El viernes, 20 de marzo, extraditaron hacia Estados Unidos a los dos primeros costarricenses, Celso Gamboa y a Edwin López, acusados de narcotráfico, después de la reforma constitucional que levantó la norma que lo impedía, vigente hasta el año pasado.
Costa Rica dejó de ser un paraíso para el crimen organizado, dijo algún periódico, citando a políticos nacionales. Temprano ese día, en la prensa, se podía ver la foto de los dos en manos de los agentes de la DEA norteamericana, con sus uniformes anaranjados, listos para subirse al avión que los llevaría hacia Texas.
La foto no me dejó indiferente. Decía muchas cosas. Era, para mí, la foto del Estado costarricense abdicando de una de sus funciones básicas: la de administrar justicia. Lo hacía de una manera denigrante, entregando, en territorio nacional, a dos ciudadanos a una potencia extranjera. Una que –desde luego– no entrega a un ciudadano suyo –ni el más criminal– a ningún Estado extranjero. Tampoco entrega a criminales extranjeros que han encontrado asilo allá, a tribunales nacionales que los demandan. Los hay muchos y con grandes crímenes a sus espaldas. Ya veremos si con esa medida, se logrará algún avance de la justicia. Los antecedentes nos dicen que no.
Ya volveremos sobre el tema. Por ahora, quisiera destacar dos cosas, que este caso evidencia: una es el circo para las masas, el tipo de cobertura periodística, la explotación de la tragedia humana.
La otra es que, lejos de la aplicación de la justicia, la solicitud de extradición será una poderosa herramienta política aplicada según los intereses de Washington. ¿O alguien piensa que eso funciona, allá, de forma ajena a los intereses políticos?
Cualquier persona medianamente informada sabe que la extradición de nacionales tiene poca o ninguna repercusión en el combate al narcotráfico
Costa Rica dejó de ser un paraíso para el crimen organizado, decía un medio nacional, citando a políticos locales. Atribuía la frase a Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) en la Asamblea Legislativa. No dudo que tal personaje pueda decir algo así. Pero hay que pensar un poco. No es fácil, cuando estallan los petardos, cuando todo es circo y fiesta. No es fácil, ¡pero hay que intentarlo!
Lo primero es la afirmación de que Costa Rica “es un paraíso para el crimen organizado”. ¿Es así? Si es así, ¿a quién debemos responsabilizar por lo que tenga de cierto esa afirmación (que no lo tiene, desde mi punto de vista, de una forma tan generalizada)? ¿Nada que ver con su partido (que ha gobernado tantos años el país), con su fracción parlamentaria?
Cualquier persona medianamente informada sabe que la extradición de nacionales tiene poca –o ninguna– repercusión en el combate al narcotráfico. Sobre el tema, véase la situación de México o Colombia. O, de algún modo, la situación misma de Estados Unidos, principal mercado de la droga, del lavado de dinero, donde el crimen organizado se ha movido siempre con cierta comodidad. ¿O no?
El desarrollo y la implantación del crimen organizado en nuestros países –Estados Unidos incluido– tienen muchas razones. Pero un modelo de desarrollo cada vez más excluyente –en Costa Rica, basado en la implantación de zonas francas, cuyas consecuencias sobre el creciente desempleo, sobre todo de jóvenes, y sobre el déficit fiscal son bien conocidas, estimulado por la privatización de los servicios públicos– no es uno de los factores menos importantes. Un modelo que el país viene promoviendo desde hace más de 40 años, incluyendo el gobierno actual.
Así las cosas, la extradición de nacionales seguirá siendo un circo y una herramienta política en manos de Estados Unidos, pero no un instrumento eficaz de lucha contra el crimen organizado.
¿Se ha preguntado alguien, algún medio de prensa, por qué, si la extradición de nacionales es un instrumento tan importante para el logro de la justicia, ningún otro país ha mostrado interés en su aplicación? En realidad, es una medida con destinatario cierto: Washington. Aunque no falte quienes, aquí, alaban la medida como un instrumento de la “justicia internacional”. ¿Internacional? ¡No! De los intereses norteamericanos.
La irresponsabilidad, el no cumplir con la obligación de juzgar a los delincuentes.
La imagen de los dos costarricense en manos de los agentes de la DEA en el aeropuerto internacional de San José desnudó la renuncia de un Estado de cumplir con una de sus funciones básicas, como ya lo señalamos.
La extradición de nacionales acusados en Estados Unidos responde a intereses políticos, como quedó en evidencia con el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y con la anunciada investigación, por parte del FBI, contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Me parece que la de los costarricenses no está del todo alejada de esos intereses políticos. Celso Gamboa, como sabemos, tiene un alto perfil político en el país.
La reforma constitucional que permitió esa extradición fue aprobada el año pasado por unanimidad por la Asamblea Legislativa. Ni un solo diputado, hombre o mujer, dijo algo en contra.
Para mí, es un ejemplo de la falencia de un sistema político, de la pérdida del sentido de responsabilidad, de renuncia a un compromiso con lo nacional, una degradación que el gobierno de Rodrigo Chaves representa, expresada con cinismo en una declaración donde, esta semana, anunció la suspensión de relaciones diplomáticas con Cuba, hecha en el marco de las amenazas del gobierno norteamericano de que asumirá el control del gobierno de ese país.
No sorprende, en todo caso, la posición del gobierno y de la cancillería. No han dado muestras de independencia alguna en sus cuatro años, que se terminan ahora el 1 de mayo, ni han aportado nada a la necesaria reflexión sobre el lugar de América Latina en la reconfiguración del orden internacional que está actualmente en desarrollo.
Las consecuencias políticas
¿Cómo extrañarse entonces de que, en ese marco de renuncia de las atribuciones y capacidades del Estado, resurjan propuestas como la de dolarizar la economía, como ya hicieron en América Latina Panamá, Ecuador y El Salvador, aliados más cercanos de Washington?
Es la ruta trazada por una política neoliberal en la que las funciones del Estado de integración social, de respuesta a las necesidades de los que más lo necesitan, van perdiendo su carácter, para concentrarse en los intereses de una minoría.
Un modelo que, en Estados Unidos, ha concedido ventajas fiscales que han disparado la concentración de la riqueza, como nos recordaba un notable reportaje del NYT, publicado el pasado 9 de marzo. “El surgimiento de decenas de nuevos multimillonarios se produjo inmediatamente después de los recortes de impuestos de 2017 impulsados por Trump al comienzo de su primer mandato”, afirman. El resultado es que hoy el 1% más rico del país “controla 55,8 billones de dólares en activos, más que el PIB de Estados Unidos y China juntos”.
Creo que muchos de los que dispusieron la entrega de ciudadanos nacionales a la justicia norteamericana, los que sueñan con dolarizar la economía, no pueden imaginar destino más feliz que transformarnos en otra estrella de la bandera de los Estados Unidos. No puedo disociar la imagen de dos ciudadanos costarricenses (no diré una palabra sobre sus calidades), entregados a funcionarios de la DEA en territorio nacional, con ese desorden político en el país, con la vergonzosa unanimidad con que la medida se aprobó en la Asamblea Legislativa, con la necesidad de reivindicar las funciones de un Estado Nacional que promueva la indispensable solidaridad social, que asuma sus funciones indelegables, como la de juzgar a sus ciudadanos que deban ser juzgados, sin pretender hacernos creer que delegando esas funciones a otras naciones avanzará la justicia y avanzaremos nosotros, como nación. Será todo lo contrario.
Recién se plantea la necesidad de volver a reunir en una sola elección la escogencia de presidente, vicepresidentes, diputados y las autoridades municipales o cantonales.
Las elecciones cantonales se habían separado desde el año 1998, proceso que se enriqueció con reformas electorales posteriores en las cuales se introdujo el vicealcalde, y estas elecciones empezaron a realizarse dos años después de las nacionales.
El propósito fue darles un papel más relevante a las elecciones municipales, de manera que no se pusieran de furgón de cola de las nacionales. Igualmente, para que las comunidades pudieran poner más atención en sus gobiernos locales y fortalecer con ello la democracia nacional, el sufragio y la participación política ciudadana.
En la realidad esto no funciona de esa manera. Los partidos nacionales no fortalecen sus estructuras partidarias a nivel cantonal. Si los partidos políticos nacionales existen en la práctica solo para las elecciones nacionales, menos existen para impulsar organización provincial o cantonal.
En general, prácticamente, la totalidad de los partidos políticos nacionales carecen de figuras políticas representativas de sus partidos, que sean reconocidas en esa escala nacional. Presidentes y secretarios generales de los partidos políticos solo existen para la formalidad legal de la existencia de los partidos.
En Costa Rica no hay vida política partidaria, puesto que los partidos políticos y por ende sus dirigentes, no existen en la realidad, no están en la discusión de temas nacionales, políticos, económicos o sociales, por citar ejemplos. Los partidos políticos no se pronuncian sobre los principales problemas del país, ni hacen propuestas importantes sobre estos problemas o sobre la agenda política nacional, que es indefinible. Los periódicos no tienen a los partidos políticos, a sus dirigentes, como actores destacados de la vida política nacional.
Los diputados de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa generalmente hablan e intervienen a título personal. Aun cuando actúan como fracción representativa de un determinado partido político, excepcionalmente en sus discursos e intervenciones lo hacen a nombre de su partido, representando a su partido, destacando que lo que dicen es la posición de su partido político. Esto sucede también porque los diputados desde su elección forman casa aparte de su partido, no coordinan ni hablan como voceros parlamentarios de las direcciones políticas de sus partidos, porque estas direcciones, o comités políticos nacionales, en la realidad no desempeñan ningún papel, y los partidos con diputados terminan existiendo porque esos diputados existen. Y, sucede porque no hay disciplina partidaria de ejecutar o apoyas líneas de partido. En la próxima fracción parlamentaria de gobierno, Nogui Acosta, su futuro jefe, ha señalado esta necesidad con sus 31 diputados.
En la realidad los diputados “dirigen”, por su existencia y debates, a los partidos, que son como la cola de un animal dirigiendo a la cabeza de ese animal. La expresión más clara de esto son los mismos procesos electorales nacionales cuando partidos que tienen diputados se llevan enormes palizas como acaba de suceder con los partidos que están actualmente en la Asamblea Legislativa, como fueron el de Fabricio Alvarado, el de Eli Feinzaig o la misma Unidad Social Cristiana. Fabricio y Eli eran el partido mismo. Ni siquiera tenían ni tienen un local político del partido abierto. Sus locales eran sus oficinas en la Asamblea Legislativa. Así no se construyen partidos políticos.
La crisis de la Unidad Social Cristiana fue impactante para sus resultados. Sin dirección política ese partido, sin disciplina partidaria, sus diputados eran como una gatería callejera, era como arriar gatos por la avenida central, todo el mundo por su lado y algunos de sus diputados claramente identificados con el presidente Rodrigo Chaves, y hasta aspirantes presidenciales del presidente Chaves en ese partido.
Solo los diputados del Frente Amplio tienen más claro su papel partidario. Actúan disciplinadamente a nombre de su partido, aunque carezcan de una organización partidaria nacional que les impide tener una mayor representación parlamentaria. El éxito que tuvieron en esta elección se debió al excelente papel que ha tenido toda la fracción legislativa del Frente Amplio, que se ganó un legítimo reconocimiento nacional y a sus próximos diputados electos, que despertaban igual confianza, dos de ellos con experiencia parlamentaria, y los otros con muy buena formación para ese desempeño. Su débil nivel partidario organizativo lo muestran especialmente en las elecciones municipales que ha habido con participación de ellos en algunos de esos cantones.
Así las cosas, los partidos actuales con representación parlamentaria no tienen significado organizativo real en los cantones. Existen en el ideario colectivo nacional, político y electoral, en tanto existen en la Asamblea Legislativa. Su escenario principal es la Asamblea Legislativa.
Los diputados, que son electos por las provincias, tienen un carácter nacional, lo que permite que ciudadanos de una provincia, residentes en una ciudad o pueblo de una provincia, puedan ser candidatos a diputados por otra provincia, lo que evidencia la carencia de liderazgos reales provinciales y por ello también municipales o cantonales, y exhiben así las debilidades partidarias.
Siendo los diputados electos por el pueblo, solo el pueblo electoral que los eligió podría destituirlos. No hay otra manera. Por eso, cuando diputados disienten de los partidos, o de sus fracciones parlamentarias, y renuncian a ellas, no pueden ser despedidos por esos partidos que representan o por los que fueron electos. Este es un problema que enfrentan todos los partidos con los diputados que bajo sus banderas son electos y deciden hacer casa aparte, para llamarse “diputados independientes”. Es clara la amenaza o advertencia que ha hecho el presidente Chaves de “comprar” diputados de los otros partidos para lograr tener sus 38 votos legislativos.
Si no hay vida partidaria cantonal menos la hay a nivel provincial. Los niveles reales de elección son el nacional, que cubre a todo el país para la elección de presidente y vicepresidentes, y las municipales porque en ellas se eligen personas para constituir órganos de poder, el nacional y el municipal, para integrar el gobierno nacional y los gobiernos municipales, que son como pequeñas repúblicas.
Pues bien. La separación de las elecciones desde 1998 fue para fortalecer estas pequeñas repúblicas. Los alcaldes y los vicealcaldes son como el vicepresidente y los vicepresidentes y los consejos municipales son como el equivalente de la Asamblea Legislativa. Los alcaldes y vicealcaldes no tienen, como si lo tiene el presidente de la República, un consejo de ministros de rango municipal.
Si al presidente, a los vicepresidentes y a los ministros no se les permite actuar o identificarse en sus actos con el partido que los nominó para esos puestos, a los miembros de los Consejo Municipales no se les impide identificarse con los partidos que los eligieron. Tienen la posibilidad de actuar directamente como miembros de sus partidos como lo pueden hacer los diputados, que no tienen impedimento legal para actuar políticamente identificados con sus partidos.
A principios de este siglo fui invitado por el Partido Comunista de Portugal para asistir a su Congreso Nacional. Cuando llegué a Lisboa me sorprendió ver toda la capital embanderada con la Bandera Roja del Partido Comunista de Portugal, y mi sorpresa creció cuando entendí que el alcalde y el gobierno de la capital eran del Partido Comunista, y era natural y aceptable ver ese despliegue publicitario para el evento de la realización del Congreso del Partido.
Cuando recuerdo aquel evento pienso en qué sucedería, o qué tipo de escándalo se haría, si la municipalidad de un cantón y su alcalde embanderaran, en Costa Rica, una ciudad o un pueblo porque allí se va a realizar un congreso político del partido que gobierna mayoritariamente ese Cantón o Municipalidad.
Aquí, lo más probable, por el primitivismo político que vivimos, es que se provocaría un gran escándalo político y acusaciones de diverso tipo contra los integrantes de esa Alcaldía o Municipalidad. Para que esto se pueda aceptar se necesita cultura política, cultura ciudadana, cultura cívica, respeto por las actividades políticas de los partidos, pero sobre todo respeto por la democracia y la participación política.
La participación política, hoy pilar constitucional de nuestra democracia, es de papel, es simbólica, es solo para el texto constitucional. El referéndum y el plebiscito, claves de esta participación democrática, solo existen en la legislación como una expectativa de derecho político electoral. En la práctica chocan con el mismo Tribunal Supremo de Elecciones y con la misma Sala Constitucional, que no favorecen la convocatoria de estos instrumentos de poder político ciudadano.
Si la separación de las elecciones municipales de las nacionales fue para fortalecer los gobiernos locales, y no se ha logrado, es una falla institucional política y electoral. La culpa mayor la tienen los mismos partidos políticos. Si ambas elecciones se separaron fue para darle el realce que merece cada una de ellas.
Hoy se apunta que la separación debilitó las elecciones nacionales, y a los partidos grandes, por lo que deben reunirse nuevamente.
Las elecciones que acaban de pasar fue una gran lección política para los partidos tradicionales, para todos los que han electo diputados ahora y en el pasado, de derrota política de esos partidos. Derrota que no dependía del vínculo de ambas elecciones, si no del esfuerzo político que hay que realizar para construir partidos políticos estables, permanentes, nacionales, provinciales o cantonales, con vida política intensa.
Las elecciones que acaban de pasar las ganó “el chavismo político” que se manifestó como una corriente “de aliento”, “de aire fresco” frente a los restantes partidos políticos, frente a los partidos históricos que han gobernado y han tenido representaciones parlamentarias. No las ganó “literalmente” Laura Fernández, las ganó Rodrigo Chaves quien impulsó a Laura Fernández, quien lo representa y quien lo defiende en obra de gobierno y quien se compromete a continuar con sus políticas, y a luchar por reformar la Constitución para que él pueda seguir gobernando en el 2030. Si no se entiende esto, no se comprende el gobierno que viene, ni tampoco se ha valorado correctamente el momento político que vivimos. No es un problema de nuevos partidos o “partidos taxis”.
El Partido Pueblo Soberano es un nuevo partido. Se organizó para las pasados elecciones. No sé si va a desaparecer o no en los próximos meses.
Si Rodrigo Chaves en el próximo gobierno, o fuera de él, quiere volver a participar en la vida política, necesita crear un partido político o aprovechar el que llevó a Laura Fernández a la Presidencia. Tiene que convertirse en dirigente de ese partido o aprovechar el peso y proyección que tuvo en el territorio nacional para lograr el holgado triunfo que obtuvo. Que Laura Fernández diga que se retira de ese partido todavía no le pone la tarjeta de defunción. Ni tiene ninguna importancia que diga que se retiró, salvo que lo quiera meter en un sarcófago, para impulsar un nuevo partido para la III Republica que quieren proponer. Figueres en 1948 no tenía partido político. El Partido Liberación Nacional surgió en 1951, hacia las elecciones de 1953, usando el nombre “Liberación Nacional”, del ejército que constituyó Figueres para la guerra civil de marzo y abril de 1948.
Ese partido, Pueblo Soberano, con lo débil orgánicamente que pueda ser, fue el partido que ganó las elecciones y es el partido “propio” que se formó para ganar la elección. Pueblo Soberano más que un partido fue una corriente política, el “chavismo”. Ese es un insumo que lo pueden aprovechar. Habrá que ver cómo se desempeñará Laura en ejercicio de la Presidencia, especialmente en el campo de la comunicación pública. Me parece que mantendrá el estilo de Chaves, que lo va a tener cerquita, con mesas de prensa los miércoles o cualquier otro día, ¿o dos días por semana?, haciendo giras en la periferia del Valle Central, en todos los cantones que ganaron y especialmente volcándose en Cartago, que fue la provincia que perdieron. Y, también habrá que ver a Chaves fuera de la presidencia, o en el Ministerio de la Presidencia. ¿Habrá chavismo, laurismo, o fernandismo, a partir del 8 de mayo?
El partido Progreso Social Democrático que eligió a Rodrigo Chaves no era partido propio de Rodrigo Chaves. Fue literalmente el partido taxi que le permitió llegar a Zapote, que montado en él lo apropió sin poderlo escriturar a su nombre. Por ello tuvieron que crear otro partido, Pueblo Soberano, que pareciera ser del “·chavismo”, de los “jaguares”, concepto que se ha debilitado como símbolo.
La reforma que se pretende, de volver a unir las elecciones nacionales y cantonales, es un grave error político. Tan solo hay que ver estas elecciones que acaban de pasar, y todas las municipales anteriores.
Cuando Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana eran fuertes y eran partidos gobernantes, con mayorías parlamentarias, ganaban mayorías cantonales. Cuando separaron las elecciones de alcaldes para el mismo año que se hacían las presidenciales, el partido de gobierno ganaba la mayoría de las cantonales. Eso funcionó hasta las elecciones de Laura Chinchilla. A partir de los gobiernos del Partido Acción Ciudadana ya no funcionó, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, y partidos cantonales empezaron a emerger con éxito. Si estos pequeños partidos exitosos perdieron y se debilitaron en parte fue por su mala praxis política cantonal, y en parte también porque muchos de esos alcaldes venían de esos partidos tradicionales repitiendo sus vicios, mañas y malas prácticas políticas.
El reto para los partidos políticos que existen hoy, y para los que sobrevivieron las elecciones pasadas, sin tener representación parlamentaria, es enfrentar las próximas elecciones municipales, en febrero del 2028. Si los partidos políticos y sus grupos dirigentes no han entendido lo que pasó el 1 de febrero, van a ser barridos en las elecciones municipales del primer domingo de febrero de 2028.
Es muy difícil que se pueda cambiar la legislación para volver a integrar ambas elecciones en una sola.
Lo que valdría la pena es cambiar la legislación electoral para modificar el sistema de elección de presidente y de diputados. Así, el primer domingo de febrero del 2030 se elija al presidente de la República siguiente y, el primer domingo de abril se elijan los diputados de la Asamblea Legislativa. Ambas fechas ya están en el calendario de la patria electoral. Esto crearía las condiciones para que la elección de diputados sea más viva, sobre el resultado de quien ganare la elección presidencial en febrero. El peso se daría en ver si se dan más diputados al ganador de febrero, para una mejor gestión de gobierno, o se dan más diputados a la oposición para una mayor gestión de control político legislativo. De esa manera también se resuelve la participación de muchos partidos políticos en las elecciones nacionales y de legislativas.
Si se quisieran unir las elecciones nacionales y las municipales, ese también sería el momento de escoger las autoridades municipales o cantonales. Si hubiera necesidad de una segunda vuelta electoral porque en la primera no se logró el 40% de los votos, en la vuelta de abril se haría el paquete completo, elección entre los dos finalistas, la elección de los diputados y si fuera del caso la de las autoridades cantonales. Las elecciones municipales son por su naturaleza multipartidistas, porque cada cantón tiene una elección separada, como ya se hace y se tiene experiencia.
A estas reformas hay que añadir la de garantizar el presupuesto electoral público para todos los partidos políticos que participen en las elecciones independientemente de si sacan el 4% de los votos o de si eligen un diputado. Si esto se garantizara se podría prohibir todo tipo de donación directa a los partidos políticos. Nadie tendría que poner un cinco, ni nadie haría fortunas con el financiamiento público a los partidos políticos. Esto lo explicaré en otros artículos.
Esto mejoraría la gestión de gobierno y la vida democrática nacional.
Las palabras del presidente Rodrigo Chaves sobre Cuba no dejan espacio para la ambigüedad.
No solo rompió relaciones diplomáticas. Dijo que no reconoce la legitimidad del gobierno cubano, que “hay que limpiar el hemisferio de comunistas” y que “los americanos dicen enough is enough”. Con eso basta.
Porque ya no estamos ante una política exterior basada en derechos humanos. Estamos ante una toma de posición ideológica… y geopolítica.
Cuando un presidente habla en esos términos, la pregunta no es Cuba. La pregunta es Costa Rica.
¿Desde cuándo nuestra política exterior se formula en sintonía con el lenguaje de la Casa Blanca? ¿Desde cuándo “defender derechos humanos” significa repetir la lógica de confrontación de una potencia?
Porque mientras se rompe con Cuba, no se rompen relaciones con quienes bloquean, sancionan, intervienen o imponen condiciones a otros países. Entonces no es un tema de derechos. Es un tema de a quién se le aplican. Y eso tiene nombre: doble moral.
Costa Rica ha sido —al menos en su mejor tradición— un país de paz, de diálogo, de multilateralismo, de respeto a la autodeterminación de los pueblos.
Hoy, en cambio, escuchamos un discurso que no dialoga: confronta. Que no media: se alinea. Que no construye puentes: los rompe. Y lo más grave es que no parece ser un hecho aislado. El propio presidente ha dicho que esta línea será continuada por la próxima administración de Laura Fernández.
Entonces la pregunta ya no es diplomática. Es política. ¿Vamos a seguir siendo un país que decide desde sus principios o uno que ajusta su voz al poder de turno? Porque cuando la política exterior pierde su voz propia, la soberanía no se pierde de golpe. Se cede… frase por frase.
UNA Comunica. La lista es extensa y los desafíos también, pero lo cierto es que el futuro hacia un modelo de desarrollo “equilibrado, resiliente y equitativo” en el país pasará por la toma de decisiones estratégicas en materia económica y social, que deberá adoptar la administración de Laura Fernández para el periodo presidencial que arrancará el 8 de mayo.
El Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) revisó cuáles desafíos económicos enfrentará la próxima administración y enlistó propuestas de políticas públicas que podrían implementarse.
La realidad económica del país se basa en un sector de empresas en zona franca (régimen especial) que crece de manera acelerada, frente a un régimen definitivo (el resto de las empresas) que no crece a la misma velocidad. De 2019 a 2025 el crecimiento del régimen especial fue de un 116.8%, frente a un 14.6% del resto del parque empresarial en el país.
Ante ello, se propone profundizar los encadenamientos productivos entre compañías de zona franca y proveedores locales y modernizar y brindar más apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes). También, diversificar la oferta exportadora, dar más atención a los territorios para disminuir las desigualdades y modernizar al sector agrícola, al tiempo que se fomenten las exportaciones de industrias ubicadas fuera del valle central.
2.Desdolarizar y transparentar la política monetaria
Una de las palancas que más mueve la economía es el acceso al crédito. Sin embargo, esto ocurre cuando las decisiones de política monetaria son consecuentes con la realidad del entorno. El OES determinó que en vivienda, consumo, servicios y turismo, las Tasas de Política Monetaria (TPM) del Banco Central de Costa Rica (BCCR) no siempre se trasladan a las tasas de interés que cobran las entidades financieras por ese tipo de préstamos.
Mientras que la TPM se redujo 2,75 puntos porcentuales (p.p.) de enero de 2024 a febrero de 2026, la Tasa Básica Pasiva (que sirve para promediar las tasas de interés por préstamos en entidades financieras) solo bajó un 1,54 p.p. en ese lapso. Al respecto, se propone una mayor competencia en el sistema financiero y mejorar la transparencia en tasas de interés desagregadas por tipo de crédito, moneda e institución. Asimismo, avanzar hacia una “desdolarización” que incentive el ahorro y el crédito en colones.
3.Fortalecer red de cuido y bajar la informalidad laboral femenina
En cuestión de una década, Costa Rica redujo en un 5.4% la tasa neta de participación laboral femenina. Cerrar la brecha existente requiere que el gobierno expanda la red de cuido tanto para la primera infancia como para las personas adultas mayores y dependientes.
El desafío contempla además el desarrollo de políticas de empleo con enfoque de género, incentivar la formalización laboral de las mujeres, promover el acceso al crédito, el emprendimiento y los puestos de liderazgo, así como modalidades de trabajo flexibles. De parte del OES se reiteró la oposición a las jornadas laborales de 12 horas diarias (jornadas 4×3), al catalogarse como una regresión en derechos laborales.
4.Revisar regla fiscal y aumentar ingresos
“La coyuntura fiscal de Costa Rica en el 2025 muestra avances en la contención del gasto y una ligera mejora en el déficit fiscal, pero también evidencia problemas estructurales en la recaudación tributaria y en el nivel de endeudamiento público”, señala el informe del Observatorio en el apartado de sostenibilidad fiscal.
Ante este diagnóstico, la ruta a tomar, de acuerdo con los académicos de la UNA, pasa por fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado, sustituir los ingresos provenientes del impuesto a los combustibles que tiende a bajar, aplicar medidas que reduzcan el pago de intereses de deuda y revisar el diseño de la regla fiscal actual, para que empate la estabilidad fiscal del país con la necesidad de financiamiento a programas sociales e infraestructura.
5.Modernizar el transporte público
En cada administración siempre se habla de la necesidad de modernizar el transporte público. Pero los datos confirman la necesidad de apuntar con más precisión hacia esa meta. Mientras que la cantidad de personas movilizadas se redujo en un 42.2% entre el 2018 y el 2025 (de acuerdo con el Programa Estado de la Nación), la cantidad de automóviles creció en un 62.1% entre 2013 y 2025.
Renovar la flotilla de buses que utilicen tecnologías limpias, establecer un subsidio al transporte público, mejorar la gobernanza del sector, promover la intermodalidad (con ciclovías y terminales de buses en centros urbanos) y concretar el proyecto del tren eléctrico metropolitano, son parte de las soluciones propuestas.
6.Tren de carga y atención de rutas esenciales
Costa Rica enfrenta un rezago en su infraestructura vial y portuaria, lo que le resta competitividad frente a otros actores. Por ello, la ampliación del puerto de Caldera debe ser una prioridad en el próximo gobierno, además de la concreción del tren de carga, que conecte los principales centros productivos con los puertos del Caribe y el Pacífico.
El mismo impulso debería otorgársele al proyecto de ampliación de la ruta 27 (San José-Caldera) y de la construcción de túneles falsos sobre la ruta 32 (San José-Limón) ante los altos costos recurrentes producto del cierre de esta vía por las condiciones climáticas.
7.Fortalecer pensiones y la inserción laboral
Este gobierno debe proyectar, en sus políticas públicas, que de cara al 2050, la población de 60 años o más representará el 32.5% del total.
El acelerado crecimiento demográfico de las personas adultas mayores requiere atender la sostenibilidad del sistema de pensiones. Además, se debe promover la inserción laboral en personas mayores de 55 años, desarrollar un sistema universal de cuidados que integre servicios públicos, privados y comunitarios e incorporar el impacto del cambio demográfico en la planificación fiscal a largo plazo.
8.La educación y la necesidad de aumentar la inversión pública
La inversión en educación como porcentaje del producto interno bruto (PIB) ha caído desde un 7.2% de 2015 hasta un 5.24% el año anterior. En términos nominales, aunque el presupuesto a educación aumentó un 24% en ese periodo, al descontar el efecto de la inflación, el crecimiento real fue de solo un 4%.
Los desafíos requieren ampliar la inversión pública en educación y aprovechar el cambio demográfico (para aumentar la inversión por estudiante y mejorar la calidad educativa). También, fortalecer los aprendizajes básicos, la educación técnica, la actualización laboral y fortalecer la articulación entre el sistema educativo y el sector productivo.
9.Afectar la rentabilidad del crimen organizado
La semana pasada, una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó el país hizo el vínculo entre seguridad y economía, al advertir que un agravamiento de la criminalidad puede afectar el turismo, al inversión y el comercio.
En un país que en los últimos tres años ha roto los récord de asesinatos, la OES sugiere focalizar territorialmente la política de seguridad, golpear la rentabilidad de los grupos criminales a través de incautación de activos y trazabilidad patrimonial e impulsar programas de prevención, sobre todo en la población joven del país.
“Atender estos desafíos requiere una agenda de política económica integral que combine estabilidad macroeconómica con inversiones estratégicas en capital humano, infraestructura y capacidades productivas. Esto implica impulsar reformas graduales pero sostenidas que fortalezcan la competitividad del país, amplíen la participación y anticipen los cambios tecnológicos y demográficos que marcarán las próximas décadas”, señala el informe elaborado por los académicos Roxana Morales (coordinadora del OES), Fernando Rodríguez y Javier Rodríguez.
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Lo ocurrido con India no es un simple episodio comercial, es una radiografía brutal de cómo opera el poder imperial: presiona, impone, y cuando le conviene… cambia las reglas sin ningún pudor.
En el gran tablero del ajedrez mundial, hay jugadas que parecen maestras y otras que terminan siendo lecciones extremadamente costosas. India acaba de aprender una de las más duras, en la geopolítica, el que duda, paga. Como dice el viejo refrán, el que pestañea, pierde.
India cedió parcialmente ante Washington, redujo compras de petróleo a Rusia y buscó acomodarse, pero terminó atrapada en una crisis energética y dependiendo otra vez de Rusia, ahora en peores condiciones y sin los beneficios que antes tenía antes de ceder ante los yanquis.
Y mientras tanto, Estados Unidos giró su política porque creyó que la agresión criminal que perpetró con el sionismo de Israel contra Irán sería muy fácil y rápida. De nuevo, ante la crisis generada, permitió nuevamente a India esas compras, pero bajo sus términos y por tiempo limitado.
India disfrutaba de una posición envidiable. Mientras el mundo sufría por los precios del crudo, lograba comprar petróleo ruso con descuentos históricos. Era el negocio del siglo. India, socio del BRICS, parecía tener lo mejor de ambos mundos… hasta que sonó el teléfono en Washington, le dio órdenes que servilmente obedeció.
Cuando India regresó a tocar la puerta de Rusia, la respuesta fue fría: «Venderemos, pero ahora a precios de mercado y sin los descuentos anteriores». Rusia no perdona la falta de lealtad en momentos críticos. El «amigo» que se fue bajo presión de los yanquis, ahora regresa como un cliente desesperado.
La lección es clara, en la geopolítica imperialista no hay “aliados”, hay intereses. Y quien renuncia a su soberanía para obedecer, termina pagando más caro.
EEUU no solo actúa como potencia dominante, sino como un actor que desestabiliza y luego se presenta como árbitro. Y sus “socios” que aceptan ese juego, tarde o temprano descubren que en ese tablero no son jugadores… son piezas reemplazables. Lo han vivido títeres de EEUU en el mundo entero, pero también en Costa Rica, así que Chaveto, ya sabes, Laura, ya sabes, el pueblo costarricense no tiene por qué sufrir las consecuencias de su incapacitada, sumisión y corrupción.
Quien se arrodilla ante el imperialismo, no gana favores… pierde dignidad, pierde ventajas y termina perdiendo siempre.
Hace más de veinte años, a quien pasara a altas horas de la noche frente al edificio de la Corte Suprema le era dado ver, invariablemente, una luz encendida en lo alto. Era la luz de la oficina del presidente don Fernando Coto Albán, un juez que durante su vida padeció hambre y sed de Justicia, y contribuyó decisivamente a que la Justicia fuera augusta y venerada en Costa Rica.
Apegados a la esencia de su ministerio, jueces como él, o como don Ulises Odio, se cuidaron de comprometer al Poder Judicial en convenios o acciones conjuntas con los otros poderes; porque tenían muy claro que la función de todo juez se concreta nada menos que en juzgar con equidad e imparcialidad los conflictos pendientes entre las personas (con mayor razón si entre estas personas están los miembros de los Supremos Poderes u otros altos funcionarios); y que era vital para la Democracia hacer respetar la sagrada investidura del juez, manteniendo entre éste y los representantes de los poderes fácticos y políticos la distancia suficiente que le permitiera, si el caso se daba, aplicarles el rigor de la ley.
Así debe ser, y por ello es preciso que la Corte, como órgano y cabeza de la Judicatura, vuelva a sentir hoy aquella hambre y aquella sed de Justicia, y recupere esa distancia crítica frente a la voracidad y el frenesí de los poderes; porque la Justicia es, por esencia, un contra-poder social: es la afirmación incondicional de lo justo frente a todo cálculo oportunista y utilitario de algunos.
Porque, en efecto, la mejor política judicial es la que conduce a una justicia independiente, docta e imparcial para todos. Y en ese contexto, es razonable pensar que el buen gobierno de un País requiere jueces cuya actuación recta y oportuna, sumada a otros factores, contribuya a propiciar “un buen clima de negocios”, siempre que se trate de negocios honestos, equitativos y respetuosos de la legalidad; pero esto sólo se puede lograr instaurando un sistema en el que la independencia de cada juez esté asegurada institucionalmente; y no, como da a entender cínicamente un diputado, eligiendo magistrados domesticados, obsecuentes y sometidos a la voluntad y a las políticas entreguistas de un gobierno neoliberal.
Ese diputado y muchas otras personas tienen la idea de que el Judicial es un Poder de rango inferior a los otros, con el peregrino argumento de que la elección de los miembros de la Corte no proviene de las urnas. Pero ¿no se percatan estos señores de que su argumento contradice la Constitución, cuyo artículo 9 confiere el mismo rango a los tres Poderes?
El sistema costarricense de Justicia debe ser guiado por el camino de la dignidad y la independencia; y a ello contribuirá decisivamente un presidente de la Corte cuyo desempeño anterior como Juez y Magistrado constituya una clara y firme garantía de responsabilidad, buen criterio jurídico, firmes convicciones y, sobre todo, de no sometimiento frente al Gobierno, frente a la Asamblea Legislativa, frente a las cúpulas políticas y financieras. Un presidente de la Corte no necesita ser amigo ni tener afinidades con los otros Poderes; y no someterse a ellos tampoco significa que sea su enemigo. Para mantener unas relaciones respetuosas con dichos poderes basta con que sustente ideas y convicciones realistas y claras acerca del papel y el rango de la Justicia dentro del Estado costarricense del Siglo XXI, y las exponga con lealtad y firmeza.
Por lo dicho, y sin que ello signifique demérito alguno para los otros Magistrados de la Corte, muchos de los cuales me honran con su amistad, la persona que, en mi modesto criterio, muy por encima de los cálculos mezquinos y las arteras componendas de los politicastros, reúne las mejores condiciones para presidir la marcha de la Judicatura costarricense en los años venideros, es el juez don Fernando Cruz Castro.
Nota de SURCOS: Este texto fue escrito y publicado por don Walter hace 13 años; lo publicamos hoy a solicitud del autor en homenaje a quien, «contra viento y marea, ha mantenido su independencia y su dignidad en el cumplimiento de su sagrada misión».
Queda cada vez más claro el camino militarista, autoritario, despótico que impulsa el gobierno de Rodrigo Chaves Robles. Preguntado el presidente por un periodista mexicano sobre su deseo de volver a ser presidente, contestó de manera directa que no tenía interés de ser presidente, pero sí tenía interés de ser Gobernante.
Tal vez parezca que no hay diferencia en los conceptos presidente y Gobernante, porque usualmente se usan como sinónimos de la persona que ejerce la presidencia del Poder Ejecutivo.
Un presidente es un funcionario público, que en la tradición política y democrática costarricense es electo por un período de cuatro años.
El presidente tiene la máxima autoridad del Estado y del gobierno nacional. En términos generales representa la unidad nacional. Es en cierta forma un símbolo nacional. Preside las sesiones o reuniones del Consejo de Gobierno, que se integra con todos los ministros del gobierno escogidos por el presidente, una función que es única y propia de él.
El presidente cumple las funciones constitucionales, legales, administrativas y políticas, que le están señaladas para el desarrollo de sus funciones y para la toma de decisiones estratégicas sobre el desarrollo nacional. El presidente es el dirigente político nacional de mayor relevancia en el país.
En la Costa Rica de la Segunda República, 1948-2026, el presidente puede reelegirse dejando pasar ocho años después de que ha ejercido ese alto cargo político.
El actual presidente desearía poder reelegirse indefinidamente, o al menos dejando pasar un plazo de cuatro años. Es decir, aspira volver a ser presidente en el 2030, para lo cual tendría que modificarse la Constitución Política, para poder reelegirse a los cuatro años de haber dejado la presidencia, y no a los ocho años. Esto lo intentará en el gobierno de Laura Fernández, que inicia el 8 de mayo, con la nueva Asamblea Legislativa, que le da una mayoría holgada de 31 diputados, que le facilita, con las alianzas y acuerdos legislativos adecuados, las posibilidades de reformar la Constitución Política en este sentido.
Un Gobernante es quien manda con su autoridad. Manda quien ordena, quien delega, quien dispone y dirige de conformidad a su real entender y saber. Manda quien considera súbditos a los receptores de sus órdenes. Manda quien impone con su autoridad su voluntad. Manda quien domina y quien es obedecido, quien impone sus normas, órdenes, directrices, indicaciones obligando a la sumisión y disciplina de acatamiento de lo dictado, como sucedió cuando la Ministra de Ciencia y Tecnología, frente al Presidente, manifestó que respetaba un fallo judicial, y el presidente la interrumpió e increpó de inmediato, en vivo, a todo color, frente a las cámaras de televisión, diciéndole que él no respetaba a la Corte, ni los fallos judiciales, aunque tuviera que acatarlos. Además, le dijo a la ministra que ella tenía que proceder igual que él…y la ministra quedó ni chus ni mus, sin decir palabra o, ni oste ni moste, es decir callada en todo…popularmente, calladita más bonita, mejor en silencio que dar una opinión que nadie le pidió.
Al gobernante se le considera el líder o la máxima autoridad o cabeza de un Estado, que de manera soberana ejerce las funciones de representación del Estado y del Gobierno. El gobernante es el jefe, es quien gobierna de manera tiránica, con poder absoluto. Esto fue lo que quiso decir el presidente Rodrigo Chaves al periodista mexicano. Que le interesaba gobernar con poder absoluto, no sometido a límites y controles establecidos por la Constitución Política o por las Leyes nacionales que controlan y limitan el ejercicio administrativo del gobierno y de las acciones públicas. La presidenta Laura Fernández también se ha quejado de que tiene que acatar lo que la legislación nacional le permite hacer, enfatizando que ese es el problema para gobernar, señalando que quisiera gobernar sin esas limitaciones.
Es claro que la próxima presidenta, Laura Fernández, quien asumirá el 8 de mayo la Jefatura del Poder Ejecutivo, está totalmente identificada, por lo menos hasta ahora, con los deseos y aspiraciones del Presidente Rodrigo Chaves, y que procurará impulsar las reformas de ley para facilitar la reelección de Chaves en el 2030, lo que podría alterarse si la reforma constitucional llegare a aprobarse, facilitando la reelección consecutiva, donde la misma Laura podría verse ella misma en la posibilidad de reelegirse en el 2030.
Por ahora este tema es como apretar un jabón, nadie sabe para dónde sale. Son arenas movedizas las que se están tratando de caminar.
El gobierno autoritario, despótico, tiránico, requiere, necesita un aparato de seguridad militar fuerte, tenebroso, temible, como decía Maquiavelo, “mejor temido que amado”. Por ello el actual gobierno ha venido en estos cuatro años preparando toda la estructura institucional es esa dirección. Ha impuesto, desde su tribuna de los miércoles, el terror reverencial del presidente. Ha hecho cambios importantes en los mandos de la Seguridad Pública, fortaleciendo las lealtades hacia el presidente Rodrigo Chaves, ha creado unidades policial militares, que solo le reportan a él.
El ministro de Seguridad y su viceministro más importante han desarrollado unidades militares especiales en este sentido, como los cuerpos de la SS y SA que tenía Hitler, en este caso para la investigación y control ciudadano. Fortalecen la actuación militarista de la policía, lo que se observa en el trato público que tiene ese cuerpo institucional al abordar huelgas o protestas, al actuar contra ciudadanos, y al desarrollar prácticas de maltratos y quizá torturas que se dan con detenidos, como se han hecho públicos algunos sucesos de este tipo, que pareciera que son para ir acostumbrando a la población a ese tipo de detenciones y actuaciones.
Igualmente, han debilitado las instancias militares y policiales existentes en el país encargadas de la persecución del narco tráfico y sus redes organizativas, aunque tengan un discurso de fortalecimiento y de persecución del narco tráfico. Han debilitado los controles administrativos del Estado encargados de vigilar el tráfico de drogas, su negocio y sus actividades comerciales en general. Costa Rica se ha convertido en la bodega más importante de receptación y movimiento de drogas del Caribe. De aquí se envían constantemente, sin importantes controles nacionales, las drogas a los principales puertos de Europa, de Medio Oriente, sin descuidar otras regiones o países receptores de estos envíos. En Europa, y esos países, constantemente las policías especializadas en esas aduanas de esos países capturan, y dan testimonio de los envíos que les llegan de Costa Rica.
No casualmente al Estado costarricense se le considera un narco estado. Esto significa que las instituciones públicas legítimas, el gobierno, la policía o la Fuerza Pública, en sus diversos componentes, el sistema judicial están influidos, y en algunas situaciones contralados por narco organizaciones, lo que permite actuar a sus actores con bastante impunidad, convirtiéndose de esta manera el Estado, en su órgano más importante, el Gobierno, en facilitador del narcotráfico, como sucede en el país con el narco comercio y narco tráfico internacional y nacional.
El narco estado también se da cuando el tráfico de drogas influye para determinar funciones del propio estado, para alimentar los mecanismos de alta corrupción en la administración pública y la violencia en la vida ciudadana, el control de regiones urbanas y rurales por parte de pandillas, grupos o clanes narco delincuentes y grupos criminales, que imponen controles de coerción y de violencia sobre las personas, cobros de peajes en calles de barrios, la violencia generada por préstamos gota a gota que amenaza la seguridad ciudadana.
El narco estado se manifiesta en la flexibilidad o facilidad para el lavado de dinero y la inversión de dineros movidos por la narco actividad en áreas importantes de las de la vida económica nacional, así como en el tráfico de armas. En algunos países el narco estado produce la inestabilidad política, lo que todavía no se da en Costa Rica.
Costa Rica se ha convertido en el país que, en términos absolutos de gasto al consumidor, es el de mayor nivel de consumo de los hogares de toda Centroamérica, que fue de $56 millones en el año 2024 y que ronda los $60 millones de dólares en el año 2025.
Estados Unidos se lleva el récord mundial de país consumidor, de uso y abuso de drogas, de mayor mortalidad por estas drogas. Es el país con el mayor tráfico de cocaína y marihuana o cannabis, así como de la sustancia sintética conocida como fentanilo o metanfetaminas.
Las drogas sintéticas son hoy más baratas, más potentes, con mayor efecto devastador. En Estados Unidos muchos Estados de la Unión América permiten el cultivo de la marihuana, además de que se ha establecido una autorización para su uso personal recreativo. En Costa Rica hace tiempo se dispuso ese uso y la cantidad de droga que puede portar un ciudadano si es para su uso personal, como es el caso de la marihuana, que no cae del cielo como si fuera maná.
El narcotráfico ha sido utilizado por países, como Estados Unidos para financiar grupos armados organizados, por sus agencias policiales y militares, como la CIA o la DEA, de acuerdo a sus intereses geopolíticos o estratégicos, para desestabilizar, ofrecer resistencia y lucha militar a Estados y Gobiernos legítimamente constituidos, que Estados Unidos rechaza especialmente por su definición política o ideológica o por sus vínculos internacionales.
Actualmente así actúa y presiona contra aquellos países de América Latina que tienen relaciones políticas fuertes o comerciales con Rusia, China, Irán y Cuba, dentro de su perspectiva hegemónica de control mundial que impulsa el presidente Donald Trump. En Costa Rica el actual gobierno y el presidente se han comportado como felpudos de estas políticas y decisiones que le han sido impuestas por Estados Unidos de manera directa, clara y pública, especialmente en lo que corresponde a las relaciones con la República Popular China.
En la década de 1980 fue pública, notoria y escandalosa la actividad en este sentido, en aquellos años, con el llamado escándalo Irán Contras, con el cual Estados Unidos suministraba droga a los grupos contra revolucionarios de Nicaragua y en Centroamérica para que la comercializaran, y con ello, financiaran sus actividades contra el gobierno sandinista de aquellos años.
En 1985 Embajador estadounidense se reunió, por separado, con los candidatos presidenciales más importantes del momento, Oscar Arias y Rafael Ángel Calderón para negociar el mantenimiento de las bases militares que tenían funcionando de hecho en la región fronteriza con Nicaragua, asociadas a las luchas contra revolucionarias y del tráfico de drogas. Oscar Arias fue contundente. Le manifestó que si él ganaba las elecciones de febrero de 1986, como resultó ganador, el 8 de mayo esas bases debían estar fuera de Costa Rica, como también sucedió. El presidente Arias, hay que reconocérselo se le plantó a Ronald Reagan con altivez, decoro y dignidad nacional. No casualmente pudo impulsar su plan y negociaciones para poner fin a las guerras en Centroamérica, que merecidamente, como el mismo Fidel Castro se lo reconoció, por ello le dieron el Premio Nobel.
La lucha contra las drogas, hoy, le ha permitido a Estados Unidos elaborar una narrativa contra gobiernos que no son de su simpatía, en una perspectiva de replanteamiento de su vieja Doctrina Monroe, de 1823, puesta en el escenario actual como un control total de los países que se identifiquen o identifican con la política exterior de los Estados Unidos. Esa narrativa es la de calificar a los grupos narcotraficantes y narco productores como organizaciones terroristas, y como tal objeto de lucha del Ejército de los Estados Unidos, dándose la libertad de actuar unilateralmente. Contra gobiernos, presidentes y gobernantes que así también los califique y actuar contra ellos, como hizo contra el presidente Nicolás Maduro el 3 de enero pasado, desatando una acción militar, una pequeña guerra, contra ese país y secuestrando al presidente Maduro, pocos días después de estar haciendo prácticas de tiro al blanco, con misiles, y ajusticiamientos y ejecuciones contra pescadores, sin que hubiera podido demostrar públicamente que en sus lanchas traficaban drogas. Sencillamente los eliminaban, no los detenían para capturarles la droga e imponer, de esa manera, el terror de sus actuaciones.
En este sentido los Estados Unidos impulsa alianzas estratégicas y tácticas de actuación en el plano internacional, como la Junta de la Paz, o en el continente, como lo ha hecho el pasado 4 y 5 de febrero, el presidente Donald Trump con las reuniones, de esos días, en Miami, de los Ejércitos de 17 de los 34 países de América Latina, con este propósito, de poder actuar con el Ejército de los Estados Unidos allí donde al presidente Trump se le ocurra y justifique en su lucha contra las drogas, o en su lucha contra la presencia de Irán, Rusia, China y Cuba en el continente.
Curiosamente a esa mini reunión de representantes de mini ejércitos, en las cabezas de los ministros de Defensa, no invitaron a participar a los grandes países de América Latina, México, Colombia y Brasil, que ellos solos constituyen casi el 70 % de toda la población de América Latina, además de ser países conocidos por vivir situaciones de narcotráfico, narco delincuencias, narco producción y de organizaciones altamente desarrolladas en esos negocios. Sencillamente no lo invitaron a participar, porque a Trump no le interesa esa lucha con ellos presentes en ese organismo que ha creado, donde el gobierna y manda, y los ministros y presidentes de esas pequeñas naciones obedecen. La DEA, la CIA y otras dependencias militares actúan en todos los países de América Latina, donde hay casi 30 bases militares, que no llevan a cabo luchas de ninguna clase contra ese crimen organizado.
Sencillamente Trump ha creado círculo de pequeños países alrededor de Cuba, Nicaragua, México, Colombia donde quiere actuar como lo hizo con Venezuela. Por eso no invitaron a Venezuela, qué la tienen intervenida como si fuera un Protectorado neocolonial, a Nicaragua que la tienen marcada y especialmente a Cuba, que le llevan ganas. Pero, Cuba no es Venezuela, ni La Habana es Caracas. México le acaba de dar una lección de control de la lucha contra las drogas a Trump. Y, Costa Rica representada en esa Junta de Trump, de militarotes de los ministros de Defensa, reunidos y jefeados por el secretario de Guerra, como ahora se llama el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Óigase y léase bien: Departamento de Guerra, para hacer guerras, no para negociar la paz ni buscar la paz. El negocio es la guerra y el control de territorios que esas guerras produzcan.
Desde hace muchos años los Estados Unidos ha firmado pactos y tratados, incluso con Costa Rida, para el patrullaje marítimo de ambas costas, para el control de drogas. El control marítimo de Costa Rida se hace con el de Centroamérica. En la práctica no ha servido casi para nada en ese propósito.
La reunión de los militarotes en Miami, entre ellos el flamante ministro de Seguridad de Costa Rica, con Trump, fue solo la pantalla. Por la Declaración firmada por todos esos representantes militares, pareciera que la reunión fue pura lámpara. Las firmas no se recogieron en la sesión final, sino que hicieron en días separados, como si ya estuvieran cocinadas. Así, unas son firmadas el 4-3 (suponemos el 4 de marzo), otras el 3-4 (podría ser 3 de abril).
Pero, la que destaca más es la del ministro de Seguridad de Costa Rica, que con mucha seguridad estampó su firma el “4-6-26” (queda claro que es el 4 de junio del 2026, no podría interpretarse que es el 6 de abril del 2026, ni podría ser pieza testimonial de que los días 4 y 5 de marzo estaba atendido por Trump, en Mar a Lago y no en Doral, ¿o es lo mismo?
En la interpretación extrema de ambas fechas no calza con la realización de la reunión de Miami los días 4 y 5 de marzo. ¿Dónde estaba volando Mario Zamora? ¿Estaba en su sano juicio, proyectado, volado, extasiado en el 6 de junio, como si Laura Fernández lo hubiese nombrado ministro y en esa fecha hubiera rubricado ese documentazo para “Promover la Paz a través de la Fortaleza, para hacer frente a futuras amenazas a nuestros intereses mutuos” y “unirnos a una coalición para combatir el narco terrorismo y otras amenazas compartidas que enfrenta el hemisferio occidental”?
Como el emblemático ministro de Seguridad firmó el 6 de junio, es claro que esa firma no tiene ningún valor real, formal, institucional. Si acaso tendrá valor sentimental. Oficial ninguna. No tiene validez. No puede comprometernos como país. Sería horroroso que le alteren la fecha, para hacerla calzar con la reunión del 4 y 5 de marzo, o que lo lleven a pasear de nuevo a Doral, Mar a Lago o al Pentágono para que refirme el documento o le ponga un “otro sí”.
Está claro, por lo demás, que Costa Rica por su disposición constitucional, Artículo 12, abolió el ejército no puede participar activamente en organismos militares, constituidos por ejércitos para por la “Fuerza” “promover la Paz”.
De la Declaración firmada por esos militares pareciera que enterraron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que tiene la Fuerza Interamericana de Paz, que es el organismo político militar de la Organización de Estados Americanos, que usó 42000 soldados estadounidenses y 25 guardias civiles de Costa Rica en la invasión de República Dominicana en 1965, que no se puso del lado de Argentina en la Guerra de las Malvinas, en 1982, cuando los Estados Unidos se prestó de aliado con Inglaterra para la ocupación inglesa de esas islas, ni hizo nada contra Estados Unidos cuando invadió la pequeña isla de Granada en el Caribe sur, en 1983
La Declaración del Escudo de las Américas, como también se le llama a esa coalición militar, también deja sin efecto al Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA, que ya es un organismo bastante inoperante, del que Costa Rica es miembro observador.
Lo que no se puede tirar por la borda el flamante ministro, de Inseguridad Nacional, es la Sentencia de la Sala IV del 2004 cuando obligó al presidente Abel Pacheco a retirar la firma que había puesto de apoyo y solidaridad con Estados Unidos para la guerra que desarrolló en Irak. Fue clara la Sala IV al manifestar que Costa Rica por haber abolido el ejército de manera permanente no podemos participar en organismos ni coaliciones de carácter militar, que participen en guerras.
Para ello, Trump ha desarrollado un nuevo concepto de hacer guerras justificadas por razones políticas y geopolíticas guardando sus intereses. Ha modificado su lucha contra el narcotráfico bajo la perspectiva de la lucha contra las organizaciones narcoterroristas como las llama, y las coloca en la órbita de la lucha militar, de los ejércitos sin fronteras. La lucha contra las drogas para él es una tarea del ejército. En ninguna parte del mundo esa es una tarea militar, del ejército de los países. Esa es una tarea encomendada a cuerpos policiales altamente especializados.
La incorporación de Costa Rica en la Coalición militar de Trump, en la perspectiva de hacer guerras por doquier, con el impulso que trata de darle a su nueva Organización Mundial, sustitutiva de la ONU, nos lleva a la militarización del país, a la ocupación militar de Costa Rica, a la posibilidad de entregar el territorio nacional para construir emplazamientos militares y bases militares que no contribuirán en nada al desarrollo económico, social, político y democrático del país. Solo facilitará el desarrollo de tendencias militaristas en el país, la posibilidad de desarrollar de nuevo el ejército y de disminuir más los gastos públicos en educación, salud, vivienda, cultura, ciencia y tecnología.
La “firmita” del ministro Zamora es un compromiso de muerte para el país, para la democracia nacional y para la paz social que se ha construido y vivido en Costa Rica, prácticamente desde el siglo XIX, desde 1869 cuando empezó a fortalecerse más la educación y la salud pública.
La firmita del ministro Zamora, de ahora o de junio, es el camino al autoritarismo, al militarismo y al gorilismo rampante en el país.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
El ataque coordinado por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán del pasado 28 de febrero del 2026, constituye un nuevo episodio que viene a desestabilizar a la ya convulsa región de Oriente Medio y al mundo en general, con consecuencias imprevisibles de muy diversa índole.
En estos 18 días de intensa confrontación con Irán, los daños han sido cuantiosos en Irán, pero también lo han sido en Israel y en varias otras partes de Oriente Medio. Evaluarlos y cuantificarlos de manera precisa por parte de cada Estado afectado por explosiones en su territorio, permitirá tener una idea del costo de esta atrevida decisión que tomaron Estados Unidos e Israel sin mayor consulta.
Estos primeros 18 días no pueden sino contribuir a reforzar la idea que la deriva a la que Estados Unidos está mal acostumbrando al mundo, con operaciones militares y decisiones unilaterales totalmente ilegales desde el punto de visto jurídico, debe ser frenada y firmemente condenada. Y confirmar nuevamente que la lógica de la fuerza que Israel busca imponer dada su incuestionable superioridad militar en Oriente Medio, no lleva a ningún lugar: con más destrucciones, más familias enlutadas, más heridos que llegan a hospitales colapsados (siendo la mayoría civiles), más desplazados caminando a la intemperie, y dejando a gobernantes ya exhaustos de estos Estados bombardeados, desoladores campos de ruinas que no pueden sino alimentar la sed de venganza y una mayor radicalización.
Desequilibrar por completo a regiones enteras y al resto del planeta y buscar erosionar las reglas más elementales del derecho internacional público, no puede ser visto como beneficioso para ninguno de los 193 Estados que conforman Naciones Unidas. ¿O sí? Aumentar el nivel de resentimiento y de odio hacia Israel en la región, con miles de integrantes de familias enlutadas dispuestos a vengar la muerte de sus seres más queridos (muchos de ellos niños), repartidos en todos los Estados de Oriente Medio o por el mundo, no puede augurar un futuro más seguro y más próspero para Israel.¿O sí?
El nivel de impreparación de Estados Unidos e Israel para contrarrestar la respuesta militar de Irán viene ahora a plantear muchas dudas e interrogantes, todas muy válidas, sobre la estrategia seguida por ambos Estados, ello sin hablar de la falta de objetivos claros de esta aventurada operación militar. En esta nota de prensa del 14 de marzo, se hace ver el faltante de interceptores por parte de Israel, detectado en Estados Unidos en esta otra nota de CNN: ambas notas confirman la precitada impreparación de ambos Estados. En estos últimos días, el Presidente de Estados Unidos exhibe su desesperación pidiendo ahora que otros Estados en Europa y en Asia lo ayuden a desbloquear el estrecho de Ormuz, una trampa previsible que le tendió Irán y de la que no pareciera poderse salir desde el punto de vista militar (véase nota de prensa del 17 de marzo). También este 17 de marzo se informó en Estados Unidos de la renuncia de un alto funcionario a cargo de la lucha contra el terrorismo (véase nota de The Guardian y carta de renuncia difundida en las redes sociales).
Una nueva violación flagrante a la Carta de Naciones Unidas
Desde el estricto punto de vista jurídico, hay que tener claro que lo ocurrido el 28 de febrero del 2026 con esta nueva acción militar contra Irán califica como agresión. ¿Como así? Como se lee.
Esta agresión militar de dos Estados (Estados Unidos e Israel) contra un Estado (Irán) contraviene con los principios y las reglas enunciadas en la Carta de Naciones Unidas de 1945. Un recienteanálisis publicado en el sitio especializado de EJIL Talk precisa y detalla la ilegalidad total que constituye (sin discusión alguna) el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel perpetrado contra Irán. En esta entrevista un reconocido académico norteamericano no duda en referir al «desastre» provocado por Estados Unidos e Israel y al año «catastrófico» para la economía mundial que se avecina.
Como todo hecho ilícito internacional, el derecho internacional público prevé la posibilidad, para el Estado víctima, de reclamar compensaciones de todo tipo en caso de daños, en particular a su infraestructura pública, a su agricultura, a su patrimonio histórico y más generalmente a todo lo que estalla y se pierde de manera irremediable cuando una bomba potente es lanzada en una capital como Teherán por parte de Estados Unidos e Israel o en otra zona de Irán. A modo de ejemplo reciente, en Naciones Unidas, este informe de febrero del 2026 establece una estimación por los daños causados en Ucrania (luego de sufrir la agresión militar de la que ha sido víctima por parte de Rusia desde el 24 de febrero del 2022) a más de 195.000 millones de US$. La metodología aplicada para cuantificar los daños en el caso de Ucrania es aplicable a todo Estado que sufra un ataque militar masivo por parte de otro Estado. En el caso de Gaza, este otro informe del Banco Mundial (a febrero del 2025), estimaba los daños causados por Israel a 53.000 millones de US$ y se espera una actualización de los datos a febrero del 2026 ya que los bombardeos sobre Gaza no han cesado desde febrero del 2025.
En 1986, luego de una ejemplar batalla legal en La Haya, Nicaragua obtuvo una histórica sentencia de la justicia internacional, condenando a Estados Unidos por adiestrar, financiar y asesorar a fuerzas contrainsurgentes en su contra (véase sentencia de la CIJ del 26 de junio de 1986, en particular el párrafo dispositivo final 292), con una etapa sobre reparaciones posterior que Nicaragua no continúo, pudiendo hacerlo (Nota 1). La relectura del fallo de la CIJ del 27 de junio de 1986 permite revisar, 40 años después, las diversas tentativas de los asesores legales norteamericanos buscando evitar a toda costa que la justicia internacional de La Haya no conociera de este asunto: todas sus maniobras, algunas tan creativas como fantasiosas e ilusas, fracasaron de manera estrepitosa.
Es de notar que ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el delegado de Estados Unidos no encontró nada mejor que … sostener que Estados Unidos actuó el 28 de febrero en legítima defensa, invocando el Artículo 51 de la Carta de Naciones (véase texto de intervención): a 18 días de iniciada esta agresión, se sigue esperando de Estados Unidos que aporte pruebas sobre la «amenaza inminente» a la que refirió su delegado ante los demás 14 integrantes del Consejo de Seguridad.
Al respecto, merece lectura la intervención del delegado de China durante la misma sesión urgente del Consejo de Seguridad, celebrada el mismo 28 de febrero por la noche en Nueva York (véase texto intregral).
Contrario a una opinión generalizada, Irán ha hecho uso de los recursos legales existentes a disposición de un Estado víctima de otro Estado en el pasado: cabe recordar que de los 21 casos inscritos ante la justicia internacional de La Haya, tres asuntos distintos se relacionan a tres demandas de Irán contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), tal y como se puede revisar en el listado oficial de casos pendientes de resolución. En el 2003, luego de una ardua y larga batalla legal, la CIJ condenó a Estados Unidos en una sentencia en el marco de una demanda presentada por Irán por bombardeos de Estados Unidos a sus instalaciones petroleras realizados en 1987 y en 1988 (véase texto, en particular párrafo operativo 125).
Estados Unidos e Israel: una dupla a toda prueba
De manera a relacionar lo ocurrido desde el 28 de febrero del 2025 con el contexto propio de las relaciones entre Israel y Estados Unidos, no resulta de más recordar que el actual mandatario norteamericano confía ciegamente en las informaciones con las que le provee Israel.
En efecto, como bien se recordará, durante su primer mandato, optó el 8 de mayo del 2018 por retirar a Estados Unidos del denominado «pacto nuclear» sellado en julio del 2015 entre Irán y la comunidad internacional, luego de casi 20 años de intensas negociaciones.
Esta decisión unilateral de Estados Unidos se basó en «informes de inteligencia» de Israel sobre el programa iraní, dadas a conocer a finales del mes de abril del 2018 (véase artículo de prensa del New York Times). Las conclusiones a las que llegó Estados Unidos fueron formal y categóricamente desmentidas por la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) de Naciones Unidas, al sostener que Irán sí estaba cumpliendo a cabalidad con todo lo pactado en el 2015 con la comunidad internacional, tal y como tuvimos la oportunidad de plantearlo en una nota nuestra titulada precisamente:
«¿Informantes malinformados? OIEA desmiente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear» (Nota 2).
Retirarse de un acuerdo nuclear pactado entre Irán y la comunidad en julio del 2015 con base en información de inteligencia proporcionada por Israel, es lo que el actual mandatario norteamericano no dudó en hacer en el 2018, y ello pese al carácter falaz de la información proporcionada por Israel.
Una amenaza pasada reiterada… hecha realidad
A modo de respuesta a este ataque inicial de Estados Unidos y de Israel, Irán ha materializado desde el mismo 28 de febrero una amenaza hecha en su momento: una respuesta militar de su parte con un alcance regional, abarcando no solamente a Israel sino a todos los Estados de la región en los cuales se encuentra una base militar norteamericana (Arabia Saudita, Bahréin, Catar, Emiratos Arabes Unidos, Irak, Kuwait, Jordania y Omán).
Las embajadas de Estados Unidos en la región, sus naves, sus empresas, sus turistas o simples nacionales de igual manera pueden verse convertidos en blancos militares a partir del 28 de febrero y puede resultar bastante aventurado y presumido pretender estar en capacidad de proteger puntos tan dispersos, de posibles ataques por parte de Irán. Ello sin contar con actos violentos que se puedan dar contra legaciones diplomáticas de Israel y de Estados Unidos y contra sus empresas o grupos de turistas en muchas otras partes del mundo por parte de individuos, grupos organizados y/o colectivos radicales dispuestos a «vengar» a Irán.
El observar si las capacidades militares iraníes lograron penetrar en el suelo de Israel y en diversos otros puntos permite determinar si los decisores en Estados Unidos e Israel ponderaron y balancearon de manera correcta (o incorrecta …) los enormes riesgos que conllevaba su agresión militar inicial contra Irán. De igual manera, la amenaza de bloquear el flujo de carga naviera que pasa frente a las costas de Irán imposibilitando el paso por el estrecho de Ormuz es otra amenaza hecha en su momento por Irán, en caso de iniciar Estados Unidos hostilidades en su contra. Desde 1973, el estrecho de Ormutz cuenta con un texto (véase documento) de la Organización Marítima Mundial en el que se precisan las atribuciones y los derechos de Irán sobre este estrecho marítimo, de vital importancia para la zona. El aumento significativo del precio del baril del petroleo en estos 18 días de confrontación indica que Irán ha logrado poner a ejecución su amenaza, abriéndose así una espiral inflacionaria en todo el mundo que afectará a todas las economías del planeta.
Cráter causado por un misil iraní en Tel Aviv. Foto extraía de artículo de prensa publicado en Israel por el medio digital Magazine+972 y titulado » ‘Our coverage is note thruthful’: How Israel is censoring reporting o the war», edición del 13 de marzo del 2026
Ya en el mes de junio del 2025, tuvimos la oportunidad de analizar desde la perspectiva jurídica, la total ilegalidad de los bombardeos realizados por Israel y Estados Unidos en Irán, durante 12 días. Dicho sea de paso, en aquel episodio, varios misiles y drones enviados por Irán en respuesta a este ataque lograron burlar los sistemas de defensa de Israel pese a las «seguridades» dadas por algunos altos jefes militares en Israel (véase al respecto nuestra nota titulada «Irán / Israel: algunas reflexiones desde la perspectiva del derecho internacional público», del 28 de junio del 2025).
Drones: la nueva componenda militar en conflictos bélicos
En las más recientes confrontaciones entre dos Estados, el recurso a drones militares de cierto alcance (pero incluso drones comerciales de muy bajo costo) permite ahora al ejército de un Estado ya sea:
– burlar de manera relativamente sencilla los sistemas de defensa de otro Estado (pensados para interceptar misiles, y no drones), ya sea;
– saturar el espacio con drones y misiles de poca carga y desgastar los sistemas de defensa antimisiles, para luego, enviar misiles con cargas mucho mayores en determinados puntos considerados estratégicos.
Con respecto al uso de los drones, resulta más que sorprendente para muchos observadores militares que Estados Unidos no haya incorporado como variable la experiencia militar de Ucrania desde el 2022, al recibir una multitud de drones rusos que burlan una y otra vez, de manera bastante sencilla, los sistemas de defensa antimisil de Ucrania más sofisticados proporcionados por Estados Unidos y por Europa. No se sabe si Estados Unidos e Israel han tomado en consideración el hecho que Irán también está dotado de drones marinos que burlan la vigilancia de los radares y de otros sistemas de detección, y que han causado, en el caso de su uso por parte de Ucrania, daños significativos a la marina rusa en el Mar Negro.
Estados Unidos e Israel: una urgente necesidad de desplazar la atención
No está de más indicar que esta aventurada operación militar conjunta de Estados Unidos y de Israel y la previsible respuesta de Irán permite a ambos Estados y a sus dos máximos dirigentes, desviar totalmente la atención mediática internacional y la de la comunidad internacional en su conjunto.
En el caso norteamericano, tanto el escándalo por los denominados «Epstein files» como la verdadera humillación sufrida el pasado 20 de febrero por el actual ocupante de la Casa Blanca ante el mundo y ante su propia opinión (al declarar la Corte Suprema totalmente ilegales los aranceles decididos de manera arbitraria al iniciar su gestión), han pasado a un segundo plano desde el 28 de febrero, lo cual resulta sumamente útil de cara a la contienda electoral del los «midterms» en Estados Unidos. No obstante, desde el punto de vista electoral, el apoyo popular (incluso dentro de su propio partido) a esta nueva aventura militar de Estados Unidos en Oriente Medio no parecería darse para el actual ocurrente ocupante de la Casa Blanca, luego de 18 días de intensa confrontación con Irán, y con las primeras personas muertas y heridas (tanto en Israel como en las filas del ejército norteamericano). Esta nueva y costosa aventura militar, cuyos objetivos son inciertos, es incluso contraria a una promesa firme hecha y reiterada como candidato presidencial a sus correligionarios por parte del actual ocupante de la Casa Blanca. En cuanto a los efectos inflacionarios de una nueva crisis petrolera, es probable que genere un profundo descontento en el electorado norteamericano si logra impactar directamente a la economía norteamericana.
En el caso de Israel, esta operación militar conjunta con Estados Unidos permite a Israel desviar toda la atención del mundo:
– del drama indecible al que somete a la población civil palestina y al genocidio en curso en Gaza, presentido con gran anticipación por parte de Sudáfrica en diciembre del 2023 al presentar su demanda contra Israel ante la justicia internacional de La Haya (véase texto), confirmado en julio del 2024 por la Relatora de Naciones Unidas Francesca Albanese en su informe titulado «Anatomía de un genocidio«, y reconfirmado por tres expertos investigadores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su informe A/HRC/60/CRP.3 de septiembre del 2025 (Nota 3), así como;
– de la colonización a marcha forzada muy intensa que lleva a cabo en otro territorio palestino ocupado, Cisjordania, la cual fue objeto de un reciente comunicado de varios Estados condenandola de manera vehemente (véasecomunicado del 23 de febrero colgado por la diplomacia de España). Nuestros estimables lectores costarricenses podrán revisar este otro texto conjunto suscrito por más de 100 Estados condenando el accionar de Israel en Cisjordania, entre los cuales no aparece Costa Rica, como tampoco Argentina, Bolivia, Ecuador, Haití, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Panamá ni Perú.
El hecho de posponer nuevamente una investigación independiente en Israel sobre las responsabilidades del actual pimer ministro y sus jefes militares al permitir el ataque del Hamás del 7 de octubre del 2023, teniendo información de sus servicios de inteligencia sobre los planes del Hamás que fue archivada, es otro aspecto muy positivo para el actual primer ministro israelí.
Es de notar que el pasado 4 de marzo, el denominado Grupo de La Haya, liderado por Colombia y Sudáfrica convocó a una reunión urgente con 35 Estados que han dicho presente, para considerar nuevas acciones de cara al genocidio en curso en Gaza (véase nota de prensa).
Siempre con relación al territorio palestino ocupado, esta vez Jerusalén Oriental, este 6 de marzo del 2026, varios expertos de Naciones Unidas hicieron un vehemente llamado a Israel a cesar sus acciones tendientes a forzar familias palestinas a abandonar esta parte de la Ciudad Santa (véase texto) en el que se lee que:
“What is being done to this world symbol of spiritual coexistence and shared heritage is irreversible.” In occupied East Jerusalem, extrajudicial killings, large-scale demolitions and forced displacement have escalated. Checkpoints and closures are severing the city from its Palestinian hinterland, isolating communities from their social, cultural, economic and religious life and undermining their rights to self-determination and development. Punitive policing and systematic interference with freedom of worship are designed to coerce Palestinians to leave«.
Con respecto a la demanda por genocidio en Gaza interpuesta por Sudáfrica el 30 de diciembre del 2023, el pasado 11 de marzo del 2026 fueron Países Bajos e Islandia los que se sumaron a la demanda sudafricana, con una solicitud de intervención al juez internacional en la que ambos Estados, de manera separada, buscan incorporar a la noción de genocidio plasmada en 1948 el desplazamiento forzado, el ensañamiento contra la niñez palestina y la privación sostenida de la ayuda humanitaria a la que Israel sigue sometiendo a la población en Gaza (Nota 4). Estos dos Estados fueron precedidos por solicitudes similares por parte de Bélgica (diciembre el 2025), Comoros (octubre del 2025), Brasil (septiembre del 2025), Belize (enero del 2025), Cuba (enero del 2025) e Irlanda (enero del 2025), Bolivia (octubre del 2024), Islas Maldivas (octubre del 2024), Chile (septiembre del 2024), Turquía (agosto del 2024), España (junio del 2024), Palestina (mayo del 2024), México (mayo del 2024), Libia (mayo del 2024), y Colombia (abril del 2024). Resulta oportuno indicar que los aliados de Israel presentaron este 12 de marzo del 2026 sus respectivas solicitudes de intervención en apoyo a las tesis jurídicas de Israel, con la presentación de una solicitud por parte de Estados Unidos que sostiene que son infundadas las acusaciones de genocidio en Gaza, por parte de Hungría (presentada también el 12 de marzo – véase texto) y por parte de Islas Fidji (véase texto): esta perfecta sincronización de apoyos a Israel ante el juez internacional de La Haya en este mes de marzo del 2026 debe obedecer a algo que se nos escapa, y agradeceríamos desde ya el concurso de eminentes especialistas para entender a qué podrá responder tan repentina y coordinada maniobra conjunta (pueden para ello escribirnos a cursodicr(a)gmail.com y se garantiza total confidencialidad si así fuese requerida).
Algunas de las reacciones oficiales registradas en el continente latinoamericano
Las reacciones oficiales no se han hecho esperar por parte de Estados que condenaron este ataque de Estados Unidos y de Israel y la respuesta de Irán iniciada el mismo 28 de febrero del 2026.
En Europa, se puede citar comunicado oficial de Irlanda o el comunicado oficial de Noruega, y en Oriente Medio, el comunicado oficial de Turquía, así como de Senegal (véase comunicado oficial) en cuanto al continente africano, o bien el comunicado oficial de Singapur o el comunicado oficial emitido por el vocero de la diplomacia de China, entre muchos otros textos de Estados que condenan oficialmente mediante su aparato diplomático, el uso de la fuerza entre Estados, en violación flagrante a la Carta de Naciones Unidas de 1945.
En América Latina, entre muchos, podemos referir a nuestros estimables lectores a la reacción oficial de Brasil (véase comunicado), o bien la de Chile (véase comunicado oficial) que claramente expresó que:
«El Gobierno de Chile expresa su preocupación por la grave escalada militar en el Medio Oriente y condena los ataques contra Irán perpetrados por Estados Unidos en conjunto con Israel, así como la respuesta del régimen iraní contra Israel y países del Golfo. Estas acciones, en un contexto regional altamente tensionado, pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional«.
«El gobierno de Uruguay expresa su extrema preocupación por los ataques militares contra Irán por parte de los Estados Unidos e Israel, así como la respuesta militar iraní, que incluye objetivos en los territorios de sus países vecinos«.
El comunicado oficial de Costa Rica
En el caso de Costa Rica, es interesante indicar que, a diferencia de Brasil, de Chile, de Colombia, de Uruguay y de muchos otros Estados del planeta, se omite mencionar a Estados Unidos y a Israel en el comunicado oficial, publicado pasadas las 16:00 horas del 28 de febrero, que se lee de la siguiente manera (texto integral):
Costa Rica urge desescalada y diálogo en Medio Oriente
San José, 28 de febrero de 2026. El Gobierno de Costa Rica expresa su grave preocupación por la escalada de tensiones y las operaciones militares en el Medio Oriente.
Costa Rica condena enérgicamente los ataques de Irán contra Arabia Saudita, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania.
Costa Rica reitera su firme apego a los principios de paz, el respeto al derecho internacional y a las normas de la Carta de las Naciones Unidas y urge a la desescalada y a la búsqueda de soluciones pacíficas para proteger la vida humana y evitar el sufrimiento de la población civil en los países de la región.
Comunicación Institucional
049-2026 CR ataque Medio Oriente
Sábado 28 de febrero de 2026»
Se puede considerar el texto bastante omiso al «urgir» por una desescalada en su título … sin mencionar la escalada inicial que constituye el ataque conjunto realizado por Estados Unidos e Israel en horas de la mañana del mismo 28 de febrero. De igual manera, el tercer y último párrafo texto de este comunicado oficial pareciera dar a entender de manera bastante evidente, que el «respeto al derecho internacional y a las normas de la Carta de Naciones Unidas» no aplican cuando se trata de Estados Unidos y de Israel.
Toma de la ciudad de Meybod en Irán, extraída de artículode prensa sobre destinos turísticos recomendados por la revista National Geographic para el 2016, en el que aparece – ver artículo – Irán como primer destino recomendado, seguido luego por Costa Rica.
La diplomacia de Argentina en resguardo de Israel (nuevamente) y la de Paraguay (nuevamente)
Finalmente, en el caso del comunicado oficial de Argentina, se apoya la acción conjunta de Estados Unidos e Israel y se condena a Irán (véase comunicado oficial): lo cual en nada debe sorprender a nuestros lectores, dada la alineación de la diplomacia de Argentina a las posiciones de Israel y de Estados Unidos desde varios años, y facilmente comprobable revisando los votos de Argentina en Naciones Unidas a partir de diciembre del 2023.
De igual manera, se pueden verificar las votaciones en las que Paraguay alinea sistemáticamente su voto con el de Israel en Naciones Unidas, por lo que el texto de su comunicado oficial tampoco debe mayormente sorprender (véase texto completo).
Ya habíamos tenido la oportunidad, al momento de analizar el otro ilegal bombardeo por parte de Israel de la capital de Catar, Doha, el 9 de septiembre del 2025 y el silencio de Argentina y de Paraguay, de indicar que:
«En lo que respecta a Argentina y a Paraguay, su silencio con relación a lo ocurrido este 9 de septiembre del 2025 en Doha, confirma – una nueva vez – su calidad de «fichas útiles» de Israel en América Latina y ello desde varios años: una posición oficial que se ha visto reflejada en varias votaciones en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Gaza e Israel» (Nota 5).
Es de notar que el sitio oficial de la diplomacia de Bolivia se ha mantenido mudo sobre lo ocurrido el 28 de febrero del 2026.
Un panorama cargado de incertidumbres
Más allá del espectáculo bastante peculiar que brindan en América Latina las diplomacias argentina y paraguaya cuando se trata de evitar condenar a Israel cuando viola de manera grosera y flagrante el derecho internacional, lo cierto es que este ataque de Estados Unidos e Israel ha iniciado un período cargado de incertidumbres y dudas, así como interrogantes, en el que al parecer, algunos decisores en Estados Unidos e Israel evaluaron de manera poco precisa la capacidad de respuesta militar de Irán.
Investigaciones periodísticas futuras deberían poder dar a conocer advertencias internas de altos mandos militares archivadas por la Casa Blanca. De no aparecer estas advertencias en lo interno del aparato militar norteamericano, se plantearán dudas razonables sobre la capacidad de lectura y de anticipación a partir de datos de inteligencia del mismo ejército norteamericano.
Resulta oportuno señalar que las advertencias a Estados Unidos de no enfrentarse a Irán provinieron de los Estados árabes de la zona, semanas antes del 28 de febrero del 2026. En esta nota de prensa publicada en India el 3 de marzo del 2026, se hace ver la profunda frustración de varios Estados árabes con Estados Unidos, al exponerlos de manera irresponsable a los misiles y a los drones de Irán, lo cual puede poner en tela de duda parte de los diversos acuerdos suscritos con el actual ocupante de la Casa Blanca durante su gira en Oriente Medio en el 2025.
Los daños causados en 18 días de confrontación exhiben ahora la gran vulnerabilidad de algunos de estos Estados árabes, dotados de costosos sistemas de defensa de fabricación norteamericana que no logran interceptar siempre los misiles y drones iraníes. El hecho que ahora estos Estados no puedan exportar su petroleo debido al cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán y el hecho que Irán, en respuesta a ataques de Israel sobre sus plantas de petróleo, ha decidido emprenderla también contra plantas de petroleo en algunos de estos Estados, son dos aspectos que confirman la extrema vulnerabilidad de estos Estados árabes. Asistir impotentes a la destrucción diaria de parte de su valiosa infraestructura ligada al petroleo es la dura realidad que viven estos Estados árabes, que han advertido una y otra vez durante estos 18 días que no quieren verse involucrados ni entrar en confrontación militar directa con Irán. Una reconocida experta gala sobre Oriente Medio recordaba que frente a los 93 millones de habitantes con los que cuenta Irán, Emiratos Árabes Unidos tiene una población de un millón de emiraties, el resto de la población no siendo emirati (véase programa, mn 28:30).
En cuanto a los Estados que aceptaron (bajo fuerte presión de Estados Unidos) normalizar sus relaciones con Israel en el 2020 mediante los denominados «Acuerdos de Abraham» a un alto costo político como Bahréin y Emiratos Árabes Unidos, pueden observar la verdadera burla a su seguridad que les ha significado estos acuerdos, ante la incapacidad de Israel y de Estados Unidos de protegerlos y resguardarlos de los ataques de Irán.
En respuesta a un daño muy similar sufrido en su territorio, Irán bombardeó una planta de desalinización del agua de mar en Bahréin (véasenota de Al Jazeera): se trata de un recurso vital para todo un Estado y su población en una zona desértica, y que plantea ahora muy serias interrogantes en Bahréin. En la mira están ahora las plantas de desalinización de Emiratos Árabes Unidos, que suplen el 80% del agua que se consume en este Estado.
En respuesta a un daño a varias de sus entidades bancarias en su territorio, Irán ha advertido el pasado 11 de marzo que los bancos en varios Estados del Golfo serán también considerados blancos militares (véase nota de Al Jazeera).
En este comunicado del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas del 10 de marzo del 2026, se advierte del impacto que puede tener el atacar infraestructura pública relacionada al agua en esta región del mundo, en clara violación a las reglas más elementales del derecho internacional humanitario:
“Under the laws of war, civilians and civilian infrastructure must be protected at all costs. All parties are bound by these rules, and must be held to account if they do not.”
“The world is watching.”
In Iran, a water desalination plant and fuel facilities were hit over the weekend, with oil spilling into the streets and fires igniting along roadside drainage lines. On Qeshm Island in Hormozgan Province, an attack on a water desalination plant reportedly disrupted water access for at least 30 villages.
Following the attacks, Iran’s Red Crescent Society warned that the rainfall in the country could be «highly dangerous and acidic» and could cause chemical burns and serious lung damage.
“I am deeply worried about the health and environmental consequences people will suffer as a result of these oil fires, including acid rain contamination,” Türk said.
“The foreseeable impacts on civilians and the environment of these strikes raise serious questions as to compliance of these attacks with the requirements of international humanitarian law of proportionality and precaution. This warrants careful legal scrutiny.”
Attacks across the region have also caused civilian casualties and affected civilian infrastructure. This includes a desalination plant in Bahrain, which provides crucial access to water for many».
Por otra parte, este editorial del New York Times advertía de manera tempranera de lo riesgoso y costoso que podría significarle a Estados Unidos esta nueva aventura militar improvisada por el actual ocupante de la Casa Blanca.
Ya en el caso reciente de Groenlandia, se pudo observar un espectáculo raramente visto con pretensiones ocurrentes totalmente desapegadas de la realidad y del derecho internacional del algo errático ocupante de la Casa Blanca (Nota 6). Su lema «La Paz por la Fuerza» (véase enlace oficial) se encuentra a contrapelo de toda la evolución de la comunidad internacional desde 1945, tendiente a reemplazar progresivamente mediante normas, regulaciones e instituciones internacionales, el «derecho a la fuerza» por «la fuerza del derecho«.
Este lema de «La Paz por la Fuerza» recuerda la denominada «diplomacia de la cañonera» tan de voga en el siglo XIX y en los primeros decenios del siglo XX por parte de las potencias de aquellas épocas, y que bien conocen los historiadores (en particular los que han analizado la historia de América Latina o bien la de Asia).
En este mes de febrero del 2026, estos decisores en Washingthon y en Tel-Aviv además, obviaron al parecer las lecciones aprendidas bastante evidentes en Irak (2003), Afganistán (2002), o Libia (2011): las intervenciones militares externas logran a veces decapitar a un régimen y derrocarlo, pero lejos de estabilizar la situación en un Estado, provocan un caos tal y una radicalización extrema de ciertos sectores políticos tal, que hacen imposible un consenso nacional dentro de los Estados víctimas de este tipo de intervenciones.
Cabe finalmente recordar que en el caso de la agresión militar sufrida por Irak en el 2003, y el caos total que siguió, Estados Unidos había invocado una legítima defensa denominada «preventiva«: un concepto legal inexistente en la Carta de Naciones Unidas.
Desde el punto de vista de los derechos humanos, el comunicado oficial del mismo Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en persona (véase texto completo), alerta sobre el siguiente punto:
«I have already warned that failing to do so risks an even wider conflict, that will inevitably lead to further senseless civilian deaths and destruction on a potentially unimaginable scale, not just in Iran but across the Middle East region«.
Conclusión
Aventurarse a iniciar una guerra contra un Estado resulta siempre una decisión que se toma luego de ponderar detenidamente los riesgos que una confrontación militar implica.
En el caso del ocurrente ocupante de la Casa Blanca, todo pareciera indicar que esta ponderación del riesgo se hizo de manera bastante aproximativa, exponiendo de manera irresponsable a varios Estados árabes y a la economía mundial a sufrir las consecuencias.
Notas
Nota 1: Pese a esta victoria categórica e indiscutible de 1986 en La Haya de Nicaragua ante Estados Unidos, en septiembre de 1991, Nicaragua optó por retirar la demanda pendiente por daños y perjuicios y nunca, desde La Haya, se le pudo ordenar a Estados Unidos el pago de un monto indemnizatorio a Nicaragua, estimado en unos 17.000 millones de US$ (véase el comunicado de la CIJ del 27/09/1991).
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «¿Informantes malinformados? OIEA desmiente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear«, 9 de mayo del 2018. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 3: En el último informe de Naciones Unidas (al 12 de febrero del 2026), sobre la realidad que se vive en Gaza desde el punto de vista humanitario, se detalla el nivel de violencia al que Israel sigue sometiendo a los habitantes de Gaza con bombardeos incesantes, destruyendo lo que queda de la poca infraestructura educativa existente. Se lee en particular, entre muchos otros aspectos, que:
«Over the past two weeks, strikes were reported on both sides of the “Yellow Line,” including in densely populated areas, heightening risks to civilians. Médecins Sans Frontières (MSF) reported that its teams across Gaza treated seven patients, including two children, injured in incidents attributed to Israeli attacks between 31 January and 2 February. On 5 February, Israeli forces reportedly demolished an UNRWA school that was the last remaining structure within a compound of six schools. Highlighting the extremely precarious situation for many children in Gaza, UNICEF noted that children continue to be affected by airstrikes and the disruption of essential services, with 37 children reported killed since the beginning of the year«.
Este informe puede ser completado con el anterior informe de Naciones Unidas (al 28 de enero del 2026), en el que se lee que:
«The MoH reported that since the ceasefire, 492 Palestinians have been killed, 1,356 injured, and 715 bodies retrieved from under the rubble«.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: Países Bajos e Islandia solicitan intervención en el marco la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza», 12 de marzo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: análisis del ataque de Israel a Qatar del 9 de septiembre, desde la perspectiva jurídica«, 14 de septiembre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 6: En el caso de Groenlandia, las recientes amenazas proferidas por el actual ocupante de la Casa Blanca para adquirir este territorio que se encuentra bajo la jurisdicción de Dinamarca «por las buenas o por las malas» demostró su profundo desconocimiento de su parte de las reglas internacionales en la materia vigentes desde 1945. Por cierto, el pasado 22 de febrero del 2026, Groenlandia y Dinamarca, algo desconfiadas y precavidas, rechazaron la oferta de enviar un barco hospital a Groenlandia ofrecido por Estados Unidos (véase nota de The Guardian). Tuvimos la oportunidad de indicar en un breve análisis desde la perspectiva legal sobre este repentino apetito norteamericano por adquirir Groenlandia observado en estos primeros meses del 2026 (véase nota nuestra titulada «Groenlandia y Estados Unidos: aspectos desde la perspectiva jurídica internacional muy, pero muy, basicos …» ) que:
«no hay manera de sostener en este inicio del 2026 que Groenlandia está en venta o que puede ser adquirida. Sostenerlo es hacer un ridículo internacional, raramente observado por parte de un jefe de Estado en ejercicio gozando de sus plenas facultades«.
Solo el gobierno de México ha ofrecido una ayuda incondicional a Cuba, dice el presidente cubano Díaz Canel. Los analistas internacionales dicen que China gana con la guerra de Irán, aunque no dispare un solo tiro. Ante el secuestro de Maduro los países llamados socialistas se limitaron a una simple declaración diplomática. La ONU con el silencio de todos pasa al archivo de la historia.
El internacionalismo proletario, un principio marxista, nacido desde el Manifiesto Comunista de 1848 que estableció como la consigna insigne y fundamental de los trabajadores del mundo, “Proletarios de todos los países Uníos”, para guiar la lucha del proletariado y de los pueblos como una sola a nivel global y que señalaba que el proletariado o los pueblos debían oponerse a las guerras y la opresión de los países imperialistas, parece ser sólo un recuerdo. Por lo que se ve del mundo actual, de ese lema no queda mucho, o solo está relegado a los pueblos y no a los países en donde se dice que gobiernan los trabajadores.
Atrás quedaron los tiempos en que el gobierno de la Unión Soviética apoyaba la lucha de los pueblos contra el colonialismo, por la liberación nacional y contra el imperialismo. Gestos tan gratos como negarse a jugar un partido eliminatorio en un estadio que había servido como campo de concentración en Chile, aunque ello significara su eliminación, quedaron atrás; o los ejemplos de solidaridad de Cuba con los países que sufrían desastres naturales y agresiones de regímenes de apartheid.
Desconcierto, sólo desconcierto al principio, nos causó la pasividad de China respecto al genocidio de Gaza, que luego se convirtió en rabia contenida. China contempla pasivamente lo que pasa en Irán que es víctima de un ataque sistemático de bombardeos contra su pueblo por parte de Israel y EEUU. Espera salir fortalecida de esta contienda, aunque sea sobre la crisis humanitaria de Irán y el costo económico del resto del mundo.
No pregono que China bombardee las bases o portaviones de USA o de Israel, sólo que sea más activo, más enérgico, más contundente con el Imperio. Trump y Netanyahu entienden solo en el idioma que hablan, el de la guerra, la agresión y el genocidio.
El internacionalismo ha quedado solo en manos de los pueblos del mundo. Los países llamados socialistas como China o Viet Nam sólo piensan en sus problemas domésticos y en no buscarse broncas con EEUU o sus aliados. Mientras Trump y Netanyahu están a la ofensiva, cambiando la configuración geopolítica del mundo, cercando a los países de izquierda, China contempla cómo ese mundo se le viene encima.
Vivimos el tiempo del pragmatismo político internacional que trasforma el mundo contra las fuerzas progresistas y de izquierda. Los viejos valores revolucionarios de Marx, Engels y Lenin parecen haber caducado para algunos dirigentes.
Solo quedan esos valores en la conciencia de los pueblos del mundo.
Lógicamente a Rusia no me refiero porque es un gobierno de derecha, amigo de Trump.
El académico y analista internacional Mauricio Ramírez Núñez afirmó que el mundo atraviesa un cambio histórico marcado por la transformación del orden internacional y el surgimiento de una nueva realidad multipolar.
Según expuso, el escenario global actual refleja el fin de un modelo en el que una sola potencia definía las reglas del sistema internacional.
En ese contexto, Ramírez señaló su preocupación por el rumbo que podría tomar la política exterior de Costa Rica. A su juicio, hechos recientes hacen pensar que existe una estrategia orientada a deteriorar o incluso romper las relaciones entre Costa Rica y la República Popular China.
El analista advirtió que una decisión en esa dirección constituiría un error histórico. En su exposición indicó que apartarse de una relación estratégica con una potencia relevante en el actual contexto mundial sería comparable a que un país, durante la revolución industrial, hubiera decidido darle la espalda a quienes lideraban el desarrollo económico y tecnológico de ese momento.
Ramírez sostuvo que una política de ese tipo no respondería a una estrategia geopolítica adecuada, sino a lo que calificó como “miopía geopolítica”, e incluso “analfabetismo geopolítico y servilismo”.
El académico recordó que la política exterior costarricense se ha caracterizado históricamente por principios como la independencia, el equilibrio y la neutralidad, lo que ha permitido al país mantener relaciones con diversos actores internacionales sin subordinación a ninguna potencia.
En ese sentido, planteó que Costa Rica debe relacionarse con todos los países, pero sin “arrodillarse ante alguien”.
Según Ramírez Núñez, actualmente parecería existir disposición a sacrificar relaciones estratégicas con el fin de complacer intereses de terceros países, particularmente de potencias ubicadas en el norte.
El analista advirtió que un país pequeño no puede permitirse ese tipo de decisiones, especialmente en un escenario internacional cada vez más multipolar.
A su criterio, la defensa de la soberanía en este nuevo contexto global requiere inteligencia y pragmatismo en la política exterior, y no subordinación.
Por ello, sostuvo que Costa Rica debería retomar su tradición diplomática basada en el equilibrio, la visión estratégica y la independencia en la conducción de sus relaciones internacionales.
Finalmente, Ramírez Núñez señaló que cuando un gobierno renuncia a su soberanía y se subordina a una potencia extranjera, no está defendiendo los intereses nacionales, sino comprometiendo el futuro del país.
