Otro fallido proyecto chavista es el de, sin considerar las grandes diferencias que caracterizan la delincuencia en suelo salvadoreño, con la que nos agobia en Costa Rica, gastar cerca de ¢25.000 MILLONES en la construcción de otra prisión en Costa Rica.
Recordemos antes, que la construcción de la cárcel bukeliana, no ataca lo más importante, o sea, las causas de la criminalidad que nos arrebató, la paz que merece el pueblo de Costa Rica. En lugar de apuntar las canfineras hacia el escenario en que se mueven los actores, el «gran esfuerzo» se dedica a satisfacer un pingüe capricho presidencial, un poco alejado de hacia dónde orientar, los pasos hacia un buen gobierno.
«¡Hablemos de la cárcel!», se oye decir en Zapote, y no del desastre provocado en la educación estatal, por la exministra Müller, en los tres años como ministra de Educación. Igualmente, «escondamos la inhumana disminución en la inversión social, donde cada colón negado por el frío IMAS, se convierte en el ingrediente de la pócima de la hechicera, conque se nutre la delincuencia practicada, por los miserables que solo encuentran caminos cerrados, en su búsqueda por sobrevivir, en esta selva urbana.
Así, la paradoja se resume en, «_como estamos propiciando mayor delincuencia, necesitamos más prisiones_», cuando la lógica, el sentido común, debería ser, que, ‘gracias a una muchísima mejor educación, y a una atención prioritaria de los programas de atención, hacia, el millón de pobres que apenas tienen una comida diaria, la necesidad de más celdas cada día será menor’. ¡A mayor educación y programas de solidaridad social, menor delincuencia!, es una máxima universal, que Chaves desdeña.
Finalmente, creemos, que los diputados de oposición que, en una pequeña comisión, aprobaron disminuir el presupuesto del Ministerio de Seguridad, muy especialmente, ¡en momentos en que más se necesita trabajar en prevención!, SABEN que, el gobierno chavista jamás tendrá la capacidad necesaria, de presentar, para su valoración formal, un proyecto de construcción, viable, bien estructurado, decente. Por eso, presumimos, los legisladores no pusieron obstáculos al mismo, pues, eventualmente, no pasará de una idea desfinanciada, como lo fue, la también descabellada idea de la llamada «ciudad gobierno», en terrenos que pretendieron arrebatar al Liceo de Costa Rica. «Ciudad» monstruosa, de la que nunca hubo proyecto ni financiamiento.
Similar situación se dio, alrededor de un proyecto urbanístico privado, «soñado» como un enclave de millonarios extranjeros, que contarían con un pequeño atracadero para yates, ¡en terrenos de JAPDEVA!, al que llamaron «la marina de Limón», y que habría generado ¡cien mil empleos!, dijo la exministra de Planificación, y demagoga, Laura Fernández, solo para citar dos ejemplos. Y es que, amigos, en cuanto a la idea de la cárcel, lo cierto es que no se puede esperar mucho, pues se trata de un proyecto diseñado, por funcionarios donde predomina, la incompetencia y la improvisación.
La democracia costarricense atraviesa una crisis silenciosa pero profunda: la del sistema de partidos. Lo que durante décadas fue el pilar de nuestra institucionalidad —estructuras partidarias sólidas, con ideología, cuadros formados y programas claros— hoy se ve sustituido por dos fenómenos preocupantes:
Primero, la proliferación de “partidos taxi”: vehículos creados para llevar a una persona al poder y luego desaparecer.
Segundo, la degradación de los partidos tradicionales, que han perdido su vocación programática y se han convertido en maquinarias electorales sin renovación real.
Viejos políticos, nuevos taxis
En los últimos tres procesos electorales, Costa Rica ha visto cómo candidatos sin el respaldo de las estructuras históricas han llegado a la presidencia: Luis Guillermo Solís (2014), Carlos Alvarado (2018) y Rodrigo Chaves (2022). Ninguno era favorito en las encuestas iniciales, y todos capitalizaron el desgaste del PLN, PUSC y PAC.
Este fenómeno ha abierto la puerta a figuras que, en lugar de fortalecer partidos, los usan como plataformas desechables. El Partido Progreso Social Democrático, que llevó a Chaves al poder, es un ejemplo citado por analistas como un “partido taxi”.
Los vicios que no mueren
El PLN, el más longevo de los tradicionales, arrastra décadas de cuestionamientos éticos y escándalos internos. El PPSO, el más novel y señalado como vehículo del oficialismo afín al chavismo, ya acumula denuncias por prácticas poco transparentes, vínculos con operadores digitales pagados desde Casa Presidencial y designaciones cuestionadas.
Paradójicamente, ambos extremos —el histórico y el emergente— comparten males similares: imposiciones internas que sus críticos califican de antidemocráticas, y el respaldo a proyectos de ley que han generado rechazo social, como las Jornadas 4×3, percibidas por sindicatos como un retroceso en derechos laborales. A esto se suma la inacción o el bloqueo de reformas clave en seguridad pública, como los allanamientos 24/7 o la incautación expedita de capitales ilícitos. Y, como cereza del pastel, en los últimos días, diputados del gobierno y del PLN entierran proyecto de ley para regular ‘lobby’ y ‘puertas giratorias’ a pesar de que la OCDE llamó la atención a Costa Rica por la falta de regulación del ‘lobby’; grupo de eventos y similitudes entre dos partidos, se supone, antagónicos que levantan suspicacias hasta del más inocente ciudadano.
El espejismo del liderazgo individual
La política costarricense se ha deslizado hacia el personalismo. La narrativa gira en torno a la figura del líder, no a la solidez de su equipo o la coherencia de su plan de gobierno. Esto ha tenido consecuencias visibles:
– Administraciones que llegan con un círculo reducido de confianza, sin cuadros técnicos suficientes para ejecutar políticas públicas.
– Falencias en áreas críticas como seguridad, infraestructura y educación, que se repiten gobierno tras gobierno.
– La “paradoja de la popularidad”: presidentes con altos índices de aprobación, pero con resultados pobres en los problemas estructurales del país.
Recuperar la política como proyecto colectivo
El artículo 98 de la Constitución Política establece que los partidos son instrumentos esenciales para la participación ciudadana. Sin embargo, si estos se reducen a cascarones vacíos o a taxis electorales, la democracia pierde su capacidad de articular intereses y garantizar gobernabilidad.
Costa Rica necesita partidos que vuelvan a formar cuadros, que construyan programas a largo plazo y que prioricen el trabajo en equipo sobre el culto a la personalidad. La historia reciente demuestra que, sin equipos sólidos, incluso los líderes más carismáticos terminan atrapados en la inercia de un Estado que no cambia.
I. El CAFTA‑DR (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos) fue firmado en 2004, pero su implementación fue gradual y distinta según cada país. En el caso de Costa Rica, el tratado no entró en vigor hasta el 1 de enero de 2009, luego de un referéndum nacional realizado el 7 de octubre de 2007, en el cual el “Sí” al tratado se impuso con un 51.6 % de los votos (Wikipedia, 2024). Esto convirtió a Costa Rica en el único país firmante que sometió el tratado a consulta popular.
Uno de los argumentos más usados por los defensores del Tratado de Libre Comercio de las Repúblicas de Centroamérica y República Dominicana, fue que el Tratado vendría a proporcionar mucha más seguridad jurídica que la Iniciativa para la Cuenca del Caribe a la que estábamos adscritos con anterioridad. Algunos de los máximos defensores de este argumento fueron:
Alberto Trejos. Cuando fungía como ministro de Comercio Exterior, manifestó que con la firma del TLC (CAFTA-DR), se establecía un marco jurídico más robusto para regular el comercio con EE. UU. Dijo expresamente: “La firma de este instrumento marca el fin de una etapa más en el proceso por lograr el establecimiento y consolidación de un marco jurídico adecuado que sirva para regular la relación de Costa Rica con los demás socios del Tratado.” (Ref. “Costa Rica aplaude firma de CAFTA en agosto” LMTENESPANOL, julio22, 2004). La cita claramente alude al concepto de seguridad jurídica, aún cuando no lo nombre de manera literal.
Alfredo Volio. Líder del movimiento Alianza Ciudadana por el SÍ durante el referéndum. Aunque no se ha encontrado ninguna referencia explícita a la seguridad jurídica que, según su criterio daba el tratado, es evidente que un empresario como él, que fue colocado al frente del grupo del SÍ por el TLC, avalaba la firma del Tratado y por lo tanto lo que en el mismo se contenía en cuanto a la resolución de controversias.
Diario La Nación. Se encuentra una mención expresa sobre el Concepto de Seguridad Jurídica en el siguiente extracto de un editorial del 6 de marzo de 2025, aunque no aludido específicamente sobre el TLC se subraya la importancia “…de la seguridad jurídica, previsibilidad y certidumbre como elementos esenciales para el buen desempeño del comercio exterior, especialmente para un país pequeño como Costa Rica.” (Ref. Editorial del 6 de marzo del 2025.).
Capítulo 20:Solución de Controversias TLC-CAFTA.
Consultas: Las partes deben intentar resolver sus diferencias mediante consultas diplomáticas (Art 20.4)
Intervención de una Comisión del Tratado: Si las consultas fallan, se puede elevar el caso a la Comisión de Libre Comercio (Artículo 20.5).
Panel Arbitral: Si no se resuelve el Conflicto, una de las partes puede solicitar el establecimiento de un panel arbitral independiente (Artículo 20.6), que evaluará la situación con base en el texto del tratado.
Informe Final y Cumplimiento: El panel emite un informe definitivo. Si un país incumple, hay espacio para adoptar medidas compensatorias o de retorsión (Artículo 20.16), es decir sanciones económicas proporcionadas.
Por lo tanto, ante las recientes políticas de Trump de imposición de aranceles que, claramente contravienen el TLC-DR, los países centroamericanos no están en la indefensión. El propio Tratado contiene cláusulas como las citadas, que amparan a los países que resulten víctimas de transgresiones, como ocurre hoy en día por parte del mismo gobierno de los EE. UU, otrora impulsor de los tratados de libre comercio.
Veamos estas cláusulas con un poco más de detalle.
Consultas y arbitraje interestatal
El tratado prevé un mecanismo de solución de controversias entre Estados. Si un país firmante considera que otro ha incumplido sus obligaciones —como lo sería la imposición de aranceles que violen los compromisos adquiridos— puede iniciar un proceso que consta de:
1. Consultas bilaterales, con la posibilidad de mediación ante una comisión del tratado.
2. Si no hay solución en un plazo breve (30 días o menos si hay productos perecederos), la parte afectada puede solicitar un panel arbitral.
3. El panel, compuesto por tres árbitros imparciales, emite una resolución vinculante.
4. Si el país demandado no acata la resolución, el país reclamante puede suspender beneficios equivalentes a los daños sufridos.
Esta herramienta legal otorga a los Estados un recurso formal y reconocido para defender sus intereses dentro del marco del tratado, reforzando así la seguridad jurídica multilateral (CAFTA‑DR Text, Capítulo 20).
b. Precedente actual: República Dominicana
En 2025, ante la imposición de nuevos aranceles estadounidenses del 10 %, República Dominicana recurrió a este procedimiento, solicitando consultas oficiales en el marco del CAFTA‑DR (KPMG, 2025). Esto indica que los Estados parte reconocen la validez y relevancia del mecanismo incluso frente a potencias como EE. UU., y lo utilizan como vía de presión diplomática respaldada jurídicamente.
II. Vías judiciales internas en EE. UU.: ¿Quién puede frenar al presidente?
Más allá del ámbito internacional, existe otra vía crucial para frenar las políticas arancelarias de Trump: el sistema judicial estadounidense.
a. El caso V.O.S. Selections, Inc. v. United States
Este litigio, iniciado por una pequeña empresa importadora de vinos, ha tenido un impacto profundo en la legalidad de los aranceles presidenciales. El 28 de mayo de 2025, el Tribunal de Comercio Internacional (CIT) falló en contra de Trump, declarando que la Ley de Poderes Económicos en Emergencia Internacional (IEEPA), utilizada como justificación para imponer aranceles amplios, no autoriza al presidente a modificar unilateralmente las tarifas sin la aprobación del Congreso (Haynes Boone, 2025; Vox, 2025).
El fallo se apoya en principios constitucionales como la separación de poderes, la doctrina de no delegación legislativa y la llamada “doctrina de las grandes preguntas”. Dicha decisión representa un precedente importante que cuestiona la legalidad de los aranceles de emergencia como instrumento político (Cato Institute, 2025).
Sin embargo, la decisión fue suspendida temporalmente por una corte de apelaciones el 29 de mayo de 2025 (KPMG, 2025), y se espera que el caso llegue a la Corte Suprema de EE. UU. en los próximos meses (Covington, 2025).
Este litigio sugiere que la vía interna estadounidense puede resultar más eficaz y definitiva para frenar las medidas arancelarias, ya que podría invalidar las decisiones ejecutivas en su origen, en lugar de limitarse a responder con represalias como lo permite el CAFTA‑DR. Es evidente que, las represalias que pueden emplear los países centroamericanos y República Dominicana no resultarían tan eficaces de aplicar contra una nación tan poderosa como lo es EE. UU. Aun así, no se debe renunciar a ellas, pero como hemos visto, existe el poderoso mecanismo de la legislación interna de los Estados Unidos, que dejamos citado supra.
III. ¿Qué pueden y deben hacer los países afectados?
Los países centroamericanos y caribeños enfrentan un dilema estratégico: ¿deben actuar mediante los canales diplomáticos previstos en el tratado, o esperar a que las cortes estadounidenses resuelvan internamente la legalidad de los aranceles?
a. Activar simultáneamente ambas vías
Una estrategia podría ser activar ambas opciones de forma paralela:
• Iniciar consultas formales en el marco del CAFTA‑DR para dejar constancia legal y política del desacuerdo.
• Apoyar, mediante “amicus curiae” o declaraciones diplomáticas, los procesos judiciales que están en curso en EE. UU., como el caso V.O.S. Selections.
Conclusión
La actuación del actual presidente de los EE. UU, Donald Trump, al imponer aranceles a todos los países con los que tiene una relación comercial, pero en particular aquellos como son los centroamericanos y República Dominicana, con lo que mantiene vigente un contrato comercial, que es ley entre las partes es a todas luces arbitraria e ilegal. Aún más, es inconstitucional puesto que se trata de un “acto ejecutivo”, que ha ignorado por completo al propio Congreso de los Estados Unidos.
De confirmarse esta actuación en los hechos, quedaría burlado tanto el derecho nacional de los EE. UU, tanto como el internacional y la confianza que las élites políticas y económicas han depositado siempre en el Gobierno estadounidense.
Más allá de si estamos de acuerdo o no con los beneficios que puede haber traído el Tratado, el presidente de los Estados Unidos ha quedado en un pésimo predicamento con relación a todas las naciones del mundo con las que ha firmado un Tratado comercial. Podría surgir aquí una grave situación de fragilidad del derecho comercial internacional, que podría hacer peligrar aún más, la ruta de las negociaciones, el camino del diálogo y la paz internacionales.
Fuentes citadas
Wikipedia. (2024). Referéndum sobre el CAFTA en Costa Rica.
Haynes Boone. (2025). Court Declares Emergency and Reciprocal Tariffs Unconstitutional.
Vox. (2025). Trump Tariffs and the V.O.S. Selections Case.
KPMG. (2025). Federal Circuit Temporarily Halts Trade Court Judgment on Tariffs.
Covington & Burling. (2025). Status of Legal Challenges to Trump’s IEEPA Tariffs.
Cato Institute. (2025). Legal Brief on V.O.S. Selections v. Trump.
CAFTA‑DR Official Text. (Capítulo 20, Solución de Controversias)
Ahora sí se cuadró el chavismo y su principal partido jaguar, el Partido Pueblo Soberano, PPSO, con su nómina presidencial y con la lista de sus principales candidatos a diputados. Una buena lección para todos los demás partidos políticos.
¿Temprano para anunciar los diputados? A mí me parece que no. De hecho la campaña electoral el presidente de la República la había iniciado hace muchas semanas con su movimiento de jaguares,¡ con su beligerancia política atacando a todos los partidos políticos, especialmente a los que tienen actualmente representación parlamentaria, y llamando a la población para que en las próximas elecciones la Asamblea Legislativa tenga una nueva integración, de por lo menos 38 diputados, totalmente nuevos, que no pertenezcan a ninguno de los partidos actuales ni de los que tengan representación parlamentaria, para poder cambiar el andamiaje institucional del país.
Las renuncias que del gabinete presidencial se dieron en enero y en julio no todas van encabezando las listas de diputados de Pueblo Soberano. Algo falló, porque se suponía que ellos serían las locomotoras que moverían el movimiento de los jaguares en Pueblo Soberano. Y, no se ven todos, ni todos los que resaltaron, cuentan con el apoyo de los miembros de la asamblea nacional de ese partido. Ya empezaron a saltar protestas y acciones legales, recursos de amparo, y de nulidad de lo actuado, porque se violaron las formas y procedimientos de elección interna.
Por otro lado, están los jaguares menores, los otros partidos políticos que el presidente impulsó, que se identifican con él, que lograron inscribirse, que no agarraron ni una cuecha, lo que los deja con muy mal predicado. Estos partidos no alcanzan, por ahora, a tener ninguna presencia pública, política nim electoral. Nadie conoce a sus principales organizadores y miembros de las estructuras que se inscribieron ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Por otro lado, no tienen ya la posibilidad de ser usados para una coalición política y dar la sensación de un gran movimiento.
En la naturaleza los jaguares no viven ni actúan en manadas. En la naturaleza política costarricense tampoco. Alcanzarán quizá para depredarse entre ellos.
La principal vocera de los jaguares desde la Asamblea Legislativa ha dicho que ninguno de esos partidos le gusta, que se va a apartar de cualquier militancia con ellos. Incluso no se ha expresado bien de Pueblo Soberano, hasta tanto el presidente no le dé alguna instrucción de que su apoyo a Laura Fernández y a sus candidatos puede ser muy importante.
El tema para la principal jaguaresa parlamentaria es que algunos de los candidatos de Pueblo Soberano no tienen un historial limpio políticamente. Algunos de ellos han participado como en una escala musical en distintos partidos desde finales del siglo pasado, sin buen recaudo político, actuando como buenos escaladores políticos y en ocasiones como turecas de partidos principales. Otros burlando el pago de obligaciones institucionales o sangrando instituciones con su falta de pagos supermillonarios, que le adeudan.
Debería haber en la legislación electoral nacional una prohibición para que personas que le adeudan al Estado, a sus instituciones, a la Tributación directa, no pudieran participar como candidatos a puestos de elección popular, o que se encuentran en trámites de denuncias por estafas a instituciones o a personas, a ciudadanos.
Así como existe el registro de delincuentes, debería haber el registro de este tipo de personajes para evitar que tales sujetos puedan incrustarse en estructuras que les den amparos de inmunidades legales para poder ser perseguidos administrativa o judicialmente. Y otra norma legislativa que debería aprobarse es que las deudas contra el Estado no prescriban.
La enseñanza de Pueblo Soberano hacia los otros partidos es que ya están organizados plenamente, aunque tengan sus apelaciones electorales, que hacen movilizaciones de ciudadanos, por pequeñas que sean, que se mueven por todo el país, que ya están dando a conocer a sus principales candidatos para alrededor de ellos empezar a organizar y movilizar electores.
No tiene ninguna importancia nacional que candidatos a diputados que ha propuesto Pueblo Soberano por una provincia no sean habitantes de esa provincia. Esto es posible porque los diputados se consideran “diputados por la Nación costarricense”, lo que permite que cualquier ciudadano pueda postularse en cualquiera de las provincias. El problema que ello produce es al interior de los partidos, cuando miembros de esos partidos, de las provincias relinchan porque les imponen candidatos de esa manera, y desplazan a quienes en esas provincia venían o estaban organizando el partido, venían movilizando a favor del partido y des candidatos presidenciales. Esta situación si les está causando problemas a los jaguares en las provincias.
La lista que se dio a conocer para candidatos a diputados, que se supone debe ser muy atractiva para poder lograr la enigmática suma de 38 nuevos y diferentes diputados, no alcanza siquiera para elegir 21, tres por cada provincia, lo que se verá hasta el primer domingo de febrero, porque mientras no haya elecciones no hay resultados.
La lista de candidatos jaguares y jaguaresas obliga a que los otros partidos propongan buenos candidatos, y candidatas, y que lo hagan prontamente. En política no hay espacios vacíos. Las personas que se van identificando con los candidatos difícilmente cambian una vez que toman la decisión de su compromiso.
La ventaja que tiene la audiencia nacional es que por puesta la lista de candidatos estos pueden someterse al mayor y exhaustivo escrutinio ciudadano, a la mayor investigación de atestados personales, profesionales y curriculares en general, para tener de ellos una mejor idea de lo que son y de la leche qué pueden dar.
Ahora sí, los partidos políticos, sus dirigentes, tienen al frente el espejo de los jaguares principales. Las candidaturas de los jaguares y jaguaresas parecía ser lo que se esperaba. Ya están, ya existen, son de carne y hueso.
Veamos que nos ofrecerán de candidatos a diputados los restantes partidos políticos. Ya sus candidatos presidenciales son conocidos a anunciados, sin que se hayan aprobado oficialmente.
Esta es la curva principal del tobogán electoral que ya tenemos a la vista.
Hay que estar más y muy atentos a cómo se desarrollan estas ofertas electorales.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel por un medio digital israelí y titulado «IDF Database suggests at least 83% of Gaza dead were civilians» (Magazine+972, edición del 21 de agosto del 2025, de lectura recomendada).
«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros / What is happening in Gaza is not a military operation, it is a full-scale assault against our people. It is massacres against innocent civilians. Nothing in natural law or international law allows for the targeting of civilians and such indiscriminate, barbaric attacks against them» (Intervención del representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023 (véase acta S/PV/9439, en página 9 / Statement by the representative of Palestine to the United Nations Security Council, at its meeting on 16 October 2023 (see verbatim S/PV/9439, at page 9).
«Tout ce qui se passe ne semble pas relever du hasard, mais d’un plan systématique clairement visible, dans une tentative manifeste de pousser les habitants à l’exil, à accepter ce qu’on appelle les projets de « migration volontaire », c’est-à-dire un déplacement forcé déguisé. Les politiques de famine, de destruction et de bombardements constants ne sont que les outils d’un plan plus vaste visant à vider Gaza de ses habitants ou à briser leur volonté. Ce qui se joue à Gaza n’est pas seulement un siège ou une agression, mais un processus d’extinction méthodique de la vie et de la présence palestinienne.
Dans cette fresque noire, les cris des enfants, les gémissements des malades, les soupirs des mères devant des pains jamais cuits et des corps jamais enterrés, forment la dernière langue encore parlée. Il n’y a plus de rêves à Gaza, ni de projets, tout est désormais mesuré en morts, en repas de survie, en murmures d’espoir qui s’évanouissent. C’est une catastrophe qui ne nécessite plus de nouveaux qualificatifs, mais une action urgente pour stopper cet effondrement total».
Testimonio de habitante de Gaza, 12 de abril del 2025. Extracto de»Témoignage d’Abu Amir, le 12 avril 2025: Gaza sous le feu: bombardements et faim impitoyable». Texto completo disponible aquí.
El pasado 20 de agosto, Estados Unidos extendió sus sanciones a dos jueces y a dos altos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI): véase al respecto el anuncio oficial hecho desde el Departamento de Estado, así como la nota del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y este documento emitido el mismo 20 de agosto.
Como bien es sabido, la Sala de lo Preliminar de la CPI confirmó en noviembre del 2024 las órdenes de arresto solicitadas en mayo del 2024 por el Fiscal de la CPI contra dos altos funcionarios israelíes por crímenes de guerra cometidos en Gaza: su actual Primer Ministro y su ex Ministro de Defensa. En abril del 2025, luego de examinar los supuestos «argumentos» presentados por Israel sobre su presunta falta de competencia, la Sala de Apelaciones de la CPI confirmó ambas órdenes de arresto por unanimidad (véase decisión del 24 de abril del 2025).
Cabe recordar que cuando en febrero del 2021, la CPI se declaró perfectamente competente para examinar lo que ocurre en el territorio palestino ocupado, sin excepción de ningún tipo, Estados Unidos consideró oportuno oponerse frontalmente a esta decisión de la CPI (véase texto de la Embajada de Estados Unidos en Israel de marzo del 2021).
En este mes de agosto del 2025, el único Estado en el mundo en saludar estas sanciones norteamericanas contra la CPI fue Israel a través de declaraciones públicas dadas a conocer por su Primer Ministro (véase nota de prensa del TimesofIsrael).
No está de más recordar que para el actual Primer Ministro de Israel y sus ministros, la CPI es «antisemita«, como varios otros órganos de Naciones Unidas (Nota 1).
Sancionar a una jurisdicción internacional: un hecho insólito
Se trata de una acción bastante insólita al no haberse nunca en el pasado, salvo error nuestro, observado a un Estado tomar sanciones contra el personal de una jurisdicción internacional y sus magistrados. Los únicos precedentes registrados son
– a) las sanciones tomadas por Rusia contra el Fiscal y tres jueces de la CPI en mayo del 2023, luego de que la CPI ordenara la captura de su Presidente y de una alta funcionaria rusa por crímenes de guerra cometidos en Ucrania, en marzo del 2023 (véase comunicado de la CPI); y
– b) las sanciones de Estados Unidos en el 2020, también contra el personal de la CPI y también en aras de proteger a Israel, aunque no fuera explícito como lo veremos en las líneas siguientes relativas a lo que podemos denominar el «argumento afgano«: la administración norteamericana siguiente (2021-2024) suspendió estas sanciones de Estados Unidos contra la CPI del 2020, mediante el Executive Order 14022 del 1ero de abril del 2021 (véase texto) en el que se lee que:
«the threat and imposition of financial sanctions against the Court, its personnel, and those who assist it are not an effective or appropriate strategy for addressing the United States’ concerns with the ICC».
Si bien asistimos desde el 21 de enero del 2025 a una llamativa coincidencia de criterios entre Rusia y el actual ocupante de la Casa Blanca en muchos ámbitos, hay que tener claro lo siguiente: desde 1945, ante crímenes de guerra, genocidios y atrocidades de todo tipo, la comunidad internacional ha ido paulatinamente elaborando en el marco de Naciones Unidas una variedad de normas y de mecanismos de rendición de cuentas e investigación, siendo la adopción del Estatuto de Roma en 1998 el instrumento que crea la primera jurisdicción penal internacional a vocación universal, la CPI. Se trata de la única jurisdicción internacional a cargo de investigar estas exacciones y de sancionar a sus responsables directos o indirectos desde el punto de vista penal.
Como todo tratado internacional, el Estatuto de Roma está sujeto a su firma y posterior ratificación por parte de cada uno de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas: se contabilizan un total de 125 Estados Partes al Estatuto de Roma (véase estado oficial de firmas y ratificaciones, siendo Ucrania el último Estado en haber procedido a su ratificación en octubre del 2024). En América Latina, los únicos Estados que se resisten a aprobar el Estatuto de Roma son Cuba, Haití y Nicaragua (Haití sí lo ha firmado, a diferencia de Cuba y Nicaragua), habiendo sido el primer Estado en ratificarlo en la región Venezuela (junio del 2000) y el último El Salvador (mayo del 2016).
La respuesta de la CPI a estas nuevas sanciones de Estados Unidos no se hizo esperar, repudiando formalmente estas sanciones contra sus jueces y contra su personal: véase al respecto el comunicado oficial en francés y en inglés con fecha del mismo 20 de agosto. Este 21 de agosto, fue la Presidencia de la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma (en representación de 125 Estados) la que repudió estas sanciones: véanse el texto del comunicado oficial en francés y en inglés, en el que se puede leer que:
«Nous appelons tous les États Parties et les parties prenantes du système du Statut de Rome à rester fermes dans leur engagement à défendre les principes de la justice internationale et à se tenir unis pour protéger la Cour, ses responsables élus, son personnel et ceux qui coopèrent avec elle. ../..We urge all States Parties and stakeholders in the Rome Statute system to remain steadfast in their commitment to uphold the principles of international justice and to stand united in defending the Court, its elected officials, its personnel and those cooperating with it«.
De igual manera se puede citar, a título individual, la reacción de condena a estas sanciones por parte de Bélgica (véase texto circulado en redes sociales por el jefe de su diplomacia), de España (véase comunicadodel 21 de agosto) o bien de Francia (véase comunicado del 20 de agosto) así como de Eslovenia (véase comunicado) o de Senegal (véase comunicado): en el caso francés (así como de Senegal), los funcionarios de su nacionalidad, integrante de la misma CPI en el caso de Francia, son dos de las cuatro personas concerñidas por estas nuevas sanciones norteamericanas.
También resulta oportuno mencionar la reacción del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en persona (véase comunicado de prensa así como nota oficial de prensa de Naciones Unidas) y una declaración conjunta suscrita por una decena de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas (véase comunicado del 22 de agosto).
Estas nuevas sanciones de Estados Unidos del 20 de agosto del 2025 vienen a añadirse a:
– las tomadas contra cuatro jueces de la CPI el 5 de junio del 2025 (véase anuncio del Departamento de Estado) (Nota 2) y;
– las adoptadas contra el Fiscal de la CPI en febrero del 2025 (véase anuncio de la Casa Blanca, con fecha del 6 de febrero del 2025).
Alguna gradualidad parece desprenderse, desde las sanciones adoptadas únicamente contra el Fiscal de la CPI de febrero del 2025, hasta las anunciadas este 20 de agosto, sin que se logre muy bien detectar la lógica del cronograma seguido por Estados Unidos en su intento de intimidar al personal de la CPI. Especialistas en álgidos temas procesales de la CPI y plazos para decisiones, deberían poder guiarnos para poner en evidencia si estas sanciones:
– a) corresponden de una u otra manera al cronograma procesal en curso contra los dos dirigentes israelíes antes mencionados, o;
– b) corresponden a una estrategia de los asesores de la Casa Blanca solicitados por Israel, en función de la agenda personal de su Primer Ministro en Israel, o bien;
-c) corresponden al humor del ocurrente ocupante de la Casa Blanca desde que inició sus funciones el 21 de enero del 2025.
Al mantenerse la duda, dejamos a ilustres especialistas en álgidos aspectos procesales de la CPI aclarar el punto.
De algunos silencios y omisiones y tiempos de reacción observados en Europa
Es de señalar que, como Estado que acoge la sede de la CPI, se hubiese esperado algún tipo de manifestación oficial por parte de los Países Bajos en contra de estas sanciones norteamericanas y en defensa de la CPI: lo único resaltado por la prensa en estos días, es la renuncia de su ministro de relaciones exteriores (véase nota de The Guardian del 23 de agosto del 2025).
En cuanto a Italia, cuya capital fue sede de las negociaciones que culminaron con la adopción del denominado «Estatuto de Roma» el 17 de julio de 1998, el mutismo de su diplomacia ha sido total desde varios meses.
En lo que respecta a Alemania, segundo mayor contribuidor al presupuesto de la CPI después de Japón, el mutismo de su diplomacia es de igual manera bastante notorio. En este artículo muy completo sobre la CPI publicado en Alemania (Nota 3) de julio del 2025, se pudo leer que:
«Germany’s reputation as a reliable supporter of the ICC – as illustrated by its substantial financial contributions – is jeopardised by Merz’s announcement to defy the Netanyahu arrest warrant. The damage caused by the German government’s support of the Netanyahu government is already apparent«.
Por parte de la UE, desde el 20 de agosto del 2025 se esperaba que difundiera un comunicado similar al difundido en junio del 2020 (véase texto) o, al menos, que la Presidenta de la Comisión Europea circule en redes sociales un texto similar al difundido en junio del 2025 (véase enlace): al momento de redactar los primeros esbozos de estas líneas (23 de agosto), no se había registrado ningún comunicado oficial de la UE como tal. Cabe recordar que en mayo del 2023, el repudio de la UE a las sanciones tomadas por Rusia contra la CPI se materializó en un comunicado vehemente en defensa de la justicia penal internacional (véase texto).
Fue finalmente el domingo 24 de agosto en horas de la tarde/noche que el servicio de prensa de la UE difundió un comunicado de la Alta Representante para la Política Exterior de la UE (véase comunicado): el tiempo de reacción deja suponer que dentro de la UE, se titubeó unos días antes de externar oficialmente un apoyo a la CPI, que se lee ser «firme» en el texto de este comunicado.
Las reacciones a las sanciones de Estados Unidos contra la CPI de junio del 2025
Cabe recordar que en el mes de junio del 2025, Estados Unidos adoptó sanciones contra cuatro integrantes de la CPI (véase comunicado oficial del Departamento de Estado).
Esta decisión causó el repudio generalizado de la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma: véanse al respecto el comunicado del Presidente de la Asamblea de Estados Partes del 6 de junio y el comunicado oficialde la CPI como tal del 5 de junio.
Como muchos otros, en el mes de junio del 2025, Francia exigió a Estados Unidos retirar inmediatamente estas insólitas sanciones (véase comunicado del 6 de junio). De igual manera se pronunció la UE (véase nota del TimesofIsrael).
En el caso de Perú, del cual es oriunda una de las juezas objeto de las sanciones de junio del 2025, se pudo leer este comunicado de prensa.
Este comunicado oficial emitido por Chile en defensa de la justicia penal internacional de La Haya (véase texto) merece de igual manera mención. No se registró comunicado oficial de Costa Rica en la primera semana de junio del 2025 sobre las sanciones de Estados Unidos a la CPI ni tampoco con relación a las sanciones de Estados Unidos del 20 de agosto contra la CPI.
El significado de estas sanciones norteamericanas
Se debe precisar que sanciones de esta naturaleza no cuentan con precedente alguno en los anales del derecho internacional público, al tomarlas Estados Unidos en defensa de los intereses de las autoridades pertenecientes a otro Estado: vienen a ilustrar de manera bastante elocuente lo que es capaz de hacer la actual administración de Estados Unidos, en aras de intentar proteger a las actuales autoridades de Israel.
Se puede considerar desde ya que el intento resultará vano: de alguna manera, la batería de sanciones de todo tipo que Estados Unidos está procediendo a ordenar contra los órganos de Naciones Unidas que investigan las exacciones de Israel en Gaza pone aún más en evidencia la extrema gravedad de estas exacciones por parte de Israel y puede considerarse como una desesperada opción, ante la magnitud de las mismas, que día tras día, se documentan y se hacen públicas por parte de los expertos e investigadores de Naciones Unidas.
Un buen indicador sobre el nivel de exacciones cometidas en Gaza son los múltiples traumas con los que muchos jóvenes israelíes han regresado a sus familias, debido al tipo de instrucciones que han tenido que obedecer en Gaza como soldados en contra de una población civil totalmente indefensa. Estos traumas son severos y persistentes: disparar contra niños, mujeres, ancianos, largar explosivos sobre campamentos de refugiados, destruir salas de hospitales y muchas otras exacciones observadas en Gaza dejan una profunda huella en la mente de algunos de sus autores. La tasa de suicidios dentro de las filas del ejército israelí empieza (por fín…) a interesar a la prensa israelí: véase este artículo delTimesofIsrael de agosto del 2025 sobre tasa de suicidios y este artículo de mayo del 2025 sobre reservistas sufriendo serios traumas llamados a … volver a ponerse el informe y enviados a Gaza. Este artículo en el Jerusalem Post del 23 de agosto da cuenta del deterioro generalizado de la salud mental de muchos de los soldados israelíes que han regresado de Gaza (véase enlace). No está de más añadir que Israel envía a Gaza personas extremadamente jóvenes, sin mayor experiencia militar, muchas de las cuales han fallecido al ser un blanco muy fácil (Nota 4).
Tuvimos hace poco la ocasión de analizar sanciones muy similares tomadas, por primera vez en la historia de Naciones Unidas, contra una Relatora Especial en materia de Derechos Humanos: se trata de las recientes sanciones tomadas (también por Estados Unidos…) contra la jurista italiana Francesca Albanese, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino (véase al respecto nuestra nota titulada » Gaza / Israel: reflexiones desde una Costa Rica omisa sobre reciente informe de Naciones Unidas detallando la responsabilidad directa de empresas privadas en el genocidio en curso en Gaza» editada el 3 de julio del 2025, disponible aquí).
La reciente entrevista a Francesca Albanese (véase enlace de emisión radial del 25 de agosto del 2025) evidencia que estas sanciones norteamericanas en nada han alterado su acción como Relatora de Naciones Unidas y su denuncia sobre el genocidio en curso que se observa en Gaza por parte de Israel.
Sancionar a jueces internacionales ante el drama indecible que se vive en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023
Lejos de proteger a Israel, y de intimidar a la CPI, es muy probable que este tipo de sanciones refuerce la labor de los jueces y del Fiscal de la CPI (así como la de esta valiente jurista italiana), y conforte ante los ojos de la opinión pública la total insensatez de las acciones militares de Israel en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
La cita de la intervención del delegado de Palestina ante el Consejo de Seguridad colocada antes de iniciar estas reflexiones y su fecha (16 de octubre del 2023) evidencian que muchos observadores, tanto en Palestina como fuera de ella, advirtieron tempranamente de la total insensatez de la reacción israelí al resto de la comunidad internacional (Nota 5).
El 22 de agosto del 2025, varias agencias de Naciones Unidas alertaron sobre la situación de hambruna que amenaza ahora a toda la población en Gaza: se trata de una situación de hambruna generalizada deliberadamente causada por las máximas autoridades de Israel. En su comunicado (véase texto) se lee, con relación a menores de edad, que para estas cuatro agencias de Naciones Unidas:
«La malnutrition infantile à Gaza s’aggrave à un rythme catastrophique. En juillet seulement, plus de 12 000 enfants ont été identifiés comme souffrant de malnutrition aiguë, ce qui constitue le chiffre mensuel le plus élevé jamais enregistré, et représente une multiplication par six depuis le début de l’année. Près d’un quart de ces enfants souffraient de malnutrition aiguë sévère (MAS), la forme la plus mortelle, qui a des conséquences à court et à long terme«.
En el último informe de Naciones Unidas sobe la situación en Gaza (al 21 de agosto), se lee (véase informe) que se superó la cifra de 62.100 víctimas mortales, al tiempo que la cantidad de personas heridas supera las 156.700:
«According to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, between 13 and 20 August, 400 Palestinians were killed, and 2,683 were injured. This brings the casualty toll among Palestinians since 7 October 2023, as reported by MoH, to 62,122 fatalities and 156,758 injuries. MoH further noted that the number of casualties among people trying to access food supplies has increased to 2,018 fatalities and more than 14,947 injuries since 27 May 2025«.
Estas sanciones norteamericanas confirman además, ante todos los demás integrantes de la comunidad internacional, la total pérdida de toda credibilidad de Estados Unidos en materia de justicia penal internacional y de lucha contra la impunidad.
Informar al mundo sobre lo que ocurre en Gaza: el cerco persistente que Israel intenta mantener
El asesinato deliberado por parte de Israel de 6 periodistas en Gaza el pasado 10 de agosto, provocó reacciones de repudio en todo el mundo por parte de diversos Estados y organizaciones internacionales: el mutismo total por parte de Costa Rica puede ser comparado al comunicado oficial de Chile condenando a Israel por asesinar en Gaza a seis profesionales de la comunicación (véase texto), o bien al comunicado de España (véase texto), o bien al de Noruega (véase texto).
Con relación a nuestros estimables lectores costarricenses, en particular los profesionales de la comunicación, los invitamos a comparar, a modo de ejemplo, el contenido del texto de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú / ANP (véase comunicado) con el comunicado del Colegio de Periodistas de Costa Rica /COLPER (véase texto): en este último, no aparece en ninguna parte el verbo «condenar» o el verbo «repudiar» sino únicamente «hacer un llamado«: cabe precisar para quienes nos leen desde otra latitudes, que desde el 7 de octubre del 2023 (con más de 240 periodistas palestinos asesinados en Gaza por el ejército de Israel), es el primer comunicado del COLPER sobre Gaza.
Es de notar que este 21 de agosto, una coalición de Estados condenó el asesinato deliberado de periodistas en Gaza por parte de Israel y exigió que la prensa internacional pueda ingresar a Gaza para documentar e informar al mundo de lo que ahí ocurre: entre los 29 suscriptores de la declaración denominada «Media Freedom Coalition Statement on Foreign Media Access to Gaza«, entre los que figuran Canadá y Costa Rica (véase enlace), se lee que:
«We call on the Israeli authorities and all other parties to make every effort to ensure that media workers in Gaza, Israel, the West Bank and East Jerusalem – local and foreign alike – can conduct their work freely and safely. Deliberate targeting of journalists is unacceptable. International humanitarian law offers protection to civilian journalists during armed conflict«.
Por alguna razón, esta declaración conjunta colgada en los aparatos diplomáticos de Australia (véase enlace) o Italia (véase enlace) no lo ha sido en el de Costa Rica.
El pasado 14 de agosto, un medio israelí bastante bien informado, reveló la existencia de una unidad dentro del ejército israelí para confeccionar conversaciones telefónicas de celulares que «sirvan» la narrativa oficial de Israel y hagan pasar a periodistas palestinos por integrantes del Hamás: véase al respecto artículo publicado por Magazine+972 titulado » ‘Legitimisation cell’: Israelí unit tasked with linking Gaza journalists to Hamas«. Este mismo medio israelí, que al parecer tiene acceso a documentos confidenciales en Israel, había dado a conocer al mundo, en abril del 2024, la existencia del programa informático «Lavender«: véase su artículo titulado » ´Lavender´: The AI machine directing Israel´s bombing spree in Gaza» (edición del 3 de abril del 2024).
Con relación a la justicia penal internacional de La Haya, fue este mismo medio de prensa israelí el que, en mayo del 2024, dio a conocer la existencia de un programa de monitoreo de Israel permanente y ello desde varios años, sobre el personal y las computadoras de la CPI: véase al respecto artículo. editado el 28 de mayo del 2024, titulado «Surveillance and interference: Israel´s covert war on the ICC exposed «, cuya lectura (y relectura) completa se recomienda. En efecto, al leerlo, vienen a la memoria un sinfín de omisiones, contradicciones y titubeos desde el punto de vista procesal observados, en particular por parte del primer Fiscal de la CPI, cuando fue solicitado por Palestina en el 2009 (luego de que Palestina reconociera la jurisdicción de la CPI: véase documento del 21 de enero del 2009).
Esperamos que el esfuerzo valiente de estos periodistas de investigación israelíes por informar al mundo sobre lo que ha hecho y sigue haciendo Israel en Gaza, así como la labor periodística que realizan comunicadores desde la misma Gaza en condiciones muy peligrosas para sus vidas, sean ampliamente difundidos y conocidos por la opinión pública internacional.
Justicia penal internacional e incumplimiento de obligaciones: el reciente caso de Hungría
Es de notar que un Estado miembro de la Unión Europea (UE), Hungría, notificó desde el 2 de junio del 2025 su denuncia del Estatuto de Roma, la cual será efectiva 12 meses después, es decir el 2 de junio del 2026 (véase notificación).
Se trata del primer Estado miembro de la UE en optar por denunciar el Estatuto de Roma, lo cual contraviene con el apoyo incondicional que desde su creación ha recibido la CPI por parte de la UE.
Al no haber procedido a capturar al Primer Ministro de Israel, invitado por el Presidente de Hungría, Hungría fue objeto de una decisión de la CPI declarando, el pasado 24 de julio del 2025, que incumplió con sus obligaciones derivadas del Estatuto de Roma: véase al respecto nuestra breve nota sobre esta decisión (muy pocamente difundida) de los jueces de la CPI y titulada «Gaza / Israel: Corte Penal Internacional declara que Hungría ha violado sus obligaciones derivadas del Estatuto de Roma«, editada el mismo 24 de julio del 2025 y disponible aquí.
No está de más señalar la gran cercanía existente entre el actual ocupante de la Casa Blanca en Estados Unidos y las actuales autoridades húngaras.
Es de notar que en este mismo mes de julio del 2025, durante una reunión de la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma, México presentó una declaración suscrita por 48 Estados en defensa de la CPI y de la justicia penal internacional y repudiando las sanciones norteamericanas adoptadas el mes anterior: se trata de una lista en la que no figura Costa Rica (véase texto difundido en twitter por México con lista de las banderas de los Estados firmantes de dicha declaración por orden alfabético donde después del escudo de Colombia se registra el de Croacia).
Así como Hungría se presenta como un «socio» seguro en Europa del actual Primer Ministro de Israel, es muy posible que Argentina lo invite también en visita oficial, desafiando, al igual que Hungría, la autoridad de la CPI (véase nota de prensa de Perfil del 30 de julio del 2025): con un detalle «técnico» de interés para los pilotos israelíes y es que la aeronave transportando al Primer Ministro israelí entre Tel Aviv y Buenos Aires deberá obtener primero la autorización de sobrevuelo de Estados Partes al Estatuto de Roma cuyas máximas autoridades no comparten en lo más mínimo la maniobra desafiante emprendida por las actuales autoridades de Argentina. En el 2017, por otras razones, el viaje oficial a Australia se complicó para el Primer Ministro israelí, con la decisión de Indonesia de prohibir el ingreso en su extenso espacio aéreo a su aeronave (véase nota de The Guardian).
El «argumento afgano» para maquillar la verdadera motivación de estas sanciones
Si bien en estas sanciones contra la CPI de este 20 de agosto, Estados Unidos refiere también, y en primer lugar, a investigaciones en su contra por exacciones cometidas por su personal militar en Afganistán, en realidad el objetivo prioritario de estas sanciones es proteger a Israel e intentar intimidar a la CPI.
Se trata de una maniobra que ya habíamos tenido la oportunidad de observar en el 2020 cuando Estados Unidos también amenazó a la CPI de sanciones en su contra bajo lo que podríamos denominar «el argumento afgano«: véase al respecto nuestra nota publicada en el portal de la UCR y titulada «Sanciones de EE. UU. contra la Corte Penal Internacional (CPI). Algunos apuntes sobre sus verdaderas motivaciones«, 20 de setiembre del 2020, disponible aquí.
En una entrega para un sitio jurídico especializado en Francia, nos habíamos permitido titular una de las subpartes del texto de la siguiente manera: «Israël: le filigrane qui tente de se cacher derrière cette annonce» (Note 6).
A modo de conclusión
Al haberse para muchos Estados clarificado el tipo de aranceles que Estados Unidos les aplicará de manera individual o bien de manera colectiva (caso de la UE), será de interés observar si los demás integrantes de la comunidad internacional alzarán esta vez la voz en defensa de la CPI y de su personal.
Al respecto, resulta de interés indicar que en febrero del 2025, ante las primeras sanciones de Estados Unidos contra la CPI desde la llegada a la Casa Blanca de su ocurrente ocupante, fue desde el portal de Países Bajos que se pudo leer una declaración en defensa de la CPI suscrita por 79 Estados (véase texto), entre los cuales, por parte de América Latina, se registraron las firmas de: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Se notará la ausencia en esta declaración conjunta de los siguientes Estados Partes al Estatuto de Roma pertenecientes a América Latina: Argentina, Ecuador, El Salvador y Paraguay.
En los casos de Argentina y de Paraguay, hay que tener claro que desde ya un buen tiempo para acá, ambos se han convertido en lo que podríamos denominar las dos “fichas útiles” de Israel en América Latina: así lo evidencian sus votos, alineados con los de Israel y los de Estados Unidos en Naciones Unidas, cuando se examinan resoluciones relacionadas a Israel y al drama indecible que se vive en Gaza.
Como extrañeza de la que hay que tomar nota, esta declaración conjunta de febrero del 2025 de apoyo a la CPI no fue divulgada desde el portal diplomático de muchos de sus suscriptores (como si de pronto, su difusión no resultara del todo oportuna y mucho menos conveniente para algunos de ellos).
Hace poco, tuvimos la oportunidad de analizar los silencios y omisiones de muchos Estados, el pasado 17 de julio, día internacional de la justicia penal internacional. Se trata de una fecha que pasó prácticamente desapercibida en este 2025: véase al respecto nuestra nota titulada «17 de julio: una fecha en la que usualmente se reafirma el compromiso con la justicia penal internacional … pasada desapercibida o casi«, editada el mismo 17 de julio del 2025, disponible aquí.
De manera que nuestros estimables lectores se hagan una idea del pesado silencio instalado en algunas capitales, en particular europeas, en este 2025 para conmemorar el día internacional de la justicia penal internacional, resulta de interés notar, a modo de muchos ejemplos, el mutismo absoluto de Alemania en julio del 2025 y compararlo con el comunicado oficial difundido el 16 de julio del 2023 por la misma diplomacia alemana (véase texto). De cara a la próxima Asamblea General de Naciones Unidas a iniciar en setiembre del 2025, será de interés observar si, por ejemplo, la Misión de Italia ante las Naciones Unidas suscribirá y difundirá un texto similar al que difundió en el 2020 (véase enlace), suscrito por 71 Estados en defensa de la CPI y condenando las sanciones en su contra de Estados Unidos… o no.
Más allá de las presiones diplomáticas que se van a ejercer sobre diversos Estados para no condenar estas serie de sanciones norteamericanas contra la CPI observadas en este 2025 (Febrero /Junio /Agosto), resulta evidente que al adoptarlas, el actual ocupante de la Casa Blanca confirma ante el resto de la comunidad internacional, su total pérdida de credibilidad, y de paso, el carácter incondicional e inquebrantable del apoyo de Estados Unidos a Israel.
– Notas –
Nota 1: Cuando, en una decisión histórica del 5 de febrero del 2021, la CPI se declaró perfectamente habilitada para examinar todo lo que ocurre en el territorio palestino ocupado, sin excepción de ningún tipo, celebrada como tal por Human Rights Watch (véase comunicado) entre muchos más, en Israel, su máxima autoridad no encontró nada mejor que calificarla de «puro antisemistismo» (véase nota del Timesof Israel del 6 de febrero del 2021).De igual manera, las máximas autoridades de Israel tildaron de «antisemitas» a los jueces de la CPI en noviembre del 2024 (véase nota de prensa) de France24.En el mes de enero del 2024, estas mismas altas autoridades israelíes consideraron oportuno calificar la primera ordenanza dictaminada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como sesgada en razón, según ellas, del «antisemitismo» de algunos de sus integrantes (véase nota de The Guardian). En este 2025, fue el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el que fue acusado de “propagar antisemitismo”, (véase nota del TimesofIsrael del 5 de febrero del 2025), al anunciar Israel que no colaboraría más con este órgano de Naciones Unidas, imitando a Estados Unidos, que lo anunció unas semanas antes. El tildar de “antisemitismo” a un órgano de Naciones Unidas corresponde en realidad al abanico de gesticulaciones y de vociferaciones de las máximas autoridades de Israel cada vez que su diplomacia fracasa de manera estrepitosa, y que ya no impresionan mayormente, salvo en el seno de algunos pequeños círculos políticos que gravitan alrededor de la Casa Blanca en Estados Unidos y de otros círculos activos en algunas capitales.
Nota 2: Sobre las sanciones dictaminadas en el mes de junio del 2025 por la actual administración norteamericana, muy pocamente comentadas en la doctrina jurídica especializada, véase GALBRAITH J., «US sanctions on the International Criminal Court: the details and the pattern«, Verfassungsblog, 7 de junio del 2025. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: Véase RUBIN M., «The International Criminal Court, Netanyahu, and Berlin’s Dilemma«, GIGA Focus Global (Hamburgo), edición de julio del 2025. Texto integral disponible aquí.
Nota 4: El 25 de junio del 2025, Israel anunció la muerte de siete jóvenes soldados en Gaza, con edades oscilando entre 19 y 21 años (véase nota del Timesof Israel): un aspecto que debiera preocupar a muchos en Israel, al evidenciarse, como en ocasiones anteriores, la muy poca experiencia y preparación de los soldados que envía a combatir en Gaza. A mediados de junio, fueron ocho las bajas de muy jóvenes israelíes en un solo día (véase nota del TimesofIsrael del 15 de junio). Al iniciar junio, esta nota del TimesofIsrael también refirió a tres soldados muy jóvenes que perdieron la vida en Gaza. El 8 de julio del 2025, fueron esta vez cinco jóvenes soldados de los cuales cuatro son menores de 21 años los que fallecieron en Gaza (véase nota del TimesofISrael). El pasado 14 de julio otro tres jóvenes soldados israelíes murieron en Gaza (ver nota del TimesofIsrael): a una ofensiva militar sin sentido en Gaza desde hace más de 22 meses, ahora la sociedad israelí debe observar cómo jóvenes sin mayor preparación militar al combate caen en Gaza por falta de experiencia.
Nota 5: Véase al respecto nuestra nota publicada a finales del mes de octubre del 2023: BOEGLIN N., “Ataque de Hamás desde Gaza y el «asedio total» de Gaza anunciado como respuesta israelí. Algunos apuntes desde la perspectiva del derecho internacional público”, Sección Voz Experta, Portal de la Universidad para Costa Rica (UCR), editada el 30 de octubre del 2023. Texto integral disponible aquí.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Les sanctions annoncées par les États-Unis contre le personnel de la Cour Pénale internationale (CPI): brève mise en perspective«, Le Monde du Droit, Section Décryptages, édition du 14 juillet 2020. Texto integral disponible aquí.
1. La garantía constitucional del pluralismo político es una faceta esencial de toda comunidad ordenada constitucionalmente como una República Democrática, o sea, una comunidad constitucionalmente fundada en los principios de igualdad política y de su propio autogobierno. Cierto: dichos ideales abstractos pueden traducirse en muchas formas constitucionales. Pero si en un caso dado no hay garantía creíble de pluralismo político, su apelación a los términos ‘democracia’ o ‘república’ es meramente un nombre mal puesto (misnomer).
2. En un nivel bajo de abstracción, el pluralismo político consiste en la vigencia, en un espacio político dado, de una multitud de concepciones alternativas pero razonables sobre cuál es el bien común, la justicia o el alcance y la jerarquía adecuada de los derechos fundamentales para esa comunidad. He aquí, por añadidura, una manera de caracterizar el concepto de concepción política. Como son concepciones alternativas, la ciudadanía que las sostiene entra en desacuerdo sobre la forma correcta de abordar los asuntos políticos particulares. El hecho del desacuerdo, como lo llamó Waldron, es, por tanto, una consecuencia necesaria de la vigencia del pluralismo político en toda comunidad política moderna.
3. Así, que un orden constitucional garantice el pluralismo político significa que ha diseñado un conjunto de mecanismos institucionales para que dicha vigencia sea un hecho. Como mínimo, dentro de estos mecanismos deben encontrarse prohibiciones y protecciones contra la persecución (estatal o paraestatal) de algún conjunto de las voces políticas vigentes en esa comunidad. Pero en un orden constitucional con una preocupación profunda por la democracia deben también incluirse artefactos constitucionales para fortalecer la presencia efectiva y vibrante de dicha pluralidad política en el espacio público democrático (para que se dé el space of appearance de la política, del que habló Arendt).
4. Entiendo que las dos rutas actuales más importantes contra el pluralismo político están caracterizadas por los órdenes que (1) abiertamente no garantizan protecciones institucionales contra la persecución de disidencias políticas o voces críticas; y (2) no se preocupan por construir las condiciones sociales para que el pluralismo político adquiera vigencia y protagonismo en la esfera pública y, notablemente, para la constitución de una genuina y activa ciudadanía comprometida con la República.
Ejemplos brutales del primer grupo fueron la Rusia de Lenin y Stalin (1920-1953), el Chile de Pinochet (1973-1990) y la Argentina de Onganía (1966-1973) y de Videla (1976-1982). Pero también deben incluirse las nuevas estrategias mediante las que se ‘mata a la democracia por mil cortes’ (retomando la expresión de O’Donnell), en las cuales el pluralismo político se va erosionando progresivamente, hasta llegar a las formas más obvias de persecución y criminalización de la disidencia. Destacan palmariamente en este caso: Venezuela (ya sin duda desde 2015, aunque con tendencias que se retrotraen al menos una década), Nicaragua (desde 2018 claramente, aunque también en este caso la erosión del pluralismo político empezó mucho antes) y El Salvador (en una obvia deriva autoritaria desde 2019).
En el segundo grupo están todos los órdenes constitucionales que no gestionan constitucionalmente garantías para cumplir las precondiciones sociales y para incentivar virtudes cívicas en la ciudadanía, ambas necesarias para una comunidad democrática densa.
Vale la pena detenerse en este punto. Como se dijo, el genuino pluralismo político puede surgir sólo en un espacio social relativamente autónomo, el de la política democrática. Sin embargo, para que sea probable que la sociedad participe de ese espacio, es claro que resulta imprescindible que las personas encuentren satisfechas sus necesidades de fundamentales para llevar una vida digna. Pero, y esto es clave, también resulta determinante que la ciudadanía disponga de un alma política adecuada, democrática, para participar de manera cívicamente virtuosa en aquel espacio. Pues bien, las condiciones sociales modernas no hacen probable que este espacio y dicha ciudadanía surjan por sí mismos. Por ello, constitucionalmente, hemos de preocuparnos por diseñarlos, construirlos, garantizarlos.
Buena parte de los actuales órdenes constitucionales democrático-republicanos se encuentran en un serio déficit con respecto a esta dimensión de la garantía de pluralismo político. Especialmente notable es el caso del continente americano, aunque sospecho que la situación es aún más grave en países como los Estados Unidos de América, Ecuador y buena parte de Centroamérica.
5. En un nivel alto de abstracción, el pluralismo político es consecuencia de un espacio-tiempo social en el cual todas las personas nos reconocemos como ciudadanas y ciudadanos iguales en dignidad, integrantes de un mismo navío constitucional. Tal es la nota que delimita su comunidad. Se dice ciudadanía, no sólo personas, en tanto ahí nos transfiguramos en agentes autónomos que reflexionan y actúan en, para y sobre esa comunidad.
Al reconocernos iguales en dignidad, entendemos que aquello que nos caracteriza a cada uno en tanto ciudadanía -el expresar esa libertad esencial que se ejerce mediante la política (como creyó Arendt)- es también lo propio del resto de quienes nos acompañan en el navío de la comunidad. En ese contexto, mis razones políticas en tanto ciudadano sólo pueden transformarse en las razones que justifican la decisión para toda la comunidad, si también son las razones políticas del resto. Pero estas razones, por supuesto, sólo pueden ser aquellas asumidas autónomamente, con convicción. Y las razones políticas del resto se encuentran en las mismas condiciones que las mías, tanto con respecto a su estatus como a su ethos.
Eso es ser una comunidad política en la modernidad: reconocernos en un genuino desacuerdo político, como consecuencia de reconocernos como agentes políticos con igualdad dignidad. Constitucionalizamos (imperfectamente) este ideal en la forma de la República Democrática.
El escenario internacional sigue siendo oscuro. Entre la región de Palestina, y el genocidio diario que se realiza en Gaza, por el gobierno de los carniceros de Israel y sus aliados internacionales, y la guerra en Ucrania, provocada por la OTAN, Europa se cubre con un gran paraguas, a modo de una gran espada de Damocles, bajo un peligro de guerra inminente, casi inevitable, totalmente omnipresente, sobre las naciones de la Unión Europea, que están entre esos extremos como la parte interna de ese sándwich político y geopolítico, pasto principalmente de los intereses económicos y geopolíticos militares que allí actúan.
Recordemos que Europa es toda la región desde Portugal y España, al extremo de la Península Ibérica hasta la Rusia que limita con los Montes Urales, que fue el más importante escenario de la II Guerra Mundial.
Una guerra actual, de características europeas, dentro de ese contexto geográfico, es sin lugar a dudas, una guerra que calificaría por sus impactos y consecuencias en una verdadera III Guerra Mundial, que podría tener la característica de una Guerra Mundial Atómica de Baja Intensidad, donde probablemente se utilizarían bombas atómicas similares, en su capacidad destructiva, a las que fueron lanzadas criminalmente, por los Estados Unidos, contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, cuando no era necesario ese uso de armas atómicas, en ese momento final de la participación del Imperio del Japón en aquella guerra, lo que sirvió para disuadir al mundo de la nueva época que iniciaba, la época de las guerras atómicas o nucleares.
Hoy, una guerra así desarrollada tendría un alcance global, trascendente a Europa, al norte de África y el extremo oriental del Asia. Sería una guerra que inevitablemente alcanzaría al continente americano, donde nunca, en las dos guerras mundiales así conocidas del siglo XX, ha caído una sola bomba, ni ejércitos han desarrollado combates de ninguna especie.
La sola amenaza de participación de la OTAN en el conflicto de Ucrania ha provocado que Rusia declare que esa participación, si se llega a concretar, sería una guerra de la OTAN contra Rusia, por lo que Rusia tendría el derecho de actuar en respuesta contra los países europeos que así se comprometan. Así lo ha declarado y hecho saber reiteradamente el presidente ruso, Vladimir Putin.
Putin no ha dicho (pero es obvio que también así actuará) será una guerra contra Canadá y Estados Unidos que son países integrantes del Pacto de la OTAN.
En la II Guerra Mundial Hitler ordenó que sus submarinos actuaran hundiendo barcos en puertos latinoamericanos y del Caribe, como lo hicieron, para obstaculizar el apoyo en armas, comestibles y el traslado abastecimientos en general, que desde América se hacía para las tropas que combatían a las fuerzas fascistas y nazistas.
En una situación actual, todos los puertos y aeropuertos de la costa Atlántica de los Estados Unidos, y de Canadá si fuera necesario, serían atacados con misiles transcontinentales y, si a eso se llegara, se haría con bombas atómicas de baja intensidad, para evitar cualquier suministro de material militar a las tropas que estuvieran combatiendo contra Rusia. Nada sería seguro. Hasta el Canal de Panamá se volvería un objetivo estratégico para evitar el traslado marítimo de armas y pertrechos de guerra desde la costa pacífica de los Estados Unidos usando el Canal de Panamá para ir a Europa.
El control geopolítico, territorial y militar que el presidente Trump ha señalado, que quiere desarrollar (como ya lo está haciendo) en Panamá, es parte de esta estrategia, en esa posibilidad de un conflicto armado de esta envergadura. De manera que, si allí fuera necesario, también tendrían su dosis de bombas atómicas de baja intensidad.
Hiroshima y Nagasaki son el testimonio de que la Humanidad se puede destruir a sí misma, en dosis pequeñas o en grandes dosis según sea la necesidad de la confrontación.
Las bombas «Little Boy» y «Fat Man», utilizadas en esas ciudades hoy son juguetes de niños, comparadas con las que se han desarrollado mundialmente, que están producidas y almacenadas en más de 10.000 artefactos de ese tipo, y de distintas magnitudes de explosión, por los países productores de armas y armas atómicas.
En aquella guerra, Estados Unidos anunció que esas armas nucleares habían sido usadas en combate. En una guerra actual se volverían a usar, con la misma justificación de armas de combate, con la gravedad de que esas armas circulan en varios países, que hoy están involucrados territorialmente en los escenarios donde están los focos de guerra calientes.
Las bombas de Hiroshima y Nagasaki tuvieron un impacto devastador en las zonas donde fueron lanzadas, con un impacto de muerte de poco más de 400.000 personas entre ambas. Antes del lanzamiento de las dos bombas atómicas Estados Unidas había bombardeado 67 ciudades japonesas. Las atómicas de Hiroshima y Nagasaki se lanzaron afectando áreas de 5 a 10 kilómetros de ancho.
La justificación del uso de armas atómicas para poner fin a una guerra sigue siendo válida para los guerreristas. La lucha internacional contra el desarme nuclear no ha sido suficientemente válida en estos últimos 80 años.
La detonación de bombas atómicas tiene también la consecuencia de envenenamientos por radiación, desarrollo de leucemias y otros cánceres.
Hay guerras recientes, de las últimas décadas, donde se han hecho caer más bombas que las lanzadas en la II Guerra Mundial.
Si las bombas atómicas de 1945 se lanzaron con el objetivo de hacer rendir al Imperio japonés, el lanzamiento de bombas atómicas hoy sería para acabar con un gobierno, con un sistema político, con una nación, un país o un gran territorio.
Después de Hiroshima y Nagasaki se han lanzado, a modo de prueba, más de 2000 bombas atómicas o nucleares como pruebas de las armas atómicas en desarrollo y producción.
Se estima que China, Francia, India, Israel, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos tienen almacenadas más de 12.500 armas nucleares.
El presidente Trump se ha empeñado en acabar con la guerra en Ucrania, pero no así con el genocidio israelí en Gaza, donde han apoyado las acciones criminales del ejército y del gobierno israelí, y ha apoyado las incursiones militares de Israel a Irán y a Siria, aparte de los otros apoyos que sostiene en otros conflictos militares en África y los que quiere desarrollar en el Caribe.
Elemento importante para desarrollar armas nucleares es el uranio, que se encuentra principalmente en Australia, con las mayores reservas, Kazajistán, Canadá, Rusia, Siberia, la Antártida y Groenlandia, donde Trump ha puesto el ojo de la apropiación territorial.
En América Latina no hay uranio ni países con armas nucleares, pero no estaríamos al margen de una guerra de esta naturaleza. Nos alcanzaría en todas sus consecuencias.
El uranio como elemento natural es más abundante que el oro, la plata o el mercurio, parecido al estaño y poco menos que el cobalto o el plomo.
20 países concentran las principales minas de uranio y, de ellas, 10 minas producen casi el 60% del uranio mundial. Las minas se encuentran en Canadá, Australia, Namibia, Rusia, Níger y Kazajistán. La reserva de uranio mundial se estima para los próximos 100 años, de acuerdo con la Agencia de Energía Nuclear y del Organismo Internacional de Energía Atómica. Mundialmente hay cerca de 500 reactores nucleares en funcionamiento.
La reunión, de pocos minutos, del pasado viernes 15 de agosto en Alaska, entre Trump y Putin, que solo alcanzó para saludarse, darse la mano y ni siquiera almorzar, evidenció que a Trump y a Putin les preocupa la guerra de Ucrania, y las consecuencias más amplias que puede tener.
Trump con gran sentido de la realidad política de la situación de Ucrania reconoció que Ucrania no está ganando la guerra, que Ucrania la está perdiendo, que el avance de las tropas rusas es de varios kilómetros por día, que el ejército ucraniano muestra importantes señales de cansancio y abatimiento, no solo físico sino también moral y de capacidad y compromiso de combate, que el control territorial ruso es cada día mayor, casi el 20% del territorio de Ucrania.
Reconoció Trump también, que por encuestas hechas por Estados Unidos, realizadas a la población de Ucrania, casi el 90% desea que la guerra se acabe, y que están de acuerdo con el dominio ruso de los territorios que tienen bajo su control, que además son de una población rusa superior al 90% de sus habitantes.
Trump atendió las peticiones rusas de que Ucrania no entre como miembro a la OTAN, que no se establezcan bases militares de la OTAN en territorio ucraniano, que se acaben las manifestaciones nazi fascistas en la administración política ucraniana, que los territorios en poder ruso así se quedan y que no habría intercambio territorial con Ucrania de regiones rusas.
Putin fue claro en señalar que el apoyo militar de la OTAN a Ucrania comprometía a esa organización en el conflicto, y que de llegar a participar con efectivos militares entendería que es una declaración de guerra que tendría sus consecuencias sobre los países que con la OTAN participaran, originando una escalada militar más amplia, ya en el escenario de casi una III Guerra Mundial.
Trump no pudo imponer su deseo de un “alto el fuego”, considerando que lo correspondiente es un acuerdo de paz, que es lo que más fácilmente se puede lograr, aceptando las condiciones establecidas por Putin.
Trump dijo claramente: “La mejor forma de terminar la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es ir directamente a un Acuerdo de Paz, que terminaría la guerra, y no a un simple acuerdo de alto el fuego, que en muchas ocasiones no se puede sostener”. Por ello la salida rápida de Trump de la reunión y la convocatoria urgente que hiciera para la reunión, en Washington, el pasado 19 de agosto con Zelenski y algunos líderes europeos en la Casa Blanca.
El enfrentamiento militar Trump reconoció que puede durar hasta principios del próximo año, con las dificultades que el invierno europeo puede ocasionar a las tropas ucranianas, especialmente.
De nada le valió a Trump tratar de impresionar a Putin con las maniobras aéreas que hiciera sobre su cabeza, sin quitarle la alfombra roja con que lo recibió.
Trump reconoció sus dudas sobre continuar dando el apoyo a Ucrania, sin Europa, puesto que Ucrania en este momento pasa su peor situación de fragilidad y debilidad. Los avances rusos en Donetsk y Pokrovsk son contundentes.
Trump y sus militares, como la sabe la OTAN, los rusos han duplicado sus ataques aéreos y han logrado alcanzar bajo control más de 3500 kilómetros cuadrados de territorio. Ucrania se ha retirado del territorio ruso de Kursk, porque no lo ha podido sostener.
Las garantías estadounidenses para Zelenski y Ucrania se agotan. Por eso Trump declaró después de la reunión de Alaska que “Ahora le toca al presidente Zelenski lograrlo”. Esa guerra le ha costado a Estados Unidos desde Biden hasta Trump, casi los 500.000 millones de dólares y a la Unión Europea le va costando casi los 150.000 millones.
La guerra en el interior de Ucrania ha atado al gobierno para las correctas tomas de decisiones. A Estados Unidos, a su presidente Trump, pareciera ya no importarle Ucrania para darle garantías de seguridad ni al gobierno de Zelenski. Le interesa a Trump también participar de la explotación de las tierras raras que hay en Ucrania, unas en territorios que están en poder de los rusos ahora, y otras en las cuales quiere participar directamente.
La reunión de Alaska se repetirá en Moscú, sobre el reconocimiento real de la posición de fuerza y de la realidad que tiene Rusia en esa región.
Ucrania y los guerreristas europeos tendrán de ceder para lograr una paz efectiva.
Ningún otro país europeo está siendo amenazado por Rusia, pero Rusia se defenderá de cualquier país europeo o miembro de la OTAN que participe perversamente en ese conflicto, que considere con ello que le ha declarado la guerra. Y, con ello, se puede abrir la válvula de la III Guerra Mundial de Baja Intensidad. ¡Ojalá que esto no ocurra!
Publicado en MEER y compartido con SURCOS por el autor.
Ni el sector público de Costa Rica es grande ni la carga de impuestos es elevada. Esos son mitos que es preciso superar. Lo que sí es cierto es que nuestro sistema tributario es muy regresivo e injusto y eso impone límites que afectan negativamente la sostenibilidad del Estado social y de los sistemas de seguridad social de Costa Rica.
Por eso se hace urgente entrar a debatir sobre una reforma realmente progresiva, lo cual es, también, un requisito necesario para combatir la abismal desigualdad que hoy divide a la sociedad costarricense.
Este trabajo, que fue discutido en dos talleres y revisado por varios economistas, aporta una propuesta, seriamente fundamentada, para una posible reforma tributaria progresiva y de amplio alcance. Desde ese punto de vista, es un pequeño esfuerzo procurando contribuir a ese debate nacional tan necesario.
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¿Y si ver a Calixto Chaves y Bernal Jiménez no fuera más que la confirmación de que la élite histórica del PLN ya entendió que su ciclo vital está en cuidados paliativos y decidió mudarse de casa electoral, alquilando habitación en la pensión política de Rodrigo Chaves Robles?
Ahí están: Calixto Chaves, exministro de Industria en tiempos de Monge, empresario avícola con capítulo propio en Panama Papers, hoy brazo financiero del chavismo; y Bernal Jiménez Chavarría, importador de arroz e hijo de un patriarca verdiblanco, que admitió haber donado ₡32 millones a la campaña de Chaves, aunque —según él mismo— “había una intención para que no se supiera que estuviera donando” y fue uno de los principales beneficiados de la “Ruta del Arroz”.
Uno, comprando bonos con descuentos del 40 % que le dejaron jugosas ganancias; el otro, aportando a un fideicomiso paralelo a la estructura formal del partido.
¿Y si la guerra contra “los últimos diez gobiernos” siempre excluyó a los amigos de cartera?
¿Y si la crítica de Chaves a Laura Chinchilla, y viceversa, llegara —a pesar de los insultos— hasta un eje transversal que los modula y que se llama Mario Zamora?
Zamora fue ministro de Seguridad en la última administración liberacionista y lo es también en la actual. La propia Chinchilla reconoció ante diputados que nombró a Celso Gamboa como viceministro “por recomendación del actual ministro”. Gamboa, hoy con solicitud de extradición de EE. UU. por presunto narcotráfico, fue descrito entonces como “funcionario diligente”.
¿Y si la mutación de perico a jaguar no fuera zoología política, sino un simple cambio de pelaje para seguir en la misma selva?
¿Y si Freddy González —cooperativista, más que cercano al PLN, inhabilitado por la Contraloría para cargos públicos y ahora jefe de logística chavista— fuera solo el primero de una estampida de lobistas cooperativistas?
Don Freddy ha convertido actos oficiales en tarimas pro‑continuidad, como en la inauguración de un Ebais en Desamparados, transmitida por Casa Presidencial, donde pidió “garantizar la continuidad de este Gobierno”. También organizó marchas contra el fiscal general con transporte pagado por cooperativas.
¿Y si cada regidor o alcalde que cruza la calle acelerara la crónica de una muerte partidaria anunciada, como en el refrán de los animalitos que huyen de un barco que se hunde, pero son rescatados por la embarcación chavista?
¿Y si el PUSC hubiera tenido más afinidad que choques con el chavismo en estos cuatro años?
No lo digo yo: ahí están las votaciones conjuntas para enterrar la reforma que permitiría confiscar capitales emergentes, y las palabras de su candidato Juan Carlos Hidalgo, admitiendo que “es posible que la mayor fracción legislativa sea del chavismo” en 2026.
¿Y si la oposición legislativa fuera más bien una alianza oficialista neoliberal discreta?
¿Y si las coincidencias legislativas entre el oficialismo y el ala más neoliberal del PLN, el partido de Eli, Nueva República y el PUSC —en proyectos contra trabajadores y consumidores como Jornadas 4×3, la llamada “Armonización Eléctrica” (que favorece a los Arias y los Figueres), o la venta del BCR y el INS— fueran más que simples azares?
Pilar Cisneros ha defendido con uñas y dientes la vía rápida para 4×3, mientras comparte en chats de diputados documentos de Rodrigo Arias sobre otros proyectos estratégicos. Luego, en el “circo” de los miércoles en Casa Presidencial, fustiga a la “vieja política” con la que, en privado, parece coordinar.
¿Y si el libreto fuera uno solo, pero con distintos actores ensayando el mismo parlamento?
¿Y si la crisis interna del PLN en San Ramón —instigada por los Álvarez Desanti y Johnny Araya Monge y sus hermanos (uno de ellos, fan número uno del presidente Chaves)— fuera ya la muestra del cambio de taxi electoral de esas élites?
¿Y si todo fuera una puesta en escena mal actuada?
Un teatro donde el público cree ver pelea, pero tras el telón se reparten financistas, asesores y utilería. Donde el perico y el jaguar no se enfrentan: se turnan el papel estelar.
¿Y si el verdadero cambio de época no fuera ideológico, sino solo de “taxi” pero este el definitivo donde ya no aplique la necesidad de un Estado Social de Derecho ni democracia?
¿Y si la élite chavista fuera perica?…
Al final, puede que no haya ni pericos ni jaguares, sino solo actores de reparto cambiando de vestuario entre actos. Y que el bosque no sea más que un escenario donde la fauna, vieja o nueva, siempre encuentra un árbol… con frutos conocidos.
El 7 de agosto de 2025, la administración de Donald Trump consumó una de las mayores rupturas del orden comercial multilateral en las últimas décadas: la imposición unilateral de un arancel del 15% a las exportaciones de Costa Rica. Este acto, que se suma a tarifas «recíprocas» aplicadas a más de 160 países desde abril, no es simplemente una medida proteccionista más. Es el epitafio de un acuerdo que, durante 16 años, rigió las relaciones económicas entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. La incómoda pregunta que flota en el ambiente es la que planteó recientemente el medio costarricense La Nación: ¿Está muerto el DR-Cafta? La respuesta, tras un análisis frío de los hechos, es un rotundo sí. No solo está muerto, sino que fue velado en silencio por un gobierno temeroso y luego sepultado por la realpolitik de la administración Trump.
La promesa hecha añicos: del blindaje jurídico a la ley del más fuerte
El DR-Cafta se negoció y vendió como un instrumento de certeza jurídica. Su Capítulo 3, artículo 3.3, era explícito: «ninguna parte podrá incrementar ningún arancel aduanero existente, o adoptar ningún arancel aduanero nuevo, sobre una mercancía originaria». Este principio era la columna vertebral del tratado en su sección de relaciones comerciales, diseñado precisamente para superar la precariedad de iniciativas unilaterales anteriores como la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que dependían de la voluntad discrecional de Washington. Eso nos dijeron.
La imposición de un arancel del 15% a Costa Rica no es una simple violación del tratado; es su pulverización. Como señaló el experto Álvaro Monge, miembro del equipo negociador costarricense, «el establecimiento de nuevos aranceles no procede; es contrario a lo allí acordado». La administración Trump ha demostrado que los acuerdos bilaterales y multilaterales están supeditados a sus intereses coyunturales, reduciendo el complejo andamiaje legal del Cafta a un grueso portafolio de papeles sin valor. La «ley del más fuerte», que los promotores del «Sí al TLC» aseguraban quedaría descartada, ha regresado con una virulencia inusitada.
Las advertencias ignoradas
Durante el acalorado debate nacional previo a la ratificación del tratado (2003-2007), los defensores del «No al TLC» alertamos sobre riesgos que, en su momento, fueron tachados de alarmistas y anti-comercio. Hoy, aquellas voces resuenan con una claridad dolorosa.
– Pérdida de Soberanía y Vulnerabilidad Política: Se advirtió que el tratado no aislaría a Costa Rica de los vaivenes políticos de Washington. «Los defensores del tratado destacaron el aislamiento de coyunturas políticas en las relaciones comerciales», recordó el economista Ottón Solís, quien ahora exige disculpas de quienes promovieron el acuerdo. La actual escalada arancelaria, basada en un superávit comercial de $791 millones que Costa Rica obtuvo en 2024, prueba que Estados Unidos puede usar su poder para castigar … ¡el éxito exportador de sus socios!, un escenario Faustico tan inverosímil que ni los críticos lo vislumbramos.
– El Espejismo de la Seguridad Jurídica: La promesa central del Cafta era proporcionar un horizonte estable para la inversión y el comercio. Los críticos siempre sostuvimos que la seguridad jurídica que se vendía era un espejismo, ya que dependía de la buena (o mala) fe de la contraparte más poderosa. La administración Trump ha confirmado esta tesis de la manera más cruda posible. Al quebrantar el principio fundamental del tratado, ha dejado claro que para Washington estos son simples “acuerdos”, “instrumentos flexibles” útiles solo mientras sirvan a sus intereses inmediatos de la potencia en decadencia. La certeza jurídica ha muerto ante la política de fuerza.
El velorio silencioso: la complicidad del miedo y la sumisión
La muerte del Cafta no fue anunciada con estruendo, sino velada en un silencio cómplice. Como apuntó el exvicepresidente Luis Liberman, «el gobierno evita mencionarlo por temor a que Washington responda con algo peor». Esta actitud de sumisión, acusada por Ottón Solís de «servilismo» hacia Trump, ha sido la melodía fúnebre de la agonía del tratado.
Mientras Costa Rica priorizó un «diálogo franco y constructivo» según su Ministerio de Comercio Exterior, otros países socios mantienen un arancel del 10%, menor al de Costa Rica, evidenciando la arbitrariedad del castigo estadounidense. La estrategia de negociación bilateral, en lugar de una acción legal contundente y coordinada con los otros firmantes, ha sido un ejercicio de futilidad. La abogada Velia Govaere lo resumió con crudeza: Costa Rica ya negoció desde mayo para revertir el 10% «y no sirvió de nada». La vía legal, aunque existente, es «larga, complicada y posiblemente costosa», y el mecanismo de solución de controversias de la OMC está paralizado. En este limbo, el cadáver del Cafta yace sin que nadie se atreva a certificar oficialmente su defunción.
El entierro y la herencia: hacia un nuevo modelo comercial
Con el Cafta efectivamente muerto y sepultado por la acción unilateral de Washington, Costa Rica se enfrenta a una encrucijada. El modelo de crecimiento basado en la dependencia de la inversión extranjera estadounidense y el acceso privilegiado a ese mercado muestra sus límites estructurales.
La herencia que deja el Cafta es ambivalente. Por un lado, impulsó las exportaciones (crecieron un 285,4% desde 2009, sin que ello sea una consecuencia directa del tratado). Por otro, apuntaló la economía dual donde un sector de Zonas Francas convive con un mercado interno debilitado, todo ello bajo la ilusión de una seguridad jurídica que se esfumó con un tweet presidencial desde Washington.
El futuro no puede ser más de lo mismo. La prioridad debe ser la diversificación comercial y la pluralidad geopolítica.
Sin tiempo para el duelo
El DR-Cafta está muerto. Trump lo asesinó con un arancel unilateral y arbitrario del 15% y lo sepultó con su desdén por el multilateralismo. Su fallecimiento no debe ser motivo solo de lamentos, sino de una profunda reflexión. Aquellos que defendimos el «No al TLC» no nos opusimos al desarrollo ni al comercio, sino a un modelo de integración subordinado que ponía todos los huevos en la misma canasta. Alertamos, tomando en cuenta la historia diplomática y comercial de los EE. UU., que la soberanía se canjeaba por una promesa de seguridad en extremo frágil.
Pero la muerte del Cafta puede ser, paradójicamente, la oportunidad para que el país construya una política comercial y una inserción en el mercado mundial más soberana, inteligente y resiliente, que no dependa del humor de un solo hombre en la Casa Blanca. ¿Lo haremos?
