La Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) invita al conversatorio “Crisis de la protección social en Panamá: perspectivas políticas y sociales”, que se realizará el miércoles 13 de agosto, de 2:00 p. m. a 3:30 p. m., en la Sala de exrectores de la Biblioteca Joaquín García Monge, en el campus de Heredia.
La actividad contará con la participación del doctor William R. Hughes O., profesor e investigador de la Universidad de Panamá, quien aportará un análisis desde la perspectiva económica, política y social de la situación actual de la protección social en ese país.
Este espacio forma parte de las actividades de reflexión organizadas por la Escuela de Economía bajo el programa Economía para la Vida, y se transmitirá en vivo por la página de Facebook de la institución.
¿Sabías que el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) no tiene secretario general desde hace cuatro años? ¿Sabías que la Secretaría de Integración Económica (SIECA) tampoco lo tiene desde el 17 de julio de 2025 y que todo apunta a que no lo tendrá por mucho tiempo? Pienso que una gran parte del público lector no sólo responderá que no a ambas preguntas, sino que también opinará que el asunto no le parece importante, ni siquiera interesante. “¿Para qué sirven esas instituciones?” preguntarán algunos, “¿para qué sirve la integración centroamericana?”
Los gobiernos de los estados miembros del SICA (es decir, la Centroamérica histórica más Belice, República Dominicana y Panamá) no han logrado encontrar los consensos requeridos para nombrar a las dos máximas autoridades ejecutivas de la integración. Aunque existen procedimientos claros para el efecto, pareciera que algunos gobiernos han decidido pasárselos por el fondillo con el fin de colocar o premiar a gente de su total confianza con esos puestos, sin importar si llenan los requisitos técnicos ni la opinión de los demás gobiernos.
El SICA fue creado por el Protocolo de Tegucigalpa de diciembre de 1991 con el fin de promover coherencia en un “sistema” que funcionaba como un animal de cinco cabezas, cada una con sus propios objetivos a veces en conflicto con los de las otras. En su momento me dediqué a investigar esta situación y sus posibles soluciones, pues no solo era lamentable y hasta ridícula, sino que podía afectar seriamente el desarrollo de varias áreas de la integración, en especial el eje económico y comercial. (Valdés Valle 1991).
El impase en la SIECA es el resultado de que el Estado al que corresponde proponer una terna para el cargo, no lo hizo y simplemente propuso a su secretario de economía, quien es miembro del órgano regional que debe recomendar a los presidentes de los países a quien nombrar. En esta forma, el señor secretario de economía se convirtió en juez y parte, algo que no había sucedido antes en la selección del secretario de la SIECA. Cuando se reclamó la falta de terna, enviaron una que incluyó al ministro y a personas con cero experiencia en integración económica regional o cosa parecida. Cuando esta terna fue rechazada por varios gobiernos, el país proponente vetó el proceso e impidió que se pusiera en práctica mecanismos previstos para subsanar temporalmente el no nombramiento del secretario general. La Secretaría, al parecer, está funcionando con relativa normalidad bajo la administración de un director ejecutivo, pero se le quitó la capacidad legal para tomar iniciativas sustantivas, adquirir compromisos y contratar, la que corresponde exclusivamente al secretario general.
La SIECA maneja un portafolio de cooperación internacional nada despreciable en estos días de graves escaseces en ese frente. Es razonable pensar que una acefalía prolongada haga repensar a los donantes. Lo más preocupante, sin embargo, es que se afecte las posibilidades de progreso de la integración justamente cuando más se le necesita.
Algo que me produce un cierto alivio y esperanza ante el desorden mundial y el proteccionismo que promueve el gobierno de Estados Unidos, es que el comercio inter centroamericano de bienes y servicios está creciendo sostenidamente. Guatemala, de hecho, ya exporta más a Centroamérica que a Estados Unidos. Sin embargo, la parálisis sustantiva y la acefalía en la SIECA y en el SICA son un riesgo y pueden ser un obstáculo para que se produzcan las inversiones que la región requiere para dinamizar su propia producción y su mercado, especialmente en materia de infraestructura de transporte, portuaria y de aduanas, áreas en las que se ha avanzado en los últimos años y en las que es imperioso dar nuevos y más ambiciosos pasos.
Los y las centroamericanas no podemos permanecer pasivos frente a esta situación. Debemos demandar pronta y total transparencia en la selección de estos dos cargos, constituirnos en un tribunal informal de la opinión pública regional. Las gremiales de exportadores e industriales están llamadas a jugar un papel proactivo. También los medios de comunicación, que quizás por cansancio parecen haber perdido interés en el asunto. En parte esto último es culpa de los gobiernos y los órganos de la integración que no difunden bien las cosas que hacen –muchas muy valiosas– o que no desean poner en evidencia actos reñidos con la institucionalidad.
La Corte Centroamericana de Justicia debiera resolver los impases tocados en este artículo. Sin embargo, este es un órgano “secreto” que ha permanecido escondido en algún barrio de Managua haciendo poco o nada, del cual Nicaragua se acaba de retirar arguyendo desorden en su marco jurídico, lo que termina de convertirla en un cero a la izquierda.
Justo cuando en todo el mundo se argumenta que el rejuvenecimiento y el fortalecimiento de los lazos de cooperación a nivel regional es una de las medidas más eficaces que los países pueden adoptar para defender sus intereses en el convulso panorama mundial presente y futuro, los centroamericanos vamos para atrás como el cangrejo.
Ojalá que la presión sostenida y responsable de la opinión pública produzca un cambio de actitud en los gobiernos centroamericanos, algunos de los cuales hacen alarde cotidianamente de su inspiración morazanista. Ojalá no incurran en los mismos malos pasos y errores que llevaron a que Centroamérica hiciera —para usar la triste y punzante frase de Domingo Faustino Sarmiento — “un estado soberano de cada aldea”.
Referencia: Valdés, Mauricio. 1991. Problemas de gestión en la integración centroamericana. Revista Relaciones Internacionales, Núm. 34, pp. 35-44. Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica. (Disponible en internet).
René Mauricio Valdez es salvadoreño, doctor en ciencias políticas. Trabajó en instituciones de la administración pública de su país, la integración centroamericana y las Naciones Unidas.
Uno de los pilares discursivos más sólidos del actual gobierno ante un sector importante del electorado es su supuesto apego a los “valores tradicionales” de la familia, la moral cristiana y la defensa de la vida. Este relato ha sido hábilmente explotado como herramienta de movilización política, en especial en temas como el aborto, la educación sexual y la política exterior presentada como defensa de la democracia. No es un recurso nuevo: partidos como Nueva República, entre otros, han recurrido a la misma estrategia para cazar votos apelando a la sensibilidad religiosa y moral de la población. Sin embargo, la coherencia entre lo que se predica y lo que realmente se cree y practica en las altas esferas del poder resulta frágil, cuando no abiertamente inexistente.
Las declaraciones que días atrás ofreció a un medio de comunicación la diputada oficialista Pilar Cisneros, afirmando abiertamente que es atea y que “no le pueden demostrar que Dios existe”, ponen en evidencia, de forma directa, la contradicción central del discurso gubernamental. No se trata de cuestionar su derecho a la libertad de conciencia o de creencias, un principio y derecho fundamental de toda democracia, sino de señalar la incoherencia política: ¿cómo puede un gobierno que se presenta como paladín de los valores cristianos más conservadores tener como figura clave a alguien que, por convicción, no comparte el núcleo religioso sobre el que supuestamente se asienta toda su narrativa moral?
En cualquier sociedad democrática, la pluralidad de creencias es legítima y bienvenida. Pero cuando un gobierno basa buena parte de su capital político en agitar banderas morales y religiosas para ganar votos, el asunto deja de ser una cuestión de diversidad y se convierte en un caso de manipulación consciente y mal intencionada. Es el viejo truco del poder: decir lo que el pueblo quiere oír para conquistar su voluntad, mientras en la práctica se defienden otros intereses y se opera bajo una lógica de conveniencia ideológica. Esto es más de lo mismo, la vieja política disfrazada de cambio.
Lo mismo ocurre con el tema del aborto: el oficialismo se presenta como una fuerza implacablemente “provida”, pero la integridad de esa postura se desmorona cuando se evidencia que el compromiso no es con principios inmutables, sino con la estrategia política del momento. El discurso se activa o se silencia según convenga para mantener la base electoral, y no porque exista una convicción moral auténtica y uniforme en la cúpula.
La contradicción se vuelve aún más evidente cuando observamos cómo los diputados oficialistas dicen representar un partido en el Congreso para mantener sus privilegios parlamentarios, pero de hecho responden a otro, a Pueblo Soberano. ¿Qué es este nivel de coherencia? Este doble juego parlamentario es el mismo mecanismo que en otros contextos se ha identificado como una de las prácticas del chavismo: crear lealtades por conveniencia, camuflar agendas y manipular el lenguaje para ocultar la verdadera naturaleza de su proyecto político. Mientras tanto, sus seguidores aplauden ciegamente, sin percatarse de la realidad.
Lo que se presenta como la defensa inquebrantable de los valores de la familia y la moral cristiana no es más que una fachada propagandística. Las declaraciones de Pilar Cisneros no son el problema en sí mismas; son, más bien, el síntoma visible, la prueba inequívoca de una maquinaria política que opera con una lógica de engaño calculado y mentiras. Es la gran estafa moral y política de este gobierno: usar la fe y los valores del pueblo, que es lo más sagrado que puede tener la nación, como instrumento de poder, mientras se traiciona su esencia desde adentro.
La credibilidad cuesta años construirla, pero basta un instante para perderla. Doña Pilar pasó de ser el pilar, en nombre y en imagen, de la confianza, a convertirse en el centro de la desconfianza de un movimiento político que le creyó a ciegas, seducido por palabras bonitas que hoy se revelan vacías.
Introducción La frase «pan y circo» (en latín, panem et circenses) fue acuñada por el poeta romano Juvenal en el siglo I d.C. para criticar la estrategia utilizada por los emperadores romanos (Trajano y Adriano en particular) de mantener al pueblo sometido y embelesado con alimentos básicos y entretenimiento violento, evitando así que cuestionaran el poder despótico y la inmensa corrupción. Desde entonces, esta táctica de control social ha reaparecido en distintas formas a lo largo de la historia. Hoy, en pleno siglo XXI, aunque los métodos han evolucionado, la esencia sigue siendo la misma: mantener a las masas despistadas y medianamente satisfechas para evitar demandas políticas que cuestionen el estatus quo. En Costa Rica, el gobierno de Rodrigo Chaves parece haber adoptado una versión sui generis de esta estrategia, combinando una retórica populista, el espectáculo mediático alrededor de su personaje y propiciando la polarización social y política para mantener relativamente alta su popularidad.
Orígenes en la Roma imperial En la antigua Roma, los emperadores comprendieron que el apoyo de la plebe era crucial para mantenerse en el poder. Para lograrlo, implementaron tácticas de distribución gratuita o subsidiada de trigo (panem) y organizando grandiosos espectáculos en el circo, como carreras de cuadrigas y luchas de gladiadores (circenses). Estas medidas no solo evitaban revueltas, sino que también desviaban la atención de problemas como la corrupción, los fracasos en algunas campañas militares y las malas decisiones políticas. Juvenal, en sus Sátiras, lamentaba cómo el pueblo había trocado su participación en la vida pública por la complacencia pasiva que le ofrecían estos efímeros beneficios.
Evolución de la estrategia A lo largo de la historia, distintos gobiernos y sistemas de dominación han utilizado variantes del pan y circo. En la Edad Media, los señores feudales organizaban festines y torneos para sus vasallos. En el siglo XX, regímenes autoritarios emplearon el deporte (como el fútbol en las dictaduras latinoamericanas) o los medios de comunicación masivos (propaganda en radio y televisión) para generar consenso. Hoy, en la era digital, las redes sociales y el entretenimiento constante (streaming, redes virales, noticias sensacionalistas) cumplen un rol similar: distraer a la población de problemas estructurales como la desigualdad, la crisis climática o la erosión democrática. Los gobiernos actuales, incluso en democracias liberales, recurren a medidas populistas—como bonos asistenciales o espectáculos políticos—para ganar aprobación rápida sin abordar reformas estructurales.
El «pan y circo» en la Costa Rica de Chaves Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica desde 2022, ha empleado tácticas que recuerdan al viejo panem et circenses, aunque adaptadas al contexto actual (y a sus múltiples limitaciones como político). Repasemos cómo lo ha hecho.
Pan. De forma llamativa, Chaves (empecinado con el ajuste fiscal) no ofrece “pan” verdadero a la población que lo respalda en la encuestas (excepto a sus financistas de campaña, con quienes sí ha sido muy generoso). Al contrario, no hay más viviendas sociales, ni más becas estudiantiles, ni más pensiones del régimen no contributivo, ni aumentos salariales, ni más subsidios para los sectores en situación de pobreza. Y ni hablemos de la educación, de las listas de espera en la Caja o de la infraestructura pública. El pan que ofrece Chaves es pan virtual: no alimenta bocas sedientas ni llena estómagos vacíos. Lo que Chaves alimenta es el resentimiento y el desprecio hacia la clase política tradicional (una tarea nada difícil), aunque paradójicamente, con sus cantos de sirena, su demagogia consumada y sus promesas incumplidas, se ha convertido en el más tradicional de los políticos tradicionales. En efecto, él y su gabinete emplean una retórica anti-establishment populista, estridente y a menudo violenta que no se concreta en mejoras materiales para la población de más bajos recursos, al tiempo que la utiliza para ocultar las abundantes críticas por la falta de respuestas a aquellas promesas de campaña ampliamente incumplidas, escudándose en el “no me dejan trabajar”. Así, el proyecto político de Chaves opera bajo una paradoja reveladora: mientras su narrativa se construye sobre la deslegitimación de la política tradicional, su práctica gubernamental no solo reproduce sus lógicas, sino que las profundiza.
Circo. Pero más efectivo aun para su campaña política permanente, Chaves ha dominado el espacio mediático con un estilo confrontativo y polémico, generando constantes debates en redes sociales y medios—ya sea atacando al Poder Judicial, al TSE, a la prensa, a sus opositores o haciendo declaraciones altamente provocadoras y en absoluto constructivas—que mantienen a la opinión pública entretenida pero distraída de las discusiones más urgentes.
Mientras una parte de la población celebra sus gestos de «ruptura» con la política tradicional, detrás del espectáculo se agravan problemas como el vertiginoso aumento de la desigualdad, la corrupción rampante, la crisis de inseguridad, la penetración del narcotráfico en las instituciones y en la sociedad, la violencia contra las mujeres, el desplome de la agricultura tradicional, el enorme retraso en infraestructura pública, el inaudito empeoramiento de los servicios de educación y salud públicas y la creciente polarización social. Vendió ser el martillo que rompería el sistema, y terminó siendo otro clavo en el ataúd de la esperanza popular.
Conclusión El pan y circo nunca desapareció; solo mutó. De las arenas romanas a las pantallas de TikTok, los gobernantes se siguen aprovechando de las necesidades básicas y los deseos de entretenimiento de la población para consolidar y abusar de su poder. Costa Rica, bajo el mandato de Rodrigo Chaves, es un ejemplo contemporáneo de cómo esta estrategia se adapta a los nuevos tiempos y a la personalidad de sus actores: con una retórica populista y un circo mediático que, aunque diferente en forma, cumple la misma función que en la antigua Roma: mantener al pueblo distraído, dividido y sobre todo, dócil.
Por tanto, hoy estamos urgidos de ciudadanos que valoren más la dignidad, la libertad y la democracia que la comodidad del vasallaje moderno, de medios independientes que informen verazmente en lugar de solo entretener, y de políticos que enfrenten con agallas y sabiduría el cúmulo de problemas que nos agobian, en vez de distorsionarlos o maquillarlos a su conveniencia.
José María Gutiérrez Profesor emérito, Universidad de Costa Rica
La humanidad presencia, estupefacta y horrorizada, la debacle humanitaria que vive la población palestina en Gaza como consecuencia de las acciones militares del gobierno de Israel.
Los actos perpetrados por el gobierno y el ejército de Israel en la franja de Gaza constituyen un auténtico genocidio, un crimen de lesa humanidad en el que han perdido la vida más de 56.000 personas, muchas de ellas mujeres, niñas y niños. Se ha destruido indiscriminadamente la infraestructura, incluyendo la educativa, de salud y de vivienda, y se han generado condiciones de vida inhumanas que han causado un sufrimiento indecible a la población civil de Gaza.
Más aún, repetidamente se ha impedido por parte de Israel el acceso de ayuda humanitaria de organizaciones internacionales, lo cual ha causado, entre otros efectos, una crisis de salud pública que incluye hambruna y la carencia de atención básica a personas heridas y enfermas. Además del sufrimiento a la población palestina de Gaza, en esta tragedia muchas personas periodistas y trabajadoras de la salud, así como de organismos de acción humanitaria, han sido asesinadas en el cumplimiento de su deber. En medio de esta debacle humanitaria, Israel ha irrespetado repetidamente diversas normas del derecho internacional.
Este genocidio ha sido documentado ampliamente y ha sido repudiado por instancias de las Naciones Unidas, por una gran cantidad de países y por amplios sectores de la ciudadanía global, quienes clamamos con desesperación porque se detenga esta agresión.
En este contexto de grave crisis por el horror que se vive en Gaza, la Asamblea Legislativa debe considerar muy seriamente lo que representaría la aprobación de un tratado de libre comercio con Israel en las circunstancias actuales. La política exterior de Costa Rica, en todos los ámbitos incluido el de las relaciones comerciales, debe guardar una clara coherencia con la tradición civilista y de defensa a ultranza de los derechos humanos que ha caracterizado a nuestro país.
Las discusiones alrededor de este tratado de libre comercio con Israel no deben verse solamente desde la perspectiva de las posibles conveniencias comerciales que podría tener para Costa Rica un acuerdo de este tipo. Por el contrario, la decisión que se tome debe concebirse como un elemento integral de la política exterior del país, centrada en el profundo respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los pueblos, en concordancia con los valores que han inspirado nuestra tradición civilista.
Si bien la política exterior de Costa Rica debe basarse en el respeto a diversas expresiones de organización política, económica, social y cultural de los países, como parte de la coexistencia en un escenario multipolar global, en este caso se trata de la negociación de un tratado de libre comercio con un país que ha violentado normas básicas del derecho internacional y que es directamente responsable de un genocidio en curso. Esta realidad no debe obviarse a la hora de discutir la aprobación de este tratado.
Costa Rica es un país pequeño, cuyo impacto en el contexto geopolítico global es limitado. Pero cuenta con un prestigio moral en el ámbito internacional que, en las circunstancias actuales, debe ser enarbolado para sumarse a las voces que en el mundo claman porque se detenga el genocidio que ejecuta el gobierno de Israel en territorios palestinos.
En medio la catástrofe humanitaria que tiene lugar en Gaza, Costa Rica no debe ser omisa a la hora de alzar su voz para detener la masacre en curso. De ahí la enorme responsabilidad que recae en quienes tienen en sus manos la posibilidad de enviar un claro mensaje al mundo, acorde con las mejores tradiciones civilistas del país, no aprobando un tratado de libre comercio con Israel.
Faltan seis meses para las elecciones nacionales conducentes a elegir presidente, vicepresidentes de la República y 57 diputados. Hay un debate nacional que no ha madurado, quizás porque falta mayor precisión entre las partes. La discusión está pues pendiente en lo medular. Quiero echar mi cuarto de espadas.
¿Qué tan inclusivo es el crecimiento económico actual?
Costa Rica ha registrado cifras macroeconómicas positivas en los últimos años: crecimiento del PIB superior al 4%, baja inflación, aumento en la inversión extranjera y estabilidad fiscal. El gobierno de Chaves ha presentado estos datos como evidencia de una gestión eficiente y orientada a resultados.
Sin embargo, ¿reflejan estas cifras un bienestar colectivo o se trata simplemente de un avance para ciertos sectores privilegiados? El crecimiento se ha concentrado en zonas francas y exportaciones, dejando de lado la economía informal, que sigue abarcando más del 40% del empleo nacional. Esto implica que, aunque el desempleo abierto ha bajado, la calidad del empleo se ha deteriorado, con más personas sin acceso a seguridad social ni derechos laborales.
¿Puede llamarse sólido un crecimiento que excluye sistemáticamente a buena parte de la población trabajadora?
¿Se ha reducido la pobreza o solo su contabilidad?
El gobierno celebra la reducción de la pobreza al 18%. ¿Es esa baja estadística un reflejo de mejoras estructurales o simplemente una distorsión temporal vinculada a indicadores como una inflación baja?
Muchos hogares apenas superan la línea de pobreza, pero siguen en condiciones precarias y sin acceso estable a servicios básicos, empleo formal o crédito. Además, las desigualdades regionales persisten, con zonas como Limón y Guanacaste aún muy rezagadas.
¿Puede considerarse una victoria la reducción de la pobreza si no cambia la exclusión estructural de millones de personas?
¿Puede haber seguridad sin justicia social?
El aumento exponencial de homicidios -más de 2.500 muertes violentas en dos años- es una de las principales contradicciones del discurso gubernamental.
El gobierno impulsa una política de seguridad basada en mano dura, cárceles de máxima seguridad y militarización del discurso-, tomando como modelo a países autoritarios. Pero los datos muestran que la violencia sigue creciendo, alimentada por el crimen organizado, la pobreza y la exclusión.
¿Es sostenible un modelo que abandona la prevención social, prioriza la represión y deja intactas las causas profundas de la violencia?
¿Puede ser legítima una gestión con más de 60 causas abiertas?
Rodrigo Chaves ha mantenido altos niveles de popularidad, pero ¿puede una alta aprobación popular validar una gestión plagada de conflictos con el orden constitucional y hasta con la violación de la ley ordinaria?
Más de 60 causas se tramitan en el Ministerio Público contra el presidente y su entorno -incluyendo acusaciones por financiamiento ilegal de campaña y abuso de poder-, junto con la expulsión o renuncia masiva de ministros, revelan un poder ejecutivo marcado por la inestabilidad, la falta de transparencia y de auténtica rendición de cuentas.
¿Es aceptable hablar de “liderazgo fuerte” cuando este se sostiene sobre el debilitamiento de los mecanismos de control y la concentración del poder?
¿Es responsable legislar debilitando la institucionalidad?
Numerosos proyectos promovidos por el Ejecutivo -como la llamada y malhadada “Ley Jaguar”- han sido duramente criticados por intentar reducir los controles al poder ejecutivo, limitar la fiscalización presupuestaria y de la política pública en general o, por intentar concentrar competencias clave.
¿Puede un crecimiento económico ser sostenible cuando se erosiona la arquitectura institucional que garantiza el equilibrio de poderes, la transparencia y los derechos fundamentales?
Entonces… ¿de qué vale el crecimiento?
Si el crecimiento económico no mejora la equidad, no reduce la inseguridad estructural, no fortalece las instituciones democráticas y no protege los derechos de todos, ¿para quién está creciendo el país?
Los datos macroeconómicos deben analizarse a la luz de su impacto social real y sostenido. De lo contrario, corremos el riesgo de validar un modelo que beneficia a pocos, excluye a muchos y erosiona la base democrática de Costa Rica.
Conclusión
Costa Rica no necesita solo crecer: necesita hacerlo con equidad, democracia y derechos humanos. De no ser así, estaremos construyendo una fachada de éxito sobre una base cada vez más frágil.
Sobre la precisión y los tropiezos de las encuestas electorales recientes
Imaginemos el escenario: elecciones generales, la ciudadanía tensa y los medios pendientes de cada número que arrojan las famosas encuestas. En Costa Rica, estos procesos suelen ser acompañados por titulares llamativos, debates acalorados y cuidado, si no, sesgos evidentes. Sin embargo, en los últimos procesos electorales, muchas personas han notado que los resultados finales han estado distantes de las proyecciones que ofrecieron empresas encuestadoras como Opol y otras del sector. ¿Qué está pasando con las encuestas? ¿Por qué parecen fallar más de lo que aciertan? ¿Hay alguna que realmente haya logrado una mejor lectura de la realidad política costarricense?
La confianza en las encuestas: ¿en picada?
Las encuestas electorales han sido, por décadas, el termómetro de la opinión pública. Se han usado para anticipar tendencias, medir la intención de voto y hasta para definir estrategias de campaña. Pero lo que antes era tomado como palabra casi santa, hoy se mira con recelo. Es que, en los últimos dos comicios generales, los resultados oficiales dejaron en evidencia la imprecisión de muchos sondeos.
Opol, por ejemplo, ha sido una de las empresas más visibles, pero también de las más criticadas. Sus proyecciones han estado notablemente alejadas de lo que la ciudadanía finalmente decidió en las urnas. También hay fotos, videos y testimonios de la cercanía del propietario de la firma encuestadora a ciertos candidatos y partidos.
¿Fallaron los métodos? ¿Se equivocaron las muestras? ¿O la realidad costarricense simplemente es demasiado compleja para ser capturada por un par de preguntas bien estructuradas?
¿Por qué las encuestas fallan?
Existen varias razones por las cuales las empresas encuestadoras pueden errar. Para empezar, el desafío de obtener una muestra verdaderamente representativa es cada vez mayor. La fragmentación política, la baja identificación partidaria y el aumento de personas indecisas dificultan la labor de quienes buscan anticipar el resultado con precisión matemática.
A esto hay que sumarle el fenómeno del «voto oculto» y el famoso «voto útil», que muchas veces se manifiestan en los últimos días o incluso el mismo día de la elección, cuando las encuestas ya han quedado desactualizadas. Además, la desconfianza en las empresas encuestadoras ha llevado a que algunas personas opten por no responder sinceramente, o simplemente se nieguen a participar.
En el caso de Opol, a pesar de su constante presencia mediática, sus metodologías han sido cuestionadas, principalmente por la falta de claridad sobre cómo seleccionan a las personas encuestadas y el tamaño real de sus muestras que se sabe son proporcionales solamente a la densidad porcentual acorde al padrón, pero se desconoce si tienen considerados, en su método de muestra presencial, factores claves e indispensables, como género, clase social, educación o la edad, son también proporcionales a la realidad del electorado, en dichas muestras. Varias voces han señalado que sus predicciones no solo han sido poco precisas, sino que incluso han generado ruido y confusión en la opinión pública.
¿Hay encuestadoras que sí han acertado?
No todo es pesimismo. En medio del mar de imprecisiones, existen empresas que, sin llegar a la perfección, han demostrado una mejor capacidad de lectura estadística y proyecciones más cercanas al resultado final. Entre ellas destacan CID-Gallup y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.
CID-Gallup ha logrado, en varios procesos, identificar tendencias clave y acercarse más a los resultados oficiales, aunque tampoco está libre de críticas. Por su parte, el CIEP, con su enfoque académico y mayor transparencia metodológica, se ha ganado el respeto de quienes buscan datos confiables y análisis imparciales. Sus boletines han sido, en más de una ocasión, referencia obligada para entender cómo va cambiando la intención de voto y cuáles son los factores que inciden en la decisión de la ciudadanía.
¿Cómo mejorar la precisión de las encuestas?
La receta de la precisión pasa por varios ingredientes: muestras más robustas y representativas, transparencia en la metodología, adaptación constante al dinamismo político y, sobre todo, honestidad en el análisis. Las empresas encuestadoras deben asumir el reto de innovar, incorporar nuevas tecnologías y abrir espacios para la auditoría de sus procesos.
Quizás sea hora de que las encuestas se presenten no como oráculos, sino como herramientas de análisis que ofrecen una fotografía parcial y sujeta a cambios. Si la ciudadanía y los medios entienden esto, se podrá reducir la frustración y la paranoia que generan los desaciertos estadísticos.
Finalmente, entre la incertidumbre y el aprendizaje
Costa Rica vive procesos electorales cada vez más complejos, y los errores de las empresas encuestadoras son parte de ese aprendizaje colectivo. Opol y otras firmas deben revisar y mejorar sus métodos si quieren recuperar la confianza de la sociedad. Mientras tanto, es recomendable que las personas tomen los datos con cautela, consulten fuentes diversas y mantengan el ojo crítico ante cada cifra publicada.
En la próxima elección, tal vez la pregunta no sea quién irá ganando según la última encuesta, sino quién logra comprender mejor el pulso profundo y cambiante de la ciudadanía costarricense. Porque, al final, la verdadera medición se hace en las urnas, no en los gráficos de las encuestadoras.
Allá arriba, aunque muy lejos del Cielo, un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo, le han jugado al escondido a la Fiscalía General de la República, órgano del Ministerio Público que tiene el deber de investigar presuntos delitos penales, cometidos por esos inmunes «de arriba», obstaculizándole la tarea de defender los intereses del soberano, propiamente dicho.
En el caso «Financiamiento Jaguar», tramitado en el Ministerio Público, además de las diputaciones Pilar Cisneros, Paola Nájera, Julio Agüero y Luz Mary Alpízar, así como el canciller Arnoldo André, sobresale como figura central, como mascarón de proa, quien fuese tesorero del partido taxi pirata, que llevó como pasajero al presidente Chaves hacia la localidad de Zapote. Nos referimos al señor Stephan Lars Andreas Brunner Neibig, de 64 años, quien voluntariamente renunciara al alto cargo de vicepresidente de la República, ¡y muy relevante!, a la inmunidad que impedía al Fiscal, cumplir su deber debidamente, en las causas que se le siguen. Escudo legal que ha venido siendo usada, exageradamente, como cobija de impunidad, por el actual gobierno.
El señor Brunner Neibig, un muy poco conocido personaje político (por su muy escasa acción desde la Casa Presidencial) estaría presuntamente implicado, en la creación y operación de un mecanismo, en otras circunstancias legal, mediante el cual pudo transferir bienes a otra persona, para que ésta los administrara secretamente, en beneficio de las finanzas de la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Ello, pese a que el Código Electoral, garantía de nuestra cara democracia, señala que toda contribución a partidos políticos, candidaturas o precandidaturas, debe ser realizada por personas físicas nacionales, plenamente identificadas, y canalizadas únicamente a través de los mecanismos oficiales del partido político, para evitar que dineros de origen desconocido, y en la de menos de fuentes no necesariamente sanas, pudiesen incluso, ser determinantes en la elección de funcionarios que luego vayan a defender sus intereses ocultos, si son electos.
O sea, ustedes lo sabrán, la acusación tiene que ver con un llamado fideicomiso, al que se le llamó «Costa Rica Próspera», mediante el cual, se habrían canalizado millones de colones y dólares, al margen del ordenamiento legal. Al hacerlo así, y eso es lo que la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) están procesando, los investigados podrían haber cometido delitos, sancionados en los artículos 273, 274 y 275 del Código Electoral, que se sanciona con penas que van desde los dos hasta cuatro o seis años de cárcel, si así lo resolvieren los tribunales de justicia, en atención a los delitos sobre el financiamiento partidario, sobre las contribuciones privadas y a la recepción de contribuciones privadas ilegales, donde se establece que “el tesorero del comité ejecutivo superior del partido”, deberá “llevar un registro de actividades de recaudación de fondos del partido, incluidas las tendencias y los movimientos”.
En relación con lo resumido, al exvicepresidente Brunner, el TSE lo investiga por, presuntamente, “conocer sobre la existencia de activos del PPSD adquiridos por el fideicomiso del grupo CRP y no haberlo denunciado oportunamente a autoridades competentes”, lo cual, de concluirse que fue así, sería castigado según el inciso a del Artículo 275 del Código Electoral, con hasta seis años de prisión.
El cuadro preliminar hace vislumbrar que, el presidente Rodrigo Chaves habría llegado al poder, aparentemente, de la mano de dos esquemas de financiamiento, donde una de ellas, sería diferente, paralela, ilegal, a la comunicada oficialmente por el partido taxi, al TSE. Estaría evidenciándose, que se activaron, simultáneamente, una o más líneas de administración de los fondos económicos que no necesariamente se reportaron ante el organismo electoral, cometiendo delito.
Los involucrados han hecho esfuerzos por justificar el uso de esa oculta “carretera secundaria”, diciendo que, los dineros transferidos y gastados, no eran para la campaña electoral, sino para otras «cosillas», se diría popularmente, que no tienen nada que ver con la campaña electoral.
Sin embargo, al señor Brunner Neibig, se le implica por, presuntamente, haberse enterado, como tesorero durante la campaña electoral, de la existencia de bienes del partido taxi en cuestión, adquiridos por el citado fideicomiso, sin «haberlo denunciado oportunamente a autoridades competentes»,como era su deber, según la legislación anotada.
Pero sucedió algo realmente inesperado, que seguramente habrá sido acogido con beneplácito, por las autoridades electorales y del Ministerio Público, que se veían con las manos atadas para cumplir eficientemente sus deberes, en vista del escudo protector que cubría, hasta estos días, al señor ex vicepresidente de la República. Cuando algunos presumían la renuncia a la Presidencia de la República del señor Chaves, a quien le esperan para ser procesadas, alrededor de un centenar de causas acogidas para investigación por el Ministerio Público (lo que habrá de haber valorado para no hacerlo), ¡saltó la liebre por otro lado!
Sorprendentemente, el caballero decidió, quizá sin pensarlo muy bien, renunciar a su inmunidad, y así, en la práctica, ofrecerse voluntariamente a las autoridades competentes para que lo juzguen, sin necesidad de que sea la Corte Suprema de Justicia, la que deba solicitar el levantamiento de esa inmunidad a la Asamblea Legislativa. Camino este, escogido por el señor presidente Rodrigo Chaves, como medio de seguir obstaculizando la labor de la Fiscalía General de la República, y eventualmente, de los tribunales de justicia, por el evidente temor a ser encontrado culpable.
Agregamos que hay algunas cosas más, alrededor del exvicepresidente, que hace más insólita su renuncia a la inmunidad, que hasta ahora lo ha protegido. Por ejemplo, se tienen evidencias de su activa participación, en la frustrada gestión, que pretendía contratar una póliza del estatal Instituto Nacional de Seguros (INS), ¡por ¢248 millones!, con recursos del soberano, para financiar con fondos del pueblo, eventuales defensas ante los tribunales de justicia, principalmente, de miembros del Consejo de Gobierno, ante demandas que pudiesen presentarse por sus cuestionables actuaciones. Nos referimos, por supuesto, a la que popularmente se ha bautizado, como «Póliza de la vergüenza», y que, como habrán pensado correctamente, también es parte del expediente sobre el que trabaja la Fiscalía.
Y más recientemente, ¡para que no nos falte!, al señor exvicepresidente se le indaga igualmente, por haberse involucrado, ilegalmente, en la destitución en pleno, sin justificación razonable alguna, de la junta directiva de la entidad bancaria más importante del país y de Centroamérica, el Banco Nacional de Costa Rica. Peligrosa acción ejecutiva, que viola, peligrosamente, la necesaria y fundamental, autonomía administrativa de tan vital banco del Estado, por introducir consideraciones politiqueras, donde han de predominar, criterios técnicos calificados y de gobierno, con sustento en la Constitución Política de Costa Rica, que se ha jurado cumplir.
Cabe aclarar, eso sí, que el señor exvicepresidente, pese a haber renunciado voluntariamente, no lo ha movido el deseo de buscar la justicia de los tribunales. ¡No, qué va! Su movida, tiene que ver, más bien, con el deseo de buscar otra inmunidad similar, eventualmente, como diputado, pues estima que, si fuese postulado y electo, tal deseo se le podría hacer realidad, pero, ¡ojo!, hasta ¡dentro de ocho meses!, si llegare a ser acreditado como legislador, por el TSE, lo cual, obviamente, nadie podría garantizar al día de hoy, pues “dicen que se dice”, que Mayuli Ortega y Calixto Chaves, como “propietarios” del partido que postularía a la señora Laura Fernández, están muy incómodos, pues los puestos elegibles a candidatos a diputaciones, que ya tenían comprometidos con “los suyos”, Pilar Cisneros quiere que sean ocupados por los funcionarios que han renunciado al gobierno, primero en enero y ahora en julio, que, y esto lo que más molesta, tienen en común acusaciones ante el Ministerio Público, casi como requisito, pues lo que buscan es solo adquirir esa inmunidad que se está usando abusivamente.
En fin, aunque pensamos que Brunner Neibig, podría estar calculando mal los tiempos en que se mueve la justicia, en casos tan delicados relacionados con la fortaleza del sistema electoral y la autonomía del sistema bancario estatal, especialmente, es de presumir que los funcionarios de la Fiscalía General de la República, estarán prestos a actuar diligentemente.
Pero, bueno, esa es su apuesta; confiar en que los investigadores de la Fiscalía tomen más tiempo que el recomendado, para que pasen los ocho meses sin que él, y los otros, sean juzgados.
Finalmente, el estimado caballero, debería haber considerado que, ahora no solo sería indagado como cualquier ciudadano, sino que, incluso, se expone a la imposición de medidas cautelares, como sería, por ejemplo, la prohibición a salir del país, si la Fiscalía lo considera pertinente y los jueces así lo aprueban.
Un país con crisis de identidad no tiene la fuerza para afirmarse sobre sus propios pies y sostener sobre sus hombros las responsabilidades que le competen. Fácilmente, se convierte en víctima de fuerzas internas o externas, de poderes fácticos, que lo someten a sus particulares y mezquinos intereses. Es el papel innoble y vergonzoso de aquellos países que se entregan y someten a esos poderes, y su dignidad es pisoteada reiteradamente. Se convierten en “hojas que arrebata el viento”.
Nuestro país ha venido a pasos acelerados perdiendo y dejando de construir identidad. Perdiendo, porque la identidad incluye rasgos que tienen un asidero en el pasado. Dejando de construir, porque la identidad no solo recupera valores y logros; se edifica sobre nuevos cimientos con imaginación y voluntad creativa. Para construir identidad tenemos que desprendernos de las mitificaciones maniqueas del pasado, no dejarnos desesperar por los avatares del presente y mucho menos atrapar e ilusionar por las promesas paradisiacas de futuro, propias de los discursos mesiánicos.
Hasta ahora hemos venido dando tumbos porque también optamos por las salidas fáciles. Por un lado, le echamos todas las culpas de los grandes problemas del país a los partidos tradicionales, particularmente al bipartidismo del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). No hay duda que estos partidos tienen una importante cuota de responsabilidad, pues fueron quienes nos gobernaron prácticamente por seis décadas, después del conflicto bélico de 1948. Sin embargo, también supieron enrumbar el país por buenos derroteros, al menos hasta la década de 1980 cuando empezó a resquebrajarse el modelo de Estado Social de inspiración comunista, socialdemócrata y socialcristiano.
Por otro lado, los últimos gobiernos, tanto del Partido Acción Ciudadana (PAC) como del Partido Progreso Social Democrático (PSD), han tirado las campanas al vuelo con apuestas por un cambio de rumbo, particularmente dirigido a la lucha contra la corrupción y una gestión eficiente de la cosa pública. De esta manera, se busca borrar un pasado político de desaciertos y se celebra con bombos y platillos un cambio de rumbo promisorio.
Nos vemos así atrapados en un maniqueísmo de buenos y malos, que no hace más que propiciar la confrontación y hasta la violencia política en sus diversas expresiones. Y la realidad es que no todo tiempo pasado ha sido el peor ni tampoco el presente es el mejor.
El problema fundamental es que mientras se mantenga esta visión y comportamiento por parte de los políticos y buena parte de la ciudadanía, el país no logrará avanzar hacia niveles superiores de convivencia democrática, bienestar y paz social. Enfrascados en buscar culpables de las calamidades que estamos padeciendo, perdemos tiempo valioso para impulsar acciones concretas que permitan encarar con decisión y voluntad política los grandes problemas de hoy: desigualdad, inseguridad, violencia y crecimiento económico lento sin equidad, entre otros.
En este contexto, tenemos un desafío prioritario por delante: superar la actual crisis de identidad para recuperar más dignidad, y así poder enfrentar los retos del presente y trazar un destino mejor. Hay que afirmarse sobre los mejores logros del pasado, potenciar lo mejor de los recursos materiales y espirituales del presente y proyectar con visión optimista y mesurada un futuro más promisorio para las nuevas generaciones.
Para ello, es fundamental un nuevo pacto social y político que se construya en la mesa de la patria, para aunar esfuerzos y voluntades en la búsqueda de soluciones a los problemas más apremiantes, así como la proyección de políticas de Estado de largo aliento. Esto es algo que se ha venido reiterando, especialmente cada vez que nos aproximaos a un período electoral.
Aunque la polarización política se ha intensificado y las vías del diálogo reposado no cuentan con viento a favor, no debemos, bajo ninguna circunstancia, dejar de esforzarnos para unir voluntades y concertar en la mesa del diálogo ciudadano patriótico. Al parecer, se perfila una nueva generación de candidatos, relativamente jóvenes, que aspiran a la presidencia. Esta nueva generación puede hacer la diferencia y en lugar de continuar por la vía de la confrontación y del antidiálogo, abocarse con amor y pasión a construir la nueva identidad costarricense, que nos coloque entre los países dignos porque se autodeterminan para crecer en bienestar, seguridad y paz social; y contribuir también a forjar un mundo más humano, justo y pacífico.
El país apreciaría en gran manera, que quienes aspiran a la presidencia para el 2026-2030, desde la campaña misma se comprometan a impulsar de manera conjunta, con generosidad y visión patriótica, ese necesario y urgente pacto social y político, para crear los cimientos de una Costa Rica más digna, próspera y fraterna y menos insegura, violenta y desigual.
De esta manera, los partidos políticos ofrecerían una buena señal de voluntad para remozarse y recuperar legitimidad como verdaderos agentes al servicio del bien común, anteponiendo a sus intereses particulares los más elevados de la patria.
Los tiempos adversos, donde se nublan los horizontes para avizorar mejores senderos que nos conduzcan a garantizar condiciones de vida digna para todos los costarricenses, son también propicios para ejercitar la voluntad colectiva de un pueblo que ha sabido encontrar salidas creativas y solidarias en momentos críticos, que pusieron a prueba su buena voluntad política para mancomunar esfuerzos más allá de las tiendas partidarias.
Ya es tiempo de renovar el pacto social de los años 1940-1950, de cara a los nuevos desafíos de un contexto geopolítico de grandes tensiones, donde los países requieren con urgencia diseñar su proyecto económico, social, político y cultural; es decir, construir su identidad, para ser sujetos de su propio destino.
Hace 4 años fundé, con algunos amigos latinoamericanos, el canal Prisma Latinoamerica procurando recuperar los ideales de autonomía, soberanía y cooperación y unidad latinoamericana herencia del siglo pasado, fue una quijotada, como me dijo un amigo, de la cual no me arrepiento. Pueden verse los productos en YouTube y en la página propia www.prismalat.com , pero, aunque difundimos los videos en México, Colombia y tradujimos al portugués algunas publicaciones no tuvimos más que algunos miles de likes. Agotamos en este esfuerzo nuestros escasos recursos frente a una gran indiferencia de masas desesperadas interesadas ante todo en migrar hacia el sueño americano. Hemos sobrevivido por tenacidad y convicción de lo justo de nuestras metas mientras la realidad mundial da vuelcos inesperados.
Nuestro planteamiento retoma la historia de subordinación a la potencia del norte y la forma en que eso ha condicionado nuestra historia. Y la oportunidad que los cambios geopolíticos que se están dando en el planeta, abren para para nuestra región. En el sentido que la doctrina de Monroe “América para los norteamericanos” propiciando golpes de estado sanciones e invasiones, no podría mantenerse en las nuevas condiciones sin generar desequilibrios en la seguridad continental. Esperábamos que las nuevas condiciones promovieran una revisión de la política de EEUU hacia América Latina haciéndola, por su propia seguridad, más dialógica ante las demandas de soberanía y unidad de los gobiernos de la región.
Sabíamos que esto no sería fácil por la inercia mental neocolonial y los intereses económicos en juego, pero éramos conscientes de que los cambios, a pesar de las turbulencias encontrarían condiciones por el clima multipolar para darse. Era un planteamiento de reivindicación de la necesidad de autonomía latinoamericana que podría ser de interés continental si encontraba eco en los EEUU. Cosa difícil por la visión discriminatoria prevaleciente tanto en el partido demócrata donde era suavizada con las reivindicaciones “woke”, pero que, en su práctica, prevalecía la subordinación no siempre suave a las políticas de sanciones. Aunque sabíamos que los republicanos por su visión ideológica racista y hegemónica no considerarían con facilidad este cambio, no teníamos una idea de que el presidente Trump una vez instalado en el gobierno, actuaría como emperador del mundo. Reclamando de entrada a Groenlandia y el canal de Panamá al mismo tiempo que iniciara una persecución feroz de los migrantes latinos con redadas callejeras y deportaciones masivas, encadenados como si fueran delincuentes, que cambiaría el panorama, tanto internamente creando miedo y terror entre los migrantes, como movilizando en acciones de repulsa y de solidaridad a los gobiernos del continente.
En pocos meses con sus acciones violentas y cargadas de prejuicio, cambio en gran medida el panorama político entre parte de la comunidad latina asentada en los Estados Unidos, que habían incluso contribuido a su triunfo electoral.
Se hizo evidente que no bastaba hablar inglés para ser aceptado en ese país, que su acento, nombre, apellido y color de piel lo delataban y devaluaban frente a la persecución desatada por el prejuicio y racismo. El ser un buen “pocho” no era suficiente. De tal forma se vieron estimulados a organizarse y salir a protestar en las calles de varios estados de la Unión.
En los estados y gobiernos latinoamericanos, fuera de Argentina que aplaude todo lo que Trump y Netanyahu hacen, la reacción ha sido primero de incredulidad, pero posteriormente de integración alrededor de la CELAC y de aproximación al bloque de los BRICS.
De tal forma que la unidad alrededor de los intereses de soberanía y cultura, que nosotros promovimos con humildad con nuestros recursos escasos, pero sin eco significativo hace cuatro años se ha logrado en pocos meses con el realismo brutal del presidente Trump, que arrojó por la borda los trapos que cubrían púdicamente el racismo latente en los anglosajones. El golpe arancelario a Brasil del 50% que se inicia el 01 de agosto, el mayor de todo el mundo, para tratar de doblegar a nuestros países y golpear lo que considera la ficha más débil de los BRICS, interfiriendo en las resoluciones de la justicia brasileña, ha colmado el vaso y activado el gigante dormido.
Para no hablar de la subida de aranceles del 10 al 15% a Costa Rica después de haber rechazado nuestro gobierno la tecnología de china. Se reafirma el dicho que el diablo le paga a sus servidores llevándoselos al infierno.
Muchas gracias presidente Trump por despertar nuestra América y sacarla del letargo y la impotencia, tal vez ahora entendamos que no tenemos por qué correr miles de kilómetros detrás de sueños quiméricos, que nuestros países son ricos y que salirnos de la órbita neocolonial y abrirnos al mundo multipolar naciente.
La búsqueda de nuevos mercados y alianzas por parte de los gobiernos latinoamericanos ayudará también a reorientar, por razones de seguridad y economía, la política norteamericana hacia el mundo y la región.
Compartido con SURCOS por el autor y publicado también en redes y en La Nación.
