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Entre símbolos, poder y hegemonía: notas sobre el nuevo escenario político costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

Desde el 1° de mayo vengo pensando en lo que está pasando en la Asamblea, en la prensa y en el discurso político del país. Comparto esta reflexión, no para cerrar el debate, sino para abrirlo.

La instalación de la nueva Asamblea Legislativa el pasado primero de mayo no solo marca el inicio de un nuevo ciclo institucional en Costa Rica; constituye, además, un momento privilegiado para observar las tensiones profundas que atraviesan hoy la vida política nacional. Más allá de la configuración formal de mayorías y minorías, lo que se perfila es una disputa por el sentido: por definir qué es legítimo, qué es peligroso y quién tiene derecho a ocupar el espacio de lo político.

En términos estrictamente institucionales, el panorama es claro. El oficialismo, con una mayoría simple de 31 diputaciones, ha logrado consolidar el control de los principales órganos de dirección legislativa. Frente a ello, las fuerzas de oposición —integradas por diversas agrupaciones que, en conjunto, suman 26 escaños— han optado por una estrategia de coordinación orientada a contener eventuales reformas que puedan afectar el núcleo del Estado social de derecho. Esta configuración no responde a una afinidad ideológica plena, sino a una lógica de equilibrio y defensa institucional que encuentra precedentes en la propia historia política costarricense.

Sin embargo, la lectura de este escenario ha sido rápidamente capturada por una narrativa mediática que reduce la complejidad del momento a una clave simplificada: la amenaza de un supuesto “giro comunista” en la política nacional. Esta operación discursiva ha encontrado un punto de apoyo en hechos aislados —como la utilización de símbolos asociados históricamente al comunismo por parte de una diputada, o la participación de sectores juveniles en actividades internacionales vinculadas a la izquierda— para construir una imagen homogénea y descontextualizada de actores políticos que, en realidad, son internamente diversos.

En este punto, resulta útil recordar que el discurso político no es un mero reflejo de la realidad, sino una práctica que contribuye activamente a su configuración. Como señala Teun A. van Dijk, “los discursos influyen en la formación de opiniones, actitudes e ideologías sociales” (Van Dijk, 2003, p. 45), lo que implica que su función no es solo descriptiva, sino también performativa. En ese sentido, la categoría “comunismo” opera menos como un concepto analítico que como un dispositivo de deslegitimación.

En este contexto, las declaraciones de Patricia Mora, quien ha reivindicado la herencia de una izquierda que en la década de 1940 contribuyó a la construcción de las garantías sociales, han sido utilizadas para alimentar la tesis de un supuesto “encubrimiento ideológico”. Esta lectura ignora una distinción fundamental: la diferencia entre identidad histórica y definición programática actual. Reconocer una tradición no implica reproducirla doctrinariamente. Como ha señalado en múltiples ocasiones José María Villalta, el Frente Amplio no se define como un partido comunista en el presente. La aparente contradicción, por tanto, no es más que el resultado de una operación de simplificación que borra deliberadamente los matices.

Este borramiento no es inocente. Forma parte de una lógica más amplia en la que el lenguaje político delimita los contornos de lo pensable. En términos de hegemonía, como advierte Ernesto Laclau, “la política consiste en la construcción de significantes que articulan demandas y producen identidades colectivas” (Laclau, 2005, p. 93). Así, la invocación del “peligro comunista” no describe una realidad empírica verificable, sino que contribuye a organizar el campo político en torno a una frontera simbólica.

La paradoja alcanza un punto especialmente revelador cuando se observa el papel de ciertos medios de comunicación. La Nación, por ejemplo, ha contribuido a posicionar esta narrativa de sospecha sobre la oposición política, al tiempo que enfrenta acciones de poder —como la cancelación de visas a miembros de su directiva sin explicaciones públicas claras— que evidencian la fragilidad de su propia posición frente a dinámicas que trascienden el control mediático. Esta situación pone de manifiesto una característica fundamental del poder contemporáneo: su carácter funcional y contingente. En contextos de alta polarización, los alineamientos no son estables, y los mismos dispositivos discursivos que sirven para deslegitimar a unos pueden volverse contra otros.

A este cuadro se suman una serie de hechos recientes que no pueden ser analizados de forma aislada: el veto presidencial a iniciativas vinculadas a derechos del magisterio, el deterioro en los indicadores de libertad de prensa, y la creciente centralidad del discurso de seguridad como eje articulador de la política pública. Lejos de constituir episodios desconectados, estos elementos sugieren la configuración de un clima político en el que la apelación al orden, la estabilidad y la lucha contra el crimen organizado funciona como marco legitimador de prácticas que tensionan los equilibrios democráticos.

En este sentido, la disputa actual en Costa Rica no puede reducirse a una confrontación clásica entre izquierda y derecha. Más bien, se trata de una lucha por la hegemonía en un contexto de reconfiguración del modelo neoliberal, donde distintos actores —no siempre claramente diferenciados en términos ideológicos— compiten por definir los límites de lo posible. En este proceso, el recurso a categorías simplificadoras como “comunismo” cumple una función estratégica: delimitar el campo de lo aceptable y excluir determinadas posiciones del debate legítimo.

Como ya advertía Antonio Gramsci, la hegemonía no se sostiene únicamente por la coerción, sino por la capacidad de construir consenso y sentido común (Gramsci, 1971). En ese marco, la disputa contemporánea en Costa Rica parece orientarse menos a la eliminación del adversario que a su deslegitimación simbólica.

La historia política costarricense ofrece, sin embargo, una lección distinta. El Estado social de derecho que hoy se invoca como patrimonio común no fue el resultado de una pureza ideológica, sino de un pacto complejo en el que convergieron actores diversos, incluyendo sectores reformistas, religiosos y de izquierda. Reducir esa herencia a una etiqueta o convertirla en objeto de sospecha implica no solo una simplificación analítica, sino un empobrecimiento del debate democrático.

En tiempos de creciente polarización, la defensa de la democracia no pasa únicamente por la protección de las instituciones, sino también por el cuidado del lenguaje. Nombrar con precisión, reconocer la complejidad y resistir la tentación de la simplificación son, hoy más que nunca, actos profundamente políticos.

Porque, al final, la pregunta que subyace a todo este escenario no es quién tiene la mayoría, ni siquiera quién tiene la razón, sino algo más inquietante:

¿quién está definiendo, y con qué fines, los límites de lo que una democracia puede pensar y decir sobre sí misma?

Referencias:

Gramsci, A. (1981). Cuadernos de la cárcel. Ediciones Era.

Laclau, E. (2005). La razón populista. Fondo de Cultura Económica.

Van Dijk, T. A. (2003). Ideología y discurso. Ariel.

Comunismo y democracia (3)

Escrito en . Publicado en Análisis.

Manuel Delgado
Parte 1: https://wp.me/p6rfbZ-yQy
Parte 2: https://wp.me/p6rfbZ-yRo

El socialismo, el verdadero, no el de Pedro Sánchez, siempre ha estado comprometido con los derechos democráticos y la libertad. Desde su misma cuna, Marx llamó a los comunistas a luchar por una democracia burguesa para Europa y, de hecho, los partidos comunistas (entonces llamados socialdemócratas) introdujeron en su programa una concepción de revolución por etapas, que contenía la intención de instaurar primero una democracia burguesa y, desde allí, avanzar hacia el socialismo (entendido este como esa primera etapa del comunismo). La razón es que las libertades propias de una democracia burguesa, que empezaba a despuntar en Europa, facilitaría la lucha de los partidos comunistas. No en balde el partido comunista de Costa Rica, Vanguardia Popular, luchó durante dos décadas para conquistar su legalidad, negada con posterioridad a la guerra civil de 1948. Esa legalidad se logró en 1976. Antes el partido había logrado participar, posiblemente de manera inconstitucional (¡vaya atentado contra la democracia!) en dos elecciones con al nombre de Partido Acción Socialista (el PASO), abrir locales sin ser molestados, tener una imprenta y un periódico legales, y más.

Lo que ocurre es que la lucha obrera por tal democracia siempre ha sido respondida con la represión más extrema por parte de la derecha. Y lo que ocurre también es que las libertades democráticas deben ser defendidas con todos los recursos. Un gobierno popular que no sabe defenderse no vale nada. Eso fue lo que ocurrió con el primer gobierno obrero de la historia, la Comuna de París de 1871. En sus 70 días, ese gobierno intentó estructurar la Francia más democrática de la historia, pero no supo defenderse. La Comuna cayó porque los comuneros, por su fe pacifista, no atacaron con tiempo a la reacción atrincherada en Versalles y porque esos mismos comuneros, confundidos por los discursos de defensa de la legalidad, no quisieron confiscar el Banco de Francia, dejando los recursos financieros del estado en manos de la reacción versallista.

La Comuna cayó por la indecisión de sus dirigentes, y a la Comuna siguió no un régimen democrático de los que defiende el diputado Villalta, sino una feroz dictadura que produjo en Francia un verdadero genocidio.

A propósito, ¿qué creen ustedes que seguiría a la caída de la Revolución Bolivariana en Venezuela? ¿Un gobierno como el de Carlos Alvarado? De ninguna manera. La reacción espera poder desplegar todo su poder criminal para acabar con el chavismo desde sus raíces. Esa oposición ya ha dado muestras de ellos. Será Una Comuna de París II, un nuevo Chile de Pinochet. No cabe duda. Poor esa razón, además de muchas otras, hay que cerrarle el paso a la oposición venezolana (debería decirse antivenezolana) a la que de manera tan tierna le pide afiliación el candidato del Frente Amplio. Es por defender las reformas económicas y sociales de dos décadas, pero también para defender los derechos humanos de los luchados sociales, de los patriotas.

La historia muestra que, una vez conquistado el poder en 1917, se estableció un régimen de libertades públicas como nunca se habían visto en Rusia. Pero de nuevo sobre la joven república de los sóviets cayó la agresión oligárquica nacional de internacional. Catorce ejércitos extranjeros y una poderosa unidad de fuerzas antisoviéticas sumieron al país en una espiral de muerte y destrucción que duró hasta 1923.

Diez años más tarde (durante los cuales la joven república tuvo que enfrentar la agresión japonesa) Hitler toma el poder en Alemania, dando origen a una nueva etapa de amenazas, sabotaje, espionaje y preparación de la población y el aparato militar para la guerra de defensa.

La guerra terminó en 1945 con una Rusia diezmada, destruida económicamente y con 20 millones de personas, sobre todo jóvenes, menos.

Durante todo ese periodo, desde 1917 hasta 1945, se constituyó en la Rusia Soviética el gobierno más democrático y participativo de la historia. Pero demás está decir que en esas condiciones de guerra extrema exigir una mayor democrática era pedir demasiado. Las libertades ciudadanas se vieron mermadas en todos los países y, como mucha más razón, en una nación tan agredida como la joven república soviética. Pero esa restricción afectó en primer lugar a los enemigos de la revolución. Las clases populares disfrutaron siempre de más libertades que las que tuvieron nunca antes en la historia, bajo el poder de los oligarcas y el zarismo. Y ello en un contexto de grandes avances sociales, de la conquista de derechos de que no disfrutan ni disfrutan hoy los trabajadores de otras partes del mundo.

Pero esa restricción de las libertades públicas fue sobre todo la tónica de los países de Europa y América. ¿Tendré que recordarles a los olvidadizos que “gobiernos democráticos” no existieron en Europa sino hasta bien entrado el siglo XX y gracias, en inmensa parte, el impacto producido por la Revolución bolchevique de 1917? ¿Habrá que recordar que la revolución “americana” tardó dos siglos para instaurar algo parecido a los derechos de la minoría afrodescendiente, que en ese país la esclavitud de los negros, o formas parecidas a ella, pervivieron cien años después del triunfo de Abrahan Lincoln en la guerra de secesión de 1865?

La “democracia”, entendida como el régimen de sufragio y libertades públicas, esa que defiende como prototipo de gobierno ideal para todo el mundo, esa democracia abstracta y formal, asomó sus orejas en algunos países a finales del siglo XIX, pero tampoco duró mucho en Europa. En 1942, el Reino Unido y la Unión Soviética eran las dos únicas naciones libres del nazismo. Con Hitler se alineaban, más o menos claramente, más o menos voluntariamente, todas las demás. Y ese bloque del terror nazi, que no era otra cosa que el régimen del terror de los grandes capitalistas europeos, se había apoderado en primer lugar de Alemania, la nación más rica y poderosa del continente, y había ungido a su caravana a las dos Francias, la ocupada y la de Vichy, a Italia, España y Portugal, a Hungría y Austria, a los Balcanes, Bulgaria y Rumanía, a Grecia y a Finlandia, los Países Bajos, Bélgica, Noruega y otros, que ya es mucho citar. Esa es la democracia con que amenazan. Mucho tiempo después de terminada la Segunda Guerra Mundial las dictaduras pululaban todavía en Europa. Bajo regímenes autoritarios (como suele decirse de manera apologética) se mantuvieron por muchos años Portugal, España, Grecia. La misma Alemania occidental sufría de un régimen fuertemente restrictivo. Ni qué decir en Estados Unidos y en casi todo el resto del continente.

Verdades muy simples, elementales, dirán ustedes, y yo coincidiré con los que lo piensan o lo dicen, pero es que pareciera que la madurez política en nuestro país se mantiene todavía a ese nivel, es decir, en pañales.

Y esa es una de las enseñanzas socialismo y consiste en constatar que los derechos democráticos siempre se ven afectados por las agresiones tanto internas como externas. Así ha sucedido siempre. Y es que las revoluciones tienen la obligación de defenderse. Muchos sueñan con mayor libertad de prensa en Cuba, pero no se paran a pensar en que la más mínima apertura de la legislación en este sentido permitiría que la isla se convirtiera en un altavoz de las grandes cadenas de radio, televisión, libros y periódicos. Porque a propaganda en esta materia no es neutral, sino que está inserta en un estado de guerra que esta pequeña nación sufre desde hace 70 años. Cuba tiene una pesadísima espada de Damocles sobre su cabeza, la más grande y pesada del mundo, y cualquier persona sensata y responsable comprende que muy mal haría en descuidarse, en no defenderse.

Como decía un comentarista del diario El Siglo del Partido Comunista de Chile: “Llamar dictadura a Cuba no es un análisis. Es una consigna. Y como toda consigna, sirve más para clausurar el debate que para comprender la realidad. Quienes desde la izquierda repiten ese rótulo sin cuestionar el contexto, el bloqueo y la violencia estructural que pesa sobre la isla, no están ampliando la defensa de los derechos humanos. Están, una vez más, alineándose con el relato del poder hegemónico. (Adrián Prieto, 27 de febrero de 2026).

Comunismo y democracia (2)

Escrito en . Publicado en Análisis.

Manuel Delgado
Parte 1: https://wp.me/p6rfbZ-yQy

Un político o un comunicador responsable debe saber explicarles a sus interlocutores que la democracia pura o democracia a secas no existe más que en nuestra mente, porque ella es una abstracción. No existe como no existen las frutas. Nosotros desayunamos bananos, o mangos o naranjas, pero frutas jamás. Ellas solo tienen existencia en nuestros sueños.

La democracia tiene nombres y apellidos. Entonces hay que referirse a ella con esos nombres y esos apellidos, y evitar así un posible enredo de identidades (la verdad es que hay muchos apuestan por el enredo, precisamente porque rehúsan la claridad, precisamente porque el enredo les salva la vida o la silla; su enredo es, pues, calculado).

Efectivamente el capitalismo ha construido un régimen político que los malos políticos aceptan como el sumun de la democracia. La democracia es esta en que vivimos, según ellos. E identifican la democracia con dos cuestiones: que haya elecciones aceptablemente libres, decir, que los oligarcas quiten o pongan a sus gobernantes para que les dirija su finca y que lo hagan de manera más o menos pacíficas, sin aspavientos que dañen los negocios, y que todos los habitantes disfruten, más o menos y en abstracto, de los mismos derechos. Sobre esto último está claro que un hijo de la gran oligarquía no tiene o los mismos derechos que un desempleado de los sectores más desfavorecidos, o de un vendedor ambulante. Pero, además, lo normal, lo cotidiano, es que a los trabajadores se les hayan negado, salvo pequeñas épocas, de todos sus derechos: su derecho al voto, su derecho a formar partidos políticos independientes, su derecho a formar sindicatos que los defiendan y, por último, su derecho a la vida. Los tiempos de “democracia” han sido los menos en estos dos siglos y resto de capitalismo maduro.

Olvidan de decir, por cierto, que el capitalismo ha pasado muchos más años en regímenes muy “antidemocráticos” que ellos llaman “democráticos”. El régimen capitalista se asentó primero en un estado de amplias desigualdades y prohibiciones en Inglaterra o en Francia, donde solo una mayoría disfrutaba de los derechos políticos. Estos se les negaban, primeramente, a las mujeres. Ni qué decir que los habitantes de las colonias, plagadas de esclavos, desconocían del todo esos derechos democráticos.

Una revolución de masas, de obreros, campesinos, artesanos, pequeños y medianos propietarios, acabó con la monarquía y dio origen a la revolución francesa, Algunos derechos fueron arrancados a la oligarquía por algunos, pero aquello fue flor de un día. Pronto Francia y su revolución entraron en un periodo de restauración, es decir, de vuelta al pasado. Para citar solo un aspecto, a partir de 1789, año de la toma de la Bastilla, la monarquía se mantuvo con uno u otro disfraz, con uno u otro tropiezo, a lo largo de todo un siglo, hasta que en 1870 el proletariado parisino la enterró para siempre en la Comuna de París, el primer gobierno obrero de la historia.

Bajo la consigna de defender la democracia, imperio y oligarcas locales han derribado por la fuerza a muchos presidentes constitucionales. Mencionemos a Madero en México, Joao Goulart en Brasil, Rómulo Gallegos en Venezuela, Juan Bosch en República Dominicana, Jacobo Árbenz en Guatemala, Salvador Allende en Chile, Manuel Zelaya en Honduras. En total, entre 1898 y 1994, suman son 41 intentos de EE. UU. por derrocar gobiernos en América Latina, todos acusados de no ser democráticos. Y a esas experiencias “no democráticas” siguieron periodos de gran maltrato a los derechos humanos, periodos de decenas de miles de muertos, torturados, exiliados y otros.

¿Puede ser realmente “democrática” esta democracia sustentada sobre la desigualdad? Claro que no. No se puede someter a las mismas reglas a personas o colectivos desiguales y, menos aún, tan desiguales. No puede ser democrático un país donde los que quitan y ponen presidentes y diputados son los grandes millonarios, donde los que definen quién tiene dinero y quién no, más que el TSE, son los bancos privados.

Durante la pasada campaña, 317 beneficiarios, entre personas físicas y jurídicas, se adueñaron de 12.827 millones de colones de la deuda política correspondiente a cinco partidos políticos: Pueblo Soberano, Liberación Nacional, Coalición Agenda Ciudadana y Unidad Social Cristiana y el Frente Amplio.

(Durante años he sostenido que este sistema de deuda política en que la banca privada es quién presta—por cierto, a cambio de un altísimo descuento o ganancia para el banco, que en algunos casos ha llegado al 40%—debe ser modificada, y que el gobierno debe reservar el dinero suficiente para hacerla efectiva. Por supuesto que los que realmente gobiernan, el capital financiero y bancario, se oponen férreamente y amenazan a los partidos que quisieran levantarla. Y la amenaza no ha sido inútil: los asustan con la posibilidad de dejarlos sin dinero o entregarles solo algunos centavos a destiempo, en las últimas semanas previas a febrero).

El diputado Villata posiblemente recordará aquello que dijeron los personeros de UCCAEP a partidos en una de las campañas: “En este país se gobierna con nosotros o no se gobierna”.

¿Puede haber democracia, esa democracia neutra y abstracta, en un país donde la libertad de prensa está atosigada, tomada del cuello, en un reducidísimo número de medios que a su vez representan a un reducidísimo y riquísimo grupo de personas? Se me dirá que de nuevo recurro a la sabiduría de Perogrullo. Pues, precisamente.

¿Puede haber una democracia pura y neutra en un país donde la quinta parte más pobre de la población se las agencia con el 6 % de la riqueza nacional mientras uno cuantos miles viven como reyes? Otra verdad de Perogrullo. Un tratamiento igual, un derecho igualmente repartido entre personas diferentes o, como en nuestro caso, extraordinariamente diferentes, no puede calificarse de un trato democrático.

La “democracia” es una forma de Estado, es un instrumento en manos de las fuerzas (léase clases sociales) que tienen el poder real, el poder económico, que es en definitiva el que define todos los demás aspectos de la sociedad. Y cuando se dice poder económico lo que quiere decirse es la propiedad de los medios de producción y distribución de esa sociedad.

Un grupo reducidísimo de personas y empresas, nacionales y extranjeras, son dueñas de las tierras, las fábricas, los bancos, los medios de comunicación. Y es esa minoría la que ha sustentado esa democracia, es decir, ese poder estatal, para mantener su régimen de producción y someter a las otras clases, a la mayoría de la población, que no posee medios y que vive del salario algunas veces, y otras ni siquiera de eso.

A través de Estado, de esa democracia, ellos hacen las leyes en una Asamblea Legislativa que manejan a su antojo, nombran directa o indirectamente al poder judicial, crean y mantienen las cárceles y la policía, es decir, tienen en sus manos el poder efectivo. Eso es así aquí y en la Cochinchina, lo es hoy y lo fue desde el tiempo de Upa, y no se va a cambiar con promesas de buena conducta. Se trata ni más ni menos que de una dictadura, una dictadura de clase, disfrazada y hermoseada por coloridas elecciones y bellos discursos de tirios y troyanos. Las oligarquías, nacionales y extranjeras, ejercen el poder por medio de esa democracia tan elogiada.

Decía Claudia Sheinbaum en la reciente Cumbre de Barcelona que “no hay democracia cuando no hay opción para los pobres, para los desposeídos”. Y eso está claro. Las democracias, en buena parte del mundo, esconden un sistema de desigualdad y explotación de los pobres y los desposeídos. Y entonces defender la democracia debe pasar de dejar una simple frase y operacionalizarse en un proceso de lucha por la verdadera democracia, una que no existe y no puede existir en el presente, pero que es real en el futuro, una democracia popular. Solo entonces la lucha por la democracia puede convertirse en un instrumento en favor de los trabajadores, en favor de las masas populares y no un instrumento para apalear y domesticar al pueblo.

¿Hay alguna alternativa? Sí, sí la hay. Y consiste en que esta democracia debe desaparecer y, en lugar, debemos crear otra democracia, una que sea de los trabajadores, con otras normas y contra otras instituciones. Pero sobre este regresaremos más tarde.

Guerra y religión en Oriente Medio

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Arnoldo Mora

Entiendo por “fundamentalismo” el intento ideológico por justificar la irracionalidad debido al abuso del poder, recurriendo a una interpretación suprarracional de la acción humana, con fines éticamente inaceptables en razón de su carácter inhumano, que puede llegar a una dimensión genocida. El recurso a la divinidad o a fuerzas sobrehumanas con el fin de imponer su voluntad de manera brutal, ha sido el recurso al que suelen recurrir los déspotas de todos los tiempos. Pero el fundamentalismo, si bien de origen esencialmente religioso por sus implicaciones metafísicas, se extiende también a otros ámbitos del quehacer humano, como la economía, la tecnología o la cultura; aunque lo más frecuente es el recurso al fundamentalismo religioso para legitimar pretensiones de sojuzgamiento político con fines de explotación de recursos humanos y naturales, o de expansionismo imperial.

Tal es el caso de lo que ahora mismo estamos viendo en la más reciente guerra, la que ha librado el eje Estados Unidos-Israel contra Irán. Los primeros recurren a argumentos religiosos, ya que invocando una supuesta condición de “pueblo escogido” por Dios, les daría un supuesto derecho divino a expandir las fronteras del actual Israel para crear el “Gran Israel”, que iría del Río Éufrates en el Este hasta el Río Nilo en el Oeste. Tal argumentación pseudoteológica se fundaría, según la exégesis bíblica de los sectores fundamentalistas judíos que constituyen la base político- ideológica del régimen de Netanjahu, y los movimientos evangélicos norteamericanos representados en el gobierno de Trump por su Ministro de Guerra y por el embajador en Tel Aviv, en los dos últimos capítulos del libro del Profeta Ezequiel, que anuncia proféticamente el retorno del pueblo de Israel, exiliado en Babilonia, al reino de Judea. Valga la pena enfatizar en que la enseñanza y la valiente actitud asumida por el Papa León XIV expresa la interpretación correcta de los textos proféticos. Demás está insistir en que todos los hombres y mujeres honestos sin distingos de ninguna especie, acuerpen la posición del Sumo Pontífice. Por su parte y contradiciendo esa grotesca interpretación de los sectores fundamentalistas, el propio Talmud concibe al pueblo de Israel, no como un territorio sino como un conjunto de comunidades (“diáspora”) que conviven pacíficamente con las naciones en cuyo seno cohabitan.

Evidentemente la argumentación fundamentalista es deleznable aunque de efectos aterradores en todas las épocas, pero especialmente en la actual, en razón del carácter destructor de toda forma de vida de que está dotado el armamento moderno, debido a su aterrador poder que posee gracias al incremento de los presupuestos multimillonarios destinados al desarrollo científico y tecnológico con fines militares. Recurriendo a los drones y cohetes como armas de guerra e instrumentos para lograr lo que en la estrategia militar se solía llamar ”ablandamiento artillero” , cuyo objetivo es destruir con bombas los puntos estratégicos del enemigo (puentes, carreteras, campamentos, frentes de avanzada, centros de telecomunicación, etc.) y provocar el terror en las filas y la población del enemigo, con el fin de preparar la invasión posterior del grueso de las tropas del ejército de tierra, esta infernal estrategia militar ha servido frecuentemente para aniquilar implacablemente a la población civil desarmada e inerme, compuesta mayoritariamente por niños, mujeres, ancianos y enfermos, lo cual le ha dado un carácter infernal a las guerras modernas. Todas las guerras lo han sido siempre, pero ahora la tecnología las ha hecho monstruosamente deletéreas, hasta el punto de que el recurso al armamento atómico y a la guerra biológica podría poner fin a la especie humana. Eso hace de la guerra un mal en sí, la negación del don más precioso, cuya preservación e incremento es la razón de ser de la ética, como es la vida, no sólo la humana sino en todas sus formas y manifestaciones.

Pero la guerra o el genocidio no son un destino fatal para la humanidad. Como respuesta civilizada a la búsqueda e implementación del poder, el ser humano ha ideado la “política”, es decir, el recurso al discurso, a la palabra persuasiva basada en argumentos racionales, con el fin de provocar consensos en que se funde el ejercicio de la libertad colectiva. De esta manera, los pueblos asumen los desafíos del presente y avizoran horizontes de esperanza hacia el futuro. Para lograr tan nobles objetivos, se han creado instituciones regidas por todo un cuerpo de leyes llamado “derecho internacional” o normas que rigen las relaciones entre naciones; con ello se hace factible que el enfrentamiento dialéctico desemboque en acuerdos políticos. El derecho internacional e instituciones como Naciones Unidas, han sido creados con este objetivo. Cumpliendo estrictamente las normas del derecho internacional bajo la supervisión de organismos supranacionales a fin de cumplir los acuerdos logrados, se alcanzarán los nobles objetivos de la política. El diálogo político que no rehúye el enfrentamiento ideológico, firme pero cortés, hace del otro un interlocutor con derechos y deberes, es decir, una “persona” y no un enemigo a destruir, como en la guerra. Porque quien trata al otro como un ser infrahumano, se deshumaniza él mismo; quien trata al otro como bestia, se convierte en bestia él mismo.

Por desgracia, lo que acabo de decir lo han vivido trágicamente los pueblos de Irán y Palestina, especialmente éste último. Estamos ante la bestialidad pura, todo sustentado cínicamente en argumentos pseudoteológicos; lo cual contradice palmariamente la enseñanza original de los maestros de las que se nutren esas ancestrales tradiciones religiosas. La utopía religiosa por excelencia en las religiones sinaíticas es la paz (shalom). Pero la paz es el fruto del reconocimiento de la dignidad del otro en su condición de desvalido. Nadie como el profeta Jeremías, fundador del nacionalismo judío, lo dijo en estos inequívocos términos: “Dios es la mirada de la viuda, del huérfano y del extranjero”. Y el más grande de los profetas de Israel, Isaías, dijo esta sentencia que nunca como ahora debe aplicarse en este abominable conflicto: “La paz es obra de la justicia”.

Comunismo y democracia (1)

Escrito en . Publicado en Análisis.

Manuel Delgado

Justo días antes de asumir su curul parlamentaria, el diputado y líder del Frente Amplio José María Villalta ha querido dejar bien claro que él no es comunista. Le hace bien a él, a su partido y al país tanta franqueza.

Yo siempre he sostenido que un partido de centro-izquierda (para usar esa terminología tan ambigua pero tan de moda) es un buen actor en esta sociedad. Es más, he dicho que un partido de centro-izquierda fuerte es una muy buena noticia.

El Frente Amplio nació de la unión de un grupo de figuras provenientes que antes habían militado (incluso sido dirigentes) del Partido Vanguardia Popular, el partido comunista, y del posterior partido de Manuel Mora, Partido del Pueblo. Durante años tuvo como líder, recuérdese, a un dirigente de la vieja guardia comunista, el querido y recordado José Merino del Río. Muerto este, las nuevas generaciones fueron describiendo un lento pero seguro desplazamiento hacia el centro hasta convertirse en lo que es hoy, un partido de centro-izquierda.

Vale resaltar que por todas partes este partido mantiene en sus filas a muchos viejos comunistas y, sobre todo, a un pujante contingente de jóvenes que se dicen marxistas, incluso comunistas. En los primeros que pienso es en ellos, y siento esas declaraciones como un gran irrespeto a los que ellos, que de manera tan honesta valiente defienden muy parecidas a los de miles y miles de comunistas en el mundo, esas ideas que son también las mías. ¿Se siguen sintiendo estos representados por alguien que se desmarca de esa manera? No lo sé y creo, además, que ese es un asunto interno de su partido.

Lo importante por ahora es que esa negación del comunismo no tiene nada de repudiable. Más bien es muy útil y aleccionador, sobre todo para ese contingente de izquierda que, repito, mantienen dentro de sus filas.

El problema consiste en que esa autodeterminación se haga, como se hace, desde recurriendo a las manidas prácticas de un viejo anticomunismo que tiene muy poco de saludable. Él no es comunista, dice, sino democrático y humanista.

Lo de humanista se cae por su peso y deberíamos dejarlo pasar. Baste preguntarle: ¿Acaso no eran humanistas Manuel Mora, Carmen Lyra, Carlos Luis Fallas, Jorge Debravo y tantos otros? ¿No fue humanista el fundador de su partido, el siempre recordado José Merino del Río? Esa referencia el diputado solo tiene un objetivo: señalar al comunismo y los comunistas como contrarios al humanismo, al menos, no humanistas. Pero basta, quiero centrarme en lo de demócrata.

El nervio de esa declaración de anticomunismo se basa en la contraposición Comunismo vs Democracia. En esta materia el diputado recurre al lenguaje común, casi que podríamos calificarlo de vulgar, pues esa es el más vulgar de los argumentos del anticomunismo. Según la ideología oficial, la que nos repiten todos los partidos, medios de comunicación, escuelas, etc., es esa: o se es comunista o se es demócrata, nunca las dos a la vez.

Agrega Villalta que ellos siempre se han opuesto a los gobiernos “no democráticos” de izquierda y de derecha. Y eso está claro: él y otros dirigentes (no todos) han apoyado mociones de la Asamblea Legislativa condenando a Cuba, Venezuela y otros, porque ellos, que osan en erigirse en jueces no solo sobre asuntos del país sino del mundo entero, no los consideran democráticos. Pocos días antes de las pasadas elecciones, el candidato presidencial de su partido Ariel Robles decía que si él fuera venezolano sería de oposición y estaría o en la cárcel o en exilio. No tuvo la honestidad, por cierto, de aclarar que hay una oposición constitucional en ese país, la cual participa en elecciones y tiene representantes en los órganos del Estado. Pero sería pedirle demasiado al Frente Amplio.

Pero, seguimos. Si fueran venezolanos estarían en la oposición y en exilio, ¿dónde y con quién? ¿En Miami con Guaidó? No sabemos. ¿Con María Corina Machado, la misma que ha pedido la invasión extranjera a su país, la que apoya abiertamente el genocidio sionista en Palestina, la que puso el malhadado premio Nobel en manos de Trump, la que acaba de andar revolcándose en España con el derechista Partido Popular y, aún peor, con los fascistas del Partido Vox? ¿A esa oposición pertenecerían? Sería bueno que lo aclararan. Volveremos sobre las revoluciones latinoamericanas. Lo que aquí queda claro es que la “democracia” que se propone no puede ser abstracta, tiene que inscribirse en un contexto histórico.

Vamos ahora a lo de comunista. Por comunismo se entienden dos cosas. Una se refiere a un movimiento político o a una ideología y programa políticos. El otro se refiere a una forma de sociedad y, más exactamente, a su estructura u organización económica y social. Desde este último de vista, comunismo es lo antitético no de la democracia sino del capitalismo, es su fase posterior en la historia.

Democracia por el contrario tiene una significación más unitaria. Se refiere al ámbito político, es un fenómeno que ocurre en el ámbito político y se identifica con una forma de gobierno. Contraponer una categoría económica otra política es ya una trasgresión lógica, es hacer confusión para crear más confusión y eso no es, o al menos no debería ser, la forma de actuar de un político serio.

De allí se desprende que la oposición no es comunismo o democracia, sino comunismo o capitalismo. Oponer comunismo con democracia es una forma sutil de enmascarar una opción del capitalismo frente al socialismo.

Dice el diputado que su partido promueve la justicia social dentro del marco de la democracia y que él, en definitiva, es socialista. Y aquí, una vez más, hay que aclarar los términos. ¿Qué entiende él por socialismo? Yo por socialismo entiendo lo que se vive en Cuba o en China, o lo que se vivió en la Unión Soviética. Socialismo es una forma de organización económica y social que antecede al comunismo, que prepara las condiciones para el comunismo. Se le denomina a menudo como “primera etapa del comunismo”. Es una etapa en que los medios de producción ya no están, al menos en su mayoría, en manos privadas, sino que se hallan colectivizadas o estatizadas, pero donde todavía perviven diferencias sociales derivadas de la forma como se distribuye el producto. Para decirlo con una frase clásica, en el socialismo cada uno recibe de acuerdo con su trabajo, mientras en el comunismo cada uno recibirá de acuerdo con sus necesidades. No podemos detenernos en este asunto tan interesante y sugerente, pero sí determinar que entre socialismo y comunismo existe solo una diferencia de madurez, de riqueza social, de capacidad productiva de la sociedad.

Pero, volviendo a nuestra cuestión, ojalá fuera a eso a lo que se refiere el diputado cuando se llama a sí mismo socialista. Pero desdichadamente no lo es.

Socialismo es, por otra parte, un movimiento político nacido como degeneración del movimiento comunista. Por razones históricas, ese fue el nombre original del movimiento político comunista. También por razones históricas muy particulares, en Costa Rica el partido comunista se vio obligada a adoptar y mantener el nombre de Partido Vanguardia Popular. Asimismo, los partidos comunistas europeos asumieron, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, el nombre de socialistas o Socialdemócratas. Cuando el partido de Lenin tomó el poder en su país en 1917, se llamaba así, Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. No fue sino hasta 1918, después de tomar el poder en su inmenso país, que cambió ese nombre y pasó a llamarse Partido Comunista de Rusia.

La razón: que una parte del movimiento comunista mundial había abandonado sus posturas revolucionarias y había lanzado a un ataque sistemático contra la revolución rusa. De esa división nace movimiento socialdemócrata europeo actual y sus partidos, conocidos como movimiento socialista y partidos socialistas.

El argumento principal de esos “socialistas” era que la naciente revolución había renunciado a la democracia y que ellos preferían llevar a cabo la liberación de la clase obrera europea no por la vía bolchevique sino por un “camino democrático”. Entendían por tal camino uno que aprovechara métodos políticos de la burguesía de sus países, principalmente las elecciones parlamentarias, y que al mismo tiempo avanzara en los cambios por la vía de las reformas parciales. Por cierto, llevan más de cien años en eso de hacer reformas, más de cien años en lo que han ejercido el gobierno en gran cantidad de países europeos, y la clase obrera sigue sufriendo la misma explotación que sufrían al comienzo del siglo XX. La socialdemocracia abandonó el principio de oposición al capitalismo, el camino de la superación del capitalismo y, por contrario, se convirtió en un movimiento que se nutría de los embellecimientos del régimen capitalista. A ese movimiento internacional se afilió y sigue perteneciendo aún el Partido Liberación Nacional.

La “democracia”, pues, era la piedra de toque de la discusión y de la división. ¿Son esos los prototipos del señor Villalta? ¿El Partido Socialdemócrata Alemán? ¿O al gobernante Partido Socialista Obrero Español? ¿En ese “socialismo” se inscribe?

Volveremos sobre este punto.

La oposición se unió. Ahora viene lo difícil

Escrito en . Publicado en Análisis.

Welmer Ramos González
Economista

La Alianza puede consolidarse. Pero solo si comprende sus propios límites y actúa con inteligencia

Una alianza no se mide por su anuncio. Se mide por su impacto. Y el impacto solo se da cuando hay claridad de rumbo. El interés supremo debe ser uno solo: una Costa Rica de oportunidades reales para todos y todas. Sin exclusiones. Sin privilegios. Sin excusas.

Ser costarricense debe volver a ser sinónimo de orgullo. El orgullo de pertenecer a una sociedad que se cuida mutuamente, que entiende la interdependencia, que sabe que el bienestar colectivo es la única garantía de estabilidad duradera. No hay desarrollo posible en medio de la exclusión.

Una economía que crece sin distribuir, fractura la sociedad. Una política que promete sin cumplir, decepciona. Una alianza que duda en su propósito, fracasa. Ha de tener claro que el desarrollo no se sostiene sobre desigualdades extremas. Sin excepciones. Sin portillos. Sin privilegios ocultos.

«La política no puede seguir girando alrededor de la codicia. La solidaridad no es una debilidad. Es una fortaleza social.»

Lo que la alianza debe entender

La Alianza puede consolidarse. Pero solo si comprende sus propios límites y actúa con inteligencia. Hay áreas de acuerdo: ese es su punto de partida. Pero existen también zonas grises, espacios delicados donde no se improvisa. Ahí se prioriza. El interés superior debe ser la brújula. Sin eso, las heridas internas serán inevitables.

Debe también redefinir al adversario. Los enemigos no son los partidos. Los enemigos a vencer son problemas nacionales: la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la crisis fiscal. Cuando la política se vuelve personalista, pierde sentido. Cuando se vuelve partidaria, pierde eficacia. La ciudadanía no quiere espectáculos. Quiere soluciones.

«No todo argumento técnico es neutral. No toda propuesta es inocente. Detrás de muchas agendas hay intereses económicos que no siempre coinciden con el bienestar del pueblo.»

Los diputados y diputadas deben comprender el problema fiscal en su raíz. No basta repetir consignas. Hay que entender causas. La evasión y la elusión tributaria no son fenómenos marginales: son estructurales, y tienen rostro. Comparar con los estándares de la OCDE y Europa no es opcional. Es obligatorio.

Deben valorar el mercado interno: el 70% de la producción se dirige a él. Es el corazón de la economía. Genera el 80% del empleo. Ignorarlo es un error estratégico. Debilitarlo, un suicidio económico.

Deben salir de los despachos. La política de escritorio desconecta. Escuchar no es un gesto simbólico: es una herramienta de diagnóstico. Nadie legisla bien desde el aislamiento. Nadie comprende la realidad sin pisarla.

Y deben rodearse bien. No bastan asesores formales. Se necesitan redes de conocimiento diversas, representativas, con voces que estudien, sinteticen y cuestionen. Sin pensamiento crítico, no hay política de calidad.

Quien más insulta no es el que tiene mayor razón, es quien cierra más puertas para llegar a acuerdos meritorios.

El cargo legislativo no otorga sabiduría. Otorga responsabilidad. Nadie lo sabe todo. Reconocer los propios límites es una virtud política. Ignorarlos es un riesgo.

Redefinir el éxito social

El crecimiento del PIB no basta. Las exportaciones no bastan. La inversión extranjera no basta. Los indicadores que importan son otros: mejores salarios, menor desigualdad, mayor escolaridad, empleo formal, dignidad para las personas adultas mayores, reducción real de la pobreza. El desarrollo se mide en vidas y bienestar de las personas, no en cifras macroeconómicas.

Las crisis crónicas que no pueden ignorarse

La Alianza debe mirar de frente las pandemias sociales crónicas de Costa Rica. Sin maquillajes. Sin evasivas.

200.000+

personas en viviendas precarias, expuestas al frío y la lluvia

240.000+

personas enfrentan hambre a diario

1.000.000

costarricenses bajo sobreendeudamiento con tasas de hasta 51% anual

215.000+

personas adultas mayores sin ningún tipo de pensión

343.000+

personas esperan cirugía o cita con un especialista

567 días

espera promedio para atención médica especializada: más de año y medio

La progresividad tributaria no es ideología, es justicia. Los privilegios tributarios no pueden ser eternos, quienes los disfrutan así son parásitos de la sociedad, tienen solo derechos sin deberes.

Esto no es coyuntural. Es estructural. Y nada de esto lo resuelve el mercado por sí solo. Se requiere política pública deliberada, inteligente, sostenida y valiente.

La Alianza tiene una oportunidad. Puede ser un punto de quiebre o una anécdota más. Puede elevar la política o reproducir sus vicios. Puede devolver esperanza o profundizar el desencanto. El país observa. Y espera.

Porque al final, la política no se juzga por sus discursos. Se juzga por sus resultados. Y Costa Rica ya no tiene tiempo para intentos fallidos.

Que la Alianza Opositora encuentre la claridad, la valentía y el carácter para anteponer el bien común. Costa Rica espera de ella no promesas, sino actos. No gestos, sino transformación. La hora de la decencia y las oportunidades reales es ahora, o no será.

Cuatro años de odio y de revancha

Escrito en . Publicado en Análisis.

German Masís

La Administración Chaves está a punto de concluir y, para quien ha seguido de cerca su gobierno, resulta evidente que han sido cuatro años de odio y de revancha contra algunos sectores, grupos, personas y territorios, mientras ha gobernado para unos pocos sectores, quienes lo llevaron al poder y los que han sido sus aliados.

Pero tratemos de escudriñar las razones de su odio y su revancha hacia Liberación Nacional, hacia las universidades públicas, el CONARE, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría, la Caja del Seguro Social, el ICE, el INS, los bancos estatales y los ministerios de Educación, Salud y Obras Públicas; los empleados públicos, los sindicatos, los pensionados, los agricultores, los ambientalistas, las feministas y otras minorías; los medios de comunicación La Nación, CR Hoy y Canal 7, y a nivel territorial, la provincia de Cartago y la Gran Área Metropolitana.

En algunos casos parece claro el origen de su rechazo o resentimiento, como con el partido Liberación Nacional, que gobernó muchos años y en cuyos gobiernos su padre trabajó como empleado, teniendo que servir a personajes como los Arias Sánchez, los Figueres y otros; hacia las universidades y, en especial, con la Universidad de Costa Rica, por su paso efímero por ella y su frustración de no haber podido graduarse ahí, y el haber tenido que salir a estudiar afuera, parece haberlo marcado.

Por su parte, la Asamblea Legislativa, la Contraloría y algunas instituciones como la Caja, el ICE, el INS, Recope, la banca estatal y el mismo Poder Judicial, que fueron creadas y han sido controladas —a su entender— por el PLN, deben ser “arrebatadas” a la antigua clase política y transformadas.

En este ámbito se ubica la posición confrontativa contra Cartago, baluarte político de Liberación Nacional y de la revolución del 48, y la única provincia en la que perdió las elecciones anteriores y las recientes.

En lo que se refiere al Gobierno central, existen algunos ministerios claves que se afirma han sido manejados por los gobiernos liberacionistas, como el MEP, el MAG, el MINAE y el MOPT, y que también deben ser “rescatados”. Mientras que a los medios de comunicación que lo criticaron en su campaña, como La Nación, Canal 7 y CR Hoy, los convirtió en sus enemigos acérrimos.

En tanto, los empleados públicos y los sindicatos defensores de las personas trabajadoras son, por razones ideológicas, quienes representan la oposición al capital, a los empresarios y a la clase patronal, con la que él se identifica y a la que defiende.

En el caso de los agricultores, la divergencia ha sido con los sectores de pequeña producción y sus organizaciones, ligadas a la producción de granos y hortalizas y concentradas en Guanacaste, la zona norte de Cartago, San Ramón y Zarcero, lugares también asociados a la influencia liberacionista en el pasado.

Otro sector fuertemente asediado ha sido el ambiental y sus organizaciones, asociadas en mucho a los sectores de izquierda y progresistas del FA y el PAC.

Con respecto a los pensionados del magisterio y del sector público, su rechazo parece haber sido promovido por sus cercanos colaboradores, como la diputada Cisneros, que convirtió, desde su pasado periodístico, las pensiones de lujo en una obsesión y en el estigma permanente.

Llama poderosamente la atención la posición con respecto a los bancos estatales, creados también por el PLN y que deben ser “rescatados” por la nueva clase política mediante el control de sus juntas directivas y sus decisiones financieras. Asimismo, el movimiento cooperativo, impulsado por el PLN, ha sido tomado por el gobierno como un sector estratégico.

Un tema particular ha sido el de la Defensoría de los Habitantes y el Estado de la Nación, enemigos encontrados en el camino según el presidente.

Porque esa ha sido la constante de este gobierno: la confrontación con sus enemigos. Han sido cuatro años de un ambiente de odio, revancha y resentimiento que ha afectado nuestra paz social, pero así será recordado este gobierno.

Imagen: https://www.milenio.com/opinion/enrique-toussaint/columna-enrique-toussaint/la-revancha-del-odio

¿Circo y caridad, o políticas públicas?

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

La actividad política en Costa Rica se parece cada vez más a la presentación inicial de un gran escenario circense: exóticos especímenes circulando; maromeros y saltimbanquis brincando de aquí para allá; expertos equilibristas esforzándose por no caer; perversos lanzadores de puñales contra mujeres atadas; engendros con dos cabezas; domadores de fieras enjaulados… y por supuesto payasos (empezando por el director del espectáculo), muchos payasos de todos los tamaños y colores, azules, verdes, celestes y turquesas.

Hoy quiero abordar lo que percibo en un rincón de ese alborotado jolgorio. Me refiero a la supuesta “caridad cristiana” convertida en manipulación de la buena fe de la gente, e instrumento burdo de la peor politiquería.

Porque sí, cuando la caridad pacta con el poder político-económico, se presta para la foto y bendice a un gobierno o partido a cambio de dinero, deja de ser una misión desinteresada y altruista, para convertirse en una de las formas más peligrosas de pasar por bueno y santo, lo que está contaminado y en proceso de descomposición.

En nuestros días, sobre todo, la acumulación de privilegios como donaciones extraordinarias de gente poderosa, la traslación desmedida de recursos públicos a ciertas organizaciones, la promulgación de leyes hechas a la medida, sólo pueden terminar, tarde o temprano, mal, muy mal.

Los riesgos son muchos, desde el secretismo y la ausencia de controles y auditorías confiables (porque no se obligan las supervisiones de lo público y porque todo se hace en nombre de Dios), hasta abusos, enriquecimientos personales o de allegados, y cuidado, mucho cuidado, captación de donaciones que no se sabe con exactitud de dónde proceden y que se podrían blanquear mediante sacrosantos métodos.

Pero lo peor de lo peor en esa estrategia, muy acomodada al neoliberalismo en auge, es barrer al Estado y las políticas públicas, como agentes constitucionales imprescindibles en la atención y promoción de los sectores más débiles de la sociedad: infantes, mujeres y familias en condiciones de pobreza, marginados, jóvenes en conflicto con la ley penal. Todo para entregarlo a manos particulares que, en resumen, sustituyen las obligaciones estatales, usurpan sus funciones básicas, lavan conciencias, y por supuesto, montan el show frente a las cámaras, exhibiendo lo buenos que son, lo bien que lo están haciendo. En la gaveta queda aquello de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha (Mateo 6; 1-4) porque las enseñanzas del Evangelio también son grotescamente burladas.

Cuando pase esta ya larga noche, los costarricenses tendremos que retomar la senda de auténticos próceres y líderes políticos que apostaron por la construcción de un Estado de Derecho, de una instrucción pública de calidad para todos y todas; de leyes laborales avanzadas; de casas baratas para las familias de escasos recursos; de seguridad social y atención médica pública, financiada por los aportes solidarios de trabajadores, patronos y el propio Estado. Una estrategia de convivencia democrática que, entre otras instituciones clave, creó el Patronato Nacional de la Infancia, al que hay que fortalecer como principal recurso estratégico para la atención de la niñez necesitada, en lugar de socavarlo, sustituirlo o desfinanciarlo.

Basta ya de manipular los legítimos sentimientos religiosos de las personas con propósitos políticos, en todos los ámbitos. Debemos aprender a desconfiar de autoridades y líderes que aseguran tener línea directa con Dios, que les dicta lo que deben hacer, y que todo el que los critique o se les oponga, es poco menos que demonizado y escarnecido.

El gobierno de Rodrigo Chaves y el desempeño de KOLBI

Escrito en . Publicado en Análisis.

Gerardo Fumero Paniagua

El Sector de Telecomunicaciones del ICE inició este gobierno con la promesa de «encender el 5G»; terminó, sin embargo, sin 5G, con uno de los peores conflictos de gobernanza de su vida institucional, con su marca Kolbi superada por la competencia por primera vez y con el nivel de ingresos de 15 años atrás.

Aunque prometió celeridad, el proceso 5G se estancó por decisiones políticas y técnicas. En primer lugar, se obligó al ICE a adquirir equipos de países miembros del Convenio de Budapest, alegando “razones de ciberseguridad”, lo cual excluyó a Huawei de la competencia, generando una batalla legal y diplomática que retrasó las licitaciones, elevó los costos y destrozó la planificación.

El Convenio de Budapest es una herramienta de derecho penal y procesal, no un estándar técnico, por lo que no garantiza seguridad técnica de ninguna red, y el 5G ni siquiera existía cuando se redactó, en el 2001. Es un tratado internacional que tipifica delitos y procedimientos, en aras de armonizar las leyes penales de los países miembros y promueve la cooperación para el intercambio de información entre los países que persiguen la ciberdelincuencia. La ciberseguridad del 5G depende de protocolos técnicos (3GPP, encriptación, etc.) pero no de leyes penales, así que el argumento del gobierno no tiene ningún fundamento técnico.

En segundo lugar, las licitaciones sufrieron múltiples apelaciones y declaratorias de «desierto» o anulaciones parciales, ante un proceso cuestionado y sin transparencia, que indispuso a muchos ingenieros honestos del ICE que debieron seguir órdenes absurdas.

Pero mientras toda esa batalla legal acontecía en el ICE, Liberty y Claro avanzaron con servicios 5G, dejándolo completamente rezagado. Ironía inconcebible, porque desde el año 2019 el ICE pudo haber implementado 5G actualizando la red 4G y 4.5G de Huawei; pero necesitaba dilucidar antes la disputa por el espectro radioeléctrico que le exigían devolver, lo cual retrasó la compra.

El gobierno de Chaves resolvió el conflicto entregando parte del espectro del ICE y de Racsa, y ya con esa definición el ICE comenzó negociaciones para hacer un «upgrade» a 5G, que era la ruta correcta, pues ya conocía los equipos, tenía el personal capacitado, repuestos y una relación comercial consolidada con Huawei. Además, hubiera pagado una fracción del costo de cambiar toda la red para instalar otra, y por supuesto habría mantenido un primerísimo lugar en el mercado, adelantándose a la competencia en brindar 5G.

Pero en vísperas de ese upgrade, en agosto del 2023, la General Laura Richardson, jefa del Comando Sur de EE. UU. visitó Costa Rica y anunció una donación de $10 millones para ciberseguridad, expresando abiertamente su preocupación por la participación de China en infraestructura crítica -puertos y 5G-.

Días después, el 29 de agosto del 2023, Chaves se reunió en la Casa Blanca con Joe Biden, para discutir temas de migración, economía y, fundamentalmente, seguridad digital. El 31 de agosto del 2023 Chaves firmó el Decreto de Ciberseguridad, No. 44196-MSP-MICITT y el 4 de septiembre del 2023 se publicó en La Gaceta y entonces ¡todo cambió! Las negociaciones con Huawei se terminaron y comenzó un calvario de desaciertos hasta la fecha.

A partir de entonces, se han cuestionado las múltiples reuniones que se llevaron a cabo en Casa Presidencial y el MICITT, donde se habría diseñado la estrategia para favorecer a ciertos proveedores tecnológicos (Datasys-Cisco) con el argumento de la «seguridad nacional», lo cual no es otra cosa que una «intervención política» de una institución autónoma. En los últimos 4 años se le han adjudicado a ese proveedor $77 millones, en «contrataciones directa o procesos por excepción”.

La sumisión del ICE ha sido irresponsable y catastrófica. A inicios del 2025 su misma Auditoría Interna le advirtió que la Institución perdería competitividad total para el 2026, si no se desplegaba 5G. El resultado es que Kolbi, en el 2025 tuvo un ingreso de 533 mil millones de colones, equivalente a los ingresos del 2010, un retroceso de 15 años.

Concomitantemente, informes de la SUTEL, de diciembre del 2025, señalan que el ICE se ha quedado rezagado en la velocidad de descarga en 4G. Mientras Claro lidera ese indicador con 55 Mbps, Kölbi promedia apenas 36 Mbps y, mientras el ICE tenía un 71.8% de cobertura, -por debajo del 90% que exige el reglamento- Liberty tenía un 93%.

La gobernanza en el ICE -otra de sus debilidades- durante estos 4 años, ha sido una de las más conflictivas de su historia. La Auditoría Interna ha señalado nombramientos «a dedo» en la Gerencia de Telecomunicaciones y Jefaturas de División. Sin embargo, ante cualquier cuestionamiento, la administración central respondió no corrigiendo nada, sino cuestionado a la Auditoría y creando parálisis administrativa.

Consecuentemente, ha habido una altísima rotación en puestos clave, la Gerencia General estuvo ocupada por Luis Diego Abarca hasta el 2023, por Harold Cordero Villalobos hasta el 2026 y hoy la ejerce como recargo, el Presidente Ejecutivo, Marco Acuña Mora.

En la Gerencia de Telecomunicaciones la situación no ha sido diferente. En menos de 4 años ha habido tres jerarcas distintos: Mauricio Rojas Cartín, de enero 2020 a julio 2022, Luis Diego Abarca Fernández, de julio 2022 a mayo 2024, hasta llegar a la concentración de poder que hoy tenemos en la Presidencia Ejecutiva.

El impacto de todo este caos tiene gravísimas consecuencias principalmente en la proporción del mercado servido, en la calidad de los servicios móviles y en las finanzas. En relación con el Mercado, el ICE perdió el liderazgo a manos de Liberty, la cuota de mercado en pospago pasó de un 46% a un 35%. En relación con la Calidad, en el 2025 el ICE promediaba 36 Mbps en 4G, mientras Claro alcanzaba los 55 Mbps y la cobertura de Kolbi bajó del mínimo reglamentario. Y en relación con las Finanzas, los ingresos disminuyeron un 8% del 2022 al 2025.

El ICE mantuvo el liderazgo de los servicios móviles a pesar de la apertura del mercado, pero a este gobierno le cabe el honor de haberlo perdido, incluso para mediados de 2022, también perdió el liderazgo en los servicios de internet fijo.

La responsabilidad de esta debacle es en primer lugar, política, específicamente del Poder Ejecutivo y del MICITT. Dos hechos principales lo explican: 1) La decisión del gobierno de excluir a Huawei, lo que constituyó una barrera política que llevó a Kolbi a perder valiosos años frente a la competencia. 2) Las constantes reuniones en Casa Presidencial para dictar la «hoja de ruta» del 5G, erosionaron la independencia técnica del ICE, convirtiendo decisiones de ingeniería en decisiones políticas -corruptas-.

En segundo lugar, hay una responsabilidad administrativa que recae en la Presidencia Ejecutiva y las Gerencias del ICE. 1) La administración ha mantenido un conflicto abierto con la Auditoría Interna y en lugar de atender sus advertencias sobre la pérdida de competitividad, optó por cuestionar sus criterios. 2) El ICE perdió sus habilidades en gestión de proyectos, pues los múltiples fracasos en las licitaciones de 5G y la incapacidad de ejecutar inversiones a tiempo son responsabilidad directa de la Gerencia de Telecomunicaciones, la Gerencia General, la Presidencia Ejecutiva y el Consejo Directivo.

El irrespeto a los criterios técnico-económicos y una “administración dividida”, solo pueden conducir al fracaso. Los informes internos de la Auditoría del ICE revelaron datos alarmantes sobre la nefasta gestión de Marco Acuña Mora y su equipo: 1) Se estima que el valor de mercado de la marca Kölbi ha caído un 12% en este cuatrienio. 2) Cerca de $20 millones invertidos en equipos Huawei quedaron en bodegas debido a los cambios de criterio técnico (impuesto políticamente) por el Decreto de Ciberseguridad. Se trata de hardware y licencias de software destinados a la modernización de las redes 4G y la preparación para 5G, (Servidores y Nodos de Red, Tarjetas de Expansión y Antenas, y Licencias de Software). En contraste, el ICE ha tenido que realizar compras de emergencia y contrataciones directas (que hizo a Datasys-Cisco), para la red de transporte y seguridad, en aras de llenar los vacíos técnicos dejados por el equipo de Huawei que se le prohibió usar.

De nuevo, la respuesta de la administración del ICE no fue corregir los errores, ni enderezar la senda y mucho menos disminuir el servilismo, sino recortar el presupuesto y limitar el acceso de la Auditoría a los sistemas de datos, en un nuevo intento por silenciarla. Incluso el propio Poder Ejecutivo se tomó la molestia de presentar una denuncia penal contra Ana Sofía Machuca Flores, Jefe de la Auditoría y contra la empresa Huawei, denuncia que fue desestimada el 20 de abril del 2026, por el Juzgado de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José.

En el interín han sucedido una serie de actos espurios: 1) Se cuestionan visitas de proveedores tecnológicos específicos a Casa Presidencial que no pasaron por los canales oficiales de la Proveeduría del ICE. 2) El gobierno mantuvo una presión constante sobre la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, para acelerar la adjudicación del espectro para 5G. Finalmente se le adjudicaron a Liberty y a Claro 20 MHz en la Banda de 700 Mhz, 50 MHz en la Banda de 2.3 GHz, 100 MHz en la Banda de 3.5 GHz y 400 MHz en la Banda de 2.6 GHz. 3) La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa ha evidenciado que el ICE no tenía un plan de negocios real para recuperar la inversión en 5G con el nuevo equipo; por supuesto, si le fue impuesto por el gobierno en término de días a la Presidencia Ejecutiva, que gustosa lo aceptó. 4) También se denunció en esa Comisión que el retraso -intencional o por impericia técnica- le ha costado al país un 0.5% del PIB por falta de conectividad de alta velocidad.

De modo que tal desastre solo puede ser responsabilidad, primeramente, de la jerarquía política: 1) El Poder Ejecutivo, por imponer un cerco tecnológico, el Decreto de Ciberseguridad, (en defensa de espurios intereses comerciales de allegados e inversionistas en su campaña política cuando el presidente fue candidato), sin medir el impacto financiero en el ICE y priorizando la geopolítica sobre la viabilidad de la Institución. 2) La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana y la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, MICITT, Paula Bogantes Zamora, quienes también firmaron dicho Decreto.

En segundo lugar, de la jerarquía administrativa del ICE: La Presidencia Ejecutiva, la Gerencia General y la Gerencia de Telecomunicaciones, que, siguiendo órdenes irracionales y financieramente suicidas, en vez de defender la autonomía técnica de la Institución, como les correspondía, se condujeron con sobrado servilismo y prefirieron entrar en un conflicto estéril con la Auditoría, que muy valientemente se atrevió -contra todo ellos-, a defender la Institución. Finalmente, la Gerencia de Telecomunicaciones se lució por su ineficiente ejecución de los carteles de licitación, que facilitaron constantes apelaciones y atrasos.

En resumen, en este cuatrienio Kolbi pasó de liderar el mercado móvil, con un 41% en el 2022, a un 37% en el 2025, dejó de percibir unos $120 millones en ingresos por servicios 5G, pasó de ser el referente de innovación a convertirse en un operador que «corre detrás» de la competencia -con Liberty liderando el mercado total con un 40.15%-, y con un nivel de ingresos de hace 15 años.

El poder brinda consigo mismo – Cuando el becerro de oro entra al palacio, la impunidad deja de esconderse: celebra

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Esta transición de un gobierno a otro muestra mucho más que una simple continuidad política. Son dos gobiernos del mismo grupo que solo se intercambian puestos entre sí, y no parece abrirse, por ahora, espacio alguno para el sosiego. No estamos solo ante la crisis descrita como la pugna entre un orden que se desmorona y otro que no termina de nacer, allí donde emergen los demonios. Parecemos asistir, más bien, al desplazamiento de un orden legal y moral sostenido —con todas sus fallas y limitaciones— en la razón pública, el derecho y cierta cultura cívica, hacia una política entregada a la exaltación de las pasiones bajas, la impunidad y el culto al poder.

Esta última semana de abril de 2026 ha sido paradigmática de ese derrumbe moral de la gubernamentalidad costarricense. El Poder Ejecutivo, sus diputados y las fracciones legislativas que se proclaman cristianas —entre ellas, desvergonzadamente, algunos elegidos por el PUSC y el PLN o facciones minoritarias— han levantado un escudo inmoral para proteger a un diputado acusado de presunto acoso sexual. Todo ello deja ver algo más grave que un hecho circunstancial: una corte de silencios cómplices alrededor de quienes predican moral mientras negocian indulgencias.

Si ello es así, para desgracia del país no se ha instaurado solo una nueva “red de cuido”, como inadvertidamente se ha dicho. Se perfila una alianza político-religiosa de encubrimientos, favores mutuos y prebendas a costa del tesoro público. Como en un banquete idolátrico, donde sumos sacerdotes y reyes alzan juntos la copa, se confunden culto y privilegio, fe y dominación. No es solo decadencia política: es sacrilegio cívico.

En esa transición inmoral se desata una avalancha de ambiciones personales y perversiones de la fe que aruina la cultura cívica. Se expresa no solo en la permisividad de los gobernantes, sino en el aplauso de una parte del pueblo y la resignación de otra. Es como si el becerro de oro hubiera regresado, ya no como imagen bíblica sino como tecnología del poder.

Lo ocurrido no es un episodio aislado. Ya se había practicado ese mismo culto de encubrimiento al intentar resolverse dos informes acusatorios contra el presidente de la república. O sea esto parece formar parte de una cultura autoritaria donde abuso e impunidad se entrelazan. Como revelaron otros escándalos globales y sexuales —el caso Epstein es apenas un emblema— estas tramas muestran cómo favores, encubrimientos e influencia mediática pueden operar como economías clandestinas del dominio. También aquí asoma esa lógica: no simples excesos individuales, sino estructuras de protección mutua. Lo peor de lo peor, es el tipo de supuestos delitos que se dan el derecho de encubrir: corrupción y abuso sexual.

Es una señal gravísima. Hay una semiótica política que hace una peligrosa mezcla sexo y. lujuria del poder. Y, sin embargo, no provoca la respuesta cívica que cabría esperar en una sociedad, al parecer, culta. Más bien parece extenderse una suerte de adormecimiento lascivo, una fascinación por el espectáculo grotesco del poder. Pesa más el embrujo de los gestos mediáticos del presidente que la defensa de los derechos, de las instituciones y que los problemas reales de la vida cotidiana.

La oposición, por su parte, sigue tímida. Con un recato excesivo, no ha sabido plantar cara a estas mancuernas del poder. Tampoco las fuerzas sociales; los sindicatos brillan por su silencio; y la intelectualidad —honestamente, no sé en qué ni dónde estamos— parece haberse retirado de escena, excepto la mediática. Pero llega un momento en que callar también es participar del festín. No basta con la indignación en tiktok.

Y es precisamente de ese festín del que hay que levantarse. Que no nos sienten en esa mesa. No.

Porque cuando el poder celebra en torno a la gran copa, cuando sacerdotes del orden y reyes de ocasión brindan juntos por su propia absolución, ya no estamos ante una crisis política cualquiera: estamos ante la idolatría del poder.

Y frente a la idolatría, no basta administrar el desencanto; hace falta volver a la movilización efectiva y a la insumisión cívica. (*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.