El siguiente fue el objetivo oficial anunciado públicamente: “Combatir militarmente a los carteles del narcotráfico en América Latina.
Los puntos centrales de la iniciativa son:
-Coordinación militar entre 17 países del hemisferio (más o menos)
-Compartir inteligencia. Vigilancia y operaciones.
-Permitir que los Estados Unidos apoye operaciones contra carteles en distintos países.
-Posibilidad de usar fuerza militar directa contra organizaciones criminales.
Debe tenerse presente que Trump ha declarado que los carteles son “organizaciones terroristas” y que la coalición busca “destruirlas con fuerza letal”.
Expresemos sumariamente todo lo anteriormente escrito en un lenguaje sencillo: Lo que se ha pactado es la reedición de una especie de OTAN regional contra el narcotráfico.
2. Propósito estratégico de seguridad de EE. UU
Una buena cantidad de analistas han comentado que el verdadero objetivo va más allá del narcotráfico, ya que la iniciativa permite a los Estados Unidos obtener un alcance estratégico de mayor magnitud. En realidad, la nueva política de intervención de Trump pretende:
A. Militarizar la lucha contra el narcotráfico. Esto implica, cambiar el enfoque tradicional de carácter policial por otro militar y de guerra irregular.
Lo dicho abre la puerta a varios cometidos, tales como: ataques selectivos, operaciones especiales, despliegue de fuerzas estadounidenses en la región. Esto no es otra cosa para los países latinoamericanos aliados de los EE. UU que ceder o dar la autorización al imperio del norte para que pueda violar la soberanía de los países signatarios. En el caso costarricense la firma estampada por parte del ministro de seguridad, Mario Zamora, que implica la entrada en violenta contradicción con la Constitución Política costarricense en varios de sus articulados.
B. Justificar operaciones extraterritoriales
Si los carteles se declaran organizaciones terroristas, quedaría inmediatamente habilitado Estados Unidos para aplicar la misma doctrina que contra Al-Qaeda o ISIS. Es decir, ataques contra cualquier país donde se encuentren los carteles, inclusive sin que exista una guerra formalmente declarada.
C. Reafirmar el liderazgo geopolítico en América Latina
De modo que la coalición viene a reforzar la influencia militar de Washington en el hemisferio, así como refuerza en el más amplio sentido de la palabra, la coordinación con gobiernos aliados. Algunos analistas han interpretado que eso significa la reconstrucción del sistema de seguridad hemisférica, pero, esta vez, bajo el liderazgo estadounidense.
D. Contener influencias externas
La presencia extraterritorial más incómoda para los Estados Unidos en el continente americano es a todas luces la de la República Popular China. No es únicamente por razones ideológicas, porque China cuenta hoy con un mercado donde se compran y venden bienes y servicios, productos industriales, en una proporción que, se lo deseara cualquier país capitalista. Por lo que Los Estados Unidos teme a China es por el grado de desarrollo que ha experimentado en las últimas tres décadas, que le permite competir idóneamente con cualquiera de los países capitalistas desarrollados. En muchos campos de la actividad mercantil o industrial ha comenzado a competir con ventaja. Entre los socios comerciales clave con los que China tiene actividad mercantil citamos a Brasil, Colombia, Chile, México y Perú. Todos estos países juntos concentran cerca del 90% de la totalidad del intercambio comercial de todo el subcontinente.
Por lo demás, la República Popular de China tiene relaciones comerciales casi con la totalidad de las naciones de América Latina y del Caribe; se ha convertido en un socio comercial que ha llegado a desplazar a los Estados Unidos en casi todos estos mercados a los que nos hemos referido. Además de los citados tiene relaciones importantes con Costa Rica, Cuba, Panamá, República Dominicana, Argentina y ahora de nuevo, Venezuela. Gran parte de la motivación del señor Trump para estar promoviendo la “Coalición militar anti-carteles de las Américas” radica en esta preocupación de tener que encontrarse con el gigante asiático en su colindancia trasera en mayor medida que lo que desea.
La otra gran influencia objeto de la inquietud de los Estados Unidos son las redes criminales y los carteles de la droga que, de acuerdo con sus interesadas investigaciones y la información obtenida, las supone vinculadas con actores políticos en el Irán. Claro que, la potencia neocolonial, ni siquiera menciona la presencia de los carteles de la droga y las poderosas redes del crimen que operan dentro del mismo territorio estadounidense.
De esta manera, desde la óptica geopolítica, la coalición tiene cuatro objetivos cruciales que son concomitantes y simultáneos entre sí, a saber: reorganizar la seguridad hemisférica bajo el liderazgo de los Estados Unidos; aumentar la capacidad de intervención militar en la región; combatir las redes criminales y ampliar sus intereses comerciales y mercantiles en las Américas.
3. Otras Doctrinas expansionistas de los Estados Unidos que provienen del pasado
En realidad, la actual doctrina de Trump está enlazada con viejas pretensiones de otros presidentes estadounidenses que fueron esbozadas tiempo atrás.
3.1. Vale la pena mencionar primero a la muy famosa Doctrina Monroe, la cual fue proclamada por el presidente James Monroe en 1823. Se hizo célebre mediante la frase “América para los americanos”, un juego de palabras muy a conveniencia del naciente imperio del norte, mediante el que Los Estados Unidos pasaron de ser un país más que acababa de alcanzar su independencia de la Gran Bretaña unos cincuenta años atrás, a considerarse a sí mismos los dueños del continente y por ello se apodaron de la expresión “somos los americanos” convirtiendo el gentilicio que se usa para denominar a cualquier habitante de todo el continente, en una metonimia o sinécdoque, mediante lo cual se emplea el nombre del país (EE. UU), para referirse todo el continente. De ahí que cuando Donald Trump lanza su “slogan” de campaña “Let´s make America Great again”, se está refiriendo exclusivamente al territorio de los Estados Unidos.
Políticamente, la sinécdoque que convierte por arte de “birlibirloque” en sinónimos a una parte con el todo, busca consolidar el pretendido derecho de Estados Unidos a intervenir en el hemisferio para “preservar su orden como único”, es decir para impedir nuevas colonizaciones europeas en el continente y pretender proteger así a los nuevos estados latinoamericanos. Esa lógica, buscaba fallidamente, darle un halo de legitimidad a numerosas intervenciones de USA en América Latina.
3.2. Luego, entre 1900-1930, bajo el liderazgo del presidente Theodore Roosevelt se esbozó el llamado corolario Roosevelt que, se agregó a la Doctrina Monroe.
El corolario decía que los Estados Unidos podía intervenir en cualquiera de los países latinoamericanos que tuviera una de estas dos condiciones: 1. Que tuviese inestabilidad política. 2. Que no pagase sus deudas externas.
Mediante esos mandatos auto otorgados fue que intervinieron en: Cuba, Nicaragua, Haití y República Dominicana. Era una lógica policial y militar sobre todo el hemisferio.
3.3. Pero, al sobrevenir la Segunda Guerra Mundial, contando además y con el inicio de la guerra fría, cambió el objetivo, ya no se trataba de detener las intervenciones europeas, pues quedaban pocas posibilidades para que se produjeran; ahora de lo que se trataba era de detener el comunismo.
Para cumplimentar este nuevo objetivo se creó un sistema de seguridad hemisférica: 1.la Organización de Estados Americanos, que pronto excluyó a Cuba. 2. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). No obstante, la historia continuó registrando intervenciones directas o indirectas de parte de Estados Unidos: *Invasión de Bahía de Cochinos en Cuba (1961), *Golpe de Estado en Chile 1973, *Invasión de Panamá en 1989, entre las más connotadas. Se trataba de impedir la emergencia de gobiernos hostiles a Washington.
3.4. Desde los años 80, surge un nuevo énfasis por parte del gobierno de los Estados Unidos, “la Guerra contra las drogas”. Una nueva doctrina para combatir el narcotráfico como amenaza a la seguridad nacional.
Bajo el influjo de esta nueva doctrina, se produjeron: 1. El Plan Colombia y 2. La Iniciativa de Mérida en México.
Estas políticas implicaban:
-cooperación militar
-entrenamiento de fuerzas locales por parte del ejército estadounidense
-inteligencia compartida
-presencia de asesores estadounidenses
4. Conclusión
La nueva propuesta impulsada por Donald Trump.
Esta propuesta contine nuevos elementos:
4,1. Los Carteles de la droga como terrorismo. Como fue expresado supra, Si los carteles eran considerados terroristas, entonces EE. UU podría aplicar la misma doctrina utilizada contra Al Qaeda y El Estado Islámico.
Todo lo cual ha implicado, merced a la nueva tecnología: *ataques con drones, *operaciones especiales, *acciones extraterritoriales.
4.2. Una coalición militar hemisférica
Esta coalición ha implicado, en lugar de acuerdos bilaterales (como lo fue el caso del Plan Colombia), acuerdos multilaterales o una alianza regional de carácter permanente, como la que se ha propuesto. O sea, algo así como una OTAN hemisférica informal contra el crimen organizado.
Hipotéticamente, afirmo que se trata de Estados Unidos reconstruyendo una doctrina de seguridad hemisférica en pleno siglo XXI.
Trump en definitiva está buscando un renacer del imperialismo, apropiándose sobre todo del espacio en América Latina y desde ahí desplegar las alas del águila imperial por todo el orbe, para volver a consolidarse como una única potencia hegemónica política, militar, y económica.
Los datos incluidos en este texto fueron tomados de Wikipedia.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
Toma de la ciudad de Meybod en Irán, extraída de artículo de prensa sobre destinos turísticos recomendados por la revista National Geographic para el 2016, en el que aparece – ver artículo – Irán como primer destino recomendado, seguido luego por Costa Rica.
El ataque coordinado y planificado por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciado este 28 de febrero del 2026, constituye un nuevo episodio que viene a desestabilizar a la ya convulsa región de Oriente Medio y al mundo en general, con consecuencias imprevisibles de muy diversa índole.
En 10 días de confrontación, los daños han sido cuantiosos en Irán, pero también en Israel y en varias otras partes de Oriente Medio.
Estos 10 días no pueden sino contribuir a reforzar la idea que la deriva a la que Estados Unidos está acostumbrando al mundo con operaciones militares y decisiones unilaterales totalmente ilegales desde el punto de visto jurídico, debe ser frenada y firmemente condenada. Desequilibrar por completo a regiones enteras y al resto del planeta no puede ser visto como beneficioso para ninguno de los 193 Estados que conforman Naciones Unidas.
Una nueva agresión militar en abierta violación a la Carta de Naciones Unidas
Desde el estricto punto de vista jurídico, hay que tener claro que se trata de una nueva acción militar ilegal, que califica como agresión.
Esta agresión militar de dos Estados contra un Estado contraviene con los principios y las reglas enunciadas en la Carta de Naciones Unidas de 1945. Un reciente análisis publicado en el sitio especializado de EJIL Talk precisa y detalla la ilegalidad total que constituye (sin discusión alguna) el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel perpetrado contra Irán.
Como todo hecho ilícito internacional, el derecho internacional público prevé la posibilidad de reclamar por compensaciones de todo tipo en caso de daños, en particular a la infraestructura pública. A modo de ejemplo reciente, en Naciones Unidas, este informe de febrero del 2026 establece una estimación por los daños causados en Ucrania (luego de sufrir la agresión militar de la que ha sido víctima por parte de Rusia desde el 24 de febrero del 2022) a más de 195.000 millones de US$. La metodología aplicada para cuantificar los daños en el caso de Ucrania es aplicable a todo Estado que sufra un ataque militar masivo por parte de otro Estado. En el caso de Gaza, este otro informe del Banco Mundial (a febrero del 2025), estimaba los daños causados por Israel a 53.000 millones de US$ y se espera una actualización de los datos a febrero del 2026.
Es de notar que ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el delegado de Estados Unidos no encontró nada mejor que … sostener que Estados Unidos actuó el 28 de febrero en legítima defensa, invocando el Artículo 51 de la Carta de Naciones (véase texto de intervención): a 10 días de iniciada esta agresión, se sigue esperando de Estados Unidos aportar pruebas sobre la «amenaza inminente» a la que refirió su delegado ante los demás 14 integrantes del Consejo de Seguridad.
Al respecto, merece lectura la intervención del delegado de China durante la misma sesión urgente del Consejo de Seguridad, celebrada el mismo 28 de febrero por la noche en Nueva York (véase texto intregral).
Contrario a una opinión generalizada, Irán ha hecho uso de los recursos legales existentes a disposición de un Estado víctima de otro Estado en el pasado: cabe recordar que de los 21 casos inscritos ante la justicia internacional de La Haya, tres asuntos se relacionan a tres demandas distintas de Irán contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), tal y como se puede revisar en el listado oficial de casos pendientes de resolución.
Estados Unidos e Israel: una dupla a toda prueba
De manera a relacionar lo ocurrido desde el 28 de febrero del 2025 con el contexto propio de las relaciones entre Israel y Estados Unidos, no resulta de más recordar que el actual mandatario norteamericano confía ciegamente en las informaciones con las que le provee Israel.
En efecto, durante su primer mandato, optó el 8 de mayo del 2018 por retirar a Estados Unidos del denominado «pacto nuclear» sellado en julio del 2015 entre Irán y la comunidad internacional, luego de casi 20 años de intensas negociaciones.
La decisión unilateral de Estados Unidos se basó en «informes de inteligencia» de Israel sobre el programa iraní, dadas a conocer a finales del mes de abril del 2018 (véase artículo de prensa del New York Times). Las conclusiones a las que llegó Estados Unidos fueron formalmente desmentidas por la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) de Naciones Unidas, al sostener que Irán sí estaba cumpliendo a cabalidad con todo lo pactado en el 2015 con la comunidad internacional, tal y como tuvimos la oportunidad de plantearlo en un artículo nuestro titulado precisamente:
«¿Informantes malinformados? OIEA desmiente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear» (Nota 1).
Una amenaza pasada reiterada… hecha realidad
A modo de respuesta a este ataque inicial de Estados Unidos y de Israel, Irán ha materializado desde el mismo 28 de febrero una amenaza hecha en su momento: una respuesta militar de su parte con un alcance regional, abarcando no solamente a Israel sino a todos los Estados de la región en los cuales se encuentra una base militar norteamericana (Arabia Saudita, Bahréin, Catar, Emiratos Arabes Unidos, Irak, Kuwait, Jordania y Omán).
Las embajadas de Estados Unidos en la región, sus naves, sus empresas, sus turistas o simples nacionales de igual manera pueden verse convertidos en blancos militares a partir del 28 de febrero y puede resultar bastante aventurado y presumido pretender estar en capacidad de proteger puntos tan dispersos, de posibles ataques por parte de Irán. Ello sin contar con actos violentos que se puedan dar contra legaciones diplomáticas de Israel y de Estados Unidos y contra sus empresas o grupos de turistas en muchas otras partes del mundo por parte de individuos, grupos organizados y/o colectivos radicales dispuestos a «vengar» a Irán.
El observar si las capacidades militares iraníes lograron penetrar en el suelo de Israel y en diversos otros puntos permite determinar si los decisores en Estados Unidos e Israel ponderaron y balancearon de manera correcta (o incorrecta …) los enormes riesgos que conllevaba su agresión militar contra Irán. De igual manera, la amenaza de bloquear el flujo de carga naviera que pasa frente a las costas de Irán imposibilitando el paso por el estrecho de Ormuz es otra amenaza hecha en su momento por Irán, en caso de iniciar Estados Unidos hostilidades en su contra. Dese 1973, el estrecho de Ormutz cuenta con un texto (véase documento) de la Organización Marítima Mundial en el que se precisan las atribuciones y los derechos de Irán sobre este estrecho marítimo de vital importancia para la zona. El aumento significativo del precio del baril del petroleo en estos 10 días de confrontación indica que Irán logró poner a ejecución su amenaza, abriéndose así una espiral inflacionaria en todo el mundo que afectará a todas las economías del planeta.
Ya en el mes de junio del 2025, tuvimos la oportunidad de analizar desde la perspectiva jurídica, la total ilegalidad de los bombardeos realizados por Israel y Estados Unidos en Irán, durante 12 días. Dicho sea de paso, en aquel episodio, varios misiles y drones enviados por Irán en respuesta a este ataque lograron burlar los sistemas de defensa de Israel pese a las «seguridades» dadas por algunos altos jefes militares en Israel (véase al respecto nuestra nota titulada «Irán / Israel: algunas reflexiones desde la perspectiva del derecho internacional público», del 28 de junio del 2025).
Drones: la nueva componenda militar en conflictos bélicos
En las más recientes confrontaciones entre dos Estados, el recurso a drones militares de cierto alcance (pero incluso drones comerciales de muy bajo costo) permite ahora al ejército de un Estado ya sea:
– burlar de manera relativamente sencilla los sistemas de defensa de otro Estado (pensados para interceptar misiles, y no drones), ya sea;
– saturar el espacio con drones y misiles de poca carga y desgastar los sistemas de defensa antimisiles, para luego, enviar misiles con cargas mucho mayores en determinados puntos considerados estratégicos.
Con respecto al uso de los drones, resulta más que sorprendente para muchos observadores militares que Estados Unidos no haya incorporado como variable la experiencia militar de Ucrania desde el 2022, al recibir una multitud de drones rusos que burlan una y otra vez, de manera bastante sencilla, los sistemas de defensa antimisil de Ucrania más sofisticados proporcionados por Estados Unidos y por Europa.
Estados Unidos e Israel: una urgente necesidad de desplazar la atención
No está de más indicar que esta aventurada operación militar conjunta de Estados Unidos y de Israel y la previsible respuesta de Irán permite a ambos Estados y a sus dos máximos dirigentes, desviar totalmente la atención mediática internacional y la de la comunidad internacional en su conjunto..
En el caso norteamericano, tanto el escándalo por los denominados «Epstein files» como la verdadera humillación sufrida el pasado 20 de febrero por el actual ocupante de la Casa Blanca ante el mundo y ante su propia opinión (al declarar la Corte Suprema totalmente ilegales los aranceles decididos de manera arbitraria al iniciar su gestión), han pasado a un segundo plano desde el 28 de febrero, lo cual resulta sumamente útil de cara a la contienda electoral del los «midterms» en Estados Unidos. No obstante, desde el punto de vista electoral, el apoyo popular (incluso dentro de su propio partido) a esta nueva aventura militar de Estados Unidos en Oriente Medio no pareceria darse para el actual ocurrente ocupante de la Casa Blanca, luego de diez días de intensa confrontación con Irán, y con las primeras personas muertas y heridas (tanto en Israel como en las filas del ejército norteamericano). Esta nueva y costosa aventura militar, cuyos objetivos son inciertos, es incluso contraria a una promesa firme hecha y reiterada como candidato presidencial a sus correligionarios por parte del actual ocupante de la Casa Blanca. En cuanto a los efectos inflacionarios de una nueva crisis petrolera, es probable que genere un profundo descontento en el electorado norteamericano si afecta directamente a la economía norteamericana.
En el caso de Israel, esta operación militar conjunta con Estados Unidos permite a Israel desviar toda la atención del mundo:
– del drama indecible al que somete a la población civil palestina y al genocidio en curso en Gaza, presentido con gran anticipación por parte de Sudáfrica en diciembre del 2023 al presentar su demanda contra Israel ante la justicia internacional de La Haya (véase texto), confirmado en julio del 2024 por la Relatora de Naciones Unidas Francesca Albanese en su informe titulado «Anatomía de un genocidio«, y reconfirmado por tres expertos investigadores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su informe A/HRC/60/CRP.3 de septiembre del 2025 (Nota 2), así como;
– de la colonización a marcha forzada muy intensa que lleva a cabo en otro territorio palestino ocupado, Cisjordania, la cual fue objeto de un reciente comunicado de varios Estados condenandola de manera vehemente (véasecomunicado del 23 de febrero colgado por la diplomacia de España). Nuestros estimables lectores costarricenses podrán revisar este otro texto conjunto suscrito por más de 100 Estados condenando el accionar de Israel en Cisjordania, entre los cuales no aparece Costa Rica, como tampoco Argentina, Bolivia, Ecuador, Haití, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Panamá ni Perú.
El hecho de posponer nuevamente una investigación independiente en Israel sobre las responsabilidades del actual pimer ministro y sus jefes militares al permitir el ataque del Hamás del 7 de octubre del 2023, teniendo información de sus servicios de inteligencia sobre los planes del Hamás que fue archivada, es otro aspecto muy positivo para el actual primer ministro israelí.
Es de notar que este 4 de marzo, el denominado Grupo de La Haya, liderado por Colombia y Sudáfrica convocó a una reunión urgente con 35 Estados que han dicho presente, para considerar nuevas acciones de cara al genocidio en curso en Gaza (véase nota de prensa).
Siempre con relación al territorio palestino ocupado, esta vez Jerusalén Oriental, este 6 de marzo del 2026, varios expertos de Naciones Unidas hicieron un vehemente llamado a Israel a cesar sus acciones tendientes a forzar familias palestinas a abandonar esta parte de la Ciudad Santa (véase texto) en el que se lee que:
“What is being done to this world symbol of spiritual coexistence and shared heritage is irreversible.” In occupied East Jerusalem, extrajudicial killings, large-scale demolitions and forced displacement have escalated. Checkpoints and closures are severing the city from its Palestinian hinterland, isolating communities from their social, cultural, economic and religious life and undermining their rights to self-determination and development. Punitive policing and systematic interference with freedom of worship are designed to coerce Palestinians to leave«.
Algunas de las reacciones oficiales registradas en el continente latinoamericano
Las reacciones oficiales no se han hecho esperar por parte de Estados que condenaron este ataque de Estados Unidos y de Israel y la respuesta de Irán iniciada el mismo 28 de febrero del 2026.
En Europa, se puede citar comunicado oficial de Irlanda o el comunicado oficial de Noruega, y en Oriente Medio, el comunicado oficial de Turquía, así como de Senegal (véase comunicado oficial) en cuanto al continente africano, o bien el comunicado oficial de Singapur o el comunicado oficial emitido por el vocero de la diplomacia de China, entre muchos otros textos de Estados que condenan oficialmente mediante su aparato diplomático, el uso de la fuerza entre Estados, en violación flagrante a la Carta de Naciones Unidas de 1945.
En América Latina, entre muchos, podemos referir a nuestros estimables lectores a la reacción oficial de Brasil (véase comunicado), o bien la de Chile (véase comunicado oficial) que claramente expresó que:
«El Gobierno de Chile expresa su preocupación por la grave escalada militar en el Medio Oriente y condena los ataques contra Irán perpetrados por Estados Unidos en conjunto con Israel, así como la respuesta del régimen iraní contra Israel y países del Golfo. Estas acciones, en un contexto regional altamente tensionado, pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional«.
«El gobierno de Uruguay expresa su extrema preocupación por los ataques militares contra Irán por parte de los Estados Unidos e Israel, así como la respuesta militar iraní, que incluye objetivos en los territorios de sus países vecinos«.
El comunicado oficial de Costa Rica
En el caso de Costa Rica, es interesante indicar que, a diferencia de Brasil, de Chile, de Colombia, de Uruguay y de muchos otros Estados del planeta, se omite mencionar a Estados Unidos y a Israel en el comunicado oficial, publicado pasadas las 16:00 horas del 28 de febrero, que se lee de la siguiente manera (texto integral):
Costa Rica urge desescalada y diálogo en Medio Oriente
San José, 28 de febrero de 2026. El Gobierno de Costa Rica expresa su grave preocupación por la escalada de tensiones y las operaciones militares en el Medio Oriente.
Costa Rica condena enérgicamente los ataques de Irán contra Arabia Saudita, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania.
Costa Rica reitera su firme apego a los principios de paz, el respeto al derecho internacional y a las normas de la Carta de las Naciones Unidas y urge a la desescalada y a la búsqueda de soluciones pacíficas para proteger la vida humana y evitar el sufrimiento de la población civil en los países de la región.
Comunicación Institucional
049-2026 CR ataque Medio Oriente
Sábado 28 de febrero de 2026»
Se puede considerar el texto bastante omiso al «urgir» por una desescalada en su título …sin mencionar la escalada inicial que constituye el ataque conjunto realizado por Estados Unidos e Israel en horas de la mañana del mismo 28 de febrero. De igual manera, el tercer y último párrafo texto de este comunicado oficial pareciera dar a entender de manera bastante evidente, que el «respeto al derecho internacional y a las normas de la Carta de Naciones Unidas» no aplican cuando se trata de Estados Unidos y de Israel.
La diplomacia de Argentina en resguardo de Israel (nuevamente) y la de Paraguay (nuevamente)
Finalmente, en el caso del comunicado oficial de Argentina, se apoya la acción conjunta de Estados Unidos e Israel y se condena a Irán (véase comunicado oficial): lo cual en nada debe sorprender a nuestros lectores, dada la alineación de la diplomacia de Argentina a las posiciones de Israel y de Estados Unidos desde varios años, y facilmente comprobable revisando los votos de Argentina en Naciones Unidas a partir de diciembre del 2023.
De igual manera, se pueden verificar las votaciones en las que Paraguay alinea sistemáticamente su voto con el de Israel en Naciones Unidas, por lo que el texto de su comunicado oficial tampoco debe mayormente sorprender (véase texto completo).
Ya habíamos tenido la oportunidad, al momento de analizar el otro ilegal bombardeo por parte de Israel de la capital de Catar, Doha, el 9 de septiembre del 2025 y el silencio de Argentina y de Paraguay, de indicar que:
«En lo que respecta a Argentina y a Paraguay, su silencio con relación a lo ocurrido este 9 de septiembre del 2025 en Doha, confirma – una nueva vez – su calidad de «fichas útiles» de Israel en América Latina y ello desde varios años: una posición oficial que se ha visto reflejada en varias votaciones en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Gaza e Israel» (Nota 3).
Es de notar que el sitio oficial de la diplomacia de Bolivia se ha mantenido mudo sobre lo ocurrido el 28 de febrero del 2026.
A modo conclusivo
Más allá del espectáculo bastante peculiar que brindan en América Latina las diplomacias argentina y paraguaya cuando se trata de evitar condenar a Israel cuando viola de manera grosera y flagrante el derecho internacional, lo cierto es que este ataque de Estados Unidos e Israel ha iniciado un período cargado de incertidumbres y dudas, así como interrogantes, en el que al parecer, algunos decisores en Estados Unidos e Israel evaluaron de manera poco precisa la capacidad de respuesta militar de Irán.
Investigaciones periodísticas futuras deberían poder dar a conocer advertencias internas de altos mandos militares archivadas por la Casa Blanca. De no aparecer estas advertencias en lo interno del aparato militar norteamericano, se plantearán dudas razonables sobre la capacidad de lectura y anticipación a partir de datos de inteligencia del mismo ejército norteamericano.
Resulta oportuno señalar que las advertencias a Estados Unidos de no enfrentarse a Irán provinieron de los Estados árabes de la zona, semanas antes del 28 de febrero del 2026. En esta nota de prensa publicada en India el 3 de marzo del 2026, se hace ver la profunda frustración de varios Estados árabes con Estados Unidos, al exponerlos de manera irresponsable a los misiles y a los drones de Irán, lo cual puede poner en tela de duda parte de los diversos acuerdos suscritos con el actual ocupante de la Casa Blanca durante su gira en Oriente Medio en el 2025.
Los daños causados en 10 días de confrontación exhiben ahora la gran vulnerabilidad de algunos de estos Estados árabes, dotados de costosos sistemas de defensa de fabricación norteamericana que no logran interceptar siempre los misiles y drones iraníes. El hecho que ahora estos Estados no puedan exportar su petroleo debido al cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán y el hecho que Irán, en respuesta a ataques de Israel sobre sus plantas de petróleo, ha decidido emprenderla también contra plantas de petroleo en algunos de estos Estados, son dos aspectos que confirman la extrema vulnerabilidad de estos Estados árabes. Asistir impotentes a la destrucción diaria de parte de su valiosa infraestructura ligada al petroleo es la dura realidad que viven estos Estados árabes, que han advertido una y otra vez durante estos 10 días que no quieren verse involucrados ni entrar en confrontación militar directa con Irán. Una reconocida experta gala sobre Oriente Medio recordaba que frente a los 93 millones de habitantes con los que cuenta Irán, Emiratos Árabes Unidos tiene una población de un millón de emiraties, el resto de la población no siendo emirati (véase programa, mn 28:30).
En respuesta a un daño muy similar sufrido en su territorio, Irán bombardeó una planta de desalinización del agua de mar en Bahréin (véasenota de Al Jazeera): se trata de un recurso vital para todo un Estado y su población en una zona desértica, y que plantea ahora muy serias interrogantes en Bahréin.
Por otra parte, este editorial del New York Times advertía de manera tempranera de lo riesgoso y costoso que podría significarle a Estados Unidos esta nueva aventura militar improvisada por el actual ocupante de la Casa Blanca.
Ya en el caso reciente de Groenlandia, se pudo observar un espectáculo raramente visto con pretensiones ocurrentes totalmente desapegadas de la realidad y del derecho internacional del algo errático ocupante de la Casa Blanca (Nota 4). Su lema «La Paz por la Fuerza» (véase enlace oficial) se encuentra a contrapelo de toda la evolución de la comunidad internacional desde 1945, tendiente a reemplazar progresivamente mediante normas, regulaciones e instituciones internacionales, el «derecho a la fuerza» por «la fuerza del derecho«.
Este lema de «La Paz por la Fuerza» recuerda la denominada «diplomacia de la cañonera» tan de voga en el siglo XIX y en los primeros decenios del siglo XX por parte de las potencias de aquellas épocas, y que bien conocen los historiadores (en particular los que han analizado la historia de América Latina o bien la de Asia).
En este mes de febrero del 2026, estos mismos decisores en Washingthon y en Tel-Aviv además, obviaron al parecer las lecciones aprendidas bastante evidentes en Irak (2003), Afganistán (2002), o Libia (2011): las intervenciones militares externas logran a veces decapitar a un régimen y derrocarlo, pero lejos de estabilizar la situación en un Estado, provocan un caos tal y una radicalización extrema de ciertos sectores políticos tal, que hacen imposible un consenso nacional dentro de los Estados víctimas de este tipo de intervenciones.
Cabe recordar que en el caso de la agresión militar sufrida por Irak en el 2003, y el caos total que siguió, Estados Unidos había invocado una legítima defensa denominada «preventiva«: un concepto legal inexistente en la Carta de Naciones Unidas.
Desde el punto de vista de los derechos humanos, el comunicado oficial del mismo Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en persona (véase texto completo), alerta sobre el siguiente punto:
«I have already warned that failing to do so risks an even wider conflict, that will inevitably lead to further senseless civilian deaths and destruction on a potentially unimaginable scale, not just in Iran but across the Middle East region«.
Aventurarse a iniciar una guerra contra un Estado resulta siempre una decisión que se toma luego de ponderar detenidamente los riesgos que una confrontación militar implica. En el caso del ocurrente ocupante de la Casa Blanca, todo pareciera indicar que esta ponderación del riesgo se hizo de manera bastante aproximativa.
Notas
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «¿Informantes malinformados? OIEA desmiente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear«, 9 de mayo del 2018. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 2:En el último informe de Naciones Unidas (al 12 de febrero del 2026), sobre la realidad que se vive en Gaza desde el punto de vista humanitario, se detalla el nivel de violencia al que Israel sigue sometiendo a los habitantes de Gaza con bombardeos incesantes, destruyendo lo que queda de la poca infraestructura educativa existente. Se lee en particular, entre muchos otros aspectos, que:
«Over the past two weeks, strikes were reported on both sides of the “Yellow Line,” including in densely populated areas, heightening risks to civilians. Médecins Sans Frontières (MSF) reported that its teams across Gaza treated seven patients, including two children, injured in incidents attributed to Israeli attacks between 31 January and 2 February. On 5 February, Israeli forces reportedly demolished an UNRWA school that was the last remaining structure within a compound of six schools. Highlighting the extremely precarious situation for many children in Gaza, UNICEF noted that children continue to be affected by airstrikes and the disruption of essential services, with 37 children reported killed since the beginning of the year«.
Este informe puede ser completado con el anterior informe de Naciones Unidas (al 28 de enero del 2026), en el que se lee que:
«The MoH reported that since the ceasefire, 492 Palestinians have been killed, 1,356 injured, and 715 bodies retrieved from under the rubble«.
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: análisis del ataque de Israel a Qatar del 9 de septiembre, desde la perspectiva jurídica«, 14 de septiembre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 4: En el caso de Groenlandia, las recientes amenazas proferidas por el actual ocupante de la Casa Blanca para adquirir este territorio que se encuentra bajo la jurisdicción de Dinamarca «por las buenas o por las malas» demostró su profundo desconocimiento de su parte de las reglas internacionales en la materia vigentes desde 1945. Por cierto, el pasado 22 de febrero del 2026, Groenlandia y Dinamarca, algo desconfiadas y precavidas, rechazaron la oferta de enviar un barco hospital a Groenlandia ofrecido por Estados Unidos (véase nota de The Guardian). Tuvimos la oportunidad de indicar en un breve análisis desde la perspectiva legal sobre este repentino apetito norteamericano por adquirir Groenlandia observado en estos primeros meses del 2026 (véase nota nuestra titulada «Groenlandia y Estados Unidos: aspectos desde la perspectiva jurídica internacional muy, pero muy, basicos …» ) que:
«no hay manera de sostener en este inicio del 2026 que Groenlandia está en venta o que puede ser adquirida. Sostenerlo es hacer un ridículo internacional, raramente observado por parte de un jefe de Estado en ejercicio gozando de sus plenas facultades«.
El mercado cambiario, denominado MONEX, funciona bajo un mecanismo llamado flotación administrada. Eso quiere decir que la flotación es regulada por el Banco Central. Se trata de una subasta, en donde el Banco Central puede intervenir para evitar oscilaciones excesivas. En el caso de una escasez de dólares, que genere un aumento desmedido del tipo de cambio, el Banco Central vende dólares para fortalecer la oferta, a un precio igual o inferior al vigente. En el lado opuesto, si hay exceso de la moneda extranjera, el Banco Central compra dólares para reducir la oferta, a un precio igual o superior al observado. Por lo tanto, MONEX no es un mercado completamente libre, está sujeto a la regulación estatal. El Estado, a través de su autoridad monetaria, pone límites al mercado cambiario para evitar fluctuaciones inconvenientes del precio de la moneda extranjera. Se trata de uno de los componentes más importantes de la política pública. Se comete frecuentemente el error de pensar que el simple movimiento de dólares, en abundancia o en escasez, determina el nivel del tipo de cambio, como si no existiera la regulación ejercida por el Banco Central. En realidad, el valor de la moneda extranjera es un resultado de la mayor o menor existencia de dólares combinada con la intervención de la autoridad monetaria. No comprender esto conduce a expresiones como la siguiente: “en los últimos años la abundancia de dólares hace que el tipo de cambio baje”. Esa es una afirmación imprecisa: no necesariamente el exceso de dólares se debe traducir en una baja del tipo de cambio; puede producirse una intervención del Banco Central que amortigüe esa caída, o incluso, la detenga.
Sin embargo, la intervención del Banco Central de Costa Rica en MONEX, en los últimos años, puede considerarse como extraña. Todos quisiéramos que dicho mercado funcione ágilmente como un mercado libre, regulado correctamente por la intervención del Banco Central. Pero, la realidad indica lo contrario. Desde hace tres años se transan anualmente unos US$9.000 a US$10.000 millones en MONEX, lo que son montos muy altos si se comparan con lo sucedido en años anteriores. Normalmente, el nivel de las operaciones anuales de este mercado cambiario oscilaba entre US$3.500 millones y US$4.000 millones. Por lo tanto, el nivel de las transacciones, a partir de 2023 revela el aumento extraordinario de la cantidad de moneda extranjera que entra al país. Ante esta situación el Banco Central tiene que comprar dólares. Efectivamente, desde 2023, el Banco Central ha comprado montos anuales superiores a US$6.000 millones. Esto significa que ha comprado, en promedio, dos terceras partes del valor de las operaciones realizadas. Ese es el promedio anual, sin embargo, en varios momentos el nivel de las compras ha superado ampliamente el 70%. Incluso, en algunos días la intervención ha llegado a superar el 90% de las operaciones. Aunque es necesaria la intervención, probablemente ha sido más fuerte de lo adecuado. En ese contexto, lo cierto del caso es que la intervención limitó excesivamente el libre juego de la oferta y la demanda. En ese sentido, se equivocan quienes afirman que la evolución del tipo de cambio fue el resultado de un mercado libre. Ningún texto de microeconomía calificaría como mercado libre, de competencia perfecta, a uno en donde un solo comprador adquiere el 70%, o el 80% del producto. Eso es, en buena teoría, un cuasi monopsonio. Un mercado que funciona como monopsonio tiene un solo comprador del producto transado; en este caso, además del Banco Central hay más compradores, por lo tanto, denominamos al MONEX de los últimos años como cuasi monopsonio.
La lógica de la flotación administrada del mercado cambiario
La figura 1 explica el mecanismo de intervención del Banco Central en un sistema de flotación administrada. A la derecha de la figura se representa una situación de déficit de dólares en el mercado cambiario: la demanda (D$) supera a la oferta (O$) de la moneda extranjera en un monto apreciable. En esa situación, si ambas fuerzas del mercado operan libremente, el tipo de cambio subirá debido a que los demandantes de dólares no encuentran suficiente oferta, lo que los obliga a aceptar un precio superior por la moneda extranjera. Si el Banco Central piensa que dicha tendencia al alza del precio es inconveniente intervendrá para detenerla. La intervención consiste en vender dólares para subsanar el faltante de la moneda extranjera. La venta se realiza al precio existente en el mercado, o eventualmente, a un precio un tanto más bajo. Así, se trata de estabilizar el mercado a un precio razonable de acuerdo al criterio de la autoridad monetaria. Esa acción se representa en rojo en la figura 1. Se venden dólares, al menos al precio pre existente de mercado, para que los demandantes de dólares compren con tranquilidad a un precio “normal”, estable, evitando que los oferentes se aprovechen de la situación para vender la moneda extranjera a un precio excesivamente alto. El Banco Central, en este caso, interviene en el mercado para garantizar un precio estable al que necesita dólares.
Figura 1
La flotación administrada
Dos ejemplos de Costa Rica resultan útiles para comprender cómo actúa el Banco Central ante un caso de faltante de dólares.
A finales de mayo de 2017 se experimentó una insuficiencia de moneda extranjera. Como resultado, el tipo de cambio experimentó un incremento importante, subiendo de un nivel inferior a 580 hasta un nivel cercano a los 600, aproximadamente. El Banco Central consideró inconveniente tal aumento por lo que intervino en MONEX, aplicando la lógica de la flotación administrada que contiene la parte derecha de la figura 1. Olivier Castro, presidente del Banco Central en ese momento, frente a la insuficiencia de moneda extranjera, intervino vendiendo dólares a un precio más bajo que el que se producía en el mercado. Con esa intervención, luego de pocos días, el precio bajó alrededor de 20 colones, regresando las transacciones de MONEX a un tipo de cambio cercano a 580. De esta manera, se evitó que el tipo de cambio subiera inconvenientemente, de acuerdo al criterio del Banco Central.
Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, posterior a Castro, hizo algo similar en noviembre de 2018. El tipo de cambio subió rápidamente de 600 a un nivel cercano a 630, presionado por una situación de escasez de dólares. Frente a esto, el Banco Central vendió dólares más baratos. La venta de dólares de cada día se hizo a precios más bajos que el establecido el día anterior. De esta forma, el tipo de cambio bajó cerca de 30 colones para volver al nivel inicial de 600.
Resulta interesante observar que dos presidentes de la autoridad monetaria, con enfoques diferentes de la política económica, operaron de manera similar. Castro, de visión intervencionista, y Cubero, de enfoque liberal, usaron de forma estricta la lógica de la fluctuación administrada.
La extraña intervención actual en un caso de exceso de dólares
La situación externa de la economía costarricense de este momento es diferente a la de los casos anteriores. Hay varios factores que se combinan para generar una mayor cantidad de dólares en el mercado cambiario. En tal caso, la intervención del Banco Central en MONEX debe ser diferente. A la izquierda de la figura 1 se muestra una situación de exceso de dólares en el mercado cambiario, como la que experimenta el país en los últimos años: la oferta (O$) supera a la demanda (D$) de la moneda extranjera en una proporción significativa. En tal caso, si ambas fuerzas del mercado operan libremente, el tipo de cambio caerá debido a que los oferentes de dólares no encuentran suficiente demanda, lo que los obliga a aceptar un precio menor por la moneda extranjera.
Si el Banco Central considera que esa tendencia a la baja del precio es inconveniente para el mercado cambiario, y para la economía en general, intervendrá para detenerla. La intervención consiste en comprar dólares para eliminar el exceso de la moneda extranjera. La compra se realiza al precio existente en el mercado, o eventualmente, a un precio un tanto más alto. Con esto se busca estabilizar el mercado a un precio razonable de acuerdo al criterio de la autoridad monetaria. Esa acción se representa en azul en la figura 1. Se compran dólares, al menos al precio pre existente de mercado, para que los oferentes de dólares sientan la tranquilidad de vender a un precio “normal”, estable, evitando que los demandantes se aprovechen de la situación para adquirir la moneda extranjera a un precio excesivamente bajo. El Banco Central, en tanto entidad estatal responsable de la regulación cambiaria, interviene en el mercado para garantizar un precio estable al “productor de dólares” que es el oferente de la moneda extranjera. Si no existiera tal regulación del Banco Central, el mercado cambiario operaría con la “ley de la selva” moviéndose estrictamente de acuerdo a la oferta y la demanda de los operadores privados, sin una política pública que lo regule. Sería un mercado completamente libre. Pero una flotación administrada no es eso, la intervención del Banco Central controla las oscilaciones inconvenientes del tipo de cambio.
Lo anterior es teoría. Porque el Banco Central ha hecho lo opuesto a lo que dicta la teoría de la flotación administrada. Estamos ante un importante excedente de dólares. Esto genera una presión hacia la baja del tipo de cambio. Por lo tanto, si el Banco Central actuara de acuerdo a la lógica de la flotación administrada, mostrada en la parte izquierda de la figura 1, debería comprar dólares a un precio igual o superior al que se observa en el mercado. Sin embargo, en los últimos años el Banco Central ha hecho lo contrario.
Un ejemplo se muestra en el recuadro A de la figura 2 que reporta el movimiento de MONEX en febrero de 2023. El 8 de febrero se registraba un tipo de cambio del día anterior de 585,8. Para estabilizar el precio correspondía comprar dólares por lo menos a 585,8 o un tanto superior. Pero se hizo lo opuesto. La banda de fluctuación, representada en gris, comenzó a bajar desde un máximo de 587 hasta llegar a un nivel de 561,3. Como resultado, el tipo de cambio bajó casi 25 colones, en pocos días. El Banco Central estimuló la tendencia ya que en la mayor parte de los días compró más del 70% de la moneda transada. Por ejemplo, el 14 de febrero compró el 93% de lo transado.
Figura 2
Intervención a la baja
Otro ejemplo, lo observamos un año después, cuando se produjo una situación similar, como lo reporta el recuadro B de la figura 2. El Banco Central compró cantidades altas de dólares a precios cada vez más bajos, con lo que continuó estimulando la tendencia a la baja del precio. La banda de flotación, dibujada en gris, continuó bajando rápidamente. Para estabilizar el precio correspondía comprar dólares por lo menos a 524,95 o un tanto superior. Sin embargo, se hizo lo contrario. El 15 de enero el Banco Central compró el 94% de los US$91 millones transados ese día. De esta manera, el tipo de cambio bajó de forma sorprendente.
Vale la pena analizar lo que sucedió hace unas semanas, en un día particular, para entender de manera más clara la lógica de la intervención del Banco Central en MONEX. La figura 3 muestra el movimiento del tipo de cambio el 19 de febrero. El día anterior MONEX cerró su operación con un tipo de cambio final de 479,54. MONEX es un mercado que opera de 12 mediodía a 1 PM. Así, el 19 de febrero el mercado comenzó su operación a las 12 PM con un tipo de cambio de referencia de 479,54, mostrado mediante un cilindro amarillo ubicado a la izquierda de la ilustración. Durante la hora que duró el funcionamiento del mercado se transaron US61,2 millones. El Banco Central intervino comprando el 65% del monto de esas transacciones. Se hizo evidente el carácter de cuasi monopsonio del mercado: un gran comprador acaparó la mayor parte de las compras. Al comprar la mayor parte de los dólares el Banco Central fijó la banda de flotación de ese día que tuvo un máximo de 480 y un mínimo de 474,50, los que se dibujan en rojo. Al fijarse esa banda de flotación se estimuló al mercado a que estableciera un precio más bajo que el del día anterior. Como resultado, al terminar sus operaciones a la 1 PM, el tipo de cambio de MONEX cerró en 474,95, representado en amarillo, a la derecha de la ilustración. En una hora el mercado, bajo la forma de cuasi monopsonio, disminuyó casi 5 colones el tipo de cambio.
Figura 3
Flotación a la baja: 19 de febrero de 2026
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica
¿Cuál debió ser la intervención del Banco Central ese 19 de febrero? De acuerdo a la teoría de la flotación administrada, mostrada en la figura 1, el Banco Central debió comprar todos los dólares que adquirió a un precio de 479,54. Si algún comprador de dólares ponía en pizarra una oferta para comprar a 477 o a 476, por ejemplo, nadie le hubiera vendido sus dólares a ese precio, porque el Banco Central estaría ofreciendo comprar a un mejor precio: 479,54. MONEX es una subasta, cada uno de los participantes busca el mejor precio. Nadie en su sano juicio vendería sus dólares a 477 o a 476, cuando el Banco Central se los compra a un mejor precio, que sería de 479,54. Así se frena la caída del tipo de cambio, no fijando una banda de flotación que induce a que el precio de compra baje.
Una cantidad importante de analistas afirman con frecuencia lo siguiente: “el Banco Central interviene para evitar una caída mayor del tipo de cambio”. El ejemplo de la figura 3 demuestra que están equivocados en su apreciación. Comprando el 60%, el 70% o hasta el 80% de las transacciones, y fijando una banda de flotación hacia la baja, el Banco Central es el que está generando una tendencia a la baja del tipo de cambio, en lugar de “evitar una caída mayor”. Podemos usar un símil del automovilismo para explicar aún más lo que ha estado sucediendo. Imaginemos que estamos bajando en un automóvil desde Tapesco hasta Naranjo. Recorrer este tramo de carretera supone pasar de 1.800 metros a 1.000 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una carretera con pendientes y curvas pronunciadas (el equivalente al excedente de dólares). Una conducción prudente indicaría que debemos avanzar a una velocidad baja, sosteniendo el avance con el freno del auto (el equivalente a comprar dólares al precio del día anterior). Pero, repentinamente nos aburrimos del avance lento hacia Naranjo, y decidimos apretar el acelerador (el equivalente a la banda de flotación a la baja del precio). ¿Cuál es el riesgo de esa conducta?: vamos a tener un accidente grave pronto y probablemente caeremos en un precipicio al borde de la carretera.
Entonces, ¿qué hacemos?
Como el Banco Central ha demostrado una negación crónica de la teoría de la flotación administrada, no hay más remedio que poner un freno legal a los excesos de la acción de la autoridad monetaria. Proponemos la creación de una regla cambiaria que garantice una flotación apropiada del tipo de cambio. Tal regla debe permitir que en MONEX se expresen adecuadamente los desequilibrios entre la oferta y la demanda de dólares; pero usando un esquema de flotación que no arriesgue la rentabilidad del productor nacional y que tampoco ponga en peligro el abastecimiento de los productos básicos que necesita el consumidor nacional.
No pretendemos aquí agotar el detalle de esta regla cambiaria. Nada más esbozamos los trazos generales que deberían especificarse en el plano legal con la participación de expertos en los aspectos legales, legislativos y económicos. Evidentemente, la regla cambiaria debe establecerse mediante una ley que modifique el ordenamiento actual que regula la materia cambiaria. Por lo tanto, el esbozo que planteamos es una propuesta general que se sugiere a la nueva Asamblea Legislativa.
Figura 4
Tipo de cambio. 2006 – 2026
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica
La regla cambiaria tendría como antecedente histórico la evolución del tipo de cambio en los últimos 20 años. Ese es el período en el que ha operado la flotación del tipo de cambio, en sus dos modalidades básicas. La figura 4 muestra la evolución del tipo de cambio desde 2006 hasta el presente. En dos décadas de flotación el tipo de cambio ha oscilado entre 500 y 600, excepto en dos oportunidades. La primera fue en el período entre el final de 2021 y el inicio de 2022. El segundo momento en donde el tipo de cambio se ha salido de ese rango de flotación es la situación presente, experimentada en las últimas semanas. Este último momento ha estado influido significativamente por la intervención cambiaria del Banco Central en los últimos años que ha generado una tendencia sistemática a la baja del tipo de cambio, lo que en la figura se muestra mediante la línea roja. Tal tendencia ha creado una caída constante del tipo de cambio, que da como resultado un nivel inferior a 500. Esa situación es un llamado de atención que motiva a crear un mecanismo que detenga la caída exagerada del tipo de cambio (el peligro de accidente bajando a toda velocidad desde Tapesco).
Comprobado el rango de flotación representado en la figura 4, luce como aceptable el pensar en mantener tal margen de oscilación para el futuro. Por lo tanto, la regla cambiaria tendría como objetivo que el tipo de cambio se mantenga en el futuro fluctuando entre 500 y 600, dependiendo de la situación de oferta y demanda de dólares. Si hay un déficit muy fuerte de dólares (alta demanda y poca oferta de dólares) que lleva al tipo de cambio a tocar el límite superior (marcado en azul en la figura), el Banco Central “defenderá” ese límite vendiendo la cantidad de dólares que sea necesaria a 600. Si se produce la situación opuesta (un superávit muy elevado de dólares) que lleva al tipo de cambio a tocar el límite inferior (representado en morado), el Banco Central “defenderá” dicho límite comprando la cantidad de dólares que sea necesaria a 500. Desde luego, la regla cambiaria contemplará la posibilidad de modificar estos límites, en caso de que las circunstancias lo ameriten, como se expone a continuación.
Dado lo anterior, la regla cambiaria consistirá en lo siguiente:
a) Una ley establecerá un límite inferior de 500 y un límite superior de 600 para la flotación del tipo de cambio, comenzando en el período 2026 – 2030. Estos límites serán normas de vigencia en el mediano plazo (4 años); por lo tanto, se llamarán límites de mediano plazo. Tales límites podrán ser modificados al inicio de cada administración gubernamental por la Asamblea Legislativa, mediante mayoría simple, previo dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos. La solicitud de cambio puede ser iniciativa del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Para emitir su dictamen, esta Comisión solicitará un informe técnico de la Contraloría General de la República, en tanto órgano auxiliar de la Asamblea.
b) Si las circunstancias de la Balanza de Pagos lo ameritan (entradas y salidas de dólares), el Poder Ejecutivo podrá solicitar a la Asamblea Legislativa la modificación de los límites de mediano plazo, como medida extraordinaria, en el transcurso de un período gubernamental. Para eso se repetirá el procedimiento indicado en a). Pero, en tal caso, el cambio de los límites necesitará de mayoría calificada.
c) Para el funcionamiento diario de MONEX, la Junta Directiva del Banco Central establecerá un rango de bandas cambiarias de corto plazo, respetando el rango establecido por los límites de mediano plazo. Esa instancia definirá la periodicidad con que se puedan revisar las bandas. Es decir, existirá un piso y un techo que definirá todos los días el rango de flotación del tipo de cambio. Tal rango no podrá exceder el 5% del nivel establecido para el piso. Por ejemplo, si el piso es 520, el techo podrá ser como máximo de 546. Desde luego, el techo no podrá exceder el límite superior de mediano plazo.
d) El Banco Central tendrá un plazo de tres meses, a partir de la aprobación de la ley, para iniciar un período de transición hacia los límites de mediano plazo. En ese período, la intervención del Banco Central en MONEX deberá modificar gradualmente el tipo de cambio hasta alcanzar el límite inferior de mediano plazo.
Parece que sobran divisas en Costa Rica. Hace ya más de dos años que el colón no para de valorizarse frente al dólar. Aunque el Banco Central atribuye la abundancia de moneda extranjera a la transformación productiva y al éxito del modelo exportador, destacados economistas sugieren una visión distinta.
Norberto Zúñiga, consultor de la firma Ecoanálisis, y Fernando Naranjo, exministro de Hacienda, presidente de la firma Consejeros Económicos y Financieros (CEFSA), citados por CRHoy, sostienen que la valorización del colón se debe principalmente al endeudamiento externo del gobierno en los últimos años.
No se trataría de grandes cambios en la inversión extranjera directa (IED), cuyos niveles fueron similares en 2024 y 2025. El incremento de las reservas monetarias internacionales –afirmó Zúñiga– se explica casi en su totalidad en esos años por el financiamiento externo neto obtenido por el Ministerio de Hacienda.
Naranjo coincide con la idea de que el aumento del endeudamiento externo ha sido uno de los principales responsables por la caída del tipo de cambio. En su opinión, lasemisiones de tres mil millones de eurobonos en 2023 generaron un exceso de dólares en el mercado local, a lo que se sumaron dos emisiones más, por mil millones, en noviembre de 2025 y enero de 2006, con altas tasas de interés.
La mayor oferta de dólares no es resultado de un aumento de las exportaciones –las exportaciones del régimen definitivo crecieron solo entre del 1 % y 1,5 % el año pasado, dijo Naranjo–, ni de las inversiones extranjeras directas o del turismo, sino del endeudamiento.
El resultado es que la deuda del Gobierno alcanzó 60,4% del PIB en diciembre pasado, según los datos de Hacienda, lo que permite al gobierno congelar los salarios de empleados en 2027, aplicando la “regla fiscal” aprobada durante el gobierno del PAC, de Carlos Alvarado.
Las “reglas fiscales” de la Unión Europea son un engaño
No hay ni una sola razón científica que permita asegurar que mantener déficits fiscales inferiores al 3% del PIB o del 60% en el caso de la deuda pública, implicará una reducción de la deuda o una reactivación de la actividad económica”. “Más bien sucede todo lo contrario, pues el gasto público es fundamental para llevar a cabo inversiones fuera del alcance de la iniciativa privada”, advirtió el economista español Juan Torres López.
Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Científico de Attac España (una organización “opuesta a la dictadura de los mercados y la especulación financiera”), Torres vuelve sobre el tema, una y otra vez, en su página “Ganas de escribir”. Hace ya algunos años, antes de que se pensionara, lo fui a entrevistar a Sevilla y, desde entonces, vuelvo ocasionalmente a sus páginas.
Con el Tratado de Maastricht (de febrero de 1992) –dice Torres– se establecieron esas reglas fiscales en la Unión Europea (UE): los déficits públicos no debían superar el 3% del PIB, ni la deuda pública el 60%.
Durante la crisis que se inició en 2007 la disciplina fiscal basada en ambos criterios se reforzó. Se trataba, como dijo la entonces canciller alemana, la conservadora Angela Merkel, de ponerle un candado, de asegurarse de que “ningún Parlamento pudiera cambiarlas”.
La excusa fue que era imprescindible reducir la deuda y que eso sólo se podía conseguir disminuyendo el gasto público y los déficits. La realidad ha mostrado que la disciplina fiscal, en lugar de disminuir ha aumentado, en contra de lo que se aseguraba tras recortar el gasto público.
Carmen Reinhart, economista de origen cubano y profesora de Harvard sobre deuda soberana, y Kenneth Rogoff, también profesor de Harvard sobre deuda, habían publicado, en 2011, resultados de un análisis de ocho siglos de historia financiera, que los llevó a concluir que si la deuda superaba el 60% del PIB en los países emergentes y el 90% en los más avanzados el crecimiento económico se deterioraba.
Una tesis que se popularizó en todo el mundo para justificar las políticas de recortes de gasto con las que se prometía reducir la deuda. Unos meses más tarde, Thomas Herndon, Michael Ash y Robert Polin publicaron, en el Cambridge Journal of Economics, en marzo del 2014, una crítica al trabajo de sus colegas de Harvard. La base de datos con la que trabajaron contenía errores y ausencias importantes, sin los cuales sería imposible llegar a su conclusión a la que llegaron.
No tiene fundamento científico o empírico alguno limitar el crecimiento de la deuda al 60% del PIB, afirma Torres. No hay absolutamente ninguna prueba que permita afirmar que ese porcentaje es más conveniente que el 30%, el 100%, o cualquier otro.
¿Acaso la economía europea en su conjunto se desempeña mejor y es más competitiva que la de Estados Unidos por tener un porcentaje de deuda pública mucho más bajo, de 100% del PIB en la Eurozona y 93% en la UE, frente al 134% en EEUU?, se pregunta.
Criterio similar expresan Philipp Heimberger y Anna Matzner, economistas del Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW), quienes aseguran que la consolidación fiscal tiene efectos contractivos a lo largo del ciclo económico.
En un artículo publicado en febrero pasado –“Fiscal Consolidation Costs Europe Jobs and Deepens Inequality”– aseguran que los resultados de sus estudios muestran que el ajuste fiscal ralentiza mucho más la economía en etapas de recesión que en periodos de expansión.
La conclusión es que asegurar que más deuda pública implica menor crecimiento económico “ha sido un fiasco”, dice Torres.
No funciona allá, ¿funcionará aquí?
A estas alturas cualquier persona inteligente se hará la misma pregunta: si las autoridades europeas desean de verdad que disminuya la deuda y aumente la actividad económica, ¿por qué se empeñan en tomar medidas de disciplina fiscal cuyo efecto evidente, y que nadie puede negar, ha sido el contrario?
Naturalmente, debemos hacernos la misma pregunta aquí. La “regla fiscal”, que congela los salarios públicos cuando la deuda supere 60% del PIB, solo ha servido para un notable deterioro de los servicios públicos y para la fuga de profesionales calificados, del área de la salud y la educación superior, entre otras. Ha contribuido también al empobrecimiento de sectores de la población dependientes de los salarios públicos y provocado una creciente disparidad social, que alimenta el negocio de las drogas ilícitas y el narcotráfico, especialmente entre jóvenes y en las zonas marginales del país.
En Costa Rica, esas políticas –con las que soñaban los sectores neoliberales más radicales– fueron impulsadas por un partido surgido de lo que parecía el agotamiento de las medidas de privatización y ajuste fiscal, a la que, en su momento, se sumó una cierta izquierda. Pero que, una vez en el poder, se alió a los grupos más conservadores, que las impulsaron gobernando bajo una relativa sombra, entre 2018 y 2022, durante el gobierno de Alvarado.
Políticas que ha seguido profundizando el actual gobierno de Rodrigo Chaves –que concluye su período en mayo próximo–, habiendo logrado elegir a su candidata, Laura Fernández, con una amplia mayoría, para encabezar el gobierno el próximo cuatrienio. No hay razón alguna para pensar que su programa se orientará en una dirección distinta.
Uno de los resultados de esas políticas, como lo señaló Fernando Naranjo en artículo publicado el pasado 16 de diciembre –“De paso de jaguar a ritmo de tortuga”– es que la economía costarricense, en su parte doméstica, donde se concentra aproximadamente el 85% de la producción nacional, excluyendo las exportaciones de zonas francas, creció en años anteriores alrededor de 4,7%. El año pasado (2024), creció un 3,0% y en lo que llevamos del presente año (2025), “con dificultad llegará a un 2,3%”.
“No sólo la actividad económica ha bajado –agrega–, sino que la creación de empleos se convirtió en una reducción de los puestos de trabajo de cincuenta mil personas”.
Más grave es a situación de desempleo juvenil. En noviembre del 2025 la tasa de desempleo del sector llegó a 17,6%, comparada con una tasa de desempleo total de 6,6%.
“En el año 2010, de acuerdo con cifras oficiales, había 313.903 jóvenes trabajando activamente. En noviembre del 2025 la cifra descendió a 191.198, o sea 115.640 puestos de trabajo menos. En 15 años, el país no ha generado nuevos empleos para los jóvenes”, concluye Naranjo.
El fracaso de la oposición
Pese a esta realidad, la oposición insiste en su campaña contra los malos modales del presidente, contra sus desafíos a los otros poderes del Estado, contra sus ataques a los partidos tradicionales, sin que esa crítica logre permear una opinión pública harta de los engaños del pasado reciente y de los resultados de por lo menos 40 años de un neoliberalismo que ha ido demoliendo los cimientos del Estado Social, construido desde mediados del siglo pasado en Costa Rica, con especial éxito.
Parece cada vez más evidente que solo un redireccionamiento de la política opositora, hacia la crítica de las medidas más radicales del modelo neoliberal, permitirá reorganizar el escenario político y enfrentar la nueva ola que vendrá con el gobierno de Laura Fernández.
Hagámonos una pregunta incómoda, de esas que la mayoría prefiere evadir: ¿Qué va a pasar cuando un familiar suyo se tenga que enlistar en una fuerza armada? Peor aún, ¿qué hará cuando alguien que usted ama se convierta en el “daño colateral” de una de sus operaciones militares? ¿Empezará por fin a oponerse y a alzar la voz, o seguirá guardando el mismo silencio de ahora?
El oficialismo fue a Mar-a-Lago, el Club Privado de Trump que, junto a su propietario, aparece mencionado no una, ni dos, sino cientos de veces, en los “Archivos de Epstein”; para firmar un acuerdo, supuestamente “Anti Carteles” de la droga, junto a otros 11 países latinoamericanos más, que tienen en común el tener en el poder a grupos y presidentes Populistas y vasallos de extrema derecha neo conservadora, pero que en realidad fue otra cesión más de la soberanía a la decadente potencia del Norte, como una extensión más de su Doctrina Monroe.
Hoy nos quieren vender la idea de que la militarización es la varita mágica contra el narcotráfico. Nos piden que cedamos nuestra paz a cambio de una supuesta seguridad. Pero seamos racionales y veamos a nuestro alrededor. Colombia y México tienen ejércitos inmensos, equipados hasta los dientes. Honduras tiene una base militar de los Estados Unidos instalada en su propio territorio. ¿Qué diferencia real ha hecho todo esto para evitar el narcotráfico? Ninguna. La sangre se sigue derramando en las calles latinoamericanas mientras el negocio sigue intacto.
La cruda realidad es que, mientras los Estados Unidos no dejen de financiar este mercado y de enviar ríos de armas a los carteles de la droga, la guerra está perdida. No hacemos absolutamente nada con discursos de “amarnos” y con permitir absurdos como que lancen misiles a nuestro territorio soberano, si no se ataca la raíz del problema.
Y esa raíz tiene código postal. ¿Cuándo hemos visto grandes operativos de la DEA y el FBI en su propio país? ¿Cuándo hemos visto que tumben las puertas en los suburbios ricos donde se distribuye la droga? Y lo más crítico: ¿Cuándo hemos visto políticas reales, persecución y sanciones a los enormes capitales ensangrentados que se lavan, a plena luz del día, en Wall Street?
En esta región nosotros ponemos los muertos, el “daño colateral” y las lágrimas, pero el dinero se cuenta en el norte. No nos engañemos más: el problema del narcotráfico nace, crece y se fortalece en Estados Unidos, el país que tiene la mayor demanda de drogas ilegales del mundo.
Ya es hora de dejar de comprar recetas fracasadas y de exigir que quienes consumen y lavan el dinero, asuman su verdadera responsabilidad.
Hay que ser un ingenuo, un lacayo o un ignorante para creer que la alianza militar de Trump está dirigida contra el narcotráfico.
El reciente ejemplo de Venezuela y el conocido caso Irán-Contras cuando la CIA y la DEA intercambiaron cocaína por armas para la contrarrevolución nica, prueban que los principales promotores del negocio de las drogas son los gobiernos de EEUU. La guerra contra las drogas ha sido una mampara para buscar propósitos tan distintos como financiar a la contrarrevolución nicaragüense o apoderarse del petróleo venezolano. Está más que demostrado en múltiples documentos y una extensa bibliografía que esa llamada guerra contra las drogas de EEUU, desde Nixon que la inició hasta Trump, nunca ha tenido mayor interés en combatir el narcotráfico.
Trump acusa que los carteles mexicanos son más fuertes que el ejército de México, aunque los propios informes norteamericanos manifiestan que el 80% de las armas que los narcos poseen provienen de EEUU, incluso armamento propio de ejército estadounidense. ¿Qué hace USA para detener ese tráfico de armas? Prácticamente nada. Y las armas con las cuales los narcos ticos se matan y nos matan de dónde vienen, ¿de China o de Rusia?
Además, ¿qué hace EEUU para detener el consumo de drogas en su país (si no hay demanda, no hay oferta), o perseguir a los carteles de distribución y de lavado de dinero sucio? Prácticamente nada. ¿Entonces, a qué se debe esa exigencia con los países latinoamericanos cuando ellos no contribuyen en nada para controlar los otros componentes del narcotráfico?
Los objetivos de la Alianza Militar de Trump, a la cual se ha adherido entusiastamente el presidente Chaves y la nueva presidenta, son básicamente los siguientes: controlar con la amenaza militar a los gobiernos latinoamericanos, apoderarse de las riquezas naturales e impedir que otras potencias, especialmente China, haga negocios e inversiones en América Latina.
Sin ningún tapujo, Trump, Rubio y sus monaguillos, proclaman a los cuatro vientos que América (el continente) es para los americanos (EEUU) y solo para ellos. Y 12 presidentes, siervos del imperio, asienten obedientemente, compitiendo entre ellos a cuál más de lacayo.
Esta Alianza Militar de Trump a la cual se ha sumado este Gobierno es un ataque no al narcotráfico sino a nuestra democracia, a nuestra Constitución, al ser costarricense.
Este sábado Chaves y su sucesora tiraron al cajón de la basura la lucha en 1856 contra los filibusteros, nuestra tradición civilista, nuestro prestigio internacional de Nación pacífica y la dignidad soberana del país.
Lo que quedó en evidencia este fin de semana es que estos gobernantes están muy lejos de nuestra idiosincrasia y de nuestros más profundos valores patrióticos.
Primera parte: El medio Oriente un hervidero explosivo
El origen de la confrontación: el ascenso de la República Islámica de Irán
Para comprender las causas que impulsaron a Estados Unidos e Israel a intervenir militarmente en Irán, es necesario retroceder al menos, al establecimiento del régimen de los Ayatolás, el cual se instauró formalmente con la victoria de la revolución Islámica en febrero de 1979. Este proceso de transformación se consolidó mediante el referéndum de abril del mismo año, que dio origen oficial a la República Islámica. El líder fundamental de este cambio fue el Ayatola Ruhollah Jomeini, quien logró derrocar al Shah Mohammad Reza Pahlavi y reemplazar la monarquía por un gobierno de carácter teocrático.
La revolución de 1979 significó el final de un régimen monárquico que había contado durante décadas con el respaldo de potencias extranjeras como Gran Bretaña y Estados Unidos. En su lugar, surgió un movimiento revolucionario liderado por los Ayatolás, basado en el islamismo y apoyado tanto por organizaciones de izquierda como por agrupaciones islamistas y también fueron fundamentales los sectores estudiantiles.
Tras la caída del Shah, éste se vio obligado a exiliarse y, antes de abandonar el país, dejó instaurada una junta provisional encabezada por un líder opositor para intentar mantener la gobernabilidad. Sin embargo, la situación interna se tornó cada vez más inestable, ya que rápidamente emergieron movimientos guerrilleros compuestos por grupos seculares y también religiosos, los cuales desempeñaron un papel decisivo en la eliminación final de los restos del antiguo sistema monárquico.
Durante los primeros años posteriores a la revolución, la política internacional respecto a Irán fue compleja. Al estallar la guerra entre Irán e Irak en 1980, la administración estadounidense dirigida por Jimmy Carter osciló entre apoyar a uno u otro bando, motivada por el hecho de que la Unión Soviética apoyaba al dictador iraquí Sadam Hussein. Finalmente, Carter optó por establecer un acuerdo con Hussein, suministrándole equipos militares e incluso autorizando el uso de armas químicas contra las fuerzas revolucionarias iraníes, con el objetivo de debilitar al nuevo régimen islámico.
Posteriormente, la orientación antioccidental de Hussein dio al traste con la relación que acababa de forjar con los Estados Unidos y Gran Bretaña, de manera que, cuando acabó la guerra entre los países árabes vecinos, se consolidó en Irak un curso de radicalización hacia la izquierda.
Por su parte, el gobierno estadounidense que sucedió al de Carter fue liderado por Ronald Reagan; un republicano que venció al mismo Carter en las elecciones de 1980 impidiéndole a este ejercer un segundo mandato. Ronald Reagan fue percibido por diversos sectores como un «outsider» en el ámbito político; sin embargo, a partir de 1967 había asumido ya el cargo de gobernador del estado de California. Con el advenimiento de Ronald Reagan a la presidencia se radicaliza la posición política del gobierno estadounidense en contra del gobierno revolucionario y teocrático de los ayatolas. Pero, de la misma forma se adversó a la República de Irak bajo el mandato de Hussein. Ronald Reagan en todo el período en el que ejerció la presidencia de los Estados Unidos, representó una línea política neoconservadora de gran presencia en el mundo entero, máxime que se asoció con la primera ministra del Reino Unido de entonces (1979-1990), de semejante signo ideológico neoconservador, Margaret Thatcher.
A pesar de que Irán e Irak compartieron un enemigo común en el imperio estadounidense, de momento no lograban reconstruir completamente las relaciones diplomáticas entre ambos estados. Durante el conflicto, estos países enfrentaron enormes desafíos y tensiones, las cuales dificultaron la reconciliación plena una vez finalizada la guerra. Sin embargo, después de casi diez años de enfrentamientos y una profunda conflagración, Irán e Irak consiguieron establecer un acuerdo, si bien precario en 1988 para poner fin a la guerra. Este acuerdo marcó el fin de la guerra, permitiendo a ambos países poner término a la hostilidad directa, aunque sin haber alcanzado un restablecimiento total de sus vínculos políticos y sociales.
Evolución de las relaciones entre Irán e Irak desde la revolución Islámica hasta la actualidad
-La influencia del partido Baas y el estallido de la guerra Irán-Irak
El partido Baas tomó el control político en Irak en la década de 1960, adoptando una actitud cada vez más combativa respecto a los conflictos fronterizos con Irán. Tras el triunfo de la revolución islámica iraní en 1979, Saddam Hussein, entonces líder iraquí, decidió invadir Irán ese mismo año, motivado tanto por disputas territoriales como por el interés en apoderarse de las zonas petroleras estratégicas ubicadas en territorio iraní. Sin embargo, la situación en el campo de batalla cambió a partir de junio de 1982, cuando el ejército iraní empezó a ganar terreno y logró recuperar todas las áreas que había perdido frente a las fuerzas iraquíes.
-El estancamiento del conflicto y el inicio de una nueva etapa. La normalización de relaciones tras la caída de Saddam Hussein
La guerra entre Irán e Irak se prolongó durante más de ocho años, finalizando en un empate sin un claro vencedor. Posteriormente, las tensiones no cesaron: Irán se opuso abiertamente a la coalición internacional encabezada por Estados Unidos en la guerra del Golfo de 1991 contra Irak, lo que marcó el inicio de una nueva fase en la relación bilateral.
Con la caída de Saddam Hussein en 2003 y el ascenso de facciones chiitas favorables a Irán en el gobierno iraquí, se inició un proceso de normalización en los lazos entre ambos países. A partir de ese momento, Irak permitió la entrada de peregrinos chiitas iraníes a los santuarios sagrados ubicados en territorio iraquí. Un hecho significativo ocurrió en marzo de 2008, cuando el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad realizó la primera visita oficial de un jefe de Estado iraní a Irak desde la revolución islámica de 1979. A su vez, el ex primer ministro iraquí Nouri al-Maliki realizó varias visitas a Irán a partir de 2006, mostrando simpatía por su programa nuclear.
Desde entonces, Irán se ha convertido en el principal socio comercial de Irak y ambos países han establecido una alianza sólida, colaborando estrechamente, especialmente en la lucha contra el Estado Islámico. Este acercamiento se ha visto facilitado por la afinidad religiosa, ya que ambos gobiernos están liderados ahora por musulmanes chiitas. Sin embargo, la creciente injerencia de Teherán en los asuntos internos de Irak ha generado malestar social, desembocando en protestas ciudadanas contra la intervención extranjera y la presencia de milicias respaldadas por Irán, que han llegado incluso a hostigar y atacar a la población civil.
Las causas de la invasión de Estados Unidos e Israel a Irán
Estados Unidos es la potencia militar más poderosa del Planeta. A la vez ha sido una de las naciones económicamente más fuertes y todavía, aunque a duras penas, mantiene esa primacía. Si bien, muchos críticos y analistas cuestionan que lo siga siendo, dado el portentoso desarrollo alcanzado por la República Popular China especialmente en este siglo XXI.
Por otra parte, el desarrollo no significa pura y simplemente crecimiento de la producción apoyada por la tecnología. Está visto que tales indicadores son insuficientes para reflejar el desarrollo de una nación. Ya que una nación puede haber alcanzado un alto crecimiento de su producto nacional bruto (PNB), pero tener sumido en el atraso y la pobreza a una gran parte de su población. Suele ocurrir este fenómeno en los países consumistas y capitalistas que no distribuyen la riqueza que producen. Bien se ha dicho que el mercado, el capitalismo puede tener crecimiento, pero distribuir muy mal la riqueza. Es lo común en el modo capitalista de producción, el mercado crea riqueza, incluso puede estimular la riqueza excesiva, pero se muestra incompetente para distribuir el producto socialmente creado.
El economista André Gunder Frank fue uno de los que insistió más en que el capitalismo es un sistema concentrador del producto social y por lo tanto, generador de una vasta desigualdad y también va dejando como sucedáneo pobreza y pobreza extrema. “El desarrollo del subdesarrollo” bautizó Gunder Frank al capitalismo de los países más pobres y atrasados del planeta.
Por otra parte, el capitalismo, como se sabe desde los estudios del teórico marxista alemán Rudolf Hilferding (léase su obra Das Finazkapital, publicada por vez primera en Viena en 1910), después de alcanzar una fase muy elevada de producción a base de capital industrial, pasa a una nueva fase en virtud de la cual se produce la fusión del capital bancario con el capital industrial, que da como resultado la creación de un nuevo tipo de capital: el capital financiero. Quiere esto decir que, los grandes jefes de las industrias fusionadas entre sí se convierten al mismo tiempo en los mandamases de los grandes bancos y viceversa.
Tal fusión deriva en la creación de este nuevo tipo de Capital, propio del capitalismo maduro que se conoce como capital financiero. De esta manera, del capitalismo liberal, competitivo y pluralista, se pasa al capital monopolista, superconcentrador de las ganancias y los capitales que, para continuar creciendo y desarrollarse, no le basta con mantenerse en los linderos del país donde se originó, sino que su destino es migrar constantemente allende sus fronteras para así explotar los recursos y materias primas de todas las naciones, hasta en los últimos confines de la tierra. Para seguir incrementando la cuota de plusvalía o ganancia, no respeta fronteras, ni legislación, ni cultura nacional alguna. Se transforma en un tipo de capitalismo avasallador y destructivo de la soberanía de las naciones. Es en esas condiciones en donde los dueños de los grandes bancos, que son los mismos dueños de empresas monopolísticas, se alían a la vez con los dueños de la industria armamentística, la cual aparece por todas partes, provocando invasiones por doquier y creando guerras, cada vez que lo considere necesario para explotar los recursos ajenos. Esta es una nueva dinámica, la dinámica del capitalismo monopolista.
Trump es uno de los exponentes más genuinos de un gobernante al servicio de este tipo de capital monopólico, como lo fue Hitler, motor de la segunda guerra mundial en el siglo pasado. En general, los gobernantes estadounidenses y de otros países representantes del capitalismo avanzado -ora en competencia despiadada, ora en alianzas siniestras- han venido denotando ese tipo de comportamiento colonial primero, neocolonial después. En términos generales, esto es lo que ocurre hoy en el medio oriente, en cuyos lares los gobernantes de los Estados Unidos se aliaron con su socio Israel, para amparar la supremacía creada y mantener la hegemonía regional. Tal es la lógica del capital monopolista de Estado, representada muy bien por Donald Trump y su vasallo Netanyahu, quienes han puesto todos los enormes recursos de sus países al servicio de los grandes monopolios y la supremacía belicista.
Hoy uno de sus verdugos no es otro que Irán, el tercer país con mayor existencia de recursos petrolíferos del mundo, apetecido por las grandes potencias, la principal de ellas hoy por hoy son los Estados Unidos.
Irán posee un régimen político que es deplorable, repugnante. Es una república islámica, sea un estado confesional, dirigido por una teocracia basada en el libro sagrado del Corán y aunque celebra elecciones periódicas, la casta suprema de ayatolás orientan las decisiones fundamentales del régimen. Es un Estado teocrático que persigue a los homosexuales y mantiene a las mujeres en un sistema de semi-esclavitud patriarcal. Pretende, además, tener una bomba atómica para amenazar a los estados vecinos y en primer lugar a Israel. Su sistema restringe fuertemente las libertades, el disenso y rige una fuerte presencia de los aparatos coercitivos como la Guardia Republicana.
Es en esencia un régimen político que no gusta a los costarricenses y con el cual no simpatizamos.
Israel el otro contendiente en el conflicto debería ser muy diferente a Irán para contar con nuestro apoyo.
Veamos entonces como son los del otro lado.
Israel es un estado judío, lo cual puede interpretarse como que el estado es confesional, porque, aunque no formalmente, si privilegia y apoya la religión del judaísmo. Al ser un estado judío se puede interpretar que será solo para los judíos lo cual produce discriminación contra otros grupos (apartheid) y si se interpreta que es solo para los que practican el judaísmo lo convierte en un estado confesional. Aunque no existe un consejo supremo de ayatolas, en Israel el rabinato orienta todo lo referente a la familia y la ciudadanía. El primer ministro es electo en un sistema discriminatorio contra otros grupos sociales, especialmente contra los palestinos. El poder ejecutivo impulsa reformas para debilitar a los tribunales de justicia, en especial debilitar los poderes de revisión y supervisión del Tribunal Superior tratando de disminuir el papel del Poder Judicial. En Israel también hay restricciones severas a la libertad de expresión, a las movilizaciones de la sociedad civil, se cierran medios de prensa debido a razones de seguridad del Estado. Los críticos más radicales del régimen tienen que abandonar el país. El ejército y las agencias de seguridad y espionaje son instituciones con un poder exorbitante en a la vida nacional. El primer ministro que ejerce está sostenido por los partidos políticos religiosos más extremistas partidarios del exterminio de pueblos enteros. El genocidio contra el pueblo palestino es cotidiano y el fundamento ideológico principal del régimen es el Antiguo Testamento y la Torá. Israel posee la bomba atómica sin generar preocupación alguna del mundo.
Como se aprecia, ambos regímenes políticos en esencia, en el fondo, son semejantes: confesionales, autoritarios, violadores de los derechos humanos.
Sin embargo, una de las partes se une a la mayor potencia militar, que es expansionista, cuyo interés es apoderarse de las riquezas naturales del mundo e imponer sus posiciones a todos los países, incluso por la guerra.
¿Apoyamos a Israel o Irán con este tipo de regímenes políticos?
En estos instantes se trata de apoyar la paz, la resolución pacífica de las controversias y el respeto al derecho internacional y la soberanía de los países.
Parece ser la única salida para esta humanidad.
No se trata de buenos contra malos ni del mal contra el bien.
Estados Unidos tiene oficialmente en el mundo más de 800 bases militares, emplazamientos e instalaciones militares de diverso uso. De esas tiene 22 bases militares en Centroamérica, Suramérica y el Caribe.
En Latinoamérica hay 20 países considerados independientes, 10 en Suramérica, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela; 7 en Centroamérica, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá; 1 en Norteamérica, México y 2 en el Caribe, Cuba y República Dominicana.
A Puerto Rico no se le considera un país independiente, ya que es un Estado Asociado de los Estados Unidos.
En el conjunto de países de la Organización de Estados Americanos, OEA, participan especialmente las naciones angloparlantes y francoparlantes del Caribe, como son Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago, Bahamas, Barbados, Santa Lucía, Granada, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Saint Kitts, Dominica, San Cristóbal, Guyana, Surinam.
En la OEA hay 34 países miembros y en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, participan 33. Estados Unidos no es miembro de CELAC, como sí lo es de la OEA, siendo su país más importante.
Estados Unidos tiene oficialmente registradas y públicamente reconocidas, entre bases militares e instalaciones militares, llamadas de seguridad, un total de 76 en todos los países de América Latina y el Caribe.
La proyección militar estadounidense se produjo con la existencia de la Unión Soviética, desde 1921, cuando Estados Unidos trató de detener la influencia soviética mediante la presencia militar en diversos países, que le permitían establecer sus bases, instalaciones y emplazamientos militares.
La desaparición de la Unión Soviética y de los países socialistas europeos, especialmente, no debilitó la presencia militar estadounidense en otros países. Al contrario la fortaleció, dentro de su expansionismo hegemonista que tuvo a partir de ese momento, y todavía trata de expandirla y robustecerla, hoy bajo el pretexto de la seguridad internacional, de los nuevos problemas internacionales y globales, como son el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Esto le ha permitido fortalecer su presencia bélica a nivel mundial, en una nueva situación geopolítica internacional donde han surgido otras potencias políticas, económicas, financieras y militares, que se mueven dentro de una estrategia multilateralista y antimonohegemonista, rompiendo de esa manera el mundo unipolar de los Estados Unidos para construir un mundo multipolar, que se expresa en otros bloques de países no comandados por los Estados Unidos.
En su estructura político militar, Estados Unidos organiza su operaciones militares en 6 grandes Comandos, el del Norte, NORTHCOM, el del Sur, SOUTHCOM, el de Africa, AFRICOM, el de Europa, EUCOM, el Indo Pacífico, INDOPACOM y el Comando Central, CENTCOM. Junto a estos Comandos ha desarrollado los Comandos Espacial, el Cibernético, el de Operaciones Especiales, el Estratégico y el de Transporte.
El Comando Sur, que atiende a toda la América Latina, en administración y vigilancia de las actividades militares, es el que atiende a las 76 instalaciones o bases, divididas en tres categorías, la Base de Operaciones, que trabaja directamente con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, las Bases Militares pequeñas, también llamadas “Lily Pad”, que desarrollan operaciones avanzadas, de seguridad cooperativa, con el Ejército de los Estados Unidos y las llamadas Bases Financiadas, que son las que pertenecen a los países anfitriones o receptores de estas bases, que las utilizan mucho para el entrenamiento y adiestramiento militar. Organizaciones Civiles encargadas de la vigilancia de estas bases y emplazamientos militares, señalan la existencia de las “Bases Operacionales no confirmadas”, que son bases existentes, reales, no reconocidas oficialmente por los gobiernos afectados.
Es claro que la presencia de las bases militares en el continente ha tenido un papel injerencista determinante en la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños afectados por dictaduras, golpes de estado, tiranías, gobiernos autoritarios, represiones políticas, prácticas de torturas a detenidos políticos y civiles. En el gobierno de Barak Obama se autorizó el último Manual de Torturas, empleado por el ejército de los Estados Unidos. Especialmente se empezó a utilizar en los detenidos en la Base Militar de Guantánamo, que tienen desde 1901 en Cuba.
Muchos ejércitos latinoamericanos y organismos policiales se entrenan en estas bases, en sus diversos cursos de capacitación y de tortura. Cuando había guerrillas en el continente las bases militares, como las que estaban en Panamá, se usaban para capacitar en la lucha contrainsurgente y antiguerrillera.
En sus diversos tamaños todos los países de América Latina y el Caribe tienen bases, instalaciones o emplazamientos militares estadounidenses.
Así, en la información oficial de los Estados Unidos, en este campo de bases militares, aparece Costa Rica con emplazamientos o instalaciones militares estadounidenses en Liberia, Caldera, Colorado.
México y Venezuela aparecen sin ninguna presencia militar extranjera. Nicaragua aparece con tres instalaciones o emplazamientos militares. En Colombia, recientemente el presidente Petro ha señalado que desde hace más de 40 años Estados Unidos tiene allí siete bases.
Las bases militares extranjeras, sean de Estados Unidos o de otra nación, presentan el problema de si violan o no la soberanía del país receptor donde se establecen. Su establecimiento tiene que aceptarse por disposición legislativa, y no solo por decisión ejecutiva.
El establecimiento de una base militar extranjera produce el dilema de si la presencia de efectivos militares, de manera estable en el territorio nacional, fuera del territorio de donde son nacionales los militares, sean estadounidenses o no, constituye una violación a la soberanía de los países receptores o si se trata de un “beneficio mutuo” en torno a la seguridad nacional de ambos, que es como generalmente las tratan de justificar.
Una base militar extranjera se conceptúa como un territorio extranjero correspondiente a país que pertenece esa base. Es igual en este concepto que una Embajada representativa de un país en otro país. El edificio, propio o alquilado, la residencia del Embajador, propia o alquilada es considerado territorio de la Bandera Nacional que se representa con esa sede diplomática.
En los países se autoriza la compra de esos terrenos a los representantes diplomáticos, que los hace inviolables en todos los sentidos. Por ello, es que pueden asilarse personas en las Embajadas o Residencias de los Embajadores, sin que el gobierno del país, que las persigue, pueda intervenir en ellas.
De esta manera autorizar el establecimiento de una base militar es en la práctica entregar una parte, por pequeña que sea, del territorio nacional que queda bajo la administración del país ocupante de esa Base Militar, con todos los problemas que ello pueda conllevar u ocasionar. No son territorios libres. Son territorios ocupados militarmente por el ejército o fuerza armada que allí se instale.
Generalmente, su instalación obliga al país receptor a dar una serie de privilegios a los miembros y habitantes de esos emplazamientos militares, desde apoyos logísticos, de seguridad exterior, migracionales, hasta aduanales, tributarios y hacendarios.
Su sola presencia conduce a que el país ocupante, dueño de la base militar, ejerza mayor influencia en las estructuras políticas del gobierno nacional. Lo hemos visto estos días, cuando España le dijo a los Estados Unidos, en el conflicto que tiene con Irán, que desde las bases militares que tienen autorizadas en ese país, no se podían hacer vuelos ni acciones militares o de guerra contra Irán. España prohibió el uso de su territorio para esas actividades militares, lo que ocasionó que el presidente Trump amenazara a España con apretarle sus políticas financieras, sus aranceles y sus actividades comerciales. Y no contento con esto, dijo, además, que ellos y qué él, Trump, harían lo que quisieran desde sus bases y emplazamientos militares, sin que España se lo pueda impedir. Ese es el problema de facilitar el establecimiento de una base militar en un país. El matonismo con que puede actuar el dueño o país de esa base militar con el país sede de esa base.
Un próximo diputado entrante en mayo, ha señalado la necesidad de establecer una base militar estadounidense en el país, para luchar contra el narcotráfico y el narco terrorismo, concepto de modo en esta actividad.
No sabemos si fue una ocurrencia, una estupidez, una falta notable de comprensión de las cosas, o una falta de inteligencia, una forma irracional de actuación.
Tampoco sabemos si fue un acto consciente representando a grupos nacionales o extranjeros interesados en someter más a Costa Rica a la órbita de los intereses geopolíticos, militaristas y guerreristas estadounidenses.
O, si fue un acto de quienes, en Costa Rica, añoran o sueñan con el establecimiento de un ejército como institución permanente de nuestra vida política, y lo ven reflejado en el establecimiento de una horda militar extranjera en el territorio nacional.
En Costa Rica tuvimos Ejército Nacional. Su etapa heroica sin lugar a dudas la tuvo cuando se unió el Ejército al pueblo, en la gran epopeya nacional libertadora, cuando se movilizó a Nicaragua en 1856, hace 170 años, para expulsar la horda filibustera que se había establecido en ese país, para sacarlos de Centroamérica, por el peligro que significaba para la Independencia, Soberanía y Libertad de nuestros países y pueblos, a los cuales William Walker, el jefe filibustero, quería convertir en Estados sureños de los Estados Unidos y en pueblos sometidos a la esclavitud.
Dichosamente todos nuestros gobernantes desde el siglo XIX fueron y han sido principalmente educadores, abogados, médicos, periodistas. De excepción tuvimos algunos militares gobernando por breves períodos. La visión de ellos condujo a fortalecer la educación como el medio más importante de superación, de movilidad social y de oportunidades para la vida.
Después de la Guerra Nacional contra los filibusteros la enseñanza se fue fortaleciendo y se fue debilitando la estructura militar existente. Desde principios del siglo XX se eliminó del Escudo Nacional lo que todavía representaba el elemento militar de la vida nacional.
La dictadura de los hermanos Tinoco, 1917-1919, fortaleció la institucionalidad militar y el ejército. Con la caída de la dictadura cayó también ese impulso militarista.
El Ejército estaba debilitado en la década de 1940. En los sucesos de la guerra civil de marzo y abril de 1948 no tuvo ningún papel destacado. Evidenció su ineficacia y su necesaria inexistencia.
Desde 1946 en el Congreso de la República se empezó a plantear la necesidad de su extinción, de su eliminación como parte de la institucionalidad y de la vida nacional.
José Figueres Ferrer, su ministro de Seguridad, Edgar Cardona, asumieron ese impulso en 1948 y en diciembre, bajo el Gobierno Fundador de la Segunda República, como llamaron el ejercicio político de esos dos años, 1948-1949, acordaron disolver el Ejército Nacional como institución permanente. Así lo acordaron también en la Asamblea Nacional Constituyente que elevó a norma constitucional su abolición.
Desde 1948 hasta hoy no ha habido necesidad alguna de acudir a la excepcionalidad de establecer o convocar al ejército para alguna situación, que de emergencia hubiera sido necesaria su constitución pasajera. No fue necesario en diciembre de 1948 ni a principios de 1955 cuando el país se vio amenazado de incursiones militares desde Nicaragua, por costarricenses interesados en derrocar a Figueres que gobernaba en esos años.
Costa Rica había firmado su ingreso a la Organización de Estados Americanos, y había rubricado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, con el cual se consideraba que se tenía un escudo protector frente a amenazas militares como la de 1948 y 1955, cuando dicho Tratado se invocó, sin necesidad de su presencia militar.
Ni en los días difíciles y complejos de la lucha triunfadora anti somocista, y de reacción contra el establecimiento del Gobierno Sandinista, en el período 1979-1990, hubo necesidad de invocar el TIAR.
Ni posteriormente, en el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla, 2010-2014, hubo necesidad de acudir al llamado de un ejército de excepción para los problemas que tuvimos fronterizos con el gobierno de Daniel Ortega. Acudimos a la Corte Internacional a resolver nuestro problema, como fue atendido.
En el gobierno de Abel Pacheco, 2002-2006, cuando se plegó “solidariamente” al pronunciamiento público de los Estados Unidos justificando su guerra contra Irak, la Sala Constitucional de la República, le ordenó retirar el nombre de Costa Rica de esa adhesión, porque la Constitución Política de Costa Rica, al haber abolido el ejército, de manera permanente, no permite realizar actos de esa naturaleza ni comprometer al país en acciones militares de ese tipo. El gobierno de Estados Unidos se negó a quitar la firma del apoyo que Abel Pacheco había puesto.
Por este motivo, no es viable pretender impulsar el establecimiento de una base estadounidense en el país. Constitucionalmente no se puede.
No hay justificación alguna para una situación como ésa. La lucha contra el narcotráfico no es una lucha que se libra con ejércitos.
La experiencia en América Latina, especialmente en Colombia, ha demostrado con 7 bases militares estadounidenses, por casi 50 años, luchando contra guerrillas, que se aprovecharon del negocio de la producción drogas para financiarse, que ese negocio o esa narcoactividad no se detuvo ni se acabó.
Las guerrillas que se acabaron en Colombia y en la región centroamericana fue por decisiones políticas, por acuerdos políticos.
Cuando la contra sandinista estaba en su apogeo se produjo el escándalo Irán-Contras, que descubrió cómo organismos militares, y de lucha contra la droga de los Estados Unidos, financiaban a esos grupos contra revolucionarios facilitándoles droga, para ayudarles de esa manera, permitiéndoles vender la droga, y financiarse así para sus actividades político-militares.
No se puede confiar en los Estados Unidos, en su ejército, en sus autoridades militares y políticas, de que una base militar, como la que se ha insinuado se pueda establecer en Costa Rica, va a contribuir en la lucha contra las estructuras del narcotráfico que operan en el país.
La presencia de una base de esa naturaleza va a contribuir a ese negocio. La existencia de las 76 bases e instalaciones militares que Estados Unidos tiene en toda Latinoamérica y el Caribe ha demostrado que el negocio con ellas ha crecido, porque es un gran negocio también para la economía de los Estados Unidos, donde llega la droga. Con las 800 bases militares en el mundo Estados Unidos no ha detenido el negocio de las narco organizaciones. Sigue creciendo.
Los anuncios internacionales de detección y captura de envíos de droga se da en los países europeos, no en los Estados Unidos.
El tratado militar policial que se tiene con Estados Unidos para la vigilancia de las aguas marítimas poco resultado produce en la captura de la droga que se trafica por mar. Pareciera que esas naves protegen a los barcos que nos roban las riqueza atuneras, sobre las cuales Costa Rica poco control ejerce.
La base militar que los intereses militaristas y guerreristas quieren establecer en el país hay que combatirla, hay que detenerla. Es más peligroso para la seguridad e institucionalidad nacional el establecimiento de esa base, que no tenerla.
Es igualmente peligroso permitir que empresas extranjeras de seguridad, o inversionistas extranjeros, como se está discutiendo en la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, tengan la posibilidad de organizar empresas de seguridad, en manos de esos extranjeros. De hecho, será también como desarrollar la posibilidad de constituir pequeños, medianos o grandes ejércitos disfrazados de organizaciones de seguridad privada. O lo que sería peor, que grupos narco criminales se disfracen con este ropaje de seguridad para desarrollar y ampliar sus espacios delictivos. Ese tema en esa Comisión también hay que detenerlo. No vaya a ser que quienes constituyan esa Comisión, como ya se menciona para la nueva Asamblea Legislativa, sean diputados muy afines a estas actividades de la criminalidad y de las narco estructuras y narco delincuencia.
El orgullo costarricense por la democracia nacional permitió la conquista de nuevos derechos y la conservación de los derechos adquiridos, que construyeron una sociedad pacífica, sin necesidad de recurrir a posiciones y acciones políticas radicales. La desaparición del ejercito fue una consecuencia de una sociedad donde la violencia fue el recurso extremo y en un momento en su pasado, pero lo fue contra un invasor que atentaba contra la libertad y la soberanía nacional y la consolidación de la nación costarricense y también la centroamericana. Un pasado que está cotidianamente presente y en disputa permanente en la política, la economía y en la concepción del poder en la sociedad.
El dinamismo histórico de Costa Rica, como en todas las sociedades del mundo, ha modificado sus relaciones sociales que han incidido en su devenir. Son muchos los intentos económicos y políticos por radicalizar las prácticas liberales conservadoras, como intentos de convertirnos en objeto del poder colonial del imperio. Sin embargo, la capacidad negociadora y el respeto de nuestra soberanía conformaron un definido Estado Nación en sus relaciones internas como en sus vínculos y negociaciones con otros países y entes internacionales, cualidades que constituyeron barreras que limitaron intencionalidades ajenas, como también lo fueron la cultura y la inteligencia nacional. No obstante, a partir de la década del ochenta del siglo pasado, las tendencias liberales externas y de potencias económicas internacionales, coludidas con los partidos políticos tradicionales, en ese entonces mayoritarios, fueron los pioneros en la privatización de la función pública, así como apoyaron las imposiciones colonialistas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que propiciaron la liquidación de la democracia y del Estado Social en Costa Rica.
Han pasado décadas del conservadurismo liberal, que no concluye, por el contrario, se profundiza y contamina el espíritu y práctica política, economía y la conciencia social costarricense. Hoy, a diferencia del pasado, se ha elegido a una candidata que se declara continuadora de un gobierno que denigra la institucionalidad pública, que desprecia nuestra educación y se burla y antagoniza contra la democracia nacional, así como se ha impuesto con grotescos gritos, insultos y difamaciones contra todos sus críticos y que internacionalmente apoya el genocidio de pueblos y el dominio imperial, que provocan e incentivan una tercera conflagración mundial, de trágicas e imprevisibles consecuencias contra la humanidad. La paz y neutralidad que aspirábamos en el pasado, no muy lejano, se ha transformado en la actualidad en un gobierno que promueve la belicosidad y el enfrentamiento social, así como la parcialidad y la unilateralidad imperialista.
El reciente resultado electoral ha revelado que el actual gobierno no está terminando, dado que ha sido elegida su continuadora que, sin rubor ni moralidad, manifiesta ser seguidora de la política y orientaciones del actual presidente, su próximo ministro de la Presidencia. Una reelección de facto. que relativiza una expresa prohibición constitucional.
El triunfo electoral de un partido que tiene como dueño al actual mandatario, no es una organización democrática, es autoritaria, no existe una pluralidad de ideas y posiciones que orienten decisiones y actuaciones de partido, pues esta conducido por un vulgar autócrata.
Las personas en igualdad real de derechos, la ciudadanía, es el medio formal establecido nacional e internacionalmente ante la desigualdad existente en la sociedad mundial, siendo la democracia la expresión libre e igualitaria en la pluralidad societal. En democracia se construye lo común a todos, lo público, en una sociedad interdependiente socialmente.
La democracia regularmente es interpretada como una relación pacifica entre los actores sociales, no obstante, no se suprimen las contradicciones imperantes de desigualdad, inequidad ni los antagonismos de clase, por el contrario, la democracia lucha, se opone y actúa permanentemente contra todas las formas que violentan y transgreden los derechos en la explotación del trabajo, en la facultad ciudadana de decidir y actuar por la libertad y defender sus derechos y la igualdad social. Asimismo, la democracia es una creación y construcción colectiva que reproduce la propia sociedad, así como el progreso y una vida digna para todos.
Creer que la designación electoral del poder político es el otorgamiento de una facultad absoluta de actuación clasista, parcial y parcializada, en la heterogeneidad social, es una falsedad, ningún proceso electoral en la historia nacional ha sido una imposición tiránica, ni ha sustituido las facultades ciudadanas. En democracia los poseedores del capital y riquezas no son quienes determinan el destino de la nación, tampoco quienes poseen transitoria y electoralmente el poder político. La violación de la institucionalidad pública y la imposición de leyes indignas que transgreden las conquistas históricas, son acciones de tiranos, nunca de procesos democráticos.
La afirmación de la presidenta electa de suprimir las garantías individuales, plasmadas en la Constitución de la República, es una amenaza nacional, efectuada sin haber asumido el poder, así como es su anuencia a permitir la instalación de bases militares de EE. UU. Estas intencionalidades son tempranas evidencias que son antagónicas a nuestro pasado y presente. Es democrático protestar, cuestionar y actuar contra las transgresiones a los derechos e intereses ciudadanos. Amenazar sin motivo e imponer criterios unilaterales es un explicito anuncio de un gobierno que atenta contra nuestro pasado y presente, como también lo expresa su lamento de no haber obtenido la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, para despreciar y desoír las necesidades sociales de la mayoría nacional, negando de este modo, el dialogo, el debate o la concertación en una sociedad democrática.
Asimismo, es contrario al espíritu nacional costarricense el manifestar su compromiso político e ideológico con un personaje que incendia el planeta en su crítico afán hegemónico mundial, así como expresa su compromiso con proyectos genocidas en el espacio internacional.
Costa Rica nunca ha requerido la supresión de nuestras constitucionales garantías ciudadanas por protestar y demandar atención a las necesidades sociales, las cuales son manifestaciones que crearon instituciones públicas y políticas en favor de la calidad de vida y bienestar social. Tampoco ha requerido el uso de la fuerza bruta, porque respetamos el orden legitimo constituido ni somos agresores con naciones hermanas ni hemos requerido de la violencia para dirimir nuestras discrepancias y menos aún hemos comprometido nuestra soberanía con el establecimiento de bases militares imperiales.
