En un mundo hiperconectado pero emocionalmente fracturado, una paradoja define nuestra era: nunca hubo tanta información al alcance, y nunca fueron tan vulnerables las sociedades al engaño. Personas de todas las clases sociales —especialmente aquellas de estratos medios y bajos golpeados por la desigualdad— caen en la seductora telaraña de teorías conspirativas, discursos de odio y líderes populistas que les hablan «como uno más de nosotros«, prometiendo soluciones simples a problemas complejos: “acabamos con la corrupción dominante y todo Se resuelve solo”. Este fenómeno, global en su alcance pero local en sus manifestaciones, no es un error cognitivo inocente. Es el síntoma de una crisis democrática que aprovecha el miedo y la desesperanza para vaciar de sentido la política.
El mecanismo del engaño: identidad sobre razón
El éxito de los demagogos no reside en la veracidad de sus afirmaciones, sino en su capacidad para apelar a la identidad tribal. Estudios en psicología social —como los de Daniel Kahneman y Jonathan Haidt— revelan que bajo estrés económico o incertidumbre, los seres humanos priorizan la pertenencia grupal sobre el análisis crítico. Un político que grita «¡Ellos te roban!» o «¡Yo soy como vos, soy uno de ustedesque está igual de harto!» activa un atajo emocional: ofrece certidumbre identitaria en medio del caos. Así, el votante promedio perdona —o incluso celebra— las contradicciones flagrantes. En Europa, partidos como el Rassemblement National francés o Alternativa para Alemania han convertido a migrantes y élites en chivos expiatorios, mientras promueven agendas económicas neoliberales que profundizan la precariedad de sus propias bases. El Brexit fue el paradigma: comunidades empobrecidas del norte de Inglaterra votaron por una fantasía de soberanía, ignorando que sus empleos dependían del mercado único europeo.
América Latina: el caldo de cultivo de la ira útil
En nuestra región, este modelo encuentra terreno fértil. La historia de desigualdades estructurales, combinada con la desilusión tras ciclos de gobiernos tradicionales fallidos que solo hicieron lo que el FMI y otras instituciones financieras les indicaron como un manual, alimenta la demanda de «outsiders» que hablen sin filtros. Jair Bolsonaro en Brasil o Nayib Bukele en El Salvador ejemplifican la fórmula: retórica violenta («balas contra el crimen«), demonización de minorías (LGTBIQ+, indígenas) y ataques a la prensa («fake news» o “prensa canalla”), todo envuelto en un discurso de «hombre del pueblo«. La paradoja es cruel: sus políticas —recortes al gasto social, flexibilización laboral, privatizaciones— perjudican precisamente a quienes los aplauden emocionados. En Argentina, sectores populares apoyan figuras como Javier Milei, cuyo ultraliberalismo promete «quemar el banco central» mientras desarma redes de protección social. La pregunta obvia —¿por qué un desempleado celebra la reducción de pensiones? — tiene respuesta en la neuropolítica: el cerebro procesa el resentimiento antes que el interés económico.
Costa Rica: el sueño de la excepcionalidad agrietado
Costa Rica no es inmune. Aquí, el mito de la «Suiza centroamericana» choca con una realidad de pobreza creciente (el 25% en 2025) y desconfianza institucional. Políticos oportunistas han aprendido a empaquetar el odio con acento tico:
Contra el empleo público: Se sataniza a funcionarios como «privilegiados«, ocultando que muchos son enfermeras, maestros o técnicos municipales de salarios modestos. Mientras, se aplauden recortes al IMAS o al INA, pilares de movilidad social.
Contra migrantes: Se difunden bulos en WhatsApp sobre «invasores» nicaragüenses que «colapsan servicios», ignorando que su trabajo sostiene agricultura y construcción.
Populismo digital: Figuras como el presidente Rodrigo Chaves dominan el algoritmo con frases simples («¡Hay que poner orden!») y ataques a medios, mientras su gobierno recorta presupuestos para vivienda o ambiente. El resultado es un electorado que vota contra sus intereses: clases medias empobrecidas exigen menos impuestos a grandes capitales, y trabajadores informales apoyan reformas que debilitan sindicatos.
La Trampa Final: El Circulo Vicioso del Odio
Este fenómeno se retroalimenta. Las redes sociales —diseñadas para maximizar engagement mediante la indignación— amplifican mentiras que confirman sesgos. El ciudadano, atrincherado en su burbuja, desconfía de expertos («¡Son parte del sistema!») y normaliza la violencia retórica. En Costa Rica, esto se traduce en amenazas a periodistas como Ernesto Rivera, despedido del Sinart por investigar corrupción, o en marchas donde se pide «mano dura» mientras se defienden8 recortes policiales. La democracia se reduce a un espectáculo de gritos, donde el proyecto colectivo muere por mil heridas de egos individualistas.
Reflexión final: Las sociedades que intercambian hechos por consuelos identitarios no están ejerciendo «libertad«. Están cavando su propia fosa. Cuando el odio al diferente, el desprecio al conocimiento y la fe en salvadores autoritarios reemplazan el debate informado, el patrón es claro: no es una teoría conspirativa que élites manipulen a las masas. Son las masas, engañadas por su propia necesidad de pertenencia, las que eligen a sus verdugos. Y en ese camino, como bien advirtió Bertolt Brecht, llega un punto donde la estupidez se vuelve crimen contra uno mismo.
Un pueblo que cree en espejismos vota por espejismos. Y al despertar, solo encuentra el desierto que ayudó a crear.
El Informe sobre Discursos de Odio y Discriminación: Análisis de redes 2025, presentado por las Naciones Unidas y la firma COES Comunicadores el pasado 12 de agosto, indica que entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025 se registraron 2,093,056 publicaciones y comentarios con discursos de odio en las redes sociales Facebook y X; si se agregan Instagram y Reddit, el total asciende a 2,138,854. El incremento anual fue de 16%, menor al de años previos, lo que sugiere una desaceleración del crecimiento, aunque el volumen sigue en máximos históricos.
El Informe utilizó una metodología basada en el uso de inteligencia artificial y herramientas de escucha social (social listening), analizando perfiles públicos con geolocalización en Costa Rica. En el caso de Facebook, el estudio trabajó con una base de más de 5.000 páginas de medios, personas influyentes, instituciones y organizaciones nacionales.
¿Qué son los mensajes de odio?
El Informe define los discursos de odio como mensajes verbales, escritos, visuales o conductas que usan lenguaje ofensivo o discriminatorio contra una persona por su nacionalidad, etnia, género, orientación sexual, lugar de origen, creencias u otra característica de identidad.
Pueden ser directos, incitando explícitamente al odio o la violencia, o indirectos, fomentando prejuicios, exclusión y discriminación. En ambos casos, debilitan la cohesión social y limitan la capacidad de diálogo constructivo.
Principales hallazgos
Más emisores y tono más agresivo: las personas que emitieron discursos de odio aumentaron 31% frente a 2024, con un comportamiento “más violento y personalizado” hacia la integridad y capacidades de las personas afectadas.
Masculinidades agresivas encienden odio en redes: por tercer año consecutivo, los hombres concentran la mayor participación, escribiendo alrededor de cada 10 mensajes de odio y discriminación.
Temas con mayores interacciones: en principal tema que produce mayores reacciones negativas es el de Política y Realidad Nacional con 789,442 menciones en Facebook y X en el periodo estudiado, representando un aumento interanual del 43%. El tema Género acumula 490,639 menciones (+37% interanual) y Orientación Sexual e Identidad de Género es la categoría que más se dispara, aumentando en un 344.68% frente a 2024.
Disminuyen algunos ejes de discriminación: se registra una reducción en los discursos de odio relacionados con xenofobia (-16%), racismo (-23%), discapacidad (-10%) y religión (-56%) respecto al año anterior.
Ataques a instituciones y prensa: las agresiones se concentran en Asamblea Legislativa (21.70%), medios de comunicación (17.33%), Poder Ejecutivo (15.26%), Poder Judicial (14.92%) y partidos políticos (13.87%). Los ataques a periodistas y medios crecieron 110% respecto al año anterior.
La red social con mayor prevalencia de estos mensajes: X concentra la mayor parte del volumen (58.55%), seguida de Facebook (37.43%); Reddit (3.42%) e Instagram (0.60%) quedan muy por detrás.
Meses pico: julio y agosto de 2024 fueron los meses con más discursos de odio.
El caso de TikTok:
Aunque las restricciones de TikTok impiden un análisis totalmente retroactivo y masivo (la plataforma permite seguir hashtags y analizar hasta 1.000 publicaciones públicas por 90 días), el equipo incorporó observación cualitativa.
El análisis describe a TikTok como un “espejo” de tensiones sociales: desencanto político, pérdidas de confianza institucional y miedos al cambio que se canalizan en insultos, desinformación y odio, con normalización del odio político, misoginia hacia mujeres en espacios de poder, y xenofobia, especialmente contra personas nicaragüenses.
El narcotráfico dejó de ser solo un negocio criminal para convertirse en un actor que penetra las estructuras políticas, económicas y sociales de América. Su poder financiero, sustentado en miles de millones de dólares en circulación, se ha transformado en un factor necesario para economías debilitadas y en un combustible oscuro de campañas políticas.
En Argentina, los informes judiciales y periodísticos han señalado cómo las bandas del narco se infiltran en los barrios populares, no solo controlando territorios sino tejiendo complicidades con autoridades locales y fuerzas policiales. El financiamiento ilícito encuentra rendijas en campañas políticas, lo que convierte al voto en un botín disputado por intereses ilegales.
En Estados Unidos, país que concentra el mayor consumo mundial de drogas, el narcotráfico ha generado una doble paradoja: mientras se promueve la “guerra contra las drogas”, al mismo tiempo la economía bancaria y financiera se ha beneficiado del lavado de capitales. La propia DEA y congresistas han advertido sobre la infiltración del narco en niveles estatales y municipales, especialmente en la frontera con México.
En Ecuador, la situación se volvió explosiva. El asesinato del candidato Fernando Villavicencio en 2023 evidenció que el narcotráfico dejó de ser un problema de seguridad para convertirse en una amenaza directa contra la democracia. El país se ha convertido en un enclave estratégico del crimen organizado, con cárteles que imponen su ley en puertos, cárceles y hasta en las calles de las principales ciudades.
Más allá de fronteras, lo común es el poder económico del narcotráfico: flujos de dinero que se insertan en sistemas financieros, campañas electorales y proyectos de infraestructura, debilitando las bases de los Estados. El narco no solo compra armas o voluntades: compra legitimidad y espacio político.
En Costa Rica, a las puertas de nuevas elecciones, la advertencia se repite en la prensa y en los informes policiales: el narcotráfico no es un fantasma lejano, sino un peligro inminente. Los asesinatos ligados a ajustes de cuentas, el aumento del lavado de dinero y la corrupción en instituciones locales son síntomas de un mal que puede capturar la democracia desde dentro.
El desafío es claro: o se frena esta simbiosis entre política y crimen organizado, o el narcotráfico terminará escribiendo las reglas del juego democrático en la región.
Como si la metáfora no fuera suficiente, la principal vía de comunicación que conecta el Aeropuerto Internacional con la ciudad capital, San José, sufrió un colapso producido por aguaceros intensos, rayería e inundaciones. La carretera se llenó de escombros de todo tipo.
La imagen, valga decirlo, asemeja en mucho a la de un país que ha sido entregado sin dilación a los poderes fácticos, que ahora sí hacen lo que les venga en gana. El país se llenó de escombros, se entrampó, se inundó todo de su propia agua profunda.
No solo los efectos del clima producidos por el hombre y sus modelos económicos extractivistas y lacerantes fue lo que tuvimos este fin de semana en esta Costa Rica, ya para nada excepcional.
En menos de 48 horas, seis asesinatos nos muestran la gravedad de lo que nos hemos convertido: el sicariato salió de las pantallas y de las narconovelas para convertirse en una realidad absoluta. Como tantas otras cosas que nos han ocurrido en el pasado reciente, llegó para quedarse.
Es claro.
El dejar hacer, dejar pasar en materia de seguridad tiene un propósito político: convencer a la ciudadanía de que el único camino posible para “detener” esta violencia, implica la construcción de una megacárcel al estilo salvadoreño. Todo ello bajo la operación de una oprobiosa industria que hace millones a costa de respuestas populistas como esta.
Esos escombros en que nos hemos convertido en materia de seguridad apuntan a la instalación de un régimen de excepción (al igual que en El Salvador) en el que, a cambio de restablecer la paz, todo lo demás y de forma irregular se justifica: las desapariciones, los juicios sumarios, las detenciones arbitrarias contra defensores y defensoras de los derechos humanos.
Estamos a un minuto para que esto ocurra en Costa Rica.
Para evitar esa debacle, el camino, la vía costarricense como ha sido llamado históricamente a ese pacto sociopolítico, debe ser recuperado. Si hay un elemento que ha dibujado ese cierto excepcionalismo, es la forma cómo hemos recuperado el rumbo cuando estamos a punto de perderlo.
El programa «Alternativas» realizará un panel de discusión el próximo 15 de agosto de 2025 a las 18:00 horas (-6 UTC) para abordar una de las preguntas más urgentes de nuestro tiempo: «¿Qué significa participar en las elecciones en democracia, con el Estado social de derecho en peligro? ¿Cómo definir una posición equilibrada ante el autoritarismo, desacreditación y el desmantelamiento del Estado social?»
Panel de expertos
El evento contará con la participación de tres destacados académicos:
Alberto Salom Echeverría, politólogo, ex rector de la Universidad Nacional, ex diputado, profesor universitario y autor de libros y artículos especializados en temas políticos y sociales.
Roberto Salom Echeverría, profesor universitario jubilado con maestría en Sociología por la Universidad de Costa Rica, autor de libros y artículos, y colaborador editorial de la revista Porvenir.
Luis Paulino Vargas Solís, economista, profesor universitario jubilado, investigador y autor de libros y artículos sobre temas económicos y sociales.
Transmisión en vivo
El panel será transmitido en vivo a través de múltiples plataformas digitales, incluyendo Facebook Live, YouTube y Spotify, garantizando amplio acceso a la discusión.
Emisoras colaboradoras
El evento cuenta con el respaldo de importantes medios de comunicación alternativa:
Guanacaste 106.1 FM
Radio Soberanía
Radio Revolución
506 Ondas Alajuelita Radio
Reflexión necesaria
En un contexto regional y global donde los sistemas democráticos enfrentan múltiples amenazas, desde el crecimiento de movimientos autoritarios hasta el debilitamiento sistemático de las instituciones del Estado social, este panel busca generar un espacio de reflexión crítica sobre los desafíos actuales de la participación electoral y la defensa de la democracia.
La discusión promete abordar temas fundamentales como la crisis de legitimidad de las instituciones, las estrategias para fortalecer el Estado de derecho, y las alternativas para construir una posición política equilibrada que haga frente tanto al autoritarismo como a las políticas de desmantelamiento de los servicios públicos y la protección social.
El programa «Alternativas» forma parte de los esfuerzos por promover el diálogo académico y social sobre los grandes retos contemporáneos, especialmente aquellos relacionados con la defensa de la democracia y la justicia social.
Fernando Rodríguez Garro Observatorio Económico y Social, Universidad Nacional
Fernando Rodríguez Garro.
Puede sonar prematuro, dado que estamos a varios meses de finalizar el año 2025, empezar a hablar de la agenda fiscal de la siguiente administración, pero es probable que dado el tiempo que queda, el hecho de que la Asamblea Legislativa está metida en una discusión compleja del proyecto de ley de jornadas extraordinarias, que está pendiente en el camino la tramitación del presupuesto ordinario del año 2026 y que las elecciones son en poco más de 6 meses, que el espacio para poder avanzar más en temas de política fiscal se le acabó al presente gobierno o es mínimo lo que puede hacerse en el periodo restante. Está pendiente, dentro de los temas de interés de la actual administración, algunas aprobaciones de créditos internacionales, lo que tendrá que encajar dentro de la compleja agenda legislativa del presente, pero no hay espacio para mucho más.
Considerando el contexto, claramente los retos de la política fiscal nacional no van a poder ser abordados en los siguientes meses, por lo que tendrán que retomarse por las siguientes autoridades del país, razón por la cual poner el tema sobre la mesa para promover su discusión en la próxima campaña parece algo necesario. Para entender el nivel del desafío, analizaré los retos en 3 áreas de la política fiscal: gasto público, ingresos tributarios y deuda pública. Es muy importante que los partidos políticos aborden los detalles de las propuestas que van a plantear y no hagan afirmaciones muy generalistas, como “vamos a impulsar un sistema tributario más progresivo” o “vamos a ejercer un estricto control sobre el gasto”, sin mayores detalles de lo que eso implica, mientras que por otro lado hacen un largo listado de acciones de política pública que quieren promover o insisten en que “no son necesarios nuevos impuestos”.
Gasto público: es la variable más impactada por el proceso de ajuste en los últimos años, propiamente desde la entrada en vigencia de la regla fiscal. Para tener una idea del impacto, entre el año 2018 y el 2024, el gasto sin intereses bajó casi tres puntos porcentuales del PIB, pasando de 16,82% del PIB en el 2018 a 14,03% en el 2024, habiendo variado el gasto dirigido a la atención de rubros claves como el de educación, los recursos dirigidos a programas sociales e incluso el gasto de capital.
En materia de gasto algunas facturas se han ido acumulando a lo largo del tiempo, no solo por el gasto recortado, sino por el gasto evitado que se acumula como necesidades sin atender que se hace cada vez mayor. En ese sentido no estamos midiendo el costo de los recursos no gastados, lo que probablemente implique un mayor gasto en el futuro, cuando los problemas se hagan más complejos y requieran de una mayor inversión para su atención. La seguridad es uno de esos temas, en las que no solo el gasto no ha crecido para hacerle frente a una arremetida mayor del crimen organizado, sino que se ha reducido a lo largo de los últimos años. Por ejemplo: el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública pasó de ser el 0,69% del PIB en el 2019, a ser el 0,62% del PIB en el 2024.
La administración de justicia es otra área pública afectada por las restricciones de gasto, para el año 2019 se le había asignado un presupuesto equivalente al 1,25%, mientras que ese porcentaje disminuyó a un 1,03% del PIB en el 2024. Y, por supuesto, está la situación del presupuesto de educación, que para el año 2019 significaba un 7% del PIB, mientras lo presupuestado para el 2024 fue de 5,27% del PIB, incluso habiendo sufrido una disminución en términos absolutos en ese presupuesto, pues en el año 2019 era de ₡2.648.412 millones, mientras que para el 2024 fue de ₡2.586.221,85 millones. También ha estado sujeto a recortes el gasto destinado al financiamiento de programas sociales y ayudas a cargo del Estado.
Pero el Estado también tendrá que intervenir en algunas actividades a fin de corregir problemas que se están presentando y que afectan a la población. Un ejemplo de ello es la crisis actual del transporte público, que se vio afectado por la caída de demanda como consecuencia de la pandemia del Covid19 y que al día de hoy no se resuelve, sino más bien el problema se profundiza con el abandono de rutas de buses por parte de los concesionarios y permisionarios. Al 2025 la demanda de servicio de transporte en modalidad bus es un 80% de los números prepandémicos, mientras que para julio de este año 103 rutas de buses habían dejado de operar. Esto sin duda va a requerir de la implementación de un subsidio al transporte público para su funcionamiento, que deberá salir del presupuesto nacional.
En resumidas cuentas, la próxima administración, si desea recuperar áreas de servicio público afectadas por el ajuste fiscal centrado en el gasto, deberá subir la asignación de recursos, devolver el nivel de gasto a los niveles preajuste, aunque sea parcialmente, y buscar una asignación más eficiente de los recursos. Claro, eso deberá hacerse con la restricción de la regla fiscal de por medio, con la cual no podrá mejorarse la asignación de gasto en ningún área, incluyendo dentro de eso al gasto en educación, si la regla sigue vigente en las condiciones en la que está hoy.
Ingresos tributarios: Aunque parte de la reforma del año 2018 se centró en hacer ajuste en la legislación del impuesto sobre la renta y en la creación del impuesto al valor agregado, sobre la base del antiguo impuesto general sobre las ventas, el avance en materia de recaudación es pírrico, muy por debajo de las expectativas creadas durante la reforma fiscal. La explicación de eso, que por supuesto requiere un análisis mucho más amplio, subyace en los ajustes realizados a los proyectos presentados en el proceso de discusión legislativa, al efecto de la pandemia del Covid19 y a otras reformas que se hicieron posteriormente, por parte de los diputados, y que han venido a minar la capacidad recaudatoria del gobierno central.
Los ingresos tributarios en el año 2018 fueron de 12,68% del PIB, mientras que el año 2024 fueron de 13,39% del PIB, un aumento de 0,7% del PIB, que está por debajo de los números esperados en el trámite de las reformas aprobadas en el 2018. Revisando la evolución por impuesto, en el 2018 se había recaudado un 4,13% del PIB por concepto de impuesto general sobre las ventas, mientras que para el año 2024 la recaudación del impuesto al valor agregado fue de 4,93% del PIB. En el caso del impuesto sobre la renta, su recaudación fue de 4,72% del PIB en el 2018, mientras que en el 2024 la recaudación del impuesto sobre la renta fue también de 4,93% del PIB. Si entre ambos impuestos aumentó un 1% del PIB, ¿por qué los ingresos tributarios crecieron solo un 0,7% del PIB?
En ese lapso se redujo la recaudación producto del impuesto a los combustibles, que pasó de 1,42% del PIB en el 2018, a un 1,24% del PIB en el 2024, tendencia que seguirá en los próximos años y se redujo la recaudación del impuesto a la propiedad de vehículos, que pasó de 0,46% del PIB en el 2018 a un 0,34% del PIB en el 2024, en este último caso producto de una decisión legislativa. De esta forma, en los últimos años se perdió un 0,27% del PIB en la recaudación de estos dos impuestos, que restó impulso a una reforma tributaria ya en todo caso modesta, que es hoy insuficiente para atender las necesidades de un gobierno central que necesita retomar muchas actividades golpeadas por casi 6 años de ajuste fiscal.
La próxima administración deberá revertir la pérdida de recursos provocada por la decisión legislativa del 2023, que redujo el impuesto a la propiedad de vehículos, deberá empezar a sustituir los ingresos tributarios perdidos en la recaudación del impuesto único a los combustibles, que seguirá viéndose afectado por el proceso de electrificación del transporte, deberá cerrar los portillos que facilitan la evasión del impuesto al valor agregado, propiamente por medio del uso de la plataforma SINPE-Móvil, y tendrá la tarea de completar la reforma pendiente del impuesto sobre la renta. Todo esto para encontrar un financiamiento apropiado para enfrentar la titánica tarea de revertir los recortes de gasto en áreas clave y permitir que las demandas sociales de servicios públicos sean atendidas de forma correcta.
En ese sentido, el país debe retomar, con la seriedad del caso y con la mira en el largo plazo, una agenda de reformas para fortalecer la gestión de la administración tributaria y procurar mayor eficacia en su gestión de cobro. También es tiempo de que nos sinceremos como sociedad y discutamos el aumento de la tasa del impuesto al valor agregado, introduciendo un mecanismo de compensación vía devolución para las personas de menores ingresos. La magnitud de la tarea que el próximo gobierno, y las subsiguientes administraciones, tienen por delante, para retomar el impulso que el Estado debe dar al desarrollo del país, amerita que pongamos estos temas de la política tributaria en la mesa de discusión.
Deuda pública: en este tema seguirá pendiente una cuestión que hemos advertido desde la Universidad Nacional en el pasado y que sigue sin abordarse, que es el del costo de la deuda pública. En los últimos años la tasa implícita de la deuda del gobierno central, dato que se obtiene de dividir los intereses pagados entre el volumen total de deuda, ha venido creciendo. En el 2018 la tasa implícita de la deuda era un 6,53%, mientras que para el año 2024 la tasa implícita de la deuda era de un 8,1%, lo que sucede, además, en un entorno deflacionario, complicando aún más la gestión de la deuda pública, que está pagando intereses reales muy elevados.
Las políticas impulsadas de reforma fiscal adolecen de propuestas más amplias en este tema, que se ha vuelto vital en la medida en que el gasto en intereses ha seguido creciendo. En el año 2018 se pagaron 3,41% del PIB en intereses, mientras que para el año 2024 esa cifra alcanzó el 4,83% del PIB, recursos que sin duda podrían estarse utilizando en la atención de otras necesidades claves, como el gasto en educación. Es muy importante reducir el gasto en intereses, que reduzca el peso del financiamiento de la deuda dentro del gasto público y que permita más espacios de acción a la política pública, sumado a los ingresos adicionales que se generen en el futuro.
Un tema complejo en este apartado será la solución que se le dé al asunto de la deuda con la CCSS, pues el reconocimiento de esta deuda como parte de la deuda del gobierno central, sumaría varios puntos del PIB al nivel de deuda que existe hoy, que se mantiene por debajo del 60% del PIB, y obligaría al reconocimiento del pago de intereses correspondiente, lo que haría crecer también ese rubro de gasto, de ahí la importancia de contar con ingresos frescos por un lado, y de reducir el pago de los intereses por el otro, que abra un espacio para la incorporación de la deuda con la CCSS y su eventual atención en el largo plazo.
Se llama Rudolph, y se apellida Lücke, y es el nuevo ministro de Hacienda, por lo cual, ha de lidiar como novillero, con las chambonadas que le heredara el exministro Nogui Acosta, quien, al tener más de una decena de causas penales bajo investigación en la Fiscalía General del Ministerio Público, ahora anda en busca de una candidatura a diputación, que, de ser elegible, le cubra con la manta de la inmunidad-impunidad con que abusa el gobierno chavista.
Pese a ser un profesional serio, don Rudolph cometió el error, de aceptar la cartera de Hacienda, con los compromisos que, en un apresurado listado de tareas ocurrentes, le entregaron Acosta y el presidente Chaves.
Uno de ellos, es el capricho del ministro de Justicia, señor Gerald Campos, quien, bajo los lineamientos de Chaves, hasta viajó a la tierra del dictador salvadoreño, a que le dieran copia de unos planos de la mega cárcel, construida allí, en el país con menor índice de desarrollo económico del istmo centroamericano.
Pues resulta, que para esa improvisada cárcel bukeliana en suelo tico, proyecto misterioso y confidencial, del que se desconoce hasta el terreno supuestamente reservado para su construcción, a don Rudolph le dieron instrucciones de defender una irracional modificación presupuestaria, que no creemos que le tenga muy contento. Y ha de ser así, pues, entre otros, al descuidado Ministerio de Seguridad Pública, que, por incapacidad de su jerarca, ha contribuido a hundir a Costa Rica en PROFUNDA INSEGURIDAD, que está golpeando la paz de las familias costarricenses, su ministro propone bajarle sustancialmente el presupuesto.
Y lo hace, a pesar de que se vive con miedo, pues la violencia se refleja en un creciente e incontenible número de homicidios, nunca antes sufrida por nuestro pueblo, mientras su jerarca Mario Zamora, parece dispuesto a establecer un récord olímpico en criminalidad. Él, y por supuesto Rodrigo Chaves, le ordenan, irresponsablemente, a don Rudolph, recortar en Seguridad, más de ¢4.100 millones, cual, si no se necesitaran más policías, más patrullas, más armas, más uniformes, más chalecos antibalas, mejores condiciones en infraestructura, mejor alimentación, etc.
Recorte que sí preocupa al ministro de Turismo, pues siente, cotidianamente, que la actividad turística, principal fuente de empleo y divisas de Costa Rica, desciende peligrosamente, en, por ejemplo, Puntarenas, Limón y Guanacaste, cuyos habitantes sufren al interior de sus hogares, el hambre hija de la pobreza por el desempleo, que no se mitiga con promesas demagógicas gubernamentales. Para esos sufridos compatriotas, ese recorte presupuestario es la peor noticia en el peor momento, mientras que, los narcotraficantes y demás delincuentes, que se han apoderado de nuestras otrora pacíficas comunidades, la reciben como la mejor colaboración gubernamental, para seguir cometiendo crímenes.
Don Rudoph, igualmente tiene que lidiar con disminuciones presupuestarias injustificadas, dentro de su mismo ministerio. Ante los impensados zarpazos a sus finanzas, “como quien no quiere la cosa”, dice estar de acuerdo en desechar de su presupuesto, ¢365 millones, que sabe, son esenciales para cubrir el déficit que le heredó su antecesor, que le impide, si quisiera, fortalecer lo que debería ser una lucha frontal contra la evasión de impuestos, que, como sabemos, ¡supera la deuda pública de Costa Rica!
Adicionalmente, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes le recortan ¢1.745 millones, para esa versión tica de mega cárcel bukeliana, sin importar la urgencia que tiene el gobierno, por atender las necesidades de infraestructura vial, construcciones y reparaciones de puentes, los túneles falsos en la ruta 32, las deterioradas rutas cantonales y nacionales, más inspectores de tránsito, etcétera.
Como también, la Salud no parece ser prioritaria para la administración Chaves, ¢886,3 millones del Ministerio de Salud, con déficit presupuestario crónico, le son arrebatados, sin importar, igualmente, lo que piense su ministra vicepresidenta, ni las autoridades contraloras responsables de velar por el buen uso de los recursos públicos.
Asimismo, cual, si no hubiere una crisis grave en ciernes en nuestro comercio internacional, se recortan ¢237,8 millones, al ministerio de Comercio Exterior, que ahora tendrá tareas extraordinarias que podrían ser fundamentales.
En fin, se le ha encargado al novel ministro de Hacienda, tomar la tijera y recortar unos ₡8.000 millones para financiar desde este mismo año, una cárcel de la que se desconoce su costo operativo, las características técnicas de la construcción y ni siquiera la finca donde se construiría, que obliga a los señores diputados a no desdeñar la responsabilidad de actuar razonablemente, en busca de los mejores acuerdos para la Patria.
Y, ¡atención a esto!, lo quieren hacer, en momentos de verdadera emergencia nacional, por el error con los fondos del Banco Hipotecario de la Vivienda, procedentes de FODESAF, que obliga a ajustar ₡24.000 millones que han de salir de otros rubros presupuestarios, a ejecutarse en este año 2025. Para enmendarlo, se plantean cambios que también golpean la atención social, pues, nada menos, en la Caja los recursos del Régimen No Contributivo, se encuentra el riesgo de atrasos o interrupciones en el pago de pensiones vigentes, la imposibilidad de incorporar 11.300 nuevos beneficiarios, y hasta el pago del aguinaldo, lo que asimismo, agravaría el déficit financiero que ya enfrenta el régimen, golpeando a los ancianos en situación de pobreza o pobreza extrema, que los requieren para sobrevivir. Y ni hablemos del Instituto Mixto de Ayuda Social, responsable de la atención integral de familias en situación de pobreza y pobreza extrema, limitando la acción sobre áreas críticas como alimentación, vivienda, salud, educación y empleo a 706 beneficiarios de los 55.168 programados a partir de agosto 2025, por lo que estos hogares quedarían desprotegidos, aumentando así su pobreza, y la desigualdad y la exclusión social.
¿Seguirán imperando las acciones destructivas que caracterizan a la administración chavista?
Me preguntan con frecuencia distintos tipos de inquietudes sobre el acontecer político que estamos viviendo. Son generalmente preguntas sencillas, pero importantes para quienes desean respuestas, que pueden aceptarlas o no, frente al momento que vivimos y frente a la información que recibimos.
A veces me da la sensación de que el ambiente político ya está alborotado y que hay buena información básica con la que a gente se va orientando, pero quedo siempre insatisfecho.
Algunas de esas preguntas, con las respuestas que he dado, y reflexiones que hago de esas preguntas, son las siguientes.
1.- ¿Ya está definido el panorama electoral?
No está definido el panorama electoral, aunque cada día que pasa se va aclarando, tanto con los partidos debidamente inscritos como con los candidatos presidenciales y algunos nombres de candidatos a diputados que ya se van nombrando y les suenan las matracas. Hasta ahora llevamos casi una decena posible de candidatos presidenciales ya definidos, Álvaro Ramos, Juan Carlos Hidalgo, Claudia Dobles, Natalia Díaz, Laura Fernández, Claudio Alpízar, Fabricio Alvarado, Eli Feinzaig, Fernando Zamora, Ariel Robles.
Los menciono, generalmente, sin indicar su partido político. Pocas personas asocian a algunos de ellos a un partido de manera correcta.
Si menciono los partidos, sin indicar cual es su candidato, menos saben cómo son las correspondencias de partidos y candidatos.
Me he topado gente que postula personas como si fueran candidatos para esta campaña que viene, dentro de un partido, por el reconocimiento que tienen de las discusiones que se publican de dirigentes o activistas políticos de esos partidos peleando entre sí.
2.- ¿Cuándo inicia la actividad política electoral?
A esta pregunta siempre respondo que la actividad política electoral no se acaba con la finalización de un proceso electoral, y con la integración del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Les digo que la actividad política es permanente, no se acaba, todos los días se realiza, desde distintos ámbitos. Respondo que al terminar la campaña electoral y nombrar las autoridades de gobiernos, al instante mismo, los principales partidos políticos que participaron en las elecciones quedan embarazados para la siguiente. Los dirigentes, los activistas políticos y personas destacadas que van a ocupar puestos en la administración pública, por el partido que gana la presidencia y los partidos que eligen representantes populares, se concentras en sus actividades de gobierno. Una parte de ellos con imposibilidad de actuar y manifestar sus opiniones partidarias o de actuar favoreciendo sus partidos políticos porque constitucional y legalmente tienen prohibido hacerlo. Los que no van a gobierno ni fueron electos, inmediatamente se empiezan a articular para el siguiente proceso electoral y hacen cálculos electorales de las posibles oportunidades que les pueden tocar.
Una regla que tiene la política es que en la política no hay espacios vacíos. Todos los espacios se llenan.
3.- ¿Se debe participar en política?
Mi respuesta es categórica. Si, se debe participar en política. Es un deber ciudadano, es un derecho ciudadano. En la participación está la posibilidad de influir en las acciones políticas que se toman. Quienes me hace esta pregunta, generalmente me dicen que están desilusionados, porque no se sienten satisfechos con los resultados electorales y lo que esperaban de ellos.
Siempre respondo que todos los días se toman decisiones políticas que nos afectan positiva o negativamente, que son las decisiones de las acciones políticas que se toman o deciden desde la Presidencia de la República, desde la actuación de los Ministerios y desde la Asamblea Legislativa. Les recuerdo que a nivel cantonal también sucede lo mismo. De esa forma la política, las acciones políticas se meten con uno, se meten con nosotros, nos gusten o no esas decisiones. Por eso, si la política se mete con uno, uno debe meterse en la política. Esta es otra regla de la vida política. Y la forma de meterse organizadamente es actuando desde un partido político.
4.- ¿Las elecciones dan poder político?
Esta es una pregunta más difícil de responder. Dan poder de gobierno, de administrar, de dirigir las instituciones públicas con algunas y fuertes restricciones en muchos casos, por las instancias creadas a su interior que también frenan, a modo de pesos y contrapesos, las decisiones que se quieren impulsar.
El poder político no está totalmente concentrado en los órganos de gobierno, como son el Poder Ejecutivo, con sus Ministerios, o en la entramada institucionalidad pública, porque alrededor de estas estructuras, operan una serie de presiones políticas que pueden determinar el rumbo de esas instituciones o influir directamente para la toma de decisiones. Son las presiones y participaciones que se realizan desde el ámbito de las organizaciones empresariales, de las instancias del poder económico nacional, de las organizaciones sociales en general, cuando tienen algún grado de presión sobre los actores políticos del gobierno. El Poder Político es también el Poder Económico Nacional. Cómo se articule esta relación así se puede definir el Poder Político real, ¿de qué lado se encuentra, a quién satisface y representa? Hoy en esta estructura del Poder Político también actúan las fuerzas internacionales. Lo vemos en el actual gobierno sometido a las decisiones de la Casa Blanca, la Casa Presidencial de los Estados Unidos.
La parte económica del Poder Político permite definir a qué sectores económicos y sociales se favorece más, por ejemplo, a importadores o exportadores, a los productores nacionales o a los extranjeros, al capital nacional o extranjero, a las zonas francas, a los sectores nacionales de la industria, la agricultura, el comercio y las actividades de servicios, a la salud y educación pública o privada, al mantenimiento o debilitamiento de las políticas sociales y de asistencia social de los sectores más pobres, si se fortalecen más las políticas privatizadoras o no de toda la actividad pública e institucional, entre otras cosas.
5.- ¿Es válido abstenerse de votar en las elecciones?
Votar en Costa Rica, siempre respondo, es un derecho y un deber ciudadano, pero no es obligatorio, como en otros países, que se establecen sanciones para los que se abstienen de votar.
Lo importante, respondo, es que los abstencionistas no definen nada del proceso electoral. Las elecciones se definen con los que participan directamente expresando su voluntad electoral votando por un partidos o por candidatos de la simpatía de votante.
También digo que hay dos tipos de abstencionistas. Los que del todo no se presentan a votar y los que presentándose a las urnas se abstienen de dar su voto a un partido o a un candidato y los que votando en urna anulan su voto, porque no le simpatiza ningún partido, ni ningún candidato.
El punto determinante es que los votos nulos y en blanco no cuentan para el resultado electoral. Tan solo se toman en cuenta como una cifra electoral sin peso en el resultado, porque el resultado se produce por los votos emitidos considerados válidos.
Si los votos emitidos en blanco, abstencionistas reales, o nulos, que rechazan todos los postulados, partidos y candidatos, se tomaran en cuenta para el porcentual final de las elecciones, estos votos podrían tener una fuerza política, porque obligaría a los partidos a convocar con más fuerza a los electores para poder asegurar el 40% para definir una elección en la primera convocatoria, y hasta para definir mejor la segunda vuelta electoral, con los dos partidos que logren llegar a ella.
Incluso podría provocar un llamamiento político para votar contra todos, para deslegitimar a profundidad a quienes puedan quedar elector y obligarlos por esa vía a acuerdos políticos nacionales importantes.
Finalmente, les digo a esos abstencionistas, que en el fondo ellos votan, con su abstencionismo por el que gana, cualquiera que sea. Su abstencionismo los lleva a aceptar cualquier ganador sobre la base de que cualquiera de ellos le puede deparar algo ese abstencionista. Por eso, entre otros factores nuestros procesos electorales al final son muy tranquilos, y son procesos electorales aceptados en sus resultados por todos los que participaron votando y por los que del todo no participaron, absteniéndose de ir a votar o de ir a emitir su sufragio en blanco o anulándolo.
6.-. ¿Es válido quebrar el voto, votar por el candidato presidencial de un partido y votar por los diputados de otro partido?
Es absolutamente válido. Se da naturalmente en el proceso electoral. En los últimos tres procesos electorales hemos visto esta situación. El Partido Acción Ciudadana, que ganó las elecciones del 2014, y 2018, y el Partido Progreso Social Democrático, que ganó con el presidente Rodrigo Chaves las elecciones del 2022, no pasaron de elegir 13 diputados de los 57 que tiene la Asamblea legislativa, lo que los hizo gobiernos débiles, sin músculo político parlamentario para su gestión de gobierno.
Siempre les respondo a quienes así me interrogan, que lo correcto es dar el voto completo a un partido, con su candidato presidencial y sus candidatos a diputados, justamente para dar la posibilidad de un mejor gobierno.
Pero, la quiebra del voto que se hace es en cierta forma para fortalecer el poder de control político que tienen los diputados sobre el Poder Ejecutivo y sobre toda la administración pública. Esto probablemente se siga dando. Por eso es la desesperación del presidente Chaves de llamar a sus jaguares a lograr 38, 40 a más diputados, para poder tener el músculo legislativo que daría un poder político más efectivo, para hacer o deshacer institucionalmente lo que se proponga un presidente.
7.- Me preguntan, ¿qué es más importante para mí, la elección presidencial o la de diputados?
Las dos son igualmente importantes. Sin embargo, desde el accionar político más importante es la de presidente porque es donde se toman las decisiones y acciones políticas diariamente desde todas las instituciones del Estado y de la Administración Pública, que nos afectan positiva o negativamente, según las percibamos. Una decisión sobre alza de salarios y pensiones, congelamiento o no de salarios y pensiones, sobre crédito público, sobre becas y subsidios estudiantiles, sobre crédito para los productores nacionales etc., se toma desde el Poder Ejecutivo. La toma del poder, en este sentido, es lo más importante para el quehacer político inmediato y debe ser el tema central de un partido que participe con candidato presidencial. Si la toma del Gobierno no es el tema central de la lucha político electoral el partido que así participe es más una tertulia patriótica, un foro de discusión, o un grupo de amigos que se reúne para reflexionar de cualquier cosa menos de Política. Un partido político en un régimen y un sistema democrático que participa en elecciones lo hace para gobernar, para tomar el Gobierno, que es la forma de cómo se toma el poder.
Si solo se piensa en la representación parlamentaria o legislativa como finalidad electoral, no se está ante un partido político con vocación de poder. Se está ante un grupo de ciudadanos que desde el parlamento piensan que haciendo leyes se puede hacer un cambio institucional profundo, una revolución institucional. Será un grupo de ciudadanos o diputados que verán sus curules legislativas como meras tribunas para discursos políticos que se llevan a los oyentes de los debates parlamentarios. Ninguna revolución se ha hecho solo a base de discursos.
La presencia legislativa, para cambios institucionales y reformas profundas, solo es efectiva si al discurso parlamentario se le acompaña con la agitación de su contenido, con la movilización social en su apoyo y con la organización partidaria de los movilizados.
Comentaré en otros artículos otras inquietudes que me formulan.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel, (Magazine+972, edición del 6 de agosto del 2025), titulado «Microsoft storing Israeli intelligence trove used to attack Palestinians». Este mismo medio israelí había dado a conocer al mundo, en abril del 2024, la existencia del programa informático «Lavender» (véase su artículo titulado » ´Lavender´: The AI machine directing Israel´s bombing spree in Gaza» (edición del 3 de abril del 2024).
El pasado 6 de agosto, en Costa Rica el Consejo Municipal del cantón de San Pedro de Montes de Oca adoptó un acuerdo municipal exhortando a las autoridades costarricenses a suspender toda negociación de un tratado de libre comercio (TLC) con Israel y a abstenerse de relativizar el drama indecible que se vive en Gaza: véase nota del medio digital Delfino.cr.
Es posible que las “carcajadas” a las que refiere este interesante artículo del Semanario Universidad del 4 de julio del 2025 por parte del Presidente de Costa Rica hayan, al menos en parte, motivado esta iniciativa de varios regidores de San Pedro Montes de Oca.
Este acuerdo municipal, muy pocamente difundido en los medios de prensa radiales y televisivos costarricenses, fue adoptado en la víspera del 7 de agosto, fecha en la que se conmemoraron 22 meses desde la fecha del 7 de octubre del 2023. Al respecto, desde esta vez la Asamblea Legislativa, se dio a conocer el 7 de agosto un manifiesto suscrito por 59 premios nacionales del sector cultural y académico costarricenses contra toda idea de negociar y de suscribir un TLC con Israel en estos momentos (véase nota del Semanario Universidad con listado de los firmantes y video de la actividad, con presencia de la Cónsul Honoraria de Palestina en Costa Rica). En esta otra nota de Delfino.cr, del 10 de agosto, uno de los enlaces refiere al texto mismo del manifiesto conjunto suscrito por una impresionante cantidad de intelectuales de renombre y de intachable trayectoria costarricenses.
El texto integral del acuerdo municipal adoptado por el Consejo Municipal de San Pedro de Montes de Oca puede ser consultado en este enlace del medio digital SurcosDigital.
En la precitada nota del medio Delfino.cr, se detalla que la moción fue adoptada con 6 votos a favor y uno en contra: el del concejal municipal por el Partido Liberación Nacional / PLN. Como es bastante probable que otros regidores municipales en otras localidades (tan indignados como los de San Pedro de Montes de Oca) se pronuncien en un sentido muy similar, será de sumo interés revisar si el voto del regidor municipal del PLN del cantón de Montes de Oca respondió a sus convicciones personales, a una instrucción de su partido político o bien… a ninguna de las dos anteriores (y que sería de igual manera de interés conocer).
Una cuestión de sentido común del que al parecer algunos adolecen en Costa Rica
En un artículo publicado en el medio digital LaRevistaCr habíamos tenido la oportunidad de plantear la siguiente pregunta desde el mes de febrero del 2025, en nuestra entrega semanal publicada el 8 de febrero y titulada precisamente:
“Israel – Comerciar libremente con Israel… como si ¿nada pasara?” (véase enlace).
En aquel momento, la muerte diaria de decenas y hasta centenares de civiles palestinos por parte del ejército israelí y la destrucción metódica y planificada de la infraestructura pública existente en Gaza, así como los primeros indicios de hambruna entre los más vulnerables, ya alcanzaban proporciones inimaginables (Nota 1).
Desde entonces (febrero del 2025), han aumentado de manera dramática la destrucción y las insensatas exacciones de Israel contra la población civil en Gaza, sin lograr en lo más mínimo Israel alcanzar sus dos objetivos militares en 22 meses de intensos bombardeos sobre Gaza, a saber:
– – “erradicar al Hamás” y;
– – recuperar a los rehenes custodiados por el Hamás.
El último informe de Naciones Unidas sobre la situación en Gaza (al 6 de agosto del 2025) está disponible en este enlace, en el que podemos leer que 730 personas perdieron la vida entre tan solo el 30 de julio y el 6 de agosto en Gaza:
“According to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, between 30 July and 6 August, 730 Palestinians were killed, and 4,479 were injured. This brings the casualty toll among Palestinians since 7 October 2023 to 61,158 fatalities and 151,442 injuries, according to MoH”;
Dejamos a cada uno de nuestros estimables lectores realizar por sí mismo un macabro cálculo mental sobre el ratio de personas que asesinó deliberadamente Israel cada día desde el 30 de julio del 2025, siendo muchos de ellos niños, mujeres y personas hambrientas y desesperadas en largas filas esperando recibir algún tipo de ayuda humanitaria.
Al contener este mismo extracto, el número de muertes reportadas por las autoridades sanitarias (61.158 fallecidos) desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, le sugerimos de igual manera a nuestros lectores proceder a dicho macabro cálculo al cumplirse 22 meses este 7 de agosto del 2025, el cual supera todos los pronósticos que pudimos entrever, y ello desde el mismo mes de octubre del 2023, al comentar el “asedio total” anunciado por parte de Israel en Gaza en respuesta al ataque sufrido el 7 de octubre del 2023 (Nota 2).
Información pública, disponible en línea, que al parecer algunos no quieren leer en Costa Rica
Dentro del complejo organigrama de Naciones Unidas, se cuenta en primer lugar con una comisión internacional de investigación, creada por el Consejo de Derechos Humanos, la cual ha documentado y analizado las exacciones de Israel en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2021 y antes también. Sus informes del 2025, 2024, 2023 están todos a disposición del público en este enlace oficial del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
También se cuenta en Naciones Unidas con una Relatora Especial sobre los derechos del pueblo palestino que reporta con mayor periodicidad a la Asamblea General de Naciones Unidas las exacciones de todo tipo a las que se presta el ejército israelí en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023: remitimos al respecto a una de nuestras últimas entregas a LaRevistacr, de julio del 2025 (edición del 12 de julio), titulada:
“A propósito de las recientes sanciones tomadas por Estados Unidos contra Francesca Albanese” (véase enlace).
Debe saberse que un importante sector de la comunidad judía respalda plenamente la labor de denuncia y de documentación de las exacciones de Israel en Gaza realizada por la jurista italiana Francesca Albanese: véase por ejemplo el comunicado conjunto suscrito por 30 organizaciones judías, colgado en Canadá. Su último informe presentado el 3 de julio del 2025, que desató la ira de Estados Unidos y de Israel (Nota 3) fue difundido en Francia desde el portal de la muy activa Union Juive Française pour la Paix (UJFP): véase enlace. Se recomienda de igual modo esta muy completa entrevista a Francesca Albanese, realizada en noviembre del 2024, y colgada de igual forma en el sitio de la misma UJFP.
El simple hecho que Estados Unidos e Israel, así como sus aliados y numerosos círculos de influencia que gravitan alrededor de las embajadas de Israel en todo el mundo, hayan desplegado todo el arsenal de presiones diplomáticas y mediáticas contra esta jurista italiana contribuye a realzar su labor y a poner en evidencia la calidad de sus informes sobre la situación en Gaza, en particular los dos informes anteriores presentados en el 2024 en Naciones Unidas, y que nos permitimos referenciar:
– marzo del 2024: «Anatomy of a genocide«, informe A/HRC/55/73 disponible en la red, cuyo texto completo está disponible aquí.
– octubre del 2024: «Genocide as a colonial erasure«, informe A/79/384, cuyo texto completo está disponible aquí.
Para quienes consideran (todavía) en Costa Rica que las acusaciones de “antisemitismo” proferidas por Israel y por su incondicional aliado norteamericano contra Francesca Albanese son de recibo (lo cual no constituye sino un enésimo intento de descalificar a un órgano de Naciones Unidas al repudiar y condenar las violaciones del derecho internacional público por parte de Israel – Nota 4), ambos informes de esta jurista italiana pueden ser útilmente completados con esta entrevista publicada en la BBC en junio del 2025 a Omer Bartov, uno de los expertos israelíes de mayor renombre sobre el Holocausto (véase entrevista). Una entrevista realizada en Francia a este mismo experto y a una jurista gala, detalla las exacciones de todo tipo que ha ejecutado el ejército de Israel y la dificultad de aceptarlas para gran parte de la sociedad israelí (véase texto integral).
A todos quienes desde diversos espacios (redes sociales incluidas, pero no solamente) tildan de «antisemitas» a quienes critican el accionar militar insensato de Israel en Gaza, les sugerimos plantearse algunas preguntas muy válidas sobre el uso de este calificativo: al ver la creciente cantidad de personas de confesión judía en todo el mundo criticar abiertamente las exacciones de todo tipo a las que se presta el ejército de Israel en Gaza contra la población civil palestina…¿no será que hay un problema? De manera a no causar mayor sonrojo al ya causado, evitaremos señalarles de cual confesión es el actual canciller de uno de los Estados más críticos de Israel en América Latina: Chile.
Una falsa dicotomía a la que al parecer algunos se aferran en Costa Rica
Las autoridades de comercio exterior de Israel forman plenamente parte del aparato estatal israelí, al igual que sus homólogas costarricenses, parte integrante del Estado costarricense: no hay cómo sostener, como se ha leído en algunas columnas de entusiastas partidarios del libre comercio, que el comercio exterior es un asunto totalmente ajeno y separado de la política de un Estado.
La extrema presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre Sudáfrica desde la llegada a la Casa Blanca de su ocurrente ocupante, en enero del 2025, con aranceles mucho más altos que para productos provenientes del resto de los Estados del continente africano, responde a una evidencia que nadie puede negar: Estados Unidos busca sancionar a Sudáfrica, en particular por sus diversas acciones contra Israel ante la justicia internacional de La Haya en razón del genocidio en curso de Israel en Gaza. La tasa impositiva de un 35% aplicada más recientemente por Estados Unidos a los productos importados desde Canadá responde en gran parte al anuncio previo por parte de Canadá de su disposición a reconocer a Palestina como Estado.
Más allá de dicotomías que no existen (pero que algunos persisten en querer ver), de suscribirse un tratado de libre comercio con Israel en este 2025, Costa Rica sería el primer Estado en el mundo en acordar un tratado bilateral con un Estado cuyo Primer Ministro es buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, así como su ex Ministro de Defensa. Al respecto, no está de más recordar que ambas órdenes de captura fueron solicitadas desde el 21 de noviembre del 2024 (véase comunicado oficial de la CPI). Luego de presentar Israel un sinfín de supuestos “argumentos”, la Sala de Apelaciones de la CPI adoptó el 16 de julio del 2025 una decisión en la que rechaza la solicitud de suspensión de la investigación llevada a cabo por el Fiscal de la CPI contra estas dos altas autoridades israelíes. Se lee en el párrafo 37 (véase texto completo) que:
» 37. In conclusion, the Chamber finds that the suspension of investigation pursuant to article 19(7) of the Statute can only result from a State challenging the admissibility of a case. Since Israel has not challenged admissibility, the Chamber rejects Israel’s request to declare that the Prosecution must suspend its investigation into the cases against Mr Netanyahu and Mr Gallant, let alone the Situation as a whole«.
De igual manera, de suscribir Costa Rica un TLC con Israel en este 2025, Costa Rica sería el primer Estado en el mundo en suscribir un tratado con un Estado objeto de una acción contenciosa por genocidio en Gaza interpuesta por otro Estado (Sudáfrica) ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ): al respecto, debemos advertir que el abierto desafío de Israel a la autoridad de la CIJ, irrespetando las cuatro ordenanzas sobre medidas provisionales dictaminadas en su contra en el 2024 no puede sino inclinar a los 15 integrantes de la CIJ a dictaminar una sentencia sobre el fondo particularmente ejemplarizante.
¿Un nuevo TLC con Israel en Centroamérica? Un reciente ejercicio que debería poder evaluarse desde Costa Rica
En el marzo del 2024, Guatemala anunció la entrada en vigor de un tratado de libre comercio con Israel que se había negociado y suscrito en el 2022 (véase comunicado oficial de prensa oficial): cabe precisar que fue negociado y que fue suscrito antes de la campaña militar iniciada de manera insensata contra la población civil de Gaza por parte de Israel en la tarde /noche del 7 de octubre del 2023.
Cabe resaltar que durante el mes de marzo del 2025, no se escuchó en Guatemala de ninguna conmemoración de este primer año de entrada en vigor de este instrumento bilateral con Israel. Posiblemente ello se deba a que los economistas guatemaltecos e israelíes, al revisar cifras sobre índices de crecimiento, empleo, inversión, competitividad, lucha contra la desigualdad social y tantas otras cosas tan maravillosas que se oyen cuando se intenta justificar la suscripción de un TLC (como las escuchadas durante la campaña del “Si” en Costa Rica de cara al referéndum del 7 de octubre del 2007) no encontraron ninguna digna de destacar en este 2025.
Si para algunos defensores en Costa Rica del libre comercio, convencidos de que hay que continuar expandiendo los TLC a como dé lugar, sin tomarse el tiempo de evaluar sus efectos negativos sobre la economía costarricense y las finanzas públicas del Estado costarricense, la corta experiencia de Guatemala no es de mayor relevancia, los remitimos a los últimos 4 párrafos de este informe del 2024 sobre los efectos del TLC entre Colombia e Israel, suscrito en agosto del 2020, y que en particular señala que:
“según las propuestas del TLC, este mejoraría los flujos de inversiones y aumentaría los negocios, que para el periodo en el que el acuerdo ha estado vigente no han aumentado de manera significativa las inversiones ni las compras de Israel en sectores de relevancia para Colombia como la agricultura y metalmecánica” (página 10).
De algunos efectos negativos a tomar desde ya en consideración
Más allá de las falsas expectativas en materia económica y comercial que a veces fomentan algunos influyentes círculos del sector privado a partir de la suscripción de un TLC (y sus relevos en la prensa corporativa y la prensa cercana a defender las posiciones del sector privado), en lo personal consideramos, como muchos otros en Costa Rica, que no le conviene a Costa Rica y a su imagen internacional presentarse ante el mundo como “el” gran socio estratégico de Israel en América Latina en este 2025.
Tampoco podría considerarse la suscripción de un TLC con Israel como un atractivo para fomentar el sector turístico y más generalmente para el sector privado en cuanto a atraer mayores inversiones extranjeras en Costa Rica, todo lo contrario: pensemos un solo instante en las consecuencias que podría acarrear semejante anuncio por parte de Israel y de Costa Rica para las inversiones extranjeras ya existentes o futuras en Costa Rica provenientes de la península arábica (Arabia Saudita, Bahréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos). Pensemos por otro lado en las críticas generalizadas y en las multitudinarias manifestaciones que se han podido observar contra Israel en gran parte de las principales capitales en Europa, continente del que provienen una significativa cantidad de turistas anualmente.
Ya pudimos observar cómo, en plena cumbre mundial sobre el ambiente en noviembre del 2024 en Bakú (Azerbaiyán), el anuncio por parte de Costa Rica de un acuerdo en materia ambiental con Israel le valió un repudio generalizado y el otorgamiento del premio menos apetecido por los Estados (Nota 5).
A modo de conclusión: volviendo un momento al PLN
Con relación a voto en contra de un regidor del PLN mencionado al inicio de estas reflexiones y que, en nuestra modesta opinión, debería interpelar al actual comando de campaña del PLN, quisiéramos recordar lo que señalábamos sobre el PLN e Israel, de cara a su convención interna, al precisar las consecuencias (algo previsibles) de una singular propuesta de uno de los precandidatos del PLN, cuando escribimos en conclusión de un artículo que:
“Sin ser especialista en política y mucho menos en intención de votos de los votantes del Partido Liberación Nacional (PLN) pertenecientes a las distintas corrientes de liberacionistas de cara a la convención interna prevista el próximo 6 de abril, nos atrevemos a pensar que este anuncio le restó numerosos apoyos a dicho candidato dentro de las filas verdiblancas. Nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores costarricenses a una valoración hecha por el excanciller de Costa Rica en el período (2006-2010) sobre el traslado de la embajada costarricense a Jerusalén observado en 1982” (Nota 6).
Dejamos a cada uno de nuestros estimables lectores seguidor del PLN (o bien simpatizante de otro partido político) revisar por sí mismo los números alcanzados por este precandidato del PLN con relación al ganador de la convención interna del mismo realizada pocos días después.
No está de más indicar lo que se lee en el capitulo sobre el reconocimiento de Palestina como Estado, por parte del ex canciller de Costa Rica en el período 2006-2010, al concluir este capítulo señalando en su libro publicado en el 2013 que:
«Al concluir el acto protocolar, me encontré rodeado de distintos miembros de la comunidad que venían a saludarme y felicitarme por mis palabras, mi valor y mi candor. Algunos no estaban necesariamente de acuerdo con mis planteamientos, pero respetaban nuestro modo de pensar. Otros se expresaron a favor, e incluso unos cuantos me abrazaron y dos lloraron sobre mis hombros. Fue un momento de catarsis. Al Ex–Presidente Monge no lo volví a ver, ni tenía muchas ganas de verlo. El 20 de mayo, sin embargo, publicaría un artículo en el cual, desprovisto de argumentos, arremetería contra los “neo-nazis” de la administración Arias Sánchez (Nota 27). Supongo que mis palabras no fueron de su entero agrado” (Nota 7).
Siempre con relación al cantón de Montes de Oca, cabe señalar que en junio del 2025, su consejo municipal acordó de manera unánime rechazar una invitación para que su alcalde fuera a Israel a asistir a un evento (véase nota de Delfino.cr del 5 de junio del 2025).
Más allá de la contienda electoral que se avecina en Costa Rica, como a muchos otros colegas y entidades sociales, nos resulta muy cuestionable observar cómo Costa Rica está haciendo a un lado los principios sobre los que ha basado tradicionalmente su imagen internacional en los últimos 50 años, cuando se trata de las exacciones perpetradas por Israel en Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
Estamos en la mejor disposición de explicar y de detallar al público en general, así como a partidos políticos, a regidores o a sus agrupaciones políticas a nivel local, una tras otra desde mayo del 2022, las omisiones y los graves yerros que ha tenido el aparato diplomático de Costa Rica para condenar en Naciones Unidas de manera contundente el genocidio en curso en Gaza y las violaciones graves al derecho internacional humanitario perpetradas por el ejército israelí. La comparación entre, por un lado, los comunicados oficiales con los que Costa Rica ha condenado de manera reiterada y vehemente la agresión militar de Rusia contra Ucrania desde febrero del 2022 y las exacciones reiteradas de Rusia contra la población civil ucraniana y, por otro lado, los pocos comunicados oficiales de Costa Rica relacionados a las exacciones de Israel en Gaza, constituye sin lugar a dudas un ejercicio muy recomendado al respecto.
En cuanto a silencios y omisiones graves, podemos señalar que desde el 7 de agosto pasado, se espera que Costa Rica se manifieste en términos similares a Brasil (véase comunicado de prensa), Chile (véase comunicado de prensa), Turquía (véase comunicado), o Uruguay (véase comunicado), entre muchos más, ante el anuncio por parte de Israel de expandir aún más su control sobre Gaza, que ya ocupa en un 75%. Una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue convocada este domingo 10 de agosto para tratar únicamente de este tema.
Al momento de redactar estas líneas (11 de agosto), el sitio del aparato diplomático costarricense se mantiene en el mutismo más total.
De igual manera, como muchos otros colegas, estamos anuentes a analizar con estas mismas agrupaciones las razones por las que es inconveniente que Costa Rica suscriba en este 2025 un TLC con Israel. Al respecto, este próximo 13 de agosto, tendremos la oportunidad de compartirlas con dos distinguidos colegas universitarios en un foro virtual al que desde ya se extiende una muy cordial invitación (véase volante de actividad auspiciada por Surcos Digital y la Alianza por una Vida Digna).
– Notas –
Nota 1: Para febrero del 2025, un informe conjunto del Banco Mundial y de la Unión Europea (UE) – véase informe– calculaba que las pérdidas y daños ocasionados en Gaza por parte de Israel desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 alcanzaban una suma de más de 49.000 millones de US$ (véase tabla y explicaciones en pp.3-4). Se lee (página 25) que:
«The assessment estimates around US$19.1 billion of economic and social losses incurred due to the conflict (see Figure 3). The sectors with the highest estimated losses are health with US$6.3 billion, education with US$3.2 billion, commerce and industry with US$2.2 billion, social protection at around US$1.4 billion, and agriculture at US$1.3 billion. The impacts, damages, and losses are thus greatest in housing with US$16.3 billion, commerce and industry with US$8.1 billion, health with US$7.6 billion, education with US$4.1 billion, and transport with US$2.9 billion«.
Nota 2: Véase al respecto nuestra nota: BOEGLIN N., “Voz experta: Ataque de Hamás desde Gaza y el «asedio total» de Gaza anunciado como respuesta israelí. Algunos apuntes desde la perspectiva del derecho internacional público”, Sección Voz Experta, Portal de la Universidad para Costa Rica (UCR), editada el 30 de octubre del 2023. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: Pese al cerco informativo existente en Costa Rica (así como en muchas otras latitudes), en esta entrevista traducida al español y publicada en Uruguay a finales del mes de junio (véase enlace), nuestros estimables lectores podrán entender mejor por qué molesta tanto a algunos la incansable y persistente labor de Francesca Albanese y por qué se busca invisibilizar las denuncias que ha documentado en sus últimos informes. En ese sentido, esta reciente entrevista (realizada el 7 de julio del 2025) publicada por Sky News de igual manera resulta de gran interés.
Nota 4: Cuando en una decisión histórica del 5 de febrero del 2021, la Corte Penal Internacional (CPI) se declaró perfectamente habilitada para examinar todo lo que ocurre en el territorio palestino ocupado, sin excepción de ningún tipo, celebrada como tal por Human Rights Watch (véase comunicado) entre muchos más, en Israel, su máxima autoridad no encontró nada mejor que calificarla de «puro antisemistismo» (véase nota del Timesof Israel del 6 de febrero del 2021).De igual manera, las máximas autoridades de Israel tildaron de «antisemitas» a los jueces de la CPI en noviembre del 2024 (véase nota de prensa) de France24.En el mes de enero del 2024, estas mismas altas autoridades israelíes consideraron oportuno calificar la primera ordenanza dictaminada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como sesgada en razón, según ellas, del «antisemitismo» de algunos de sus integrantes (véase nota de The Guardian). En este 2025, fue el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el que fue acusado de “propagar antisemitismo”, (véase nota del TimesofIsrael del 5 de febrero del 2025), al anunciar Israel que no colaboraría más con este órgano de Naciones Unidas, imitando a Estados Unidos, que lo anunció unas semanas antes. El tildar de “antisemitismo” a un órgano de Naciones Unidas corresponde en realidad al abanico de gesticulaciones y de vociferaciones de las máximas autoridades de Israel cada vez que su diplomacia fracasa de manera estrepitosa, y que ya no impresionan mayormente, salvo en el seno de algunos pequeños círculos políticos que gravitan alrededor de la Casa Blanca en Estados Unidos y de otros círculos activos en algunas capitales, San José incluida.
Nota 5: En efecto, al anunciar la firma de un Memorandum de Entendimiento (MoU) con Israel en materia ambiental (véase comunicado oficial de sus autoridades ambientales del 13 de noviembre y comunicado oficial de sus homólogas en Israel), Costa Rica obtuvo el poco decoroso galardón de «Fósil del Día» otorgado por organizaciones ecologistas internacionales indignadas: véase al respecto este artículo publicado en el semanario Ojoalclima, cuya parte final exhibe a las autoridades costarricenses en su súbita negativa a dar explicaciones.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., “Gaza / Israel: el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adopta una resolución sobre obligación de prevenir el genocidio”, en la parte conclusiva, editada el 2 de abril del 2025 en nuestro blog. Texto integral disponible aquí.
Nota 7: Véase STAGNO UGARTE B., Los caminos menos transitados: La administración Arias Sánchez y la redefinición de la política exterior de Costa Rica, 2006-2010, Editorial Universidad Nacional (UNA), 2013, pp. 74-75. Texto completo de la obra disponible en este enlace.
La Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) invita al conversatorio “Crisis de la protección social en Panamá: perspectivas políticas y sociales”, que se realizará el miércoles 13 de agosto, de 2:00 p. m. a 3:30 p. m., en la Sala de exrectores de la Biblioteca Joaquín García Monge, en el campus de Heredia.
La actividad contará con la participación del doctor William R. Hughes O., profesor e investigador de la Universidad de Panamá, quien aportará un análisis desde la perspectiva económica, política y social de la situación actual de la protección social en ese país.
Este espacio forma parte de las actividades de reflexión organizadas por la Escuela de Economía bajo el programa Economía para la Vida, y se transmitirá en vivo por la página de Facebook de la institución.
