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El derecho de protesta, desobediencia civil y resistencia

“Hay leyes injustas: ¿Nos contentaremos con obedecerlas o intentaremos corregirlas y las obedeceremos hasta conseguirlo”? (Thoreau)

Manuel Hernández

En el marco de la mayor barbarie después de la Segunda Guerra Mundial, a merced de la cual está siendo masacrada toda una nación, el pueblo palestino, con la pasmosa pasividad y hasta obscena complicidad de los organismos internacionales, se celebra, esta vez, con más pena que gloria, el Dia de los Derechos Humanos, conmemorándose el 76° aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

La Declaración contiene el catálogo de los derechos que expresan las supremas aspiraciones y los valores universales de la humanidad, radicados en la libertad, igualdad, justicia, la paz y la dignidad de las personas.

La DUDH no es una concesión gratuita, sino que es resultado de la lucha histórica de los pueblos y los trabajadores del mundo.

No obstante, el amplio elenco de derechos que reconoce la Declaración, ese primer instrumento transnacional pretirió reconocer derechos que no son menos fundamentales que los que expresamente contiene el texto, a saber: el derecho de protesta, desobediencia civil y resistencia legítima.

Estos derechos, cada uno con sus características propias, constituyen derechos de orden político, inherentes a la persona, al ciudadano, a los y las trabajadoras y a los pueblos.

La desobediencia civil y la resistencia contra la opresión de los gobernantes autoritarios y las leyes inicuas, que vulneran derechos fundamentales, forma parte del constitucionalismo que se desarrolló a finales del siglo XVIII.

La contribución filosófica de John Locke y Thomas Jefferson tuvo una extraordinaria importancia en la configuración de esos derechos.

Locke sostenía, en el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil (1690), que el pueblo tiene el derecho de resistir la autoridad y hasta derrocar el gobierno que quebranta los derechos inalienables de las personas.

Locke señaló varios motivos que justifican la resistencia legítima: cuando el gobierno defrauda al pueblo, prometiendo una cosa y haciendo lo contrario, se vale de argucias para violentar o eludir la aplicación de la ley, y en general, utilizar el poder contra el bienestar del pueblo.

Jefferson, en una línea de pensamiento similar, agregó los siguientes agravios: no aprobar o impedir la aprobación de leyes necesarias para el bienestar general, violencia contra los órganos representativos de la voluntad popular, obstruir el funcionamiento de la administración de justicia (cfr. El derecho a la protesta. Gargarella).

Jefferson afirma que la resistencia civil o política es necesaria para contener el poder dentro de sus propios límites: “una medicina necesaria para la buena salud de la República.”

Esas ideas revolucionarias se plasmaron en la “Declaración de Independencia”, de los Estados Unidos de América (1776), que reconoce el derecho del pueblo de restablecer el orden cuando la autoridad menoscaba los derechos inalienables.

Algunos años después se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789), que, en realidad fueron varias declaraciones, la cual también reconoció el derecho de “resistencia a la opresión.”

Una de las declaraciones dispuso lo siguiente: “cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de sus deberes”.

Así, esas declaraciones reconocieron que la resistencia, que puede tener distintas expresiones, ya sea como protesta, desobediencia civil, y en última instancia, como rebelión, constituyen derechos irrenunciables.

Lamentablemente, las burguesías después abandonaron ese reconocimiento y se volvieron contra esos derechos fundamentales.

Aunque la Declaración Universal no haya comprendido esos derechos, la protesta cívica, la desobediencia civil y la resistencia, constituyen derechos fundamentales que, en realidad, no necesitan la positivación en la normativa internacional, porque son derechos que, por la raíz de su naturaleza, corresponden a los pueblos, derivados de la soberanía popular, con mayor razón, en cualquier sistema democrático.

Jürgen Habermas nos dice al respecto: «Todo Estado democrático de derecho que está seguro de sí mismo, considera que la desobediencia civil es una parte componente normal de su cultura política, precisamente porque es necesaria».

Hoy, que se conmemora la DUDH, que no sé quién que tenga un mínimo de ética y elemental humanidad, podría celebrarla al fragor de aquella barbarie del Siglo XXI, es pertinente y necesario, ahora, más que nunca, reivindicar que el derecho de protesta, la desobediencia civil y la resistencia son derechos fundamentales, por más que hayan sido omitidos en la Declaración y en otros textos supranacionales, los cuales son derechos primarios, que garantizan la satisfacción de los demás derechos.

“Me revelo, luego existimos”, proclamaba Camus.

Un Monumento a la Dignidad para los Trabajadores de la Educación y la Salud

Álvaro Vega Sánchez
Sociólogo

Se dice que en Gran Bretaña hay muchos monumentos de la guerra, pero solo uno en homenaje a los doctores y enfermeras que combatieron en el frente luchando contra la “gripe del Juicio Final”, como se le llamó a la “Gripe Española”. Participaron en el frente de guerra 11.000 médicos de los 22.000 que había, 22.000 enfermeras y 120.000 mujeres en alguna función de enfermería.

Cabe traer a colación la obra La guerra no tiene rostro de mujer de la Premio Nobel de Literatura (2015) Svetlana Alexiévich, donde destaca la diferencia sustantiva entre los relatos de los hombres y de las mujeres sobre la guerra: “La guerra femenina tiene sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio. Tiene sus propias palabras. En esta guerra no hay héroes ni hazañas increíbles, tan solo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana. En esta guerra no solo sufren las personas, sino la tierra, los pájaros, los árboles. Todos los que habitan este planeta junto a nosotros. Y sufren en silencio, lo cual es aún más terrible”.

Es posible que, si hubiese prevalecido la mirada, la vivencia y el sentir femeninos, atendiendo a lo señalado por Svetlana, la labor de los trabajadores de la salud, con rostro de mujer, no hubiese pasado desapercibida; tampoco la de los educadores que le indujeron a leer a Dostoievski, como suele suceder, aún en nuestros tiempos. Efectivamente, si de algo adolecemos es de un justo reconocimiento de estos dos apostolados, el de los trabajadores de la salud y la educación, que salvan vidas. Los primeros, promoviendo, previniendo y curando las muchas enfermedades y dolencias del cuerpo y la mente, y los segundos alimentando el espíritu y el intelecto para abrir nuevos y mejores horizontes para alcanzar el bienestar social y humano a través de la ciencia, el arte y la cultura. Se trata de la abnegada tarea de los educadores para forjar una cultura de seres humanos libres, solidarios, justos y pacíficos, así como de los trabajadores de la salud para forjar una sociedad física y emocionalmente saludable, que merecen el más alto reconocimiento, sin mezquindades. Ambos son los pilares sobre los que se construyen sociedades social y ecológicamente sostenibles.

Si algo nos hizo enfrentar, como país, con dignidad el azote de la pandemia producida por el coronavirus Sars-Cov-2 fue, precisamente, haber contado con casas de estudios superiores que formaron al más alto nivel técnico y humanista a nuestros trabajadores de la salud, y con una institución pública como la Caja del Seguro Social, ejemplo insigne de solidaridad y orgullo de todos los costarricenses. Contamos con personal especializado, que supo responder, con profesionalismo, gran sensibilidad y compromiso, ejemplo de solidaridad humana, en tiempos donde la pandemia se convirtió en sindemia: la trágica combinación de crisis sanitaria y precariedad económica y social.

Sin duda, la apuesta por educación para la salud y salud para la educación ha sido la combinación virtuosa y visionaria, especialmente impulsada por quienes forjaron la Reforma Social y la Segunda República a mediados del siglo pasado, atendiendo y acogiendo las voces que clamaron por más justicia social. Una apuesta que ha venido sufriendo el embate letal por parte de fuerzas políticas que dejaron de pensar y actuar solidariamente.

No somos un país de grandes y ostentosos monumentos, y en buena hora. El diminutivo es nuestro favorito en el lenguaje cotidiano; sin embargo, algunas veces nos excedemos en su uso y tendemos a disminuir nuestros mismos logros, cuya grandeza debería ser motivo para celebrar. Más aún, lo peor es la tendencia que prevalece hasta hoy, a saber, la que promueve desde altas esferas bajar el perfil de nuestra valiosa y ejemplar institucionalidad social, y sus principales agentes: los trabajadores de la educación y la salud.

Efectivamente, ambos se han convertido en víctimas de un discurso populista y politiquero por parte de quienes, en lugar de abrirse horizontes propios con dignidad, inteligencia y valentía, buscan elevarse pisoteando los méritos y la dignidad de los demás. Y no se trata solo del comportamiento de algunos de los que nos gobiernan hoy, sino también de quienes desde hace rato vienen orquestando una campaña persecutoria y de mentiras, para desprestigiarlos. Particularmente, aduciendo que los derechos adquiridos son privilegios, obtenidos, según se dice, por prebendas clientelistas o por concesiones gratuitas. Donde hay desviaciones y errores que corregir, sólo ven desorden e ilegalidades intolerables, para llevar agua a sus molinos, polarizando a la sociedad e induciendo al odio y la violencia, instrumentos predilectos de quienes sí buscan actuar al margen de la ley y la institucionalidad, antidemocráticamente.

El cinismo se ha puesto a la orden del día: un diputado o diputada levanta la bandera en contra de los catedráticos “pensionados de lujo”, cuando ese mismo diputado o diputada empieza su labor parlamentaria recibiendo un salario por un monto superior al de un catedrático jubilado con treinta años de servicio, y sin deducciones por contribuciones solidarias. Asimismo, resulta inexplicable la reticencia a reconocer los justos salarios a los trabajadores de la salud, particularmente a los especialistas. Bajo estas condiciones, ¿quiénes van a querer trabajar en educación y salud públicas, exponiéndose además a ser considerados ante la opinión pública como injustamente privilegiados? Sin duda, esta es la fórmula mágica que se viene utilizando para desmantelar el Estado Social de Derecho y privatizar las instituciones más rentables. Parafraseando una pancarta del movimiento social francés: cuando la educación y la salud sean privadas nos privamos de todos sus servicios. El país ha sabido también lograr una combinación virtuosa entre una fuerte institucionalidad de salud pública y una importante institucionalidad privada; ambas de calidad y competitivas, incluso para ofrecer servicios de alcance internacional. Sin embargo, venimos aceleradamente rompiendo este círculo virtuoso al pretender reducir al mínimo el servicio público.

Es tiempo de aprestarnos a corregir errores institucionales sin devaluar y desprestigiar. No tiremos al niño con el agua sucia de la bañera. Asimismo, dejar de levantarse y ganar credibilidad, exaltando los errores de los demás. Sin ser gratuitos, disculpando lo que no debe disculparse, aprendamos a hacer la diferencia con menos aspavientos, sin atizar el fuego del odio, y reconstruyamos la patria sobre los cimientos de la dignificación de todos los trabajadores de este país. Sobre todo, sin mezquindad, reconociendo y valorando el esfuerzo y dedicación de quienes asumen como apostolado su función de servicio público y privado, pensando en el bienestar de todos los costarricenses.

Es tiempo de dignificar la encomiable labor de los trabajadores de la salud y la educación, para garantizar el bienestar en nuestra patria. Hoy más que nunca, hay que renovar el pacto de la educación para la salud y la salud para la educación. Este pacto es la garantía para volver a alcanzar los primeros lugares en desarrollo humano en América Latina, y dejar atrás los que hoy nos colocan entre los más desiguales del mundo.

Una meta encomiable que no se podrá lograr si se continúa pisoteando la dignidad de ambos sectores, algo que se ha convertido en consigna de las principales fuerzas políticas hasta nuestros días, secundadas por los grandes medios de comunicación, al servicio de mezquinos intereses electoralistas y de una élite económica insaciable, que se acostumbró a no pagar impuestos. Necesitamos volver a pensar y sentir como ciudadanos y ciudadanas dignos de una patria digna.

El narcotráfico como factor de cambio sistémico

Miguel Sobrado

En el libro «América Latina: crisis del Estado clientelista y la construcción de repúblicas ciudadanas«, se argumenta que la aparición del narcotráfico en la región representa un punto de cambio significativo en las relaciones de poder debido a varios factores interrelacionados.

Impacto del Narcotráfico en el Poder Político

Competencia con el Estado: Los cárteles de narcotráfico han adquirido un poder económico que les permite competir directamente con el Estado. Esto ha llevado a una erosión de la autoridad estatal, ya que los narcotraficantes pueden ofrecer recursos y servicios que el gobierno no puede proporcionar, creando así una alternativa al clientelismo tradicional.

Desplazamiento de Oligarquías: La industria del narcotráfico ha desafiado el poder de las oligarquías tradicionales, que históricamente han controlado las estructuras políticas y económicas. Al introducir una nueva dinámica de poder basada en la riqueza generada por el narcotráfico, se han abierto espacios para que actores previamente excluidos participen en la economía y la política34.

Fragmentación del Control: La estructura descentralizada y fragmentada del narcotráfico, donde múltiples grupos compiten por el control territorial y las rutas de tráfico, ha debilitado aún más la capacidad del Estado para mantener el orden. Esto ha llevado a un aumento de la violencia y a una lucha constante por el dominio entre diferentes organizaciones criminales12.

Consecuencias Sociales y Económicas

Inseguridad Ciudadana: La expansión del narcotráfico ha contribuido a un aumento significativo en la inseguridad y la violencia en muchas comunidades, lo que afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos y su confianza en las instituciones13.

Corrupción Institucional: La infiltración del narcotráfico en las instituciones gubernamentales ha generado casos de corrupción que socavan la efectividad de las políticas públicas. Esto crea un ciclo vicioso donde los gobiernos son incapaces de actuar eficazmente contra el crimen organizado debido a su propia corrupción interna4.

Nuevas Formas de Organización Social

El narcotráfico no solo altera las dinámicas de poder tradicionales, sino que también ha llevado a nuevas formas de organización social. Las comunidades afectadas por la violencia y la exclusión están comenzando a buscar alternativas al clientelismo, promoviendo una ciudadanía más activa y autónoma que desafía tanto al narcotráfico como al Estado en su forma actual34.

En resumen, la aparición del narcotráfico en América Latina ha transformado radicalmente las relaciones de poder, desafiando tanto al Estado como a las estructuras sociales tradicionales, lo que plantea serios retos para la construcción de democracias efectivas en la región, a menos que se prepare una reforma progresiva del Estado que habilite con organización autónoma y educación actualizada a los sectores excluidos.


SURCOS presenta una síntesis del libro América Latina: crisis del estado clientelista y la construcción de repúblicas ciudadanas enviado por Miguel Sobrado, uno de los autores:

De acuerdo con el premonitorio libro «América Latina: crisis del estado clientelista y la construcción de repúblicas ciudadanas» de Miguel Sobrado y Juan José Rojas, (2003 Mx y 2006 CR) no abordar los problemas estructurales asociados al clientelismo y no avanzar hacia la construcción de repúblicas ciudadanas conlleva varios riesgos graves para el desarrollo político, social y económico de América Latina.

Algunos de los principales riesgos señalados en el texto son los siguientes:

  1. Persistencia de la corrupción sistémica
  • El clientelismo fomenta un sistema en el que las decisiones políticas y la asignación de recursos están motivadas por intereses personales o partidistas, en lugar del bien común. Si no se desmantelan estas prácticas, la corrupción se vuelve estructural, perpetuándose en todos los niveles de gobierno.
  • Esto genera desconfianza hacia las instituciones, debilitando la legitimidad de los gobiernos y alejando a los ciudadanos de los procesos democráticos.
  1. Crisis de gobernabilidad
  • La incapacidad para responder de manera efectiva a las demandas ciudadanas y combatir la desigualdad genera un clima de inestabilidad política y social. Esto puede derivar en protestas masivas, disturbios sociales y una mayor polarización política.
  • Los autores advierten que esta crisis de gobernabilidad puede llevar a ciclos de autoritarismo, donde sectores políticos buscan imponer orden mediante la represión y la limitación de derechos democráticos.
  1. Consolidación de las desigualdades estructurales
  • El clientelismo tiende a beneficiar a pequeños grupos de poder, dejando de lado a los sectores más vulnerables de la población. Si no se hacen cambios, las brechas económicas, sociales y de acceso a oportunidades continuarán ampliándose.
  • Esta exclusión social crónica fomenta resentimientos y divisiones dentro de la sociedad, dificultando la cohesión social necesaria para el progreso.
  1. Debilitamiento de la democracia
  • Los sistemas clientelistas socavan los principios democráticos al priorizar las lealtades personales sobre el voto informado y la participación ciudadana. Esto genera una cultura política basada en el oportunismo y la falta de accountability.
  • La permanencia de estas prácticas pone en riesgo la calidad de la democracia, abriendo paso a regímenes populistas o autoritarios que se aprovechan del descontento social.
  1. Estancamiento económico
  • La corrupción y el clientelismo afectan negativamente el desarrollo económico, ya que distorsionan la asignación de recursos públicos y desincentivan la inversión extranjera y nacional. Además, generan ineficiencia en la gestión pública y la provisión de servicios esenciales.
  • En un entorno marcado por la corrupción y el favoritismo, las oportunidades de desarrollo y crecimiento económico quedan restringidas a unos pocos, perpetuando la pobreza y el subdesarrollo.
  1. Aumento de la violencia y el crimen organizado
  • Los autores señalan que, en ausencia de instituciones fuertes y transparentes, el crimen organizado y la violencia pueden florecer, aprovechándose del debilitamiento del estado de derecho. Esto pone en peligro la seguridad de los ciudadanos y socava aún más la confianza en las instituciones públicas.
  1. Pérdida de la cohesión social
  • En una sociedad marcada por el clientelismo, las relaciones sociales tienden a basarse en la dependencia y los favores, en lugar de la igualdad y el respeto mutuo. Esto genera divisiones sociales, fragmentación comunitaria y una menor capacidad para organizarse colectivamente.
  • Sin cambios, los lazos comunitarios se debilitan y los ciudadanos se sienten impotentes frente al sistema, lo que perpetúa la apatía política.
  1. Riesgo de colapso institucional
  • Si no se abordan las raíces del clientelismo y la corrupción, las instituciones públicas pueden entrar en un proceso de degradación progresiva, volviéndose incapaces de cumplir con sus funciones básicas.
  • Esto podría desembocar en el colapso de la confianza pública y en una crisis institucional de gran magnitud, que amenace la estabilidad del sistema político en su conjunto.

Conclusión:

El libro advierte que, de no implementarse los cambios necesarios, América Latina corre el riesgo de quedar atrapada en un ciclo de subdesarrollo político, económico y social. Esto no solo limita las posibilidades de progreso, sino que también perpetúa la desigualdad, la corrupción y la violencia endógena, dificultando la construcción de sociedades más justas y democráticas. Para los autores, la superación del clientelismo es clave para garantizar la sostenibilidad de las democracias en la región.

Racismo y manifestaciones discriminatorias hacia pueblos indígenas y otras poblaciones étnico-culturales en Costa Rica

El artículo académico que le invitamos a leer es una publicación de la revista Espiga, publicada por la UNED, y escrito por Vania Solano-Laclé, Fernanda Alvarado-Leitón y María Fernanda Obando-Sánchez.

Este artículo tiene como objetivo describir las manifestaciones discriminatorias hacia pueblos indígenas y otras poblaciones étnico-culturales en Costa Rica. Para ello se analizaron los datos provenientes de la Encuesta Actualidades  2022. Los resultados evidencian una percepción de maltrato, con mayor frecuencia hacia personas indígenas, nicaragüenses y afrodescendientes. Se constata que las personas, según su autoidentificación étnico-cultural, perciben situaciones de discriminación hacia sí mismos y hacia sus familiares por su fenotipo, procedencia e identidad cultural, idioma, condición socioeconómica y género. El artículo corrobora que pertenecer a un grupo étnico-cultural minoritario en Costa Rica constituye un factor de vulnerabilidad para ser discriminado y muestra asociaciones entre condiciones fenotípicas (rasgos faciales y color de piel) de los grupos y condiciones de exclusión económica  y  educativa.  Los  hallazgos  resaltan  la  necesidad  de  incluir  la autoidentificación étnico-cultural en las investigaciones sociales, en general, y en las encuestas, en particular.

Le invitamos a informarse con este artículo acerca de estas problemáticas discriminatorias que afectan a los pueblos indígenas. 

Compartimos el enlace:

https://revistas.uned.ac.cr/index.php/espiga/article/view/5583/7957

Las tendencias populistas pueden ser explosivas

Vladimir de la Cruz

Las tendencias populistas que empiezan a aflorar en el país, con el actual presidente, el Jaguar de Zapote, pueden llegar a ser explosivas, volcánicas. Llegó por elecciones, pero cuestiona la institucionalidad electoral. Quiere quedarse en el poder por elecciones. Si se puede, lo hará. Si no se puede, lo intentará.

Se evidencia en su comportamiento su tendencia autoritaria y casi totalitaria. La democracia electoral multipartidista fue su fuente de llegada. Hoy quiere acabar con ese multipartidismo. Prefiere controles para que no haya dobles candidaturas, a la presidencia y a diputado por parte de aspirantes a la elección popular. Desea menos partidos políticos participando sin entender que el proceso electoral abre la posibilidad para que los ciudadanos, en toda su magnitud, puedan organizarse al margen de los partidos políticos tradicionales o aquellos que han participado en elecciones. El Jaguar olvida que él mismo participó con un partido que por primera vez acudía a las elecciones enfrentando a todos los existentes, viejos y nuevos partidos.

Quienes piensan que el desgaste electoral y del abstencionismo crecen por la cantidad de partidos existentes en los procesos electorales no aprecian bien el panorama. El desgaste de los electores, la desconfianza de los ciudadanos en los partidos políticos no está en la cantidad de ellos. Está justamente en los pocos partidos que han gobernado y en los pocos que tienen representación parlamentaria. De estos, los ciudadanos no han visto resultados inmediatos, no han tenido promesas electorales cumplidas. No tienen a los partidos como organizaciones que sean hoy un referente de militancia política, de tenerlos como su hogar político, y de tener a sus miembros como una familia política.

El actual presidente empieza a sufrir esta situación. A pesar de que tuvo, por primera vez, en el 2022, al asumir la presidencia, la oportunidad de impulsar desde el 8 de mayo de ese año, la oportunidad de darle a la Asamblea Legislativa un paquete de proyectos de ley, de iniciativas legislativas para cumplir con lo que decía en la campaña electoral, no lo hizo, porque no estaba preparado para asumir el gobierno. Ni por iniciativa de la Casa Presidencial ni por la de sus propios diputados pudieron hacerlo, porque no tenían ningún proyecto de ley preparado relacionado con lo que habían dicho en la campaña electoral o con lo que habían ofrecido a los electores. Varios días en mayo del 2022 la Asamblea Legislativa se paralizó, porque en las sesiones extraordinarias legislativas que inician en mayo solo el Poder Ejecutivo puede presentar proyectos de ley a trámite de conocimiento y aprobación legislativa.

Pero, desde el 8 de mayo del 2022, el actual gobierno y su Jaguar al frente, no han hecho más que rugir contra la institucionalidad pública, contra los poderes públicos, contra la misma Asamblea Legislativa y sus diputados, contra la Corte Suprema de Justicia y su Sala Constitucional, contra la Contraloría General de la República, contra medios de comunicación social, contra la Fiscalía General de la República, contra críticos y analistas del quehacer político nacional, aduciendo que no los dejan gobernar.

No es que no les dejan gobernar. Es que no tiene nada concreto que ofrecer a sus electores, a la ciudadanía como obra propia, como proyectos propios relacionados con el discurso de la campaña electoral que lo llevó a Zapote. ¿Por qué? Porque el discurso era vacío. Simplemente, ataques a toda la institucionalidad política electoral, a los partidos políticos y a sus dirigentes tradicionales, haciendo ver que ellos no habían resuelto problemas de los ciudadanos. En este sentido su discurso tenía contenido real, lo que los ciudadanos resentían de esos partidos y políticos.

Hoy, al finalizar el 2024, a un año de las próximas elecciones nacionales, en las encuestas recientes el presidente tiene altos índices de reconocimiento personal, asociados especialmente a la labor que se ha hecho y a su presencia publicitaria para atender la situación de las catástrofes climáticas que asolaron al país, y en cierta forma por la visita del presidente salvadoreño Bukele. Los índices son altos en lo personal. Pero, han caído en la imagen presidencial propiamente dicha porque la gente, los ciudadanos, siguen sin ver resultados reales de su gestión, que les lleguen a ellos.

Los resultados positivos del populismo descansan para llegar al poder en que los ciudadanos o los trabajadores no se sienten bien representados en el Poder Ejecutivo o en la Asamblea Legislativa. De alguna manera, los ciudadanos se sienten maltratados por la realidad de su situación socioeconómica o porque no hay reales políticas sociales en educación, salud, vivienda, créditos, pensiones e ingresos salariales. Salarios de hecho están congelados desde hace casi cinco años y proyectados a continuar congelados por los próximos tres, salvo que los aumenten sustantivamente en el 2025 por ser año electoral. Salarios suben en escalera. Los precios de los artículos de la canasta básica, de consumo y los de los servicios públicos suben en ascensor.

Las formas populistas que han germinado y han brotado en el país no tienen los rasgos nacionalistas, patrióticos o anti imperialistas que los movimientos populistas en América Latina han tenido en estos últimos 25 años. Aquí, el populismo en la forma que se presenta carece de un contenido nacionalista, inspirador para las mayorías sociales. Ni siquiera se arropa de patriotismo. Nacionalismo, Patriotismo o Antiimperialismo no son parte de las agendas ni de los discursos populistas en Costa Rica, al menos hasta hoy.

El discurso populista y autoritario sigue siendo contra las élites que han gobernado y sus partidos políticos, contra los gobiernos y políticos que han hundido el país o que han provocado las crisis de la ingobernabilidad. Las soluciones a ello siguen siendo en el esquema tradicional: acudir a los organismos internacionales, tratar de acabar con las altas inflaciones, abrir más la economía o privatizar instituciones públicas como se han vuelto a lanzar estas iniciativas, como es el caso de la venta del Banco de Costa Rica o de la Fábrica Nacional de Licores, que se han puesto a sonar, que les han puesto música y maquillaje.

No hay fuerzas políticas que defiendan el Estado fuerte, intervencionista. Al contrario, se trata de desmantelar ese Estado en toda la dimensión que se pueda hacer.

En las corrientes populistas del pasado las masas populares se movían o movilizaban con sus dirigentes identificados con ellas por su nacionalismo, patriotismo o anti imperialismo, por sus discursos relacionados con sus problemas sociales a resolver. Hoy las corrientes populistas se mueven por la esperanza que se deposita en los líderes o los gobernantes, sin movilizaciones, ni contenidos nacionalistas, patrióticos o anti imperialistas y sin agendas sociales.

El actual presidente en su accionar trata de movilizar sectores sociales alrededor suyo, en sus giras por los cantones, hasta ahora sin éxito. Los movilizados son desclasados, sectores marginales y discriminados, resentidos sociales, algunos desempleados, sin conciencia política y muchas veces sin conciencia real de su movilización, porque ésta descansa en un pago que se les hace, para llevarlos en buses, y en un suministro alimentario que los moviliza.

Las tendencias populistas en el continente han sido de izquierda y de derecha. En Costa Rica las tendencias populistas gravitan del lado de la derecha, del centro derecha de manera más tenue o disfrazada.

Las corrientes populistas que giran alrededor de la presidencia de la República y sus seguidores son más hacia el autoritarismo, sin identificación ideológica, aunque de vez en cuando al presidente se le mete en su lengua asusta con el comunismo, hoy totalmente desfasado en el plano histórico, o de enfrentamientos de tipo homofóbicos. No hay en este sentido ninguna amenaza real comunista, ni en el plano nacional ni en el internacional. La República Popular China no es una amenaza comunista, como casi la presenta el presidente. Puede serlo en el plano económico y comercial con los intereses de otras potencias y países hegemónicos que presionan a gobiernos débiles, como el de aquí, para bloquear la presencia comercial china, como lo está haciendo. La República Popular China se proyecta como el puntero más importante en esos terrenos, comercial y económico, a partir de la década del 2030. ¿Dónde tenemos que ubicarnos?

El autoritarismo impulsado por Zapote tiende a sustituir el bloque político económico tradicional por otro que el Jaguar de Zapote representa, de una nueva burguesía y nueva aristocracia política, de muy altos ingresos, con menos partidos políticos competitivos aparentando un régimen pluralista, que desplace a las alianzas políticas tradicionales, que desplace a la oposición a la marginalidad electoral e inhabilite las disputas políticas. El autoritarismo en marcha va contra la disidencia y la oposición política hacia la dictadura, el gobierno autocrático militarista y despótico. Su traje de gala es el narco estado y el narco gobierno.

El populismo impulsado desde Zapote se orienta a minar el sistema representativo democrático. Carisma, confianza y esperanza todavía rodean al Jaguar. Sus desplantes populistas y demagógicos requieren masas sociales, seguidores especialmente salidos de las tiendas políticas tradicionales. Todavía no las tiene de esa forma.

En este ambiente hacia las elecciones del 2026 los partidos tradicionales, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, como los principales del escenario, en sus luchas internas han perdido la capacidad de representación popular que tuvieron en el pasado. Mientras el populismo es personalista en estos partidos sus nuevos clanes y tribus políticas conducen sus derroteros a eliminar los personalismos políticos que los fundaron, los guiaron, los llevaron a las alturas políticas que disfrutaron, y avanzan por destruir sus liderazgos históricos, por impersonalizar sus estructuras políticos partidarias, lo que les puede resultar fatal, porque los líderes no se improvisan, se hacen en los propios partidos políticos y en sus estructuras partidarias, más que parlamentarias.

Las asambleas nacionales recién celebradas por ambos partidos, me parece, agudizaron los niveles de sus propias representaciones políticas, de sus liderazgos que casi los decapitaron, obligando a algunos dirigentes a descansar, en sarcófagos, debidamente embalsamados. No surgieron de esas asambleas planteamientos visibles para esos partidos de presentarse como facilitadores e intermediarios de los sectores populares y de la ciudadanía en general ante los graves e importantes problemas que el pueblo y el país tienen.

Si el populismo continúa en el país será tan solo la evidencia de que no hemos podido resolver los problemas fundamentales que preocupan a la ciudadanía y el pueblo en general.

Compartido con SURCOS por el autor.

La pulpe de la cárcel

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Por más de 200 años, las sociedades civilizadas han avanzado, no sin obstáculos, por el camino del respeto a la dignidad de los privados de libertad. La abolición de la pena de muerte, en 1882, gran legado de don Tomás Guardia a los costarricenses y al mundo, es la mejor expresión, de esa tarea de supremo respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así, también, la inhumana tortura, para infringir sufrimiento, o cualquier otro tipo de maltrato inconcebible, incluido el encarcelamiento injusto, conque se degrada a la persona, han dejado de tener cabida en sociedades que se dicen civilizadas.

No en vano, a los costarricenses todavía nos avergüenza, las situaciones descritas por José León Sánchez, en su novela «LA ISLA DE LOS HOMBRES SOLOS», que tanto impactara entre los costarricenses, cuando se publicara hace más de medio siglo, en la cual José León describe, como testigo, la situación que se vivía en la antigua prisión existente isla San Lucas.

Pero, por dicha, han pasado los años, y con ellos se han venido estableciendo principios convencionales en el marco de la ONU, que, junto a decisiones internas de Estados, como Costa Rica, han permitido avanzar por el sendero correcto, hacia el respeto de los derechos de los que cumplen sanciones penales. «Donde las leyes permiten que un hombre, en determinados casos, deje de ser una persona para convertirse en una cosa, no existe libertad», describió Beccaria, jurista italiano del siglo XVIII, de gran influencia en la modernización del derecho penal europeo.

En los «Principios básicos para el tratamiento de los reclusos», (ONU 1990), explícitamente se establece, el deber de crear «condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades laborales remuneradas y útiles, que faciliten su reinserción en el mercado laboral del país, y les permita contribuir al sustento económico de su familia y al suyo propio«.

Tenemos los costarricenses, leyes pertinentes y un ejemplar «Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional«, emitido en la administración de don Luis Guillermo Solís, que recoge el espíritu y letra de la legislación pertinente al caso que nos ocupa. Por ejemplo, se estipula que «Las condiciones de vida de la persona privada de libertad, deberán tener como referencia, la vida en libertad«. Para su inserción social, el Estado «tomará las medidas necesarias a efecto de poder ofrecer a las personas, educación, cultura, formación profesional, trabajo, salud, deporte, arte, y cualquier otra cosa que tenga el mismo fin«. Asimismo, se ha de implementar «un modelo de formación integral, garante de los derechos humanos, que les posibiliten la inserción social«, para lo cual se ha de generar, «una oferta educativa, formativa, productiva y laboral, que estimule el desarrollo de habilidades, competencias y destrezas… para su vida en libertad«. Ello con la finalidad de realizar «un proceso de acompañamiento individual y grupal a las personas privadas de libertad, que desarrollen actividades ocupacionales«.

En términos generales, se busca que las actividades de formación, ocupación y capacitación, «sean parte esencial del plan de ejecución de la pena y tendrán como finalidad, adquirir y fortalecer destrezas y hábitos positivos… que favorezcan la inclusión social… y un proyecto de vida sin delinquir«.

Ante lo anotado, no entendemos cómo, el presidente Chaves y la co-gobernante Cisneros, hasta gastaron recursos del Estado, para anunciar como un éxito del gobierno, el haber desautorizado el funcionamiento de un par de pequeñas pulperías, administradas por adultos mayores, en sendas cárceles. Pulperías (ellos les llaman «comisariatos», otros «supermercados») que, debidamente autorizadas por el ministro de Justicia (aunque lo obligaron luego «a quitarse»), funcionaban, con grandes limitaciones, en las prisiones.

Aprovechando que se trata de una población vulnerable, privada del ejercicio de varios derechos en razón de sentencias judiciales, mayormente despreciada por los habitantes, la máxima autoridad del Poder Ejecutivo consideró un «éxito» detener su operación, pues «no pagan impuestos ni la luz», dijo el dúo Chaves-Cisneros. Acción que demuestra ausencia de sensibilidad y solidaridad cristiana, además del usual desconocimiento de la legislación, nacional e internacional.

El hecho de que, en países como El Salvador, no rijan reglas similares, no ha de ser motivo para retroceder tan violentamente, en un campo en el cual los costarricenses hemos avanzado tan significativamente. Por ello, esperamos que, en virtud de recursos de amparo presentados a favor de los privados de libertad, afectados como artesanales empresarios, y como particular clientela, los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, además de acogerlos, emitan un voto razonado tal, que vaya permeado de una motivación educativa, donde se reafirmen los principios básicos, que el Chaves y la Cisneros, están desechando, como parte de su demagógica propaganda, de hombre fuerte y mujer de hierro.

6 de diciembre del 2024

Diputados entregan la soberanía nacional

Partido Vanguardia Popular

Rechazamos la reciente decisión legislativa de permitir la entrada y operación de tropas estadounidenses en aguas y puertos del territorio nacional durante el 2025, usando como excusa la colaboración en la lucha contra el narcotráfico.

Esto lo consideramos un acto violatorio de la soberanía nacional, enmarcado en la agenda imperialista, que busca reforzar su hegemonía en el continente americano.

La lucha contra el narcotráfico pasa por la inversión social, el mejoramiento de la educación, la cultura y el deporte, así como la creación de puestos de trabajo. Otras medidas para derrotar al narco pueden ser el levantamiento del secreto bancario y una mejor política de confiscaciones al crimen organizado, afectando a los peces gordos de la droga, muchos de los cuales están incrustados en las altas cúpulas políticas y empresariales.

Nuestro prócer, Juan Rafael Mora Porras, se encargó de expulsar a las tropas gringas que pretendieron dominar a Costa Rica. Contrario a eso, tanto Rodrigo Chaves, como la Asamblea Legislativa, les abren las puertas de par en par y les entregan la soberanía.

Es vergonzoso que diputados, supuestamente de izquierda, voten por la entrada de tropas gringas al país, ignorando cuánto daño ha realizado el ejército de los EEUU a nuestros pueblos latinoamericanos y del sur global. Esperamos, y ojalá así sea, que esto no sea el pago de la dirección del Frente Amplio al favor que hiciera un funcionario de la embajada yanqui asistiendo a un acto público en Cartago con presencia del actual diputado, Antonio Ortega en plena campaña electoral. Dicha visita fue un acto político con una alta carga simbólica de alineamiento a las políticas gringas.

Para mantener la memoria histórica viva; jamás los diputados del Partido Vanguardia Popular, Pueblo Unido u otras expresiones de izquierda, hubiesen votado semejante cosa. La coherencia política e ideológica, nos obliga a recordar, la entereza moral de diputados como Arnoldo Ferreto, Manuel Mora, Humberto Vargas Carbonell, Freddy Menéndez, Mario Devandas, Sergio Erick Ardón, Álvaro Montero Mejía, Rodrigo Ureña, Eduardo Mora y José Merino, quienes siempre fueron consecuentes con la patria y la soberanía nacional.

Hacemos la salvedad de que la única diputada de la República en oponerse a la entrada de las tropas gringas fue Rocío Alfaro, quien ha mostrado ser consecuente con su militancia de izquierda.

En la política no hay lugar para la ingenuidad, cada diputado debe hacerse responsable por lo que vota, la Patria y la historia se los demandará.

La herencia del clasismo y el racismo

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Hace ya muchos años viajé por primera vez al Perú. En el aeropuerto mismo de Lima se me hizo evidente que había llegado a una sociedad horriblemente clasista y racista. La forma en que unos, que se creían blancos y ricos, trataban al hombre de las maletas, al taxista, a la empleada doméstica, y ni se diga a las personas con pinta aborigen, me pareció abominable.

No quiero idealizar al ser costarricense, pero, comparativamente, es cierto que aquí el trato ha sido un poco más respetuoso e “igualitico”.

Al menos eso ha sido así para mi generación y las generaciones inmediatas.

Por décadas, Pilar Cisneros, aparecía ante el público televidente como la campeona de la verdad, la probidad y la justicia. Esa mera imagen fue el capital con el que luego ha incursionado en la peor política. Ha logrado engañar a muchos. Pero la realidad es que siempre sirvió obsecuentemente a poderosos patronos de los medios de comunicación masivos. Quiénes la sufrieron como jefa dan fe de su verdadero yo, su manera de tratar a los subalternos, su prepotencia y arribismo, al mejor estilo oligárquico peruano.

Nada que extrañar entonces con la anécdota del condominio lujoso. Cuando de lo que se trata es de “tener” y no de “ser”, de aparentar una imagen y ocultar la realidad, no nos tiene que sorprender que alguien que, en el fondo, por herencia y formación de cuna, detesta a los pobres y desheredados, aparezca diciendo que los representa y defiende.

Alianza Progresista: Legislar el Poder Absoluto es un Asalto a la Libertad

La Alianza Progresista está profundamente alarmada por la reciente aprobación por el Parlamento nicaragüense de reformas constitucionales que otorgan a los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo un control sin control sobre todos los poderes del Estado, las instituciones independientes y los medios de comunicación. Si estos cambios se promulgan a principios del próximo año, consolidarán la caída de Nicaragua en un régimen autoritario y aislarán aún más al régimen internacionalmente.

Llevamos mucho tiempo condenando el desmantelamiento sistemático de las instituciones democráticas y la violación de los derechos humanos bajo el régimen actual. Apoyamos decididamente a las fuerzas democráticas de Nicaragua, que han soportado inmensas dificultades para resistir a la tiranía. Más de 200 presos políticos fueron exiliados a la fuerza en febrero de 2023, y otros innumerables permanecen detenidos, exiliados o bajo persecución constante. Esta última medida, que manipula la Constitución del país, intensifica la campaña de represión y control del régimen.

La consolidación del poder en el seno de una sola familia no sólo supone una nueva regresión para Nicaragua, sino también una grave amenaza para la estabilidad regional. Las alianzas del régimen actual con gobiernos autoritarios socavan los principios democráticos y las libertades fundamentales defendidos por los movimientos progresistas de toda América.

La Alianza Progresista cierra filas con partidos hermanos de todo el mundo y con la comunidad internacional para reforzar el apoyo al pueblo de Nicaragua en su lucha por restaurar la democracia, el estado de derecho y el respeto a la dignidad humana. Nicaragua no se enfrentará sola a esta lucha.