocultaba la extendida pobreza y el analfabetismo de las clases populares.
En ese ambiente pretencioso y cambalachero se desenvolvía, como pez en el agua, el último sangriento dictador de la Cuba pre-revolucionaria: Fulgencio Batista, un verdugo y un ladrón que nunca sufrió sanción, embargo o bloqueo de parte del Gobierno Norteamericano.
4.- La ONU y la autodeterminación de los pueblos
La Organización de Naciones Unidas fue creada con el propósito de consagrar la igualdad de los Estados y evitar las guerras y toda acción unilateral directa de un Estado fuerte contra uno débil, en forma de agresión, amenaza o cualquier otra acción ‘incompatible con los propósitos de aquella. Dice la Carta:
Artículo 1
Los Propósitos de las Naciones Unidas son:
“(…) 2.- Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal.
3.- Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión…”
Artículo 2.-
Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios:
(…) 4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.
Propósitos que se reiteran y se refuerzan en los artículos 55 y 56 de la misma Carta:
“55.- Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistades entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá:
niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social;
la solución de problemas internacionales de carácter económico, internacional en el orden cultural y educativo; y
el respeto universal a los derechos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión y la efectividad de tales derechos y libertades.”
56.- Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización para la realización de los propósitos consignados en el artículo 55.”
Posteriormente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que también son partes los Estados Unidos, consagra puntualmente como derecho de cada pueblo, el propósito expuesto en el apartado 1) de su artículo 1:
“…1.- Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de ese derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural …”
En las normas citadas, la autodeterminación de los pueblos ha sido elevada a principio fundamental del derecho internacional, reconociéndose su carácter general y vinculante erga omnes. Se trata del reconocimiento de un derecho propio de los pueblos políticamente organizados, expresión de su soberanía, cuyo correlato es el deber de los otros Estados de respetarlo y facilitarlo. En tales condiciones, los pueblos están facultados para actuar libres de cualquier género de presión u opresión en la determinación (como dice el Pacto) de su condición política y su desarrollo en la esfera económica, social, cultural.
Los pueblos se autodeterminan de diferentes maneras, emprendiendo para ello operaciones muy diversas: luchando por su independencia, si están sometidos a coloniaje (como los africanos); o dividiendo un Estado unitario en dos o más Estados nuevos (como Checoslovaquia); o, viceversa, ingresando a una confederación o a una comunidad de Estados (ingreso a la UE); o modificando su organización político-económica (China, Cuba), etc. Todas estas manifestaciones de autodeterminación son legítimas y están reconocidas y tuteladas por la normativa citada en la Carta de la ONU, en el Pacto de los Derechos y en otras fuentes subsidiarias.
Según el artículo 2 citado, toda forma de violencia entre los Estados es contraria al espíritu de la Carta, incompatible con sus propósitos, ya se trate de amenazas, agresión armada u otras medidas de presión desplegadas por un Estado poderoso contra otro más débil. En virtud de la igualdad jurídica de los Estados, cuando surge un conflicto, las partes deben recurrir a los medios disponibles en manos de los órganos que la Carta estatuye.
5.- El daño inconmensurable
Ahora vamos a lo nuestro: guiado por la vanguardia revolucionaria del Movimiento 26 de julio, cuyo comandante general era Fidel Castro, el pueblo cubano, en ejercicio de su derecho de autodeterminación, se liberó de la Dictadura de Fulgencio Batista el 1º de enero de 1959, y conformó el Gobierno Revolucionario que muchos países reconocieron, incluidos los Estados Unidos. Meses después, a través de sus órganos competentes, el Gobierno de la Isla se declaró socialista, con un respaldo popular masivo. Parecidos cambios, en circunstancias análogas o no, se han producido muchas veces en la historia: desde los acometidos por Sun-Yat-Sen (fundador de la República China) en 1912; o por Mao-Tse-Tung (fundador de la República Popular) en 1949; hasta los logrados por Charles de Gaulle (fundador de la V República Francesa) en 1958: todos con un enorme respaldo de sus pueblos. Se trató de operaciones extraordinarias (de muy diversa magnitud), preñadas de importantes consecuencias, perpetradas por los dirigentes, que los pueblos inspiraron, apadrinaron o respaldaron como auténticas manifestaciones de su libre determinación: operaciones legítimas, respaldadas por normas universalmente reconocidas.
Empero, al margen de lo que estatuye el derecho vigente sobre autodeterminación, para el pueblo cubano estaba prohibido optar por la vía del socialismo, en razón de una norma no escrita, pero que, de hecho, se ha revelado más potente que la Carta de las Naciones Unidas: una norma específica derivada del “Destino Manifiesto” (Grundnorm del ordenamiento jurídico usano). Según dicha norma, por su disposición geográfica Cuba debe pertenecer a los Estados Unidos; de manera que, en vista de aquella pretensión libertaria de la Isla, había que hacerla regresar a su “dominio natural” sin escatimar los medios para lograrlo. Y esto explica la implacable, infinita perversidad de las medidas adoptadas por su verdugo durante los últimos sesenta años; sólo comparable con el contemporáneo proceso de sistemático despojo del territorio palestino por obra de Israel; y el exilio, la represión y el exterminio de sus habitantes.
Había que escarmentar al pueblo cubano, haciéndolo probar el hambre, la escasez, la frustración por tiempo indefinido, hasta que abjurara de sus ideales y repudiara a sus líderes; de modo que durante sesenta años, los Estados Unidos han ido tejiendo una abigarrada y creciente red de leyes, reglamentos, órdenes, listas negras, etc. para tratar de impedir cualquier proyecto de inversión extranjera en el país; hacer fracasar cualquier iniciativa que suponga un alivio o una mejora en las condiciones de vida, cada vez más precarias, del pueblo cubano; o las posibilidades de avance de la actividad científico-tecnológica, artística o deportiva; o de aplicación de estrategias de desarrollo económico y social, frustrando el crecimiento y la diversificación de la agricultura, de la industria o del comercio interno y exterior de Cuba.
El pueblo cubano ha soportado estoicamente los efectos severamente abrasivos del bloqueo, que inciden en su capacidad adquisitiva, en su acceso a los alimentos y bienes esenciales: ropa, servicios médico-quirúrgicos, medicamentos, artefactos domésticos. Jurídicamente ilegítimo, pero implacable, el bloqueo ha robado la alegría, el futuro y la vida misma a millones de cubanos de varias generaciones. En el largo camino muchos se han rendido: abandonan sus ideales, abandonan la isla para tratar de poner término a sus frustraciones, sus carencias, sus sufrimientos.
6.- El papel del jurista
Los juristas que, por definición, son los guardianes de la justicia ¿qué tienen que decir ante semejante ignominia? A ellos corresponde declarar, en primer lugar, que aquel acoso, aquella agresión es injusta y, como tal, intolerable. Desde el punto de vista jurídico, el bloqueo se ha ido configurando claramente como una gravísima violación continuada y redoblada durante más de sesenta años: la violación deliberada e impune de principios jurídicos llenos de vigencia como son los principios de soberanía y de libre determinación del pueblo cubano.
Porque, a la fecha de hoy, es un hecho patente, indudable, que el sistema de sanciones impuestas a Cuba por los Estados Unidos es ilegítimo y unilateral, perpetrado de espaldas al orden jurídico internacional; planeado y perpetuado alevosamente desde la impunidad del poderoso. Jurídicamente hablando, toda sanción (política, económica, militar) que se imponga a un Estado sólo puede emanar del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General de la ONU. Y en este terreno tenemos que ya en 32 ocasiones la Comunidad Internacional, por una mayoría constantemente abrumadora, ha exigido a los Estados Unidos poner fin al bloqueo contra Cuba.
Y sabemos que, frente a esta exigencia, el claro mensaje que nos envía la gran Potencia, junto con su aliado Israel, es que el derecho Internacional no vale, no cuenta: lo que vale es la voluntad del poderoso: el poder desnudo, contra toda racionalidad y contra toda justicia. Y a estas alturas tenemos que aceptar que la iniquidad impune del gobierno norteamericano está a punto de triunfar sobre una Cuba que agoniza.
El derecho, como aspiración hacia la justicia, vale para todas las situaciones, o no vale en absoluto. La injusticia no puede ser aprobada, ni en lo grande ni en lo pequeño. Aceptar en silencio las violaciones al derecho no significa otra cosa que abjurar del derecho, de la juridicidad en general, de la justicia. Porque si la Carta de las Naciones Unidas sólo vale lo que un puñado de papeles mojados y arrugados ¿qué valor tendrán entonces los tratados internacionales en general, y las constituciones y las leyes?
Ante la pasividad de los juristas de todo el mundo frente a la tragedia de Cuba ¿debemos interpretar que el derecho y sus valores han perdido su vigor? ¿que fue correcto el allanamiento de la Embajada de México ordenada por el presidente Novoa? ¿que fueron correctas las barrabasadas de Trump y de Bolsonaro ante los resultados electorales en sus países? ¿que son correctas la paulatina apropiación del territorio palestino por Israel, y la dispersión, la expulsión y la eliminación de sus habitantes originarios?
El silencio y la pasividad que prevalecen mayoritariamente en la comunidad internacional de los juristas ante la tragedia de Cuba es uno de los rostros de la indiferencia del ciudadano globalizado de hoy; de la aceptación generalizada de la iniquidad, y de la renuncia de la juridicidad y de la justicia por parte de la Humanidad.
El reciente decreto emitido por la Presidencia de la República, que otorga nuevas facultades a la Unidad Especial de Intervención (UEI), ha generado una profunda preocupación en diversos sectores del país. Este cambio habilitó a la UEI, tradicionalmente encargada de situaciones de alta complejidad operativa, para realizar investigaciones de inteligencia y allanamientos, atribuciones que antes recaen exclusivamente en otras entidades judiciales y policiales.
Sergio Ortiz Pérez expresó que este decreto genera «suma preocupación» debido a los cambios en las funciones de la UEI, subrayando el impacto potencial que estas modificaciones pueden tener en el equilibrio democrático. «Vemos con suma preocupación el decreto de la Presidencia de la República, en el cual cambia las funciones de la Unidad Especial de Intervención y les habilita para realizar investigaciones de inteligencia y allanamiento», señaló.
Por su parte, Grace García calificó el decreto como una amenaza directa contra la democracia y la paz del país. «Este decreto representa una clara amenaza para nuestra democracia y paz. Otorgar mayores poderes a un cuerpo policial con alta preparación y equipo bajo la dirección directa de la Presidencia, en la coyuntura actual, representa un grave riesgo y simboliza un peligroso avance, similar a los desarrollados por las dictaduras en otros países de la región latinoamericana, generando las llamadas policías políticas», advirtió.
En la misma línea, Wendy Vargas destacó que las nuevas facultades asignadas a la UEI invaden competencias exclusivas del Poder Judicial. «Las facultades otorgadas a la UEI son las otorgadas al Poder Judicial y que son ejecutadas por el OIJ, órgano con plena independencia y rigurosidad científica. Esta Unidad lanzará acciones únicamente bajo la dirección del Presidente», explicó, enfatizando la preocupación por la concentración de poder.
Vivian Rodríguez, por su parte, hizo un llamado enfático a la ciudadanía y a las autoridades para revertir esta situación. «Hacemos un llamado a la población a prestar atención a la gravedad de este hecho; hacemos un contundente llamado al Presidente de la República a revocar esta decisión que pone en riesgo la división de poderes y la estabilidad democrática”. Vivian Rodríguez se pregunta: “¿Y las bases de nuestro Pacto Social?». Además, instó a los demás poderes de la República a activar los mecanismos necesarios para proteger la libertad y el orden constitucional del país.
La implementación de este decreto ha encendido las alarmas sobre el posible debilitamiento de la separación de poderes y el aumento de la influencia presidencial en instituciones clave. Las voces críticas piden un debate nacional urgente para evaluar las implicaciones de este cambio y garantizar la preservación de los principios democráticos fundamentales.
Le invitamos a ver el video de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo:
