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Cero hambre y reactivación agropecuaria: cómo avanzar simultáneamente en ambos aspectos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Francisco Esquivel V.
Economista

El país ha tratado de eliminar la pobreza extrema a lo largo de varias décadas. Lamentablemente esa pretensión no se ha logrado. En parte, los problemas radican en la incapacidad estatal de darle los ingresos adecuados a la población pobre para que adquiera los alimentos necesarios para superar la situación en que viven. Además, simultáneamente, se ha destruido la capacidad productiva nacional que podría abastecer a la población pobre con tales alimentos. En consecuencia, un reto de una nueva política social y productiva es la creación de mecanismos efectivos de subsidio, que le den capacidad de compra a la población en extrema pobreza, a la vez que se reconstruye la capacidad productiva nacional para abastecer a esa población. Se trata de crear la demanda de alimentos, incorporando un concepto moderno de subsidio alimentario, y, además, aportar la oferta de alimentos que capte esa demanda, mediante la reconstitución del productor agropecuario nacional. A continuación, formulamos una propuesta en esa dirección.

El desmantelamiento del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)

El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) ha experimentado en los últimos años un ataque sistemático que busca su destrucción. Este Fondo se financia con dos fuentes básicas. Por una parte, se le asigna una porción del impuesto sobre el valor agregado (IVA), que es administrado por el Ministerio de Hacienda. Por otra parte, el Fondo recibe un flujo de recursos que se derivan de la aplicación de un recargo del 5% sobre las planillas del sector privado, que es captado por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), como parte de las cargas sociales que administra dicha institución. En circunstancias normales, ambas fuentes generan una recaudación cercana al 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Al respecto, un segmento del sector empresarial y los economistas neoliberales con posiciones de poder, han buscado debilitar estas fuentes de financiamiento. La base ideológica de este movimiento se fundamenta en el concepto de que el Estado es mal administrador de los recursos que capta por la estructura tributaria, por lo que los recursos estatales generarían un mayor aporte a la economía en manos privadas. Desde luego, este manto ideológico encubre el deseo del segmento empresarial, que lo propaga, de aumentar sus ganancias a corto plazo, sin hacer un esfuerzo por lograr la mejora de la productividad, a mediano y largo plazo, como base genuina del aumento de las ganancias.

A finales de 2018, la ley 9635, de ajuste fiscal, eliminó la base legal que sustentaba el aporte del Ministerio de Hacienda al FODESAF. El grupo neoliberal que se instaló en el Gabinete Económico y en dicho Ministerio, a partir de mayo de 2018, logró incorporar una reforma a la ley constitutiva del Fondo mediante dicha ley, cercenando el párrafo que contemplaba el mecanismo de asignación de los recursos derivados del IVA. Algunos años antes, se había incorporado a la ley del FODESAF una fórmula que definía la forma de darle, obligatoriamente, un financiamiento mínimo al Fondo, en la parte correspondiente al IVA. El artículo 26 de la ley de FODESAF contemplaba asignar al Fondo un segmento del IVA de acuerdo a lo siguiente:

“Artículo 26.-

Los gastos que se generen con ocasión de la administración del Fondo constituido en la presente Ley, por parte de la Desaf, deberán incluirse en el presupuesto respectivo, con base en la totalidad de los ingresos estimados y presupuestados por el Poder Ejecutivo mediante la asignación equivalente a 593.000 salarios base utilizados por el Poder Judicial para fijar multas y penas por la comisión de diferentes infracciones, además del cinco por ciento (5%) de las planillas de los trabajadores y cualesquiera otras fuentes de ingreso existentes.”

La ley 9635, sin ningún miramiento, creó la base del recorte indiscriminado del Fondo modificando este artículo 26. La parte subrayada en la cita anterior fue eliminada, en el título IV, capítulo VI, artículo 30 de dicha ley, quedando la nueva redacción de la siguiente manera:

“Refórmese el artículo 26 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares… para que se lea de la siguiente manera:

(…)

Artículo 26-

Los gastos que se generen con ocasión de la administración del Fondo constituido en la presente Ley, por parte de la Desaf, deberán incluirse en el presupuesto respectivo, con base en la totalidad de los recursos presupuestados por el Poder Ejecutivo, además del cinco por ciento (5%) de las planillas de los trabajadores y cualesquiera otras fuentes de ingreso existentes.”

¡Sorprendente! El artículo 26 tenía unos pocos años de existencia. Se creó precisamente para garantizar el financiamiento del principal fondo social del país. Y aquí, la ley, con absoluta frialdad, eliminó los recursos por el equivalente al 1% del PIB. El grupo neoliberal que ha manejado el Ministerio de Hacienda tenía claro lo que buscaba: iniciar un proceso de desmantelamiento del FODESAF. Por eso era necesario, para sus intenciones, modificar el citado artículo 26. Así, el gasto de FODESAF queda a discreción del ministro de Hacienda. La reducción constante de la asignación de recursos derivada del IVA, observada en los últimos años, ratifica cómo se está produciendo el desmantelamiento del Fondo, como lo muestra el gráfico 1.

La destrucción del sector agropecuario

En las últimas cuatro décadas el pais ha experimentado la aplicación de una estrategia productiva que favorece la exportación, basada en las zonas francas, y deprime la participación del sector agropecuario. Se ha desarrollado un modelo económico dual: por un lado, crece la producción para la exportación de bienes y servicios, instalada en zonas francas: y por otro, la producción para el mercado nacional se mantiene estancada. Los promotores del modelo argumentan que es más barato comprar productos agropecuarios importados, por lo que no tiene sentido producir esos productos a nivel local. De esta manera, se ha abierto el mercado nacional a los productos agropecuarios importados, disminuyendo los impuestos de importación. Simultáneamente, se va destruyendo todo el apoyo estatal a los productores agropecuarios, lo que genera una desprotección total de los pequeños y medianos empresarios del campo. Como resultado, el sector agropecuario pierde participación en el total de la producción nacional, como lo muestra el gráfico 2, en el caso de la producción agrícola.

Recientemente, a la baja de aranceles de importación de los productos agropecuarios se une la caída del tipo de cambio, lo que se traduce en una reducción acelerada del precio en colones de estos productos. Tal baja genera un abaratamiento del costo de importación, lo que beneficia a los grandes empresarios importadores agropecuarios. Con esto aumenta la ganancia de tales empresarios (si no bajan los precios al consumidor) o genera presión sobre el productor nacional (si bajan el precio del producto en colones). De esta manera, el pequeño y mediano productor no se beneficia de la baja del tipo de cambio, quedando rezagado en la competencia con los grandes importadores.

Este enfoque de desprotección no tiene fundamento en la realidad del comercio internacional. A nivel mundial muchos productores del campo son subsidiados por los gobiernos extranjeros lo que produce una competencia desleal para los productores de países pobres como el nuestro. Además, las fluctuaciones del comercio internacional producen alzas repentinas de los precios de los productos, lo que hace difícil cumplir la pretensión de bajar los precios de los productos importados. Todo esto se traduce en una competencia injusta al productor agropecuario nacional que le resta mercado donde vender sus productos. Como consecuencia, muchos productores han abandonado su actividad durante este período, profundizando la pobreza de las zonas rurales.

El modelo dual genera un estancamiento del empleo para la mayor parte de la población que no tiene la preparación para participar en la producción de las zonas francas. De esta manera, importantes segmentos de la población se quedan con muy pocos ingresos, ante la falta de empleo. Esto genera un efecto fuerte sobre el sector agropecuario que en su mayoría vende para el mercado interno. Es decir, en la medida en que la población no tiene ingresos, las pequeñas y medianas empresas agropecuarias ven reducidas sus ventas. El sector agropecuario podría alimentar a la población con su producción, pero esto se dificulta por la falta de poder adquisitivo de las personas, además de la influencia de la apertura del mercado a las importaciones.

Hacia una política de eliminación del hambre junto a la reconstrucción del sector agropecuario

En principio, el desmantelamiento del FODESAF y la destrucción del sector agropecuario parecen dos problemas diferentes. Sin embargo, es posible diseñar una política pública que busque la solución de ambos problemas, de manera integrada. Con voluntad política el panorama anterior puede cambiar. El cambio de administración gubernamental en 2026 podría abrir el espacio político necesario.

Por una parte, el FODESAF puede reconstituirse devolviéndole los recursos que el Ministerio de Hacienda le asignaba antes de la aprobación de la ley 9635. Es cuestión de restablecer la redacción que tenía el artículo 26 de la ley de Fodesaf antes de la modificación de 2018. Desde luego hay que actualizar los parámetros de la redacción original porque el fenómeno inflacionario ha desactualizado varios elementos. Reconstituido el Fondo puede llegar a un 2% respecto al PIB, sumando el financiamiento que da el Ministerio de Hacienda y lo que se recauda con el recargo sobre las planillas (captado por la CCSS). En este momento, eso puede significar un monto cercano a un billón de colones (1.000.000.000.000). Así, el Fondo podría dedicar una parte de sus recursos a la eliminación de la pobreza extrema. Este nivel de la pobreza se define como la falta de ingreso para cubrir la canasta alimentaria. Al 2023 el costo de esta canasta en la zona urbana era de un poco menos de ₡63.000, y en la zona rural fue de ₡52.000. En la zona urbana se estimó que había 246.000 personas en condición de pobreza extrema, en dicho año; mientras que en la zona urbana vivían 149.000 personas en tal condición.

¿Cómo se logra que las personas superen esa situación? Otorgando un subsidio por el monto de ingreso que les falta para adquirir la canasta alimentaria. El FODESAF da una cantidad importante de financiamientos para diversos propósitos sociales. En ese sentido, es necesaria una reorganización de sus programas de financiamiento para que respondan a una planificación apropiada. Parte de la dispersión se genera por las obligaciones legales que se han acumulado, a lo largo del tiempo, lo que limita la posibilidad de una asignación ordenada de recursos. Es probable que se necesiten algunas reformas legales para alcanzar este propósito. Sin embargo, restableciendo el financiamiento óptimo del Fondo (el billón de colones citado antes), existe la posibilidad de crear una línea de financiamiento a un “subsidio alimentario” que llegue a la totalidad de las personas en condición de pobreza extrema. ¿Cómo se llega a esas personas? A través del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) que es la entidad encargada de los principales programas de reducción de la pobreza. El IMAS tiene las herramientas tecnológicas apropiadas para hacer el “mapeo” de la población pobre, de tal forma que se puedan seleccionar las personas que deberían recibir el subsidio alimentario. Para esto el IMAS debe pasar de la práctica existente de esperar que los pobres lleguen a sus escritorios a una acción fuera de los edificios de la institución, recorriendo el país completo para hacer el mapeo citado y la selección de la población que se debe beneficiar con sus programas. Esto lo han hecho los países que han tenido éxito en sus programas de reducción de la pobreza, como Brasil, Ecuador, Chile, Colombia y México, entre otros. Costa Rica puede repetir las experiencias exitosas. Es cuestión de voluntad política.

Una estimación muy preliminar indica que se necesitarían aproximadamente ₡100.000 millones anuales para otorgar el subsidio alimentario a la población en condición de pobreza extrema. Con sólo restablecer el financiamiento óptimo del FODESAF se tendrían esos recursos. Desde luego, antes de usar ese financiamiento, es fundamental hacer un análisis de duplicidades existentes o que se puedan producir a futuro.

¿Cómo se relaciona lo anterior con la reconstrucción del sector agropecuario? Al respecto, la pregunta básica es: ¿quién produce los alimentos que se necesitan para satisfacer la canasta alimentaria?: ¡El sector agropecuario! Sin embargo, si intentamos beneficiar al sector con sólo otorgar el subsidio alimentario, no se producirá la reactivación deseada, porque el proceso destructivo creado por el modelo aperturista de las últimas décadas no lo permite. La apertura del mercado agropecuario y el desmantelamiento de los mecanismos de apoyo, que antes tenía el Estado costarricense, impedirían que los productores locales abastezcan a los demandantes de alimentos, si éstos tienen capacidad de compra gracias al subsidio alimentario. La capacidad de compra creada con el subsidio se iría al exterior en la forma de importaciones. Y las ganancias, en parte, se quedarían en manos del capital importador. Por lo tanto, hay que bloquear los mecanismos destructivos. ¡Con voluntad política, desde luego!

En consecuencia, el subsidio debe otorgarse condicionado a que sirva para comprar sólo productos nacionales. Los pequeños y medianos empresarios han planteado que se establezca la “canasta alimentaria tica”. En ese sentido, han hecho reiterados llamados a la población para que compre los productos nacionales. Pero, eso no sucederá mientras operen los mecanismos destructivos de la apertura. Por lo tanto, hay que bloquearlos. Eso se puede hacer estableciendo un mecanismo de asignación del subsidio alimentario que sólo permita la compra de productos elaborados por el productor nacional. La tecnología de información moderna, apoyada en la inteligencia artificial, permite hacerlo. La clave es transferir el subsidio a través de una tarjeta de débito: la tarjeta Costa Rica Solidaria (CRS). Mediante un convenio con uno o varios bancos, el IMAS puede emitir esa tarjeta que se asignaría sólo a las personas beneficiarias del subsidio alimentario. Tal tarjeta sólo permitiría comprar los productos de la canasta alimentaria tica. Habría que establecer, simultáneamente, convenios con comercios que se convertirían en distribuidores de dicha canasta. Además, el productor nacional debe hacer las mejoras en la presentación del producto para que pueda operar la tarjeta CRS. No estamos descubriendo el agua tibia. Brasil con su programa Bolsa Familia operó con una tarjeta similar. Este programa sacó de la pobreza a 30 millones de personas. Comenzó inicialmente con la consigna Fome Zero (Hambre Cero). Uruguay tiene la Tarjeta Uruguay Social que ha colaborado a la reducción de la pobreza en ese país. Y, en general, muchos países latinoamericanos han avanzado en esa dirección. En el siguiente enlace se puede observar un ejemplo, que es una breve descripción de la Tarjeta Uruguay Social: www.youtube.com/watch?v=ZlkUkgJIDnQ

Eddie Tolan, el campeón olímpico que derrotó a la segregación

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gabe Abrahams

Eddie Tolan (1908-1967) nació en Denver, la capital del Estado de Colorado, Estados Unidos, el 29 de septiembre de 1908.

Cuando Eddie Tolan era pequeño, su familia se mudó a Salt Lake City, Utah, y, después, a Detroit. La segregación racial dominaba el país y la familia Tolan emigraba para buscar un futuro mejor.

Eddie Tolan lo recordó años después al declarar que su padre «leyó que en Detroit había mejores oportunidades para los negros, así que con mamá y mis tres hermanos vinimos aquí».

Tolan asistió a la Cass Technical High School en Detroit, empezando a destacar en diversos deportes, especialmente en atletismo. Mientras estuvo en la Cass Tech, Tolan consiguió sus primeras plusmarcas atléticas, ganando, en 1927, las carreras de 100 y 220 yardas en el Campeonato Nacional Interescolar.

Tolan eligió la Universidad de Michigan para proseguir sus estudios y allí tocó el cielo como atleta, aun no teniéndolo nada fácil por su condición de negro. La segregación racial de la comunidad negra estuvo amparada en Estados Unidos por las leyes Jim Crow hasta 1965 y por las leyes antimestizaje dos años más.

En su etapa universitaria en Michigan, Tolan entrenó y compitió bajo la tutoría de los antiguos velocistas Steve Farrell y Charles B. Hoyt, los cuales no le apoyaron ante la segregación que padecía e, incluso, llegaron a decirle que sería el último atleta negro del equipo si se quejaba.

Tolan respondió como mejor sabía hacerlo. En 1929, igualó las plusmarcas mundiales de las 100 yardas con un registro de 9,5 segundos y de los 100 metros con un registro de 10,4 segundos en varias ocasiones.

La prensa de la época, bajo el influjo de la segregación y con una fuerte carga racista, se centró en tres características del corredor: su condición de negro, su constitución baja y fornida y sus gafas. Tolan respondió al racismo de la prensa con nuevas plusmarcas en 1930 y 1931. Entre plusmarca y plusmarca, empezó a ser conocido como el «Expreso de medianoche».

Ya en 1932, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Eddie Tolan alcanzó su mejor momento y la gloria olímpica. En la final de los 100 metros, cruzó la meta a la vez que su compañero Ralph Metcalfe, registrando ambos un tiempo de 10,38 segundos. Los jueces le dieron la victoria a Tolan y Metcalfe se tuvo que conformar con la medalla de plata.

La carrera de los 200 metros se celebró en el cuarto día de competición, y esta vez no estuvo reñida, ya que Tolan venció fácilmente a Metcalfe, batiendo de paso la plusmarca olímpica. En la prueba, Tolan se colgó la medalla de oro y Metcalfe la de bronce. Metcalfe tendría que esperar a los siguientes Juegos para colgarse un oro olímpico.

Tolan fue el primer afroamericano en conseguir dos oros olímpicos y la prensa de su país se lo agradeció con comentarios de marcado tinte racista. Llovía sobre mojado. La Associated Press lo describió como el «pequeño negro americano de anteojos», en alusión al color de su piel, su escasa talla y sus peculiares gafas.

Durante los Juegos, Tolan y Metcalfe fueron entrevistados a la vez en la Villa Olímpica. Metcalfe declaró que Tolan había tenido suerte en la final de 100 metros y este lo aceptó amistosamente. La relación cordial de los dos velocistas era fruto de su actividad deportiva y también de su condición de miembros de la fraternidad de hermanos negros Alpha Phi Alpha. Fundada en 1906, siempre luchó a favor de la causa negra, teniendo entre sus iniciados a personajes relevantes como Martin Luther King, Eddie Tolan, Ralp Metcalfe o Jesse Owens.

Concluidos los Juegos y de vuelta a Detroit, Eddie Tolan se retiró de la competición y se dedicó durante un breve tiempo al teatro de variedades, junto al conocido actor Bill Robinson, alcanzando un cierto éxito. Después, trabajó como archivador en Detroit.

En 1935, Tolan regresó a la competición dentro del atletismo profesional, el cual estaba separado del amateur y olímpico por aquellas fechas, y, de nuevo, triunfó. Ganó las pruebas de 75, 100 y 220 yardas en el Campeonato del Mundo Profesional disputado en Melbourne.

Después del que sería su último éxito deportivo, Tolan continuó con su trabajo de archivador, hasta que, en 1956, se convirtió en maestro de escuela de educación física.

En 1965, Eddie Tolan se sometió a tratamientos de diálisis, porque le fallaron los riñones. Y, en 1967, envuelto en ese tratamiento, falleció por insuficiencia cardíaca con 58 años, siendo enterrado en el United Memorial Gardens de Plymouth, Michigan. Murió soltero y sin descendencia.

El velocista Jesse Owens, mito del atletismo y hermano de Tolan y Metcalfe en la fraternidad Alpha Phi Alpha, le rindió un pequeño homenaje en la revista Jet al declarar tras su fallecimiento que «en la escuela secundaria, Eddie y Ralph eran mis ídolos. Eddie y yo nos hicimos amigos cercanos. Cada vez que regresaba a Detroit, Eddie era uno de los primeros a quienes buscaba».

En los años posteriores al fallecimiento de Eddie Tolan, los reconocimientos a su figura tardaron demasiado en llegar. En 1982, el National Track and Field Hall of Fame de Estados Unidos lo añadió en su lista. Y, posteriormente, otras instituciones se acordaron de él. A día de hoy, transcurrido casi un siglo de su doble oro olímpico, Eddie Tolan es valorado con justicia y se le considera una parte importante de la historia del olimpismo y del deporte del siglo XX. No merece menos.

Sobre el FEES 2024-2025 en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

MBA Lic. Luis Gilberto Martínez Sandoval, UTN.

Luis Gilberto Martínez Sandoval MBA Lic. Bach.
Académico Universitario Titular
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Sede Central UTN www.utn.ac.cr
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales,
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y
Negocios Internacionales.
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina,
Escritor, Directivo JD SSN ANEP UTN, Científico Social
Contácteme: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 506 62 76 41 33

Recursos para aumentar el FEES, si existen. A pesar de la férrea oposición del gobierno de turno del Dr. Rodrigo Chaves Robles-. Los instrumentos económicos para aumentar el FEES siguen siendo: mejorar la recaudación, mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público – por ejemplo hoy no se requieren tantas embajadas ni embajadores-mejorar la función redistributiva de la política fiscal y eliminar exoneraciones y subsidios.

Es un hecho que el presupuesto del FEES a disminuido en terminos reales. No se ha reconocido el aumento de costo de vida que estipula el articulo 85 de la Constitucion Politica ni las deudas pendientes. ¡En los últimos años el crecimiento real del FEES recibido por las Universidades Estatales a disminuido! Y, tendrá graves consecuencias para las actividades sustantivas de las cinco universidades públicas, incluso se podría llegar al cierre técnico de algunas de ellas o cierre de carreras o reorganización administrativa o eliminación de dedicaciones exclusivas, anualidades, carrera profesional, becas de estudio para estudiantes y docentes por citar solo algunas.

Los datos históricos muestran que en el 2018 el FEES recibido deflactado fue de ₡ 508.318,38 millones de colones lo que significó un crecimiento real del mismo de 1,59 % en relación con el año anterior (2017). Para el año 2019, el porcentaje de crecimiento quedó en -0,53 %. Durante ese período las universidades recibieron un total de ₡ 505.626,54 millones, aunque en la Comisión de Enlace se negoció un monto de ₡ 515.715,79 millones que se recortó en ₡10.000 millones en la Asamblea Legislativa, acción que se declaró inconstitucional. Los dos últimos años la situación no ha sido diferente. En el 2020 el decrecimiento real fue de un 6,14 % y para el 2021 de 0,03 %. Esta situación también se debió a que las universidades estatales se les postergó el pago de ₡ 35.000 millones destinados a gasto de capital y además se dio un aporte adicional de ₡ 13.000 millones para contribuir a la emergencia por la pandemia del Covid-19. Datos que no toma en cuenta el Poder Ejecutivo y su ministro de Hacienda. En el 2022, la suma del FEES que se acordó fue de ₡ 522.822,67 millones, cifra que disminuye a ₡ 479 842,85 millones con el monto deflactado, lo que implica un crecimiento real del -2,94%.

Durante los ultimos años las Universidad Estatales debieron negociar un mayor reconocimiento por inflación. Pero, no debemos dejar de exponer que los equipos de negociadores de CONARE liderados por los Rectores de turno no hicieron bien las negociaciones. En el presupuesto del 2022, que integra por primera vez a la UTN, se fijó un monto de ₡ 558.756 millones. O sea ₡ 35.933.33 que incluye la UTN. La solicitud del reconocimiento de un 8,71% a raíz del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la cual fue encabezada por la UCR, se fundamentó en el rezago educativo de ₡26 mil millones, producto del aporte que dieron las universidades estatales en 2020 como contribución por el impacto económico generado por la pandemia del COVID-19. No debemos olvidar que en 2022 el gobierno actual venia por un recorte de ₡129 mil millones del FEES…

Aunado a ello el Banco Central de Costa Rica explica que: “(…) las proyecciones de crecimiento para la economía costarricense exponen que las presiones inflacionarias se redujeron en el primer semestre de 2023. En medio de la incertidumbre mundial y una desaceleración de los principales socios comerciales, se proyecta que el crecimiento será del 3,9 % en 2024, y luego se moderará hasta llegar al 3,7 % en 2025 y 2026. Y al cierre del año 2024 apunta a un mayor deficit fiscal”.

Pero hay algo más con el FEES. Veamos algunos datos historicos. La parte de servicio de la deuda (pago de vencimientos de la deuda + pago de intereses), absorbe un 46,70% del total del presupuesto general de la República. Si a ese servicio de la deuda, le sumamos la parte del pago de pensiones, resulta que esos dos rubros representan un 55,89% del total del presupuesto. Queda entonces disponible tan solo un 44,11% del presupuesto total. Leáse: Disponible 44.11%. Esto último debe financiar todos los ministerios, así como el Poder Judicial, el Tribunal de Elecciones, la Asamblea Legislativa, la Contraloría, la Defensoría y; diversas instituciones que se financian con base en transferencias del Gobierno Central (por ejemplo: el INAMU y las universidades estatales – (UCR, UNA, ITECR, UNED, UTN). Los ingresos proyectados cubren un 59,1% del total presupuestado. El resto, o sea, un 40,9%, debe financiarse mediante la emisión de más deuda.

Entonces, dado ese escenario: Las diversas instituciones públicas quedan sometidas a una restricción brutal, que equivale a su desmantelamiento e inutilización de hecho. Ello implicará, de forma inevitable, la desatención o la atención insuficiente de muchas necesidades de la población, lo cual profundizará el desprestigio de esas mismas instituciones, y dará nuevos pretextos para aquellos sectores que empujan por la privatización y la reducción del Estado a su mínima expresión. ¡Si los recursos no existen, no existen! y los discursos y las marchas de presión, por muy exaltados que sean no podrán proveerlos de la nada – nos dice en la cara el Ministro de Hacienda-.

Esa ruta fiscal, que viene trazada desde el gobierno de Carlos Alvarado Quesada y el Gobierno PAC, es insostenible: lo mismo en la económico, que en lo social y político. ¡Estamos frente a una bomba de tiempo bajo nuestros pies! Que va a explotar entre setiembre 2024 a setiembre 2025. ¡Esto está que arde! Y eso lo sabe el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, las Universidades Estatales y otras instituciones gubernamentales.

Balance

Primero. El FEES ha disminuido desde 2018. Se ha negociado muy mal por Rectores del pasado. Y esta mal distribuido. Hay que aumentar el FEES a la UTN – esta debe pasar de un 6.75% a un 10% con un aumento anual del 1% – e igual con ITECR. Es urgente redistribuir lo asignado aumentando mayor porcentaje para dichas universidades estatales citadas. El pastel ahora hay que dividirlo entre 5 ya no entre 4.

Segundo. La regla fiscal esta aún vigente para las Universidad Estatales y la Ley de Empleo Público. Las Universidades Estatales deben estar afuera de ambas. La Asamblea Legislativa puede realizar dicha reforma. En un año según expertos TODO será INSOSTENIBLE en el país y en las Universidades Estatales. Con el cierre de negociaciones por parte del Poder Ejecutivo ningún Rector a ganado. ¡Ni tampoco ganó CONARE! Todo ahora esta en manos de la ASAMBLEA LEGISLATIVA. ¡La guerra apenas esta empezando! Preparémonos para evitar la privatización de la educación pública superior universitaria en el 2024. Y, no olvidemos las condiciones impuestas a revisar por los diputados y diputadas de la ASAMBLEA LEGISLATIVA que citamos:

Aumento en las becas por regiones con mayores desigualdades.

Aumento en cupos de carreras de Ciencias, Tecnologías, Ingeniería y Matemáticas. O sea, para Carreras STEM.

Que pongan control y equidad a los salarios abusivos y se sujeten a la Ley Marco de Empleo Público; entendamos que es pretensión del Gobierno eliminar anualidades, dedicaciones exclusivas, prohibiciones, carrera profesional etc.

Un aumento en las carreras virtuales que han demostrado que les genera ahorros. O sea, la virtualidad y el teletrabajo es la hoja de ruta para las Universidad Estatales.

Aumentar la colocación laboral de sus estudiantes, especialmente en regiones con mayor rezago.

Acreditación en bilingüismo en nivel B2 para mejorar la empleabilidad.

Que sus programas de investigación estén ligados a las metas del Plan Nacional de Desarrollo, y que los resultados de esta investigación impacten en el desarrollo nacional y tengan utilidad práctica en los sectores productivos.

Que sean transparentes, no engañen a la opinión ni a la comunidad estudiantil, que muestren datos incluyendo el costo por estudiante y la asignación real en becas.

Admitir un mayor porcentaje de estudiantes por medio de la virtualidad para todos los estudiantes que laboran de día y estudian en la noche a partir de las 6 p.m. Y, presencialidad para los estudiantes que estudian en horarios diurnos mañana y tarde. Para retener y frenar la deserción.

Rendición de cuentas sobre el uso real de los recursos acorde a las necesidades estratégicas.

A modo de conclusión

La Asamblea Legislativa deberá resolver el FEES. Se abre un espacio de maniobra estratégico para los Rectores de las distintas Universidades Estatales. La Asamblea Legislativa bien puede crear un Fondo de Becas Especiales UNICAMENTE para uso de becas para estudiantes de regiones con mayores desigualdades socioeconómicas y exigir transparencia en la asignación de dichas becas. Es decir, condicionar el aumento, PERO para uso de becas estudiantiles. El FEES tiene sus implicaciones sociales en la formación educativa como instrumento para coadyuvar a salir de la pobreza – movilidad social por educación- y así lograr un avance social y económico en las clases más deprimidas.

El FEES, otro tema, debe ser negociado cada cuatro años” y que se establezca acuerdo marco legal aprobado por la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo para regular las negociaciones FEES. Adicional a lo anterior usar como referente el dato de la inflación, las tasas de interés, el tipo de cambio, coeficiente de Gini, porcentaje de pobreza según regiones y el crecimiento o no del PIB. Y definir una metodología o fórmula matemática para su cálculo de asignación del FEES según cada una de las Universidades Estatales y sus respectivas Regiones.

Las negociaciones han sido por completo mal realizadas por parte de los Rectores permitiendo una rebaja del FEES a contrapelo de lo que la Constitución Política establece. Ello obliga a construir Equipos de Negociación de Alto Desempeño y asignarles esa responsabilidad por parte de las Universidades Estatales.

El año 2024 cierra con el déficit fiscal (diferencia entre ingresos y gastos) mayor que el del año anterior, lo que estruja más las posibilidades de que a mediano plazo el país cuente con más recursos para inversión social o para obras de infraestructura como bien lo explica el Análisis de Coyuntura Fiscal del primer trimestre de 2024, a cargo del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA). Hay una baja a la generación de ingresos principalmente la recaudación de impuestos. “El Observatorio Económico y Social llama la atención de que esta situación podría hacer más difícil la reducción del nivel de deuda por debajo del 60% del PIB, lo cual implicaría que las medidas más restrictivas de la regla fiscal van a seguir vigentes durante un año más y con esto seguirán restringidos los gastos de capital y los ajustes salariales en el sector público”.

Por último, el Banco Mundial afirma que en nuestro país las tasas de pobreza son particularmente altas entre los grupos vulnerables, como los afrodescendientes, las poblaciones indígenas y los migrantes.

Es allí donde se debe canalizar los recursos del FEES dado que es fundamental abordar los dos desafíos relacionados con la inclusión y la gestión fiscal. El crecimiento debería beneficiar a toda la fuerza laboral costarricense y a todo el territorio de Costa Rica, y las políticas fiscales deberían seguir respaldando la solvencia del país. Mejorar la movilización de los ingresos y la eficiencia del gasto, especialmente en los sectores social y de infraestructura, es esencial para reducir la pobreza y la desigualdad.

El mundo al revés. Disparidad en reconocimiento deportivo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rodrigo Cabezas Moya

Andrea Sanabria, indígena cabécar, ganadora en varias ocasiones de la Carrera al Chirripó, participó en la competencia mundial de atletismo de montaña en España. Iba en los primeros lugares hasta que sufrió una lesión en el tobillo. Logró completar la competencia, pero terminó en una posición inferior a la inicial. A esta brillante atleta nunca se le ha brindado el apoyo que merece.

En contraste, la Selección Nacional de Futbol que entró al Campeonato Mundial por la puerta del repechaje fue despedida como si fueran héroes, con escolta de la Policía de Tránsito. Sin sonrojarse, hablaron de la posibilidad de convertirse en campeones.

Un ex dirigente de futbol, condenado por recibir sobornos escribe un libro y se convierte en noticia y objeto de entrevistas.

Un futbolista que estuvo en el banquillo en dos equipos extranjeros regresa al país en un avión privado y trae consigo al peluquero de su esposa: esto también es noticia.

No es de extrañar, por tanto, que un presidente misógino, que no dice la verdad y es chabacano, goce de la simpatía de un grupo nada despreciable de los ciudadanos.

El fenómeno de la inmigración en el Caribe costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por: Bernardo Archer Moore – 16/09/2024

Durante la época colonial, Limón era considerado un lugar inhóspito habitado por indígenas y negros salvajes, una percepción que perduró hasta mediados del siglo XX.

En la Segunda República, el principal desafío para los gobernantes fue controlar la provincia y la ciudad de Limón. Se establecieron divisiones territoriales para los diferentes grupos étnicos: a los indígenas se les asignaron tierras mediante tratados internacionales convertidos en ley, mientras que la población no indígena recibió territorios de acuerdo con el derecho consuetudinario. Esto condujo a la creación de áreas como las «tierras de los negros» desde Barra del Colorado hasta Gandoca y Sixaola, donde vendieron parcelas de sus tierras a amigos inmigrantes para compartir su paraíso y poder subsistir.

Sin embargo, el rápido ascenso de los negros desde la pobreza extrema hasta adquirir propiedades en zonas exclusivas de la capital, como Plaza Víquez y Paso Ancho en la década de 1950, sin ayuda gubernamental, alertó a los gobernantes sobre el fracaso de su estrategia.

En las últimas tres décadas del siglo pasado, se observó una notable inmigración de europeos a Limón, especialmente al Distrito de Cahuita. Estos nuevos residentes se integraron rápidamente a la cultura local en lugar de imponer la suya, lo que desconcertó a los líderes del país.

Desde el cambio de siglo, se ha observado una política gubernamental que intenta revertir las leyes y derechos consuetudinarios que anteriormente llevaron al éxito a los habitantes del Caribe. Además, se ha evidenciado complicidad con bandas organizadas que invaden fincas para luego venderlas a quienes financiaron la invasión, poniendo fin al desarrollo económico autónomo del Caribe Costarricense.

Cuatro Carriles de la muerte

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marlin Ávila

Septiembre de 2024

Un buen amigo me narra en detalles su rutinaria vida en la ciudad de San Pedro Sula. Para ir caminando a la cafetería más cercana sale de su residencial y camina 5 minutos sobre la acera que va al filo de una avenida de cuatro carriles, construida por el anterior alcalde, donde pasan, sin límite de velocidad, ni retenes en el suelo o rótulos que sugieran reducir velocidad, un promedio de 60 vehículos por minuto (uno por segundo). Un desliz y usted se convierte en noticia en páginas amarillas. No obstante, dos casas vecinas que están al frente de esa avenida, estacionan en esas aceras sus autos, aunque tienen cocheras con portones suficientemente anchos para ingresar sus vehículos. Cada peatón que pasa se arriesga a ser arrollado por un auto. En una ocasión, mi amigo le pidió a la joven que deja su auto afuera, sobre la acera. que por favor lo introduzca a su garaje, pero la reacción de la joven, fue decir que “la dueña de la casa le renta con el derecho de usar la acera para estacionamiento” desde luego, eso es una aberración completa. Las aceras son públicas y exclusivas para peatones.

Es bien conocido que, en las grandes ciudades de Centroamérica, la urbanización no ha sido producto de planificación con anticipación de sus municipalidades. Correcto es pensar que hay autoridades municipales que se han esmerado por el orden de sus ciudades. Desde que un terremoto destruyó la ciudad de Managua en Nicaragua en 1972, en toda el área centroamericana, se inició a poner orden con el crecimiento de las ciudades, aunque todavía se encuentran viviendas construidas de bajareque (varillas y barro), es raro ver una nueva construcción de bajareque, aunque si encontramos construcciones nuevas de adobe mezclado con un poco de cemento, con alto riesgo de ser destruidas por las inclemencias del clima.

La capital de Honduras: Tegucigalpa más su ciudad gemela: Comayagüela, con 1.3 millones de habitantes, a una altura media sobre el nivel del mar de 1,280 metros, es una de las ciudades más complejas de administrar, por su topografía tan irregular (oscila entre 787 y 2,304 MSNM). Está sobre una montaña donde se extraían minerales en tiempo de la colonia y post colonia.

La tercera ciudad es San Pedro Sula, ubicada en la zona norte del país, sobre el Valle de Sula, 7,251.1 Km2, a media hora del mar Atlántico, es la cabecera del departamento de Cortés, con 1.3 millones de habitantes, considerada la capital industrial del país.

Se considera la ciudad con la mejor nomenclatura del país. Es popularmente conocida la división que tiene entre el área más comercial y moderna con la más popular y menos comercial e industrial, a “partir de la antigua línea del ferrocarril” hacia arriba, es la parte más moderna y, hacia abajo, la parte más deprimida y pobre.

Con la llegada de la industria maquiladora, se llega a romper un poco ese mito, porque se ubican tanto arriba como debajo de la línea del ferrocarril, abriendo nuevas ciudadelas de obreros en el entorno de las fábricas maquiladoras.

Fueron estas fábricas las que, después de las fincas bananeras, a inicios del siglo 20, constituyeron un atractivo nacional de fuerza laboral un siglo después.

Las nuevas generaciones de obreros vienen a ser los hijos de los “campeños” de las fincas bananeras, aun cuando la zona norte en el Valle de Sula recibió bastante población campesina de las zonas interiores (de tierra adentro) de Honduras.

Aun cuando sigue habitando bastantes comerciantes que dominan los grandes negocios, con una ascendencia predominantemente palestina, puesto que los árabes y sefarditas que inmigraron a Honduras (1492-1497), se instalaron en el Valle de Sula y algunos en Santa Bárbara.

Fue así como el proceso de urbanización se establece inicialmente con trabajadores de las fincas bananeras, el centro de consumo y mercado principal de la zona se estableció entre la Lima, ciudad promovida con población empleada profesional y ejecutiva de las fincas bananeras, y San Pedro Sula, ciudad cercana a la Lima, con mayor auge comercial del país.

La élite política estaba en Tegucigalpa, a varias horas de viaje terrestre hasta la ciudad de San Pedro Sula y la masa trabajadora asalariada donde. se acumulaba mayor capital era el Valle de Sula con 18 municipios, en 7,251 km2.

Es así como en el Valle de Sula se instala la generalidad de instituciones o subsedes de los hospitales, universidades, y demás instituciones públicas como privadas, incluyendo un aeropuerto, el cual hasta recientemente dejó de ser internacional.

El estilo de vida que tiene la población de San Pedro Sula (o sampedrana) es una mezcla entre lo urbano y lo rural. Sus autoridades y los conductores de vehículos se sienten orgullosos por tener casi 10 kms de autopista en Avenida Mackey, sin límite de velocidad (como un freeway gringo), aunque tanto camiones como turismos, pasan por medio de poblados urbanos sobre esta avenida, que además es usada para cortar distancia por los viajeros que van desde Villanueva, el centro de San Pedro Sula hasta puerto Cortés.

Lo importante es “sentirse moderno”, más urbanizado, no importan los peatones, mascotas u otro animal silvestre que trate de cruzar esos cuatro carriles de la muerte.

El fascismo que podría venir

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Britto García

Durante su intervención en el Congreso Mundial Antifascista, Delcy Rodríguez señaló que recientemente en América han aparecido 17 y en Europa 21 movimientos fascistas o protofascistas. Nada extraño: el fascismo surge de las crisis capitalistas, y las agrava.

Con Franz von Neumann, pensamos que el fascismo es el capital actuando en la más absoluta complicidad con el Estado. Recordemos la denuncia de Foxham según la cual sólo un 1% de la población posee casi el 50% de la propiedad global, y sólo un 10% acapara más del 80% de toda la propiedad del planeta. Las crisis económicas de 2008 y de 2019, esta última camouflada por las extremas medidas contra la pandemia, aceleraron exponencialmente esta hiperconcentración.

El fascismo no es más que uno de los disfraces del capital ante las situaciones socioeconómicas difíciles que podrían posibilitan la Revolución. Mientras ésta no triunfe, seguirá el capital reconcentrándose, hasta que una docena de megaempresas acaparen la casi totalidad de la propiedad mundial.

Hoy en día vemos una cuasi acumulación titánica del poder económico privado tanto entre los bloques del mundo unipolar como en los del multipolar: el Mercosur, el BRICS, el ASEAN, los No Alineados. En la medida en que el capitalismo avance en la tarea de eliminar a sus adversarios, bajo las más diversas máscaras y disfraces tendremos un cada vez más unitario bloque fascista de hiperconcentración política y económica golpeando con todas las tácticas y estrategias imaginables a la humanidad.

El fascismo es o intenta ser imperialista. Desde los comienzos de la Época Moderna este monstruo ha sobrevivido mediante el control planetario de los recursos naturales y humanos que posibilitan el modo de producción industrial. Pero el informe sobre los Límites del Desarrollo del Club de Roma ya en 1972 advirtió que los recursos naturales son limitados, y que no es posible una expansión industrial y demográfica infinitas en un planeta con recursos finitos.

En el último siglo la rebatiña se concentra sobre la energía fósil. Según la Agencia Internacional de Energía, British Petroleum, la OPEP y otros organismos competentes en la materia, las reservas de hidrocarburos al ritmo de consumo actual podrían durar sólo cuatro o cinco décadas más. El combustible fósil suple más del 80% del consumo energético global: su control es la clave del dominio planetario durante el venidero medio siglo.

Históricamente, los movimientos fascistas o protofascistas han adoptado una ideología elitista, racista y xenófoba: la propia clase, “raza”, nación, religión o cultura han sido elegidas por Dios, la selección natural o la competencia económica para dominar, explotar y exterminar a las restantes. La misma ciencia que permitió el desarrollo industrial avanzado proporciona ahora los medios para fabricar elites objetivamente superiores.

Así, las técnicas de edición de genes facultan a quienes puedan costearlas para predeterminar el grado de salud, longevidad, inmunidad contra infecciones y quizá hasta la inteligencia potencial de sus descendencias. A la oligarquía del capital o de la formación académica se podría superponer una oligarquía eugenésica que, como las anteriores, utilizaría sus capacidades para explotar y exterminar a quienes no formen parte de ella.

Pues al igual que el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, el fascismo se alimenta del saqueo de la naturaleza y de la fuerza de trabajo. O quizá los sobrepasa. Esclavo es quien no obtiene excedente económico, porque su remuneración se limita al mínimo que garantiza la subsistencia. La negación del excedente lleva consigo todas los demás.

El capitalismo y el fascismo avanzan un paso más, al empujar a la fuerza de trabajo por debajo del límite de la subsistencia. Ejemplo de ello, los campos de trabajo forzado en los cuales Albert Speer internó a tres millones de trabajadores para prolongar el esfuerzo armamentista del Tercer Reich, los regidos por otros imperialistas en su fase colonialista.

Quizá es esclava la inmensa mayoría de la humanidad cuyos salarios no igualan o apenas cubren el costo de la canasta básica. Con mayor razón, la condenada a tal situación por deudas contraídas, no por ellos ni sus padres, sino por sus Estados, deudas que en conjunto suman actualmente el 333% del Producto Interno Global Anual.

Por debajo de la subsistencia o del hambre no hay derechos culturales, sociales ni políticos. Ni los deseos ni la opinión ni el voto del pobre son considerados legítimos por los poseedores, quienes sólo tienen para los explotados un destino: el exterminio.

Pues se estima que la Inteligencia Artificial está por desplazar más del 40% de los puestos de trabajo humanos. Ello convierte a una considerable masa, asimismo privada de propiedad, en inútil para la acumulación de dividendos, objetivo final del capitalismo y del fascismo.

Bajo la lógica contable, unos 4.000.000.000 de personas resultarían sobrantes en el reparto de la energía, los alimentos y los recursos naturales bajo la dictadura del interés capitalista. Situación para la cual siempre Capitalismo y Fascismo tienen pronta una Solución Final.

Imposible parecería que se perpetrara semejante cúmulo de horrores. Sin embargo, tanto el capitalismo como su etapa superior, el fascismo, llevan tiempo ejecutándolos, bajo los más diversos disfraces: colonialismo “civilizador”, inversiones “modernizadoras”, privatizaciones “productivas”, entrega de recursos naturales a transnacionales “desarrollistas”, sistemas fiscales que exoneran de impuestos al capital y los gravan sobre el trabajador, abolición de todas las conquistas laborales, sociales y sindicales por regímenes “especiales”.

Todo se ha hecho, se hace y se hará en nombre de los más nobles y atractivos pretextos: libertad, progreso, democracia. El sistema comunicacional capitalista y fascista presenta sistemáticamente cada cosa como su contrario: monopolio como prosperidad, egoísmo como solidaridad, desprotección como oportunidad, miseria como abundancia, saqueo como progreso. Mecanismos de espionaje cibernético detectan, incrementan y anulan la disidencia. La falsificación mediática de la realidad presentaría como redención el exterminio.

El fascismo que describo podría venir, pero sólo si lo consentimos. No más de una décima parte de la humanidad mueve su espantable maquinaria. Los párrafos anteriores no describen una pesadilla, sino un alerta. Arrancar la máscara al fascismo es arrebatarle su fuerza.

U Públicas: Pilar de desarrollo social y económico ante la incertidumbre que amenaza su tesoro más valioso, “La educación”

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por: Renzo Kcuno Aimituma

A lo largo de muchas décadas, Costa Rica ha sido reconocida como un país que prioriza la educación, con una de las tasas de alfabetización más altas de América Latina (98.04%), así lo respaldan organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), entre otros, que señalan a Costa Rica como un ejemplo a seguir; sin embargo, en los últimos años ha surgido una preocupación no menor, y es que, cada vez hay una mayor incertidumbre que amenaza la educación.

En la actualidad, las Universidades Públicas están a la espera de una decisión que se está definiendo en la Asamblea Legislativa, debido a que el Poder Ejecutivo no logró llegar a un acuerdo viable con las U Públicas, a fin de fortalecer la educación. Este es un hecho histórico nunca antes vivido en el país, desde que se creó el Artículo 85 en la Constitución Política de la República, el cual brinda patrimonio propio a las instituciones de educación superior estatales del país, pues es la primera vez que las negociaciones acerca del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) pasa a resolverse a la Asamblea Legislativa.

Históricamente, las Universidades Públicas de Costa Rica han sido y son vehículos de transformación y movilidad social, a lo largo de las décadas han brindado oportunidades reales a poblaciones de diversos estratos socioeconómicos, permitiendo que muchas personas puedan tener acceso a una educación de calidad. Esto, ha ayudado a reducir las brechas de desigualdad social, más sin embrago, hoy la educación se ve envuelta en una encrucijada ante la poca voluntad de los tomadores de decisiones.

Ante este escenario, surgen varias interrogantes: ¿Cuál es el futuro que le espera a Costa Rica ante los hechos más recientes?, ¿La posición del Gobierno fue la correcta?, Ante la falta de presupuesto ¿Cuál es el destino de las U Públicas?, ¿Costa Rica seguirá siendo un referente mundial de la educación? Y finalmente, respecto a la alta tasa de alfabetización que nos destaca en el ámbito mundial, ¿Podrá Costa Rica seguir acortando más esa brecha o tendrá un retroceso debido a la falta de voluntades políticas que afectan el presupuesto de la educación?, esta última pregunta es importante plantearla porque muchas de las personas profesionales que educan a nuestros hijos e hijas se han graduado en Universidades Públicas y han hecho grandes aportes en la educación del país.

Si el Fondo Especial para la Educación Superior se ve afectado, esto tendrá repercusiones importantes en temas de educación de calidad, en procesos de investigación, desarrollo e infraestructura e incluso, en becas para estudiantes, quienes dependen de ellas para continuar con su formación profesional. Sin recursos suficientes, las Universidades Públicas ven comprometida su capacidad de responder a las necesidades del país.

Es por ello que, la educación superior pública debe ser vista como una inversión a largo plazo y no como un gasto, ya que cada colón invertido genera réditos para Costa Rica, con profesionales altamente capacitados, con instalaciones educativas óptimas para desarrollar investigación y generar innovación, con espacios para promover el arte, el deporte, la recreación y la cultura, así como la movilidad educativa de la población estudiantil, sin olvidar las acciones de extensión universitaria que buscan promover el desarrollo del país, acompañándoles en cada propuesta, proyectos locales, emprendimientos y muchas otras alternativas educativas, a fin de seguir protegiendo el tesoro más valioso de Costa Rica, “La educación”.

La mujer nacida con voz de lira y alma demoledora

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rafael A. Ugalde Q*

Una voz ronca y masculina preguntó a los estudiantes en huelga, ¿quién se anima a subir hasta allá arriba, en lo alto del edificio de la rectoría de la Universidad Autónoma de México (UNAM), para colocar esta bandera contra los recortes presupuestarios y la privatización de la educación universitaria en México? Silencio sepulcral; hasta que una muchacha delgadita, modales delicados, vocecilla sonatina y 24 años cumplidos, asombró a todos sus colegas, cuando les dijo: “yo subo, nuestra causa es justa “y empezó a escalar, a escalar, y desde entonces, ni genuflexos ni bocas chanclas del régimen, pudieron detenerla.

Se trata de Claudia Sheinbaum Pardo, quizá hoy la mujer más empoderada del mundo, porque asumirá este 1 de octubre, el destino de más de 126 millones de mexicanos, la mayoría de ellos humillados y sin otra opción que no fueran cuatro décadas de inhumanos gobiernos que, hasta 2018, regalaron el país norteamericano a base de préstamos multimillonarios y prebendas de toda clase. Seguramente será la mujer más poderosa durante el próximo sexenio, porque su presidencia no es fruto de lobbies entre fabricantes de armas o de la industria farmacéutica, sino es por “decisión de mi pueblo”, aclaró recientemente a un grupo de periodistas.

Por cierto, corría 1987, y el presidente, Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), junto a su partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Acción Nacional (PAN), inician la mayor estafa a los mexicanos, vendiéndoles las empresas estatales, dando en concesión a mineras la mitad del territorio de México, entregaron los bloques petroleros a conocidas transaccionales, mientras otros conglomerados hacían suyos la electricidad, el negocio de las telecomunicaciones, los seguros, la venta y distribución de medicinas, convertían en cascarones vacíos el seguro social, las soluciones habitacionales son ahora negocios florecientes, la protección de los menores letra muerta, se echaban en el bolsillos el dinero de las pensiones de los viejitos, etc.

“En esa época (37 años atrás) era muy aventada”, recordaba Claudia Sheinbaum Pardo, cuando un domingo de estos, durante una gira por los pueblos del sur de su país, con su máximo mentor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un periodista trajo a la mente de la primer mujer presidenta de México aquel osado acto de subir la hasta el edificio de la rectoría de la UNAM para colocar la bandera de los huelguistas.

No eran jóvenes revoltosos, opuestos a los cambios, como consignaban todos los principales medios de comunicación, controlados por siempre por una élite mexicana racista, autoritarista y mentirosa, según la cual, el pueblo era “tonto” y, por eso, precisamente, requería de gente “ilustrada” y “preparada” para que lo gobernaran, pobre además, por su “vagancia” y “amistad” empedernida con el tequila.

¡No! Comenzaba de desmoronarse un régimen oprobioso, donde las “puertas giratorias” daban honorabilidad, el despotismo estaba institucionalizado y el saqueo de los recursos financieros, entregados por la gente más humilde a los distintos gobiernos, hicieron multimillonarias a las familias dedicadas a la politiquería. Ello, hasta 2018, cuando por escasos votos, llega a la presidencia AMLO; no sin antes sufrir un intento de desafuero para tratar de sacarlo de la política, así como las burlas ampliamente promovidas por el PRI y el PAN por pretender ser gobernante de la república, repartiendo hojas sueltas en el Metro de la capital mexicana, las terminales autobuseras y visitar casa por casa a lo largo y ancho de todo su país.

La electa presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: “Todo con el pueblo, nada sin el pueblo” (F. Tomada de Facebook).

b-. Fin del gobierno de togas y birretes. Sheinbaum Pardo, electa por la coalición de partidos de izquierda y el “verde”, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), llega a la presidencia de la república con un capital electoral de 36 millones de sufragantes a su favor, desafió de entrada a quienes defendieron la educación como privilegio, anunció la traída del extranjero, sí es el caso, de especialistas y médicos para instituir la atención médica familiar, abogó para que no haya un solo joven sin su beca de estudio, dijo que todos los abuelitos y abuelitas tendrán su pensión digna, prometió que su administración aprobará la jornada laboral de 40 horas, casa de habitación para los menos favorecidos, considerando el alquiler como abono a la compra de morada, entre otros.

No tenemos necesidad de endeudarnos sí el gobierno sigue siendo austero, no permitimos más los lujos y seguimos devolviendo al pueblo lo robado, sentenció.

Además, con la promesa hecha este fin de semana, de incorporar a la democracia participativa a los pueblos originarios y campesinado del sur de su país para que se beneficien de las actividades que traerá el llamado Tren Maya, Sheinbaum Pardo pareciera decidida no solo a cuidar el patrimonio electoral dejado por AMLO, se va con un 70% de apoyo popular, sino convertir el tren interoceánico y el Maya, en las máximas obras de la ingeniería en los últimos 50 años.

Los primeros 473 kilómetros del llamado tren Maya quedaron inaugurados el pasado 15 de diciembre por AMLO, luego de vencer las tácticas politiqueras del PRI y el PAN, así como los bloqueos constitucionales y legalistas dentro de la conservadora Corte del poder judicial, fiel a los viejos partidos, hasta sus últimos estertores.

Este ferrocarril recorrerá 1500 kilómetros, entre pueblos olvidados durante más de 100 años, sorteando montañas y exhibiendo la cultura de las civilizaciones ancestrales de México; todo ha estado a cargo de obreros y profesionales del país, dijo en aquella ocasión. Agregó que habían presupuestado para toda esta obra 28.500 millones de dólares, gracias a que hemos combatido la corrupción.

Sin embargo, Sheinbaum Pardo, ahora convertida en doctora en Física y su emblemático pelo largo arremangado por una cola, está obligada primero, a resolver una rebelión en la cúpula judicial, porque sus privilegios están en entredicho en una reforma judicial que ya es ley; luego corresponderá a su administración conocer sobre la elección secreta, directa y popular de ministros, magistrados y jueces de poder judicial, entre todos los profesionales en derecho que quieran participar y tengan cinco años de desempeñarse en la profesión, entre otros requisitos.

Es menester recordar que AMLO, en febrero de este año, propuso una serie de reformas llamado “ Plan B”, en búsqueda de transformar los reumáticos institutos de la transparencia, terminar con la vieja práctica de archivar expedientes a personajes influyentes, hacer que los ministros de la Corte, los magistrados y los jueces estén obligados a rendir cuentas ante la ciudadanía por su efectividad en sus trabajos, hacer realidad el principio de justicia expedita para todos los mexicanos, entre otros.

El Plan B se trata, dijo el entonces diputado oficialista, Gerardo Fernández Noroña, de devolver a la gente la confianza en el poder judicial, acabar con privilegios en las altas esferas, pues no es posible que sí la Constitución ordena que ningún funcionario estatal ganará salarios arriba del que disfruta el presidente, haya magistrados violando la Carta Fundamental. Devengan dos y tres veces más que el ingreso del mandatario; queremos acabar con el nepotismo, con la sangre azul para ser magistrados y el linaje de juez en el poder judicial, añadió.

AMLO se despidió el pasado 15 de septiembre con el Zócalo a reventar y a gritos “no te vayas presidente” (F. Tomada de el periódico El Universal).

En ocasión de la discusión de este plan, trascendió que los altos jueces tenían un reconocimiento económico por usar la toga y el birrete, camionetas con choferes incluidos, combustible todo el que desearan, seguro social privado, casa de habitación con servicio doméstico y jardineros dentro del paquete, viajes al exterior, quince fideicomisos por casi mil millones de dólares, pensiones de lujo etc., todo pagado por el “soberano”.

Por datos revelados por el periódico El Economista, en su versión digital el miércoles 06 de Septiembre de 2023, se conoció que doce de estos fideicomisos controlaban 21 mil millones de pesos (19 pesos por divisa estadounidense), sin que formaran parte del presupuesto oficial asignado al poder judicial y seis de ellos destinados a “programas” que solo conocían las altas autoridades.

Como estos cambios constitucionales se rechazaron en las dos cámaras legislativas, donde los partidos tradicionales eran mayoría, AMLO presentó un llamado Plan C, para que los votantes en las elecciones del pasado 2 de junio y en ejercicio de la soberanía de todos los poderes en la democracia república, dijeran mediante el sufragio sí querían la limpieza en el poder judicial o se archivaban las reformas contempladas en el Plan B.

La respuesta fue aplastante. Alcanzó la mayoría en ambas cámaras, barrió con los viejos feudos del PRI y el PAN, ambos heridos profundamente quién sabe por cuántos meses más, quizá por años, ganó la mayoría de las gobernaciones en todo el país, Estados nunca imaginados fueron de MORENA. Hasta el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fundado en 1989 por una serie de personalidades entre quienes estuvo AMLO, salió rascando. Alguna vez esta organización partidaria pasó entre los votantes como de” izquierda”, pero el soberano lo enterró. Cobraron a este instituto político que, durante 37 años, se hizo pasar como de “izquierda”, de los dientes hacia afuera; mientras desde adentro carecía de acción junto a los obreros, campesinado, amas de casa, estudiantes etc., facilitando su manera sui generis de ver su Revolución”, el camino inhumano de 42 años de neoliberalismo.

“No hay nada que negociar; con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, dijo Sheinbaum Pardo a un arlequín enviado por la presidenta de la Corte, Norma Piña, tras aprobarse la madrugada del pasado jueves 12 de setiembre las reformas judiciales, con la misma vocecilla sonatina y tremenda alma demoledora. Sí, es aquella mujer que desafió a quienes titubearon para dar el paso adelante en plena huelga.

Por cierto, estos inerves, como fueron llamados estos huelguistas por algunos acomodados por el régimen, ganaron aquella batalla y siguen dando guerra.

Periodista, abogado y notario por la UCR.

Las alcaldías indígenas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Madriz Arroyo*

El proceso de la conquista española provocó grandes cambios en la organización de las comunidades indígenas. Estas se vieron impactadas a nivel político, social y económico. Los españoles impusieron nuevas formas de organización administrativa, de distribución del poder y las relaciones de trabajo que provocó la desorganización de las sociedades prehispánicas.

Pese a estos cambios, en El Salvador y Guatemala sobrevivió un legado en cuanto a la manera en que se organizan las comunidades indígenas que se mantienen hasta el presente. Este es el caso de las alcaldías indígenas. En El Salvador funciona la Alcaldía de Los Izalcos en el departamento de Sonsonate y en Guatemala la de Santa Lucía de Utatlán en el departamento de Sololá.

La Alcaldía del Común de los Izalcos tiene su cabeza en el alcalde del común que es electo por el consejo de mayordomos de la comunidad indígena. El alcalde a su vez elije al segundo alcalde y a los regidores que lo van a acompañar durante el periodo que ha sido electo. En este caso el alcalde del común representa a la comunidad indígena y delibera con sus regidores las decisiones que puede llegar a tomar. Dentro de la organización de la alcaldía también se encuentra el segundo alcalde y el secretario.

La función que tiene la alcaldía es la de auxiliar y representar a la comunidad indígena, velando por aspectos fundamentales como la protección de los derechos, la promoción de la cultura, el resguardo de tradiciones y prácticas culturales ancestrales. Además de impulsar la permanencia de la cultura y del idioma náhuat. En Izalco se cuenta con una biblioteca indígena administrada por la Alcaldía en la que se dan clases de náhuat y talleres de cultura a la población, en especial a los niños. También se organizan actividades como ceremonias y tienen presencia en manifestaciones culturales a nivel comunal. Otra labor que realizan es la de la recuperación de la memoria de los procesos históricos que les han enfrentado como el genocidio indígena cometido en 1932 bajo el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez y el enfrentamiento armado en la década de los años de 1980.

La alcaldía del común trabaja estrechamente con la cofradía de Izalco. Acompaña a la cofradía sirviendo como su representante para gestionar diversos proyectos. También en algunos momentos ha desarrollado proyectos con el gobierno, la Asamblea Legislativa y diversas organizaciones no gubernamentales e internacionales. Esta cooperación se ha dado en aquellos proyectos en los que se respeta la comunidad indígena, sus tradiciones y cosmovisión.

De alguna forma la alcaldía del común es el último reducto organizativo de la comunidad indígena, desde ahí se vela por la protección de los derechos culturales y humanos de la comunidad. También vela por mantener diversos aspectos de la espiritualidad náhuat como ceremonias, la tradición oral y la espiritualidad.

Esta organización tiene como una de sus principales limitaciones el no contar con un asidero legal dentro de un marco constitucional por estar basada en la tradición. Esto provoca que sus decisiones no sean vinculantes para el Estado, los gobiernos de turno y los gobiernos locales. Pese a esto la Alcaldía trata de visibilizar los derechos y aportes de la comunidad indígena que representa, lucha contra el racismo y la poca atención del Estado para con los integrantes de la comunidad de ascendencia indígena.

En el caso de la alcaldía indígena de Santa Lucía de Utatlán ha presentado una continuidad desde tiempos prehispánicos y ha tenido una evolución en los nombres que se le han dado. Antes de la llegada de los españoles se le llamó Ajpop (Reyes K’iches), tiempo después se conoció como K’amol B’e Tinamit y en la época colonial se llamaron cabildo de indios, después de la firma de los acuerdos de paz en 1996 alcaldía indígena y más recientemente se le denomina municipalidad indígena siendo el nombre que tiene en la actualidad.

Esta organización se rige por un numero de 13 a 20 personas, que es un numero basado en el calendario maya.

Los cargos dentro de la municipalidad indígena son:

Primer alcalde “Nab´e k´amol b´e” (es el que coordina las actividades y es el que traslada toda la información a todos sus compañeros).

Segundo Alcalde. “Rukab´ k´amol b´e” asume la responsabilidad del primer alcalde en caso que esto no asistiera.

Secretario “ajtz´ib´” es el encargado de hacer las redacciones que se necesiten por ejemplo las actas de las sesiones.

Tesorero.” K´olol rajil” es el encargado de ser observador de los posibles fondos que se manejan y los cargadores que son: primer cargador, segundo Cargador, tercer Cargador. Son los que acompañan al primer alcalde a tomar decisiones en conjunto.

El municipio indígena se compone por comunidades y cada comunidad elije a una persona que la representa a través de asambleas comunitarias que son conformadas por: principales del pueblo que representan a los integrantes de la comunidad. También las diferentes organizaciones de la comunidad envían representantes; por ejemplo, una representación de las tejedoras, de las comadronas, los guías espirituales y de la sociedad civil. El tiempo de servicio de estos cargos varía de uno a cuatro años y hasta de forma vitalicia. En ningún puesto se recibe una remuneración económica así es llamado Chak patan (servicio comunitario).

La municipalidad indígena no tiene vínculos con las autoridades estatales. Sus principales funciones son la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, la defensa del territorio, administrar la justicia y el diálogo bajo los principios de Chak patan (Servicio a la comunidad), tob´anik (ayuda mutuo), komon (compartir), utz kab´ano (hacer el bien), pixab´ (consejo), k´ix (vergüenza), k´yoq (ley de la compensación), nimanik (obediencia), q´uch (trueque), con el fin de garantizar el buen vivir.

Las funciones más importantes que tiene esta Alcaldía son: aplicación y administración de la justicia, prevención y erradicación de la violencia, fortalecimiento de la educación bilingüe e identidad cultural, implementación de la escuela de tejido, recuperación de la memoria histórica, promoción de las expresiones culturales, defensa del territorio, protección del ambiente, fortalecimiento de la participación de las mujeres, realizar asambleas comunitarias, empleo de la medicina maya ( plantas medicinales y comadronas) y el fortalecimiento de la identidad.

La organización indígena también enfrenta desafíos significativos que limitan su accionar y la proyección a la sociedad. Dentro de ellos podemos señalar los siguientes: desconocimiento de las funciones por parte de las nuevas generaciones, el poco reconocimiento legal por parte del Estado, lograr una efectiva articulación con los tres grandes pueblos originarios de Guatemala (Maya, Garifuna y Xincas), el machismo que limita la participación de las mujeres dentro de la organización y el que sus integrantes tengan poco conocimiento de los recursos tecnológicos para difundir información y socializar reflexiones sobre los problemas comunales.

En conclusión, las alcaldías indígenas tanto en Guatemala como en El Salvador cumplen funciones muy importantes para las comunidades que representan, tienen una continuidad histórica que ha permitido una cohesión social y política, requieren de mayor visibilización en sus respectivos países y hacen grandes esfuerzos por mejorar la calidad de vida de las poblaciones indígenas mediante la defensa de sus derechos culturales, territoriales y políticos.

*Docente de Estudios Sociales e investigador de asuntos indígenas. Trabaja actualmente como docente de secundaria y desarrolla actividades de acción social y educación cultural con territorios indígenas en Costa Rica. Ha investigado sobre temas indígenas en Centroamérica, como el caso de la práctica del telar en Panchimalco, El Salvador del cual se publicó un artículo en el Almanaque Escuela Para Todos 2023.