Costa Rica atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida democrática reciente. La creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones, el desgaste de los partidos tradicionales, la inseguridad, el deterioro económico y el cansancio social han creado un clima político marcado por el desencanto y la polarización. En ese contexto, las recientes decisiones tomadas en torno al caso del exdiputado Fabricio Alvarado no deberían analizarse únicamente desde una perspectiva jurídica o partidaria. Lo ocurrido revela algo más profundo y quizá más preocupante: una transformación cultural en la manera en que la sociedad costarricense comprende la ética pública, la responsabilidad política y la propia democracia.
El archivo de la eventual sanción ética contra el exdiputado ha sido defendido por algunos sectores bajo argumentos procedimentales: que la Asamblea Legislativa perdió competencia al dejar el denunciado su condición de diputado, o que corresponde exclusivamente a los tribunales conocer el caso. Sin embargo, reducir el debate únicamente a la dimensión penal o procesal resulta insuficiente. Las democracias no funcionan solo mediante sanciones judiciales. También descansan sobre responsabilidades éticas, mensajes simbólicos y estándares mínimos de conducta pública.
Precisamente por ello, el problema no radica únicamente en si existía o no competencia jurídica para continuar el procedimiento legislativo. El verdadero problema es el mensaje político y cultural que se transmite a una sociedad profundamente afectada por la violencia y el hostigamiento contra las mujeres. Costa Rica no discute este tema en abstracto: lo hace en medio de una realidad donde miles de mujeres enfrentan acoso, violencia psicológica, agresiones sexuales y múltiples formas de silenciamiento cotidiano.
La contradicción se vuelve aún más significativa cuando se recuerda que la propia presidenta de la República manifestó públicamente haber sido víctima de conductas de hostigamiento por parte del mismo actor político involucrado en este caso. Más allá de simpatías o diferencias ideológicas, resulta legítimo preguntarse qué tipo de señal institucional se transmite cuando un gobierno que afirma representar una ruptura ética con “la vieja política” termina impulsando —o al menos permitiendo— decisiones percibidas por amplios sectores como mecanismos de protección o impunidad.
No se trata aquí de afirmar culpabilidades penales anticipadas ni de desconocer el principio de inocencia, indispensable en cualquier Estado democrático de derecho. Se trata de reconocer que las instituciones también educan simbólicamente. Sus acciones, silencios y omisiones construyen mensajes sociales. Y cuando una denuncia de esta naturaleza termina subordinada a cálculos políticos, pactos coyunturales o disputas partidarias, el efecto pedagógico puede ser profundamente dañino.
Más preocupante aún es la reacción de una parte importante de la ciudadanía frente a estos hechos. Muchos comentarios públicos no negaron necesariamente la gravedad del hostigamiento sexual; simplemente lo relativizaron frente a otras prioridades: “hay cosas más importantes”, “eso le corresponde a los tribunales”, “la Asamblea no debe perder tiempo en eso”. Esa respuesta revela una transformación cultural inquietante: la progresiva pérdida de relevancia de la ética pública dentro de la vida democrática.
La situación adquiere todavía mayor complejidad si se observa que el actual oficialismo ha construido buena parte de su legitimidad sobre una narrativa de pureza moral y regeneración ética del país. El discurso contra “la corrupción”, “los chorizos” y “la casta política” ha sido central en su identidad pública. Sin embargo, las contradicciones acumuladas entre discurso y práctica comienzan a generar una peligrosa erosión de credibilidad. Y esto no afecta únicamente a un gobierno o a un partido: afecta la confianza misma en la posibilidad de una política democrática coherente.
El problema de fondo quizás no sea solamente que existan contradicciones —las ha habido históricamente en múltiples fuerzas políticas—, sino que una parte creciente de la sociedad parece haber comenzado a normalizarlas. Ese fenómeno merece una reflexión seria. Porque cuando las democracias entran en escenarios de fatiga institucional, precariedad económica y polarización permanente, la ciudadanía puede empezar a tolerar prácticas que anteriormente habrían generado mayores costos políticos o éticos.
En ese contexto, la política deja de evaluarse por su coherencia moral y comienza a valorarse principalmente por su capacidad de confrontación, eficacia inmediata o identificación emocional. El riesgo es evidente: el deterioro gradual de la cultura democrática y la consolidación de un clima social donde todo parece justificable si favorece al propio grupo político.
Por eso este debate trasciende a una figura específica o a una coyuntura legislativa. Lo que está en juego es el tipo de sociedad que Costa Rica desea construir. Una democracia saludable no se sostiene únicamente con elecciones periódicas ni con crecimiento económico. Requiere ciudadanía crítica, instituciones confiables, educación humanística, deliberación pública y una ética mínima compartida capaz de reconocer que ciertos temas —como la violencia contra las mujeres— no pueden relativizarse según conveniencias políticas.
Aun así, no todo está perdido. El hecho mismo de que estas discusiones sigan generando indignación, debate público y reflexión crítica demuestra que la sociedad costarricense todavía conserva reservas democráticas importantes. Quizá el desafío más urgente no sea únicamente cambiar gobiernos o partidos, sino reconstruir una cultura política capaz de reconciliar democracia, ética pública y ciudadanía crítica en tiempos de desencanto.
Porque el mayor peligro para una democracia no es únicamente la corrupción o la contradicción política. El verdadero peligro aparece cuando la sociedad deja de percibirlas como problemáticas.
El académico y analista internacional Mauricio Ramírez Núñez afirmó que la dinámica geopolítica actual demuestra que las grandes potencias continúan recurriendo al diálogo y la negociación estratégica, incluso en medio de fuertes tensiones internacionales.
Ramírez señaló que existe una “paradoja geopolítica evidente” en torno al debate internacional sobre Taiwán y China. Según explicó, mientras numerosos discursos presentan a Taiwán como el centro de la confrontación global, las decisiones reales de poder terminan concentrándose en Beijing.
“Donald Trump visita a Xi Jinping. No va a Taiwán a discutir el equilibrio del sistema internacional, porque en el fondo entiende perfectamente dónde está el verdadero centro gravitacional de la cuestión China”, expresó.
El analista considera que Taiwán es utilizado frecuentemente como una herramienta geopolítica y como pieza de presión estratégica dentro de una competencia más amplia entre potencias mundiales.
A partir de ello, sostuvo que el escenario internacional contemporáneo ya no puede interpretarse mediante las viejas lógicas rígidas de bloques geopolíticos propias del siglo pasado.
“El mundo multipolar de hoy no puede seguir atrapado en esquemas binarios ya superados”, indicó.
Ramírez enfatizó que la realidad internacional actual es mucho más compleja e interdependiente, razón por la cual las grandes potencias continúan reuniéndose, negociando y cooperando pese a sus diferencias y rivalidades.
Según explicó, la cooperación estratégica, el diálogo y el pragmatismo dejaron de ser opcionales y se han convertido en condiciones necesarias para la estabilidad global.
Finalmente, planteó que el mundo multipolar exige capacidad de relacionarse con distintos polos de poder, inteligencia estratégica y equilibrio político, en lugar de alineamientos automáticos.
Con gran emoción la presidenta Laura Fernández Delgado anunció en el acto de su asunción al Olimpo Político costarricense, que estaba a las puertas de entrar a la Tercera República.
Lo hizo al aceptar y tomar la responsabilidad de dirigir el Gobierno que le fue traspasado y casi, en el campo religioso, hizo lo mismo con la publicidad del caso, cuando fue a depositar, a Cartago, la tela que le dieron como “Banda Presidencial” en la Basílica de los Ángeles.
A la Basílica de los Ángeles las personas agradecidas con las peticiones que le hacen a la Virgencita de los Ángeles, a la Patrona Nacional, por los favores que recibieron a sus peticiones, llegan a entregar sus exvotos, como ofrendas religiosas, que son conocidos también como “retablitos” o “milagritos”.
Hasta ese momento no sabíamos que la presidenta le había solicitado a la Negrita de los Ángeles que le diera, como petición, o que le materializara, su Ferviente Deseo y pasión por ser la presidenta de todos los costarricenses.
Ese acto de fe de la presidenta, testimonio de su fe muy popular católica, manifestó o puso en evidencia que en la campaña electoral se sentía enferma, accidentada o en peligro de no ser presidenta, lo justificó con su ida a la Basílica, demostrando que superados esos trances, ¿electorales?, se había encomendado a la Virgen de los Ángeles, para que le resolviera sus problemas de candidata y, ¡cataplúm!, solicitud concedida… ¡Presidenta! Según ella la número 50, de la Segunda República.
Las personas en esos estados quebrantados de salud o necesitados de resolver algún grave problema son los que cumplen con los exvotos cuando son superados. Generalmente los exvotos son figuritas u objetos que refieren al favor concedido… un brazo, una pierna, una mano, un objeto alusivo al favor recibido.
Fue a la Basílica sin la comparsa de cristianos no católicos que la apoyaron en la campaña política, y de los que blasfemaron de la Virgencita en campañas anteriores, que son sus aliados políticos…, que la deben estar detestando por haber ido allí.
Pero, ¡oh milagro espiritual!, en ese instante, la terrenal Laura Fernández, entrando a la Basílica, tuvo el arrebato, la manifestación súbita, sublime, intensa, violenta de la emoción que allí la tenía, que la hizo perder temporalmente el control o el juicio, de la expresión suprema de sentirse extasiada, embelesada, fuera de sí, como si fuera llevada al Cielo, al lado de la Virgen, siendo ella, supongo, una devota “mariana”, seguidora de la Virgen María.
La Virgencita de los Ángeles es también un Símbolo Nacional costarricense. Es el valor espiritual religioso más sagrado de los costarricenses. Está declarada Patrona Nacional.
Sus entrañas en ese momento se agitaron, entre la peregrina que pretendía aparentar, buscando una transformación interior, en una experiencia de conversión y encuentro con Dios, con la Virgen o con ella misma. ¡Oh!, entre la seguidora de la Virgen y las seguidoras de la Mariana Francesa, de Marianne, la figura alegórica y símbolo de la República Francesa, que exalta, que identifica la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad, lo que ofreció que en su gobierno se iba a respetar.
En esa agitación interna, resultado de sus estudios humanísticos en la Universidad de Costa Rica, si es que pasaron por ella, Laura, la terrenal, la política, la presidenta, se vio en el éxtasis que estaba viviendo, como la representación popular de la Libertad y de la Razón, sintiéndose como la Diosa de la Libertad, no símbolo ni imagen de la República, sino apenas presentándose a la puerta de la que llamó la Tercera República.
Le faltó en ese sentido, presentarse ante la Virgen de los Ángeles, con el gorro frigio rojo, que era el usado por los esclavos emancipados en la antigua Roma, que fue adoptado por los revolucionarios franceses para representar la Libertad.
Y para la foto en ese hermoso acto espiritual político que protagonizó solo faltó también que siguiendo a la Marianne revolucionaria francesa, se hubiera hecho presente ante la Virgencita a pecho descubierto, desnudo, para simbolizar que ella es o va a ser la madre protectora que cuida a todos los hijos de la Patria, que pelea por todos ellos, como dijo que lo iba a hacer, para una mejor representación simbólica de la nutrición de la Patria que va a tener bajo su cuidado.
La tela con los colores de la bandera de la Revolución Francesa que llevó a la Iglesia pudo haberla acompañado con una reproducción de la pintura de Eugene Delacroix, “La Libertad guiando al Pueblo”. Marianne en la tradición revolucionaria francesa y popular es también el símbolo femenino opuesto a la figura del monarca, o de la reina francesa que fue llevada a la guillotina. Marianne es la representación del pueblo.
¿Así quiso presentarse y representarse Laura Fernández Delgado, el 8 de mayo y el día de la visita a la Basílica?
Los colores de la Bandera que usaban los revolucionarios franceses era el azul, el blanco y el rojo, colocados en forma vertical, como están representados en la Bandera oficial de Francia. En el caso francés, las franjas son de igual tamaño y anchura. El azul y el rojo eran usados también por la milicia revolucionaria francesa de París en 1789. E En Francia esos colores también representan los valores de la República, la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. El orden de los colores, azul, blanco rojo fue establecido desde 1794, el 27 de mes Pluvioso del Año II, del calendario revolucionario francés, que corresponde el 15 de febrero de 1794.
Cuando el Dr. José María Castro Madriz declaró y estableció, el 31 de agosto de 1848 la República de Costa Rica, superando el Estado de Costa Rica, que tenían con anterioridad, elaboró sus primeros Símbolos patrióticos, inspirado en la Revolución Francesa, usando los mismos colores de la Bandera de Francia, pero de manera horizontal, y duplicó los colores blanco y azul en, haciendo que la Bandera Nacional tuviera cinco franjas y no tres como la francesa. El ancho de las franjas es la sexta parte del ancho del total de la andera, siendo la del centro la que tiene dos sextas partes. Por eso, se estableció que oficialmente la franja roja del centro era el doble de la azul o a la blanca. Esa es la Bandera Nacional costarricense. Así se ha tenido desde 1848 hasta hoy. El Dr. José María Castro Madriz también elaboró el Escudo Nacional, que desde entonces nos acompaña. El Escudo sí ha sufrido variaciones.
La integración del Escudo con la Bandera es lo que se llama Pabellón Nacional. En el uso de la Bandera y el Pabellón Nacional se establece, en esencia, que el Pabellón Nacional solo puede ser usado por los presidentes de los Supremos Poderes de la República o debe colocarse cuando alguno de ellos está presente en un acto. Lo usan también los Embajadores en sus Embajadas en el exterior, allí donde está representada Costa Rica.
La Bandera Nacional, el Escudo Nacional y el Pabellón Nacional, junto con la Música del Himno Nacional y la Letra del Himno Nacional, son los Símbolos Mayores de la Patria, de la República y de los costarricenses.
Culturalmente hemos creado otros Símbolos Nacionales que son Símbolos Menores, alusivos a particularidades de nuestra naturaleza, biodiversidad, tradiciones culturales entre otros aspectos.
Los Símbolos Patrios Mayores tienen protocolo de su uso y del respeto que debe seguirse con ellos, que no se puede alterar, ni disminuir en su valor de uso y de respeto.
En los actos oficiales de Gobierno, con representantes de los Poderes del Estado solo pueden exhibirse y colocarse Pabellones Nacionales.
Se ha usado por tradición un banda de tela, que combinada con los colores de la Bandera Nacional, se usa para simbolizar los traspasos de Gobierno, de un gobierno a otro, de un presidente a otro.
Cuando esta banda se elabora simbólicamente para portarla el presidente saliente y entregarla al presidente entrante, con los colores de la Bandera Nacional, se le llama Banda Presidencial, a la que también se le coloca el Escudo Nacional, para simbolizar la fuerza que tiene el Pabellón Nacional, que solo puede ser usado, en este caso del Poder Ejecutivo, solo por el presidente o presidenta de la Republica.
En este sentido, la Banda Presidencial debe tener toda la rigurosidad que se da en su confección a la Bandera Nacional y al Pabellón Nacional. Las franjas exteriores del azul y el blanco deben ser, cada una de ellas, de una sexta parte del ancho de la Banda, en tanto la franja roja es el doble de ellas, es decir de dos sextas partes. Si no es así, no es una Banda Presidencial de uso protocolario correcta.
Si se le coloca el Escudo Nacional para simbolizar el Pabellón Nacional, también debe hacerse de forma que en el conjunto de las franjas el Escudo no quede torcido, ni casi acostado con una o dos de las franjas. Debe colocarse en caída perpendicular sobre las cinco franjas que constituyen la Bandera Nacional.
En el acto de traspaso de gobierno de Rodrigo Chaves Robles a Laura Fernández Delgado, no se traspasó una Banda Presidencial. Se traspasó una tela, que tenía en franjas de igual ancho los colores de la Bandera Nacional, que pretendía ser la Banda Presidencial, que no lo era. Podía ser más una caricatura, el en el mejor de los casos de la Banda Presidencial, en tanto como representación gráfica distorsionó y deformó los rasgos físicos y las características del Símbolo Patrio que se quiso entregar. En ese sentido Rodrigo Chaves Robles quiso ser humorístico, satírico, crítico, resaltó ridiculizando aspectos de la Banda para generar, como lo provocó, el impacto social de los comentarios que se han desatado. O lo peor de su actuación, donde lo traicionó su vanidad, su ego y su falsa conciencia patriótica, mandó el mensaje del país, nación, Patria, República, que traspasaba a manos de su escogida para continuar el mandato presidencial. Le estaba entregando simbólicamente un país sin Símbolos Nacionales, porque quienes los representan no creen en ellos y actúan para acabarlos en todo su sentido.
Eso solo puso en evidencia la carencia de valores patrios, que tuvo su Gobierno, la carencia de respeto por esos valores, que en su administración se pisotearon.
Puso de relieve el desprecio que tiene, el grupo gobernante, la nueva casta gobernante, por la Patria, la República como sistema político administrativo.
Puso en evidencia lo poco que le importa su ejercicio presidencial en correspondencia al cargo que le tocó administrar.
Dejó claro que poco le importan estos símbolos nacionales, que para él seguramente son los de la Segunda República, que poco le importa, que niega, que aborrece y de la cual reniega, sin tener claro que eso símbolos vienen desde la fundación de la República de Costa Rica, en 1848, del período que podría considerarse la Primera República, que llegó hasta el 8 de mayo de 1948, cuando se declaró la fundación de la Segunda República, que fueron heredados y acogidos con pasión patriótica y verdadera idiosincrasia nacional costarricense, destacando los rasgos, comportamientos, ideas, actitudes que definen al pueblo costarricense en su totalidad.
Laura Fernández Delgado no tiene la culpa de haber recibido un harapo, un andrajo, de lo que figuraba ser el Pabellón Nacional, en la tela que recibió, que se la dieron como Banda Presidencial. Con ella estaba recibiendo el país desaliñado, indigente y de extrema pobreza que le estaba dejando su amado líder, Rodrigo Chaves Robles.
Las críticas que se hicieron por todo lado de inmediato, por el impacto que produjo ese adefesio de Banda que le dieron, provocó que Laura Fernández se deshiciera de ella lo más rápido que pudo. Así, la fue a dejar a la Virgen de los Ángeles, como quien le entrega un país hecho leña…, para no decir que le llevó basura…
Así empezó Laura Fernández Delgado su gobierno, como el viaje a Itaca que describe el poeta Kabalis:
Cuando emprendas tu viaje a Itaca pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones ni a los cíclopes ni al colérico Poseidón, seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones ni a los cíclopes ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo. Que muchas sean las mañanas de verano en que llegues -¡con qué placer y alegría!- a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender, a aprender de sus sabios. Ten siempre a Itaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino sin aguantar a que Itaca te enriquezca. Itaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino. Pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Itaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Itacas.
El gobierno de Laura Fernández puede simbolizar el viaje de Ulises, en la Odisea, de regreso a Itaca, después de una intensa guerra de diez años, donde derrotaron a los Troyanos.
Para Laura no han sido diez años. Su viaje se remonta a cuatro años, cuando derrotaron, como han afirmado, ella y su predecesor, que lo sigue teniendo como gran guerrero en su Gabinete, a las castas, a los dictadores y tiranos, a las élites que han gobernado Costa Rica desde 1949.
Solo recordemos, que en Costa Rica, ningún partido político ha gobernado hasta ahora, tres gobiernos seguidos.
El viaje de Laura a Itaca inicia su continuo segundo gobierno. Ella misma viene del primero de este periplo político. ¿Será el último de la nueva casta de corruptos, como han sido llamados lo anteriores gobernantes, que llegó al poder en el 2022?
Por JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones
A mis 58 años, en esta etapa de madurez que la vida me ha regalado, el anhelo de heredar un país y un mundo mejor a mis hijos, Catalina y Christian, y a mis nietos, me ha impulsado a asumir con profunda responsabilidad este rol de analista político y generador de contenido. Mi objetivo central es uno: combatir la posverdad, desenmascarar la manipulación en redes sociales y devolverles el valor a los hechos. Este compromiso me ha obligado a volver a los libros, a actualizarme y a reaprender como investigador social; profundizando de forma autodidacta aquellos conocimientos que, en mi época universitaria, apenas eran el cimiento. Hoy, con la mirada más clara, quiero compartirles cómo nos están jugando la vuelta frente a nuestros propios ojos.
La “Caja China” y el arte de distraer al tico
Imaginen que hay un incendio en la cocina de su casa, pero alguien entra gritando que hay un perro rabioso en el patio. Todos corren al patio, se olvidan del fuego, y la casa se quema. Eso es, en un lenguaje sencillo y directo, la “Caja China” o la Estrategia de la Distracción.
Académicamente se le conoce bajo otros nombres: la teoría del Agenda-Setting (los que tienen el poder deciden de qué tema vamos a hablar hoy) o la táctica del “Gato Muerto” (tirar un escándalo morboso en la mesa para que dejemos de hablar del problema real).
¿Por qué nos debe interesar esto a los ticos? Porque nuestro activo más valioso en una democracia es nuestra atención, y nos la están robando. Mientras discutimos acaloradamente en redes sociales sobre el último exabrupto, el chisme político de turno o la polémica de la semana, se están tomando decisiones estructurales sobre nuestro costo de vida, nuestra seguridad y nuestras instituciones. Nos ponen a pelear entre nosotros en la gradería, para que no miremos lo que está pasando en la cancha.
Cuatro décadas de humo y la élite detrás del poder actual
Esta manipulación de nuestra atención no es un invento reciente. Durante las últimas cuatro décadas, las élites de poder tradicional en Costa Rica han utilizado estas tácticas de forma muy refinada. Nos han vendido crisis a la medida y han ocultado debates urgentes sobre la desigualdad o la ineficiencia estatal detrás de cortinas de humo muy bien diseñadas.
Sin embargo, hay que decirlo con claridad y, sobre todo, con profundo respeto y empatía hacia quienes, impulsados por una genuina esperanza de cambio, apoyan a la actual administración: la élite de poder que opera detrás del gobierno actual ha perfeccionado esta táctica y la está utilizando sin ningún tipo de escrúpulos.
Ya no usan guantes de seda. Cada vez que surge un cuestionamiento serio, un fracaso en la gestión o una crisis de seguridad, surge de inmediato un escándalo mediático, un ataque directo a un adversario o una polémica prefabricada. Esto no ocurre por torpeza ni por casualidad; es un diseño estratégico fríamente calculado. El objetivo es mantenernos polarizados, divididos y emocionalmente agotados. Tanto a los que critican como a los que aplauden, los estrategas detrás del telón los están utilizando como peones en un tablero de ajedrez.
Las Leyes del Poder: Cómo prevalecer como pueblo
Aquí es donde la obra Las 48 leyes del poder de Robert Greene deja de ser un libro sobre manipuladores y se convierte en nuestro manual de defensa ciudadana. Greene nos enseña una verdad inquebrantable: el poder del manipulador se alimenta de tu reacción emocional. Si te enojas, si te indignas y caes en la provocación, le estás entregando el control.
¿Qué nos enseña esta obra para combatir estas estrategias y prevalecer?
Exigir acciones, ignorar los pleitos (Ley 9): Greene dice que se debe ganar a través de las acciones, no de los argumentos. Como ciudadanos, debemos dejar de morder el anzuelo de los debates estériles. Si el gobierno o la oposición lanzan un ataque verbal, nuestra respuesta debe ser: “Muy bien el discurso, pero ¿dónde están los resultados en seguridad, en las listas de espera, en el empleo?”. Desarmemos el circo exigiendo gestión.
El poder de ignorar el escándalo (Ley 36): La mejor venganza contra quien busca distraerte es menospreciar su carnada. Si ignoramos el ruido mediático prefabricado y nos negamos a replicarlo en nuestros chats y redes sociales, la Caja China pierde todo su efecto.
Los costarricenses tenemos ventajas históricas inmensas: nuestra vocación civilista, nuestra historia de paz y nuestra capacidad innata para el diálogo. Si logramos apagar el ruido emocional de las redes, si dejamos de vernos como enemigos por pensar distinto y nos unimos para observar el juego con mente fría, ninguna estrategia de distracción podrá ocultarnos la verdad. El verdadero poder, al final del día, es negarse a ser manipulado.
Los territorios locales siguen siendo decisivos en la política, pero hoy la disputa también se juega en la percepción social de la realidad a través de los algoritmos.
Abelardo Morales Gamboa
Costa Rica enfrenta actualmente un desafío más complejo que la mera economía o la defensa formal de la institucionalidad democrática. Como ya lo he señalado en anteriores publicaciones (La política también se decide en los territorios locales), la cuestión de fondo consiste en reconstruir nuevas formas de articulación social y política capaces de responder a una realidad marcada por la transnacionalización de la vida social, las desigualdades territoriales, la fragmentación subjetiva y las profundas transformaciones tecnológicas que reorganizan contemporáneamente las formas de convivencia, poder y representación política.
El territorio nunca ha dejado de ser el ámbito de la contienda política, ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo. Lo que sí se ha transformado profundamente son las formas mediante las cuales la vida territorial —es decir, la experiencia social del lugar— es narrada, interpretada e incluso emocionalizada. Aunque esto pueda parecer abstracto, sus efectos se manifiestan diariamente en la vida cotidiana.
Las personas siempre viven individual y colectivamente la experiencia del lugar. Esa experiencia está mediada por estructuras sociales, históricas+ y culturales que le otorgan significado. Así, un barrio periférico o una comunidad de pescadores continúan experimentando territorialmente el desempleo, la violencia o servicios públicos de mala calidad. La vida humana continúa teniendo una expresión espacial y las desigualdades territoriales continúan siendo una de las expresiones más visibles de la crisis contemporánea. El territorio donde esos problemas se producen no cambió; lo que cambió fue la manera en que quienes habitan esos espacios interpretan políticamente esa experiencia.
Antes, las percepciones sobre esa realidad podían construirse desde la escuela, las iglesias tradicionales, las organizaciones comunales, los sindicatos o los liderazgos locales. Hoy, plataformas digitales, influenciadores, cadenas de redes sociales y discursos algorítmicos —muchas veces articulados con narrativas neorreligiosas— reorganizan emocionalmente los modos de ver y pensar la realidad. El territorio sigue produciendo el malestar, pero estas nuevas mediaciones transforman la manera en que ese malestar adquiere significado político, movilizando miedo, frustración o resentimiento antes que vínculos de solidaridad, esperanza o acción colectiva. Todo ello gracias a los teléfonos móviles, las plataformas digitales y las grandes corporaciones tecnológicas que reorganizan crecientemente la producción cotidiana de sentido común y alteran las mediaciones tradicionales de la vida pública.
Las experiencias locales se reflejan cada vez menos en las antiguas identidades territoriales que daban cohesión a las culturas comunitarias. Tales identidades se construían a partir de vínculos socializadores relativamente estables: familias, espacios comunitarios, organizaciones sociales, instituciones y sistemas simbólicos que proporcionaban marcos comunes de interpretación y pertenencia.
Hoy, buena parte de la interpretación política de esas experiencias es procesada por ecosistemas mediáticos y emocionales capaces de redirigir simbólicamente el malestar social y, muchas veces, desfigurar su naturaleza y significado. No solo cambia la manera de interpretar la experiencia política; también se debilita progresivamente el sentido de identidad colectiva.
Lo que aparenta ocurrir únicamente en espacios mediáticos abstractos o en los “no lugares” digitales tiene, en realidad, efectos profundamente territoriales. Las plataformas digitales amplifican emociones, pero sobre todo las modulan bajo intereses particulares antes que colectivos. Simplifican antagonismos e introducen formas rápidas de identificación política que muchas veces sustituyen la construcción orgánica de vínculos colectivos y su sentido cívico. El territorio sigue produciendo el malestar; pero los algoritmos reorganizan crecientemente la manera en que ese malestar adquiere significado político y se convierte en herramienta para disputar y reorganizar el poder.
Esto ayuda a explicar por qué liderazgos con estructuras territoriales débiles logran construir rápidamente amplias adhesiones emocionales. A medida que se debilitan las lealtades ideológicas y las formas tradicionales de organización colectiva, tienden a expandirse vínculos políticos más personalistas y emocionalizados, donde la adhesión al líder opera como sustituto precario de certezas, pertenencias y mecanismos de protección social. En contextos de incertidumbre y fragmentación, estas formas de dependencia afectiva pueden adquirir rasgos cercanos a una suerte de vasallaje emocional. Su eficacia no proviene únicamente de su capacidad comunicacional a gran escala, sino también de su capacidad para penetrar y reorganizar emocionalmente los ecosistemas locales de interacción social.
Sin embargo, allí también aparece uno de los límites históricos de estas nuevas formas de hegemonía. Las articulaciones basadas casi exclusivamente en emocionalidad, comunicación digital y liderazgo mediático pueden resultar eficaces para conquistar adhesiones rápidas, pero suelen ser más frágiles para construir legitimidad duradera, cohesión social y proyectos políticos estables. Al menos mientras esas fuerzas no logren establecer vínculos orgánicos con movimientos sociales, estructuras corporativas u otras formas de organización colectiva, algo que no deja de ser una posibilidad futura.
Estos procesos tampoco se despliegan homogéneamente. Algunos territorios muestran mayores niveles de adhesión a discursos anti-institucionales, punitivos o personalistas, mientras otros conservan formas más tradicionales e institucionalizadas de mediación política. La eficacia de las nuevas narrativas populistas y autoritarias depende precisamente de su capacidad para conectar con economías emocionales territorialmente situadas. La capilaridad de las iglesias evangélicas y ciertas formas de fanatismo religioso, como ha ocurrido en otros países, facilita un mayor anclaje territorial de esas interpelaciones. No puede descartarse que los dispositivos político-religiosos impulsados por sectores neoconservadores terminen reconstruyendo parte de las antiguas bases organizativas y comunitarias. Por ello, lo que está en juego es una transformación más amplia de las relaciones entre territorio, subjetividad y poder en el capitalismo contemporáneo.
La reconstrucción democrática exige volver a territorializar la política. No como retorno nostálgico a las antiguas estructuras partidarias, sino como construcción de nuevas formas de articulación social y movilización política capaces de conectar experiencias locales, demandas sociales y horizontes colectivos en una sociedad profundamente transformada por la digitalización y la fragmentación del trabajo, la cultura y la comunicación.
Esto implica fortalecer liderazgos comunitarios atravesados por la cultura cívica y el respeto a las normas democráticas, revitalizar espacios de organización y participación social con mayor equidad y reconstruir formas de inclusión que permitan a las personas recuperar capacidad de incidencia sobre las condiciones concretas de su existencia. Allí donde las desigualdades, la exclusión y el abandono estatal se experimentan cotidianamente, también debe reconstruirse la capacidad de producir solidaridad, deliberación y proyectos comunes.
Pero, además, el desafío contemporáneo exige disputar el sentido mismo de la modernidad democrática frente a las nuevas formas de control emocional y colonización algorítmica de la vida social. La política del futuro no puede limitarse a administrar el miedo ni a amplificar resentimientos. Necesita recuperar capacidad ética, pedagógica y cultural para producir esperanza democrática en medio de sociedades atravesadas por la incertidumbre global.
Imagen: Dibujo de William Sánchez Coto, cedido amablemente para la publicación.
Cada 9 de mayo se conmemora uno de los acontecimientos más trascendentales del siglo XX: la victoria sobre la Alemania nazi y el fin de la guerra más devastadora de la historia humana en el continente europeo. Han pasado ya 81 años desde aquel momento en que la bandera soviética fue izada sobre Berlín y el Tercer Reich capituló finalmente ante el avance del Ejército Rojo. Recordar esta fecha no es un simple ejercicio ceremonial; es un acto de memoria histórica indispensable para comprender el mundo contemporáneo y los sacrificios inmensos que hicieron posibles la derrota del fascismo y la supervivencia misma de Europa.
La Unión Soviética, con Rusia como núcleo central de aquel esfuerzo histórico, cargó sobre sus hombros el peso principal de la guerra contra el nazismo. El costo fue brutal: alrededor de 27 millones de soviéticos murieron durante el conflicto, entre soldados y civiles. Ningún otro pueblo pagó un precio tan alto en la lucha contra la maquinaria de exterminio nazi. Ciudades enteras quedaron reducidas a escombros, millones de familias fueron destruidas y generaciones completas quedaron marcadas por el horror de una guerra existencial.
Fue precisamente ese sacrificio colosal el que permitió detener y derrotar una ideología basada en la supremacía racial, el exterminio de pueblos enteros y la destrucción sistemática de toda identidad considerada “inferior” o incompatible con el proyecto totalitario nazi. La victoria soviética en batallas decisivas como Stalingrado o Kursk cambió el curso de la guerra y abrió el camino para la liberación de Europa del fascismo alemán. Sin ese esfuerzo militar, humano y civilizatorio, el destino del continente habría sido radicalmente distinto.
Por eso resulta profundamente peligroso intentar relativizar o minimizar el papel histórico de Rusia y de la Unión Soviética en la derrota del nazismo. La memoria histórica no puede quedar subordinada a disputas políticas coyunturales ni a narrativas ideológicas contemporáneas. Los hechos históricos son claros: fue el Ejército Rojo quien llegó a Berlín, fue el pueblo soviético quien resistió el peso principal de la invasión nazi y fue ese sacrificio el que contribuyó decisivamente al final de uno de los conflictos más sangrientos de la humanidad.
Hoy esta conmemoración adquiere además un significado especial. Vivimos tiempos donde resurgen discursos de odio, donde múltiples actores buscan borrar la memoria histórica de los pueblos, desarraigarlos de sus tradiciones, relativizar sus identidades nacionales y fragmentar toda noción de continuidad cultural. En medio de esas turbulencias, recordar el heroísmo del pueblo ruso y soviético durante la Segunda Guerra Mundial es también recordar que las civilizaciones sobreviven cuando sus pueblos están dispuestos a defender aquello que consideran sagrado: su tierra, su historia, sus símbolos, sus familias y su derecho a existir.
Es importante aclarar además algo fundamental: conmemorar el Día de la Victoria no implica necesariamente hacer una apología ideológica de la Unión Soviética o del comunismo, como algunos intentan caricaturizar para deslegitimar esta fecha histórica. El hecho concreto es que, en aquel momento, fue la URSS, bajo su sistema político y su organización estatal específica, quien encabezó la liberación de Europa del fascismo nazi. Negar eso sería simplemente negar la realidad histórica.
Pero la raíz profunda de aquella resistencia no fue exclusivamente ideológica. La lucha del pueblo ruso contra la invasión nazi trascendió el comunismo como doctrina política. Fue, ante todo, una lucha patriótica, civilizatoria y geopolítica. Del mismo modo que Rusia enfrentó en el pasado la invasión napoleónica, cualquier pueblo con conciencia histórica y sentido de pertenencia habría luchado ferozmente contra un proyecto que buscaba destruirlo física y culturalmente.
Ahí convergen todas las fuerzas que movilizan a las naciones en sus momentos decisivos: el amor por la patria, la defensa de la tradición, la memoria de los antepasados y la voluntad de preservar el futuro de su pueblo. El soldado soviético que defendía Stalingrado no combatía únicamente por una doctrina abstracta; combatía también por su hogar, por su familia, por su cultura y por la supervivencia misma de su nación frente a una amenaza existencial.
A 81 años del Día de la Victoria, la lección continúa vigente. La memoria histórica no debe utilizarse selectivamente ni convertirse en rehén de intereses ideológicos contemporáneos. Recordar el sacrificio del pueblo ruso y soviético es reconocer una verdad histórica fundamental: que hubo generaciones enteras que entregaron su vida para detener una maquinaria de odio y muerte que amenazaba con sumir al mundo en la barbarie absoluta.
Olvidar eso sería perder no solo perspectiva histórica, sino también la capacidad de reconocer los peligros que vuelven a emerger cuando las sociedades abandonan su memoria, sus raíces y su sentido profundo de identidad colectiva.
En tiempos de cansancio institucional, inseguridad ciudadana y frustración democrática, las propuestas de transformación profunda encuentran terreno fértil. Costa Rica no escapa a esa realidad. El deterioro de servicios públicos, la lentitud administrativa, la crisis de confianza en la política y la percepción de agotamiento del aparato estatal han abierto paso a discursos que prometen eficiencia, orden, autoridad y refundación.
En ese contexto comienza a instalarse con fuerza una idea particularmente poderosa: la necesidad de una “Tercera República”.
La expresión posee enorme potencia simbólica. Sugiere ruptura histórica, renovación nacional y superación de un modelo aparentemente agotado. Sin embargo, precisamente por la magnitud de lo que implica, conviene detenerse antes de asumirla como una verdad evidente o un destino inevitable.
Porque una república no es únicamente un aparato administrativo susceptible de rediseñarse según criterios de eficiencia. También es un pacto histórico, social y constitucional construido alrededor de ciertos principios fundamentales.
La Segunda República costarricense no surgió solamente de una reorganización institucional posterior a 1948. Surgió también de una concepción específica de ciudadanía, de Estado y de democracia. De ella nacieron —con todas sus contradicciones y limitaciones— las garantías sociales, la expansión educativa, la consolidación de la seguridad social, el fortalecimiento institucional y una determinada idea de movilidad social y bienestar colectivo.
Eso no significa afirmar que dicho modelo permanezca intacto ni que esté exento de crisis profundas. Sería absurdo negarlo. Costa Rica enfrenta problemas reales de burocratización, desigualdad, mora institucional, inseguridad, deterioro educativo y desconfianza ciudadana. Muchas instituciones requieren revisión, modernización y reforma. La discusión no puede reducirse a una defensa nostálgica del pasado.
Pero justamente por eso resulta necesario formular algunas preguntas incómodas.
¿Existe realmente un consenso nacional sobre la necesidad de inaugurar una “Tercera República”? ¿Conocemos con claridad cuáles serían sus principios fundacionales? ¿Qué elementos del pacto social construido durante décadas se consideran agotados y cuáles deberían preservarse? ¿Qué papel ocuparían los derechos sociales, la seguridad social, la educación pública y los límites al poder dentro de ese nuevo proyecto republicano?
Porque toda refundación implica siempre una selección política e ideológica. Toda transformación profunda redefine ganadores, perdedores, prioridades y formas de ciudadanía.
Y aquí surge un aspecto particularmente delicado. Buena parte de los discursos contemporáneos de reforma estatal se presentan bajo conceptos aparentemente neutros: eficiencia, modernización, gobernanza, productividad, resultados o competitividad. Sin embargo, detrás de esos términos también pueden esconderse procesos de concentración de poder, debilitamiento de controles institucionales, reducción progresiva de capacidades públicas y sustitución de la ciudadanía social por una lógica puramente administrativa o mercantil.
La pregunta de fondo no es si Costa Rica necesita cambios. Probablemente sí los necesita. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿qué tipo de país se está construyendo a través de esos cambios?
En una época marcada por el avance global de liderazgos fuertes, el desgaste de las democracias liberales, la expansión de discursos anti institucionales y el crecimiento de nuevas derechas políticas y culturales, conviene actuar con cautela histórica. Las repúblicas no solo se deterioran por inmovilismo; también pueden erosionarse cuando la promesa de eficacia convierte los límites democráticos en obstáculos y la complejidad institucional en enemiga de la voluntad popular.
Quizá la discusión nacional no debería centrarse únicamente en si queremos o no una “Tercera República”. Tal vez la verdadera discusión consista en preguntarnos qué entendemos por democracia, qué queremos conservar de nuestra tradición republicana y cuáles principios no estamos dispuestos a sacrificar en nombre de la eficiencia o la velocidad política.
Porque reformar una república es relativamente sencillo. Lo difícil es evitar perder, en el proceso, aquello que la hacía digna de ser preservada.
Sin embargo, toda transformación republicana también termina expresándose en el terreno educativo. Toda república forma un determinado tipo de ciudadanía. Ningún modelo de Estado puede sostenerse sin una concepción implícita de ser humano, de libertad y de sociedad. Por eso las discusiones educativas nunca son técnicamente neutrales. Detrás de cada reforma curricular existe siempre una pregunta política más profunda: ¿qué tipo de sujeto necesita el país que se intenta construir?
En los últimos años empieza a consolidarse un discurso que concibe la educación principalmente como herramienta de productividad, capacitación tecnológica y adaptación al mercado laboral. El énfasis en habilidades técnicas, innovación y formación para el trabajo responde, sin duda, a desafíos reales de un mundo atravesado por transformaciones tecnológicas aceleradas. Negar esa necesidad sería irresponsable.
El problema aparece cuando esa visión desplaza progresivamente otras dimensiones fundamentales de la educación democrática. Una sociedad no educa solamente para producir. También educa para comprender críticamente el mundo, deliberar públicamente, convivir con la diferencia, interpretar la realidad histórica y ejercer ciudadanía más allá del consumo o la productividad.
Por eso resulta preocupante el creciente desprecio hacia las humanidades, la teoría educativa, la reflexión pedagógica y la formación crítica, frecuentemente caricaturizadas como “mamotretos teóricos” alejados de la realidad. Reducir la educación a entrenamiento técnico implica empobrecer el horizonte mismo de la democracia.
Las democracias constitucionales no sobreviven únicamente con trabajadores eficientes. Necesitan ciudadanos capaces de pensar, cuestionar, interpretar información, reconocer discursos de poder y participar críticamente en la vida pública.
La pregunta entonces vuelve a aparecer con fuerza: ¿la eventual “Tercera República” busca modernizar el país preservando una ciudadanía democrática integral o está impulsando, consciente o inconscientemente, una transición hacia un modelo de sociedad donde la eficiencia productiva termine desplazando progresivamente la formación humanística y el pensamiento crítico?
Porque toda transformación institucional profunda termina reflejándose también en las aulas. Y quizá sea allí —más que en los discursos políticos— donde realmente se define el tipo de país que una generación heredará a la siguiente.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, UCR nboeglin@gmail.com
El pasado 4 de mayo, iniciaron en La Haya, en la majestuosa sala de audiencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), las audiencias orales en el marco del procedimiento contencioso iniciado por Guyana contra Venezuela.
Cabe recordar que la demanda sobre esta antigua controversia territorial irresuelta heredada del siglo XIX, fue presentada formalmente por Guyana ante la CIJ en el mes de marzo del 2018.
Estas audiencias orales constituyen la última etapa procesal de ambos Estados antes de escuchar la lectura final del fallo sobre el fondo por parte de la CIJ.
El contexto político del 2017-2018 en breve
Esta controversia territorial, como tuvimos la ocasión de señalarlo en el 2018, tiene un fuerte olor a petróleo y es posiblemente la primera vez en toda la historia de la CIJ que una empresa petrolera norteamericana anuncia públicamente asumir los costos de la defensa legal de un Estado en La Haya (Nota 1), estimados en unos 15 millones de US$ para cada uno de los Estados (Nota 2).
Como elemento adicional para entender mejor la fuerte contienda entre el secretario de Estado de Estados Unidos en el 2017 (Rex Tillerson) y las máximas autoridades de Venezuela, hay que añadir el siguiente hecho: Venezuela logró en marzodel 2017 que un tribunal arbitral de apelación anulara parcialmente los términos de una decisión inicial de un tribunal arbitral del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estados) del 2014. Esta última condenaba a Venezuela a pagar más de 14.000 millones de US$ a Exxon Mobil y a sus asociados en Venezuela por las nacionalizaciones ordenadas a partir del 2007 (véase texto del laudo). El texto completo de esta segunda decisión del CIADI, de marzo del 2017, muy pocamente divulgada, está disponible en este enlace. Revisar un monto indemnizatorio por más de 14.000 millones de US$ para ordenar en su lugar el pago de 188 millones merecía, en nuestra opinión, una mayor difusión en medios de prensa y en algunos círculos especializados en materia de arbitraje de inversión; además de un estudio pormenorizado sobre el estado de ánimo de los directivos de Exxon Mobil, cuyo CEO fue designado Secretario de Estado en Estados Unidos en enero del 2017 (y “agradecido” vía un simple tweet presidencial en marzo del 2018: véase nota de la BBC).
Si nuestros estimables lectores ignoraban que un tribunal de apelación del CIADI le había dado razón a Venezuela en marzo del 2017 revisando sustancialmente el monto de 14.000 millones fijados previamente como indemnización a Exxon Mobil, no deben preocuparse: usualmente las decisiones del CIADI desfavorables para el inversionista extranjero pasan casi desapercibidas.
Lo que está en juego para Venezuela y para Guyana
El fuerte olor a petróleo probablemente no logre ingresar del todo en la sala de audiencias de la CIJ en La Haya, debiendo cada una de las partes limitarse a invocar aspectos históricos y jurídicos ante los quince jueces de la CIJ para determinar quién tiene la titularidad sobre una superficie de unos 159.000 kilómetros cuadrados.
Mientras que Guyana ha solicitado en su demanda a la CIJ confirmar la plena validez de un laudo arbitral que data de 1899 (véase texto de dicho laudo), muy favorable a Inglaterra, Venezuela cuestiona la validez de esta decisión arbitral, luego de descubrirse en 1949 un documento confirmando el contubernio existente entre el presidente de aquel tribunal arbitral (un ruso) con los integrantes ingleses y norteamericanos del mismo (Nota 3), y luego de suscribir Guyana y Venezuela en 1966 un acuerdo en Ginebra (véase texto) para buscar una solución acordada entre ambos Estados a esta controversia territorial, heredada de la época colonial.
Darle plena validez (o no) a un despojo territorial a Venezuela revestido de laudo arbitral, negociado entre Estados Unidos e Inglaterra al final del siglo XIX, es lo que se discute desde el 4 de mayo del 2026 en La Haya.
Desde el punto de vista territorial, esta controversia constituye un caso atípico: a diferencia de las numerosas controversias territoriales que han sido llevadas al conocimiento de la CIJ desde su creación en 1945, en juego está una extensión de territorio que multiplicaría por más de dos la actual extensión territorial de Guyana.
Mapa de la denominada «Guayana Esequiba», tal y como se designa en Venezuela, extraído de esta nota de prensa titulada «Venezuela acusa a Guyana de depredar territorio en disputa y robar petróleo, gas y oro», El Carabobeño, en su edición del 15 de enero del 2025
No está de más indicar el carácter bastante insólito en cuanto a la composición del tribunal que dictaminó el laudo en 1899 entre Inglaterra y Venezuela en la historia del arbitraje inter-estatal: un ruso (presidente), dos ingleses y dos norteamericanos. Usualmente, en materia arbitral, si el árbitro es un órgano colegial, los dos Estados designan cada uno a juristas de su nacionalidad para integrarlo.
Mientras que Guyana intentará hacer ver algunas contradicciones dentro del aparato diplomático de Venezuela a lo largo de la historia, así como algunas inconsistencias más recientes observadas en la misma defensa de Venezuela desde el 2019 ante la CIJ, varios documentos adicionales de archivos históricos aportados por Venezuela buscarán posiblemente demonstrar el sesgo del procedimiento arbitral «negociado» entre Estados Unidos e Inglaterra a finales del siglo XIX. Es muy probable que Venezuela haga también ver en estas audiencias del 2026 que documentos en posesión de Estados Unidos y del Reino Unido que datan de finales del siglo XIX persisten en la actualidad en no ser desclasificados.
Las audiencias orales en breve
La larga lista de asesores internacionales contratados para la ocasión por Guyana así como por Venezuela aparece en las primeras páginas de los verbatim de este 4 de mayo (véase verbatim correspondiente a la sesión de la mañana y verbatim correspondiente a la sesión de la tarde, correspondientes ambas a la exposición hecha por Guyana).
En el segundo día de audiencias fue Venezuela la llamada a comparecer (véase verbatim de la sesión de la mañana y verbatim de la tarde).
Durante las audiencias orales, el Estado demandante (Guyana en este caso) es el que presentó inicialmente sus argumentos, seguido luego de la exposición oral de los contra argumentos presentados por el Estado demandado (Venezuela); para concluir con una segunda ronda de alegatos de cada una de las dos partes.
Como lo indica la práctica del litigio internacional ante la CIJ, las audiencias orales, que son públicas, permiten conocer los mejores argumentos de cada una de las partes, usualmente invocados tan solamente en este momento procesal y no antes, al constituir las audiencias orales la última recta de un procedimiento contencioso: en efecto, al cabo de estas audiencias, la CIJ entrará a deliberar y a elaborar su fallo final sobre el fondo.
Para esta contienda, cada una de las partes designó a un juez ad hoc, Guyana optando por un jurista alemán, y Venezuela por un jurista belga, quien fungió durante muchos años (2000-2019) como secretario de la misma CIJ.
Este 8 de mayo, Guyana presentó sus alegatos finales y sus conclusiones y petitoria final (estas últimas disponibles en las páginas 66-67 del verbatim). Se prevé que Venezuela hará lo mismo el 11 de mayo cerrando de esta manera estas audiencias e iniciando la CIJ el «délibéré«.
El historial de decisiones de la CIJ entre Guyana y Venezuela (en muy breve)
Cabe recordar que Guyana presentó su demanda inicial el 29 de marzo del 2018 (véase texto), optando en aquel momento Venezuela por no comparecer ante la CIJ, en señal de rechazo a esta acción unilateral de Guyana, desafiando a su manera la autoridad de la CIJ.
En las audiencias orales realizadas en junio del 2020, únicamente participó la delegación de Guyana (véase verbatim) en presencia del juez ad hoc de Guyana, Venezuela optando por no hacerse presente ni designar a un juez ad hoc. ¿Qué ganó Venezuela? No mucho: tuvimos la ocasión de advertir en su momento de lo improductivo que resulta el optar por la no comparecencia en La Haya, al privarse el mismo Estado de presentar sus contra argumentos a los jueces de la CIJ desde un inicio (Nota 4). En julio del 2020, Venezuela remitió una carta a la CIJ (véase texto) con argumentos que debió presentar en las audiencias a las que optó por no participar.
Como previsible, el 18 de diciembre del 2020, la CIJ se declaró competente para conocer la demanda de Guyana (véase sentencia, en particular el párrafo final operativo 138), completada por una decisión adicional en el 2023 al haber Venezuela presentado de manera tardía una excepción preliminar (véase sentencia del 6 de abril del 2023, en particular el párrafo final operativo 108). Habíamos tenido la oportunidad de analizar el verdadero giro en la estrategia legal de Venezuela, observado en el 2022: véase al respecto la sub-sección “La estrategia escogida por Venezuela y el giro operado en junio del 2022” de una nota nuestra (Nota 5).
Es de notar, con relación a la decisión del 18 diciembre del 2020, que fueron cuatro los integrantes de la CIJ en sostener que la CIJ no debía declararse competente: al respecto sus declaraciones y sus opiniones individuales merecen lectura. Tal y como tuvimos la ocasión de indicarlo al analizar esta decisión y revisar la advertencia lanzada por estos cuatro jueces,
«Siendo el principio del consentimiento previo de los Estados la piedra angular sobre la que ha reposado desde siempre la justicia internacional, estos cuatro jueces advierten, cada uno a su manera, del riesgo que conlleva para la credibilidad de la CIJ el razonamiento seguido por la mayoría de sus colegas en este fallo» (Nota 6).
En una decisión posterior preliminar (ordenanza), la CIJ respondió afirmativamente a una solicitud de medidas provisionales de carácter urgente, interpuesta por Guyana contra Venezuela, al anunciar Venezuela proceder a una consulta popular dentro del territorio en disputa (véase ordenanza del 1ero de diciembre del 2023, en particular el párrafo operativo final 45).
El plazo que separa una demanda de la lectura de una sentencia de la CIJ sobre el fondo
La indecisión inicial de Venezuela, aunada a la presentación tardía de excepciones preliminares de su parte, explica el extenso tiempo que separa estas audiencias orales sobre el fondo (mayo del 2026) de la demanda inicial interpuesta por Guyana (marzo del 2018).
Usualmente, si no hay incidentes procesales de este tipo (presentación de excepciones preliminares, solicitud de medidas provisionales, …), el plazo entre una demanda contenciosa y la lectura de un sentencia sobre el fondo es de unos cuatro años e incluso menos: fue, por ejemplo, el caso de la demanda interpuesta por Costa Rica contra Nicaragua sobre derechos de navegación en el Río San Juan, interpuesta en noviembre del 2005 y resuelta por la CIJ en el mes de julio del 2009 (véase sentencia), de manera muy desfavorable para Costa Rica (Nota 7). De igual manera, la demanda de Costa Rica contra Nicaragua en materia de delimitación marítima presentada en febrero del 2014 fue resuelta en febrero del 2018 (véase sentencia de la CIJ).
En cambio, cuando el Estado demandado recurre a diversos incidentes procesales y además, solicita la intervención de Estados terceros que acceden a intervenir de manera tardía, el plazo se extiende significativamente: fue el caso de la demanda interpuesta en diciembre del 2001 por Nicaragua contra Colombia con relación al sus derechos en el Mar Caribe, resuelta tan solo en el mes de noviembre del 2012 (véase sentencia). Nótese que a raíz de este fallo, Colombia procedió a hacer algo que nunca ningún Estado había hecho: denunciar un emblemático tratado que lleva el nombre de su capital. Al respecto, tuvimos la ocasión de señalar que:
» Ce retrait de la part de la Colombie du Pacte de Bogota ressemble davantage à un coup de tête et à une manœuvre politique pour répondre à la frustration de l´opinion publique colombienne qu´à un acte juridique raisonné et raisonnable. Il serait d´ailleurs souhaitable de comparer cette attitude à d´autres modalités prises par des Etats « à chaud » suite à une décision de la CIJ considérée comme leur étant défavorable (notamment lorsqu´il s´agit d´un Etat puissant au plan militaire ou économique qui voit ses ambitions limitées para une décision de la CIJ à la demande d´un Etat qui l´est beaucoup moins). Au-delà de cet exercice de politique juridique comparée, il sied de noter qu´avec ce retrait, la Colombie devient probablement le premier Etat au monde à dénoncer un traité international portant le nom de sa capitale » (Nota 8).
A modo de conclusión
Esta recta final de este procedimiento contencioso debería permitir a la CIJ pronunciarse sobre una de las últimas controversias territoriales no resueltas en el continente americano, heredada del siglo XIX entre Venezuela e Inglaterra, con una decisión arbitral bastante cuestionable, dictaminada en 1899 en favor de Inglaterra.
Cabe recordar que es precisamente a raíz de esta mala experiencia vivida en 1899 en materia arbitral, y la sensación de haber sido burlada, que Venezuela históricamente se ha mostrado extremadamente reticente y distante con la justicia internacional de La Haya: esta posición explica que, pese a haber firmado el Pacto de Bogotá en 1948, Venezuela nunca lo haya ratificado (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).
Es de notar que la situación de indeterminación entre Guyana y Venezuela sobre la titularidad de esta extensa zona boscosa desde hace tantos años, ha permitido frenar cualquier megaproyecto de inversión y frenar los apetitos de unos y otros por explotar los recursos naturales existentes, resguardando de esta manera la prodigiosa biodiversidad existente y los paisajes naturales de lo que en Venezuela se denomina la “Guayana Esequiba”.
Foto de las cataratas de Kaieteur en el río Potaro, región que en Venezuela se denomina la «Guayana Esequiba». Imagen extraída de esta nota de prensa titulada «El Esequibo, una joya inundada de petróleo que se disputan Venezuela y Guyana», El Clarín, edición del 29/06/2020. Un video sobre estas majestuosas cataratas está también disponible en este enlace.
Es de notar que el 3 de enero del 2026, Venezuela sufrió una agresión militar y el secuestro de su máxima autoridad por parte de Estados Unidos, en abierta violación a las reglas más elementales del ordenamiento jurídico internacional (Nota 9): a la fecha (mayo del 2026), Venezuela no ha considerado oportuno presentar ninguna acción contra Estados Unidos, ni ha propuesto un solo proyecto de resolución en Naciones Unidas a ser votado en la Asamblea General o a discutirse en el Consejo de Seguridad (de manera a exponer a la delegación de Estados Unidos). Una actitud que contrasta singularmente con la de Ucrania, que luego de la agresión militar que inició Rusia en su contra el 24 de febrero del 2022, ha recurrido a los diversos órganos de Naciones Unidas, así como a la CIJ e incluso a la Corte Penal Internacional (CPI); ello sin olvidar de mencionar, más cerca de nosotros, la ejemplar batalla legal que Nicaragua emprendió en La Haya en los años 80 contra Estados Unidos por adiestrar, financiar y asesorar militarmente a fuerzas contra insurgentes desde Costa Rica y Honduras, logrando obtener a su favor una histórica decisión de la CIJ condenando a Estados Unidos (véase sentencia de junio de 1986).
En sus alegatos ante los jueces de La Haya, Venezuela invocó los efectos negativos de la doctrina Monroe del siglo XIX, que explican la forma expedita y sumamente sospechosa con la que el tribunal arbitral resolvió la controversia entre Inglaterra y Venezuela en 1899. Al ser la Venezuela del 2026 víctima de la denominada doctrina Donroe, la referencia hecha no deja de ser llamativa.
Cabe también señalar que estas audiencias orales de este mes de mayo del 2026 fueron precedidas de unas pocas semanas por el 80 aniversario de la CIJ, una fecha pasada prácticamente desapercibida en América Latina y en otras latitudes del mundo, tal y como tuvimos la ocasión de señalarlo en una nota al respecto (Nota 10).
No está de más precisar que, en el marco de la contienda de Irán contra Estados iniciada en el 2018 para recuperar los activos iraníes congelados en bancos norteamericanos, en el 2023, la CIJ le dio la razón a Irán, y, el 25 de febrero del 2026, la CIJ inició la fase de compensación mediante una ordenanza (véase texto en francés y en inglés): tres días después, Estados Unidos e Israel iniciaron su improvisada acción militar contra Irán.
– – Notas – –
Nota 1: Tuvimos la ocasión de señalar en una nota nuestra que: «es de notar que los costos de Guyana en La Haya serán cubiertos por la empresa norteamericana Exxon Mobil (véase nota de prensa del medio guyanés Oilnow). Es probablemente la primera vez en la historia de la CIJ que una empresa privada hace público su intención de sufragar los gastos de defensa en La Haya de un Estado (y que este último consiente a ello). En este caso, las autoridades guyanesas estiman el costo en La Haya en unos 15 millones de US$ (véase nota de prensa y este artículo en el que se hacen interesantes preguntas sobre el monto y los tiempos con los que fue anunciada la contribución de la empresa petrolera). En esta nota oficial del 28 de abril del 2018 de las autoridades de Guyana, se precisa que «Government had announced that some US$15M of the US$18M signing bonus received from ExxonMobil in 2016 will be used as payment for services relative to the ICJ case»«: véase BOEGLIN N., «.La ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con relación a la súbita demanda de Guyana contra Venezuela: apuntes», 2 de julio del 2018. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 2: En el 2018, en Chile se estimó a 24 millones de US$ lo gastado para enfrentar la demanda interpuesta por Bolivia ante la CIJ (véase nota de prensa y esta otra publicada en Bolivia). Por su parte, Colombia, al obtener el retiro de la demanda planteada por Ecuador ante la CIJ por aspersiones químicas aéreas interpuesta en el 2008, optó por depositar a Ecuador en el 2013 la suma de 15 millones de US$ (que incluye, entre otros, los gastos de Ecuador en el procedimiento ante la CIJ – ver punto 9 del acuerdo entre Colombia y Ecuador del 9/09/2013)
Nota 3: Ante los jueces de la CIJ, este 6 de mayo, uno de los asesores legales de Venezuela explicó que: «Le fait est que c’est à partir de ce mémorandum que le Venezuela a considéré qu’il disposait d’une première preuve directe de ce qui n’était jusque-là que rumeurs, à savoir que l’arbitrage de 1899 était une sordide farce. La question de la solidité de cette preuve est indifférente à cet égard mais, et j’y reviendrai, le témoignage de Mallet-Prevost est inattaquable quant aux faits qu’il décrit, comme le professeur Tams l’a déjà démontré» (véase verbatim del 6 de mayo, página 62). Indicó además que «81. N’en déplaise au Guyana, le mémorandum Mallet-Prevost a changé le cours des choses en ouvrant la voie vers la mise à jour d’un ensemble de preuves des malversations dont le Venezuela avait été victime. C’est de là qu’apparut au grand jour la monstruosité de ce prétendu arbitrage. La première preuve, largement confirmée par la suite, était apportée, que le défaut de motivation ne cachait pas des motivations non dites, ce à quoi, dans le doute, l’on aurait pu croire ; non, il n’y avait aucune motivation, la sentence était le fruit d’une extorsion pure et simple d’un président de tribunal avide d’une gloire personnelle qu’il plaçait dans l’obtention, à tout prix, et surtout au détriment de tout fondement juridique, d’une décision unanime attribuant les mines d’or aux Anglais» (páginas 69-70).
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Esequibo: Venezuela anuncia que no participará ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 28 de junio del 2018. Texto integral disponible en este enlace. Tuvimos la oportunidad de analizar la no comparecencia posterior, registrada en La Haya: se trata de la no comparecencia de Rusia ante la demanda interpuesta en su contra por Ucrania en febrero del 2022. Véase al respecto BOEGLIN N., «La fuerza del derecho ante el derecho a la fuerza (el caso de Ucrania y Rusia). A propósito de la no comparecencia de Rusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, Portal de la UCR, 23 de marzo del 2022. Texto disponible aquí. Sobre la no comparecencia de Venezuela en el 2018, véase también WENTKER A., «Venezuela’s Non-Participation Before the ICJ in the Dispute over the Essequibo Region«, EJIL-Talk, 28 de junio del 2018. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 5:: Véase BOEGLIN N., “La Corte Internacional de Justicia (CIJ) adoptó una nueva ordenanza sobre el conflicto territorial entre Guyana y Venezuela”, Portal de la UCR, Sección Voz Experta, 4 de julio del 2022. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Guyana / Venezuela: a propósito de la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que se declara competente«, 18 de diciembre del 2020. Texto integral disponible en este enlace. Las conclusiones de un extenso análisis de esta decisión de la CIJ de diciembre del 2020 publicado en Francia no auguran una resolución definitiva de esta larga controversia territorial entre Guyana y Venezuela: véase GRANDAUBERT V., «L’arrêt sur la compétence de la Cour internationale de Justice du 18 décembre 2020 en l’affaire de la Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 : vers un règlement définitif du différend territorial entre le Guyana et le Venezuela » ?«, Annuaire Français de Droit International (AFDI), Volumen 66 (2020), pp. 357-373, p. 373.
Nota 7: Si se revisan las atribuciones reconocidas a Costa Rica en materia de vigilancia y «guarda» del Río San Juan en el tratado Cañas Jerez de 1858, si se revisa lo que Nicaragua aceptó durante buena parte del siglo XIX y XX en cuanto a la práctica y las modalidades de estas funciones policiales costarricenses en este río fronterizo, y en particular en la época reciente, en el acuerdo Cuadra-Lizano de 1998 (véase texto), el hecho que Costa Rica presentara una demanda contenciosa contra Nicaragua en noviembre del 2005 para escuchar por parte de la CIJ lo que dice el párrafo 156, inciso 2, punto h) e i) (tomados ambos por unanimidad) de la sentencia de julio del 2009 (véase texto), prohibiéndole a Costa Rica cualquier uso policial del Río San Juan … resulta todo menos un éxito para la diplomacia de Costa Rica. En un artículo publicado en noviembre del 2005 en La Nación, nos permitimos advertir sobre la gran experiencia de los «Concejales de la Corona» de Nicaragua en la CIJ en el arte del litigio internacional, quienes ridiculizaron a Estados Unidos (1986) y se disponían a poner en su lugar a Honduras y a Colombia en el Mar Caribe, tal y como ocurrió (en sentencias del 2007 y del 2012 respectivamente): al parecer esta advertencia bastante tempranera no causó mayor interés dentro del aparato diplomático costarricense y estos mismos «Concejales de la Corona» de Nicaragua hicieron lo suyo con las pretensiones de Costa Rica en materia policial. Acatada esta sentencia de la CIJ del 13 de julio del 2009 bastante desfavorable para los intereses costarricenses, Costa Rica evidenciaría enormes dificultades logísticas pocos meses después, en el 2010, para vigilar correctamente lo que ocurre en su frontera con Nicaragua.
Nota 8: Véase BOEGLIN N., «Le retrait du Pacte de Bogota par la Colombie«, texto publicado por el OPALC (Sciences Po, Paris), diciembre del 2012. Texto integral disponible en este enlace. En el 2013, el presidente de Colombia arremetió nuevamente contra la sentencia de la CIJ, con una verborrea y una gestual corporal evidenciando su profunda exasperación como jefe de Estado. Véase al respecto BOEGLIN N.,»La décision de la Colombie de déclarer « non applicable » l´arrêt de la CIJ : brèves réflexions«, SFDI, Bulletin Sentinelle, 2013. Texto disponible en este enlace.
Nota 9: Véase BOEGLIN N., «Estados Unidos / Venezuela: las diversas reacciones oficiales registradas en América Latina ante primera la intervención militar norteamericana en América Latina del siglo XXI«, 3 de enero del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 10: Véase BOEGLIN N., «Los 80 años de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya: algunas reflexiones«, 23 de abril del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
En su magnánimo discurso al asumir el mando del país por cuatro años, la hoy presidenta de Costa Rica Laura Fernández dejó en claro que el estilo, el tono y la narrativa escuchados en los últimos cuatro años, serán la base de ese “continuismo para el cambio”, como ella lacónicamente lo llama.
Le endosó al pasado el lastre de la debacle institucional, pero nada dijo de la crisis y erosión en el sistema democrático y el ataque sistemático a los poderes de la República, que se instaló en el país durante la administración Chaves Robles.
Habló de la corrupción y sin embargo se olvida que en el gobierno del cual ella fue parte, se produjeron muchos casos que llegaron a cuestionar incluso penalmente, al hoy exmandatario. Su nombramiento como super ministro con dos carteras en esta administración, sólo confirma la piel de teflón de la que goza el expresidente en materia jurídica.
Dijo que ella misma era la mano dura frente al crimen y el narcotráfico.Habló en lenguaje populista sobre la megacarcel y al parecer cometió un error de cálculo sobre los días penitenciarios, acerca de los cuales firmó uno de sus primeros decretos.
Pero olvidó mencionar que justamente durante la administración 2022-2026 se han producido los índices de homicidios más altos en la historia republicana. Ella es la mano que le mece la cuna al crimen que ha dicho combatir.
Así un discurso marcado por un tono confrontativo. Pero a estas alturas el tono es lo de menos.La retórica que en algunos casos la hizo gritar casi hasta el ceño fruncido, pasa a segundo plano.
Lo que debe preocupar no es la forma, sino algunas cosas de fondo.Hay varias para escoger. No necesariamente están en su discurso y por eso me quedo con la simbólica sociocultural que es donde se librará la lucha en los próximos años: la fe, un pueblo confundido en su denominación de origen, un peligroso tufo fascista y xenófobico campeando por las vacías gradas de un deslucido Estadio Nacional.
Revisando las publicaciones en redes sociales de mis contactos, me encontré con una que me llamó la atención por la alerta semiótica que me produjo. Mi querida Dunia Espinoza Esquivel compartió un mosaico de imágenes captadas en el acto por Glorianna Ximendaz (así su identidad en Instagram).
Lo que allí se observa debe ser objeto de análisis de contenido, de discurso y de estrategia política. No son simples actos reflejos ni fotos del “color del pueblo un día de fiesta”.
Refieren a algo más denso, más peligroso, más real.
Los abucheos a la institucionalidad, las groseras omisiones a nombrar representantes de instituciones presentes y el constante llamado a hacer frente común a lo que se hace llamar “los malos”, son la base concreta de una práctica discursiva que se mantendrá, si por la víspera se saca el día, durante esta administración entrante.
Es urgente una contra narrativa basada en la colectividad honesta y amplia que a lo mejor se ha apertrechado en sus miedos. Para mi gusto, las universidades debemos acompañar ese proceso de amplio espectro.
Uno que defina una mirada (ahí sí clara y orientadora) y no aquella miope y peligrosa que pareciera “haberse despertado” en los ojos de una muy peligrosa figura construida.
Resumen y recreación de lo expuesto por el autor en la Mesa Redonda: Las Tribus del Odio-Odio contra la Justicia. Evento realizado en el Centro de Cultura de España (El Farolito), 6 de mayo de 2026.
1. El concepto
El sentimiento de odio es una pasión humana dirigida a destruir a la persona que enfrenta, identificada como enemiga, de manera simbólica o material. El insulto, la mentira, la manipulación, la deshumanización, la agresión y el exterminio son los medios más frecuentes para alcanzar ese objetivo.
2. La causa
La raíz del odio contra la democracia liberal se debe a que este régimen político ha defraudado a muchísima gente. Hay malestar y resentimiento por las promesas incumplidas, por la mayor desigualdad e inequidad, por la mayor discriminación y pobreza; por no poderse acceder a derechos fundamentales o a los servicios públicos básicos; por no soportarse más la corrupción de políticos coludidos con grandes empresarios.
En el caso del Poder Judicial, a los problemas crónicos como el retardo en el trámite de expedientes o la mala calidad técnica del servicio, se ha unido la renuencia de la cúpula (Corte Suprema) a realizar las reformas urgentes de fondo (separación de gobierno/administración de la función jurisdiccional; despolitización de nombramientos; uniformidad en carrera, escala de puestos y salarios, régimen disciplinario). La desconexión de esa misma cúpula con las necesidades de los usuarios del sistema y la falta de transparencia para rendir cuentas, completan un panorama difícil de defender.
3. El efecto
Emerge como vendaval el populismo demagógico; el “mesías” que promete llevarnos a la tierra que mana leche y miel – tan explícitamente que él mismo se ha comparado con Moisés, Juanito Mora y don Pepe Figueres- ; el mismo “guía” o “conductor” que levanta la nueva promesa; el que convence a importantes mayorías; el que ya no representa sino que encarna al pueblo, su voluntad y aspiraciones. Por supuesto, es quien proclama que “Dios está de su lado” para lo cual cuenta con pastores y sacerdotes dispuestos a manipular la buena fe de la gente. Su ignorancia en casi todos los temas, sin embargo, le impide ver que este camino ya lo trazó, paso a paso, un tal Adolfo Hitler en momentos y con consecuencias trágicas para la humanidad.
La tarea demoledora hasta ahora ha resultado sencilla, aunque de la reconstrucción se dice poco y se hace menos. No se va más allá de las consignas: acabar con la corrupción (lo que suena a estas alturas cínico, dadas las decenas de denuncias penales bajo investigación); resucitar la “mano dura” (estrategia fracasada en todo tiempo y todas partes); impulsar una “tercera república” (cuyo contenido nunca lo hemos conocido). Lo evidente es la ambición por acabar con las instituciones, ocupar o remover los órganos de control, concentrar todos los poderes en su persona, y estar en condiciones de hacer lo que le dé su santa gana. En resumen, cambiar la democracia por la dictadura.
4. El método
Hay una estrategia política que tiene dos propósitos: (a) ocultar la incapacidad –ya manifiesta, porque han gobernado por 4 años sin poder exhibir nada relevante-, y (b) esconder la inexistencia de una visión del país a mediano o largo plazo.
Este pasado 8 de mayo hemos alcanzado la cúspide de la ola. A partir de este momento ya no vale echar la culpa a otros, decir que no los han dejado gobernar, mentir para no reconocer ineptitudes y errores. Todos las y los oportunistas, viejos militantes de tiendas tradicionales –empezando por la propia presidenta-, se han subido al barco ganador. Es gente sin escrúpulos ni principios. Lo único que les ha movido son sus propias carreras políticas y las migajas de poder que puedan recoger del suelo. Con la misma facilidad con la que se han subido a bordo, no dudarán en tirarse de cabeza al agua cuando las primeras fisuras de la nave se abran. Si creen que las genuflexiones y reverencias los ponen a salvo, ignoran que el autócrata no tiene amigos ni conoce de lealtades, en el momento que haga falta los tirará por la borda.
5. Odio contra instituciones de control democrático
Hay una estrategia de sobrevivencia. Al mejor estilo nazi-fascista, el delirio embelesador de las masas se sostiene con una retórica incendiaria y un aparato mentiroso de propaganda y manipulación bien aceitado. En este plano, el objetivo es identificar enemigos, deshumanizarlos y en cualquier caso inocular odio en su contra. También se trata de negar méritos ajenos y exagerar, cuando no inventar, logros propios.
No podemos olvidar el itinerario de las campañas de descalificación y odio contra los mecanismos e instancias de control, propios del sistema democrático y su Estado de Derecho. Aquí menciono sólo algunos de los ejemplos más relevantes:
a. Primero fue la denuncia en ciertos medios de prensa, en plena campaña política del 2021-2022, de la condena por abusos y acoso sexual contra el candidato Chaves Robles en el Banco Mundial. De ahí se derivó lo de “prensa canalla” y la burda venganza contra La Nación por el Parque Viva, una vez asumido el gobierno.
b. Primero se dieron las denuncias por manejos presuntamente irregulares e ilícitos en esa misma campaña, así como la declaratoria de inviabilidad del referéndum para la llamada Ley Jaguar. Ante las decisiones ineludibles del Tribunal Supremo de Elecciones, vino la andanada de descalificaciones, insultos y calumnias contra esta institución y sus jerarcas, sembrando incluso dudas sobre su integridad y objetividad.
c. Primero fue la presentación chapucera e ilegal de los proyectos de “Ciudad Gobierno” y la marina de Limón, que no pasaron el examen fundado de la Contraloría, y después vino la andanada de improperios y humillaciones dirigidos contra la señora Contralora y la institución a su cargo.
d. Primero fueron las denuncias penales interpuestas contra Chaves y algunos de sus ministros y asesores por supuestos delitos contra la probidad en la gestión pública y, ante la obligada intervención del Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, no se hizo esperar la avalancha de improperios, infundios, descalificaciones y calumnias contra esas instituciones y sus jerarcas.
e. También fue primero el rechazo de los rectores al intento de desfinanciar la educación pública superior a propósito de la negociación del FEES, y después los ataques personales y los intentos por denigrar al entonces rector de la UCR.
En fin, se dieron cronológicamente con anterioridad las conductas indebidas e inaceptables en la gestión de Chaves Robles; actuaciones arbitrarias, ineficaces y hasta presuntamente ilícitas, y luego se activaron, por obligación de la Constitución y las leyes, los mecanismos de control propios de un Estado de Derecho. Sólo en la mente de “El Señor Presidente”, de “Yo, el Supremo” y de “El Tirano Banderas”, existieron las conspiraciones de sus enemigos, las motivaciones políticas espurias y las estrategias de persecución.
6. Lo peor: de los dichos a los hechos
No conviene repetir aquí la lista interminable de insultos que han salido de boca de Chaves Robles contra personas que lo critican o lo controlan. No conviene caer en la tentación de rebajar el debate público a una guerra de descalificaciones, ni es políticamente acertado quedarse en ese nivel, mientras los grandes problemas nacionales siguen sin resolverse.
Pero debemos dejar constancia de una preocupación mayor, relacionada con el hecho de que la agresividad, las amenazas y el odio verbal han ido más allá, para transformarse en reales atentados a las libertades y derechos de las personas. Y lo que resulta más grave aún: para consumar esos atentados, se ha hecho uso de las instituciones públicas. Estoy seguro que muchos hechos se me quedan por fuera:
a. Utilización de Tributación Directa. La acusación falsa de que un empresario de la comunicación opositor al gobierno (L. Baruch), había perpetrado una enorme evasión fiscal, escándalo originado en rencillas personales y venganzas por críticas hechas al gobierno.
b. Utilización del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). En plena campaña electoral del 2026 se aprovechó la manifestación, por lo demás legítima, de la hija del candidato Álvaro Ramos, para allanar, aislar, interrogar y amedrentar a esa persona menor de edad y a su familia.
c. Utilización de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS). Contra diputaciones de la Asamblea Legislativa, mediante la ejecución de seguimientos ilegales, se dejaron mensajes implícitos de amenaza y control
d. Presiones desde Casa Presidencial para dejar sin trabajo al esposo de la ex ministra de Comunicación del propio Chaves, cuando ésta denunció supuestos actos de corrupción en casos específicos.
e. Propaganda desde la misma Casa Presidencial señalando y burlándose de las decisiones de una Jueza de Ejecución de la Pena, identificándosela con nombres, apellidos y lugar de residencia, y acusándola de tomar decisiones complacientes con los delincuentes y el crimen organizado. La señora jueza terminó siendo víctima de una agresión brutal (Tentativa de Homicidio) por parte de un sujeto fanatizado.
f. Utilización de la Embajada Trumpista en el país para cancelar o denegar visas a los Estados Unidos de América, contra, ¡Oh, casualidad! diputaciones, magistraturas, dueños de medios de comunicación, identificados como opositores al gobierno.
No sé si los costarricenses estamos midiendo la gravedad de estas actuaciones, lo cerca que estamos de dejar de ser un Estado de Derecho y sumirnos en uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Los que se arrastran solícitos no son los únicos responsables. También lo son quienes vuelven a ver para otro lado, y los que simplemente guardan silencio, por cálculo o cobardía.
Utilizamos cookies y tecnologías similares para mejorar su experiencia en nuestro sitio web.
