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En la encrucijada de la historia

Por Arnoldo Mora

Los caminos de la historia han llevado a nuestra Costa Rica a enfrentar una encrucijada, la primera de este siglo, como solamente las ha debido asumir dos veces en cada uno de los dos siglos de nuestra vida republicana, a saber, con nuestros próceres Braulio Carrillo y Juanito Mora en la construcción del Estado Nación en el siglo XIX y luego, en el siglo pasado, al verse obligada a enfrentar a la dictadura de los hermanos Tinoco y posteriormente la Guerra Civil de 1948. Todas estas encrucijadas quedaron registradas en los archivos de nuestra historia con letras de sangre, debido a los enfrentamientos militares que desgarraron a la familia costarricense.

La presente encrucijada que la historia nos ha deparado, tiene sus orígenes fuera de nuestras fronteras, en razón de la situación que atraviesa la humanidad con la decadencia y agonía de la hegemonía de Occidente en el mundo entero; vacío que está siendo llenado por China como emergente potencia mundial. Todo lo cual hace que la potencia que ha asumido el hegemón de Occidente, nuestros vecinos de América del Norte, vea reducido su poderío a Nuestra América, dado que el mundo se encamina hacia hegemonías regionales. Los grandes desafíos que enfrenta y ponen en riesgo su sobrevivencia, hacen que la humanidad tome conciencia de que sólo tiene un destino; pero paradójicamente, lejos de unirse, se fragmenta en regiones que se enfrentan, no sólo por motivos ideológicos sino por múltiples causas de índole cultural y lingüístico, religioso o simplemente geográfico. Este fenómeno explica lo que se da en las fronteras de las regiones geopolíticas, donde emergen nuevos polos hegemónicos al interior mismo de Occidente. Tal es el caso de la guerra en una región que nunca ha estado en paz, como es el Mediterráneo, en especial, el Mediterráneo Oriental. Otro tanto sucede en Nuestra América con el Mar Caribe, porque el que es dueño del Mar Caribe es dueño de todo el Continente, sobre todo, a partir de inicios del siglo pasado, con la construcción del Canal de Panamá, la vía interoceánica más importante del mundo.

Para enfrentar esta situación mundial, el gobierno de Trump ha recurrido de manera explícita y brutal, a la vieja Doctrina Monroe, que siempre ha sido la inspiración y guía de toda la política norteamericana hacia sus vecinos del Continente. Los Estados Unidos siempre han creído ser los sucesores de las potencias colonialistas que se repartieron Nuestra América: Inglaterra, España y Portugal. Es por eso que mantiene 78 bases militares en la región siendo así que no hay enemigos militares que puedan temer. En concreto, para Trump nuestras naciones no tienen derecho a la soberanía, somos tan sólo protectorados de su decadente imperio hoy reducido a una hegemonía regional. Para ello debe enfrentar una creciente oposición de nuestros pueblos.

Esto repercute en forma decisiva en la política doméstica de la pequeña Costa Rica, situada en una zona geopolíticamente de la mayor importancia en la política internacional. Todo lo cual nos permite comprender el porqué de la política que el gobierno actual pretende implementar de entero sometimiento a la hegemonía imperial yanqui. El todo poderoso expresidente y actual ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, antiguo empleado del Banco Mundial, siguiendo instrucciones del Norte, ve al Estado Nación forjado en el siglo XIX, como su mayor enemigo. Su política consiste en destruir, no sólo el concepto de democracia forjado en el siglo XX como Estado Social de Derecho, sino el menor indicio de soberanía nacional. Eso explica el enfrentamiento con las dos familias más poderosas de la oligarquía nacional, como son la familia Arias Sánchez, a cuyo máximo representante, el expresidente y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, se le negó la visa de entrada a los Estados Unidos, lo mismo que a su hermano, Rodrigo, presidente entonces de la Asamblea Legislativa y la familia Jiménez Borbón, dueños de la empresa de comunicación tradicionalmente más influyente en la política nacional por ser el vocero de la oligarquía criolla. Ambas están en la actualidad enfrentadas con el régimen chavista, hegemónico en Zapote y Cuesta de Moras y que cuenta, hasta ahora, con una nada desdeñable base social de apoyo, sobre todo en zonas periféricas a la GAM.

Para enfrentar a la grave crisis que atraviesa el mundo actualmente y cuya repercusión vivimos dramáticamente en nuestro país, sólo cabe una solución y así poder salir airosos de esta encrucijada que nos ha deparado la historia. Esta solución consiste en forjar un frente político en el que se unan todos aquellos que se oponen a que nuestra patria se convierta en un protectorado del Tío Sam y que, por el contrario, sea la heredera de quienes murieron en la Guerra Patria de 1856 para darnos una patria soberana. Para ello se requiere que este frente patriótico se inspire en un programa de gobierno que profundice las conquistas que nos han permitido disfrutar de un régimen democrático definido como Estado Social de Derecho, actualmente tan deteriorado debido a las políticas neoliberales que han implementado los gobiernos en lo que llevamos de este siglo. La época de las divisiones inspiradas en criterios meramente ideológicos ha terminado. Los partidos políticos deben dejar de ser simples empresas que se dedican a hacer “marketing” electoral; pero que sólo existen ante el pueblo durante los meses previos a las elecciones y que durante el resto del tiempo sólo se expresan a través de sus bancadas parlamentarias. La muestra más fehaciente de la voluntad popular se hizo patente en las multitudinarias manifestaciones del jueves 6 de agosto – fecha que pasará a la historia – que se escenificaron en todos los rincones de la geografía nacional. Estas multitudes, cobijadas por la bandera tricolor, entonaron el Himno Nacional y la Patriótica Costarricense.

El protagonismo de ese movimiento patriótico nacional, debe trascender el quehacer de los partidos políticos tradicionales y ser liderado por los movimientos sociales, surgidos en la sociedad civil al calor de las luchas populares. Esto no quiere decir que los partidos políticos deban desaparecer. Al contrario, los partidos políticos deben ser activos todo el tiempo, pues no sólo se trata de enfrentar a la política apátrida del régimen imperante, sino, ante todo, de contribuir a elevar la conciencia cívica del pueblo, a fin de que no se deje seducir por los cantos de sirena de una poderosa maquinaria politiquera que, con los recursos del erario público, pretende seducirlos con espejismos que sólo llevan al abismo y al fin de nuestras libertades democráticas, invaluable patrimonio heredado de nuestros próceres. La nueva y auténtica democracia, más que una “tercera república”, sólo será posible si se nutre de los valores cívicos. Para lograr lo cual los medios de comunicación, tanto de alcance nacional como regional, juegan un papel imprescindible. El diálogo permanente entre la dirigencia y los diputados con todos los ciudadanos y no sólo con quienes los eligieron, es igualmente imprescindible. Hemos vuelto a 1856. La unidad de todos los patriotas formando un frente común, constituye la única vía para hacer realidad aquí y ahora la Patria por la que vivió y murió Juanito Mora.

¿Secreto de estado o peligroso secretismo?

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

Aunque uno se prepare mentalmente para iniciar una semana ocupada en otros menesteres, con estos desgobiernos que nos toca soportar, es casi imposible. Ahora doña Laura Virginia nos «regala” una de sus primorosas ocurrencias en un decreto ejecutivo, en el que declara secreto de Estado, hasta el menú de su desayuno. Pero dejando la ironía aparte, utilizada solo para bajar el estrés que nos produjo el susodicho decreto, el asunto es sumamente grave.

Cuando fui diputado entre 1982 y 1986, fui el primer legislador en la Historia de Costa Rica que llevó ante los Tribunales a un presidente de la República porque, en síntesis, Don Luis Alberto Monge no me quería entregar un informe sobre el sector agropecuario y por ello lo había declarado «secreto de Estado». Alegué que era un atentado al derecho de información y que, además, ese informe no era un secreto de Estado. Como no existía la Sala IV fue la Corte Plena la que dio el fallo a mi favor y lo más importante por lo que nos ocupa, definió qué es un secreto de Estado y dijo » …los secretos políticos y así también los de seguridad, sólo constituyen secretos de Estado cuando se refieren a los medios de defensa o a las relaciones exteriores…».

Entonces, de acuerdo con lo anteriormente dispuesto por la Corte Plena y por lo tanto creando jurisprudencia, no estarían incluidos aspectos como los procesos de contrataciones y de compra de equipos, los resultados de las pruebas del polígrafo y datos de la empresa que los hace y su costo; sin entrar a detallar la extensa lista de artículos, bienes y suministros protegidos como «secreto de Estado», debo mencionar uno de extrema gravedad: plataformas tecnológicas, infraestructura, consultorías y servicios especializados con obligación estricta de confidencialidad para los consultores, contratistas y demás sujetos privados que presten servicios, aunque sea en forma ad honorem.

Ajeno a que ese listado, que lleva a un manejo oculto y sin restricciones de una serie de procedimientos administrativos en las dependencias que estén bajo la dirección de la Presidencia de la República: la DIS y la Fuerza Elite, así como la Policía Fiscal y todo el componente del Ministerio de Seguridad Pública, hay un aspecto que no puede pasar inadvertido. Es fácil hacer creer al ciudadano que todo este aparataje es necesario para combatir el narcotráfico, y sí, en mucho puede ser cierto, pero no en todo. Porque detrás de ese montaje, está su seguridad personal y el uso indebido de sus datos, pues con este decreto podrían contratar, sin saberlo los costarricenses, a las agencias de espionaje israelí como el Mossad y Pegaso cuya intervención en los procesos electorales de Honduras, Argentina, Chile, Colombia, y los propios Estados Unidos es harto conocido. Fue Rodrigo Chaves, a cuyo cargo están los ministerios de Hacienda con la Policía Fiscal y el de la Presidencia con la DIS, por ejemplo, el que anunció su decisión de contratar el Mossad para perseguir a los evasores fiscales, cuando el tema hacendario dentro de la estructura de esa agencia casi no tiene importancia, como si lo tiene el de espionaje e intervención electoral por medio de plataformas tecnológicas y algoritmos. Además, resulta muy coincidente que Rodrigo Chaves como ministro haya pedido a la CCSS todos los datos de las personas aseguradas y de las empresas… luego, con un teclado, alguien podría pasarlos al Mossad.

Es obvio que el malhadado decreto de Laura Virginia, estructurado y escrito en otros ámbitos gubernamentales y llevado a su despacho para la firma, es sumamente peligroso, muchas aguas contaminadas corren por su cauce, con el peligro real de provocar con sus secretismos, una epidemia de autocratismo que mate nuestras libertades. Así que, como dicen: ojo al Cristo y mano a la chuspa.

Costa Rica muestra un estancamiento en la generación de empleo en los últimos siete años

Roxana Morales Ramos
Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía, UNA

UNA Comunica. OC-176-2026. Según los resultados de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el mercado laboral costarricense muestra un marcado estancamiento. Aunque en el último año la población ocupada aumentó en 29.429 personas, en el II trimestre de 2026 se contabilizaron 2.182.916 personas ocupadas, prácticamente la misma cantidad que siete años atrás (apenas 279 menos que en el II trimestre de 2019). Este comportamiento contrasta con la evolución de la producción nacional, ya que el PIB real aumentó un 25% entre 2019 y 2025. En otras palabras, la economía ha crecido significativamente durante este período, pero ese crecimiento no se ha traducido en un aumento proporcional del número de personas ocupadas.

Fuente: OES-UNA con datos de la ECE del INEC.

En contraste, la cantidad de personas desempleadas se redujo en 131.890, al pasar de 295.580 en el II trimestre de 2019 a 163.690 en el II trimestre de 2026 y la tasa de desempleo disminuyó de 11,9% a 7,0%.

Fuente: OES-UNA con datos de la ECE del INEC.

Esta aparente contradicción se explica, en buena medida, por la salida de 132.169 personas de la fuerza de trabajo en el mismo periodo. Al dejar de participar en el mercado laboral, ya no se contabilizan como desempleadas, por lo que la tasa de desempleo disminuye a pesar de que no aumenta la cantidad de personas ocupadas.

Nota: Nota: Se utiliza una escala recortada en el eje vertical para facilitar la apreciación de las variaciones.

Fuente: OES-UNA con datos de la ECE del INEC.

¿Qué tipo de empleo se generó durante el último año?

Más allá del estancamiento del empleo en el largo plazo, los resultados de la ECE muestran diferencias importantes en las características de los empleos generados durante el último año, según sexo, formalidad, nivel educativo, actividad económica, nivel de calificación y región de planificación.

En los últimos 12 meses, la población ocupada aumentó en 29.429 personas, de las cuales 48.8% fueron hombres y 51.2% mujeres, lo que evidencia un crecimiento del empleo prácticamente similar entre ambos sexos.

En cuanto a la formalidad, del total de nuevas personas ocupadas, 15.616 (53%) se incorporaron a empleos formales y 13.813 (47%) a empleos informales. Este último resultado se concentró en las mujeres: el empleo informal femenino aumentó en 16.452 personas, de las cuales 12.156 corresponden a servicio doméstico, mientras que entre los hombres el empleo informal disminuyó en 2.639 personas.

Por nivel educativo, aunque a nivel nacional el empleo registró un incremento neto, la cantidad de personas ocupadas disminuyó entre quienes tienen primaria incompleta (-7.279) y entre las personas con estudios universitarios (-12.085). En los demás niveles educativos, el empleo aumentó en 48.793 personas, más que compensando las reducciones registradas en estos dos grupos.

Con respecto al nivel de calificación, se mantiene la tendencia observada durante los últimos trimestres: la generación de empleo se concentra en ocupaciones de calificación media (+24.409) y alta (+25.923), mientras continúan perdiéndose empleos en ocupaciones no calificadas (-21.387).

Las diferencias también son marcadas según la rama de actividad económica. Los sectores que más empleo generaron fueron Comercio y reparación (+30.198), Construcción (+27.401) y Enseñanza y salud (+18.983). En contraste, las mayores pérdidas se registraron en Actividades profesionales y administrativas de apoyo (-27.504), Industria manufacturera (-26.012) e Intermediación financiera y de seguros (-25.303).

Al desagregar los resultados por sexo y rama de actividad económica, también se observan diferencias importantes:

· Entre las mujeres, el empleo neto aumentó en 15.060 personas. Las mayores pérdidas se registraron en Intermediación financiera y de seguros (-14.659), Hoteles y restaurantes (-10.427) y Actividades profesionales y administrativas de apoyo (-7.600). En contraste, los mayores incrementos se observaron en Comunicación y otros servicios (+22.526), Enseñanza y salud (+9.029) y Administración pública (+7.568).

· Entre los hombres, el empleo neto aumentó en 14.369 personas. Las mayores pérdidas ocurrieron en Industria manufacturera (-23.096), Actividades profesionales y administrativas de apoyo (-19.904) y Comunicación y otros servicios (-13.680). Por su parte, la mayor creación de empleo se concentró en Comercio y reparación (+29.659), Construcción (+28.074) y Enseñanza y salud (+9.954).

Empleo regional: una recuperación desigual

El aumento del empleo registrado durante el último año presenta diferencias importantes entre las regiones de planificación. Entre el II trimestre de 2025 y el II trimestre de 2026, la población ocupada aumentó en 29.429 personas a nivel nacional, equivalente a un crecimiento de 1,4%. Sin embargo, este resultado estuvo concentrado principalmente en la Región Central y la Región Huetar Norte, que en conjunto explicaron cerca de nueve de cada diez nuevos puestos de trabajo. La Región Central incorporó 15.617 personas ocupadas (+1,1%), mientras que la Huetar Norte registró el mayor crecimiento relativo, con 10.786 personas adicionales (+6,4%).

Las demás regiones presentaron variaciones más moderadas. La población ocupada aumentó en 3.752 personas en la Región Chorotega (+2,3%) y en 3.572 en la Huetar Caribe (+2,0%). Por su parte, la Región Pacífico Central prácticamente no registró cambios, mientras que la Región Brunca fue la única que experimentó una reducción, con 4.271 personas ocupadas menos (-3,0%).

Costa Rica: población ocupada según región de planificación. IIT 2025 y IIT 2026.

Ocupada

Población ocupada

IIT 2025

IIT 2026

Variación Abs.

Variación %

Región Central

1.378.867

1.394.484

15.617

1,1%

Región Chorotega

166.352

170.104

3.752

2,3%

Región Pacífico Central

118.728

118.701

-27

0,0%

Región Brunca

141.430

137.159

-4.271

-3,0%

Región Huetar Caribe

178.951

182.523

3.572

2,0%

Región Huetar Norte

169.159

179.945

10.786

6,4%

Total

2.153.487

2.182.916

29.429

1,4%

Fuente: OES-UNA con datos de la ECE del INEC.

No obstante, la lectura cambia sustancialmente cuando se amplía el horizonte de comparación hasta el II trimestre de 2019, previo a la pandemia. La Región Central, que concentra la mayor cantidad de puestos de trabajo del país, registra 36.666 personas ocupadas menos que en 2019, una reducción de 2,6%. También la Región Huetar Caribe se encuentra por debajo del nivel previo a la pandemia, con 5.750 personas ocupadas menos (-3,1%). En contraste, las regiones Chorotega y Pacífico Central superan los niveles de 2019 en 25.850 (+17,9%) y 10.527 personas (+9,7%), respectivamente. La Región Huetar Norte también presenta un aumento, aunque más moderado, de 5.137 personas (+2,9%), mientras que la Brunca prácticamente mantiene el mismo nivel, con 623 personas ocupadas adicionales (+0,5%).

Costa Rica: población ocupada según región de planificación. IIT 2019 y IIT 2026.

Ocupada

Población ocupada

IIT 2019

IIT 2026

Variación Abs.

Variación %

Región Central

1.431.150

1.394.484

-36.666

-2,6%

Región Chorotega

144.254

170.104

25.850

17,9%

Región Pacífico Central

108.174

118.701

10.527

9,7%

Región Brunca

136.536

137.159

623

0,5%

Región Huetar Caribe

188.273

182.523

-5.750

-3,1%

Región Huetar Norte

174.808

179.945

5.137

2,9%

Total, país

2.183.195

2.182.916

-279

0,0%

Fuente: OES-UNA con datos de la ECE del INEC.

Estos datos evidencian que el estancamiento del empleo a nivel nacional oculta marcadas diferencias entre regiones: mientras algunas superan los niveles de empleo de 2019, otras aún se mantienen por debajo.

Turismo: más empleo en el último año, pero aún por debajo del nivel prepandemia

La evolución del empleo en el sector turístico presenta un patrón similar al observado a escala nacional: un aumento durante el último año (+2.836), pero menos personas ocupadas que previo a la pandemia. En el II trimestre de 2019 había 176.232 personas ocupadas, mientras que en el II trimestre de 2026 la cifra se ubicó en 167.661, es decir, 8.571 personas menos.

Fuente: OES-UNA con datos de la ECE del INEC.

Además, el crecimiento neto del empleo registrado durante el último año en el sector turismo estuvo concentrado en los hombres, ya que mientras la cantidad de hombres ocupados aumentó en 7.423, el número de mujeres ocupadas se redujo en 4.587.

El perfil de los nuevos empleos también muestra diferencias importantes. Entre los hombres, la mayor parte de los puestos generados correspondió a personas de 45 a 59 años, con ocupaciones de calificación media, trabajadores independientes y en condición de formalidad. En contraste, la reducción del empleo femenino afectó principalmente a mujeres de 35 a 44 años, quienes se desempeñaban como trabajadoras independientes.

Según el nivel de calificación, la creación de empleo se concentró exclusivamente en ocupaciones de calificación media (+19.307). Por el contrario, los empleos de calificación alta (-4.296) y no calificados (-12.175) registraron reducciones durante el último año.

Al analizar las actividades económicas, entre las mujeres la mayor pérdida de empleo ocurrió en Provisión de alimentos y bebidas (-9.259). Aunque se registró creación de puestos de trabajo en Actividades culturales (+3.432), Agencias de viajes y otros servicios de reservas (+1.155) y Actividades deportivas y recreativas (+755), estos incrementos no fueron suficientes para compensar la pérdida de empleo en otras actividades, por lo que el saldo neto fue una reducción de 4.587 puestos de trabajo.

Entre los hombres la generación de empleo se concentró en Alojamiento para visitantes en estancias cortas (+4.763), Transporte de pasajeros por vía aérea y marítima (+1.934) y Agencias de viajes y otros servicios de reservas (+1.242). Las pérdidas de empleo fueron relativamente reducidas y se concentraron en Alquiler de vehículos, Provisión de alimentos y bebidas y Actividades deportivas y recreativas, con una disminución conjunta de 1.295 puestos de trabajo. Como resultado, el empleo masculino registró un incremento neto de 7.423 personas durante el último año.

Conclusión

Los resultados de la ECE muestran que el crecimiento de la economía costarricense no se ha traducido en una expansión equivalente del empleo. Siete años después, el país registra prácticamente la misma cantidad de personas ocupadas, pese al aumento en el nivel de producción. La reducción de la tasa de desempleo durante este período debe interpretarse, por tanto, con cautela, ya que estuvo acompañada por una disminución significativa de la participación laboral.

En el último año, la recuperación del empleo ha sido heterogénea, con diferencias importantes según sexo, formalidad, nivel educativo, calificación, actividad económica y región. Asimismo, el sector turismo, pese al incremento registrado en este período, todavía no recupera el nivel de empleo previo a la pandemia.

En síntesis, el principal desafío del mercado laboral no es únicamente reducir el desempleo, sino lograr que el crecimiento económico genere más y mejores puestos de trabajo y que estos se distribuyan de manera más amplia entre las distintas regiones y grupos de población.

11 de agosto de 2026

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Tratados comerciales: Un sendero que exige rectificación

A propósito del desatino económico y moral de un Tratado de Libre Comercio con Israel

Luis Paulino Vargas Solís
Economista
Profesor e investigador independiente jubilado
lpvaso@gmail.com

Las reglas que dieron forma a la globalización y, en especial, las normativas que fundaron la Organización Mundial del Comercio (OMC) como asimismo los tratados sobre comercio e inversiones gestados a la sombra de la OMC, imponen serios obstáculos que frenan el avance al que aspiran los países menos desarrollados.

Costa Rica también ha sufrido esos efectos, en particular debido a que su proyecto de desarrollo ha priorizado la atracción de inversiones transnacionales para zonas francas y ha hecho de los tratados bilaterales una herramienta de política fundamental.

El modelo económico resultante da lugar a importantes falencias estructurales: una economía dualizada que genera múltiples desequilibrios, asimetrías y contradicciones.

Es necesario que el país ponga en pausa la firma de nuevos tratados a fin de abrir un proceso de deliberación ciudadana y diálogo político que permita rectificar y enderezar las cosas. En ese marco, resulta improcedente pensar en un tratado con Israel y mucho más puesto que la relación comercial y de inversiones entre ese país y Costa Rica es insignificante.

No hay ninguna razón económica objetiva que justifique ese tratado, puesto que nada en la realidad nos dice que de ahí pueda sacarse algún beneficio. Pero, además, hay gravísimos cuestionamientos, que circulan profusamente alrededor del mundo, en vista de la violentísima acometida del ejército y el gobierno israelí contra de la población civil palestina. Lo cual permite advertir acerca del absurdo total que implica pretender plantear los temas de la economía desprendidos de la moral y la ética.

Para ampliar este enfoque, le invitamos a descargar el análisis completo:

Defender la democracia y el Poder Judicial. El pueblo participa, habla y decide

Juan Huaylupo[1]

Ha sido admirable la masiva la manifestación en defensa de la democracia y el poder judicial, derechos e institucionalidad que han sido conquistados socialmente y hoy defendidos, ante la aberrante posición del poder ejecutivo del actual gobierno, que en otro afán de subordinarlo y condicionar la actuación pública del poder judicial, lo acusa de efectuar un “golpe de Estado”, por el hecho de plantear que el poder legislativo cumpla con sus obligaciones constitucionales que afectan derechos ciudadanos y las labores del poder judicial del Estado.

La autonomía de los poderes del Estado de ningún modo implica que cada poder sea absolutamente autónomo, libre de efectuar lo que se le antoje e incluso que incumpla sus obligaciones públicas y constitucionales. La autonomía del poder ejecutivo, legislativo y judicial, son poderes relativos, ningún poder es absoluto ni independiente de los otros poderes del Estado ni de la situación y condición nacional. Los poderes del Estado tienen responsabilidades con la sociedad a la que debe servir y velar por su bienestar y progreso.

La pretensión de debilitar o afectar el desenvolvimiento de algún poder estatal, no solo incumple sus facultades y obligaciones constitucionales, también son atentados contra el pueblo, porque es un poder creado y dependiente de la sociedad para cumplir funciones públicas, no privadas ni ser autónomo del escrutinio y valoración pública ni subordinada a otros poderes, en democracia ningún poder público puede eximirse de sus obligaciones con los otros poderes del Estado ni de la sociedad. Ningún poder formal, ética ni jurídicamente puede autonomizarse de sus responsabilidades públicas, de los derechos ciudadanos ni de la institucionalidad pública.

En ese sentido, los magistrados del poder judicial cumplen con su obligación con lo mandatado por la Constitución de la República. ¿Los poderes autónomos del Estado pueden ser observados, criticados o incluso demandados?, por supuesto, el poder Judicial, la Contraloría, como desde la facultad del soberano, del pueblo, de la ciudadanía, que democráticamente puede cuestionar y censurar a poderes que transgreden los derechos ciudadanos y la institucionalidad pública. La gran manifestación es una protesta contra todo intento de subordinar el poder judicial y de privatizar las instituciones del quehacer público. Las manifestaciones en defensa del poder Judicial y de la Carta Magna son expresiones democráticas contra los intentos dictatoriales del actual gobierno.

El poder ejecutivo cree tener la facultad absoluta del Estado, porque imagina que el proceso electoral lo ha garantizado, o porque tiene mayoría parlamentaria y cree poder controlar el rumbo, desempeño y decisiones de la Asamblea Legislativa, convirtiéndola en un medio que atenta contra la democracia y la autonomía legislativa, controlando y corrompiendo a legisladores para que actúen por consignas del partido político del gobierno, falsificando ilegítimamente la representatividad social de los diputados. Ese poder estatal no es democrático, es dictatorial. La ambición absolutista del ejecutivo expresa la ignorancia de un poder torpe y ciego, que desconoce nuestra realidad al transgredir derechos y la institucionalidad conquistada históricamente.

La omnipotencia gubernamental del ejecutivo, no es un relato difamatorio, es real y concreto ante el irrespeto a la Constitución de la República al desfinanciar a las Universidades públicas, de incumplir con sus responsabilidades financieras con la Caja Costarricense del Seguro Social, de impedir la devolución del ROP a los pensionados, de imponer nuevos impuestos que afecta dramáticamente a los sectores populares, etc., son atentados contra el fundamento constitutivo del Estado moderno costarricense. Las políticas públicas no son atributos del Estado, son construcciones sociales demandadas y conquistadas por el pueblo que los gobiernos tienen la obligación de satisfacer, el que las incumpla, las distorsione o las manipule, son expresiones dictatoriales contra lo público y la sociedad costarricense.

La pretensión gubernamental de capturar, controlar y subordinar al poder judicial para monopolizar, concentrar y centralizar el poder estatal es un absurdo camino que pretende conducirnos hacia la construcción de un ente estatal atrasado, a una regresión social temporal y espacial, lo que la sabiduría popular califica como un rio revuelto para la ganancia de dictadores, traidores, delincuentes e ignorantes.

El gobierno se encamina hacia la construcción de un ente atrasado, oligárquico y servil a intereses ajenos del pueblo y la nación, por ello la actuación del poder judicial de morigerar los desaciertos funcionales del poder legislativo, es una decisión acertada que actúa como una resistencia contra las ambiciones de poder absoluto, que tiene visos imperiales como ya ocurre en otras naciones latinoamericanas.

[1] Catedrático pensionado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

¿Quién dijo que la defensa de las instituciones es acrítica?

Jorge Mora Alfaro

En algunas ocasiones, los pensamientos de diversas tonalidades, expuestos con la intención de aclarar el proceso que vive actualmente la sociedad costarricense, pueden resultar ajenos a los requerimientos de una coyuntura extraordinaria y no percibir lo esencial del momento histórico que vive el país.

Hoy el llamado es a defender la democracia, sus instituciones y normas más representativas. Lo que tenemos enfrente no es una simple «reforma del Estado», sino un intento de destrucción de las bases del sistema democrático.

¿Tiene deficiencias y anacronismos nuestra democracia?

¡Claro que sí!

¿La han socavado las políticas de austeridad?

¡También!

¿Se ha aprobado legislación que limita el funcionamiento de las instituciones, debilita la organización, la movilización y la protesta social y deteriora los ingresos del funcionariado público?

¡Sin duda!

El deterioro de los servicios de salud y educación, la reducción del presupuesto de las universidades públicas, el recorte del financiamiento de los programas sociales y el abandono del apoyo a los productores nacionales se han profundizado en los últimos cuatro años. Pero, este proceso tiene su origen desde hace varias décadas, con la instauración de un modelo que ha relegado el bienestar de la población.

En el momento actual, lo primero es la unidad de quienes entienden el peligro de perder la democracia. Esta, con sus defectos, sigue siendo preferible a cualquier forma de autoritarismo.

El reto hoy es arrebatarle la narrativa engañosa a quienes ocupan la conducción del Gobierno y, en forma mayoritaria, del Poder Legislativo. Estos han venido venciendo en la batalla cultural, al instalar su discurso entre sectores con mayores necesidades o con sentimiento de abandono por parte del Estado.

Los “hijos predilectos” del régimen son otros. En el discurso entronizado por el continuismo, los culpables varían según el momento y las circunstancias: hoy ese papel le es asignado al Poder Judicial, a sus jerarcas en particular y, como en otros momentos de nuestra historia, a los «comunistas».

¿Cómo olvidar la consigna cargada de odio: si es calderonista o comunista, “no le hable, no le compre, no le venda»? Originada en la Costa Rica polarizada de 1948 y multiplicada en su uso durante la posguerra.

El uso actual de expresiones similares, refleja, a pesar del discurso de cambio, la intención de regresar a un pasado ya superado por la sociedad costarricense.

Sin embargo, la preeminencia de la narrativa oficial, paso a paso, ha comenzado a modificarse. Los demócratas, con distintas visiones y diversos pensamientos, han comprendido la necesidad de sacar la política del lodazal donde la han colocado quienes, por esa vía, pretenden alcanzar el control total del sistema institucional.

Han entendido el grave peligro en el cual se encuentra nuestra democracia.

Una buena parte de las personas a quienes las opciones electorales no les satisfacen —aproximadamente un tercio del padrón electoral— ha comenzado a abandonar la apatía y a reincorporarse a la vida social y política.

En esta coyuntura, se impone la unidad de liberales, conservadores, personas con pensamientos ubicados a la derecha del espectro político, las distintas variantes del progresismo, cristianos, organizaciones sociales, funcionarios públicos, estudiantes y otros sectores de la ciudadanía.

La tarea es ardua.

El «plantón» del 6 de agosto expresa un cambio en la narrativa predominante en el país y la disposición de la sociedad civil a organizarse y movilizarse en defensa de sus instituciones y de la democracia, para evitar el avance hacia el autoritarismo.

¿Sos de los que está vendiendo el futuro por un plato de arroz con pollo?

Por JoseSo (José Solano-Saborío) para SURCOS / Entre Verdades y Opiniones

Vengo oyendo en la calle y en Redes Sociales qué poco a poco se incrementa el número de testimonios de chavistas arrepentidos de su voto en febrero pasado. Un poco muy tarde. Sin embargo, creo que a muchos otros los perdimos del todo, hablemos de quienes son:

El banquete efímero y la factura eterna

¿Hasta qué punto somos dueños de nuestro destino y de nuestra propia historia? ¿En qué momento el hambre del presente —o la ilusión de una recompensa inmediata— se vuelve tan poderosa que nos hace hipotecar el bienestar del mañana?

En la antigüedad, la narrativa bíblica inmortalizó una escena que hoy resuena con una fuerza pasmosa en nuestra realidad política: Esaú, cansado y hambriento, le vendió su primogenitura, su herencia y su futuro a su hermano Jacob a cambio9 de un simple plato de lentejas. Un trato desigual, un intercambio efímero donde lo momentáneo devoró lo permanente.

Hoy, en la Costa Rica de nuestro tiempo, esa parábola cobra vida de una manera casi cinematográfica. ¿Cuál es el equivalente moderno de ese plato de lentejas? Para muchos, parece ser un plato de arroz con pollo.

¿Qué estamos entregando realmente?

Detengámonos un momento a reflexionar y hagámonos las preguntas incómodas, esas que el método socrático nos obliga a confrontar sin filtros:

¿Qué vale más: la lealtad fugaz hacia una gira o un mitin político, o la estabilidad social de todo un país?

¿Es un intercambio justo aplaudir a figuras como Rodrigo Chaves o Laura Fernández a cambio de un “a-pollo” (un apoyo) que, en la práctica, se traduce en desfinanciar los pilares que sostienen a los más vulnerables?

¿Hemos medido el costo real de lo que se está entregando a cambio de esa efímera sensación de pertenencia?

La letra pequeña del contrato social

Cuando se aplaude sin reservas, rara vez se mira la letra pequeña del contrato que estamos firmando con nuestro silencio y nuestra complacencia. Ese supuesto apoyo tiene un costo altísimo, pagado con los derechos y la seguridad de la ciudadanía:

El golpe a la niñez y la educación: Recortes profundos en programas sociales tan sensibles como miles de becas Avancemos, o los más de 40 mil millones de colones menos para el programa de CEN-CINAI, que alimenta y cuida a la infancia más necesitada.

Recortes al presupuesto del Poder Judicial en un momento crítico, limitando las herramientas necesarias para combatir frontalmente la creciente ola de inseguridad.

El bolsillo de la mayoría: Una propuesta fiscal regresiva que amenaza con tocar la Canasta Básica, elevando el impuesto del IVA del 1% al 13%, golpeando directamente la mesa de los hogares costarricenses de menores ingresos.

Las promesas rotas y las sombras en el camino

A este panorama de recortes y cargas tributarias se suman las sombras del engaño y la desconfianza institucional:

La “agarrada de monos”: La promesa de campaña tan sonada sobre devolver el ROP (Régimen Obligatorio de Pensiones) que quedó en el olvido, transformándose en una ilusión más para los trabajadores.

La infiltración y la impunidad: El delicado informe que advierte sobre el posible nexo de 122 policías de la Zona Sur con redes de narcotráfico, contrabando y trata de personas, un síntoma alarmante de la descomposición institucional que no podemos permitirnos minimizar.

¿Vale la pena el precio?

Volvamos la vista al relato bíblico. Esaú sació su hambre por unas horas, pero perdió su legado para siempre.

Hoy, la pregunta queda abierta para cada uno de ustedes, tanto en este espacio de Entre Verdades y Opiniones con JoseSo como en las líneas de esta columna: ¿Vamos a seguir cambiando nuestro bienestar, nuestra seguridad y nuestro futuro por un plato de arroz con pollo, o es momento de exigir cuentas antes de que la factura sea imposible de pagar?

Pero cierro con los dos casos más dramáticos. Por un lado, los que ni siquiera reciben el arroz con pollo, pero siguen al pastor de su congregación qué les predicó que tener conciencia de clase se volvió pecado. Por el otro, los que solo lo apoyan porque «qué rico cómo insulta a los ladrones de cuello blanco», cerrando los ojos ante una realidad evidente: impulsan exactamente la misma agenda de venta de activos como el BCR, la intención de cerrar la CCSS o depositar la carga fiscal sobre la clase media trabajadora, e irónicamente conviven con ellos en las mismas burbujas de lujo, como en Monterán.

Pero hay esperanza… el jueves 6 de agosto pasado, un pueblo auto convocado, de manera orgánica, diverso y pacífico pero enérgico, reunió a miles para decirle al oficialismo que el Estado Social de Derecho democrático costarricense se defiende y se respeta.

Vaya contraste, de los que van a comer arroz con pollo y los que si importar pronósticos fallidos de lluvia, caminan donde sea la convocatoria para defender a su Patria.

De Tontos, Tonterías, Tonteras…, de hacerse el tonto y de los retontos

Vladimir de la Cruz

Tamaño alboroto hizo la fracción de los 31 diputados del Partido Pueblo Soberano, en la Asamblea Legislativa, cuando el diputado del Frente Amplio Edgardo Araya manifestó, diciendo con cariño, que la presidenta se hacía la tontita. No la trató de tonta. Tan solo dijo que a su entender parecía que se hacía la tontita.

El alboroto fue para suspender la sesión de trabajo de la Asamblea Legislativa, cuando estaba a pocos minutos de cerrarse el debate de “control político”, que así se tiene establecido en la agenda de trabajo de los diputados, momento en el cual los legisladores pueden referirse libremente a los temas de la vida política nacional, que incluye el balance, análisis o críticas del comportamiento público de quienes integran los Poderes Públicos, entre ellos el del Ejecutivo, presidido por la mujer Laura Fernández.

El alboroto se expresó en el ruido, casi griterío que se estimulaba a realizar contra la expresión del diputado, por parte de los diputados representantes del Gobierno, defensores a ultranza de la presidenta, y por el desorden y caos causado por la presidenta del Poder Legislativo, que de inmediato suspendió la sesión, y abrió los micrófonos para pedir, llamando a sus diputados, que se refirieran a la frase coloquial costarricense de hacerse el tonto.

Esta frase no es solo propia de nuestro lenguaje, sino que se usa en todo el continente y más allá. En la lengua inglesa también se usa. Recuerdo la famosa película de “Tonto y Retonto” o “Dumb and Dumber”, de 1994. Coloquialmente puede compararse con “hacerse el ruso”, “hacerse el sueco”, o en lenguaje más tico “hacerse el maje”.

El alboroto fue ruidoso en ese instante. No tuvo ninguna trascendencia a los medios de comunicación escritos. Fue show para uno de los canales que abanican al Gobierno. Pero, entendámonos un poco con los conceptos.

Tonto es un adjetivo. Como tal describe o ubica a una persona con escasa inteligencia, que es torpe, que le falta sentido común, que actúa con ingenuidad o sin malicia, que realiza actos o dice cosas absurdas o ilógicas. Un tonto es la persona que le cuesta comprender las cosas, que no tiene juicio, que se deja engañar fácilmente, por lo que comete errores pequeños o sin importancia.

También se puede comprender como tonto a una persona que padece deficiencia mental, que carece de inteligencia y por ello actúa ingenuamente. El diputado Araya no se refirió en este sentido.

Históricamente el concepto se remonta a Roma, al “tondus” que se empleaba para señalar a las personas que les faltaba profundidad en el pensamiento, que se consideraba que no pensaba bien, que no tiene sesos o que tiene la cabeza hueca. A estas personas les daban un cosco en la cabeza para producir un sonido hueco como “tonk”. De ahí también son también los vocablos atontar, atontado y tontillo…

Así, el tonto es la persona que actúa con poca inteligencia, imprudentemente o sin comprensión de determinadas situaciones, por lo que sus actos son irreflexivos o insensatos. La persona tonta es la que puede equivocarse por falta de información, experiencia o datos, por lo que puede aprender y corregir fácilmente. Ser tonto es parte del ser humano. Es una condición temporal. No es un sinónimo de imbécil, lo que tampoco dijo el diputado Araya. Es importante distinguir esto.

Al tonto le falta contexto o saber, por lo que puede corregir cuando se le ayuda o cuando ve la realidad con claridad. El imbécil se niega a aceptar la realidad que le produce su actuación. Se niega a aceptar su equivocación haciéndola una trinchera de combate ofendiéndose si se le corrige, pues no pone de su parte para aprender.

Hasta en la Biblia se usa el concepto de persona “tonta”, como “necio” e “insensato” también, no para destacar la inteligencia de la persona sino para señalar su falta de sabiduría y su rechazo a Dios. Igualmente para describir a las personas que ignoran los consejos buenos y hacen el mal. En la Biblia los tontos pierden el control con mucha facilidad y hacen locuras (Proverbios 14:17), como sucedió con la reacción de los diputados de gobierno. En la Biblia el tonto se cree todo lo que le dicen, por lo que se enojan fácilmente…mientras los sabios perdonan.

Ser tonto no califica la capacidad mental. No destaca un problema de la mente. Exhibe la toma de malas decisiones. El orgullo de la persona tonta le coloca en el punto de que no necesita aprender de nadie.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, DRAE, describe tonto a la persona que tiene poca inteligencia, entendimiento o razón, que tiene torpeza para actuar o tomar decisiones. En las relaciones amistosas y de confianza se usa sin mala intención y como broma, sin ofender la capacidad mental de a quien se le dirige esa condición. En la expresión del diputado Araya, me parece, que fue más el señalamiento de que la presidente, torpemente actúa o toma decisiones. La tontería refiere a las cosas de poco valor.

En el DRAE, también se dice que tonto puede usarse como insulto leve, falta de respeto sin que sea una grosería fuerte. Me parece que el diputado Araya no le dio ninguno de estos contenidos.

Puesto así, la tontería es la expresión que hace el tonto, es la forma como el tonto se expresa, como refiere sus palabras, dichos o hechos sin sentido, seriedad o importancia.

Una tontería es también una cosa de poco valor o sin importancia, referida a cualquier objeto, o persona sin que eso sea una falta de respeto. Lo que destaca lo que somos es lo que hacemos.

Tonterías son, en síntesis, lo que dicen los tontos, palabras, ideas y actos. Decir tonterías es exhibir la cualidad del tonto, muchas veces en lenguaje que no se entiende o carece de sentido, como a veces se expresa el copresidente Rodrigo Chaves, que no se le entiende nada, mezclando su lenguaje, como lo ha hecho, con gruñidos… emocionalmente sintiéndose animal… Como le decía la Madre a Forrest Gump en la película homónima: “la estupidez se demuestra con los actos”.

Si una perrera es el lugar que se tiene destinado para control o refugio de perros, o de animales abandonados, y donde se albergan, la “tontera” la podemos considerar como el lugar donde se concentran, ubican, residen o viven los tontos.

Espero, sinceramente, que el Edificio Legislativo no se convierta en una “tontera”, con un grupo de diputados que actúan como tontos, sin madurez ni sensatez.

Puestas así las cosas, en el español coloquial es válido decir hacerse el tonto, para indicar perder el tiempo, comportarse con poca sensatez, para fingir que no se entiende algo, porque no se ve o no conviene verse y tratarse; porque se quiere hacer algo de manera disimulada, sin planearlo, procurando resultados por sorpresa, o como también se dice coloquialmente hacer cosas a tontas y a locas, sin reflexión, de cualquier manera y sin orden.

El jueves se realizó un llamado Plantón, un encuentro cívico ciudadano inmenso por su movilización, en la Plaza de la Democracia, y por sus réplicas en más de 20 ciudades y pueblos del país. La cantidad de ciudadanos movilizados el jueves, técnica y profesionalmente contados, como se ha hecho, da más de 100.000 ciudadanos movilizados.

No fue una concentración contra el Poder Ejecutivo como tal. Fue un llamado de atención para que el Poder Ejecutivo modere la forma de relacionarse con los Poderes públicos, con los ciudadanos, con los críticos de su actuación, con los medios de comunicación.

Fue un llamado para que no se disminuyan los fondos y presupuestos del Poder Judicial, de las universidades públicas, de las ayudas sociales, para que el ROP sea devuelto a sus legítimos dueños, para que se elimine el congelamiento de salarios y pensiones que se tiene desde hace cuatro años.

Fue un llamado para detener las manifestaciones autoritaristas, antidemocráticas, militaristas, amenazadoras de establecer un régimen de fuerza, un estado de sitio, un autogolpe de estado que acabe con la Democracia costarricense.

Fue un llamado para que cese la falsa campaña que el Ejecutivo Nacional realiza constantemente contra las bases institucionales del país.

Fue un llamado para que se respete el Estado de Derecho y la independencia real de los poderes del Estado en sus funciones, que les son propias, exclusivas e indelegables. Fue un llamado a los diputados, especialmente a la fracción de los 31 diputados de Gobierno, que respeten la lista de magistrados suplentes que les fue enviada y procedan a conocerla y votarla como corresponde.

El mismo jueves por la tarde los órganos y medios de comunicación al servicio, y pagados por el gobierno, trataban de insinuar a los radioyentes y televidentes que la concentración era casi un verdadero fracaso. Decían que apenas se distinguía del pequeño grupo de ciudadanos que acompañó a la Presidenta, sus ministros y algunos otros funcionarios ante la Corte Suprema de Justicia, para la presentación de un escrito acusatorio contra cuatro magistrados.

Actuar de esa manera era hacerse los tontos frente a la realidad de la movilización y de lo que sucedía en las calles.

El viernes pasado, con la contundencia que fue reconocida por los medios de comunicación escritos, había personas que con relación a esto se empeñaron en seguir haciéndose los tontos. Como avestruces. Insistieron en disminuir la marcha patriótica, el encuentro inmenso de ciudadanos en la Plaza de la Democracia y en las distintas ciudades y pueblos del país en apoyo al Poder Judicial, a la independencia de poderes y a la Democracia costarricense.

Quienes así siguen actuando no son tontos, ni se hacen los tontos. Su problema principal es que los que quieren seguir haciéndose los tontos pasan a la categoría de retontos. Un retonto es quien tiene una condición que lo hace tonto de remate.

Si se trata de discutir los términos con que la presidente se refiere a veces, como lo hizo con la magistrada Patricia Solano, colocándola como la más fea de las feas, como la “refea”, como la llamó, o como el copresidente Chaves se refirió en una ocasión a la presidenta Laura Chinchilla, llamándola la “totalmente desguabilada mental e intelectualmente”, entonces se deberían hacer unas sesiones parlamentarias para discutir los términos con que estos funcionarios se expresan cotidianamente.

De esto, tal vez, lo bueno sea que a partir de ahora, todos los diputados del gobierno, la presidenta y el copresidente y ministro de la Presidencia y de Hacienda, que son los voceros del mal hablar y de ofender, moderen también su lenguaje, porque lo que es bueno para la gansa lo es para el ganso.

Espero que se deje de actuar como tontos o como retontos.

Les recomiendo a todos ver la película “Tonto y Retonto”, (Dumb and Dumber, de 1994), disponible en Google Play.

El insulto como método de gobierno: una amenaza para la democracia

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED

Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).

 

“Cuando la descalificación sustituye al argumento, el problema deja de ser una cuestión de estilo: el ejercicio del poder comienza a deteriorar el debate público, las instituciones y la convivencia democrática.”

Hay palabras que, pronunciadas por un ciudadano cualquiera, pueden resultar ofensivas. Pero cuando salen de la boca de quienes ejercen el poder político adquieren otra dimensión: llevan consigo el peso de la investidura, la autoridad institucional y una enorme capacidad de amplificación.

Por eso debería preocuparnos la degradación del lenguaje político que emana de las más altas esferas del Poder Ejecutivo costarricense.

El insulto, la descalificación personal, la expresión vulgar y el ataque contra quienes cuestionan al Gobierno se han incorporado al repertorio de la comunicación política, primero durante la administración de Rodrigo Chaves y ahora bajo su continuismo. Esto no puede despacharse como una simple cuestión de estilo, temperamento o libertad de expresión. Cuando la ofensa se convierte en una herramienta recurrente del poder, sus consecuencias trascienden a la persona atacada: degradan el debate público y erosionan la confianza en las instituciones.

Una democracia necesita confrontación de ideas, crítica y cuestionamiento. Necesita periodistas que investiguen, ciudadanos que fiscalicen, órganos de control independientes y tribunales capaces de adoptar decisiones incómodas para quienes gobiernan. Lo que no necesita es que el desacuerdo se convierta en una guerra de descalificaciones.

Cuando la discrepancia tiene rostro de mujer

Particularmente preocupante ha sido la forma en que desde el poder se ha descalificado a mujeres que ejercen funciones públicas, periodísticas o de fiscalización. No se trata de atribuir automáticamente una motivación misógina a cada episodio, sino de reconocer un patrón de menosprecio que no debería normalizarse.

Durante el gobierno de Rodrigo Chaves hubo episodios suficientemente graves como para provocar llamados de atención de la Asamblea Legislativa. En junio de 2023, el Congreso aprobó, con 41 votos, una moción para llamar la atención al entonces presidente por sus comentarios contra la diputada Monserrat Ruiz y pedirle que no fomentara la violencia política contra las mujeres.

En febrero de 2024, después de que la diputada Gloria Navas cuestionara la política de seguridad del Gobierno, Chaves respondió que era “una persona que se ha sentado en la galleta sin hacer nada”. Treinta y nueve diputados aprobaron posteriormente una moción para exhortarlo y llamarle la atención por sus ataques contra Navas.

Ese mismo año, la diputada Sofía Guillén fue llamada por Chaves “diputadilla comunista y resentida social”, luego de que criticara a la diputada oficialista Pilar Cisneros.

Tampoco las periodistas escaparon de esta retórica. En el caso de Vilma Ibarra, el señalamiento público realizado desde Casa Presidencial llegó al terreno de acusaciones que la periodista consideró difamatorias.

No es necesario demostrar que cada expresión obedeciera a una motivación específicamente misógina para advertir su carácter degradante. Basta observar que mujeres que ejercían funciones de representación, fiscalización o periodismo fueron convertidas reiteradamente en blanco de ataques personales desde la cúspide del poder político.

El continuismo también está en las palabras

Lo significativo es que esta cultura discursiva no parece haber desaparecido con el cambio de Gobierno.

Laura Fernández llegó a la Presidencia como continuadora del proyecto político de Rodrigo Chaves. No sería correcto afirmar que ambos gobiernos son idénticos, pero sí resulta legítimo advertir una continuidad en determinada forma de relacionarse con quienes ejercen funciones de control o discrepan del Ejecutivo.

En febrero de 2026, Fernández cuestionó públicamente a la contralora Marta Acosta y manifestó que “doña Marta ya cumplió su ciclo en la Contraloría General”, por lo que esperaba que se apartara del cargo. Añadió que debía hacerle “un favor a Costa Rica” y dar espacio a perfiles más frescos. La discusión sobre la gestión de la Contraloría es legítima. Lo cuestionable es que la jefa del Poder Ejecutivo solicite públicamente la salida anticipada de la jerarca de un órgano constitucional de control.

Pero el episodio más ilustrativo ocurrió en mayo pasado, durante el enfrentamiento con la magistrada Patricia Solano. Después de que Solano calificara de “hostil” una reunión con la presidenta, Fernández respondió: “¿Pero qué quería que le llevara rosas? ¿Que le llevara una serenata?”. Luego ironizó sobre “la de la galleta María y el tecito” y calificó de “acusetas” a quienes hicieron público el contenido de la reunión. Puede discutirse la posición de la magistrada. Lo que resulta difícil justificar desde una comunicación presidencial responsable es que el desacuerdo se transforme en burla personal.

En junio, Fernández volvió a dirigirse a Solano: “Doña Patricia Solano, usted le está fallando a este país”, y sostuvo que ella y el presidente de la Corte deberían dar espacio a “otra persona con sangre fresca”.

En este contexto es importante decir que una cosa es exigir explicaciones al Poder Judicial. Otra es convertir a magistrados y jueces en protagonistas de una confrontación personal desde la Presidencia.

Inmunidad no es impunidad

Hay otro elemento que merece consideración. Los altos funcionarios de la República cuentan con prerrogativas constitucionales destinadas a proteger el ejercicio independiente de sus funciones. En el caso de quien ejerce la Presidencia, el artículo 151 de la Constitución establece que no puede ser perseguido ni juzgado penalmente sin que previamente la Asamblea Legislativa declare que hay lugar a formación de causa. Esa protección procesal no es una licencia para actuar al margen de la ley ni elimina la responsabilidad constitucional del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, cabe preguntarse si la existencia de ese fuero puede generar, en algunos casos, una sensación de protección frente a las consecuencias personales de las palabras pronunciadas desde el poder. Y esa sensación puede convertirse en envalentonamiento: decir aquello que probablemente se mediría con mayor cuidado si no existiera esa barrera institucional frente a eventuales responsabilidades.

El problema no es la existencia de la inmunidad. El problema sería utilizar, consciente o inconscientemente, la protección que brinda el cargo como una suerte de escudo psicológico para expresarse sin el sentido de responsabilidad que debería acompañar a quien ocupa la Presidencia.

La inmunidad constitucional fue concebida para proteger la función pública, no la descalificación, el insulto o la humillación.

Del argumento a la descalificación

Cuando una diputada cuestiona una política gubernamental, corresponde responder con datos. Cuando una periodista formula una pregunta incómoda, corresponde contestarla. Cuando una contralora objeta una decisión administrativa, corresponde aportar argumentos jurídicos y técnicos. Cuando una magistrada discrepa del Ejecutivo, corresponde defender la posición gubernamental dentro de los canales institucionales.

La democracia funciona precisamente porque existen personas e instituciones capaces de decirle “no” al poder.

Las palabras, además, cumplen una función política. Pueden desacreditar, intimidar y estigmatizar. Y cuando provienen de quien ocupa la Presidencia de la República, su capacidad de amplificación es incomparablemente mayor.

No se trata de exigir gobernantes silenciosos. La crítica severa al Poder Judicial, a la prensa, a la Contraloría o a cualquier órgano del Estado forma parte de la democracia. La cuestión es cómo se ejerce esa crítica desde el poder.

No debemos normalizarlo

La continuidad entre ambos gobiernos debería preocuparnos precisamente por eso. No porque sean idénticos, sino porque puede observarse una forma semejante de responder a la crítica: personalizar el desacuerdo, desacreditar al interlocutor y sustituir el argumento por la confrontación.

Las democracias no siempre comienzan a deteriorarse con una ruptura constitucional. A veces el deterioro comienza cuando el insulto se vuelve normal, el adversario es presentado como enemigo y quienes ejercen funciones de fiscalización son atacados por cumplirlas. Ese proceso tiene un nombre: normalización.

Costa Rica ha construido buena parte de su convivencia democrática sobre instituciones sólidas, el respeto a la legalidad y la convicción de que ningún gobernante está por encima de las reglas. Nada de eso debería darse por garantizado.

Porque insultar es fácil. Lo difícil es gobernar: responder con argumentos cuando las preguntas incomodan, aceptar límites cuando una institución independiente contradice al Ejecutivo y soportar la crítica sin convertir al crítico en enemigo. La investidura no concede licencia para humillar. El poder no otorga derecho a degradar al adversario.

La democracia puede sobrevivir a una discusión áspera. Lo que difícilmente puede soportar indefinidamente es que desde el poder se convierta la descalificación en método, el insulto en argumento y la humillación en espectáculo.

Porque cuando desde el poder el insulto sustituye al argumento, algo más que el lenguaje comienza a degradarse: se degrada el ejercicio del poder, se degrada el debate público y, poco a poco, se degrada la democracia misma.

Imagen: https://educrea.cl/wp-content/uploads/2018/05/DOC2-cartillaeducativa-democracia-convivencia-democratica.pdf

Situación política actual en Venezuela (un mapa político en plena reconfiguración)

José A. Amesty Rivera

Se ha dicho muchas veces que el 3 de enero de 2026, marcó un antes y un después en la historia reciente de Venezuela. La captura y posterior secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas de EEUU, abrió una situación completamente nueva, un país sometido a una fuerte influencia externa en materia política y económica, un gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, una oposición dividida y un pueblo que sigue siendo el verdadero protagonista de la historia.

Diversos medios internacionales han señalado que las negociaciones políticas, y el proceso de transición están fuertemente condicionados por la participación de Washington, para unos, esa presencia es una garantía de estabilidad; para otros, representa una forma de intervención que afecta la soberanía nacional del país.

Desde una mirada latinoamericana, cuesta aceptar que el futuro de un país sea definido bajo la influencia de una potencia extranjera; más allá de las diferencias que puedan existir con el gobierno de Nicolás Maduro y el rumbo de la Revolución Bolivariana, la participación directa de EEUU vuelve a poner sobre la mesa un viejo debate, el derecho de los pueblos a decidir su propio destino sin presiones externas.

En este nuevo escenario pueden identificarse, de manera general, cinco grandes sectores políticos y sociales, caractericemos:

La oposición tradicional, el regreso de los viejos actores

El primer sector está formado por la oposición llamada tradicional; son dirigentes y partidos que durante años participaron en elecciones, en la Asamblea Nacional y en distintos procesos de negociación con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a veces confrontaban al gobierno y otras veces se sentaban a dialogar.

Hoy este sector vuelve a tener protagonismo con dirigentes como Dinorah Figuera y otros representantes de la Asamblea Nacional de 2015, quienes regresaron al país para participar en las conversaciones con el gobierno de Delcy Rodríguez; su apuesta es una transición negociada que permita acordar reformas políticas y convocar nuevas elecciones.

Un ejemplo de esta posición es que consideran preferible llegar a acuerdos, aunque eso implique negociar con antiguos adversarios; al mismo tiempo, dentro de la propia oposición hay quienes cuestionan estas conversaciones, porque dirigentes como María Corina Machado o Edmundo González no participan directamente en la mesa principal, esta diferencia muestra que la oposición tampoco es un bloque unido.

El chavismo institucional

El segundo sector es el chavismo que continúa al frente del gobierno y está encabezado por Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y otros dirigentes que durante años formaron parte del núcleo de dirección de la Revolución Bolivariana.

Su discurso gira alrededor de tres ideas principales: mantener la estabilidad del país, evitar un vacío de poder y recuperar la economía después de años de crisis, también sostienen que es necesario negociar para lograr el levantamiento de las sanciones y recuperar la normalidad institucional.

Por ejemplo, cuando el gobierno participa en conversaciones con actores internacionales, argumenta que lo hace para evitar un mayor deterioro económico y proteger el funcionamiento del Estado.

Sin embargo, muchos simpatizantes del propio chavismo observan una contradicción; mientras el gobierno sigue reivindicando el legado de Hugo Chávez, buena parte de las decisiones políticas y económicas parecen depender de acuerdos, donde USA tiene una influencia importante. Esta situación ha generado dudas y críticas incluso entre antiguos dirigentes chavistas.

La izquierda chavista llamada “crítica”

Quizá el cambio político más interesante sea el crecimiento de una izquierda chavista, que se declara opositora al gobierno, sin dejar de reivindicar el pensamiento de Hugo Chávez.

Dirigentes como Elías Jaua, Reinaldo Iturriza, Tony Boza, entre intelectuales, y comunicadores como Mario Silva han expresado diferencias importantes con el rumbo actual; aunque cada uno tiene su propio estilo y sus propios matices, coinciden en una idea central, consideran que el proyecto bolivariano no puede mantenerse si termina dependiendo de decisiones tomadas o supervisadas desde Washington.

Por ejemplo, algunos de ellos han planteado que defender la soberanía nacional debe estar por encima de cualquier acuerdo político, otros insisten en la necesidad de reconstruir la organización popular desde las comunas, los movimientos sociales y las bases del chavismo.

Documentos como la llamada “Declaración de Maracay” insisten precisamente en defender la Constitución, la soberanía nacional y el rechazo a cualquier forma de intervención extranjera.

Esta corriente no busca volver al viejo sistema político anterior a Chávez, ni convertirse en una oposición de derecha, lo que plantea es recuperar el proyecto original de la Revolución Bolivariana, corrigiendo los errores del madurismo y evitando que el país quede bajo la influencia de intereses extranjeros.

El pueblo chavista

Fuera de los partidos existe un actor mucho más grande, el pueblo chavista. Millones de venezolanos siguen sintiendo admiración por Hugo Chávez y recuerdan como importantes los avances sociales alcanzados durante los primeros años de la Revolución Bolivariana, pero este pueblo ya no piensa exactamente igual.

Un sector sigue apoyando al gobierno de Delcy Rodríguez, porque considera que, en las circunstancias actuales, representa la mejor opción para mantener la estabilidad y evitar una crisis aún mayor.

Otro sector continúa siendo profundamente chavista, pero cuestiona el rumbo que ha tomado el gobierno; no necesariamente milita, junto a Elías Jaua o Mario Silva, pero comparte la preocupación por la pérdida de soberanía y por la creciente influencia de EEUU en la política nacional.

Es común escuchar frases como, “Yo sigo siendo chavista, pero esto no era lo que Chávez quería”, o también, “Primero está la patria y después las diferencias entre nosotros”, este tipo de comentarios refleja una discusión que hoy existe en muchos barrios, comunidades y espacios populares.

Más que una división ideológica, se trata de distintas maneras de entender cómo defender el legado de Chávez en las condiciones actuales.

La mayoría popular

Finalmente existe un amplio sector de venezolanos que no se identifica plenamente con ninguno de los grupos anteriores.

Son trabajadores, campesinos, comerciantes, estudiantes, profesionales, pensionados y jóvenes que durante años han vivido las consecuencias de la crisis económica, las sanciones, la polarización política y la migración, muchos simplemente quieren que el país vuelva a funcionar con normalidad.

Por ejemplo, para una madre lo más importante puede ser conseguir medicinas; para un joven, encontrar empleo sin tener que emigrar; para un pequeño comerciante, que haya estabilidad económica; para un campesino, producir sin tantas dificultades.

Este sector discute todos los días y lo que espera es que haya seguridad, servicios públicos, oportunidades de trabajo, instituciones que funcionen y una economía que permita vivir con dignidad.

En buena medida, el éxito de cualquier proyecto político dependerá de su capacidad para responder a estas necesidades concretas.

Una nueva etapa de la política venezolana

Todo indica que el viejo mapa político venezolano está cambiando. Durante más de veinte años parecía que todo se reducía a dos bandos, chavismo y antichavismo, hoy esta realidad es mucho más compleja.

Hay sectores de la oposición que prefieren negociar antes que confrontar, hay chavistas que siguen apoyando al gobierno y otros que ahora lo critican desde posiciones de izquierda, hay antiguos aliados que hoy mantienen diferencias profundas, y también existe una mayoría de ciudadanos que está cansada de la confrontación permanente.

Al mismo tiempo, muchos venezolanos/as coinciden en una preocupación común, quieren que el país recupere la capacidad de tomar sus propias decisiones, sin depender de intereses externos.

Desde una perspectiva de izquierda latinoamericana, el gran desafío consiste en encontrar una salida democrática que preserve la soberanía nacional, respete la voluntad popular y permita que el pueblo vuelva a ser el principal protagonista del destino del país.

Porque, más allá de las diferencias entre dirigentes o partidos, sigue vigente una idea que ha acompañado a América Latina desde las luchas por la independencia; ningún proyecto nacional puede desarrollarse plenamente, si las decisiones fundamentales terminan dependiendo de una potencia extranjera.

La Venezuela que surge después del 3 de enero de 2026, ya no puede explicarse solamente como una disputa entre gobierno y oposición; hoy conviven distintas izquierdas, distintas oposiciones y una mayoría popular que busca estabilidad, justicia social y soberanía. Comprender este nuevo mapa político, será fundamental para entender los debates y las decisiones que marcarán el futuro del país.