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Cuando el lenguaje degrada la República – La palabra presidencial y el deterioro del debate público

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

“La política se basa en el hecho de la pluralidad de los hombres.”
— Hannah Arendt

“Si el pensamiento corrompe el lenguaje, el lenguaje también puede corromper el pensamiento.”
— George Orwell

Las democracias pueden comenzar a deteriorarse mucho antes de que se quebranten sus leyes o se debiliten sus instituciones. Su desgaste suele iniciarse de manera más sutil: mediante la erosión de las normas de convivencia, el menosprecio por el adversario y el abandono progresivo de un lenguaje respetuoso que haga posible la deliberación pública. La historia demuestra que las instituciones no se sostienen únicamente sobre constituciones, tribunales o parlamentos; descansan también sobre una cultura política que reconoce la legitimidad del otro y acepta que el conflicto de ideas debe resolverse mediante la argumentación y no por la humillación.

El lenguaje constituye uno de los pilares más sólidos de esa cultura democrática. Las palabras no son simples instrumentos de comunicación; crean realidades, modelan percepciones, establecen jerarquías morales y definen la manera en que una sociedad comprende sus desacuerdos. Cuando el lenguaje se degrada, también se degrada la calidad del debate público. Cuando el insulto sustituye al argumento, la democracia pierde una parte de su esencia.

Esta reflexión adquiere especial importancia cuando quien habla no es un ciudadano cualquiera, sino el presidente de la República, el ministro de la presidencia, u otra alta autoridad gubernamental. En un régimen democrático, el mandatario representa la unidad del Estado y ejerce una autoridad real y simbólica que trasciende el ejercicio cotidiano del poder. Cada una de sus palabras posee una resonancia política que ninguna otra voz pública alcanza. De ahí que el lenguaje presidencial no constituya un asunto privado ni un rasgo anecdótico de personalidad; es por el contrario un componente esencial del ejercicio responsable del poder.

Durante los últimos años, Costa Rica ha presenciado una transformación preocupante del discurso político. Expresiones despectivas, calificativos humillantes, burlas dirigidas contra autoridades del poder judicial, de la Contraloría General u opositores políticos, periodistas, instituciones y diversos actores sociales, se han convertido en un recurso frecuente de la comunicación presidencial. No se trata únicamente de episodios aislados de mal gusto ni de exabruptos ocasionales. Lo inquietante es la normalización de un estilo de comunicación que convierte la descalificación personal en un método de hacer política.

En este sentido, diversos registros periodísticos han documentado expresiones que ilustran la naturaleza de ese deterioro del lenguaje público. En una cobertura de La Nación, se consignó la utilización de calificativos como “corruptos de siempre” y “prensa canalla” para referirse de manera generalizada a actores institucionales y mediáticos, sin matices ni distinciones individuales. En otra nota de El Financiero, se recogieron expresiones dirigidas a opositores políticos en términos de “sinvergüenzas que no sirven para nada” y “gente que solo estorba el progreso del país”, formulaciones que sustituyen la crítica de ideas por la descalificación moral del interlocutor.

A estos ejemplos se suman otros episodios ampliamente difundidos en la esfera pública, donde el lenguaje ha alcanzado niveles de mayor crudeza simbólica. En una ocasión, se utilizó el término “ratas” para referirse a adversarios políticos, reduciendo al oponente a una condición infrahumana incompatible con el reconocimiento democrático. En otro momento, durante una interacción pública en el contexto electoral, se dirigió a un ciudadano usando la siguiente expresión “te amo, te amo, idiota”, combinación de afecto aparente e insulto directo que ilustra la confusión entre la confrontación política y la descalificación personal.

Más allá de la literalidad de cada frase, lo relevante desde el punto de vista democrático no es únicamente su contenido aislado, sino su función dentro del discurso público: la construcción de un marco en el que el adversario deja de ser un interlocutor legítimo para convertirse en un objeto de desprecio. Este tipo de lenguaje, repetido desde posiciones de poder, tiende a legitimar socialmente la idea de que la política es un espacio de confrontación moral absoluta, donde no caben la complejidad ni el reconocimiento del otro.

Conviene precisar que el problema no reside en la firmeza con que un gobernante defiende sus ideas. En democracia, la confrontación política resulta legítima e incluso necesaria. Los gobiernos tienen derecho a criticar a la oposición, a cuestionar decisiones judiciales mediante los mecanismos institucionales, a discrepar de los medios de comunicación y a polemizar con diversos sectores de la sociedad. Lo que resulta incompatible con la cultura republicana es sustituir el razonamiento por el insulto, la evidencia por el sarcasmo y el desacuerdo por la descalificación sistemática del adversario.

La política democrática presupone que quienes piensan distinto poseen la misma dignidad ciudadana. El adversario no es un enemigo al que deba destruirse moralmente, sino un interlocutor cuya existencia garantiza precisamente el pluralismo que hace posible la democracia. Cuando desde la cúspide del poder se presenta a quienes discrepan como individuos indignos de consideración, el espacio del diálogo comienza a estrecharse y la polarización deja de ser una consecuencia para convertirse en un objetivo político.

Hannah Arendt advirtió que la política solo puede existir allí donde los seres humanos reconocen la pluralidad como condición de la vida pública. Nadie posee el monopolio de la verdad; por ello la deliberación constituye el mecanismo mediante el cual sociedades diversas construyen acuerdos siempre provisionales. Cuando desaparece el reconocimiento del otro como interlocutor válido, también comienza a desaparecer el espacio propiamente político.

George Orwell, por su parte, comprendió que la degradación del lenguaje precede muchas veces a la degradación del pensamiento. Un lenguaje empobrecido limita la capacidad de comprender la complejidad de los problemas colectivos. Las consignas reemplazan a los argumentos; las etiquetas sustituyen al análisis; la simplificación emocional desplaza al razonamiento. El resultado es un clima político donde importa menos la búsqueda de soluciones que la identificación de culpables.

No es casual que numerosos movimientos de inspiración populista recurran a este tipo de lenguaje. La lógica populista necesita construir una división permanente entre “el pueblo” y “los enemigos del pueblo”. Para mantener viva esa confrontación requiere alimentar emociones intensas: indignación, resentimiento, desprecio o miedo. El lenguaje agresivo cumple entonces una función política específica: simplificar la realidad hasta convertir cualquier diferencia en una lucha moral entre buenos y malos.

Sin embargo, conviene evitar una interpretación simplista de este fenómeno. Sería profundamente injusto atribuir esta dinámica a determinados sectores sociales o insinuar que las personas de menores ingresos son particularmente proclives a aceptar un lenguaje agresivo. Una afirmación semejante no solo sería empíricamente insostenible, sino incompatible con una visión democrática de la ciudadanía.

La explicación debe buscarse en otra dirección. Cuando durante años amplios sectores de la población experimentan abandono estatal, deterioro de los servicios públicos, inseguridad económica, dificultades de acceso a oportunidades y una creciente sensación de exclusión, entonces sí, aumenta la disposición a escuchar discursos que prometen respuestas rápidas cargadas de efectos emocionales y procacidad en el lenguaje gubernamental. El problema no radica en la ciudadanía; radica en las insuficiencias de las políticas públicas y en la incapacidad de numerosos gobiernos para responder eficazmente a las necesidades de quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Es precisamente ese vacío el que permite prosperar a los discursos que privilegian la confrontación permanente sobre la construcción de consensos. Allí donde la política deja de ofrecer soluciones, la retórica de la indignación encuentra terreno fértil. El lenguaje agresivo no crea por sí solo el descontento social; lo capitaliza y lo orienta políticamente.

En este contexto, la responsabilidad del liderazgo democrático es aún mayor. Se trata de gobernar con eficacia y a la vez preservar las condiciones simbólicas que hacen posible la convivencia. El lenguaje presidencial no puede convertirse en un instrumento de polarización permanente sin consecuencias para la vida institucional del país. Cada palabra pronunciada desde la jefatura del Estado contribuye a fortalecer o debilitar la confianza pública en la democracia misma.

Por ello, la recuperación de una cultura política más respetuosa no es un asunto secundario ni meramente estético. Es una tarea central de reconstrucción democrática. Implica reconocer que la palabra pública tiene límites éticos, que el adversario no es un enemigo y que la autoridad del Estado se fortalece cuando se ejerce con sobriedad, no con agresión.

El desafío, en última instancia, no es solo político, sino civilizatorio: recuperar la idea de que en democracia se puede —y se debe— disentir sin destruir al otro. Solo cuando el lenguaje vuelve a ser un espacio de reconocimiento y no de humillación, la República recupera su dignidad más profunda.

La mentira política

Escrito en . Publicado en Análisis.

Álvaro Vega Sánchez
Sociólogo

Toda mentira es nociva, pero la mentira política es la más nociva de todas. Sus efectos los padece todo un pueblo. Si la verdadera política está al servicio del bien común y la construcción de una ciudadanía digna y participativa, la mentira política es el espíritu de la antipolítica. Es el medio por excelencia utilizado por el liderazgo populista para manipular a las masas, favorecer intereses particulares espurios y perpetuarse en el poder. Junto con el miedo, es el medio más efectivo para manipular, domesticar y someter a un pueblo. Por consiguiente, es el instrumento más utilizado por el poder dictatorial.

Cuando un pueblo aplaude las mentiras de los demagogos populistas está siendo conducido como oveja al matadero. Lamentable y dolorosamente, un porcentaje significativo de nuestro pueblo costarricense se ha convertido en víctima de la mentira política por parte de una nueva clase política en ascenso que ha sabido, con estridencia y maledicencia, convertir sus mentiras en aparentes verdades que se ofrecen como promesa de salvación.

La mentira política ha venido in crescendo. Entre las grandes mentiras de ayer tenemos: la oferta de modernizar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) privatizándolo; la promesa de convertirnos en el primer país desarrollado de América Latina si firmábamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; la solución definitiva del problema del déficit fiscal con el Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Y las de hoy, por solo mencionar algunas: la tan anunciada quiebra de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); los reiterados señalamientos que ponían en duda la imparcialidad del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en la campaña pasada; aducir que las universidades públicas y el Poder Judicial cuenta con recursos suficientes para operar eficientemente; manifestar que el país ha blindado sus fronteras marítimas y terrestres, vía scanner, para contener el tráfico de drogas; decir que los sicarios por narcotráfico se matan entre ellos mismos y que no hay víctimas colaterales; calificar como chiripa el operativo que logró capturar a uno de los narcotraficantes más buscados del país, alias “Diablo”; ofrecer, en la reciente campaña política, entregar los ahorros del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) a sus legítimos dueños.

Sí, la tan mencionada consigna del régimen nazi fascista de Adolfo Hitler, “miente, miente que algo queda”, está siendo retomada por una clase política cínica y sin escrúpulos, para dar un golpe de Estado, a la tica, rompiendo el pacto social que heredamos de nuestros más preclaros estadistas, quienes contribuyeron a forjar una patria digna, soberana, democrática y con justicia y paz social.

La defensa de nuestra dignidad nacional, nuestra soberanía republicana, nuestra democracia participativa, nuestra paz y justicia social, exige hoy más que nunca de una ciudadanía patriótica despierta y movilizada para hacer valer sus derechos. Debemos impulsar la lucha no violenta contra la mentira política, ¡ya!

El Hondurasgate y la transformación de la presencia israelí en Centroamérica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Juan Carlos Cruz Barrientos
Comunicador social

En el programa La Base del 27 de julio último, el equipo de redacción analiza la nueva publicación exclusiva de audios del Hondurasgate, los cuales fueron sometidos a una auditoría forense independiente que revelan la penetración de Israel en América Latina con armas de espionaje, control y guerra sucia digital. En el programa interviene la periodista Valeria Duarte de Canal Red América Latina, quien participó en la investigación y que complementa investigaciones desarrolladas por organizaciones como Citizen Lab, Forbidden Stories, Artículo 19, Project Torogoz, Revista Raya y Señal Colombia.

Se trata de una nueva entrega de audios de la plataforma Honduras Gate que Diario Red América Latina y el medio de Estados Unidos Dropside que han vuelto a colocar sobre la mesa un tema que América Latina ha discutido de manera fragmentaria durante las últimas décadas: el papel desempeñado por Israel en la región y la transformación de los instrumentos mediante los cuales ejerce su influencia. El reciente programa La Base, titulado Espionaje israelí en América Latina, ofrece una oportunidad para abordar esa discusión desde una perspectiva histórica más amplia, evitando tanto las simplificaciones como las explicaciones conspirativas.

Para comprender el alcance de estas revelaciones es necesario retroceder varias décadas. La relación entre Israel y Centroamérica no comenzaron con Pegasus, la inteligencia artificial o las campañas digitales. Durante los años más intensos de la Guerra Fría, Israel desempeñó un papel relevante en la estrategia de seguridad de varios gobiernos centroamericanos, particularmente en Guatemala, El Salvador y Honduras. En un contexto marcado por la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el Estado israelí suministró armamento, entrenamiento militar, asesoría en inteligencia y tecnología de defensa a gobiernos que enfrentaban movimientos guerrilleros.

Diversos historiadores y especialistas en relaciones internacionales han documentado que esa cooperación adquirió especial importancia cuando la política exterior estadounidense encontró restricciones impuestas por el Congreso para continuar proporcionando asistencia militar directa a determinados gobiernos acusados de violaciones a los derechos humanos. En ese escenario, Israel se convirtió en un proveedor estratégico de armas, capacitación y asistencia técnica, actuando en numerosos casos dentro de una convergencia geopolítica con Washington, cuyo objetivo consistía en impedir el avance de organizaciones insurgentes en la región.

Aquella etapa dejó una huella profunda en la historia centroamericana. Sin embargo, el fin de los conflictos armados no significó el retiro de Israel. Lo que cambió fueron los instrumentos de su presencia.

Durante las décadas siguientes, la cooperación comenzó a orientarse hacia ámbitos como la agricultura de precisión, la gestión del agua, la salud pública, la innovación tecnológica, la investigación científica y la formación de recursos humanos. Paralelamente, crecieron las inversiones privadas, la participación de empresas israelíes en proyectos de infraestructura tecnológica, telecomunicaciones, ciberseguridad, software, energías renovables y transformación digital. La presencia israelí dejó de estar asociada casi exclusivamente al ámbito militar para convertirse en un fenómeno mucho más amplio, donde convergen diplomacia, cooperación técnica, inversión privada, innovación, redes académicas y relaciones empresariales.

Precisamente esa transformación constituye uno de los aspectos más interesantes del análisis presentado por La Base. El programa sostiene que el Hondurasgate no debería interpretarse únicamente como un posible caso de espionaje político, sino como una manifestación de un cambio más profundo en las formas del poder internacional.

Los ejemplos que presenta son reveladores. En México, investigaciones de Citizen Lab y Artículo 19 documentaron el uso del software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, para intervenir teléfonos de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En Colombia, investigaciones de Revista Raya y Señal Colombia revelaron la presunta compra clandestina de Pegasus mediante el traslado de once millones de dólares en efectivo hacia Israel durante la administración de Iván Duque. En El Salvador, el Project Torogoz, elaborado por Citizen Lab, identificó infecciones con Pegasus en teléfonos pertenecientes a periodistas de El Faro, La Prensa Gráfica, Diario El Mundo y otras organizaciones de la sociedad civil.

A estos antecedentes se suman las investigaciones internacionales sobre empresas privadas dedicadas a operaciones de influencia política. Facebook eliminó en 2019 cientos de cuentas vinculadas con Archimedes Group, una firma israelí acusada por la propia plataforma de desarrollar campañas coordinadas de manipulación política mediante perfiles falsos en distintos países. Poco después, la investigación internacional Story Killers, coordinada por Forbidden Stories, expuso las actividades del denominado «Equipo Jorge», encabezado por el exmilitar israelí Tal Hanan, quien aseguró ante periodistas infiltrados haber participado en operaciones de desinformación, hackeo y manipulación de procesos electorales mediante sofisticadas herramientas digitales. Hanan ha rechazado haber cometido actividades ilegales, pero el caso abrió un debate internacional sobre la existencia de un mercado privado dedicado a intervenir la conversación pública y los procesos democráticos.

La importancia del Hondurasgate radica precisamente en que invita a observar estos antecedentes como parte de un mismo proceso histórico. No solamente porque demuestra la existencia de una red regional de espionaje, sino porque plantea preguntas coherentes con fenómenos cuya existencia ya ha sido documentada en distintos países.

Lo verdaderamente novedoso no es la presencia israelí en América Latina, sino la transformación de sus herramientas. Si durante la Guerra Fría el eje de la cooperación estuvo constituido por armas, entrenamiento militar e inteligencia clásica, hoy el centro de gravedad parece desplazarse hacia la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la vigilancia electrónica, el análisis masivo de datos, las plataformas digitales y la comunicación estratégica.

Ese desplazamiento no significa que hayan desaparecido las formas tradicionales de cooperación en materia de seguridad. Significa, más bien, que el poder internacional incorpora nuevas dimensiones donde la información, los algoritmos y la infraestructura tecnológica adquieren una importancia comparable a la que anteriormente tuvieron los equipos militares o la asistencia logística.

Esta evolución también obliga a ampliar el objeto de análisis. Las relaciones entre Israel y Centroamérica ya no pueden estudiarse únicamente desde la diplomacia o la cooperación militar. Es necesario incorporar la dimensión económica, identificar las empresas israelíes que operan en la región, analizar los sectores donde concentran sus inversiones, estudiar el papel del capital israelí dentro de las economías centroamericanas y reconstruir las redes que articulan inversión privada, cooperación tecnológica, universidades, consultoras, cámaras empresariales y organismos estatales.

Desde esa perspectiva, el Hondurasgate deja de ser un episodio exclusivamente hondureño para convertirse en una oportunidad de investigación regional. Las preguntas relevantes ya no son únicamente quién espió a quién o qué tecnología se utilizó. También importa conocer cómo se adjudican los contratos de ciberseguridad, qué empresas participan en la transformación digital de los Estados, qué mecanismos supervisan el uso de tecnologías de vigilancia, qué consultoras intervienen en campañas de comunicación política y cómo interactúan estos actores con gobiernos, empresas y organismos internacionales.

La historia de la presencia israelí en Centroamérica puede leerse como la historia de la transformación de las formas del poder: de la cooperación militar propia de la Guerra Fría a la innovación tecnológica de la posguerra; de las armas a los datos; de la inteligencia convencional a los algoritmos; del fusil a la inteligencia artificial.

Comprender esa evolución constituye hoy uno de los grandes desafíos para el periodismo de investigación y para las ciencias sociales latinoamericanas. Solo mediante investigaciones rigurosas, sustentadas en documentos, registros públicos, datos verificables y contraste permanente de fuentes, será posible distinguir entre hechos, hipótesis y especulaciones, contribuyendo así a una comprensión más precisa de las nuevas formas de influencia que atraviesan la región.

Escuche el programa completo:

¿Qué nos espera?

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Con frecuencia, en estos días oscuros, muchos que sí tememos a la dictadura y a la desaparición de jueces independientes que garanticen nuestros derechos, nos preguntamos, con angustia, qué nos espera. Intentaré resumir algunas percepciones y los fundamentos que las apoyan.

  1. Un tsunami neoliberal, reaccionario, neofascista, antidemocrático, autocrático y de extrema derecha arrasa el mundo occidental, cuna y terreno donde por algo más de dos siglos ha florecido, con grandes altibajos, la democracia liberal/republicana clásica.
  2. Este movimiento político nefasto está en su mejor momento. Lo vemos con espanto cómo ha tomado a los Estados Unidos de América y a varios países del sur del continente. También tomó a países de la antigua Europa Oriental y conforman fuertes corrientes partidarias en el occidente europeo.
  3. No obstante, hay indicios de que esas fuerzas políticas regresivas, montadas sobre las bestias del ultra-nacionalismo, el fundamentalismo religioso, la xenofobia, la represión migratoria, el antifeminismo y la agresión a las minorías identitarias, no son sostenibles en el mediano plazo. Lo evidencia el derrocamiento, en las urnas, de Orbán en Hungría, y se concretan y anuncian fuertes golpes, también electorales, contra el trumpismo estadounidense. El desastre económico del desquiciado mental de Milei en Argentina, augura asimismo un cambio más temprano que tarde.
  4. En Costa Rica, el chavismo constituye la expresión vernácula de esa oleada antidemocrática. Hemos seguido el libreto: una democracias que no le ha llegado a amplios sectores de la población, ni para brindarle servicios básicos, ni para garantizarle derechos fundamentales. A esta realidad se ha unido la corrupción público/privada de la clase política tradicional y la emergencia de la criminalidad organizada y transnacional, sobre todo del narcotráfico.
  5. El terreno estaba por completo abonado para que surgiera el chavismo, la promesa demagógica y populista, el mesianismo que nos tiene ya hace casi cinco años en la crispación y la polarización, el espectáculo politiquero y la venta de supuestas soluciones que no alcanzan a solucionar los problemas más acuciantes de la ciudadanía. Los servicios siguen deteriorándose, la corrupción se agrava, los derechos se neutralizan o anulan.
  6. Idea cardinal y decisiva de este populismo de derecha que nos gobierna fue la necesidad de obtener una mayoría calificada (40 diputaciones) para poder llevar a cabo las transformaciones que propugna: una copia de lo que Nayib Bukele ha hecho en El Salvador: una mayoría aplastante en el Poder Legislativo que le permitiera tomar por asalto a la Corte Suprema, destituir magistrados, conformar un Tribunal Constitucional complaciente, nombrar a un amigo como Jefe del Ministerio Público; además, una supresión de las garantías propias del Estado de Derecho; una declaración –supuestamente temporal pero que ya lleva años- de un estado de sitio que se prolonga indefinidamente; y un sistema electoral que asegure el continuismo perpetuo de la élite autocrática al mando.
  7. Pero eso no sucedió en nuestro país. El Partido Pueblo Soberano, de Chaves y Fernández, aunque ganaron holgadamente, no obtuvieron la mayoría calificada a la que aspiraban. Se quedaron a siete diputaciones de poder hacer lo que les diera la gana con este Estado de Derecho y nuestro sistema democrático. La consecuencia más relevante de esta realidad política y que se ha ido develando en los últimos meses es que, llevados por el triunfalismo y la prepotencia, no previeron un PLAN-B, y ahora están dando palos de ciego en casi todos los temas transcendentales para el país.
  8. Es ya patente que el show mediático con caravanas blindadas y ruido de sirenas, las conferencias-arengas de los miércoles, las supuestas conspiraciones y atentados contra los dignatarios, y los proyectos de ley en materia penal por completo inviables por inconstitucionales, no dan abasto para legitimar la ausencia de programas de gobernanza y políticas públicas eficaces. Tampoco es suficiente la estrategia de culpar al Poder Judicial y sus órganos auxiliares por el problema de inseguridad que azota al país y que, en los últimos días ha desnudado quiénes son los que realmente están penetrados hasta el tuétano –el Poder Ejecutivo y sus cuerpos policiacos- y quiénes están cumpliendo con sus obligaciones y asestando rudos golpes al crimen organizado, a saber, el OIJ, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia.
  9. Los escenarios que enfrenta el chavismo son básicamente tres:

    9.1. Aceptar la dura realidad de que ya no van a poder hacer aquí lo que Bukele está haciendo con el pueblo salvadoreño y, con un mínimo de sensatez y estrategia política –si es que deciden tenerlas-, aceptar que deben sentarse a negociar con el bloque democrático de oposición que se ha ido consolidando en la Asamblea Legislativa. Esto significaría, entre otros asuntos álgidos,  negociar el nombramiento de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, girar las partidas presupuestarias congeladas al Poder Judicial y olvidarse de nuevos recortes; archivar los impuestos a la canasta básica; devolver a los trabajadores pensionados su ROP, entre otros asuntos de urgencia. Quizá, con esa inteligencia logren obtener la aprobación de leyes y proyectos que les interesen y reconstruyan su imagen frente a quienes han confiado en ellos.


    9.2. Continuar con la estrategia contumaz y atolondrada de no dialogar, no negociar, pretender torcer el brazo al Poder Judicial, llevarlo al colapso, obligarlo a deteriorar sus servicios con la peregrina idea de que la gente clamará por su cierre, en fin… conducir a una situación caótica que, estoy seguro, el mismo chavismo no sabe a dónde con exactitud puede conducir. Los chavistas -dirigentes y bases sociales-, deben darse cuenta que de esta virtual “guerra civil” no saldrá nadie ganancioso. ¿Desplegarán efectivos de la Fuerza Pública alrededor del Congreso para que no sesione? ¿Perpetrarán esa maniobra en el Circuito Judicial de San José? ¿Asfixiarán presupuestariamente a la Administración de Justicia y los otros entes de control y contrapeso? ¿Cuál puede ser el desenlace de semejante maniobra?, ¿provocar un enojo enardecido de la población contra las agencias  judiciales, o se les devolverá como búmeran? ¿Serán capaces de desatar un enfrentamiento armado entre la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial? ¿Qué diablos estará pasando por esas cabecitas?


    9.3. Otra apuesta, que puede sonar descabellada pero que nunca se  sabe, es que el chavismo continuista esté apostando a pedir intervención extranjera, para imponer un Estado de Excepción dictatorial. Ya hemos visto a Rodrigo Chaves coquetear con el ejército salvadoreño y, en la de menos, también puede estar acariciando la ilusión de que el amo supremo, Donald Trump, se apunte a la aventura. Ya lo hemos visto asimismo medir fuerzas entre número de efectivos con los que contaría versus los efectivos de la Policía Judicial. Pero en este punto hay una cuestión medular que no debe olvidarse. Hasta ahora, los entes que han contado con la confianza y apoyo de las agencias estadounidenses (CIA, DEA, Embajada, Departamento de Estado) han sido el Ministerio Público y el OIJ, y no tanto el Poder Ejecutivo y sus instancias de policía. Además, Costa Rica no tiene el peso geopolítico suficiente como para justificar una intervención tipo Venezuela. El Tío Sam tiene en estos momentos demasiados frentes abiertos en el mundo, y en este país no se vislumbra una fuerza política alternativa, de izquierda radical y antiimperialista,  que amenace la tradicional alianza con los Estados Unidos. Así que este escenario, salvo que todos se vuelvan por completo locos, es el menos probable.


    10. Seamos pues moderadamente optimistas. Confiemos en que el tsunami neoliberal de extrema derecha siga evidenciando sus alcances limitados en todo el mundo. Confiemos en que la sociedad costarricense comience a detectar el callejón sin salida en el que nos ha metido el chavismo. Confiemos en que el populismo demagógico del continuismo se ira desgastando en sus consignas y su propia incapacidad para cumplir promesas. Confiemos, en fin, en que la gente empezará a manifestarse y organizarse para salvar la aspiración democrática, pacífica y justa que supieron heredarnos los abuelos y abuelas.

OES UNA: Primeros cinco meses del año reflejan deterioro fiscal del país

Escrito en . Publicado en Análisis.

· El deterioro de los ingresos tributarios y el repunte del gasto por intereses de deuda presionan nuevamente las finanzas públicas.

UNA Comunica. El Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional presenta este análisis de la situación fiscal de Costa Rica con información disponible al cierre del quinto mes de 2026, con el propósito de aportar elementos que contribuyan a la discusión sobre la coyuntura fiscal y su incidencia en el desempeño de la economía nacional.

El documento analiza tres componentes fundamentales de las finanzas públicas: los ingresos del Gobierno Central, el gasto público y el resultado fiscal. Asimismo, presenta una actualización de las proyecciones sobre la trayectoria del endeudamiento público al cierre de 2026, elaboradas con base en la información más reciente disponible, con el fin de valorar las perspectivas de sostenibilidad fiscal en el corto plazo.

1. Ingresos del gobierno central

En cuanto a los ingresos del Gobierno Central, su comportamiento -expresado como porcentaje del PIB- muestra la siguiente evolución al cierre de mayo de cada año, para el período 2022-2026:

Cuadro 1

Gobierno Central: Ingresos con respecto al PIB, 2022-2026, acumulados a mayo.

 

2022

2023

2024

2025

2026

INGRESOS TOTALES

6,45%

6,42%

6,20%

6,01%

5,70%

Ingresos Tributarios

5,56%

5,74%

5,49%

5,32%

5,01%

Impuesto a los ingresos y utilidades

2,23%

2,19%

1,94%

1,89%

1,81%

Sobre importaciones

0,14%

0,14%

0,14%

0,15%

0,14%

Sobre exportaciones

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

IVA

1,95%

2,07%

2,05%

2,02%

1,87%

Interno

1,25%

1,33%

1,31%

1,28%

1,20%

Aduanas

0,70%

0,74%

0,75%

0,73%

0,67%

Selectivo de Consumo

0,17%

0,23%

0,27%

0,24%

0,21%

Interno

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Aduanas

0,16%

0,22%

0,26%

0,23%

0,20%

Otros ingresos tributarios

0,97%

1,11%

1,08%

1,02%

0,97%

Contribuciones sociales

0,46%

0,48%

0,49%

0,49%

0,49%

Ingresos no tributarios

0,40%

0,18%

0,19%

0,18%

0,17%

Transferencias

0,01%

0,01%

0,02%

0,02%

0,01%

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Los ingresos del Gobierno Central, medidos como porcentaje del PIB, muestran una tendencia descendente al cierre de mayo durante el período 2022-2026 (Cuadro 1). En mayo de 2026, los ingresos totales representaron el 5,70% del PIB, inferior al 6,01% registrado en el mismo período de 2025, lo que equivale a una reducción de 0,31 puntos porcentuales. Este resultado obedece exclusivamente a la disminución de los ingresos tributarios, que pasaron de 5,32% a 5,01% del PIB, constituyéndose tanto los ingresos tributarios como los ingresos totales en los niveles más bajos del período analizado.

El principal factor detrás de esta disminución es la menor recaudación del impuesto sobre los ingresos y utilidades (renta), cuya participación en el PIB pasó de 1,89% en mayo de 2025 a 1,81% en mayo de 2026. Este resultado responde al deterioro observado en la recaudación de este tributo durante los primeros meses del año, particularmente en marzo, cuando se liquida el impuesto sobre la renta correspondiente al período fiscal 2025. En ese mes, la recaudación fue un 7,5% inferior a la registrada en marzo de 2023, lo que representó aproximadamente ₡106.000 millones menos. Cabe señalar que marzo de 2023 constituye el mejor referente reciente en términos de recaudación de este impuesto, por lo que la magnitud de la reducción evidencia una desaceleración significativa en el rendimiento del principal tributo del Gobierno Central.

La menor recaudación del impuesto sobre la renta se explica, principalmente, por la evolución de dos de sus componentes. Por un lado, el impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas acumuló una contracción del 2,0% al cierre de mayo, en contraste con el crecimiento del 3,0% observado en igual período de 2025. Por otro lado, el impuesto sobre remesas al exterior, aplicado a los ingresos obtenidos por personas no residentes, registró una disminución del 2,7%, comportamiento asociado, entre otros factores, a la apreciación del colón durante los primeros meses de 2026, que redujo el valor en colones de las operaciones gravadas. En contraste, la recaudación del impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas físicas permaneció prácticamente estancada, al registrar una leve disminución del 0,03%, mientras que en el mismo período del año anterior mostraba un crecimiento del 5,9%.

En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), su recaudación también muestra una pérdida de dinamismo durante 2026. Al cierre de mayo, este tributo representó 1,87% del PIB, inferior al 2,02% registrado en el mismo período de 2025, lo que equivale a una reducción de 0,15 puntos porcentuales del PIB. Esta disminución refleja un menor crecimiento de la recaudación en comparación con el observado el año anterior y se manifiesta tanto en el IVA aplicado a las transacciones internas como en el recaudado en aduanas.

En términos nominales, la recaudación del IVA acumuló una contracción de 3,8% a mayo de 2026, mientras que en igual período de 2025 registraba un crecimiento de 3,5%. Como resultado, la participación del IVA interno disminuyó de 1,28% a 1,20% del PIB, en tanto que el IVA de aduanas pasó de 0,73% a 0,67% del PIB, evidenciando que la desaceleración de este impuesto responde tanto al comportamiento de la actividad económica interna como al menor dinamismo de las importaciones.

Por su parte, el impuesto selectivo de consumo también redujo su participación dentro de los ingresos tributarios. Al cierre de mayo de 2026, este impuesto representó 0,21% del PIB, frente al 0,24% observado en el mismo período del año anterior. Este comportamiento se explica, principalmente, por el efecto de la apreciación del colón sobre la recaudación asociada a bienes importados y por las modificaciones introducidas en la metodología de valoración de los vehículos usados.

La disminución se concentra en el impuesto selectivo de consumo recaudado en aduanas, cuya participación pasó de 0,23% a 0,20% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026, mientras que el componente aplicado a las transacciones internas se mantuvo prácticamente sin variación.

En el rubro de otros ingresos tributarios, que agrupa diversos impuestos de menor peso relativo y dentro del cual el impuesto único a los combustibles constituye el principal componente, la recaudación también disminuyó como porcentaje del PIB. Este rubro pasó de representar 1,02% del PIB en mayo de 2025 a 0,97% en igual período de 2026.

A pesar de esta reducción agregada, el impuesto único a los combustibles —que aporta aproximadamente el 64% de la recaudación clasificada en este rubro— mostró un comportamiento relativamente favorable. Su recaudación alcanzó el 0,53% del PIB al cierre de mayo de 2026, superior al 0,51% del PIB registrado un año antes. No obstante, el ritmo de crecimiento de este impuesto se desaceleró de forma importante: mientras que en los primeros cinco meses de 2025 aumentaba un 20,2% interanual, en el mismo período de 2026 el crecimiento fue de apenas 8,0%.

El segundo componente más relevante de este grupo corresponde al impuesto sobre la propiedad de vehículos, cuya recaudación pasó de 0,13% del PIB en mayo de 2025 a 0,09% del PIB en mayo de 2026. Esta disminución responde, principalmente, a la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa en 2023, la cual redujo la carga tributaria asociada a este gravamen. Como resultado, aunque las importaciones de vehículos han mantenido un fuerte crecimiento en los últimos años, ello no se ha traducido en un aumento proporcional de la recaudación de este impuesto.

En términos nominales, el impuesto sobre la propiedad de vehículos registró una contracción interanual del 33,1% al cierre de mayo de 2026, en contraste con el crecimiento del 33,1% observado en el mismo período del año anterior. Este cambio refleja el impacto de la reforma tributaria sobre el rendimiento de este gravamen y explica parte de la reducción observada en el rubro de otros ingresos tributarios.

El OES complementa el análisis de los ingresos tributarios mediante el seguimiento de la variación interanual de la recaudación acumulada de los últimos doce meses de los distintos tipos de impuestos. Este enfoque permite identificar con mayor oportunidad los cambios en la dinámica de los ingresos fiscales y anticipar posibles efectos sobre las finanzas públicas antes del cierre del ejercicio presupuestario.

Como se observa en el Gráfico 1, el ritmo de crecimiento de los ingresos tributarios comenzó a desacelerarse a partir de abril de 2025 y, desde marzo de 2026, las tasas de variación interanual pasaron a ser negativas, lo que significa que la recaudación tributaria es inferior a la registrada en los mismos meses del año previo. Si bien una situación similar se presentó entre marzo y julio de 2024, en aquella ocasión estuvo explicada principalmente por la menor recaudación del impuesto sobre la renta y por la fuerte contracción del impuesto sobre la propiedad de vehículos.

En contraste, la desaceleración observada en 2026 tiene un origen más amplio, ya que responde simultáneamente a la disminución en la recaudación del impuesto sobre la renta, del IVA y del impuesto selectivo de consumo, es decir, tres de las principales fuentes de ingresos tributarios del Gobierno Central.

De mantenerse esta tendencia durante el resto de 2026, es previsible una nueva reducción de la carga tributaria al cierre del año, al igual que ocurrió en 2025. En consecuencia, el Gobierno Central enfrentaría menores ingresos en relación con el tamaño de la economía, lo que presionaría al alza el déficit fiscal, reduciría el superávit primario y limitaría la velocidad de disminución de la deuda pública como porcentaje del PIB, e incluso podría traducirse en un incremento de esta relación si el deterioro de los ingresos no es compensado por una reducción del gasto público.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Al analizar el comportamiento interanual de los principales impuestos se observa un deterioro generalizado en la dinámica de la recaudación, aunque con diferencias importantes entre los distintos tributos.

En el caso del impuesto sobre la renta, la desaceleración de la recaudación se ha intensificado desde marzo de 2026, reflejando un menor dinamismo de las utilidades gravables y un deterioro en el rendimiento del principal impuesto del Gobierno Central.

Por su parte, el IVA evidencia un comportamiento aún más preocupante. Además de la desaceleración observada desde mediados de 2025, el tributo acumula seis meses consecutivos de variaciones interanuales negativas, lo que confirma una tendencia de deterioro sostenido. Esta pérdida de dinamismo se presenta tanto en la recaudación del IVA sobre las transacciones internas como en la correspondiente a las importaciones.

El impuesto selectivo de consumo también mantiene una trayectoria descendente. Desde junio de 2025 registra caídas interanuales de forma prácticamente continua, luego de varios años de un sólido crecimiento. Este comportamiento está estrechamente vinculado con la desaceleración de las importaciones de vehículos, actividad que perdió dinamismo durante 2025 y continuó mostrando un menor ritmo de crecimiento en los primeros meses de 2026, reduciendo la base imponible de este gravamen.

En contraste, el impuesto sobre la propiedad de vehículos ha mantenido tasas de crecimiento interanual positivas durante los primeros meses de 2026. No obstante, el ritmo de expansión ha comenzado a moderarse gradualmente, por lo que será necesario observar su evolución durante el resto del año para determinar el impacto final sobre la recaudación anual, especialmente considerando los efectos de la reforma aplicada a este tributo en 2023.

Finalmente, la recaudación del impuesto único a los combustibles muestra una recuperación durante 2026, tras el deterioro experimentado a lo largo de 2025. Este comportamiento podría estar asociado a un aumento en el consumo de combustibles, que habría compensado parcialmente la volatilidad observada en los precios internacionales del petróleo, influenciados por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Sin embargo, será necesario dar seguimiento a este impuesto en los próximos meses, dado que su evolución dependerá tanto del comportamiento de la demanda interna como de las condiciones del mercado internacional de hidrocarburos.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

1. Gasto público

El comportamiento del gasto público durante los primeros cinco meses de 2026 muestra una dinámica distinta a la observada en los años previos. Aunque el gasto continúa creciendo, su ritmo de expansión se ha moderado y se observa un cambio en la composición de los rubros que impulsan dicho crecimiento. En particular, el gasto en remuneraciones mantiene un crecimiento contenido, las transferencias corrientes muestran una reducción tanto hacia el sector público como hacia el sector privado, el gasto de capital presenta escasas variaciones y el pago de intereses de la deuda vuelve a cobrar protagonismo como uno de los principales factores de expansión del gasto.

Este cambio resulta relevante porque el gasto por intereses fue el componente que registró la mayor reducción durante 2025 y, sin embargo, en 2026 ha retomado una trayectoria ascendente. De mantenerse esta tendencia durante el resto del año, el pago de intereses aumentaría como porcentaje del PIB, lo que ejercerá una mayor presión sobre el déficit financiero y limitará el margen de maniobra de la política fiscal.

En el caso del gasto en remuneraciones, su participación con respecto al PIB muestra una ligera disminución al cierre de mayo de 2026. Mientras que en igual período de 2025 este rubro representaba el 2,36% del PIB, en 2026 alcanzó el 2,35%, variación que podría estar asociada, entre otros factores, al proceso de migración de funcionarios al esquema de salario global establecido por la Ley Marco de Empleo Público. No obstante, en términos nominales el gasto en remuneraciones acumuló un crecimiento interanual del 3,0%, superior al 0,9% registrado en los primeros cinco meses de 2025, lo que refleja que el menor peso relativo sobre el PIB también responde al crecimiento de la economía nominal.

Por su parte, el gasto por intereses de la deuda volvió a incrementarse como porcentaje del PIB al cierre de mayo de 2026. Este rubro alcanzó el 1,83% del PIB, frente al 1,79% observado en el mismo período del año anterior. Asimismo, su crecimiento interanual pasó de una contracción del 5,2% en mayo de 2025 a un aumento del 6,0% en mayo de 2026, confirmando un cambio de tendencia respecto al año previo.

Al desagregar el pago de intereses según el origen de la deuda, se observa que el aumento proviene exclusivamente del servicio de la deuda interna. Los intereses pagados por este concepto pasaron de 1,38% a 1,47% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026. En contraste, los intereses correspondientes a la deuda externa disminuyeron de 0,41% a 0,36% del PIB, favorecidos por la apreciación del colón registrada durante los primeros meses de 2026, la cual redujo el costo en colones del servicio de la deuda denominada en moneda extranjera. En consecuencia, el incremento del gasto total por intereses responde al mayor costo del financiamiento interno, mientras que la evolución del tipo de cambio contribuyó a contener el gasto asociado a la deuda externa.

Cuadro 2.

Gobierno Central: gasto público con respecto al PIB, 2022-2026, acumulados a mayo.

 

2022

2023

2024

2025

2026

GASTOS TOTALES

7,21%

7,26%

7,55%

7,10%

6,98%

Gastos totales sin intereses

5,41%

5,36%

5,55%

5,31%

5,15%

Gastos corrientes

6,85%

6,84%

7,08%

6,68%

6,53%

Remuneraciones

2,48%

2,40%

2,47%

2,36%

2,35%

Bienes y Servicios

0,22%

0,21%

0,20%

0,20%

0,21%

Intereses

1,81%

1,90%

1,99%

1,79%

1,83%

Deuda Interna

1,51%

1,53%

1,52%

1,38%

1,47%

Deuda externa

0,30%

0,37%

0,47%

0,41%

0,36%

Transferencias

2,34%

2,33%

2,41%

2,32%

2,13%

Sector Privado

0,84%

0,80%

0,78%

0,74%

0,71%

Sector Publico

1,50%

1,48%

1,63%

1,57%

1,42%

Sector Externo

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Gastos de Capital

0,36%

0,41%

0,46%

0,41%

0,45%

Inversión

0,14%

0,20%

0,15%

0,13%

0,12%

Transferencias

0,22%

0,21%

0,31%

0,28%

0,33%

Transferencias con recurso externo

0,06%

0,00%

0,02%

0,04%

0,01%

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

La partida de transferencias corrientes es la que registra la mayor variación dentro del gasto público durante 2026. Al cierre de mayo, este rubro representó 2,13% del PIB, inferior al 2,32% del PIB observado en el mismo período de 2025, lo que equivale a una reducción de 0,19 puntos porcentuales del PIB. En términos nominales, las transferencias corrientes acumularon una disminución interanual del 5,0%, mientras que en igual período del año anterior registraban un crecimiento del 1,7%.

La reducción se explica tanto por el comportamiento de las transferencias al sector privado como por las destinadas al sector público. Las transferencias corrientes al sector privado, integradas principalmente por el pago de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, disminuyeron de 0,74% a 0,71% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Esta tendencia responde al efecto de las reformas aprobadas en años anteriores para limitar el crecimiento de las pensiones financiadas con recursos del presupuesto, cuyos efectos continúan reflejándose en la evolución de este componente del gasto.

Por su parte, las transferencias corrientes al sector público, que comprenden los recursos que el Gobierno Central transfiere a instituciones descentralizadas y otros entes públicos para financiar el funcionamiento y diversos programas sociales, registraron una reducción aún más significativa. Su participación pasó de 1,57% a 1,42% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Este comportamiento refleja el efecto de las medidas de contención del gasto implementadas en los últimos años y evidencia las restricciones que enfrenta el financiamiento de programas públicos y sociales bajo el actual marco de consolidación fiscal.

En cuanto al gasto de capital, este mostró una leve recuperación respecto al año anterior. Al cierre de mayo de 2026 alcanzó el 0,45% del PIB, superior al 0,41% registrado en el mismo período de 2025, aunque todavía ligeramente inferior al 0,46% observado en 2024. En términos nominales, el gasto de capital acumuló un crecimiento interanual del 13,2%, contrastando con la contracción del 5,3% registrada un año antes.

A pesar de esta recuperación, la inversión pública continúa representando una proporción reducida del PIB, lo que limita su capacidad para impulsar el crecimiento económico y mejorar la competitividad del país. Además, este componente del gasto mantiene una elevada volatilidad, asociada a los distintos ritmos de ejecución de los proyectos de infraestructura, especialmente en el ámbito vial. De cara a 2027, la aplicación de la regla fiscal podría volver a restringir el crecimiento de la inversión pública, limitando el margen para incrementar el gasto de capital.

Al igual que en el caso de los ingresos, el OES complementa el análisis del gasto público mediante el seguimiento de la evolución del gasto acumulado de los últimos doce meses. Este enfoque permite identificar con mayor claridad los cambios en la tendencia del gasto, reduciendo la volatilidad propia de la ejecución mensual.

Como se observa en el Gráfico 3, el gasto público inició un proceso de desaceleración a partir de abril de 2025, llegando incluso a registrar tasas de crecimiento negativas durante algunos meses de ese año y en el primer trimestre de 2026. No obstante, en abril y mayo de 2026 esta tendencia comenzó a revertirse, debido principalmente a la recuperación del gasto de capital y al repunte del pago de intereses de la deuda interna, componentes que explican la aceleración más reciente del gasto público.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Con base en el comportamiento observado durante los primeros cinco meses del año, se estima que el gasto público crecerá a un ritmo inferior al del PIB nominal en 2026. En consecuencia, su participación relativa dentro de la economía volvería a disminuir al cierre del año. Esta evolución contribuiría a contener el déficit financiero y favorecer el mantenimiento del superávit primario. Sin embargo, este efecto positivo sería parcialmente compensado por la pérdida de dinamismo de los ingresos tributarios, por lo que la evolución final del balance fiscal dependerá, en buena medida, del comportamiento que mantenga la recaudación durante el segundo semestre del año.

La evolución interanual de las principales partidas del gasto público evidencia comportamientos diferenciados durante los últimos meses. En el caso de las remuneraciones, el ritmo de crecimiento se ha acelerado con respecto a los primeros meses del año, aunque continúa siendo moderado en comparación con otros períodos. Por su parte, el gasto por intereses mantiene una tasa de variación interanual inferior a la observada en años anteriores; sin embargo, su crecimiento ha venido recuperándose gradualmente tras la fuerte contracción registrada en 2025. En contraste, las transferencias corrientes presentan tasas de crecimiento interanual negativas desde el inicio de 2026, lo que ha reducido progresivamente su participación dentro del gasto total del Gobierno Central.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Con base en las tendencias observadas hasta mayo, se prevé que al cierre de 2026 tanto el gasto en remuneraciones como las transferencias corrientes reduzcan ligeramente su participación con respecto al PIB. En el caso del gasto por intereses, la trayectoria apunta a un aumento de su peso relativo dentro del gasto público, aunque su magnitud dependerá, en buena medida, de la evolución del tipo de cambio durante el segundo semestre del año. Una eventual depreciación del colón incrementaría el costo en moneda nacional del servicio de la deuda denominada en moneda extranjera, presionando al alza el gasto por intereses y, en consecuencia, el déficit financiero.

En cuanto al gasto de capital, este ha mostrado una evolución más favorable desde finales de 2025, con tasas de crecimiento interanual de dos dígitos que reflejan una aceleración en la ejecución de proyectos de inversión pública. De mantenerse esta tendencia, al cierre de 2026 la inversión pública aumentaría ligeramente como porcentaje del PIB. No obstante, aun con esta mejora, el gasto de capital continuaría ubicándose por debajo de los niveles más altos registrados durante las últimas dos décadas, lo que limita su capacidad para cerrar las brechas de infraestructura y potenciar el crecimiento económico de largo plazo.

1. RESULTADO FISCAL

Al cierre de mayo de 2026, las finanzas públicas muestran un deterioro con respecto al mismo período del año anterior, explicado principalmente por la pérdida de dinamismo de los ingresos tributarios. El superávit primario alcanzó 0,55% del PIB, inferior al 0,70% del PIB registrado a mayo de 2025, reflejando que la reducción de los ingresos ha superado el efecto de la moderación observada en el crecimiento del gasto público.

Por su parte, el déficit financiero se ubicó en 1,29% del PIB, superior al 1,09% del PIB observado en igual período del año anterior. Este incremento responde tanto a la menor recaudación tributaria como al repunte del gasto por intereses de la deuda, factores que han reducido el margen de mejora alcanzado en los últimos años sobre el balance de las finanzas públicas.

Con base en la información disponible al cierre de mayo, el Observatorio Económico y Social estima que el déficit financiero podría ubicarse entre 3,7% y 3,8% del PIB al finalizar 2026, mientras que el superávit primario se situaría entre 0,5% y 0,6% del PIB. Asimismo, se proyecta que la deuda del Gobierno Central cierre el año entre 60,7% y 61,0% del PIB. Estas estimaciones parten del supuesto de que el crecimiento económico se mantendrá en línea con las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (vigentes al 28 de julio de 2026), que no se producirán cambios significativos en la inflación ni en el tipo de cambio durante el segundo semestre del año y que las tendencias observadas en los ingresos y el gasto público se mantendrán durante el resto del ejercicio fiscal. El OES actualizará estas proyecciones en el último trimestre de 2026, conforme se disponga de nueva información.

Los resultados observados durante los primeros cinco meses del año evidencian un deterioro gradual de la posición fiscal del Gobierno Central. La reducción de la carga tributaria, combinada con un nivel de deuda pública cercano al 60% del PIB, pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la capacidad de generación de ingresos del Estado para preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas y responder a las crecientes demandas de la población.

En este contexto, el OES considera necesario avanzar en una revisión integral del sistema tributario, orientada tanto a fortalecer la recaudación como a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración tributaria. Un sistema tributario con mayor capacidad recaudatoria contribuiría a fortalecer la sostenibilidad fiscal y a generar el espacio necesario para atender áreas estratégicas como la seguridad ciudadana, la educación pública, la inversión en infraestructura y los programas de protección social.

De igual forma, resulta prioritario impulsar medidas que contribuyan a reducir el costo del financiamiento de la deuda pública. El crecimiento esperado del gasto por intereses durante 2026 limita la disponibilidad de recursos para financiar políticas públicas e inversión social. Reducir ese costo permitiría liberar recursos presupuestarios que podrían destinarse a fortalecer la provisión de servicios públicos y promover el desarrollo económico y social. En este sentido, las acciones orientadas a mejorar la recaudación tributaria, fortalecer las potestades de control y fiscalización de la Administración Tributaria y preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas adquieren un carácter prioritario para evitar un mayor deterioro de la situación fiscal en los próximos años.

Fernando Rodríguez Garro
Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía, UNA
28 de julio de 2026

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

¿Por qué llegamos hasta aquí?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Una comunicadora costarricense me hace esa pregunta “off the record” antes de interpelarme acerca del chisme como producto social.

– “ambos temas están conectados”-pienso. Pero le respondo desde dos lugares narrativos: el racional y el emocional.

En el plano racional es evidente que los enojos y la demandas sociales no fueron traducidos de forma oportuna por las diferentes opciones políticas en el pasado. A esta inoperancia debemos sumarle esa crisis de gobernabilidad en la que entro el aparataje institucional hace algunas décadas.

Por eso desde hace muchos años cuando se consultaba a la ciudadanía por las posibles respuestas ante esa maraña que no dejaba caminar al estado, empezaron a vislumbrarse opiniones acerca de la necesidad de contar con una figura fuerte que pusiera orden en el caos.

Entonces, como ahora, las opciones autoritarias y retorcidas campeaban por la región sin ningún rubor.

Y entonces vamos a lo segundo. Lo emocional. Han transcurrido prácticamente tres meses desde que asumiera el nuevo gobierno en Costa Rica y dos certezas van quedando en el camino.

La primera tiene que ver con la continuación de un estilo de comunicación insolente, irrespetuoso e intolerante. Alli hay trabajo profesional de por medio, estamos claros. Allí la construcción del chisme como recurso retórico toma un rol fundamental.

La segunda constatación es la de la voz masculina y exhultante continua bajo el mando de lo estratégico y operativo. El 8 de mayo la cosmética de un traspaso de poderes nos engañó a todos y todas.

Llegamos hasta aquí, entonces, porque ya no tenemos retorno y la respuesta ha sido lenta e inexistente. Por eso y porque hoy es otra sociedad la que vivimos y no la vimos venir. No de esta manera.

Cinpe-UNA: aumento del IVA al 13% afectaría más a familias de menos ingresos

Escrito en . Publicado en Análisis.

UNA Comunica. Pasar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la Canasta Básica Tributaria (CBT) del 1% actual al 13%, tendría una afectación mayor en los grupos de población de menores ingresos, frente a los más adinerados.

El estudio IVA a la canasta básica del 1% al 13% elaborado por Leiner Vargas, investigador del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), le da un contexto económico y social al impacto de una medida fiscal que el Gobierno tiene en valoración, como respuesta a la situación fiscal que atraviesa el país.

Aun y cuando se ha mencionado la formulación de un “IVA personalizado” para devolver eventualmente a los de menores ingresos el impuesto que se pagaría de más, el análisis contempla los riesgos de que una medida así cumpla con efectividad los fines propuestos.

¿Quién paga más?

Lo cierto del caso es que un aumento en el IVA sobre la canasta básica tendría un resultado preponderante en cuanto a la recaudación tributaria. Bajo un escenario de un incremento del 1% al 13% el monto recolectado pasaría de 42.065 millones de colones a 546.841 millones de colones. Esto representaría un 1% del producto interno bruto (PIB).

Sin embargo, la factura social que se pagaría a cambio de ello golpearía de manera regresiva a los hogares.

Para el primer quintil (el más pobre), que percibe un ingreso promedio mensual de 321.351 colones, el cambio implicaría un 6.7% de los ingresos percibidos. Para el segundo quintil (el segundo más pobre y con un ingreso promedio de 604.749 colones en promedio), el efecto se rondaría entre un 4% y un 5%.

Si se considera que el primer quintil emplea un 44.1% de sus ingresos al mes en sufragar gastos por bienes de la canasta básica y el segundo quintil utiliza un 28.8%, el efecto toma otra dimensión. “Para un hogar del primer quintil, la magnitud equivale a perder cerca de un mes de capacidad de compra alimentaria al año. Para el segundo quintil, que está compuesto por hogares vulnerables no pobres, el riesgo es relevante en el descenso bajo la línea de pobreza”, indica el estudio.

Los tres restantes quintiles (tres, cuatro y cinco) percibirían efectos menores de aplicarse el ajuste en el IVA.

Para el tercer quintil la carga sobre sus ingresos sería entre un 2.5% y un 3.5%. Bajaría a un rango entre un 1.5% y un 2% en el cuarto quintil, y se ubicaría entre un 0.6% y un 1% en el quinto quintil.

A diferencia del primer quintil, que utiliza casi la mitad de sus ingresos para la compra de bienes de la canasta básica, el quinto quintil (el más adinerado), que percibe un ingreso promedio mensual de 2.675.743 colones, utiliza solo un 9.9% de ese monto a la adquisición de estos productos.

Eliminar la exoneración sobre la canasta básica fue una de las recomendaciones planteadas en mayo anterior por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la Consulta del Artículo IV del acuerdo del Crédito Flexible con Costa Rica, como una forma de asegurar la sostenilidad fiscal del país a mediano plazo. Desde entonces, el tema ha estado en el debate público, aunque el gobierno aún no ha presentado una propuesta formal en esa línea.

Efectos adversos

Aunque la recaudación de subir el IVA al 13% tiene un impacto en la recaudación del 1% del PIB, el análisis del investigador Leiner Vargas establece que, de entrada, habría un aumento directo del 11.9% en el precio final que paga el consumidor en bienes esenciales como arroz, frijoles, huevos, lácteos, panes y harinas y proteínas (pollo, res, cerdo, atún y sardinas).

Este incremento tendría una carga relativa sobre el primer decil de ingresos que corresponde hasta 12 veces más que la del decil más rico. Incluso, el estudio indica que, al aplicar una serie de indicadores que miden la desigualdad económica, la progresividad del impuesto y los efectos redistributivos, en todos los escenarios, el resultado sería pernicioso.

Mientras que la idea de aplicar un IVA personalizado, con un mecanismo de devolución del impuesto hacia los sectores más vulnerables, puede chocar de frente con la realidad. “Dadas las brechas de cobertura de los registros sociales y la experiencia regional con estos esquemas, la probabilidad de errores de exclusión en el primer quintil es suficientemente alta como para desaconsejar la medida en su formulación actual”, apunta el informe.

Entre esos riesgos, destacan por ejemplo el hecho de que pueda existir una población vulnerable sin estar registrada en los sistemas de focalización como Sinirube, la alta informalidad del mercado laboral en el país que afecta hasta 800 mil personas, la migración irregular y la población adulta mayor que no recibe ni siquiera una pensión no contributiva.

“La evidencia regional no es alentadora: los esquema de focalización de transferencias en América Latina, incluida la experiencia uruguaya con el IVA personalizado, registran errores de exclusión de entre el 20% y el 40% en el primer quintil y las brechas de cobertura de Sinirube, particularmente en la población informal, rural y migrante, sugieren que el país no está exento de ese patrón”, destaca el informe.

La conclusión es contundente: la homologación de la tarifa de la canasta básica al 13% debe rechazarse.

Al respecto, Vargas explora cinco medidas que deberían implementarse en caso de avanzar sobre esa ruta. La primera es verificar con una auditoría independiente los registros del primer y segundo quintil, seguida de la definición de un mecanismo de devolución automático, mensual y no condicionado.

En tercer lugar establecer una gradualidad de tarifas que puedan revertirse de acuerdo con indicadores de pobreza y seguridad alimentaria. La cuarta medida sería el análisis de medidas alternativas como por ejemplo una tarifa general menor con una base más amplia de la canasta básica. Finalmente, que se realice una evaluación independiente de los impacto percibidos con el compromiso de divulgación de resultados.

Leiner Vargas Alfaro amplía sobre el tema: https://www.youtube.com/watch?v=24k6mlG_je8

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

¿Cómo se fabrica una noticia?, asunto Nicaragua

Escrito en . Publicado en Análisis.

José A. Amesty Rivera

Hay un viejo dicho que dice que una mentira da la vuelta al mundo, mientras la verdad apenas se está poniendo los zapatos. Hoy podríamos actualizarlo diciendo que, un titular recorre el planeta mucho antes de que alguien tenga tiempo de escuchar un discurso completo.

Eso fue precisamente lo que pasó hace unos días con unas declaraciones del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, casi de inmediato comenzaron a aparecer titulares asegurando que Ortega anunció que ya no habrá más elecciones en Nicaragua. La noticia se propagó rápidamente por periódicos, portales digitales y redes sociales, para millones de personas quedó instalada una idea muy simple, el Gobierno nicaragüense había decidido eliminar definitivamente las elecciones.

Sin embargo, cuando uno escucha el discurso completo descubre que la historia es bastante más compleja, Ortega dijo: Aquí no volverán a haber elecciones, pero no terminó ahí, enseguida explicó que impulsaría reformas legales, junto con la Asamblea Nacional, para impedir que personas o grupos que, según el Gobierno, reciben financiamiento extranjero para promover golpes de Estado o acciones contra el país puedan llegar al poder mediante elecciones.

Alguien puede pensar que esta propuesta es correcta o equivocada, este debate pertenece al terreno de la política y es otro tema. Lo que aquí interesa es algo distinto, ¿los grandes medios informaron exactamente lo que dijo Ortega o construyeron una noticia diferente?

El investigador estadounidense Michael Parenti, politólogo e historiador, lleva décadas estudiando cómo funcionan muchas de las grandes empresas de comunicación, su idea principal es sencilla, la manipulación casi nunca consiste en inventar una noticia, es mucho más efectivo contar solo una parte de la historia, así lo explica en su artículo Métodos de manipulación de los medios de comunicación. Y esto es justamente lo que parece haber ocurrido en este caso, cortar una frase para que termine diciendo otra cosa.

El primer recurso de la manipulación mediática, según Parenti, consiste en tomar una frase aislada y separarla del resto del discurso, es como si alguien dijera, Si siguen entrando armas al barrio, tendremos que cerrar la calle, y al día siguiente el titular fuera, Vecino propone cerrar todas las calles. Las palabras son reales, pero el significado cambia por completo.

Esto ocurrió con la frase, Aquí no volverán a haber elecciones. Casi ningún titular explicó enseguida que Ortega estaba hablando de impedir la participación electoral de grupos que, según su Gobierno, actúan con financiamiento extranjero para promover un cambio de régimen, cuando se elimina el contexto, el público termina entendiendo otra cosa, es como mostrar solo la mitad de un rompecabezas.

Otra práctica que Parenti considera muy frecuente, consiste en mostrar únicamente las piezas que convienen. Muchos medios destacaron la frase más impactante del discurso, pero dejaron fuera casi todo lo demás: la referencia a reformas legales, la participación de la Asamblea Nacional y la explicación sobre el financiamiento extranjero, no hace falta mentir, basta con enseñar solo la parte que produce el efecto buscado.

Parenti sostiene que muchas veces la censura moderna no consiste en esconder una noticia, sino en contarla incompleta. Es como entrar al cine cuando la película ya lleva una hora, veremos peleas, discusiones y disparos, pero no entenderemos por qué están ocurriendo, esto pasa cuando una noticia elimina los antecedentes.

En gran parte de la cobertura internacional, apenas se recordó que el Gobierno nicaragüense sostiene que en 2018 hubo un intento de golpe de Estado financiado desde EEUU, tampoco se explicó que existen leyes similares en otros países para regular el financiamiento político extranjero.

Uno puede aceptar esta interpretación o rechazarla, lo importante es que el lector tenga derecho a conocer por qué el Gobierno dice lo que dice, sin esa parte de la historia, todo parece surgir simplemente del capricho de un gobernante.

Cuando un medio lleva años presentando a determinado gobierno como una dictadura, cualquier noticia nueva termina encajando en ese mismo relato, ya no importa tanto lo que ocurrió, sino que la información confirme una narrativa que ya estaba construida.

Así, una propuesta para modificar una ley electoral termina convertida en un supuesto anuncio del fin de las elecciones; es como si cada pieza nueva tuviera que entrar, a la fuerza, en un rompecabezas que ya estaba armado desde hace tiempo.

Otro recurso consiste en reducir problemas complejos a una sola persona. En lugar de discutir si un país debe o no permitir financiamiento extranjero para partidos políticos, toda la conversación termina girando alrededor de Daniel Ortega. El debate desaparece y solo queda el personaje, esto facilita construir historias donde unos aparecen siempre como los villanos y otros siempre como los defensores de la democracia.

También influye qué noticias se amplifican y otras pasan casi desapercibidas. La frase sobre las elecciones ocupó titulares internacionales durante horas, en cambio, las explicaciones posteriores, el discurso completo y los detalles sobre las reformas legales apenas tuvieron difusión; la primera impresión quedó instalada, y todos sabemos que una rectificación nunca viaja tan rápido como un escándalo.

América Latina conoce muy bien este libreto. Lo ocurrido con Nicaragua no es un caso aislado, en nuestra región existen varios ejemplos en los que grandes medios internacionales han sido acusados de construir relatos parecidos.

En Venezuela, durante años muchas noticias hablaron sobre todo de la crisis económica, el desabastecimiento y la migración, mientras dedicaban mucho menos espacio al impacto de las sanciones económicas impuestas por EEUU y sus aliados. No se trata de negar los problemas internos del país, sino de señalar que el panorama quedaba incompleto cuando uno de sus factores más importantes apenas aparecía mencionado.

En Bolivia, tras la salida de Evo Morales en 2019, buena parte de la prensa internacional habló durante semanas de una “renuncia” provocada por protestas ciudadanas. Con el paso del tiempo, investigaciones periodísticas, estudios académicos e incluso algunos organismos internacionales, comenzaron a utilizar con mayor frecuencia el término “golpe de Estado” o reconocieron el papel decisivo de las Fuerzas Armadas y la Policía en aquellos hechos. Sin embargo, la primera versión ya había dado la vuelta al mundo.

Algo parecido ocurrió con el informe de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones bolivianas de 2019. Durante meses fue presentado como una prueba definitiva de fraude electoral, después, investigaciones independientes de universidades y centros especializados cuestionaron seriamente las conclusiones estadísticas del informe, pero esas rectificaciones nunca tuvieron una difusión comparable a la acusación inicial.

En Brasil, durante el proceso judicial contra Luiz Inácio Lula da Silva, numerosos medios presentaban cada nueva acusación como si la corrupción ya estuviera demostrada; años después, varias sentencias fueron anuladas y el juez Sergio Moro fue duramente cuestionado por su actuación, sin embargo, el daño político ya estaba hecho.

En Honduras, el derrocamiento de Manuel Zelaya en 2009 fue presentado por muchos medios como una “sucesión constitucional” o una “crisis institucional”, evitando durante bastante tiempo utilizar la expresión “golpe de Estado”, pese a que un presidente había sido detenido por militares y expulsado del país.

En Cuba, buena parte de la prensa internacional informa constantemente sobre las limitaciones económicas y políticas de la isla, pero muchas veces dedica mucha menos atención al efecto acumulado de más de seis décadas de bloqueo económico por parte de EEUU; una vez más, el problema no es hablar de las dificultades internas, sino hacerlo como si el bloqueo no existiera.

También podrían mencionarse otros casos, como el golpe contra Salvador Allende en Chile en 1973 y el papel del diario El Mercurio, o la cobertura del golpe contra Hugo Chávez en abril de 2002.

La tarea del periodismo debería ser ayudar a los ciudadanos/as a comprender la realidad, no conducirlos hacia una conclusión ya decidida. No hace falta inventar una noticia falsa, basta con cortar una frase, ocultar un dato importante, empezar la historia por la mitad, repetir siempre el mismo enfoque o dar mucho más espacio a unas voces que a otras; y, sobre todo, conseguir que el público crea que ya conoce toda la verdad cuando, en realidad, solo le han mostrado una parte del cuadro.

El caso de Nicaragua sirve para entender cómo funciona este mecanismo. Más allá de las simpatías o diferencias que cada persona pueda tener con el Gobierno sandinista, cualquier ciudadano merece conocer el discurso completo antes de sacar sus propias conclusiones; porque una democracia necesita ciudadanos/as informados, y un ciudadano/a realmente informado nunca se conforma con el primer titular que aparece en su pantalla.

Lo que provoca la envidia y la mala fe: caso de alias Diablo

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Por JoseSo (José Solano-Saborío) para SURCOS / Entre Verdades y Opiniones

Antes de adentrarnos en este análisis, debo aclarar una vez más: no soy abogado. Mis conocimientos, apenas básicos, en materia de derecho provienen de cursos parte de mis estudios formales en Administración Pública y Politología — en Derecho Constitucional y Derecho Público—, materias de las cuales he procurado actualizar constantemente, pero siguen siendo, reitero, de carácter básico.

No pretendo, por tanto, erigirme como un erudito, a diferencia de lo que ocurre con cierto “todólogo” de Monterán quien, siendo lego en la materia, imparte “clases magistrales” todos los miércoles acompañado de la señora presidenta Fernández Delgado, para que nuestros magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros jerarcas del Poder Judicial “aprendan” y agarren volados.

Ante esta realidad, consulté con diversos profesionales en derecho para corroborar si mi interpretación de los hechos recientes era acertada. A partir de esas conversaciones, y tras filtrar el ruido político, comparto las siguientes conclusiones.

El mito de la “liberación por descuido”

Ambos personajes insisten en afirmar que a alias “Diablo” “lo soltaron” hace 10 años debido a una supuesta negligencia, mala intención o un “error grave” de la Fiscalía por “no pedir la ampliación de la prisión preventiva a tiempo”.

Como ya demostramos en publicaciones anteriores, tal afirmación es categóricamente falsa. El imputado no fue liberado por un descuido administrativo; se fugó tras el cambio legítimo de su situación jurídica de prisión preventiva a medidas cautelares alternativas.

La evidente animadversión hacia la institucionalidad los lleva a repetir los discursos presidenciales con un único fin: demeritar y continuar erosionando el prestigio y la labor del Poder Judicial.

Aclarando conceptos jurídicos

Para disipar las confusiones que se intentan posicionar en la opinión pública, es necesario puntualizar tres aspectos fundamentales:

El tope constitucional es inflexible: La prisión preventiva no es una pena anticipada; es una medida cautelar excepcional sujeta a plazos máximos improrrogables fijados por ley. Por más que el Ministerio Público solicite la prórroga oportunamente, nuestro ordenamiento jurídico —en estricto apego a los derechos fundamentales— impide mantener a una persona en prisión preventiva de manera indefinida si el proceso se prolonga más allá del límite legal. Al cumplirse dicho plazo, la imposición de medidas alternas es un mandato imperativo para el tribunal, no un capricho ni un error subsanable.

La distinción entre proceso y ejecución: Una vez que el tribunal modifica la medida por el vencimiento del plazo legal, si el imputado evade la justicia, jurídicamente se configura una fuga. Su recaptura operativa en la vía pública corresponde a los cuerpos policiales (Fuerza Pública y OIJ), y no constituye un error procesal de origen del sistema judicial.

La realidad de los debates complejos: Pretender achacar la evasión de un imputado a un supuesto retraso administrativo ignora tanto los topes máximos del encierro preventivo como la naturaleza misma de los juicios complejos.

Tema jurídicamente zanjado. Dejen de inventar el agua tibia.

Óscar Aguilar Bulgarelli exalta captura de alias «Diablo» y reta a Nogui Acosta a renunciar a su inmunidad

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El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli difundió un video en el que se refiere a la captura de Alejandro Arias Monge, conocido como alias «Diablo», calificándola como un hecho de enorme significado para el país. Según Aguilar, no se trata de la detención de un delincuente más, sino posiblemente del criminal más peligroso en la historia reciente de Costa Rica, al que describe como «un verdadero tumor en ese cáncer social que es el narcotráfico».

El analista atribuyó la captura al trabajo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público, «desde sus jefes, desde sus directores hasta los más humildes servidores», y expresó su agradecimiento y reconocimiento a quienes participaron en el operativo, recordando que hay cinco personas heridas tras un enfrentamiento armado con la estructura delincuencial. Aguilar subrayó que quienes arriesgaron su vida en el operativo fueron funcionarios costarricenses, independientemente de que se contara o no con apoyo de agencias extranjeras, y pidió cesar «tanta crítica malsana» contra estas instituciones.

Aguilar vinculó este hecho con la reciente disputa presupuestaria entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en la que este último había señalado el perjuicio que representaría una disminución de su presupuesto para organismos como el OIJ, la Fiscalía y los tribunales de justicia. A su juicio, la captura demuestra la necesidad de respaldar la independencia del Poder Judicial, y advirtió que «nadie venga a ponerse ahora una flor en el ojal que no le pertenece», al aclarar que la acción fue exclusivamente del Poder Judicial, sin coordinación visible con el Poder Ejecutivo.

El analista dirigió críticas directas al diputado Nogui Acosta, jefe de fracción del partido de gobierno, por declaraciones en las que Acosta habría minimizado el hecho al señalar que se trataba de un delincuente que llevaba diez años prófugo, y por poner en duda lo que podrían hacer los tribunales de justicia con el detenido. Aguilar calificó esa actitud como «mezquina» e «injusta», y retó públicamente a Acosta a renunciar a su inmunidad parlamentaria para permitir que la Fiscalía abra lo que Aguilar describió como doce expedientes que, según afirmó, existen en su contra por acusaciones de delitos penales y administrativos. El analista cerró su intervención señalando que, cuando la inmunidad de Acosta expire, «también se sentará en esos tribunales».