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Entre la esperanza y la mano dura: apuntes críticos sobre el discurso inaugural de la nueva presidencia en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

Los discursos inaugurales no son simples actos protocolarios. Son ejercicios de construcción simbólica del poder. En ellos se define quién representa al pueblo, cuáles son las amenazas del país, qué problemas merecen atención prioritaria y qué emociones deben organizar la vida política de una sociedad. El reciente discurso de toma de posesión de la nueva presidenta de Costa Rica merece ser leído precisamente desde esa perspectiva: no solo como una declaración administrativa, sino como un proyecto narrativo de país.

A primera vista, el discurso logra algo políticamente muy eficaz: transmitir cercanía, determinación y esperanza. La apelación constante a Dios, al esfuerzo personal, a la clase media y al “pueblo que despertó” conecta emocionalmente con amplios sectores sociales cansados de corrupción, inseguridad y desgaste institucional. Esa dimensión afectiva no debe ser subestimada. Las sociedades no se movilizan únicamente por datos o tecnicismos jurídicos; también lo hacen por símbolos, emociones y relatos de restauración moral.

Sin embargo, una lectura más detenida permite identificar tensiones y contradicciones importantes que merecen reflexión pública.

Uno de los elementos centrales del discurso es la construcción de una narrativa de ruptura con el pasado. Se habla de “coronas”, privilegios y viejas prácticas políticas, mientras se presenta el nuevo gobierno como heredero de una “nueva forma de hacer política”. No obstante, esta retórica convive con continuidades evidentes: figuras provenientes de partidos tradicionales ocupan posiciones estratégicas y actores centrales del gobierno saliente mantienen espacios de enorme poder político. La pregunta entonces no es menor: ¿estamos frente a una transformación estructural del sistema político o ante una reconfiguración narrativa de las mismas élites bajo nuevos símbolos y lenguajes?

Otro aspecto particularmente relevante es la centralidad otorgada a la seguridad y al narcotráfico. El discurso articula gran parte de la crisis nacional alrededor del crimen organizado, la necesidad de “mano dura”, la construcción de una megacárcel y la crítica a jueces que supuestamente “sueltan delincuentes”. Este enfoque responde a una lógica de populismo punitivo cada vez más presente en América Latina: ofrecer respuestas rápidas, visibles y emocionalmente contundentes frente a problemas complejos.

El problema no es discutir seguridad pública —tema real y urgente—, sino reducir la crisis nacional casi exclusivamente a esa dimensión. En el discurso aparecen de manera marginal asuntos igualmente decisivos para el futuro del país: educación, salud pública, desigualdad, precarización laboral y debilitamiento del Estado social. Resulta llamativo, por ejemplo, que mientras se promete firmeza penal, se mantenga una visión favorable a la flexibilización laboral mediante jornadas excepcionales como el esquema 4/3.

También merece atención la forma en que el discurso construye inclusión y exclusión simbólica. Se mencionan comunidades indígenas, afrocostarricenses, mujeres y sectores históricamente invisibilizados. Sin embargo, hay una ausencia total de referencia a las disidencias sexuales y poblaciones LGBTIQ+, precisamente en un contexto donde Costa Rica se ha retirado de espacios regionales de discusión sobre derechos vinculados a estas comunidades bajo el argumento de que “todos los derechos ya están garantizados”. La omisión no es accidental. En política, lo que no se nombra también comunica.

A esto se suma un elemento discursivo interesante: aunque la presidenta reivindica su condición de mujer, madre e hija de clase media, evita sistemáticamente feminizar el cargo presidencial, salvo en una única ocasión. Puede parecer un detalle menor, pero las elecciones lingüísticas en política rara vez son neutras. La construcción de liderazgo femenino aparece asociada más a valores morales y familiares que a una agenda explícita de transformación de género.

Finalmente, hay una cuestión más profunda que atraviesa todo el discurso: la creciente mezcla entre legitimidad política y legitimidad religiosa. La constante apelación a Dios no opera únicamente como referencia cultural; funciona como fundamento ético del proyecto político. Esto obliga a preguntarnos hasta qué punto Costa Rica está entrando en una nueva etapa donde religión, seguridad y narrativa antiélite comienzan a fusionarse como pilares centrales de legitimación del poder.

Nada de esto significa negar problemas reales del país ni descalificar automáticamente al nuevo gobierno. Tampoco implica reducir el debate a consignas partidarias o ideológicas. Significa, más bien, asumir una responsabilidad democrática básica: leer críticamente el discurso político, identificar sus silencios, sus énfasis y sus contradicciones.

Porque las democracias no se debilitan únicamente cuando desaparecen las elecciones. También pueden erosionarse lentamente cuando el miedo desplaza al debate, cuando la complejidad social se simplifica en enemigos internos, o cuando las emociones sustituyen completamente la deliberación pública.

Costa Rica enfrenta desafíos enormes. Precisamente por eso necesita más pensamiento crítico y menos adhesiones automáticas. Menos fanatismo y más discusión informada. La esperanza democrática no debería construirse únicamente sobre la promesa de autoridad, sino sobre la capacidad colectiva de pensar el país con profundidad, memoria y responsabilidad.

El 8 de mayo del 2026, el giro a la derecha

Escrito en . Publicado en Análisis.

German Masís Morales

El 8 de mayo del 2026 será recordado como la fecha del ascenso de un gobierno de derecha desde la II República, un gobierno neoliberal y conservador en todos los ámbitos social, político, económico e ideológico.

Las condiciones están dadas en este momento con la elección del directorio legislativo y del gabinete. Pero ¿adónde se engendró esta deriva neoliberal-conservadora? Pues ni más ni menos en el gobierno de Carlos Alvarado, que no sólo fue neoliberal en el desarrollo de la política económica, sino que trajo a Rodrigo Chaves para el cargo de ministro de Hacienda e impulsó algunas leyes claves como la reforma fiscal, la ley de empleo público y otras en las que se sustentó la política económica de los últimos 4 años.

Igualmente, a nivel de la política social se iniciaron los ajustes en la inversión social, el presupuesto para la educación, en la vivienda, el congelamiento de los salarios del sector público y de las pensiones, y el crecimiento progresivo de la deuda pública.

En los últimos 4 años la política económica y social sólo ha profundizado algunas de las tendencias observadas en el período anterior, que en el momento actual amenazan con consolidarse como políticas neoliberales y conservadoras que van a procurar severas restricciones fiscales y financieras para algunos sectores, como los que reciben recursos, transferencias o remuneraciones del Estado, como la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades, los empleados públicos, los pensionados, la vivienda social, las becas estudiantiles, las ayudas sociales del IMAS y las comunales.

Por su parte, existe toda una estrategia de captación de recursos de deuda interna y externa gracias a la intervención en el BCIE, la relación fuerte con el BID y el BM y, al nivel interno, la captación de los excedentes de las instituciones, como los bancos, el INS y los fondos locales, que garantizará que, junto a los recortes institucionales, el gobierno tendrá recursos crecientes para la inversión de obra pública, nuevos proyectos como la Ciudad Gobierno y la marina de Limón, para lo que encontraron el portillo adecuado en la ley y la Comisión de Emergencias, y en el proyecto PROERI, mediante los que realizan obras sin los controles de la Contraloría.

Todo lo anterior se integra a la estrategia de atracción de inversión extranjera, que atrae ingentes recursos ligados al modelo económico de servicios y alta tecnología, que seguirá profundizándose con la ampliación y creación de nuevos parques industriales, en tanto la industria nacional del sector productivo, la agricultura nacional y, en parte, el turismo, que han dejado de ser prioritarios, son abandonados a su suerte.

Mientras que el comercio y la importación se siguen favoreciendo con la apreciación del colón, así como el pago de la deuda que demanda grandes recursos.

La partida del ajedrez político conservador de derecha se completa con el control de la Asamblea Legislativa, desde donde se fraguará el control del nombramiento de los magistrados y posteriormente de la Corte Suprema de Justicia, que también facilitará controlar los nombramientos del fiscal general, de la Contraloría y de la Defensoría de los Habitantes, los puestos incómodos.

A cuya partida ganadora se sumará el control de muchas de las alcaldías del país, labor que se efectuó con éxito a lo largo de los últimos 4 años.

La pera en el pastel conservador vendrá del control de las instituciones de seguridad y de la DIS, entidades que no sólo profundizarán la seguridad del Estado, sino también la persecución de los opositores y la represión de las luchas sociales.

Los rasgos mencionados se articulan perfectamente a la visión que Hinkelammert nos anunciara en la década de los 80 como el fenómeno de la “nueva derecha”, con el abandono de todo intento de coexistencia del mercado y del Estado, y la instauración del totalitarismo de mercado, en la que la libertad, la sociedad y la vida humana sólo pueden tener sentido y existir dentro de los límites que establece la sociedad perfecta del mercado (Molina, C., 2025).

En un análisis del economista Joseph Stiglitz (2016), éste afirma que los gobiernos de derecha siguen una misma fórmula en todo el mundo hacia la liberalización económica, reducción del Estado y restricción de derechos.

De tal manera que las políticas anunciadas por la nueva presidenta y su primer ministro, en términos de reforma del Estado, eliminación de instituciones, venta de activos estatales y restricción del gasto social, responderán a una orientación neoliberal y conservadora que no admitirá dudas. Es lo que se viene a partir de esta fecha.

El relevo sin relevo: Costa Rica ante una nueva fase de concentración política

Escrito en . Publicado en Análisis.

Elian Xavier Jiménez Campos
Bach. Sociología, Universidad Nacional
Asesor sindical ANEP

Hoy, viernes 8 de mayo de 2026, Costa Rica presencia mucho más que un traspaso de poderes. Lo que ocurre frente al país no es únicamente un cambio administrativo entre gobiernos, sino un posible punto de inflexión histórico en la forma en que se ejerce y se concentra el poder político. Formalmente, Rodrigo Chaves entrega la presidencia a Laura Fernández; sin embargo, la permanencia de Chaves dentro del Ejecutivo como figura central del gobierno, asumiendo ministerios estratégicos y conservando capacidad de dirección política, plantea preguntas profundas sobre la salud democrática costarricense y el futuro del equilibrio institucional. El anuncio de que Rodrigo Chaves mantendría poder directo dentro del nuevo gobierno mediante cargos ministeriales estratégicos fue interpretado por distintos sectores como una continuidad excepcional del mando presidencial. Córdoba (2026) señaló que esta permanencia le permitiría además conservar inmunidad política mientras enfrenta diversas controversias y señalamientos públicos. A esto se suma que Murillo (2026a) describió el nuevo escenario político costarricense como la consolidación de una figura de “superministro”, capaz de controlar simultáneamente la política fiscal, la articulación legislativa y buena parte de la agenda nacional.

Desde la sociología política, esto representa un cambio relevante en la tradición republicana costarricense. Costa Rica construyó históricamente una democracia basada en la dispersión relativa del poder institucional, el fortalecimiento del Estado social y la existencia de contrapesos entre poderes de la República. La concentración política alrededor de una sola figura rompe parcialmente esa tradición y acerca al país a dinámicas que el politólogo Guillermo O’Donnell definió como “democracias delegativas”, donde el liderazgo presidencial comienza a colocarse por encima de las mediaciones institucionales. Levitsky y Ziblatt (2018), en Cómo mueren las democracias, advierten que las democracias contemporáneas no suelen destruirse mediante golpes de Estado tradicionales, sino a través de procesos graduales donde líderes electos democráticamente debilitan poco a poco las instituciones encargadas de limitar el poder. La erosión democrática inicia cuando se desacredita sistemáticamente al adversario político, se debilita la legitimidad del Poder Judicial, se confronta a la prensa crítica y se instala la idea de que solamente un liderazgo fuerte puede “salvar” a la nación. En Costa Rica, esa narrativa ha venido creciendo durante los últimos años. El discurso político chavista se ha construido alrededor de una confrontación constante contra universidades públicas, sindicatos, medios de comunicación, magistrados y sectores opositores. Incluso el acto simbólico de excluir expresidentes de la República del traspaso de poderes refleja una ruptura con la cultura política costarricense basada históricamente en símbolos de continuidad democrática y convivencia institucional (Arrieta, 2026; NTG Costa Rica, 2026).

La preocupación aumenta cuando esta concentración política se acompaña de un discurso de confrontación institucional. Murillo (2026c) informó que Laura Fernández asumiría el gobierno bajo una narrativa de “guerra contra el crimen”, profundizando la lógica de securitización que ha marcado el cierre del gobierno de Chaves. Aunque la inseguridad es un problema real y urgente, la experiencia latinoamericana demuestra que los discursos de guerra interna suelen utilizarse también para justificar concentración de poder, militarización y debilitamiento de garantías democráticas. Costa Rica atraviesa efectivamente una crisis de violencia sin precedentes recientes. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Estatal a Distancia (2025) registró cifras históricas de homicidios durante los últimos años, principalmente vinculadas a disputas del narcotráfico internacional. Paralelamente, el Instituto Costarricense sobre Drogas (2025) evidenció transformaciones importantes en las dinámicas del crimen organizado y desafíos crecientes para el control territorial y marítimo del narcotráfico. Sin embargo, reducir el problema únicamente a una cuestión policial invisibiliza las raíces estructurales de la violencia. La sociología de la criminalidad ha demostrado históricamente que el crecimiento del narcotráfico no puede explicarse sin analizar desigualdad, exclusión y debilitamiento del tejido social. El Programa Estado de la Nación (2024) advirtió sobre el deterioro progresivo de las condiciones sociales, el aumento de vulnerabilidades económicas y las tensiones sobre la inversión pública. Cuando las comunidades pierden oportunidades laborales, acceso a educación, movilidad social y presencia estatal efectiva, los grupos criminales encuentran condiciones más favorables para expandirse. En ese contexto, preocupa que el nuevo ciclo político profundice una reducción del Estado social costarricense.

Aunque el Banco Central de Costa Rica (2025) ha mostrado indicadores macroeconómicos relativamente positivos, como crecimiento económico y control inflacionario, esos números conviven con realidades sociales profundamente desiguales. La Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2025) refleja persistencia de precarización laboral, desigualdad territorial y dificultades de acceso a condiciones dignas para amplios sectores de la población. La tensión entre crecimiento macroeconómico y deterioro social no es nueva en América Latina. Diversos gobiernos neoliberales han mostrado estabilidad fiscal mientras aumentan simultáneamente exclusión, inseguridad y debilitamiento institucional. Desde esta perspectiva, la reducción de lo público no implica únicamente menos Estado; implica también menor capacidad colectiva para garantizar derechos sociales, cohesión comunitaria y protección frente al mercado y el crimen organizado. El escenario costarricense tampoco puede separarse del contexto internacional. El ascenso de liderazgos autoritarios y de extrema derecha en distintas partes del mundo ha generado nuevas formas de articulación política regional. Las afinidades ideológicas entre el chavismo costarricense y figuras como Nayib Bukele o sectores del trumpismo estadounidense expresan una tendencia política más amplia: liderazgos personalistas, confrontación permanente y debilitamiento de mediaciones democráticas.

Las tensiones recientes con medios de comunicación críticos reflejan precisamente esa deriva. López (2026) y Murillo (2026b) reportaron la polémica generada por el retiro de visas estadounidenses a directivos del periódico La Nación, hecho que abrió fuertes cuestionamientos sobre presiones políticas y libertad de prensa en Costa Rica. En cualquier democracia sólida, la prensa crítica constituye un contrapeso fundamental del poder político. Cuando los gobiernos convierten a los medios en enemigos permanentes, se debilita el pluralismo democrático.

El problema de fondo no es únicamente quién gobierna, sino la transformación cultural que empieza a consolidarse. Una parte importante de la ciudadanía parece cada vez más dispuesta a aceptar concentración de poder, debilitamiento institucional y confrontación política permanente a cambio de promesas de orden, seguridad y eficiencia económica. Ahí reside el verdadero punto de inflexión histórico. Costa Rica fue durante décadas una excepción democrática en América Latina precisamente porque logró construir legitimidad institucional, inversión social y mecanismos relativamente sólidos de negociación política. Hoy esa cultura democrática parece entrar en tensión con una nueva lógica política basada en liderazgo fuerte, polarización y centralización del poder. Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Se erosionan lentamente, mientras la sociedad empieza a normalizar la concentración del poder, la confrontación permanente y el debilitamiento de las instituciones públicas. Costa Rica enfrenta hoy ese riesgo histórico. No únicamente por un gobierno o una figura política específica, sino porque comienza a consolidarse una cultura política donde el adversario deja de verse como parte de la democracia y pasa a ser tratado como un enemigo. Y cuando una sociedad pierde la capacidad de dialogar, organizarse y reconocerse en medio de sus diferencias, la democracia empieza a vaciarse desde dentro. Sin embargo, la salida a este momento no vendrá de líderes mesiánicos ni de soluciones individuales. La historia demuestra que las transformaciones profundas siempre han nacido desde lo colectivo: desde las comunidades organizadas, los movimientos sociales, las juventudes, las universidades públicas, los sindicatos y la ciudadanía activa. El problema es que también hemos aprendido a vivir cada vez más fragmentados, más cansados e individualizados; nos enseñaron durante años que la política era inútil, que organizarse no servía y que cada persona debía resolver sola su supervivencia. Esa fragmentación social es precisamente el terreno donde crecen con mayor facilidad los discursos autoritarios.

Por eso el gran desafío de Costa Rica no es solamente defender instituciones, sino volver a aprender a construir colectivamente. Recuperar la capacidad de escucharnos, debatir, organizarnos y pensar el país más allá del miedo o la desesperanza. Porque ninguna democracia se sostiene únicamente con leyes o elecciones; se sostiene cuando existe un pueblo capaz de participar activamente en la construcción de su propio futuro.

Referencias

Arrieta, E. (2026, 7 mayo). Expresidentes de Costa Rica no recibirán invitación a traspaso de poderes. La República. https://www.larepublica.net/noticia/expresidentes-de-costa-rica-no-recibiran-invitacion-a-traspaso-de-poderes

Banco Central de Costa Rica. (2025). Indicadores macroeconómicos de Costa Rica. BCCR. https://www.bccr.fi.cr

Córdoba, J. (2026, 6 mayo). Costa Rica’s leader to keep immunity as minister in his successor’s government in face of legal woes. AP News. https://apnews.com/article/97b9bc1675a8efe8e8cf9f14589b8608

Instituto Costarricense sobre Drogas. (2025). Informe nacional sobre decomisos y narcotráfico. ICD. https://www.icd.go.cr

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2025). Encuesta Nacional de Hogares 2025. INEC. https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-hogares-enaho

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Ariel.

López, O. (2026, 6 mayo). US cancels visas for board members of Costa Rica newspaper critical of Trump ally. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2026/may/06/us-cancels-tourist-visas-board-members-top-costa-rica-newspaper-la-nacion-trump

Murillo, Á. (2026a, 8 mayo). Rodrigo Chaves entrega el mando en Costa Rica a Laura Fernández, pero se mantiene en el centro del poder como un “superministro”. El País América. https://elpais.com/america/2026-05-08/rodrigo-chaves-entrega-el-mando-en-costa-rica-a-laura-fernandez-pero-se-mantiene-en-el-centro-del-poder-como-un-superministro.html

Murillo, Á. (2026b, 5 mayo). Estados Unidos retira el visado a directivos del principal diario de Costa Rica tras las críticas al Gobierno de Rodrigo Chaves. El País América. https://elpais.com/america/2026-05-05/estados-unidos-retira-el-visado-a-directivos-del-principal-diario-de-costa-rica-tras-las-criticas-al-gobierno-de-rodrigo-chaves.html

Murillo, Á. (2026c, 8 mayo). Costa Rica’s Laura Fernandez vows ‘war’ on crime ahead of inauguration. Reuters. https://www.reuters.com/world/china/costa-ricas-laura-fernandez-vows-war-crime-ahead-inauguration-2026-05-08/

NTG Costa Rica. (2026, 7 mayo). Expresidentes no fueron invitados al traspaso de poderes en Costa Rica. NTG Costa Rica. https://ntgcostarica.com/traspaso-poderes-costa-rica-expresidentes-no-invitados/

Observatorio de la Violencia, Universidad Estatal a Distancia. (2025). Estadísticas de homicidios en Costa Rica. UNED. https://www.uned.ac.cr/observatorio-violencia

Programa Estado de la Nación. (2024). Informe Estado de la Nación 2024. CONARE. https://estadonacion.or.cr/informes/

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Ariel.

NTG Costa Rica. (2026, 7 mayo). Expresidentes no fueron invitados al traspaso de poderes en Costa Rica. NTG Costa Rica. https://ntgcostarica.com/traspaso-poderes-costa-rica-expresidentes-no-invitados/

Observatorio de la Violencia, Universidad Estatal a Distancia. (2025). Estadísticas de homicidios en Costa Rica. UNED. https://www.uned.ac.cr/observatorio-violencia

Programa Estado de la Nación. (2024). Informe Estado de la Nación 2024. CONARE. https://estadonacion.or.cr/informes/

Reuters. (2026, 8 mayo). Costa Rica’s Laura Fernandez vows ‘war’ on crime ahead of inauguration. Reuters. https://www.reuters.com/world/china/costa-ricas-laura-fernandez-vows-war-crime-ahead-inauguration-2026-05-08/

The Guardian. (2026, 6 mayo). US cancels visas for board members of Costa Rica newspaper critical of Trump ally. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2026/may/06/us-cancels-tourist-visas-board-members-top-costa-rica-newspaper-la-nacion-trump

Más que la noticia, lo verdaderamente inquietante fueron las reacciones

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

En las últimas horas circuló ampliamente una noticia sobre una manifestación convocada contra la visita oficial del presidente de Israel durante el acto de traspaso de poderes en Costa Rica. Más allá de las posiciones que cada persona pueda tener sobre el conflicto en Gaza, sobre Israel, Palestina o sobre el Frente Amplio, hubo algo que me dejó profundamente preocupado: la enorme cantidad de comentarios que pedían abiertamente represión, violencia, encarcelamientos y agresiones contra quienes participarían en una protesta pública.

Pero incluso antes de leer los comentarios, hay algo más que merece atención: la forma en que la noticia fue presentada. El lenguaje utilizado por algunas páginas y medios no fue neutral. Expresiones como “sombra al acto oficial”, “operativo de seguridad bajo alerta máxima”, “empañar la fiesta patria” o “la izquierda busca hacer retumbar su voz” no solamente describen un hecho: construyen una narrativa donde la protesta aparece asociada al desorden, al peligro o a una amenaza contra la estabilidad nacional.

Y eso importa muchísimo, porque las palabras nunca son inocentes. Antes de que miles de personas comentaran la publicación, ya existía un encuadre emocional previo que presentaba la manifestación no como un ejercicio democrático protegido constitucionalmente, sino como un posible foco de caos o provocación. Cuando la protesta comienza a representarse mediáticamente como amenaza, resulta mucho más fácil que parte de la ciudadanía termine justificando respuestas autoritarias o violentas contra quienes participan en ella.

No se trató únicamente de desacuerdos políticos. Lo que apareció fue algo más profundo y más grave: una parte importante de la ciudadanía comenzó a hablar del adversario político como si no fuera un ciudadano con derechos, sino una amenaza que debe ser eliminada, golpeada, “limpiada”, silenciada o encerrada.

Los comentarios hablaban de “gas”, “garrote”, “agua”, “cárcel”, “basura”, “peste”, “cucarachas”, “escorias” y “lacras”. Muchos incluso celebraban anticipadamente la posibilidad de que hubiese violencia policial contra personas manifestándose. Lo más preocupante no es que existan comentarios extremos —eso siempre ha existido—, sino la naturalidad con la que hoy se expresan.

Y aquí aparece una contradicción enorme: muchas de esas mismas personas aseguraban estar “defendiendo la democracia”.

Pero una democracia no es solamente votar cada cuatro años, celebrar actos patrios o asistir a un traspaso de poderes. Eso es apenas su dimensión ceremonial. Una democracia constitucional también implica tolerar el disenso, aceptar la crítica, proteger las minorías y reconocer el derecho a la protesta pacífica, incluso cuando incomoda o cuando no coincide con nuestras ideas.

Precisamente por eso existen las constituciones políticas y los derechos fundamentales.

En Costa Rica, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la posibilidad de manifestarse pacíficamente forman parte del núcleo básico del Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 28 de la Constitución Política establece que “nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones”, mientras que el artículo 26 reconoce el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea en espacios privados o públicos. Del mismo modo, el artículo 29 protege la libre comunicación del pensamiento por palabra o por escrito.

Esto significa algo muy importante: la protesta pacífica no es una concesión del gobierno de turno ni un privilegio ideológico. Es un derecho constitucional.

Incluso el Código Civil costarricense, en su artículo 18, recuerda que la existencia de la ley obliga independientemente de que las personas la conozcan o no. Sin embargo, el problema actual pareciera ser todavía más profundo: no solamente existe desconocimiento de las normas jurídicas, sino también un debilitamiento progresivo de la cultura democrática que les da sentido.

Y ahí es donde veo uno de los problemas más serios de nuestro tiempo: mucha gente ya no comprende qué significa vivir en una democracia constitucional. Se piensa que si una mayoría ganó elecciones, entonces cualquier crítica posterior es una amenaza al país. Se confunde democracia con unanimidad. Se interpreta la protesta como traición. Se cree que disentir es “odiar Costa Rica”.

Pero una sociedad democrática madura no elimina el conflicto político: aprende a convivir con él sin destruir al otro.

Lo que revelan estos comentarios no es solamente polarización política. Revelan una profunda crisis de cultura democrática.

Y esa crisis no nació de la nada.

Durante décadas, la educación pública fue reduciendo progresivamente los espacios dedicados a la educación cívica, la filosofía, la historia política y el pensamiento crítico. Poco a poco dejamos de formar ciudadanía y comenzamos a formar únicamente individuos funcionales al mercado. Hoy muchas personas desconocen por completo qué dice la Constitución Política, cuáles son sus derechos o por qué existen límites al poder estatal.

El resultado es una ciudadanía que muchas veces reacciona desde el miedo, el enojo o la identidad tribal, pero no desde la reflexión democrática.

Y eso abre una situación peligrosa: cuando la población comienza a percibir los derechos fundamentales como obstáculos y no como garantías civilizatorias, el autoritarismo deja de venir únicamente desde arriba y empieza a surgir desde abajo, desde la propia ciudadanía.

Ese quizá sea el aspecto más inquietante de todo esto.

La crisis democrática no comienza solamente cuando un gobierno restringe derechos. También comienza cuando las personas empiezan a pedir voluntariamente que esos derechos desaparezcan para quienes piensan distinto.

Y eso debería preocuparnos muchísimo más que cualquier manifestación.

Poder absoluto

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Al tiempo que escribo estas reflexiones pasan dos acontecimientos a mi alrededor y los observo: leo con profundo interés el libro “Las Máscaras del presidente” escrito por la periodista costarricense Patricia Navarro-Molina (Uruk Editores, 2025) y ha sido anunciado por la presidenta electa Laura Fernández, el próximo gabinete para el ejercicio gubernamental 2026-2030.

Pienso entonces en el trabajo del sociólogo Carlos Sojo sobre las bases históricas de la desigualdad en el país y su concepto acerca de un sistema político basado en tres pilares fundamentales: convivencia horizontal, tolerancia y pacifismo.

En el primer caso, decía Carlos, las reglas del juego estaban dadas por una noción de igualdad imaginada que diluyera las diferencias. Se trataba de la adscripción a una idea aglutinadora de lo colectivo: lo costarricense.

Pienso en estas ideas de Sojo, en la lectura del libro de Patricia que aún no termino y en el anuncio del gabinete en el que el hoy todavía presidente de la República Rodrigo Chaves Robles ha sido nombrado como ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda.

Pienso en la noción de poder absoluto. En la forma en que han sido torpedeadas las bases de un proyecto de país de bases sólidas hasta hace unos pocos años. Pienso en que efectivamente inicia para Costa Rica una transición hacia algo distinto e impensable.

Al escribir estas notas quedan pocas horas para que el presidente que gobernó este país los últimos cuatro años, lo siga haciendo desde los ministerios donde fue nombrado.

Lo otro, la investidura, es mera anécdota en este momento.

Un dato. Un antecedente.

El nuevo Canciller y la prueba de la libertad religiosa

Escrito en . Publicado en Análisis.

Glenm Gómez Álvarez. Pbro.

El nombramiento de don Manuel Tovar Rivera como ministro de Relaciones Exteriores y Culto arrastra consigo un antecedente reciente que, por su naturaleza, vuelve inevitable la pregunta sobre el estilo con el que se ejercerá una de las funciones más delicadas del Estado: la relación con las confesiones religiosas y, particularmente, con la Iglesia Católica.

Conviene recordar con precisión el episodio del 1° de mayo, Día Internacional del Trabajador y fiesta litúrgica de San José Obrero, cuando el Señor Tovar, como ministro de Comercio Exterior, reaccionó con dureza frente a la homilía pronunciada por el arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós. Aquella intervención no fue un discurso improvisado ni una toma de posición aislada del arzobispo: fue, de hecho, la aplicación pastoral de la Carta Pastoral “La Paz esté con ustedes” emitida recientemente por el Episcopado costarricense.

Ese documento —la carta pastoral de los obispos— no es un panfleto coyuntural ni una opinión individual. Es un texto colegiado que recoge la doctrina social de la Iglesia aplicada a la realidad concreta del país: el valor del trabajo, la centralidad de la persona humana frente a la lógica puramente mercantil, y las tensiones éticas que surgen cuando las decisiones de apertura económica impactan directamente en la vida de los trabajadores.

Es en ese contexto que el arzobispo retoma el texto y lo predica en clave litúrgica y pastoral, precisamente en el día en que la Iglesia contempla a San José como trabajador. No hay aquí una arenga política, sino continuidad doctrinal.

La reacción del ministro Tovar, sin embargo, fue leída por amplios sectores como una respuesta que desbordó el plano de la discusión técnica. No se trató solo de un desacuerdo con un análisis eclesial sobre el modelo económico, sino de una forma de interpelación que puso en cuestión —explícita o implícitamente— la legitimidad de la Iglesia para pronunciarse sobre asuntos sociales en el espacio público.

Ese antecedente importa hoy por una razón: el mismo actor político pasa ahora a ocupar la Cancillería de la República, institución que no solo representa al Estado ante el mundo, sino que en su estructura incluye el área de Culto, es decir, el canal institucional mediante el cual el Estado garantiza la libertad religiosa y regula su relación con las confesiones.

Y aquí está el punto neurálgico: el “Culto” no es un título simbólico ni una herencia histórica sin consecuencias. Implica responsabilidades concretas: Garantizar la libertad de expresión religiosa, incluso cuando esta es crítica del poder político, asegurar la autonomía de la Iglesia católica y de las demás confesiones frente a injerencias estatales; y preservar un principio básico de toda democracia madura: que la voz religiosa no está subordinada al criterio del gobernante de turno.

El problema no es la existencia de desacuerdos entre Iglesia y Estado —eso es estructural en sociedades plurales—. El problema aparece cuando la frontera entre desacuerdo y deslegitimación se vuelve difusa; cuando la crítica moral o pastoral es recibida no como parte del debate público, sino como una intromisión indebida.

El antecedente del 1° de mayo puede bien ser una señal de estilo político frente a la Iglesia Católica: si se la escucha como interlocutora legítima o si se la percibe como actor que debe ser neutralizado cuando incomoda.

Y ese estilo importa, porque ahora el interlocutor institucional no será ocasional, sino permanente. La Iglesia católica —por historia, peso social y presencia nacional— es uno de los actores con los que el Canciller deberá dialogar de forma constante. No en un plano de subordinación, sino de reconocimiento mutuo de competencias: el Estado no define la doctrina, y la Iglesia no legisla, pero ambos inciden en el debate público sobre el bien común.

De ahí que la pregunta de fondo no sea personal, sino institucional: ¿cómo se ejerce una cartera que exige garantizar la libertad religiosa cuando existen antecedentes recientes de tensión con esa misma voz religiosa?

Y aquí se abre otro frente: si la preocupación se centra en la legitimidad de la Iglesia católica para intervenir, desde su doctrina social, en el debate público, habría que preguntarse cuál es el criterio que se aplicará frente a otras expresiones religiosas que, sin el mismo nivel de escrutinio del Estado, también influyen en la opinión colectiva y ejercen una capacidad real de incidencia política. En una sociedad plural, el problema no es quién puede hablar, sino si se aplica la misma vara para valorar la palabra moral cuando proviene de actores distintos.

En una democracia, el estándar no es la ausencia de conflicto, sino la calidad con la que se lo administra. Y en materia de Culto, esa calidad se mide con un criterio muy concreto: si la libertad religiosa se protege incluso cuando resulta incómoda, o si se tolera solo mientras no incomode.

Ese será, en última instancia, el verdadero termómetro del nuevo periodo.

El primer ministro en la sombra: la billetera y el látigo en Zapote

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

Se consumó el acto. Lo que analistas en teoría política y derecho constitucional advertíamos como una amenaza latente, hoy es una realidad institucional: Rodrigo Chaves no se ha ido, simplemente ha mutado. La designación oficial del expresidente como ministro de la Presidencia, con el agravante inaudito del recargo como ministro de Hacienda, despoja a la administración de Laura Fernández de cualquier velo de autonomía. Estamos frente a un bicefalismo ejecutivo donde la presidenta ostenta la banda, pero Chaves retiene el mazo del poder.

Analicemos la gravedad técnica de esta concentración. Este movimiento requiere una lectura cuidadosa desde la teoría del Estado y la administración pública.

En la práctica administrativa y política, fusionar Presidencia y Hacienda en una sola figura no es una simple optimización de gabinete; es la creación de un “Súper Ministerio” diseñado para la extorsión política legalizada. El Ministerio de la Presidencia es el operador nato, el encargado de la negociación legislativa y el tejido de alianzas. Hacienda, por su parte, es el dueño de la caja.

Cuando el operador político es el mismo que decide si se gira o se retiene el presupuesto, el diálogo democrático desaparece y es sustituido por el chantaje. ¿Un alcalde opositor necesita fondos para un puente? Dependerá de cómo voten sus diputados. ¿La Corte o las universidades reclaman su presupuesto por mandato constitucional? Se les asfixiará financieramente desde el mismo escritorio que debería propiciar el consenso. Este diseño institucional es un mecanismo perfecto para consolidar el populismo autoritario, saltándose el espíritu constitucional que prohíbe la reelección sucesiva y vaciando de poder real a la nueva mandataria.

Tensión con el espíritu constitucional

El artículo 132 de la Constitución Política prohíbe la reelección presidencial sucesiva precisamente para evitar la concentración de poder y el caudillismo. Aunque el nombramiento de un expresidente en un ministerio no viola la letra de la ley, desafía abiertamente su espíritu. Funciona como un mecanismo para perpetuar el control de una figura hiperpresidencialista, bordeando lo que en doctrina política se consideraría un “fraude de ley” al sistema de alternancia.

Ante este escenario de presidencialismo exacerbado que amenaza los cimientos del Estado Social de Derecho, la contención no puede ser tibia. El avance del populismo chavista solo se frena con una resistencia articulada, técnica y constante. Aquí propongo la hoja de ruta para los cuatro niveles de defensa democrática:

La prensa independiente y los creadores de contenido

El antídoto contra la posverdad oficialista son los datos duros y la fiscalización implacable. El periodismo y los nuevos comunicadores deben abandonar la agenda del escándalo diario —que el mismo populismo alimenta como cortina de humo— y concentrarse en la realidad material. Hay que recordarle a la ciudadanía, todos los días, los números que el discurso esconde: nuestra posición vergonzosa en la OCDE respecto a la caída histórica en la inversión de Educación Pública; el ensanchamiento de la desigualdad social; la informalidad laboral asfixiante; la pérdida de la seguridad alimentaria, y la alarmante tasa de homicidios violentos alimentada por la penetración del narcotráfico. La prensa no debe debatir adjetivos presidenciales, debe desnudar el fracaso macroeconómico y social.

El bloque de oposición en la Asamblea Legislativa (los 4 partidos)

La Asamblea es hoy el principal dique de contención. Los cuatro partidos de oposición democrática deben entender que enfrentan una maquinaria que busca dividirlos mediante el presupuesto. Su única salvación política (y la del país) es funcionar como un bloque parlamentario cohesionado frente a las pretensiones de Zapote. Deben utilizar el control político y constitucional al máximo: censurar cualquier intento de uso político del presupuesto desde Hacienda, bloquear leyes que concentren más poder en el Ejecutivo, y rechazar de plano cualquier intento de instaurar estados de excepción que socaven las garantías ciudadanas. Negociar de manera individual es firmar su propia irrelevancia.

Actores sociales: sindicatos, cámaras y sectores organizados

El populismo no tiene aliados, solo utilidades temporales. Las cámaras empresariales y los sindicatos (tanto públicos como privados) históricamente antagónicos, deben encontrar un terreno común: la defensa de la institucionalidad. La inestabilidad jurídica, el ataque a las instituciones fiscalizadoras como la Contraloría y la arbitrariedad presupuestaria destruyen tanto el clima de inversión privada como los derechos laborales adquiridos. Este nivel debe ejercer presión constante, utilizando las vías legales, la movilización social pacífica y el músculo técnico para presentar contrapuestas robustas. El sector productivo y el laboral deben rechazar la narrativa polarizante y unirse en la defensa de la certeza jurídica.

El ciudadano que adversa el chavismo

El último y más importante nivel de resistencia es el ciudadano de a pie. La estrategia aquí es la pedagogía política en el círculo inmediato: la familia, el trabajo, la comunidad. El populismo se nutre de la apatía y la desinformación. El ciudadano opositor debe convertirse en un fiscalizador local, protegiendo las instituciones comunitarias, exigiendo rendición de cuentas a sus gobiernos locales y negándose a normalizar la violencia verbal y el deterioro institucional. No se trata de confrontación estéril en redes sociales, sino de organización cívica real, de apoyar el periodismo independiente y de respaldar a las voces técnicas que el gobierno intenta silenciar.

No nos engañemos: el diseño del próximo gobierno es una anomalía democrática. Permitir que una sola figura controle la agenda política y la billetera del Estado, escudado tras una presidencia delegada, es un riesgo que Costa Rica no se puede permitir. La historia no nos perdonará si, por fragmentación o cálculo político a corto plazo, dejamos caer el andamiaje institucional que nos costó décadas construir.

¿Hacia dónde debería dirigirse el primer esfuerzo de fiscalización de esta alianza opositora una vez que Chaves asuma formalmente el control de Hacienda?

Contestemos juntos esta pregunta y empecemos a defender, con palabras y acciones a la Costa Rica que hoy nos pide, a gritos, nuestra ayuda.

Hoy son visas. Mañana será nuestra voz

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa

Hay una señal peligrosa: cuando el poder deja de discutir y empieza a condicionar, la libertad y los derechos entran en riesgo.

No estamos ante un pleito más entre un gobierno y un medio que ha sido parte del establishment dominante y de cierta pluralidad a la tica. Tampoco se trata de simples visas para ingresar a un país, por importante que ese destino haya sido en la historia reciente de nuestras élites. Reducir el episodio a un trámite migratorio sería, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, cómplice. Lo que está en juego no es la movilidad de un grupo empresarial, sino el clima de libertades y el ejercicio de los derechos para todos los demás en el país.

La medida contra directivos del diario La Nación —más allá de su discutible papel histórico como vocero de sectores dominantes— introduce un elemento inquietante: el uso de mecanismos externos para dirimir diferencias internas. No es solo un gesto de represalia contra un actor poderoso; es una señal. Y las señales, en política, rara vez son inocentes. Podría tratarse también de una pugna entre distintas fracciones del mismo establishment. Hay que reconocer que el periódico ha sido crítico con el actual gobierno costarricense y, por eso, está pagando un costo. Alegrarse por ello no tiene nada que ver, en absoluto, con la transformación de las relaciones de dominación.

Lo cierto es que el gobierno de Rodrigo Chaves ya había intentado presionar a ese medio, afectando sus fuentes de ingreso —como en el caso de Parque Viva— y retirando pauta publicitaria estatal a otros. Pero ahora la lógica escala: no solo se ejerce presión económica desde dentro, sino que se activan vínculos externos. El mensaje es brutal en su simpleza: quien no se alinea, paga costos.

No sabemos si la correlación de fuerzas entre La Nación y el actual grupo en el poder ha cambiado respecto de contiendas anteriores. Ese grupo periodístico incidía, sin demasiadas mediaciones, en decisiones políticas relevantes. No era posible coincidir con muchos de sus excesos, sobre todo frente a demandas sociales legítimas. Actuaba en consonancia con otros grupos de poder económico. Hoy, esos viejos aliados guardan silencio: o les gana el miedo —y tienen mucho que perder si hablan— o calculan que tienen más que ganar si se alinean.

Lo relevante, sin embargo, no es el blanco de la medida, sino su alcance. Si esto ocurre con un actor que históricamente ha sido parte del establishment, la pregunta no es por qué le ocurrió, sino qué puede ocurrir con quienes no tienen ese poder. Ahí es donde el episodio deja de ser coyuntural y se vuelve estructural. Adquiere otra dimensión política. No debería preocuparnos la suerte de los directivos en sí, sino la de todos los demás: sindicatos, universidades, organizaciones estudiantiles, intelectualidad crítica, medios independientes, alternativos y críticos y liderazgos políticos disruptivos.

Costa Rica no está sola en este giro. En Guatemala, periodistas han sido encarcelados mediante procesos judiciales cuestionados. En Nicaragua, el cierre de medios independientes eliminó prácticamente toda pluralidad informativa. En El Salvador, la presión fiscal, judicial y simbólica ha empujado al exilio a voces críticas. Son contextos distintos, pero comparten una misma lógica: no siempre se clausura la prensa; a veces basta con intimidarla. Y por ahí suelen comenzar cosas peores. Esa sombra recorre ya buena parte de América Latina.

Pero en el caso de Costa Rica hay un elemento adicional que lo vuelve más inquietante. Además de este grupo empresarial, el gobierno de Estados Unidos ha restringido el ingreso a su país a dirigentes políticos, magistrados, funcionarios públicos y a otro empresario que no son una amenaza para ese país En varios casos, según se ha señalado, a solicitud del propio gobierno costarricense. Se trata de una forma particularmente opaca de trasladar conflictos internos al terreno externo. Por eso, la pregunta que no se formula con suficiente fuerza es: ¿qué está dispuesto a dar o a conceder el gobierno de Costa Rica a cambio? No parece verosímil que se trate de simple lealtad sin costo.

Lo que comienza a perfilarse en la región no es un retorno mecánico a las dictaduras del siglo XX, sino algo más sofisticado: democracias que conservan sus formas mientras erosionan sus contenidos. Ya no se proscriben partidos ni se decreta la censura abierta; se construyen entornos donde disentir tiene costos crecientes.

En ese marco, el uso de instrumentos internacionales —como la restricción de visas— apunta a una dimensión adicional: la externalización del conflicto político y la posible articulación de afinidades más allá de las fronteras nacionales. No hace falta invocar conspiraciones para reconocer una convergencia de estilos: gobiernos que, desde distintos signos, comparten una relación cada vez más instrumental con la institucionalidad democrática y están dispuestos a violentarla.

Costa Rica, que durante décadas se pensó a sí misma como excepción, empieza a parecerse demasiado a su entorno. Y esa es, quizás, la señal más preocupante. No porque hayamos dejado de ser distintos, sino porque estamos dejando de defender aquello que nos hacía serlo.

Las visas, al final, son lo de menos. Se otorgan, se negocian o se recuperan. Más temprano que tarde, los sancionados volverán a disfrutar de sus visas. La libertad y los derechos perdidos por todos los demás, muy posible que no. Estos se ejercen o se pierden. Y cuando empiezan a condicionarse —aunque sea en los márgenes— conviene entender que el problema ya no es de quienes se quedaron sin entrada a un país, sino de todos los que aún creemos que vivir en libertad no debería tener precio.

Hoy son visas a empresarios, políticos y funcionarios. Mañana será el silencio de todos. Y cuando el silencio se vuelva costumbre, ya no hará falta prohibir nada: habremos aprendido, por nosotros mismos, a callar, algunos por miedo, otros por complicidad.

Comunismo y democracia (4)

Escrito en . Publicado en Análisis.

Manuel Delgado
Parte 1: https://wp.me/p6rfbZ-yQy
Parte 2: https://wp.me/p6rfbZ-yRo
Parte 3: https://wp.me/p6rfbZ-yRE

Jean Jacques Rousseau, el gran mentor de la revolución burguesa, soñaba en una democracia directa, ejercida en pequeñas comunidades similares a las ciudades-estado atenienses, soberanas de pequeños territorios y conformadas por pequeñas poblaciones. Iguales a la griega, esas democracias eran directas, sin intermediarios.

Platón creía que las ideas de nuestras cabezas individuales estaban misteriosamente unidas a las Ideas, que vivían en una especie de mundo aparte. Esa unidad nuestra con esas Ideas verdaderas era los que le daba sentido de realidad al mundo. En Rousseau la voluntad del ciudadano estaba también misteriosamente ligada a una Voluntad General, que nos rodeaba de la misma forma que el Éter, esa misteriosa sustancia que según los antiguos físicos llenaba el universo entero, permitiendo su actuación, permitiendo, entre otras cosas, la trasmisión de la luz. El ciudadano, según el filósofo francés, votaba las leyes haciendo ejercicio de su voluntad particular y de esta manera haciendo realidad la Voluntad General, que nunca se equivoca. Esas leyes votadas de esa manera eran puestas en práctica por los diputados y los gobernantes, que eran los Mandatarios, no porque mandaban, sino porque eran mandados. Porque quien los mandaba era el Soberano, el pueblo reunido, ejerciendo su derecho a participar en la decisión colectiva.

Los clásicos son muy hermosos precisamente por su utopía, que se conforman de sueños irreales, pero que alumbran el camino en las cuestiones de a diario, en las sí realizables. Es la utopía que, como dice Serrat, “alumbra los candiles del nuevo día”.

La debilidad de la utopía rousseauniana es que hace abstracción de las diferencias sociales: en ella los ciudadanos son todos iguales, todos propietarios igualmente libres. Pero aun así esa utopía nos dice mucho de la realidad de nuestro mundo desigual, donde la Voluntad General alumbra solo a los ricos y no se digna a recordar a los que menos tienen.

Una de las cosas más evocadoras de Rousseau es ese mundo suyo de democracia directa, que constituye hoy un mandato cuando pensamos en nuestras tareas políticas ulteriores. Nosotros estamos condenados a vivir en un mundo donde la voluntad del ciudadano solo puede expresarse a través de los partidos. Esos entes extraños, los partidos, todos, nos piden el voto cada cierto tiempo, y después de eso no volvemos a tener contacto con ellos. Ellos hablan por nosotros, deciden por nosotros, dicen representarnos sin pedirnos permiso. Los ciudadanos no tenemos voz y nadie nos consulta. Ellos, por el contrario, son los Mandatarios, y lo son porque mandan y no porque son mandados.

La segunda gran tarea de nuestra democracia debe ser la de dejar de ser una democracia representativa y pasar a convertirse en una democracia participativa, descentralizada y directa en los asuntos fundamentales, los cuales deben discutirse en comunidad y votarse en plebiscitos que sean norma y no raras excepciones.

Digo que esta es la segunda tarea, porque la primera es cambiar el carácter de clase de la estructura estatal, desplazando del poder a Los-De-Siempre y poniendo en su lugar a Los-De-Nunca. Esa transformación del Estado de un entre represor de una minoría en un ente representante de la mayoría no es una tarea de la reforma parlamentaria sino de la revolución social y, sin ofender a nadie, de la Revolución Socialista, entendiendo por esta la primera etapa del comunismo.

“No tome el ascensor, tome el poder”, gritaban los estudiantes franceses durante las revueltas de 1968. Años antes, los rusos habían levantado una consigna similar o, al menos, con el mismo sentido: “Todo el poder a los sóviets”. Estos sóviets eran los organismos de poder directo de las comunidades trabajadoras, donde estaban no representados sino presentes de cuerpo y alma los trabajadores y las trabajadoras mismas. Eso debemos decirles a nuestras comunidades: “No tomen el bus, tomen el poder”.

En Cuba el proceso político se asienta en los organismos del Poder Popular, adonde son propuestos candidatos de las organizaciones sociales, los sindicatos las universidades o los mismos ciudadanos y donde el partido gobernante tiene prohíbo por ley proponer o impulsar candidaturas.

Venezuela venía avanzando en la instauración de la Democracia Corporativa, un modelo basado en la organización del pueblo en sus territorios a través de consejos comunales, órgano de la democracia participativa, que sustituiría a la obsoleta Asamblea Nacional, expresión de la democracia representativa heredada del pasado. Es una línea de conducta que empuja hacia la democracia directa y participativa en un país que, no está de más decirlo, ha tenido una veintena de plebiscitos, casi uno por año. No hay que olvidar tampoco que, en lo que va del siglo, Venezuela ha celebrado más elecciones populares en este siglo que ninguna otra nación en el mundo).

Ejercer el poder desde abajo, de manera directa, significa descentralizar al máximo las decisiones del Estado, eliminar la burocracia y pasar las decisiones en materia de salud, educación, tránsito, construcción de vivienda, cuidado de los bosques y tantas otras, pasar esas funciones, digo, al ejercicio de las comunidades. Hay que, hacer que los órganos estatales dejen de ser medio de enriquecimiento de unos pocos, democratizar la prensa y el derecho de cada uno a expresarse.

En estas labores descentralizadoras hay que incluir la seguridad: el cuido de la paz pública y del Estado mismo debe estar en manos de las comunidades. Esto se ha expresado muchas veces como la tarea de darle las armas al pueblo.

Hay mucho que soñar precisamente porque hay mucho que hacer. Pero no logramos nada haciendo panegíricos generales y abstractos de la democracia, esta democracia burguesa en que vivimos, ni separando a los demócratas de los comunistas. Esa separación ayuda a la unidad con las fuerzas de la reacción, pero divide a los sectores del pueblo. Hace unidad por arriba, pero divide por abajo, hace unidad por la derecha, pero divide por la izquierda. Hay que disponerse de verdad a defender nuestros derechos democráticos y a luchar por una verdadera democracia, pero alertando al pueblo que esta nunca será realidad mientras el poder del Estado y, de paso también, la riqueza social, estén en pocas manos, es decir, mientras los trabajadores seamos excluidos de la riqueza material y de la posibilidad de gobernar. Y esto una política flexible, que busca las formas de unidad, más amplia, aunque seas momentáneas, es muy loable. Pero esas unidades por lo inmediato no deben significar divisiones hacia el futuro. Ese culto por lo pragmático no debe nunca echar al bote de la basura la utopía para el futuro, porque es ella las nos alumbra como un punto omega desde adelante, la que da sentido y dirección a nuestra pequeñas acciones de hoy.

Visa para la censura: autoritarismo criollo y complicidad imperial

Escrito en . Publicado en Análisis.

Instituto sindical de formación política

Estados Unidos: ¿socio o cómplice?

La reciente anulación de visas a los directivos del periódico La Nación marca un antes y un después en la historia de las relaciones diplomáticas de Costa Rica con Estados Unidos. Lo que debería ser un trámite administrativo rutinario se ha convertido, bajo la administración de Rodrigo Chaves, en un mecanismo más de persecución política. Pero lo más preocupante no es solo la maniobra vengativa del mandatario costarricense para acallar a la prensa crítica, sino el triste y bochornoso papel de los Estados Unidos, que al prestarse a este juego se transforman en cómplices del autoritarismo tropical. El imperio que presume de ser guardián de la democracia se ha convertido, irónicamente, en notario de la represión.

La fachada del “imperio de la ley”

Washington ha justificado la medida bajo el argumento técnico del cumplimiento migratorio. Una excusa tan frágil como un papel mojado. El gobierno de Chaves, experto en disfrazar de legalidad lo que es pura arbitrariedad, ha encontrado en la desgastada “democracia” del norte un socio silencioso. Al no intervenir ni cuestionar el fondo político de la decisión, Estados Unidos valida implícitamente la estrategia de un presidente que utiliza las herramientas del Estado como látigo contra quienes denuncian sus desplantes autoritarios.

No es un hecho aislado: es la continuación de una política de hostigamiento. Recordemos que en octubre de 2025 el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad del presidente por 15 denuncias de “beligerancia política”. ¿Y cuál fue la reacción de Chaves? Insultar al Tribunal, acusarlo de “parcialidad” y advertir sobre una supuesta “guerra de sangre”. La ironía es brutal: un presidente que se proclama defensor de la ley, pero que la trata como papel higiénico cuando le incomoda.

La “pedagogía de la crueldad”

¿Qué intenta esconder Chaves al atacar a medios como La Nación? La respuesta está a la vista. Detrás de la retórica populista y las estupideces histriónicas con las que entretiene a sus seguidores, se esconde una gestión marcada por la opacidad y el debilitamiento institucional. Basta con observar cómo el Poder Judicial advirtió que sus afirmaciones sobre “fiscales corruptos” allanan el terreno para prácticas autoritarias.

El presidente parece seguir un manual clásico del populismo autoritario: cuando no puede gobernar con los votos —recordemos que no logró los 38 votos para quitarse la inmunidad en el caso BCIE—, intenta destruir a quienes lo fiscalizan. La anulación de visas a los directivos de La Nación es un escupitajo a la libertad de expresión. Es el gesto desesperado de un gobernante que ya no se molesta en ocultar su desprecio por la democracia, utilizando a Estados Unidos como ariete.

Estados Unidos: ¿socio o cómplice?

El silencio de Washington es ensordecedor. Mientras predica democracia en foros internacionales, en la práctica facilita que un mandatario centroamericano persiga a la prensa crítica. Este precedente es peligroso: se le dice a la región que se puede quebrantar el estado de derecho siempre que se tenga el visto bueno de la potencia hegemónica.

No estamos ante una “cruzada contra la corrupción”, como intenta vender Chaves con sus discursos soeces llenos de alabanzas a Dios y ataques vulgares. Estamos ante una cacería antidemocrática contra quienes se atreven a señalar que el Rey va desnudo.

La historia juzgará con severidad tanto a los funcionarios estadounidenses que firmaron estas órdenes de visa, como también a Rodrigo Chaves por su afán de acabar con la libertad de expresión. Mientras tanto, los costarricenses que aún creemos en la República debemos alzar la voz: no permitiremos que nos callen con visas ni con decretos. La prensa no se rinde, y los pueblos que lucharon por sus libertades no están dispuestos a cambiarlas por el capricho de un gobernante vengativo.