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El camarada Trump: gran gestor de la unidad latinoamericana

Miguel Sobrado

Hace 4 años fundé, con algunos amigos latinoamericanos, el canal Prisma Latinoamerica procurando recuperar los ideales de autonomía, soberanía y cooperación y unidad latinoamericana herencia del siglo pasado, fue una quijotada, como me dijo un amigo, de la cual no me arrepiento. Pueden verse los productos en YouTube y en la página propia www.prismalat.com , pero, aunque difundimos los videos en México, Colombia y tradujimos al portugués algunas publicaciones no tuvimos más que algunos miles de likes. Agotamos en este esfuerzo nuestros escasos recursos frente a una gran indiferencia de masas desesperadas interesadas ante todo en migrar hacia el sueño americano. Hemos sobrevivido por tenacidad y convicción de lo justo de nuestras metas mientras la realidad mundial da vuelcos inesperados.

Nuestro planteamiento retoma la historia de subordinación a la potencia del norte y la forma en que eso ha condicionado nuestra historia. Y la oportunidad que los cambios geopolíticos que se están dando en el planeta, abren para para nuestra región. En el sentido que la doctrina de Monroe “América para los norteamericanos” propiciando golpes de estado sanciones e invasiones, no podría mantenerse en las nuevas condiciones sin generar desequilibrios en la seguridad continental. Esperábamos que las nuevas condiciones promovieran una revisión de la política de EEUU hacia América Latina haciéndola, por su propia seguridad, más dialógica ante las demandas de soberanía y unidad de los gobiernos de la región.

Sabíamos que esto no sería fácil por la inercia mental neocolonial y los intereses económicos en juego, pero éramos conscientes de que los cambios, a pesar de las turbulencias encontrarían condiciones por el clima multipolar para darse. Era un planteamiento de reivindicación de la necesidad de autonomía latinoamericana que podría ser de interés continental si encontraba eco en los EEUU. Cosa difícil por la visión discriminatoria prevaleciente tanto en el partido demócrata donde era suavizada con las reivindicaciones “woke”, pero que, en su práctica, prevalecía la subordinación no siempre suave a las políticas de sanciones. Aunque sabíamos que los republicanos por su visión ideológica racista y hegemónica no considerarían con facilidad este cambio, no teníamos una idea de que el presidente Trump una vez instalado en el gobierno, actuaría como emperador del mundo. Reclamando de entrada a Groenlandia y el canal de Panamá al mismo tiempo que iniciara una persecución feroz de los migrantes latinos con redadas callejeras y deportaciones masivas, encadenados como si fueran delincuentes, que cambiaría el panorama, tanto internamente creando miedo y terror entre los migrantes, como movilizando en acciones de repulsa y de solidaridad a los gobiernos del continente.

En pocos meses con sus acciones violentas y cargadas de prejuicio, cambio en gran medida el panorama político entre parte de la comunidad latina asentada en los Estados Unidos, que habían incluso contribuido a su triunfo electoral.

Se hizo evidente que no bastaba hablar inglés para ser aceptado en ese país, que su acento, nombre, apellido y color de piel lo delataban y devaluaban frente a la persecución desatada por el prejuicio y racismo. El ser un buen “pocho” no era suficiente. De tal forma se vieron estimulados a organizarse y salir a protestar en las calles de varios estados de la Unión.

En los estados y gobiernos latinoamericanos, fuera de Argentina que aplaude todo lo que Trump y Netanyahu hacen, la reacción ha sido primero de incredulidad, pero posteriormente de integración alrededor de la CELAC y de aproximación al bloque de los BRICS.

De tal forma que la unidad alrededor de los intereses de soberanía y cultura, que nosotros promovimos con humildad con nuestros recursos escasos, pero sin eco significativo hace cuatro años se ha logrado en pocos meses con el realismo brutal del presidente Trump, que arrojó por la borda los trapos que cubrían púdicamente el racismo latente en los anglosajones. El golpe arancelario a Brasil del 50% que se inicia el 01 de agosto, el mayor de todo el mundo, para tratar de doblegar a nuestros países y golpear lo que considera la ficha más débil de los BRICS, interfiriendo en las resoluciones de la justicia brasileña, ha colmado el vaso y activado el gigante dormido.

Para no hablar de la subida de aranceles del 10 al 15% a Costa Rica después de haber rechazado nuestro gobierno la tecnología de china. Se reafirma el dicho que el diablo le paga a sus servidores llevándoselos al infierno.

Muchas gracias presidente Trump por despertar nuestra América y sacarla del letargo y la impotencia, tal vez ahora entendamos que no tenemos por qué correr miles de kilómetros detrás de sueños quiméricos, que nuestros países son ricos y que salirnos de la órbita neocolonial y abrirnos al mundo multipolar naciente.

La búsqueda de nuevos mercados y alianzas por parte de los gobiernos latinoamericanos ayudará también a reorientar, por razones de seguridad y economía, la política norteamericana hacia el mundo y la región.

Compartido con SURCOS por el autor y publicado también en redes y en La Nación.

Gramsci y la nueva derecha

Henry Mora Jiménez

Introducción
Antonio Gramsci (1891-1937), teórico marxista y fundador del Partido Comunista Italiano, es hoy una figura reivindicada tanto por la izquierda como, paradójicamente, por la nueva derecha radical. Su análisis sobre la hegemonía cultural y el rol de los intelectuales contra la dominación política ha traspasado fronteras ideológicas. Pero ¿por qué un pensador de izquierda es instrumentalizado por sectores reaccionarios? Y más importante aún: ¿cómo pueden los demócratas recuperar su legado para defender las libertades frente al ascenso del nuevo fascismo?

Gramsci: breve semblanza
Encarcelado y llevado a la muerte por el régimen fascista de Mussolini, Gramsci desarrolló en sus Cuadernos de la cárcel conceptos clave como «hegemonía cultural»: la idea de que las clases dominantes no solo imponen su poder mediante la fuerza, sino a través de la educación, los medios de comunicación, las instituciones y (agrego yo), los mitos de dominación; moldeando el sentido común de la sociedad. Para Gramsci, la transformación social requería una «guerra de posiciones» —una lucha ideológica y cultural prolongada— antes que una revolución violenta.

La apropiación de Gramsci por la nueva derecha
Paradójicamente, figuras de la derecha radical (desde Steve Bannon en EE. UU. hasta ideólogos de Vox en España y de Javier Milei en Argentina) usan a Gramsci para justificar su propia batalla cultural. Han invertido su marco teórico: ven a las dirigencias progresistas como la «casta woke» que impone su hegemonía (feminismo, ecologismo, multiculturalismo, derechos humanos) y se proponen «reconquistar» los espacios culturales centrales (universidades, escuelas, medios, arte, literatura). Su estrategia replica la gramsciana, pero con el fin de deslegitimar la democracia pluralista y normalizar discursos autoritarios.

¿Es posible usar a Gramsci para defender la democracia?
Frente a esta paradoja, los demócratas podemos rescatar al Gramsci original a partir de ejes de acción como los siguientes:

Una contrahegemonía democrática: Promover narrativas que vinculen derechos sociales con libertad, mostrando que el fascismo es incompatible con la justicia. Sin derechos sociales la libertad es solo un privilegio de unos pocos.

Alianzas amplias: Gramsci destacó el rol de los intelectuales orgánicos. Hoy, académicos, escritores, pensadores críticos, artistas y periodistas podemos articular un frente común contra la desinformación. La desinformación no es un error, es estrategia.

La cultura como trinchera: Fortalecer instituciones (academia, medios públicos, organizaciones sociales, educación popular) que fomenten el pensamiento crítico y la memoria histórica. La ignorancia es la semilla venenosa de los tiranos. El pensamiento crítico, la insumisión y la rebeldía son el antídoto de las personas libres.

Conclusión
Gramsci advirtió que en tiempos de crisis, «lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer». La derecha neofascista intenta llenar ese vacío con mitos reaccionarios, discursos de odio y embrutecimiento de las mayorías para hacerse con el poder. La respuesta democrática debe ser una hegemonía sin hegemón (E. Laclau): sin imposición ni resignación, sino con deliberación, persuasión y participación colectiva basada en los valores de igualdad, libertad y solidaridad.

La “no renuncia” de Rodrigo Chaves: riesgos y oportunidades para la democracia costarricense

Por JoseSo
Analista Político

La decisión del presidente Rodrigo Chaves de no renunciar al Poder Ejecutivo para postularse como diputado redefine el escenario político hacia 2026. Su permanencia mantiene intacto el capital político que ha forjado, pero lo expone al debate público por los procesos judiciales en los que está involucrado. Este punto de inflexión abre oportunidades para consolidar la estabilidad gubernamental y, a la vez, genera tensiones entre quienes desean renovación política y quienes respaldan la continuidad del actual liderazgo.

Impacto político: equilibrio entre estabilidad y renovación

La permanencia de Chaves permite al oficialismo sostener su discurso de alta aprobación ciudadana, evitando la fragmentación del voto y reforzando la narrativa de continuidad en proyectos de infraestructura y programas sociales. Al delegar la campaña a sus allegados –exministros y cuadros del partido–, busca mantener la promoción de su gestión sin descuidar las labores diarias del Ejecutivo.

Sin embargo, la ausencia de su figura central en mítines y actos de campaña podría debilitar la conexión emocional con el electorado. La capacidad de transferir un apoyo estrictamente personal a candidaturas legislativas o presidenciales alternas no está garantizada. Además, el protagonismo en funciones de gobierno y la defensa de su inmunidad judicial podrían restarle frescura al perfil de “outsider” que lo impulsó originalmente.

Reacción de la base oficialista: de la desmovilización al surgimiento de nuevos liderazgos

Entre los simpatizantes de Chaves, la noticia de que no encabezará la lista de candidatos puede generar desmotivación inicial, pues muchos se identifican directamente con su estilo y retórica. Aun así, ese espacio de incertidumbre deja emerger figuras como la exministra Laura Fernández, quien podría capitalizar el descontento residual.

Para compensar la ausencia del presidente en actos de campaña, la estrategia oficialista pasará por reforzar el protagonismo de alcaldes y estructuras territoriales. De esta manera, se apuesta a conservar la movilización en cantones y comunidades, confiando en el arraigo local más que en la fuerza de una sola figura nacional.

Perspectiva judicial: fuero, presión política y narrativa de persecución

Chaves enfrenta más de cien procesos penales, pero conserva inmunidad mientras sea presidente, lo que retrasa las indagaciones directas. Este fuero funciona como escudo político: refuerza la narrativa de persecución al obligar a la Asamblea a asumir el costo de levantarlo, pero multiplica la presión mediática sobre privilegios presidenciales.

La prolongación de su defensa en el espacio público ofrece munición a la oposición para exigir reformas al fuero y transparencia inmediata. El debate sobre la inmunidad se instala como asunto central de campaña, obligando a todos los actores a definir su postura sobre el equilibrio entre protección presidencial y rendición de cuentas ciudadana.

Manejo de la agenda mediática y narrativa en redes sociales

El gobierno ha respondido con una estrategia de comunicación intensiva: conferencias diarias, hashtags oficiales y cobertura preferencial en medios afines. Al mismo tiempo, restringe el acceso de periodistas críticos, lo que agudiza el debate sobre libertad de prensa y derecho a la información.

La oposición, por su parte, ha logrado viralizar audios y memes en plataformas como TikTok y Twitter, caricaturizando el concepto de un presidente intocable. Este choque de narrativas define no solo qué temas dominan los titulares, sino también la percepción ciudadana sobre la legitimidad del Ejecutivo y de sus adversarios.

El papel de la ciudadanía: de espectadores a protagonistas

Este momento político exige una ciudadanía activa que trascienda el voto. La creación de observatorios ciudadanos para fiscalizar contratos públicos, la promoción de foros de debate y el apoyo a candidaturas que propongan límites reales al fuero presidencial son pasos decisivos. Impulsar campañas de educación cívica fortalecerá la comprensión sobre la importancia de la rendición de cuentas.

Solo con un electorado informado y movilizado será posible equilibrar los riesgos de la “no renuncia” con la oportunidad de consolidar una democracia transparente y participativa, donde ningún privilegio esté por encima de la igualdad ante la ley.

Ante la renuncia del vicepresidente Brunner, lo que procede es aceptarla

Vladimir de la Cruz

El pasado miércoles 30 de julio vencía el plazo para que el presidente, o cualquiera de los vicepresidentes, renunciara a su cargo si deseaban participar activamente en la política electoral hacia las elecciones, con posibilidades de aspirar a un puesto legislativo.

La renuncia del presidente era lo que más se esperaba por la comunidad y sociedad política nacional, ya que se especulaba que podría aspirar a una diputación, en las elecciones de febrero del 2026, lo que le está permitido por la Constitución Política, dejando el cargo antes del 31 de julio. Lo que es igual para el presidente lo es para sus vicepresidentes.

Otros funcionarios del actual Poder Ejecutivo, del Consejo de Gobierno, del Gabinete ministerial del presidente Chaves ya habían renunciado antes del 1 de febrero, y otros se sumaron con su renuncia el pasado 30 de julio.

El miércoles 30 de julio ni ayer jueves 31 de julio el presidente Rodrigo Chaves renunció. El que lo hizo con todo derecho fue su primer vicepresidente, Stephan Brunner.

Formalmente la renuncia de estos funcionarios públicos debe hacerse ante la autoridad que los nombra o declara nombrados, que es la única que puede hacer efectiva la renuncia.

El presidente de la República, los vicepresidentes de la República y los diputados son nombrados directamente por el pueblo, mediante los procesos electorales. Para decirlo políticamente, son nombrados directamente por la mayoría del pueblo electoral, manifestado en las votaciones, que se inclina por uno de los candidatos que se presentan a recoger esa voluntad popular de representación, la de los mandantes electorales.

En teoría política y democrática, aun cuando son electos por una parte de todo el electorado, son la representación de todos los electores, de todos los votantes y de los que no votaron o anularon su voto. Así funcionamos como sistema político y como sistema democrático. Por eso, al presidente, los vicepresidentes y sus ministros se les inhibe, se les prohíbe, de identificarse con algún partido de los que participaron en el proceso electoral, o de pronunciarse sobre ellos, a favor o en contra, lo que les provocaría la sanción de la beligerancia política.

Los ministros los nombra el presidente y es ante él que renuncian o él los destituye.

Los vicepresidentes constitucionalmente solo tienen como principal función sustituir al presidente en sus ausencias temporales o definitivas, sin devengar salario alguno.

En las ausencias temporales el presidente pude disponer libremente a quien encarga su sustitución. Generalmente alterna con los dos vicepresidentes, dándoles la oportunidad de aparezcan en La Gaceta firmando una ley con sus nombres. En la ausencia definitiva sustituye en su orden el primer y segundo vicepresidente, o el presidente de la Asamblea Legislativa, como ocurrió en el 2009 con el presidente legislativo, Francisco Antonio Pacheco, varias veces sustituyó al presidente Oscar Arias.

Cuando algún vicepresidente tiene salario en su condición de vicepresidente es porque se le asigna una función que es remunerada. Que recuerdo, solo al inicio del Gobierno de Abel Pacheco, el presidente Miguel Ángel Rodríguez, dejó establecido en el Presupuesto Nacional del 2002, que el vicepresidente tendría un salario. En ese momento el presidente Pacheco, antes de asumir su investidura presidencial se peleó y distanció radicalmente de su vicepresidente Luis Fishman, al punto que no le permitió tener oficina en la Casa Presidencial e intentó que no recibiera el salario que se había presupuestado. Ni siquiera le permitía ingresar a la Casa Presidencial. Tuvo obligación de mantenerle el salario aunque no tuviera ninguna función en el gobierno en su primer año de gestión porque así estaba presupuestado. Al siguiente año, para el Presupuesto Nacional del 2003, Abel Pacheco eliminó la partida del salario y Luis Fishman se quedó sin ese ingreso económico, ostentando la condición de vicepresidente, que mantuvo durante todo el gobierno del 2002 al 2006.

Para sus efectos vicepresidenciales, el primer año intentó Luis Fishman atender público como vicepresidente desde una oficina particular que puso para ello. El segundo año se metió en la oficina de su esposa, entonces diputada, desde donde atendía discretamente, ya sin salario. Para el tercer y cuarto año de su vicepresidencia de papel ya no tenía oficina ni salario. Luis Fishman no renunció a su condición de vicepresidente.

En el gobierno de Oscar Arias, 2006-2010, sus dos vicepresidentes renunciaron a su cargo. Kevin Casas por haber sido increpado de haber redactado un Memorándum, en la discusión y referéndum del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde se elaboraba una estrategia de miedo para atacar a los opositores al Tratado, cuya discusión e impacto provocó su renuncia. Luego, le siguió Laura Chinchilla, que renunció para asumir la candidatura a la presidencia, la que ganó en el 2010.

Ambas renuncias fueron notificadas a la Asamblea Legislativa, como corresponde comunicarlas, darlas a conocer a los diputados, sin que en esas ocasiones se interpusieran acciones para discutir si se aceptaban o no esas renuncias. Las renuncias eran de la realidad, de la voluntad personal de los vicepresidentes y había que acatarlas, y así se procedió, sin bulla ni escándalo legislativo.

El Código Electoral señala que el cargo de diputado a la Asamblea Legislativa es voluntario y se puede renunciar antes o después de prestar juramento, renuncia que será admitida después de la declaratoria de la elección. En el caso de los vicepresidentes, el Código Electoral establece que la vacante se llenará por quien le siga en su orden, lo que es válido para la muerte, renuncia o incapacidad sobreviniente del presidente.

La renuncia al cargo de presidente, vicepresidente, diputado, en estos casos, tan solo implica la cancelación de la credencial de presidente, vicepresidente o diputado, la que se hace una vez que la renuncia sea conocida por la Asamblea Legislativa.

El Tribunal Supremo de Elecciones es el que da las Credenciales de presidente, de los vicepresidentes de la República y de los diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa. Dicho así, la renuncia bien podría tramitarse ante el Tribunal Supremo de Elecciones con copia a la Asamblea Legislativa, para que por conocida y recibida la nota de renuncia ante la Asamblea Legislativa, se prepare el Tribunal Supremo de Elecciones para indicar quien sigue en el orden de sustitución, porque para ello tiene que emitir la Credencial respectiva, hacer el nombramiento pertinente, y hasta tomar juramento del nuevo cargo, si ello fuere procedente.

Si la renuncia del vicepresidente se quisiera someter a debate parlamentario, así debería procederse incluso cuando voluntariamente alguno de los miembros de los supremos poderes renunciare voluntariamente a su inmunidad para someterse a procedimientos judiciales, o cuando se tratare de simples renuncias al cargo, como ha sucedido con renuncias de diputados. La renuncia forzada que hizo el diputado Vargas, del Frente Amplio, de la Provincia de Guanacaste se presentó, en el Tribunal Supremo de Elecciones, un viernes al mediodía, y el lunes inmediato ya estaba acreditado el diputado sustitutivo que seguía en su orden.

El Tribunal Supremo de Elecciones es el que hace la declaración oficial de los candidatos electos a puestos de elección popular. En sencillo, es el que nombra por el resultado de la votación a las personas electas.

Escribí hace poco que para evitar el lío procesal, artificial y politiquero, que se ha levantado con la renuncia posible del presidente Chaves, válida para la del vicepresidente Brunner, las cartas de renuncia pudieron haberse presentado y tramitado una semana antes, haciendo ver en ellas que eran efectivas a partir del primero de agosto.

Con eso esa discusión ya se habría superado y ganado tiempo parlamentario.

El conocimiento de la renuncia jurídicamente también vale en el sentido de dar por recibida y sabida la renuncia. Lo que se vota es el recibo de la nota de renuncia. No se puede votar la aceptación o rechazo de la renuncia. Solo puede renunciar quien tiene derecho a hacerlo. No se está sometiendo al vicepresidente a una destitución. El vicepresidente se somete ante la Asamblea a comunicar su decisión de dejar el cargo. No se le puede obligar a ejercerlo.

El único cargo obligatorio reconocido en la legislación electoral nacional es el de diputado o diputada a una Asamblea Constituyente, que es irrenunciable.

Así, repito, el acto de votación que se quiere imponer para la renuncia al cargo de vicepresidente de Stephan Brunner es el de recepción de la nota de renuncia, es decir, de dar por conocida y aceptada el aviso de su renuncia.

Si la Asamblea se enfrasca en una estéril discusión procesal en nada afecta la decisión presentada el 30 de julio para cualquier otro efecto al vicepresidente Brunner, quien renunció y dejó el cargo el 31 de julio, y vale su renuncia desde la fecha en que así comunicó que era efectiva. Lo que provoca es que ya desde hoy primero de agosto perdió, por su propia voluntad, la inmunidad del cargo que ostentaba, y está en el término de plazo que le permite ser candidato a diputado si así se inscribe por algún partido.

La discusión del término “conocer”, que se argumenta para someter a aceptación o no la renuncia, es igualmente válida para dar por conocida recibida la noticia de la renuncia, no necesariamente para aceptarla o rechazarla.

La renuncia es personalísima, es de la propia voluntad de la persona dispuesta a dejar el cargo, por lo que no necesita la aprobación de otra parte. El problema de presentar una renuncia, es la renuncia misma, la que no debe tener discusión, la que por puesta debe tramitarse aceptándola, sin otro efecto o sin intención de impedirla, la que no puede provocar otro efecto más que el de la cesación del cargo.

Todo puesto en el Estado es renunciable, como lo son en el sector privado. Siendo un acto de voluntad de la persona interesada en renunciar, que es también un acto de libertad, que es un acto unilateral, de una persona, no requiere su aceptación para que provoque efectos.

El Plenario Legislativo tan solo debe dar por conocida la decisión del vicepresidente Brunner de dejar el cargo, como cuando da por conocidos los cambios de ministros de la presidencia que se hacen desde la Casa Presidencial, para los trámites legislativos.

La renuncia del vicepresidente Brunner es para disponer libremente de su tiempo personal, para hacer lo que le dé la gana, si de eso se trata.

Si Stephan Brunner por ser electo popularmente se le quiere someter a una aprobación de su renuncia, es al Tribunal Supremo de Elecciones, al que le correspondería el conocimiento de su renuncia por ser este Tribunal quien lo Declara vicepresidente, como resultado de las votaciones.

En la vida diaria, en todas partes, quien tiene la capacidad de nombrar tiene la capacidad de destituir. En todas partes, también, quien tiene la capacidad de renunciar, puede unilateralmente, por acto de libertad y de libre voluntad renunciar, y ante la renuncia lo que procede es aceptarla.

¿Qué ganan los diputados y sus partidos en obstaculizar el trámite de aceptación de la carta de renuncia del vicepresidente? ¡Nada!, ni siquiera bulla a favor de sus partidos políticos o de sus candidatos. ¿A quién amenaza la salida de Brunner del gobierno? Por ahora, a nadie. ¿Quieren los diputados y sus partidos mantener a Brunner en la vicepresidencia por un excelente trabajo de gobierno que realiza con el presidente Chaves? ¡Claro qué no!, ni siquiera se siente su trabajo, y mucho menos su figura política. ¿Quieren los diputados y sus partidos proteger al vicepresidente Brunner en su inmunidad, para que no le sometan a juicios con levantamiento de la inmunidad? ¡Por supuesto que tampoco! Más les interesaría que renuncie, que esté sujeto a la persecución judicial, porque eso les da gasolina para prender algunas llamas en la campaña electoral, ¿o no es así?

Con la actitud que tienen, en la Asamblea Legislativa los diputados y sus partidos, quienes quieren someter a aprobación parlamentaria la renuncia, que no es destitución, del vicepresidente Brunner, pareciera que le están haciendo el juego al presidente Chaves y sus jaguares… Son ellos los que están al frente de la política, del escenario político nacional., aunque se hable mal de ellos. Pareciera no ser el momento para estas nimiedades…

¿Estará cansada?

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

– ¡Ojo, mucho ojo, a la jugada de la diputada Pilar Cisneros!

No le crean esta nueva coartada.

Lo que realmente sucede, es que después de haber renunciado tácitamente, al partido de la que ha sido jefa de fracción, ahora quiere mantenerse como tal, para, entre otras cosas de gran importancia, obstaculizar desde allí, el proceso de levantamiento de inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, solicitado por la Corte Suprema de Justicia.

Esta renuncia, de la cual ahora se arrepiente, se ejecutó por varios hechos evidentes, entre ellos, por haberse incorporado, voluntariamente, al equipo de campaña del nuevo Partido Pueblo Soberano, como «directora de estrategia y comunicación». Sin embargo, en forma insólita, porque se reporta cansada, ahora pretende ¡regresar al partido al que renunció» (Progreso Social Democrático, presidido por la también diputada, Luz Mary Alpízar). Pues, a la señora, le cogió tarde; se precipitó, cometió una torpeza, y ya el hecho está consumado.

Ya la distinguida dama, renunció en forma tácita al partido que la hizo diputada, y no puede pretender que las autoridades del TSE y el mismo Directorio Legislativo, le sigan el jueguito, cual si fueren niños inocentes.

Ya Pilar Cisneros Gallo, es diputada independiente. Su renuncia tácita, en buen español, significa que no es que se entiende, se percibe, se oye o se dice formalmente. ¡No! Se trata, más bien, de una renuncia que, indiscutiblemente, se infiere sobre la cual no hay duda alguna, por más malabares que se invente. La evidencia es rotunda, pública, promocionada, por lo cual, la conclusión que emitirán las autoridades, que han de velar por el respeto pleno de la legislación electoral, es solo una, terminante, ejemplarizante.

«El monaguillo, el cura y el jardinero»: breves apuntes desde la perspectiva internacional

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho internacional público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

El pasado 21 de julio, el programa mañanero de Desayunos de Radio Universidad de la UCR dedicó la emisión al recién estrenado documental costarricense titulado «El monaguillo, el cura y el jardinero» (véase enlace): en este caso, se pudo contar con la presencia de su director y de uno de los protagonistas de este documental así como de una reconocida activista desde México. Esta nota de ElPais (España) del 3 de julio del 2025 fue publicada días después de su primera proyección en un sala de cine en Costa Rica, el 25 de junio del 2025, en el marco de un festival internacional de cine realizado en la capital costarricense (véase nota del Semanario Universidad). 

Se trata de un esfuerzo muy valioso y valiente, desde la técnica del documental, en aras de visibilizar la denuncia hecha por dos jóvenes costarricenses, Anthony Venegas y Josué Alvarado, con relación a los abusos sexuales que sufrieron de niños por parte de un sacerdote en la parroquia católica de la localidad de Patarrá. 

En esta nota del medio digital Delfino.cr se pueden conocer los horarios de proyección previstos durante esta cuarta y última semana del mes de julio del 2025.

El tema de los abusos sexuales dentro la Iglesia Católica ha cobrado una particular relevancia ante la reiteración de revelaciones y de escándalos, siendo por ejemplo el motivo por el que un ícono en España (véase nota del ElPais de España del 2021) y otro ícono en Francia (véase nota de Le Figaro del 2025) dejaran de serlo.

En febrero del 2023, se anunció que la Iglesia Católica costarricense había alcanzado un «acuerdo» con algunas víctimas de abusos sexuales, sin que precisara nombre de las víctimas ni el contenido exacto del acuerdo, en razón de una «clausula de confidencialidad»  (véase cable de la agencia de noticias AP del 6/02/2023). 

El año siguiente (noviembre), al oponerse totalmente la Iglesia Católica a levantar el secreto de testimonios derivados de la confesión en un proyecto de ley, se leyó por parte de una diputada (véase artículo del Semanario Universidad del 1.11.2024) que:

«Este proyecto de ley no busca perseguir a la Iglesia Católica ni a los religiosos. Con el mayor de los respetos, y siendo creyente, no puede el sigilo sacramental estar por encima de los derechos de nuestros menores y de nuestras personas discapacitadas; es más, no puede estar por encima del derecho de nadie.»

Este proyecto de ley se tramita bajo el Expediente Legislativo 21.415 (véase texto) y el informe de Servicios Técnicos sobre esta iniciativa de ley (véase documento)  reviste cierto interés.

En las líneas que siguen, nos abocaremos, a partir de los que expone en este documental, a referir a algunas experiencias observadas en el exterior sobre este mismo tipo de denuncias en el seno de la Iglesia Católica, así como a las obligaciones internacionales que el Estado del Vaticano ha asumido con respecto a los derechos de la niñez. Este último aspecto, asociado con algunas regulaciones futuras, podría permitir a Costa Rica dotarse de figuras, mecanismos, y medidas de carácter preventivo observados en varias otras latitudes: siempre y cuando, claro está, se tenga voluntad en el seno de su clase política para lograrlo.

Una Iglesia Católica ante sus obligaciones éticas y …

Si bien la Iglesia Católica se ha mostrado históricamente resistente a escuchar a las víctimas de abusos sexuales contra menores de edad, y a abrir sus archivos sobre las denuncias no atendidas así como como sobre los casos de sacerdotes «rotados» hacia otras parroquias (a raíz de denuncias en sus comunidades de feligreses por abusar sexualmente a menores), desde la asunción del Papa Francisco, las máximas autoridades en Roma han instruido a sus obispos en todo el mundo a cambiar de actitud: véase por ejemplo este mensaje muy reciente (marzo del 2025) de su Santidad el Papa Francisco, disponible en castellano, así como varias regulaciones relacionadas a la tramitación de denuncias por abusos sexuales contenidas en este enlace oficial del mismo Vaticano, todas bastante recientes.

Como observado en otros ámbitos como las reiteradas denuncias de las exacciones de Israel contra la población  civil palestina en Gaza, la protección internacional del ambiente, la minería y las actividades extractivas contaminantes y los derechos de las comunidades aledañas (véase carta encíclica del 2015), o bien ratificación del Acuerdo de Escazú en América Latina (Nota 1), las posiciones de la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Roma no son siempre seguidas de efecto, y mucho menos de pronunciamientos por parte de los obispos costarricenses.

 … sus obligaciones jurídicas internacionales

En el caso específico de las denuncias por abuso sexual contra menores de edad, desde el punto de vista internacional, no está de más recordar que, en derecho internacional público, la Santa Sede es considerada como un Estado: y que encontramos precisamente a la Santa Sede, al igual que Bélgica, Costa Rica, España, Francia, Italia, Irlanda o Suiza como Estado Parte a la Convención sobre los Derechos del Niño de 1990 (véase estado actual oficial de firmas y ratificaciones). 

En las observaciones al informe oficial remitido por el Estado del Vaticano al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (véase documento CRC/VA/CO/2, documento de febrero del 2014), se lee que:

«8. El Comité tiene presente la doble naturaleza de la ratificación por la Santa Sede de la Convención sobre los Derechos del Niño como Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano y también como sujeto soberano de derecho internacional, poseedor de una personalidad jurídica original, autónoma e independiente de cualquier autoridad o jurisdicción. Aunque el Comité tiene plena conciencia de que los obispos y los principales directivos de los institutos religiosos no actúan como representantes o delegados del Romano Pontífice, observa que los subordinados en las órdenes religiosas católicas deben obediencia al Papa, de conformidad con los cánones 331 y 590 del Código de Derecho Canónico. Por consiguiente, el Comité recuerda a la Santa Sede que, al ratificar la Convención, asumió el compromiso de aplicarla no solo dentro del territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano, sino también en su calidad de poder supremo de la Iglesia Católica en todo el mundo, por los particulares y las instituciones sujetos a su autoridad».

La Convención sobre Derechos de los Niños contempla mecanismos para que las víctimas puedan llevar las violaciones a las disposiciones de esta convención multilateral al conocimiento del órgano de tratado, a saber, el Comité de los Derechos del Niño (Nota 2). 

Ahora bien, si  se considera que:

– desde el 2012, a nivel europeo, existe un tratado regional que contiene regulaciones que deben de adoptar los Estados contra el abuso sexual de menores (véase texto), una convención en la que no encontramos a la Santa Sede como Estado Parte (véase enlace), y; 

– si desde 1990 (fecha en que la Santa Sede aprobó la Convención de los Derechos del Niño como Estado), la Iglesia Católica sigue acumulando denuncias, revelaciones y escándalos a repetición en diversas partes del mundo por abuso sexual de menores que involucran a sus máximas autoridades, 

es también hora de pensar en recurrir ante los mecanismos internacionales de denuncia existentes a disposición de las víctimas de estos abusos contra el Estado del Vaticano como tal. 

Los católicos de muchas partes del mundo no deberían conformarse con una Iglesia Católica sacudida una y otra vez con escándalos a repetición, y con señalamientos sobre su encubrimiento: una entidad religiosa que sigue, hasta la fecha, sin encontrar la manera de sancionar a sacerdotes pederastas en su seno.

En este sentido, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ya le había hecho una excitativa a Italia en el 2019 para que se creara un mecanismo que investigara lo que ocurre en materia de abuso sexual a menores en el seno de la Iglesia Católica (véase y nota de la prensa italiana del 2019). Es de notar que el informe remitido por Italia en el 2022 fue considerado … como una verdadera «burla» por las asociaciones de víctimas y sus familiares (véase nota de The Guardian del 2022). 

Algunos esfuerzos más recientes

Este informe anterior del 2020 sobre abusos sexuales en Irlanda (véase versión en español) indicaba pistas a ser seguidas, que no lo fueron, o de manera muy aproximativa, en el caso de Italia.  

En Bélgica, en parte a raíz de la aprobación del convenio regional del 2012 antes mencionado en el marco europeo, se creó un «Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels«, órgano a cargo de conocer y de examinar hechos prescritos por la legislación penal de abusos sexuales contra menores de edad por parte de sacerdotes, con 168 víctimas identificadas y objeto de una indemnización cada una (véase nota encontrada en el sitio Cath.ch en Suiza del 2013): muy pocamente conocido y difundido, por razones que sería de sumo interés conocer, el mecanismo creado por Bélgica a raíz de recomendaciones hechas por una comisión de investigación del Parlamento belga y de la Iglesia Católica belga, merecería ser analizado y replicado (Nota 3). Una acción presentada ante la Corte Europea de Derechos Humanos contra Bélgica por varias víctimas belgas (véase enlace)  fue finalmente desechada por la Corte Europea de Derechos Humanos (véase sentencia) en el 2021, con un voto disidente de uno de sus integrantes cuya lectura se recomienda). En el 2023 se informó que la Fundación Dignity entregó a varias víctimas en Bélgica una suma superior a los 6 millones de Euros (véase nota de RTBF /Actus). 

La combinación belga comisión de arbitraje – fondo de reparación  a partir de un mecanismo instituido por una comisión mixta parlamentarios/Iglesia Católica ha inspirado en Suiza la creación del CECAR en el 2016 (véase enlace oficial), aún menos conocido: su último informe de actividades (2024) da cuenta de las reparaciones acordadas a las víctimas en Suiza a partir de reglas muy claras concertadas en el marco de su comisión de indemnización (véase enlace). El informe del CECAR titulado»Rapport concernant le projet pilote sur l’histoire des abus sexuels dans le contexte de l’Église catholique romaine en Suisse depuis le milieu du 20ème siècle» (2023) constituye un valioso esfuerzo.  

Después de la cuestionable manera de investigar este tipo de denuncias en Italia en el 2022, se han observado investigaciones mucho más integrales por parte de la misma Iglesia Católica, que ameritarían ser replicadas y mejoradas en diversas partes de mundo, Costa Rica incluida: 

    – es así como en Francia, luego de 2 años y medio de investigaciones internas    dentro y fuera de la Iglesia Católica gala, se dio a conocer el informe final de la Comisión CIASE en octubre del 2021 (véase enlace) (Nota 4). Una pregunta sobre los hallazgos en Francia de un senador fue la ocasión para el ministerio del interior en Francia de detallar una serie de iniciativas tendientes a ayudar a las víctimas de abusos sexuales en Francia a partir de las recomendaciones de la Comisión CIASE: véase enlace a pregunta (julio 2022) y respuesta (agosto del 2023).

    – en España, fue en el 2023 que se dio a conocer el «Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos» realizado por el Defensor del Pueblo en España (véase enlace). Un grupo de víctimas llevaron inicialmente sus pretensiones contra España unos años antes, ante la Corte Europea de Derechos Humanos, las cuales fueron rechazadas (véase sentencia, de junio del 2014, con una opinión disidente suscrita esta vez por ocho integrantes de la Corte, cuya lectura se recomienda).

Los ejemplos antes mencionados no cubren la gran cantidad de iniciativas existentes en diversas partes del mundo para enfrentar el problema de los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia Católica. Sí se puede observar que comisiones de investigación inter-disciplinarias que reúnan a expertos de diversas ramas, a familiares de víctimas así como a integrantes de la Iglesia Católica en servicio o retirados (con una palabra más libre que los que siguen sometidos a las autoridades eclesiales), permiten un primer diagnóstico en aras de tener una idea, en cada país, de los alcances de esta práctica y de proponer reformas legales que agilicen la tramitación mucho más expedita de este tipo de denuncias en vista de sancionar penalmente a los sacerdotes involucrados e indemnizar a las víctimas.  

No obstante esta apertura muy reciente observada en Roma, las pocas víctimas que han optado por alzar la voz  en muchas partes del mundo siguen esperando que los responsables sacerdotales de estos abusos sean sancionados por la justicia nacional: en octubre del 2024 una comisión pontifical en Roma del Vaticano reconoció que aún falta mucho por recorrer en diversas  partes del mundo (véase reportage de «The Guardian«). 

En este otro reportaje sobre la situación de varias niñas colombianas de la BBC difundido en marzo del 2025 (cuya lectura completa se recomienda: véase enlace) se lee que:

«En los más de 20 años que han pasado desde los hechos que denuncian Natalia, Liliana, Paula, Gisele, Luisa, Carla y Orlando, numerosos casos de pederastia en la Iglesia católica han salido a la luz en todo el mundo, golpeando duramente su credibilidad.

No solo ha sido señalada de permitir que sacerdotes acusados sigan ejerciendo, sino de encubrirlos y de no colaborar a tiempo con la justicia civil para que sean investigados como cualquier otro ciudadano».

No está de más citar lo que se lee en esta extensa investigación  del equipo periodístico de Connectas, publicada en Perú, sobre las presiones dentro de la Iglesia Católica recibidas por cuatro sacerdotes peruanos por denunciar casos en su seno, y titulada «Pederastia en Perú: batalla al interior de la Iglesia«:

«También había cartas firmadas por el mismo Desposorio y otros religiosos, dirigidas a líderes de la Iglesia católica. Denunciaban encubrimiento de obispos y vicarios, además de castigos que los dirigentes católicos habían llevado a cabo contra religiosos que, de acuerdo con él, han visibilizado a presuntos abusadores sexuales«.

Un documental que delata un «sistema» para proteger a algunos en Costa Rica

En el caso de Costa Rica, el documental «El monaguillo, el cura y el jardinero» pone en evidencia que quien atendió las denuncias del joven Anthony en su calidad de Vicario (sin que ello fuera seguido de efecto), es hoy quien… encabeza la Iglesia Católica costarricense. 

Y que el sacerdote que oficiaba en la parroquia de Patarrá autor de los hechos (2003), luego de presentadas las denuncias, fue promovido dentro de la misma Iglesia Católica durante varios años en Costa Rica, como vocero oficial, antes de ser trasladado discretamente hacia México por su misma jerarquía. 

Se lee en este artículo del Semanario Universidad de octubre del 2019 que:

«Las actuaciones del arzobispo Quirós son sujeto de estudio en el Vaticano, donde se recibió una denuncia en su contra por supuesto encubrimiento de delitos sexuales del sacerdote Mauricio Víquez. Quirós conocía de las denuncias contra Víquez desde 2003 y lo removió de parroquia. En 2018 lo premió nombrándolo Director del Instituto Arquidiocesano de Investigación Histórica y Patrimonial.

Las supuestas víctimas de Víquez también lo denunciaron civilmente por los mismos hechos. Aseguran que en 2018 cuando presentaron las denuncias canónicas formales, Quirós les dijo que el asunto «se le pasó».»

En esta nota de prensa anterior (febrero del 2019) sobre las «gestiones» de la Fiscalía de Costa Rica para dar con el paradero del mismo sacerdote de la parroquia de Patarrá, se lee que la Curia Metropolitana «desconoce» donde se encuentra el sacerdote.

Finalmente, no fue gracias a las «gestiones» de la Fiscalía, sino gracias a una campaña llevada por el mismo Anthony en México ante los medios de prensa mexicanos, fotos en mano, con entrevistas en los principales medios televisivos, que fue identificado, capturado en Monterrey (México) y entregado a las autoridades judiciales costarricenses el fugitivo, de conformidad con una orden de captura emitida por la agencia internacional policial INTERPOL, en agosto del 2019 (véase artículo de la BBC del 20/08/2019). 

A la fecha se desconoce  a qué pudieron obedecer «gestiones» tan poco eficientes de la Fiscalía costarricense para llevar a las mismas víctimas a emprender ellas mismas un viaje a México … y lograr finalmente la captura del sacerdote fugitivo pocos días antes de que el caso prescribiera.

Nótese que en el 2019, a raíz de las denuncias sobre lo ocurrido en la parroquia de Pararrá con menores de edad, se logró adoptar el proyecto de ley 21.261 de manera a ampliar el plazo de prescripción de 10 a 25 años para denuncias por abusos sexuales contra menores en la legislación penal de Costa Rica (véase texto del Expediente Legislativo 21.261 y esta nota del medio digital Delfino.cr del 17.06.2019).

Dos valientes luces en, en medio de la oscuridad, ahora  propulsadas al mundo, exhibiendo  … a Costa Rica

Al enorme valor que hay que saludar, demostrado por Anthony así como por Josué, así como por sus familiares y allegados, para denunciar y apoyar sus respectivas denuncias contra un sacerdote perteneciente a una entidad tan influyente como la Iglesia Católica en Costa Rica, hay que saludar el esfuerzo del director de este documental y la calidad de la película, ganadora reciente de un Festival internacional de Cine realizado en Costa Rica en la categoría documental (véase nota del 2 de julio del Semanario Universidad). 

Queda muy claro luego de haber visto este documental, que el caso de estos dos jóvenes es a penas la punta de un iceberg y que son en realidad muchas más las víctimas en Costa Rica de abusos de este tipo en sus parroquias. 

No se ha escuchado, al menos a la fecha de redactar estas líneas, de ninguna iniciativa tendiente realizar a una investigación exhaustiva, que pueda cuantificar la cantidad de víctimas potenciales de abusos sexuales por parte de sacerdotes católicos en Costa Rica. 

En junio del 2020 se anunció por parte de la Iglesia Católica la puesta en línea de guías para denuncias por abusos sexuales contra menores y la conformación de una Comisión de la misma Iglesia denominada CONAPROME (véase artículo del Semanario Universidad): revisando su sitiono se visualiza un informe de actividades que permita conocer con mayor en detalle su labor y la cantidad de denuncias tramitadas y de sanciones a sacerdotes desde su creación, hace más de 5 años. La comparación con el informe «Para dar luz» (diciembre del 2023, verisón actualizada a marzo del 2024, 962 páginas) dado a conocer en España por una comisión similar da una idea de lo que no se ha investigado en Costa Rica. En la página 154 de dicho informe sobre la Iglesia Católica española del 2023, se lee que:

«Desde su creación, prevista por el motu propio Vos estis lux mundi, para antes del 1 de junio de 2020, hasta el 31 de diciembre de 2023 las Oficinas para la protección de menores y prevención de abusos han recibido 908 testimonios de abusos sexuales cometidos contra menores en el ámbito de la Iglesia católica. De ellos, 361 testimonios fueron recibidos en las Oficinas diocesanas, 532 en las Oficinas de las congregaciones y 15 en las Oficinas de otras instituciones eclesiales. Algunos de esos testimonios se refieren a casos ya conocidos, que tuvieron su recorrido en los ámbitos civil y/o canónico. Otros se han conocido recientemente a partir de las denuncias presentadas en las oficinas o a través de los medios de comunicación «.

Hacemos desde ya voto para que este documental sea proyectado en las diversas salas de cine en toda Costa Rica, en particular en sus siete provincias, y que contribuya a romper el pesado silencio que ha imperado desde demasiado tiempo en muchas familias y pequeñas comunidades de feligreses. Y ojalá que, liberada la palabra, se multipliquen acciones como las de Anthony y las de Josué ante la justicia costarricense contra sacerdotes que debieran de ser inmediatamente sancionados por su jerarquía (en vez de ser protegidos y discretamente «rotados»).  

Coincidencia (o no) de la difusión de este documental, fue hace pocos días que ilustres nadadoras que le dieron medallas olímpicas a Costa Rica en los años 90 denunciaron los abusos a los que fueron sometidas por su entrenador de natación, con hechos que remontan a hace más de 37 años (véase nota de prensa de Radio UCR).

Con relación a los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, tampoco se ha escuchado de una iniciativa desde las mismas autoridades públicas costarricenses al respecto, que tienen también algún grado de responsabilidad: esta responsabilidad deriva, a diferencia de la mayoría de los Estados,  de la misma… Constitución Política. En efecto, para quienes nos lean (tal vez) desde otras latitudes, Costa Rica persiste desde el punto de vista jurídico en mantenerse como el único Estado en América Latina en tener una religión oficial de Estado. En efecto, al leerse el Artículo 75 de la Constitución de Costa Rica (siempre vigente), se lee que:

«ARTÍCULO 75.- La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres«.

En el 2011, se supo de negociaciones entre Costa Rica y la Santa Sede de cara a establecer un nuevo concordato, sin que ello fuese objeto de debate público tal y como solicitado por algunos sectores: véase posiblemente uno de los pocos artículos de prensa al respecto del Semanario Universidad, titulado precisamente «Piden discusión pública antes de negociar concordato con la iglesia«, editado el 6 de julio del 2011. En este otro enlace de octubre del 2011 del CIDCE, se discutió sobre la conveniencia de semejante iniciativa. En mayo del 2016, se informó que se «relegaba» la negociación de dicho concordato (véase nota de La Nación).

Más allá de la voluntad expresada en el 2011 de las autoridades diplomáticas de Costa Rica de negociar un nuevo concordato con el Estado del Vaticano (y ello sin mayores consultas ni publicidad), es muy probable que abusos sexuales contra menores de edad se estén dando también dentro de otros credos religiosos en Costa Rica: desde este punto de vista, resulta incorrecto designar a la Iglesia Católica como la única entidad religiosa padeciendo de estas prácticas. 

De igual manera, dentro de la Iglesia Católica, no se puede nunca generalizar, sino que son algunos sacerdotes en Costa Rica (pero… ¿cuántos? y… ¿desde cuando? … y … ¿cuántos niños y niñas abusaron?  y … ¿qué tipo de sanciones recibieron?… y muchas preguntas más) los que se han prestado para abusar de menores en sus respectivas parroquias. 

Lo que sí pone en evidencia este documental de manera magistral, con imágenes de rostros de autoridades religiosas que lo dicen todo, es el velado «sistema» de encubrimiento y de «rotación» que han aplicado las instancias superioras de la Iglesia Católica cuando les han llegado denuncias contra un sacerdote por abusos contra menores. Este verdadero «sistema» no es propio de la Iglesia Católica en Costa Rica, sino que se ha observado y ampliamente documentado en los informes antes citados elaborados en Irlanda, en Bélgica, en Francia, en España y en Suiza en años recientes,  así como en otras investigaciones sobre denuncias de este tipo.  

A modo de conclusión

El documental «El monaguillo, el cura y el jardinero«, exhibe una grave y persistente omisión de la Iglesia Católica costarricense y del Estado, tanto ante la misma sociedad costarricense como ahora ante el mundo (conforme sea presentado este documental en festivales internacionales de cine).

¿Acaso la cúpula católica realizó cambios significativos para abrir sus archivos y para sancionar a los responsables de estos abusos sexuales perpetrados hace muchos años y que en muchos casos han caído en un pesado silencio? Un silencio en el que las víctimas han optado, en algunos casos, por las drogas, el alcohol, el suicidio o bien por replicar los abusos de los que fueron víctimas en el seno de sus propias familias: esta entrevista en ElPais (España) del 2022 a otro costarricense víctima de abusos por parte de un sacerdote bien explica la «autodestrucción» interna que sufren muchas veces las victimas, en el silencio más absoluto.

Salvo error de nuestra parte, no se han observado cambios de la Iglesia Católica costarricense en los últimos años ni tampoco reformas legales: la entrevista en Desayunos de Radio UCR a Anthony con la que iniciamos estas reflexiones, así lo da a entender.  

Si el daño provocado a un número indeterminado  de menores de edad costarricenses no se conoce, y si el precitado «sistema» que denuncia de manera documentada «El monaguillo, el cura y el jardinero» persiste, además de las sanciones penales individuales contra sacerdotes que abusan de menores de edad por parte de la justicia costarricense, ¿no habrá llegado también el momento de pensar en otro tipo de medidas? ¿Medidas tales como exigir, en beneficio de estas víctimas y de sus familiares, compensaciones y reparaciones como las observadas en Europa, así como medidas que en derecho internacional de los derechos humanos, se denominan las «garantías de no repetición» o GNR (Nota 5)?

Para nuestros estimables lectores poco familiarizados con este término, pero que conocen muy bien quienes trabajan en materia de derechos humanos, los referimos a lo que se lee en un extenso artículo publicado en el 2017 en México (UNAM) sobre las garantías de no repetición (o GNR) en el sistema interamericano de derechos humanos (DDHH):

«La práctica interamericana ha sido vanguardista en el sentido de intentar maximizar la función preventiva del derecho con el uso de estas medidas; de hecho, la jurisprudencia de este siglo demuestra el interés por explorar las posibilidades que se tienen desde los estrados para configurar condiciones sociales generales más a tono con los requerimientos de la justicia en materia de DDHH, y no sólo para responder a las exigencias de la justicia en los casos individuales. Estas características de las GNR explican por qué su finalidad no es reparar integralmente a las víctimas —como a veces se juzga—, sino eliminar de manera directa una alegada deficiencia estructural del Estado para prevenir violaciones repetitivas (hacia el futuro) de los derechos humanos» (Nota 6).

En un sentido similar al de plantear garantías de no repetición para Costa Rica, referimos también en esta parte conclusiva, a una carta del 2021 (véase texto) a las máximas autoridades eclesiales del Vaticano, firmada por varios relatores especiales de derechos humanos de Naciones Unidas.

– – Notas – – 

Nota 1: Desde esta nota del VaticanNews del mes de setiembre del 2020 sobre el Acuerdo de Escazú, se espera que la Conferencia de Obispos Católicos de Costa Rica se manifieste al respecto, expresando su apoyo a la aprobación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica. Al 24 de julio del 2025, se mantiene la espera.

Nota 2: Sobre el Estado del Vaticano y la Convención sobre los Derechos del Niño, véase el informe de investigación preparado por el Children Rights International Network (CRIN), titulado «Los abusos sexuales a niños y la Santa Sede. Necesiada de justicia, rendición de cuenta y reforma«. Texto integral disponible aquí.

Nota 3: Sobre la propuesta inicial en Bélgica, véase al respecto MONTERO E.; «Le Centre d’arbitrage en matiere d’abus sexuels, un solution inespérée pour les victimes de faits prescrits«, Université de Namur, 2013, 36 páginas. Texto disponible aquí

Nota 4: Para un un análisis de los resultados y hallazgos en Francia de esta comisión que tuvo acceso a toda la información que requirió, desde la perspectiva archivistica, véase, AIRIAU P., BOULLU Th., LANCIEN A., PORTIER Ph., «Les violences sexuelles sur mineurs dans l’Église : l’enquête de la Commission indépendante sur les abus sexuels (CIASE)«, La Gazette des archivesVol. 266 (2022), pp. 191-204. Texto integral disponible aquí

Nota 5: En esta publicación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se puede revisar en qué consisten esta medidas específicas (pp. 124-273). En materia ambiental, por ejemplo, podemos referir  la histórica sentencia contra Honduras del 2009 (caso de la ecologistas hondureña Jeannette Kawas Fernandez asesinada en Honduras, en particular párrafos  196-226 de la sentencia). Por «garantías de no repetición» que suelen aparecer en sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en complemento a las indemnizaciones por el daño moral, podríamos pensar en medidas tales como la creación de programas de asistencia a víctimas de abusos sexuales en parroquias católicas, la creación de fondos o fideicomisos que puedan acompañar a los familiares de estas víctimas ante la justicia penal costarricense, becas de estudio, pero también programas comunitarios, programas radiales y televisivos de prevención sobre los riesgos que corren – por ejemplo –  los monaguillos y otros jóvenes al aceptar servir en sus parroquias, y muchas otras medidas de índole preventiva.

Nota 6: Véase LONDOÑO LAZARO M.C y HURTADO M., «Las garantías de no repetición en la práctica judicial interamericana y su potencial impacto en la creación de derecho nacional«, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, UNAM, 2017, pp. 725-775, p. 730. Texto integral de este extenso  artículo disponible aquí.  

Uribe, la extrema derecha latinoamericana y la justicia

Jiddu Rojas Jiménez

Después de estudiar la historia reciente de ese sufrido y hermoso país latinoamericano, Colombia, debo expresar a manera de opinión (aunque en principio, bien fundamentada), que sobre el caso del señor expresidente Uribe Vélez, de Colombia, francamente, sólo me extraña algo:

Qué lo condenen (justamente) por corrupción y fraude, pero no por Crímenes de Lesa Humanidad. O al menos, no aún.

Lo condenan ahora en limpio proceso penal, pero no por las víctimas de la llamada «Parapolítica» (Neoliberalismo y exclusión social, y usufructo y destrucción del Estado, en asocio con Paramilitares de Extrema Derecha).

O sea, no por los miles de muertos de la «Narco-parapolítica» (para financiar las masacres); ni por los «falsos positivos» del Ejército contra jóvenes pobres y civiles desarmados; ni por la «política de la motosierra» contra familias campesinas desplazadas; ni por el asesinato de líderes políticos populares durante sus Administraciones; etcétera.

Pero bueno, hay nuevos aires de Democracia y de renovación del incipiente Estado Social de Derecho en la hermana República de Colombia. Y realmente entre tanta opacidad, hay que destacar una buena noticia.

Sin embargo, parece que al señor secretario de Estado de Trump , el cubano-americano (o mejor dicho, cubano – estadounidense), Marco Rubio no le gusta la justicia imparcial en Colombia.

Como tampoco le gusta a Trump, que se procese por golpista, al ex paracaidista militar y criminal de guerra confeso, expresidente Jair Bolsonaro de Brasil. (Orgulloso de su atroz partición en la pasada Dictadura Militar brasileña, y sus violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos.)

¿Cómo le va a gustar a Trump que se procese a Bolsonaro, si estos eventos en Brasil, contra la última Elección democrática de Lula, fueron una mala copia de lo que intentó hacer el movimiento de Extrema Derecha MAGA en EEUU por el mismo Trump? Nos referimos al asalto de las turbas de Trump al Capitolio en el 2021, y luego a los disturbios similares en Brasilia, por parte de partidarios de Bolsonaro en el 2023, alegando un supuesto e imaginario fraude electoral.

Mientras tanto en Argentina, el presidente Milei, —otro admirador de Trump –, sabe que sus desmanes políticos y económicos, –en particular el último desastre de su criptomoneda–, conllevarán tarde o temprano, alguna investigación local o internacional.

En algún detalle fallarán, y dejarán, huellas por su supuesto comportamiento antijurídico.

Mientras, la mandataria Boluarte después de su Golpe en Perú, sigue reprimiendo con brutalidad, a las comunidades rurales y de pueblos originarios, ayunos todos de justicia. El rastro de sangre en este caso, es más fácil de seguir… Pero tarde o temprano habrá justicia en el Perú, como la hubo contra Fujimori.

El caso de Bukele en El Salvador, es más complejo, y el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial están suspendidas, desde hace años. Pero las ruedas de la historia, y la consciencia de los pueblos, parece que a veces oscilan, cual péndulo. De momento hay que recordarle, con todo respeto, que Costa Rica, no es El Salvador.

De la situación interna en Nicaragua, con otra orientación geopolítica, pero una receta interna claramente también autoritaria, podríamos decir casi lo mismo.

El panorama regional latinoamericano, y mundial en general, en la época del genocidio televisado en Gaza, es bastante oscuro. Miles de niñas y niños quemados, amputados, torturados y asesinados, al mejor estilo de Herodes, Calígula o Nerón, o Hitler.

Netanyahu en Israel, líder del Sionismo Revisionista en su versión más extremista y racista, es de la misma especie, y no es casualidad que cada vez que el Parlamento israelí, trata de llevarlo a juicio político por corrupción, se escude en otro Crimen de Lesa Humanidad. Notemos los evidentes paralelismos, con la Extrema Derecha latinoamericana.

En medio de este nuevo Holocausto descarado, del cinismo internacional, del Apocalipsis climático, y se la voraz es evidente, desigualdad estructural global del llamado Tecno-Feudalismo (Yanis Varoufakis), aparece la voz mesurada, digna, ilustrada, humana y moral, del presidente Gustavo Petro de Colombia. El contraste es evidente, con el autoritario y reaccionario Uribe y con sus discípulos.

De alguna forma, esta chispa de justicia en Colombia nos recordó la famosa cita del compañero presidente, al Querido Hermano, al Venerable, Salvador Allende G., casi profético, en su última y dramática alocución radial en medio Golpe de Estado de Pinochet (1973). La recordamos hoy desde Costa Rica, como sembrando esperanza ontológica (Bloch) para un futuro humano común y posible, desde ‘lo instituyente’ (C. Castoriadis), desde la potencia de esta opacidad de ‘lo instituido’ (C. Castoriadis). Desde lo que puede ser para potenciar y transformar, la inequidad de este presente distópico:

— «[…] mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán, las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor».

Por todo esto es importante hoy, desde cualquier punto de Nuestra América, comentar críticamente el caso del Sr. Uribe y del violento legado del Uribismo colombiano de Extrema Derecha. Para no repetirlo, sin enfrentarse a la justicia.

Al fin y al cabo, dicen que el mafioso Al Capone cayó, federalmente en EEUU., por mera evasión de impuestos. ¿Uribe parece que cayó por fraude? En algún momento, añoramos, y trabajaremos por una justicia más integral.

Una última lección para nuestra Patria y la Campaña política que se avecina:

Ojalá, el actual Autoritarismo Populista en nuestra Costa Rica y sus fanáticos desvergonzados, –entregados a toda suerte de desinformación y calumnia–, entiendan la lección jurídica, que desde las nuevas democracias de Colombia (caso Uribe) y Brasil (caso Bolsonaro), se está enviando, contra los excesos y abusos ilegales, de los tiranos de turno.

Hay acá, una gran lección para los actuales gobernantes ticos y sus grandes socios empresarios: Mucho cuidado con irrespetar más las reglas del Estado de Derecho, y del Estado Social de Derecho (así por separado).

La Justicia, como la diosa griega Temis, al decir de la valiente jueza colombiana Sandra Heredia, no tiene los ojos vendados, «no, para no ver, sino para no prejuzgar» (sic) … El proceso penal en Colombia dio una sentencia.

Recordaremos acaso entonces, a todos los pasados admiradores locales, costarricenses, del Señor Uribe, una especie de «popstar», de «pornostar», del Gobierno Norteamericano, y de su supuesto «éxito» contra el mentado Narcotráfico (ahora tan de moda en el Costa Rica).

Recordemos también, la vil e inmunda propaganda fascistoide del Uribismo colombiano, y la imagen arrogante, intocable, e impoluta de su líder, el «Gran Colombiano del Año» alguna vez, reelecto consecutivamente presidente, –y siempre opuesto al Diálogo y a la Paz en Colombia –, pero ahora caído en democrática desgracia.

Años después, la máscara, el «personaje» montado y su teatro político, la imagen del «popstar» cipayo, se comienza a caer atropelladamente… Y sus «rezadoras» e integristas manos, «blancas y limpias», al parecer, podrían haber dejado, una larga huella de sangre inocente… Ni olvido, ni perdón.

Gracias.

Los días de la gran decisión, 30 y 31 de julio

Vladimir de la Cruz

Estamos a pocas horas de saber cuál va a ser el futuro electoral inmediato del país. Estos últimos días se ha cuadrado mejor el panorama político y electoral nacional, y se perfila cuál va a ser el escenario principal de esa disputa, si el presidencial o el legislativo.

El Partido Liberación Nacional tiene su candidato consolidado, Álvaro Ramos. La Unidad Social Cristiana también lo consolidó, Juan Carlos Hidalgo. El Partido Unidos Podemos que postula a Natalia Díaz Quintana, la tiene consolidada. Todos ellos aspirando solamente a la Presidencia de la República, sin doble postulación.

El Partido Acción Ciudadana ya confirmó la candidatura de la ex primera dama, Claudia Dobles Camargo, con doble postulación, en coalición con el partido Agenda Democrática Nacional, que fusionados se llamará Coalición Agenda Ciudadana. El Partido Esperanza Nacional encabezado con Claudio Alpízar, también con doble postulación. El Frente Amplio se orienta por Ariel Robles.

Sin ratificar aún Fabricio Alvarado del Partido Nueva República y Eli Feinzaig del Partido Liberal Progresista.

A última hora ha surgido rugiendo el Partido Pueblo Soberano, que se identifica con el gobierno de Rodrigo Chaves, que ya integró su fórmula presidencial encabezada por Laura Fernández, y sus vicepresidentes Francisco Gamboa y Douglas Soto, el único partido que ha hecho pública su nómina completa presidencial.

En el resto de los partidos todavía no suenan matracas.

De esta situación, la expectativa mayor descansa en el día de hoy miércoles 30 y mañana jueves 31 de julio. La de hoy por el posible anuncio del presidente de la República, si continúa o no al frente del gobierno hasta el próximo 8 de mayo, anuncio que puede hacerlo hoy en su acostumbrada reunión de los miércoles o mañana, que es el día final de plazo, en posibilidad de renunciar al cargo de presidente, para poder aspirar a una diputación en la próxima Asamblea Legislativa.

Si el presidente decide no renunciar a la presidencia se pega un tiro en los pies, pues pierde las posibilidades reales de seguir en política activa como diputado hacia otro período presidencial, que desde la Asamblea Legislativa podría preparar para ser de nuevo, al menos, candidato presidencial en el 2030, de lo contrario tendría que esperar hasta el 2034, obligado por el descanso de ocho años que le impone la Constitución Política. En el supuesto caso que un partido de los inscritos identificado con él ganara la presidencia, le podría nombrar ministro y continuar en el ejercicio de la política institucional con cierta presencia pública, pero sin beligerancia alguna. Puede haber presidentes beligerantes como él actúa, pero no ministros beligerantes.

Si no permanece en política activa desaparece como candidato posible para el 2034. Basta con mirar los candidatos presidenciales de las campañas electorales que no quedan electos, cómo desaparecen del escenario político, sobre todo aquellos que no tienen partidos políticos permanentes. Nadie los toma en cuenta. Los focos de la atención pública descansan en el Gobierno y sus ministros, y en los diputados electos por los partidos, sin que los partidos que ellos representan ocupen la misma atención que sus legisladores, más allá de lo que los resalta el debate parlamentario.

En el país, los partidos políticos no tienen vida propia. Locales importantes de esos partidos en San José los tienen Liberación Nacional, Acción Ciudadana y el Frente Amplio. Son desde hace mucho tiempo meros cascarones burocráticos de oficinas abiertas, sin que en ellos destaquen actividades públicas de reuniones. En las cabeceras de provincias y cantones ningún partido político nacional tiene oficinas abiertas, menos tienen locales para hacer reuniones semanales o quincenales con la gente. Los partidos de izquierda hasta 1990 mantuvieron locales para desarrollar cierto activismo político. El Partido Comunista o Vanguardia Popular mantiene un pequeño local, con cierta actividad pública sin participar en elecciones desde el 2006.

En la óptica del presidente Chaves, de continuar su proyecto político de reformar de manera radical y destructiva institucionalmente el país, debe tener un partido político que trabaje en esa dirección y los dirigentes que puedan conducir ese proyecto. En esa perspectiva está la opción del Partido Pueblo Soberano, el que más identificado está con ese ADN político, viéndose actuar desde la Asamblea Legislativa, para poder recuperar en el 2030 el gobierno en caso de que no lo gane en el 2026. Había en perspectiva cuatro partidos inscritos con ese propósito gobiernista, identificados bajo la bandera del jaguar, que se coaligarían para lograr el objetivo de elegir 38 diputados mínimamente. En menos de 15 días esos partidos entraron en contradicciones y pugnas, por las candidaturas presidenciales y de diputados, que abortaron la posible coalición y debilitaron a los partidos que no recibieron oficialmente el apoyo presidencial, manifestado de manera indirecta en la postulación de los candidatos de Pueblo Soberano, de la candidata Laura Fernández.

El Partido Pueblo Soberano es el partido que el presidente Chaves está apoyando, con el que se identifica, por la calidad de sus candidatos presidenciales, dos de ellos salidos del gabinete del presidente, con claro mensaje de su candidata que continuarán con sus políticas y acciones de gobierno.

Por sí mismo el Partido Pueblo Soberano no gana las elecciones, por tan solo ser un partido político, como es igual para todos los partidos políticos.

Para tratar de ganar una elección se requiere un equipo de gente, por pequeño que sea, de trabajo permanente en el Partido, lo que ya tiene Pueblo Soberano. Se trata de un equipo de gente con carácter de dirigentes del partido, que se movilicen constantemente en el territorio nacional, que establezcan los vínculos con los distritos, cantones y provincias. Se requiere también un local central, que también ya tiene Pueblo Soberano, con buen financiamiento para su mantenimiento y el de sus funcionarios, especialmente los que están a tiempo completo. Se requiere el aparato logístico de apoyo, especialmente de vehículos que permitan el desplazamiento de sus dirigentes o activistas políticos. Se requiere el cubrimiento propagandístico de materiales impresos, de vallas publicitarias, que ya van apareciendo, y de redes de comunicación, que también tienen.

Así las cosas, hoy Pueblo Soberano lleva la iniciativa política en la campaña electoral que ya está en marcha, sin que oficialmente esté convocada. Las concentraciones en apoyo del gobierno, que con frecuencia se hacen no están prohibidas, ni las movilizaciones que se hacen con las giras presidenciales. Eso lo puede seguir haciendo el gobierno si Chaves se mantiene en la presidencia hasta el 8 de mayo. Si renuncia quien le sustituya, cualquiera de las vicepresidencias, no lo pueden hacer igual.

Los demás partidos están entrampados en sí mismos. Tiene problemas serios de escogencia de candidatos a la presidencia, a las vicepresidencias y a los primeros puestos de diputados en cada provincia, partiendo de la base de que para cada partido sus posibilidades reales son elegir entre los dos primeros puestos por provincia, y en algunos casos entre los primeros tres a cuatro, de acuerdo a la experiencia parlamentaria de los últimos procesos electorales, considerando que en las últimas elecciones ningún partido ha pasado de 19 diputados, a un promedio de 2.5 diputados por provincia, y la mayoría de los partidos a un promedio de un diputado provincia.

Ahora bien, si el escenario de hoy o de mañana está en la renuncia del presidente Chaves para aspirar a una diputación a partir del 2026, lo que se perfila es lo siguiente.

El presidente Chaves ha venido sosteniendo en su ataque a las instituciones públicas que se necesita tener por lo menos 38 diputados dispuestos a transformar el país. Su mensaje ha sido para que no se elijan diputados de los actuales partidos políticos y se elijan preferiblemente de los partidos llamados jaguar o que se identifican con el presidente Chaves y su discurso antisistema.

La candidatura de Chaves a diputado se va a convertir en el eje central de toda la campaña electoral. Con su candidatura se va a procurar atraer al máximo número de diputados posibles, más de los 10 que lograron en el 2022. La candidatura de Chaves se va a acompañar de otras candidaturas importantes y fieles a Chaves, como son los ministros que renunciaron en febrero, que algunos de ellos podrían ir encabezando los otros partidos jaguares, restándole votos a Laura Fernández, o encabezando las listas de diputados de esos partidos para recoger votos dispersos en las distintas provincias. Difícilmente un solo partido podría lograr los 38 diputados que quiere tener Chaves. En la historia parlamentaria desde las elecciones de 1953 solo en dos ocasiones Liberación Nacional llegó a tener 32 y 33 diputados, y en todas las elecciones desde 1953 los partidos que más han logrado no han pasado de 25 manteniéndose entre 18 y 22. El resto de los partidos no ha pasado de 14, manteniéndose entre los que eligen un promedio de seis diputados.

Para mí es claro, que la candidatura de Chaves puede ser un gran imán para la lista que lo acompañe, que saldrían por arrastre. En la lista que Chaves encabece irán los candidatos de mayor confianza del presidente para que eventualmente sean electos con él y llegar a la Asamblea Legislativa como un equipo muy sólido y combativo de diputados. Sin embargo, puede descuidar los otros partidos jaguares inscritos, porque todos tienen posibilidad de elegir. Tiene que darles algo de buenos candidatos, de personas conocidas, para que también ejerzan el papel de imanes políticos en las provincias donde vayan como candidatos. Las gestiones y visitas de Chaves, como presidente, a las regiones y cantones ha tenido ese propósito de aglutinar, reunir y contactar personas hacia las elecciones del 2026, y de poner a esas personas en contactos directos con los ministros y altas autoridades de gobierno que le acompañan en sus giras. El mismo ha reconocido, que como gobierno, “democráticamente” ha dicho, ha fortalecido con propaganda oficial, lo que tampoco le está prohibido hacer, a medios de comunicación regionales y de las provincias y cantones periféricos y alejados del Valle Central, regiones que pueden dar votos, cuando han sido provincias de altos grados de abstencionismo electoral.

La eventual candidatura a diputado de Chaves solo puede hacerse por medio de un partido político, la que seguramente se hará con el Partido Pueblo Soberano, por la música que le tocan a ese partido. Esa candidatura presidencial, con Chaves de candidato a diputados, va a tener un gran apoyo político y electoral, porque se tratará de concentrar en esas dos candidaturas, la de la presidenta Laura Fernández y la del diputado Rodrigo Chaves todo el esfuerzo político, financiero y propagandístico principal.

Esto hará, de las candidaturas a diputados el principal escenario de guerra electoral. La mayoría de los partidos procurará tratar de desinflar electoralmente a Chaves, lo que no es suficiente si los partidos opuestos a Chaves no llevan en sus listas de diputados excelentes candidatos, sean viejos o nuevos.

Lo que no pueden llevar los partidos son candidatos gastados, cuestionados, dudosos éticamente o resultado de pugnas internas en sus partidos por lo que van con esos partidos heridos y divididos al combate electoral.

Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, como los partidos tradicionales más fuertes y de vieja data, tienen este problema interno, además de que sus candidatos presidenciales son muy débiles internamente, y ni siquiera pueden proponer más de dos candidatos a diputados, dejando esa elección a los caciques cantonales, que actúan como verdaderos sindicatos o mafias políticas locales de control de puestos electorales. Los comités políticos nacionales han dejado de dirigir verdaderamente esos partidos políticos. Son organizaciones sin rumbo nacional claro. No es suficiente un programa electoral, se necesita también un Programa de Partido para el país, del que todos los partidos hoy carecen.

Lo que es claro, para el día de hoy o de mañana, es que para acompañar a Chaves, como candidato a diputado, en caso de que renuncie a la presidencia, o para llevar el equipo fuerte de diputados chavistas a la Asamblea Legislativa, en capacidad de dar los combates parlamentarios con el rumbo que Chaves quiere imponer institucionalmente, también van a renunciar una parte de sus ministros, que aspirarán a ser candidatos a diputados igualmente.

Los que se señalan que van a renunciar a su condición vicepresidente y de ministros, que se suman a los que ya lo hicieron antes del 1 de febrero de este año, son las siguientes personas: el primer vicepresidente, Stephan Brunner Neibig, quedando la segunda vicepresidenta, Mary Munive Angermüller, a cargo del Poder Ejecutivo, el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, el ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal Porras, el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, la ministra de Planificación, Marta Esquivel Rodríguez.

También se mencionan en posibles renuncias, la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada Hernández, el presidente de Acueductos y Alcantarillados, Juan Manuel Quesada, la presidenta del IMAS, Yorleny León.

Del Gabinete Ministerial han renunciado Laura Fernández, ministra de la Presidencia, actual candidata a la presidencia del partido Pueblo Soberano, Anna Katherine Müller Marín, ministra de Educación, Francisco Gamboa Soto, ministro de Economía, Industria y Comercio, que es candidato a la vicepresidencia de Laura Fernández, Joselyn Chacón Madrigal, ministra de Salud, Mauricio Batalla Otárola, ministro de Obras Públicas, que está alejado de la participación electoral, Nayuribe Guadamuz Rosales, ministra de Cultura.

Con las renuncias de estos funcionarios y de otros, de las instituciones autónomas, se pretende formar el equipo de combate de la campaña electoral por las diputaciones y por la Presidencia de la República.

También renunciaron, haciendo casa aparte, Natalia Díaz, ministra de la presidencia y Luis Amador Jiménez, ministro de Obras Públicas, Patricia Navarro Molina, ministra de Comunicación.

En el caso de que el Partido Pueblo Soberano ni ninguno de los partidos jaguar ganare la Presidencia de la República y el Poder Ejecutivo, Rodrigo Chaves y su grupo de diputados se convertiría en el principal grupo opositor al próximo gobierno, gane quien gane de los otros partidos, para poder montar su regreso electoral en el 2030.

Otros asuntos relacionados con estos cambios de ser reales son:

1.- El vicepresidente que quede electo, por renuncia del presidente Chaves, tendrá a partir del 8 de mayo, el derecho de pensión que tienen los presidentes de la República, por su condición de sustituirlo de manera permanente en su ausencia definitiva del cargo.

2.-En caso de quedar Rodrigo Chaves diputado, no puede ser presidente de la Asamblea Legislativa porque tendría una prohibición constitucional de sustituir, en un caso extremo, de manera permanente al presidente de la República, porque para ello debería tener el plazo constitucional actual de los ocho años de haber dejado el cargo.

3.- Al renunciar a la Presidencia pierde su inmunidad política. Puede ser juzgado ordinariamente. Difícilmente, por los trámites judiciales sería condenado antes de ocho meses. Esto le da oportunidad de qué si es electo diputado y juramentado como tal por el Tribunal Supremo de Elecciones, de nuevo adquiere la inmunidad, que le protegería de cualquier trámite judicial, para lo que habría que levantarle la inmunidad parlamentaria. ¿Una jugada en ese sentido, puede ser también?

4.- Su renuncia no significa que falte al juramento que hizo al asumir el gobierno. Sencillamente es una renuncia para proponerse seguir en política, desde la Asamblea Legislativa, sirviéndole a quienes voten por él.

5.- Lo que en perspectiva queda es la imagen de un gobierno débil, desastroso, del que todo mundo salió corriendo por la cantidad de cambios de ministros y autoridades de gobierno que tuvo, y por la ausencia de un verdadero programa de acciones de gobierno propias de Rodrigo Chaves y de la mala gestión de sus diputados.

6.- Queda un gobierno “sustituto”, muy débil, por pocos meses, hasta abril, sin posibilidad de hacer cambios significativos ni de impulsar políticas públicas necesarias.

7.- Queda una incógnita sobre la confección y la perspectiva política del Proyecto de Presupuesto Nacional para el 2026.

8.- Insisto. El tema electoral central es la elección de los próximos diputados y de rebote la elección de la próxima autoridad superior del Poder Ejecutivo.

Esta es la lectura que hago hoy de la situación que enfrentamos en el panorama electoral.

Compartido con SURCOS por el autor.

Frente al abismo neofascista: la izquierda progresista tica debe reconocer el mal mayor

Por JoseSo
José Solano-Saborío
Analista Político

La situación que vive Costa Rica hoy puede ser la más crítica desde la fundación de la Segunda República en 1948. Entonces, José María Figueres Ferrer apostó por reconstruir instituciones tras la guerra civil. Hoy, nos encontramos al borde del colapso del Estado Social de Derecho y la democracia centenaria, amenazada por discursos autoritarios que desprecian conquistas sociales y derechos humanos.

La encrucijada de hace cuatro años

En las elecciones pasadas, una parte del centro y el progresismo optó por no respaldar a Figueres Olsen por sus cuestionamientos éticos. Temieron la vuelta del bipartidismo, sin medir que la alternativa era un discurso populista, autocrático y ultraconservador. Aquella decisión, más que un gesto de principios significó dejarle campo libre al político neoconservador, populista y autocrático, envalentonado por su exitosa manipulación de un pueblo agotado y desesperado, cuyo discurso maniqueo y violento ya tiene claros tintes neofascistas y ya, hoy, pone en jaque la estabilidad democrática.

El peligro real: de Federico Tinoco a un nuevo autoritarismo

Negociar con sectores políticos moderados y democráticos, por imperfectos que sean, no implica renunciar a la ética, sino reconocer límites infranqueables: aquí no caben proyectos que desprecien los derechos sociales y civiles. No podemos permitir el surgimiento de un “Federico Tinoco” moderno—más astuto y manipulador—que prometa orden a costa de instituciones y libertades.

Lecciones de la región

Tenemos muchos ejemplos cercanos a nuestra realidad latinoamericana, para tener el espejo que nos permita vernos reflejados.

En el Chile de 1973 el golpe contra Allende abrió dos décadas de represión y retrocesos sociales.

En la Argentina de Videla la erosión progresiva de la democracia terminó en el brutal autoritarismo militar, dejando heridas que no terminan de cicatrizar y hoy Milei ataca con todo a su frágil democracia post Videla.

En Nicaragua un traidor de Sandino, disfrazado de socialista, tiene a Nicaragua sumida en el caos desde 2007, donde la sombra de Somoza se aprovechó del discurso “revolucionario”, para volver al control absoluto del poder.

Estos ejemplos demuestran que el mal mayor no siempre irrumpe de golpe, sino por erosión lenta de contrapesos y libertades.

Reconocer al verdadero enemigo

Antonio Gramsci nos recordó que la hegemonía se conquista también por consentimiento pasivo: hoy, la indiferencia ante ataques a la justicia social y la libertad de prensa nos hace cómplices. Herbert Marcuse advirtió que la sociedad “unidimensional” pierde la capacidad crítica frente a mensajes de “seguridad” y “orden”. Noam Chomsky nos insta a identificar siempre quién controla la narrativa y con qué fines.

Voces progresistas y nacionales como guía

José Mujica nos enseñó que la democracia no es un logro garantizado, sino una tarea cotidiana de resistencia. En Costa Rica, Rodrigo Facio defendió la Constitución ante amenazas golpistas; Manuel Mora Valverde luchó por los derechos laborales que Chaves hoy amenaza con sus jornadas de 48 horas 4×3; y José María Figueres Ferrer construyó este modelo de Estado Social de Derecho. Su legado nos invita hoy a cerrar filas.

¡Llamado a la Acción! Oigamos a nuestra conciencia

Oposición progresista, socialdemócrata y de izquierda democrática: urgimos a mirar de frente la magnitud de la amenaza y a reencontrarnos en el terreno de la defensa de la democracia y la justicia social. Identifiquemos al verdadero enemigo: no son los matices ideológicos internos, sino el autoritarismo que se abalanza sobre nuestras instituciones. Si no actuamos unidos y con urgencia, corremos el riesgo de perderlo todo. Ahora más que nunca, valga el optimismo de la voluntad de Gramsci: solo juntos podremos resistir y reconstruir la esperanza en Costa Rica y tiene que ser antes que sea demasiado tarde.

El manual político de Rodrigo Chaves

Oscar Madrigal

Oscar Madrigal

Rodrigo Chaves sigue la forma de hacer “política” de toda la ultraderecha en el mundo. El contenido y la forma no se diferencian de las de Trump, Milei, Le Pen, Orbán en Hungría o Meloni en Italia y demás partidos o grupos representantes de las nuevas derechas más extremista en el mundo.

Rodrigo Chaves aplica el mismo manual; no hay aportes propios o algo nuevo, distinto a las mismas recetas seguidas por los partidos de ultraderecha del mundo. Chaves solo es un copista del recetario mundial, no propone para Costa Rica algo diferente a lo que sugieren Trump y compañía.

Chaves no es original, no propone cosas diferentes a la ultraderecha mundial, ni tampoco es muy creativo, como lo tal vez lo vean algunos de sus seguidores.

En síntesis, Rodrigo Chaves propone en Costa Rica lo mismo que propone la ultraderecha en el mundo.

En el libro “Los ingenieros del caos” el escritor italiano, Giuliano da Empoli, hace una disección de las políticas que esos políticos de la extrema derecha siguen en el mundo, poniendo la mira en aquellos que como Steven Banon son los ingenieros que las diseñan. Trato de resumir solo algunas ideas de eso que podría ser el Manual de la ultraderecha mundial y que Rodrigo Chaves aplica en Costa Rica.

1-. Articular el conflicto político sobre la base de una oposición en donde solo existe lo bueno y lo malo (maniqueísmo), sea entre el “pueblo” y las “elites”.

2-. Inflamar las pasiones del mayor número posible de grupos y grupúsculos, incluso sin que estos lo sepan, para aglutinarlas no alrededor de un mínimo común, sino alrededor de muchas cosas algunas de ellas extremas (pescadores, adultos mayores, gentes necesitadas, etc.).

3-. El propósito es azuzar la ira de cada grupúsculo sin preocuparse por la coherencia del conjunto. Se ofrece soluciones a cada grupo, aunque sean contradictorias porque el fin es aglutinarlas contra la llamada “elite” o “casta”.

4-. El fin es hacer saltar por los aires todo tipo de división ideológica porque el propósito es captar los votos de todos los enojados. El partido de Chaves es el de los enojados y para eso ataca unas veces a las cámaras patronales y luego al Frente Amplio.

5-. La nueva propaganda se alimenta principalmente de emociones negativas porque estas aseguran la mayor participación. Esas emociones siempre son “contra”, que son las que las personas se movilizan más. Por eso las noticias falsas y las teorías de la conspiración tienen un gran éxito entre esas personas. Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros han hecho de la mentira un uso cotidiano, pero con gran éxito, porque la gente está enojada y no importa la verdad sino el golpe a la institución o el personaje culpable de sus “desgracias”.

6-. El escarnio ha sido siempre el instrumento más eficaz para derribar las jerarquías. Por eso la burla o la ridiculización que Chaves hace permanentemente contra los presidentes de la Asamblea, la Corte, la Contralora, el Fiscal, los diputados y contra todo aquel que considere su enemigo político. Frente al escarnio es difícil defenderse, pero además encuentra suma debilidad en algunos de sus oponentes.

7-. Ante la solemnidad programática del poder, el aburrimiento y la arrogancia que emanan de cada uno de sus gestos, el bufón transgresor provoca una sacudida que libera energías. Chaves aparece como un bufón que enfrenta una institucionalidad arrogante y aburrida insensible a las necesidades del pueblo. En esta circunstancia, con una reacción tan débil, sujeta a normas o protocolos que actúan como una camisa de fuerza, Chaves se siente libre de acusar, burlarse y chantajear a esas autoridades en medio de los aplausos delirantes de sus seguidores.

8-. No hay insulto o broma demasiado vulgares si contribuyen a la demolición del orden dominante y su sustitución. En el caso de Chaves es una de sus características principales; el insulto es su “política” cotidiana; sin embargo, esos insultos o las bromas o las mentiras son justificadas por sus seguidores, porque ellas están enmarcadas en la lucha de Chaves por acabar con el sistema o régimen político actual. Es el caso del putazo reciente en Nicoya.

9-. Estos políticos prometen dinamitar la realidad existente. No importa lo que vendrá, lo importante es lo actual, aunque lo futuro sea peor. Es el caso, por ejemplo, de muchos latinos que votaron por Trump y hoy están siendo deportados. Chaves propone una nueva República, aunque no diga cuáles serán su características, que pueden ser mucho peores que las actuales.

10-. Para estos líderes las noticias falsas o las teorías conspirativas tienen una lógica poderosa: los hechos alternativos no son solo un instrumento propagandístico sino un formidable elemento de cohesión. Como decía un bloguero de derecha: los exabruptos son un elemento organizativo más eficaz que la verdad.

11-. Cualquiera puede creerse la verdad, pero creer en lo absurdo es una auténtica muestra de lealtad, dicen los ingenieros del caos.

12-. En muchos casos se ofrecen remedios concretos, aunque simplistas con la idea de hacer creer que las soluciones estaban a la vista y que si no se llevan a cabo es por la corrupción, la ineficiencia de una banda de delincuentes a los que solo les interesa sus intereses y no los del pueblo. Esta práctica es usada por el Gobierno de Chaves, aunque no logra concretar ningún avance significativo o logro importante de su administración. La culpa siempre es de los otros.

Por último, refiere el autor: “(…) las mentiras están en boga porque se funden en un relato político que capta los miedos y las aspiraciones de una parte creciente del electorado, mientras que los hechos de quienes luchan contra ellos se insertan en una narrativa que ya no se considera creíble. En la práctica, para los seguidores de los populistas, la veracidad de los hechos tomados uno por uno no cuenta. Lo que cuenta como cierto es el mensaje en su conjunto, que se adecúa a la experiencia y sensaciones de estos. Frente a esta evidencia, es inútil acumular datos y correcciones, siempre que la visión general de los gobiernos y partidos tradicionales se siga percibiendo por un número creciente de votantes como irrelevante respecto a la realidad”.

Es evidente que en Costa Rica estamos ante la aplicación del Manual de la extrema derecha que aplican Trump, Milei y todos sus representantes. Las acciones de Rodrigo Chaves son parte de esta política basada en falsas noticias, mentiras, burlas y ataques a la democracia y la libertad. A algunas personas que aún siguen el chavismo y tengan algún sentido crítico piensen que, si las formas son las mismas, los resultados serán iguales.

Ahora bien, hay que aclarar que hemos llegado a esta situación porque existen razones reales que han generado el estado de descontento y enojo de amplios sectores de la población.

Por otro lado, tenemos que elaborar una auténtica política que no solo enfrente este ataque ultraderechista, sino que promueva una nueva forma social. A esto debemos dedicarnos.