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Crisis de gestión y proceso electoral entre el conflicto y la inseguridad

El Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense de la Universidad Nacional, coordinado por el máster Carlos Carranza Villalobos junto a un equipo de investigadoras y asistentes, presentó su informe del trimestre de setiembre de 2025 y la conferencia de prensa titulada Crisis de gestión y proceso electoral: entre el conflicto y la inseguridad. Ambos materiales ofrecen un panorama crítico de la realidad nacional, en un momento marcado por la fragilidad institucional, el deterioro de la gestión gubernamental y la intensificación de la inseguridad en la antesala de las elecciones de 2026.

El informe señala que el estilo de gobierno actual, encabezado por el presidente Rodrigo Chaves Robles, se ha caracterizado por un discurso confrontativo y por acciones orientadas a debilitar los contrapesos democráticos. Se evidencian intentos de limitar el control político, cuestionamientos al poder judicial y a la Contraloría, así como tensiones con la Defensoría de los Habitantes en temas de política carcelaria y migratoria. El documento advierte que esta estrategia se acerca a lo que la literatura politológica denomina “populismo delegativo”, en el que el mandatario se presenta como representante del “pueblo” para justificar cambios en las instituciones a su conveniencia.

En la relación con la Asamblea Legislativa, el análisis identifica un clima de confrontación marcado por discursos beligerantes, aunque con menos uso de vetos formales en el último trimestre. Las tensiones entre el presidente y el presidente legislativo Rodrigo Arias se intensificaron en torno a la renuncia del vicepresidente Stephan Brunner y las discusiones sobre el fuero presidencial, lo que refleja un escenario inédito en la política costarricense reciente.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también es protagonista en este periodo. El organismo advirtió al presidente por manifestaciones que afectan la equidad del proceso electoral y le prohibió usar símbolos vinculados a partidos políticos en actividades oficiales. Al mismo tiempo, la coalición que agrupa a fuerzas oficialistas muestra fracturas internas, mientras alcaldes y alcaldesas de distintos partidos han decidido sumarse al rodriguismo, generando un reacomodo del mapa político hacia 2026.

En materia de política exterior y derechos humanos, el informe subraya la creciente subordinación a la política estadounidense, evidenciada en la aceptación de personas deportadas desde Estados Unidos en condiciones precarias y en el alineamiento con las políticas punitivas de seguridad y migración promovidas por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. En este marco, se solicitó un presupuesto cercano a los 8 000 millones de colones para la construcción de un nuevo centro penitenciario, lo cual implicaría recortes a instituciones sociales como FODESAF.

La política hacendaria ocupa un lugar central en el análisis. Se destaca la pérdida de más de ₡2 billones anuales por exoneraciones tributarias que benefician principalmente a sectores de mayores ingresos, lo que acentúa la inequidad fiscal. Además, la modernización de Hacienda Digital presenta atrasos y deficiencias de gestión, mientras que la transferencia del 1 % adicional del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) fue condicionada a la aprobación de eurobonos, situación criticada por las universidades públicas.

El ámbito educativo sigue marcado por el rezago acumulado desde la pandemia. Más de un millón de estudiantes regresaron a clases con brechas significativas, mientras persisten problemas de infraestructura y carencias en materiales. Aunque el Ministerio de Educación Pública anunció una nueva ruta de recuperación y programas de capacitación docente, la falta de resultados inmediatos genera desconfianza social. La negociación del FEES 2026 concluyó con un aumento del 1 %, lo cual se percibe como un congelamiento en un contexto de creciente demanda y necesidades del sector.

En lo ambiental, se advierte un retroceso institucional con la decisión del gobierno de retirar el apoyo a la Agenda 2030 antes de la Cumbre de los Océanos, debilitamiento de órganos como el MINAE y el SINAC, y una política orientada a la flexibilización normativa. Se registraron incrementos en la tala ilegal y se autorizaron exportaciones de aletas de tiburón martillo, mientras se mantienen recortes presupuestarios al sector ambiental. Estos hechos ponen en tensión la histórica imagen de Costa Rica como país líder en sostenibilidad.

El informe también subraya los retos en competitividad e innovación. Si bien el gobierno impulsa la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial y la red 5G, los procesos enfrentan retrasos y conflictos políticos, además de una dependencia creciente de la cooperación y los intereses de Estados Unidos. Esta orientación plantea interrogantes sobre la verdadera soberanía tecnológica y sobre quién se beneficiará del acceso a las nuevas tecnologías.

En el campo de género y derechos humanos, se identifican patrones de reclasificación, reconfiguración y retroceso en las políticas públicas, que se tornan más restrictivas y vulnerables a la improvisación. La sociedad civil, aunque fragmentada, busca recomponerse frente al debilitamiento de derechos y al incremento de la violencia, en un contexto donde la inseguridad se consolida como el principal desafío para la democracia costarricense.

El capítulo sobre comercio exterior resalta la necesidad de diversificar mercados y superar la dependencia histórica de los Estados Unidos. A pesar de los intentos por abrirse a Asia y otras regiones, el país enfrenta nuevas barreras arancelarias que afectan sectores estratégicos como la agricultura y los dispositivos médicos.

Finalmente, el informe enfatiza que la seguridad pública atraviesa un momento crítico. El crimen organizado supera las capacidades institucionales actuales y la ausencia de un plan integral limita la respuesta estatal. El llamado es a articular políticas coordinadas y con financiamiento suficiente, que garanticen condiciones adecuadas de vida y convivencia social.

Los desafíos de una democracia en crisis

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora, profesora catedrática jubilada
Universidad de Costa Rica

Costa Rica frente a la amenaza populista neoconservadora – algunas reflexiones

Costa Rica, una de las democracias liberales más longevas del continente, no logró escapar a la marejada populista neoliberal y hoy ve amenazadas las conquistas sociales que aún sobreviven, con la llegada al gobierno de Rodrigo Chaves Robles, un advenedizo de la política, que regresó al país después de 30 años de ausencia. ¿Cómo llegó el país a este punto?

La brecha social abierta por los ajustes estructurales y la austeridad fiscal dejó a miles de jóvenes al margen de la educación y del empleo formal. Esa misma generación resultó ser la más afectada por la pandemia, que, por así decirlo, le dio el tiro de gracia a esos jóvenes que hoy forman parte de los grupos sociales a los les dejó de importar la suerte de una democracia que no les atiende sus necesidades educativas ni les resuelve sus problemas de empleo.

La crisis socioeconómica que padece Costa Rica se ha visto agravada recientemente por las vinculaciones de figuras de la administración Chaves Robles con narcotraficantes cuya extradición reclama la DEA.

Las elecciones del año 2022. Fin de una época.

La convocatoria electoral de febrero del 2022 fue recibida en medio de una gran apatía ciudadana. Las frustraciones heredadas de la anterior administración del Partido Acción Ciudadana (PAC) fueron la gota que derramó el vaso de agua. El presidente saliente, Carlos Alvarado Quesada, con su estilo elitista y excluyente y, más aún, habiendo dejado sin resolver problemas esenciales como el aumento de las desigualdades sociales y la creciente inseguridad ciudadana, terminó debilitando aún más al sistema democrático costarricense. No obstante, la peor herencia de esa administración podemos resumirla en la aprobación de tres leyes francamente nefastas:

a) La llamada Regla Fiscal, una ley aprobada en el 2018 que contrajo drásticamente las inversiones del Estado, con las consiguientes repercusiones en la baja calidad de los servicios públicos y, especialmente, en las condiciones laborales de los empleados del Estado. La aprobación de esa ley provocó una larga huelga de los empleados públicos que desgastó notablemente tanto al gobierno de Alvarado como a los sindicatos del sector estatal.

b) En respuesta a aquella importante huelga, la administración de Alvarado promovió otra ley que denominó Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, popularmente conocida como la ley anti- huelgas. Esa ley contenía una reforma al Código de Trabajo para limitar el derecho a la huelga del personal del Estado.

c) En el año 2022 se aprobó una tercera ley, también en contra de los empleados del Estado, denominada Ley Marco de Empleo Público, con el objetivo de crear lo que se denominó el salario global. Con esta ley se eliminó para los nuevos empleados públicos, todas las conquistas obtenidas previamente, a través de la negociación de convenciones colectivas en las diferentes dependencias del Estado.

Esas leyes contaron con el apoyo legislativo de la fracción oficialista del PAC, con la del PLN y con la del PUSC. Así, el amargo sabor de la derrota vino a profundizar el escepticismo y el resentimiento ciudadano. El bipartidismo terminaba así de cavar su propia tumba.

En febrero de 2022, en un ambiente tan tenebroso y desalentador, la ciudadanía costarricense llegó a las urnas con una larga lista de candidatos presidenciales, veinticinco en total (PEN, 2022). Sin embargo, los resultados no fueron suficientes para elegir al siguiente mandatario, dado el alto abstencionismo y la dispersión de la voluntad de los votantes que asistieron a las urnas. Los partidos finalistas fueron el PLN con un 27,36% y el PSSD con un 16,67% (TSE, 2022).

En la segunda ronda, el ganador fue el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) un partido de reciente fundación, prácticamente desconocido. Su candidato fue Rodrigo Chaves Robles, quien resultó ganador con un 52,84% de la votación, frente al desprestigiado candidato liberacionista, José María Figueres Olsen, que pretendía reelegirse pues ya había ocupado la silla presidencial entre 1994 y 1998.

Chaves Robles había regresado a nuestro país en el año 2019 para desempeñarse como ministro de Hacienda del gobierno saliente. Por entonces, tenía más de treinta años de vivir fuera de Costa Rica, se había ido a estudiar a una universidad estadounidense y luego se desempeñó internacionalmente como un funcionario del Banco Mundial, lo cual le había impedido darle un seguimiento cercano al desarrollo de nuestro país durante más de tres décadas. Al parecer, aún no había podido calibrar con detalle los profundos cambios políticos y culturales que el neoliberalismo había provocado en nuestra sociedad. Su dominio de las cifras macroeconómicas no le resultó suficiente para tener un panorama claro de la nueva coyuntura política costarricense.

Existe otro elemento de carácter coyuntural que ha tenido grandes repercusiones en el estilo del gobierno actual. A su regreso a Costa Rica, Chaves se asoció con una persona muy conocida y polifacética a nivel nacional, la periodista Pilar Cisneros Gallo, de origen peruano pero naturalizada costarricense. Desde muy joven, ella ha hecho su vida en nuestro país, estudió Ciencias de la Comunicación en la UCR y se radicó aquí, definitivamente, lo cual le ha permitido tener un gran conocimiento del ser costarricense. Su rostro ha sido uno de los más conocidos de la pantalla chica, pues fue presentadora por largos años del noticiero del Canal 7, el más antiguo del país. De esta manera, su rostro quedó grabado en las pupilas de toda la nación.

Diversos desencuentros acumulados durante su paso por los medios costarricenses, al parecer, habían dejado en Cisneros algunos resentimientos no resueltos y, desde entonces, la han convertido en una clara adversaria de la mayoría de los medios de la prensa nacional. Curiosamente, ese ha sido el aporte más singular que ella le ha dado al desempeño y, sobre todo, al discurso oficial del presidente. Con un estilo verbal muy similar al de Cisneros, muy pronto Chaves Robles también le declaró una guerra sin tregua a los grandes medios del país, guerra que se plasma cada día con su descalificación verbal, al llamarla reiteradamente prensa canalla. Sin obviar los intereses más o menos oscuros que representan esas empresas, lo cierto es que el discurso tan agresivo del presidente ha generado otras fuentes de polarización social, cuyos motivos no siempre están claros para la ciudadanía.

El triunfo electoral de Chaves en el año 2022 no lo pudo acompañar de una fracción legislativa robusta que le facilitara sus aspiraciones autócratas. Al contrario, sus resultados fueron muy pobres, pues conquistó solamente 10 de las 57 curules que componen la Asamblea Legislativa. Precisamente, ha sido Pilar Cisneros la diputada que ha manejado esa fracción y, a menudo, es ella quien también le ha creado un ambiente de gran agitación e irrespeto a las sesiones legislativas, secundando a su presidente.

Aún más, ese discurso irrespetuoso y polarizante, tanto de parte del presidente Rodrigo Chaves como de su asesora número uno, Pilar Cisneros, lo han hecho extensivo contra los partidos políticos que los adversan, en especial contra el Frente Amplio, el único representante de la izquierda costarricense en la Asamblea Legislativa. Algo parecido hace con los diputados de los otros partidos tradicionales, a quienes acusa de ser representantes de las viejas élites compuestas por quienes él denomina ticos con corona. Con ese lenguaje populista, el objetivo permanente de la presidencia es polarizar a la ciudadanía frente a los partidos tradicionales y otras organizaciones sociales, especialmente contra los sindicatos del sector público.

A todo lo anterior se suman las redes sociales controladas por el presidente y manejadas con la asesoría de la diputada Pilar Cisneros, lo cual ha convertido el ambiente nacional en un entorno muy tóxico y poco estimulante, lo cual mantiene a ciertos sectores en alerta constante o, peor aún, con un desinterés crónico respecto a los grandes retos que amenazan a la sociedad costarricense.

Las actitudes obsesivas del presidente Chaves, al pretender concentrar todo el poder en sus manos, ha sido el aspecto más desestabilizador del equilibrio de poderes en el seno del Estado. Ya son tres años de reiterados desencuentros con el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Además, mantiene confrontaciones sistemáticas con el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, instituciones indispensables para que el sistema de pesos y contrapesos garantice la estabilidad política.

Todo lo anterior permite asumir que, en Costa Rica como en otros países latinoamericanos, asistimos al asentamiento de un régimen populista de derecha, cuyo objetivo principal es tratar de marginar a la histórica burguesía empresarial -las viejas élites las denomina Rodrigo Chaves- para constituir su propia élite, rodeado de algunos hombres y mujeres con gran poder, no siempre acumulado con el trabajo honrado, como veremos más adelante.

La grave amenaza del narcotráfico y sus repercusiones sociales y políticas

Hoy día, a menos de un año de terminar la administración de Rodrigo Chaves, el problema más alarmante es el incremento del tráfico de drogas. Aunque este no es un fenómeno nuevo, pues desde los años ochenta ya Costa Rica era un sitio de paso de la cocaína y otros estupefacientes rumbo a Estados Unidos, en la actualidad el problema se ha agravado porque nuestro país se ha convertido en un sitio de almacenaje de diversas drogas, cuyo destino final no solamente es América del Norte sino también Europa.

En torno a la administración actual, giran ciertas dudas sobre la efectividad de su intervención para detener este enorme flagelo. Algunas cifras despiertan grandes interrogantes. Por ejemplo, según los datos reportados por el Instituto Costarricense de Drogas (ICD), a mayo de este año los decomisos de cocaína han caído un 28%, cifra que representa el segundo nivel más bajo de decomisos en los últimos diez años (Semanario Universidad, 02/07/2025, p.4).

Este fenómeno coincide con una serie de cambios y reacomodos en los cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos en el Sistema Nacional de Guardacostas y en la Policía de Control de Drogas, (Semanario Universidad, 02/07/2025, p.5), cambios que, en criterio de algunos diputados de la Asamblea Legislativa, especialmente del izquierdista Frente Amplio, han facilitado el incremento tan marcado en el tráfico de estupefacientes.

A esto se suma la aparente vinculación de algunos miembros del gabinete presidencial con personas como el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, ex ministro de Seguridad y exfiscal en otras administraciones, el señor Celso Gamboa Sánchez, hoy acusado por la DEA de Estados Unidos de ser un vínculo importante en Centroamérica con el Cartel del Golfo de México. Actualmente, el señor Gamboa guarda prisión en Costa Rica, en espera de su extradición para ser juzgado por narcotráfico en un Tribunal de Texas en Estados Unidos (La Nación, 27/7/2025, p.4).

Al mismo tiempo, se está produciendo un notable incremento de la pobreza y la marginalidad en el país. A menos de un año de que termine el gobierno de Chaves Robles, el balance que puede hacerse de esta administración es claramente desfavorable. La desigualdad social se ha profundizado seriamente, sobre todo en los ámbitos de la salud y la educación públicas. Por ejemplo, datos recientes señalan que el 40% de la población costarricense carece de atención médica por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Paralelamente, la privatización de los servicios de la salud experimenta una expansión evidente.

Otro aspecto que ilustra nuestros señalamientos es el hecho de que en este momento el 20% de los jóvenes entre 15 y 25 años no logra estudiar ni trabajar (La Nación, 05/06/2025, p.p.4 y 5). Este dato es más contundente si tomamos en cuenta que en el año 2010, esa cifra alcanzaba al 10,6% de la juventud, la mitad de estos jóvenes costarricenses que hoy están expuestos a tantos riesgos (PEN,2023 P.74).

El rostro más tenebroso de todo esto se palpa a través de las crecientes cifras de ajusticiamientos y sicariato. En el año 2023, por ejemplo, se contabilizaron 340 organizaciones criminales y 200 personas plenamente identificadas dedicadas al sicariato. Según datos de la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entre los años 2012 y 2022, en Costa Rica se incrementó la tasa de homicidios en un 66% (Diario El Observador, 15/11/23). Por otra parte, el año 2023, se convirtió en el más sangriento de los últimos tiempos, con 907 homicidios, en una población de alrededor de cinco millones de habitantes (El País, 26/2/24). Tómese en cuenta que la gran mayoría de esos homicidios han ocurrido dentro de la población más joven del país, aquellos que se ubican entre los 15 y los 25 años, lo cual deja claro que el sicariato es el oficio en el que se desempeña ese 20% de la población juvenil que no tiene oportunidad ni de estudiar ni de desempeñarse en un trabajo digno.

Como vemos, no son buenos tiempos para Costa Rica. El riesgo de convertirse en un narco estado es una amenaza latente y con una fragmentación tan acentuada entre los tres poderes de la República, el panorama resulta aún más complejo. Se suman a ello, como señalamos, las pésimas relaciones del presidente Chaves Robles con los principales medios de comunicación, lo cual ha provocado serias amenazas a la libertad de prensa, de lo cual ya ha tomado nota la organización de Reporteros sin Fronteras (DW.com. José Ospina, Valencia, 31/07/2023). Algo parecido ocurre con respecto a las universidades públicas, las cuales han venido sufriendo violaciones de diversa índole por parte del Poder Ejecutivo, en ámbitos como su financiamiento y su autonomía institucional.

Por si no fuera suficiente, la crisis del gobierno de Chaves Robles se ha profundizado de una manera preocupante en las últimas semanas. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia, con el voto de 15 de sus 22 magistrados, acordó solicitarle a la Asamblea Legislativa que decida si suspende, o no, la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves para que enfrente una acusación penal por el presunto delito de concusión en el manejo de un préstamo bancario con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) (Confidencial.digital, 6/7/225)

Esta situación implica una grave amenaza a la estabilidad nacional, nunca vivida en Costa Rica a lo largo del último siglo. Tómese en cuenta, además, las malas relaciones del presidente con la Asamblea Legislativa y que su fracción parlamentaria se ha reducido a solo ocho diputados, del total de los cincuenta y siete que la componen. ¡Una seria crisis parlamentaria parece estar muy cercana! Agréguese a ello el hecho de que el presidente Chaves aún conserva, según diversas encuestas, el apoyo de más de la mitad de la población.

Será a mediados del próximo mes de setiembre cuando la Asamblea Legislativa decida al respecto. Si llegara a aprobarse la petición de la Corte Suprema de Justicia, el panorama político y electoral que se avecina será muy incierto, sobre todo porque el delito de concusión debe pagarse con cárcel.

Quizá, el único aspecto positivo de esta crisis tan grave es que, ella misma, pueda convertirse en una prueba certera que obligue a la sociedad costarricense a repensar, seriamente, los cambios más urgentes que el modelo político costarricense requiere. Porque necesitamos superar esta dolorosa experiencia populista, este gobierno autocrático, neoconservador, irrespetuoso de los pesos y contrapesos que se necesitan para vivir en un país más justo. Asimismo, ha sido una experiencia que debería arrancarle la venda de los ojos a los sectores dominantes, esos que han manejado a los partidos políticos tradicionales al compás de los dictados de los organismos financieros internacionales. En fin, no solo estamos en una época de cambios profundos. También asistimos a un cambio de época en la vida de nuestro país.

Julio, 2025

Notas sobre el gobierno Chaves Robles (3)

Walter Antillón

Este escrito consta de tres partes: 1) Magia, saber y poder político; 2) El presidente Chaves y su modo de gobernar; y 3) Los delitos del presidente Chaves.

II.- El presidente Chaves y su modo de gobernar

La persona

Paradójicamente, del presidente Chaves tenemos hoy muchas referencias y múltiples, variadas impresiones, recogidas en los últimos cuatro años; pero podríamos decir que todavía lo estamos conociendo, por el simple hecho de que pasó toda su vida adulta fuera del País.

Don Rodrigo Chaves ha repetido una y otra vez que ama al pueblo de Costa Rica y que está gobernando en su beneficio; y en su oratoria de campaña se puso frecuentemente en los zapatos de la “señora de Purral”, es decir, de un prototipo de mujer de pocos recursos, que vive en un barrio modesto de la periferia y soporta como puede los vaivenes de la economía.

Habla sentenciosamente, con acento popular y aparente coherencia: oyéndolo perorar durante la campaña, cualquiera hubiera pensado que es un moderno Cincinato, un Pepe Mujica, contenido y austero: pero más allá de las palabras, lo cierto es que por ningún lado se le ven al señor presidente trazas de ser un creíble luchador con vocación de justicia en favor de los pobres:

  1. ni por su pasado de burócrata internacional, ausente del País durante un treintenio, al servicio de una entidad bancaria que ha sido reiteradamente señalada como culpable (junto al FMI y otros tinglados semejantes) del estancamiento económico del Tercer Mundo;

  2. ni por su conducción como alto funcionario, finalmente condenado y sancionado en el propio Banco Mundial por comportamiento inapropiado;

  3. ni por su presente de millonario, rodeado de lujo y aislado en una residencia de un millón de dólares, no en Purral de Guadalupe, sino en Monterán de Curridabat;

  4. ni por sus opciones y su praxis inequívocamente neoliberales, de cuño banco mundialista;

  5. ni por su entorno: una cúspide de millonarios que fueron los principales financiadores paralelos de su campaña electoral, y son ahora parte del círculo permanente de sus allegados y colaboradores. Entre ellos figuran: Jack Loeb, del Banco Prival; Calixto Chaves, de Pipasa; José Pablo Chaves, de la Sociedad Portuaria de Caldera; Esteban Ramírez, empresario de autobuses; Bernal Jiménez, de Mercadeo de Artículos de Consumo S.A; Arnoldo André, de Ata Trust Co.; Ana Catharina Müller, de las universidades Castro Carazo y Ulacit; etc.

Acompañado el presidente de tan homogénea ‘compaña’, sólo quien cree en milagros puede pensar que de allí surgirá una política a favor de los pobres, de la seguridad social y de la educación pública. Porque ¿cuál de esos señores ha mostrado una tan siquiera tibia militancia al servicio de la justicia social y del Estado social? Por el contrario: lo que hemos podido saber, porque es público y notorio, es que, ya en el poder el presidente Chaves Robles, sendas disposiciones gubernamentales no tardaron en favorecer los intereses de José Pablo Chaves en Caldera, de Bernal Jiménez con el arroz importado; y de Esteban Ramírez Biolley con el régimen de los autobuses (¡pura casualidad! dicen que dijo el presidente).

La popularidad del presidente

Partiendo de que en 2022 el total de votantes del Padrón Electoral era 3.570.807, y habiendo votado poco más de 2 millones en la 2ª vuelta (3 de abril), el presidente Chaves ganó con una cifra por debajo del 36 % del Padrón: poco menos de 1 millón de votos.

Pero lo espectacular fue que en agosto de 2022 el respaldo a su gobierno había crecido hasta alcanzar un 79 % (es decir: ¡2 millones 821 mil personas!); aunque también es verdad que tres meses después (en noviembre) había descendido a 68 %, y nueve meses después (en mayo de 2023) era del 63 %.

En todo caso, el insólito boom es digno de atención ¿Qué había pasado, específicamente, en esos primeros meses de gobierno? Respondo con cierto simplismo: me parece que lo ocurrido fue que una buena parte de los que se abstuvieron de votar en la segunda vuelta, más un grupo que votó resignadamente por Figueres por temor a lo desconocido, se sumaron al millón que le dio el triunfo al presidente Chaves en esa segunda vuelta: ¡ahí tenemos ese espectacular 79 %!

¿Por qué lo hicieron? No olvidemos que suman multitudes los ticos que vienen arrastrando un creciente descontento contra todos los gobiernos anteriores; de modo que, consumado el triunfo del nuevo presidente, se da un movimiento espontáneo de acercamiento que éste sabe aprovechar con gran habilidad: proyecta una figura fuerte, un felino poderoso (el Jaguar); denuncia con claridad y contundencia todo aquello que la gente ha empezado a detestar: las administraciones anteriores, sospechosas de fracaso y corrupción. Y sobre estas montañas de negatividad, un personaje nuevo, incontaminado, ofrece sus promesas con gran poder de seducción.

El programa de intenciones y actividades era rico y variado:

Atender a los niños que están en V año y no saben leer.

Me comprometo a nunca recurrir a la violencia

Construir un mega puerto.

Intervenir el A y A de manera inmediata

Poner a CR en el camino del progreso.

Frenar a los monopolios privados

Dar tutorías de manera urgente

Echar a andar una política sobre desechos sólidos

Utilizar la democracia participativa

Actuar contra la tramitología: la ventanilla única.

¿Quién se iba a poner en contra de esto?

El verdadero triunfo popular del presidente Chaves no es en abril, sino en agosto de 2022: es entonces cuando una multitud lo adopta, le entrega su confianza, decide apoyarlo y, consecutivamente, lo idealiza. Esta decisión masiva es altamente irracional, porque del misterio sobre la persona de Rodrigo Chaves lo único que sus adversarios se han esforzado en difundir es un hecho negativo: el escándalo sexual en el Banco. Había qué preguntar ¿quién es, realmente, Rodrigo Chaves Robles? ¿Cuáles son sus auténticas creencias, sus propósitos finales, sus vínculos más poderosos? Está comprobado que no le gustan los controles: el control político de la Asamblea; el control financiero-contable de la Contraloría; el control jurídico-constitucional del Poder Judicial. Y este odio a los controles ha determinado su forma de gobernar.

Pero a la gente que ahora lo sigue, que lo ha revestido de grandes virtudes y que le otorga un respaldo tendencialmente incondicional, aquellos temas le han parecido irrelevantes, como tampoco ha dado importancia a otros acontecimientos igualmente trascendentes. Es la apoteosis del pensamiento mágico.

Preámbulo bélico

Hay que entender que las peripecias de la política nacional ya mencionadas, y las que vamos a analizar después, sólo serán comprensibles si se las sitúa en su contexto internacional. Hoy el Mundo atraviesa momentos de máxima crispación, no menos cruciales que la crisis de los misiles soviéticos en tiempos de Kennedy. Ello ha provocado en muchos niveles de relaciones una renovación de lealtades, y nuestro Gobierno ha tomado sin dudarlo el bando de Trump y Netanyahu, junto a Bukele, Milei y Noboa. Pero es una decisión que, a la recíproca, va a terminar de garantizar el éxito crediticio del presidente Chaves con las agencias financieras internacionales que dependen del Departamento de Estado; es decir, en el Continente Americano, prácticamente todas. Y la holgura financiera en la que ya está nadando el Gobierno ha sido pensada para apuntalar oportuísticamente la campaña política del presidente para las próximas elecciones. ¿Nos atropellará de nuevo la geopolítica?

Estamos ante una novedosa modalidad de aquella Guerra Fría que tuvo sus inicios en 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, y que se prolongó por más de 50 años; porque también en aquellos años vimos a Reagan volcarse en apoyo de Luis Alberto Monge para arrinconar a Nicaragua; y posteriormente, ya en el siglo XXI, vimos a Bush junior, sus diputados y su secretaria de Comercio volcarse en apoyo de Oscar Arias para conseguir la aprobación del TLC.

América Latina está dividida, y Marco Rubio nos hizo el honor de su visita con el fin de afianzar sus alianzas, definir las cosas y repartir los premios y los castigos.

Por un lado están los que pretenden la consolidación de un bloque latinoamericano autónomo, libre del tutelaje imperial (Chile, Bolivia, Uruguay, Brasil, Colombia, Honduras, Venezuela, Cuba, México, etc., con la eventual cercanía de Canadá);

Y por el otro lado están los que apoyan a Trump y sus intentos supremacistas en el Continente (Argentina, Ecuador, Perú, República Dominicana, Surinam, Costa Rica, Panamá, Paraguay, El Salvador, etc.). Estos últimos tendrán, en el futuro cercano, el apoyo total del Gobierno Trump y las agencias financieras de su entorno.

Los hechos de gobierno:
1) Consecuencias de un mal comienzo

No se puede dejar de mencionar una de las primeras ‘ocurrencias’ del presidente: el reclutamiento de sus ministros, viceministros, etc., como si se tratara de la plana mayor de una empresa. Desde Max Weber sabemos que la lógica funcionarial es notablemente diferente de la lógica empresarial. ¿Lo ignoraba nuestro Mandatario, a pesar de su prolongada experiencia burocrática? Creo que no: no se trató de ignorancia, sino de que el presidente Chaves, después de Indonesia, ante el modesto escenario de Costa Rica tuvo la audacia de innovar, según lo que le pareció plausible; pero produjo el gabinete más inestable e ineficaz de la historia del País. Al 3 de febrero de este año, el noticiero ‘Costa Rica Hoy’ contabilizaba 66 movimientos de cambio (despidos, renuncias, traslados); y no sé cuántos más a la fecha: el marcador habrá continuado moviéndose.

Lo que tuvo que haberle causado una cantidad innumerable de pifias e inconvenientes; entre las cuales se destacan las discontinuidades en los proyectos y los repetidos nombramientos de personas que no cumplían con los requisitos del puesto.

2) Objetivos

El presidente Chaves declaró que su gobierno se propondría alcanzar, principalmente, tres metas: empleo, costo de vida y corrupción. Veremos someramente cada uno de esos ítems: pero los dos primeros lo serán en la sección de economía.

El tema de la corrupción es ciertamente recurrente en las declaraciones del presidente Chaves, pues lo esgrime repetidamente contra tirios y troyanos, pero lo que ha hecho varias veces hasta ahora es serruchar la rama en que él mismo está sentado; sin especificar los autores ni los actos concretos que configuran dicho mal. Porque ¿cómo va a perseguir la corrupción, si acusa de corrupción precisamente al Poder Judicial, que es la institución competente para investigarla y condenar a los culpables?

En efecto, el presidente recusa sistemáticamente por corrupción a numerosas fracciones de la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema y demás tribunales, al fiscal general, a la Contraloría General de la República, al Tribunal Supremo de Elecciones, al Organismo de Investigación Judicial, a las universidades públicas y a toda entidad o persona capaz de ejercer control o poner freno a sus actos o contradecir sus opiniones. Y es cierto que han existido y existen focos de corrupción en algunas de esas entidades. Pero el remedio es eliminar uno por uno a los corruptos y corregir una por una las deficiencias normativas y funcionales. El remedio no es abatir las instituciones que ponen freno al arbitrio del poder.

Y ciertamente no es corrupción ni mezquina obstrucción anular o poner coto a los actos arbitrarios o ilegales del Presidente, como han hecho la Sala Cuarta, la Contraloría General y el Tribunal Supremo de Elecciones; o acusar sus frecuentes ilícitos ante los tribunales, como ha hecho el Fiscal General; o allanar oficinas ministeriales en busca de evidencias delictivas, como ha hecho la Policía Judicial; o rechazar sus proyectos de ley perniciosos o inconstitucionales, como ha hecho la Asamblea Legislativa.

En su ataque a las instituciones el presidente ha dejado entrever una patente intolerancia hacia los controles, que no presagia nada bueno.

Economía y sociedad

Neoliberal pragmático, veterano en asesoría financiera internacional, el presidente Chaves adopta visiblemente un modelo orientado hacia el exterior, favoreciendo las zonas francas, promoviendo la liberalización del comercio y propiciando la ayuda financiera del Banco Mundial, que recién ha aprobado un generoso paquete de ayuda para Costa Rica, efectiva para 2025 y 2026.

Después de la crisis motivada por el Covid, se produjo en el Mundo una reactivación económica con una expansión significativa de las exportaciones que, para Costa Rica, fue del 5,8 %; La inversión extranjera directa creció un 14%; la inflación se mantuvo en un 0,84 %, mientras que la deuda del Gobierno descendió por debajo del 60 % del PIB; la pobreza cayó al 18 % y el desempleo al 6,9 %. Todo lo cual beneficia al Gobierno con tasas de crecimiento del PIB del 5,1% en 2023 y del 4,3% en 2024.

Se trata, sin duda, de números muy positivos, y deslumbrados con ellos, los partidarios del presidente han echado las campanas al vuelo.

Pero resulta que en 2021 el PIB creció en Costa Rica un 7,9 %: ¿genialidad de Carlos Alvarado? y en Nicaragua, ese mismo año, el PIB creció un 10,3 %: ¿genialidad de Daniel Ortega?

En todo caso se trataría de una sola de las facetas del poliedro de la economía nacional; hay que ver las otras:

El informe del propio Banco Mundial (2025) dice:

“…A pesar de esta coyuntura sólida, el modelo de desarrollo enfrenta retos importantes. La desigualdad es alta. Con un coeficiente de Gini de 49,2 en 2024, Costa Rica se encuentra entre los países miembros de la OCDE con mayor desigualdad en la distribución del ingreso.”

Jorge Arturo Sáenz, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales (La República, junio de 2025, opina:

En Costa Rica, la tasa de pobreza se situó en un 20,61% en febrero de 2024, lo que refleja una leve reducción en términos estadísticos, con respecto al mismo mes de 2023. Sin embargo, este dato es cuestionable y merece un análisis más profundo (…) La realidad cotidiana muestra un agravamiento y precarización de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Esto se evidencia en el aumento constante de los precios de los productos de la canasta básica, cuyo crecimiento desproporcionado en relación con los salarios, afecta a quienes aún tienen empleo formal y, de manera más significativa, a quienes ocupan trabajos informales.

El informe sobre el Estado de la Nación para 2024 se refiere a una falla de varios gobiernos, en la que también incurre el actual, con respecto a la Economía. Después de anotar el éxito de las zonas francas en la inserción del País en los mercados internacionales, y sus beneficios en el PIB y en la creación de empleo calificado, el Informe observa:

“…Esta exitosa inserción internacional no estuvo acompañada por la creación de encadenamientos sociales, productivos y fiscales robustos entre la “nueva” y la “vieja economía” (Programa Estado de la Nación, varios años). Esta desconexión impidió generalizar las mejoras en productividad e ingresos al conjunto de la población. En particular, no se vinculó con la generación de empleo, de manera que incluso en años con crecimiento económico moderado, la creación de puestos de trabajo para la población ha sido poca o, incluso, negativa, en especial para la población con menor calificación educativa…” (Informe 2024, pág. 21)

Según la información, en enero de 2024 la Canasta Básica Alimentaria costaba ¢57.833 y en enero de este año había aumentado a ¢61.988” (Informe de INEC, febrero de 2025).

En cuanto a la adopción de una política nacional de beneficio popular, como bien dice el Informe sobre el Estado de la Nación, la apuesta tantas veces formulada y otras tantas preterida, era profundizar la democracia, para lograr gobiernos más comprometidos con los intereses del pueblo;

Por el contrario, la opción por el pago de la deuda externa, apremiado por la exigencia de conseguir nuevos créditos, ha llevado a los países deudores a sacrificar la importancia de bienes y servicios esenciales para la satisfacción de las necesidades actuales y futuras de la comunidad.

También en materia social hubo importantes avances en salud y educación durante los últimos 30 años, nos dice el Informe de 2024 sobre el Estado de la Nación, pero:

“…El mayor esfuerzo social no fue acompañado por políticas de fomento productivo y empleo, que incidieran sobre las oportunidades de la población para generar mayores ingresos. Tampoco se impulsaron políticas de tutela de derechos laborales, lo cual impidió corregir las fallas y las crecientes desigualdades en los mercados de trabajo…”

“…Los principales efectos de estos puntos ciegos de la apuesta social fueron que, durante el período bajo análisis, la desigualdad de ingresos más bien aumentó, pese a la expansión de la inversión social…” (Informe cit., pág. 22).

Considerando todo lo anterior, el Banco Mundial (2025) recomendó: “…Será crucial que Costa Rica adopte medidas para promover un crecimiento inclusivo mientras continúa sus esfuerzos por consolidar una estrategia de gestión fiscal efectiva. El país necesita establecer las condiciones para que el crecimiento sea amplio y alcance plenamente a su fuerza laboral y a todo su territorio…”

El Banco Mundial es neoliberal, pero no hasta la insensatez.

Seguridad

En el tema de la seguridad humana me parece que ha faltado desde hace muchos años una masiva estrategia con los niños y adolescentes más pobres, básicamente a cargo de los Ministerios de Educación, Cultura y Juventud, y una sólida política de justicia social. El presidente Chaves se topó en 2022 con un problema de inseguridad que ya tenía grandes dimensiones y que aumentó dramáticamente en los años siguientes, sobre todo en lo que atañe al delito de homicidio. En este rubro, la tasa de 12,6 homicidios por cada mil habitantes de 2022 se disparó en 2023 a más de 17 homicidios y, con leves variaciones, esas cifras se han mantenido para 2024 y 2025. También ha aumentado ominosamente la tasa de feminicidios, sin que tengamos respuestas convincentes.

Sabemos perfectamente que el grueso de esos crímenes se deriva de los conflictos entre bandas de sicarios al servicio de los carteles de la droga dominantes en el territorio nacional; y que acusan una tendencia a crecer, por la débil capacidad de contención de nuestro cuerpo de Policía Administrativa. Hay diversas iniciativas provenientes tanto del Poder Ejecutivo como de algunos diputados; e incluso hay diez proyectos que tuvieron el consenso de los tres Poderes, pero una respuesta contundente no termina de llegar.

Y a propósito del combate al narcotráfico, entre las medidas gubernamentales que se considera sumamente irresponsables e imprudentes por algunos, o directamente delictuosas por otros, está el traslado de la Escuela Nacional de Guardacostas de su asiento original del puerto de Quepos, en el Pacífico, a un local en Pococí, en tierra firme, a muchos kilómetros del Mar Caribe. Las justificaciones que se han aducido al respecto no se tienen en pie: falta una exhaustiva explicación oficial.

Educación

Decía el entonces candidato Chaves Robles (con toda razón) que el Ministerio de Educación Pública es el ministerio más importante de Costa Rica (Entrevista en No pasa nada, febrero 2022). Y eso sonaba muy alentador, dada la situación de abandono y consiguiente deterioro del sector educativo durante los años anteriores, agudizado por el trienio del Covid.

Era preciso, entonces, reaccionar enérgicamente:

revertir las políticas de austeridad fiscal desconectadas de una perspectiva de desarrollo del país” que venían causando un daño estratégico (Informe sobre el Estado de la Nación para 2022), y agregaba el Informe:

Costa Rica ha entrado a la tercera década del siglo 21 cometiendo el error de realizar una mejora fiscal a costa del deterioro de las oportunidades educativas de la población”.

Porque, en efecto (sigue diciendo el Informe)

en el contexto actual, en todos los escenarios analizados para este Informe, la caída en la inversión en educación experimentada en los últimos años limita seriamente las posibilidades de mejorar la calidad y la equidad educativas, desde la educación preescolar hasta la educación universitaria.” (informe sobre el Estado de la Educación, 2022).

Y concluía recomendando:

  • Revertir la caída de la inversión en educación.

  • Mejorar sustantivamente los aprendizajes de estudiantes y su evaluación.

  • Dignificar a las personas docentes y directoras y mejorar las condiciones de contratación y desarrollo laboral y profesional.

Consecuentemente, en vista de la cruda emergencia que atravesaba el sector, era de esperar que las declaraciones amorosas de Chaves Robles hacia la niñez y la juventud se concretaran en un extenso plan estratégico y una enérgica reversión de la asignación presupuestaria, para llegar, al menos, lo más cerca posible del 8% del PIB (mínimo fijado por la Constitución Política); pero lo que ocurrió fue muy diferente:

  1. En cuanto al plan estratégico, después de una pausa de varios meses, el MEP anunció la preparación de una ‘Ruta de la Educación’ que la ministra Müller presentaría en breve; pero pasaron los años y el documento continuaba en preparación …hasta que finalmente, ya en 2025, se supo, por vía oficial, que el documento no existía; y

  2. Algo similar pasó con la asignación de los recursos. Si para 2022 (último presupuesto aprobado en la administración Alvarado) la asignación para Educación había sido del 6.4 % del PIB, en cambio:

-para el presupuesto de 2023 Chaves bajó al 5,4 %;

-para 2024 bajó aún al 5,2 %;

-para 2025 fijó el 4,92 %; y

-para el 2026 la inversión en educación está en el 4.8 %: la más baja en decenios.

Entre el 8 % del PIB que la Constitución prescribe como mínimo para educación, y el 4.8 % destinado por el Gobierno en el Presupuesto para 2026, la diferencia dineraria es alrededor de 1 billón 300 mil millones de colones.

Y ¿cuáles han sido los resultados materiales de semejante desgobierno?

En lo que atañe a la calidad educativa de los jóvenes de nuestro País, la OCDE informa que, según los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), de los 87 países valorados, en 2022 Costa Rica descendió al puesto 57. ¿Preocupante? No para el señor Chaves, quien, como ya vimos, en los tres años siguientes de su gobierno fue asignando a educación porcentajes cada vez menores; con lo cual, de paso, consiguió (¿también casualidad?) que las universidades públicas tuvieran menos recursos.

Si nos referimos a los edificios escolares y estructuras anexas, tenemos que a inicios de 2023 había 722 establecimientos afectadas con sendas órdenes sanitarias prohibiendo total o parcialmente su ocupación; y el curso lectivo del presente año se inició con 849 centros educativos bajo órdenes sanitarias (CR HOY, 6 de mayo de 2025); lo cual es obvio que afecta duramente a decenas de miles de estudiantes en todo el País.

La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra el Ministerio de Educación Pública (MEP) y ordenó intervenir, de manera inmediata, una escuela ubicada en territorio indígena en Buenos Aires de Puntarenas, debido a las «deplorables» condiciones de infraestructura que ponen en riesgo a la comunidad estudiantil.

Según consta en la resolución, desde el 9 de junio de 2015 está vigente una orden sanitaria, y en abril de 2020 la Sala había emitido una sentencia en la que se instruía al MEP presentar un plan remedial para atender la situación; sin embargo, ambas disposiciones fueron incumplidas.

Ante la omisión reiterada, la Sala ordenó a las autoridades del MEP que realicen todas las gestiones necesarias para solucionar de forma integral y definitiva los problemas de infraestructura en un plazo máximo de 24 meses a partir de la notificación de la sentencia.”

Frente a semejante deterioro, que es claramente escandaloso ¿por qué el presidente Chaves insiste, año tras año, en escatimar los recursos financieros al MEP?

Consultada por el noticiero CR HOY, Lourdes Suárez, directora de Infraestructura Educativa del MEP, se refiere al problema con los términos de una capitulación:

“…Nosotros no vamos a poder atender el 100% (de las 849 órdenes sanitarias) en lo que resta del periodo, eso es así, pero podemos establecer prioridades. -…Aunque es algo que no es políticamente correcto, hay que decir que quedan unos en lista de espera, no los podemos trabajar, quedan en un grado de madurez (sic) y esperamos que quien continúe pueda darle atención que se requiere…”

Es decir, finalmente doña Lourdes confiesa que la solución del problema de los edificios escolares inutilizables será trasladada, con harto poca elegancia y mucho descaro, al próximo Gobierno.

Y entonces ¿cómo era aquello de que el presidente Chaves ama a los estudiantes, y que para él, el MEP es el ministerio más importante de Costa Rica?

Ambiente

Una muestra de la frivolidad con la que el presidente Chaves aborda un tema vital como el ambiente son los superficiales y deleznables motivos aducidos para descartar la promoción del Acuerdo de Escazú para su aprobación por la Asamblea legislativa. «El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno», dijo el Mandatario, haciéndole un guiño a UCAEP.

Pero el Acuerdo de Escazú no es una bicoca: se trata de un tratado interamericano que Costa Rica y Chile promovieron y defendieron apasionadamente durante años, hasta culminarlo en la ciudad de Escazú, en 2018, junto con otros Estados de la Región.

Ha sido aprobado por 18 países y, junto a su modelo europeo, el Convenio de Aahrus, presenta notables elementos dinamizadores de la toma de conciencia popular, y de movilización de las comunidades en defensa del ambiente.

Chaves afirma, erróneamente, sin intentar demostrarlo, que el contenido normativo del Acuerdo de Escazú ya se encuentra vigente en otros textos del ordenamiento costarricense; y esa actitud negatoria es reafirmada por la decisión de desfinancia el sector ‘ambiente’, tal como lo ilustra el informe sobre el Estado de la Nación (2024):

La desmejora de las capacidades técnicas y financieras de la institucionalidad pública con responsabilidades en el campo de la conservación de la biodiversidad es, quizás, la principal amenaza que enfrenta el país. Por tercer año consecutivo se registró una reducción en el presupuesto designado al Sinac, Minae y Fonafifo” (Informe 2024, pág. 195)

En consecuencia, el País experimenta un retroceso en importantes sectores ambientales, como el suministro de agua potable, reducción del área sembrada de granos básicos, aumento de la contaminación por energía térmica e hidrocarburos, aumento de la congestión vial y los accidentes, pérdida de la cobertura arbórea, etc.

Y el daño es percibido por doquier a nivel de comunidad.

Un ejemplo: el ciudadano Sergio Mora, geólogo (en Delfino, 2024) reprocha al presidente Chaves su inacción y la del Minae con respecto el desastre en Crucitas; el horror de los botaderos de basura; la contaminación crónica del río Virilla; la tragedia de los basureros; el impacto ambiental de los embotellamientos viales; y las muertes crecientes en accidentes de tránsito.

Final de fiesta

Creo que, a lo largo de estos 4 años casi cumplidos, el gobierno del Presidente Chaves ha conseguido importantes logros macroeconómicos, particularmente en el terreno crediticio y de la inversión, debidos en buena medida a su imagen neoliberal ‘amigable con el clima de los negocios’, a sus contactos personales y al apoyo del Departamento de Estado; pero ha fracasado en los campos laboral, educacional, ambiental: le ha fallado al componente más humilde de ese numeroso grupo que, deslumbrado por la personalidad y la parafernalia del Presidente, continúa dándole su apoyo.

En todo caso, parece que el propósito principal de las presentaciones públicas del presidente Chaves es exacerbar el odio contra sus críticos y la admiración por sus logros, a fin de aumentar el número de sus seguidores y alcanzar un triunfo rotundo en las próximas elecciones. Con ello, el nuevo gobierno y la nueva fracción legislativa, guiados por él, realizarán la reforma constitucional que elimine los supuestos obstáculos que, según su opinión, impiden hoy realizar un buen gobierno, privatizando, de pasada, el ICE, la Caja, el Banco de Costa Rica y cualquier otro vestigio de un Estado de Bienestar.

Y doy por descontado que, para los últimos meses de su gestión, el señor presidente y su equipo querrán deslumbrarnos a todos, empleando ostentosamente los recursos financieros que el Banco Mundial y el Fondo Monetario le han procurado en el momento oportuno. En efecto:

A) Desde el año pasado el Banco Mundial ha puesto a disposición del Gobierno Chaves Robles:

-$300 millones para apoyar la recuperación económica tras la pandemia;

-$120 millones para impulsar la agricultura sostenible, mejorar la competitividad y la participación económica de pequeños y medianos productores;

$350 millones para financiar infraestructura y servicios resilientes al clima;

$160 millones para acceso a financiamiento en caso de emergencias y desastres naturales;

-$200 millones para fortalecer la lectoescritura, las competencias digitales y la empleabilidad de los estudiantes;

-Además, sendos préstamo para fortalecer la gestión del riesgo social y focalizar los programas sociales; y para modernizar el Ministerio de Hacienda.

B) Y como resultado de la visita del secretario de Estado Marco Rubio, en enero de este año, cinco meses después el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó una línea de crédito flexible de dos años por $1.500 millones para el Gobierno de Costa Rica.

En la coyuntura de guerra en que nos hallamos, los Estados Unidos premia a sus fieles. Quiero pensar que todo ese dinero, que hoy sirve al propósito de posibilitar el triunfo electoral del partido del presidente, alcance también para traer provecho a nuestro pueblo.

En todo caso, lo que nos queda es resistir, conformando un frente de lucha para la preservación de la democracia y la defensa del Estado de Derecho.

Notas sobre el gobierno Chaves Robles (2)

Walter Antillón

Este escrito consta de tres partes: 1) Magia, saber y poder político; 2) El presidente Chaves y su modo de gobernar (pendiente); y 3) Los delitos del presidente Chaves.

III. Los delitos atribuidos al presidente Chaves

Existe algo que podría llamarse “síndrome de impunidad”, muy frecuente en las cúpulas políticas y funcionariales y endémico en la alta burguesía. Otorga al afectado la sensación de que bien puede permitirse ciertas transgresiones sin sufrir consecuencias desagradables. Conocí hace años la historia de un joven de ‘buena familia’ que se vio envuelto en un asunto dudoso y, lleno de temor, acudió al consejo de un expresidente, quien lo tranquilizó diciéndole: “personas como Usted y como yo no deben inquietarse por esas cosas”. Al final el asunto no terminó bien, gracias a que en Costa Rica, a pesar de la Corte y muchas circunstancias obstaculizadoras y frustrantes, al día de hoy parece que hemos superado la plaga de los fiscales amigables, de modo que subsisten cuerpos del Ministerio Público, de la Judicatura y de la Policía Judicial que conservan la mística de la justicia.

Pienso que el presidente Chaves ha estado aquejado del síndrome de impunidad desde hace años, inoculado durante su larga exposición a la influencia del alto funcionariado internacional. Muestra de ello fue, sin duda, su desafortunado conflicto con algunas excompañeras, que lo llevó a su condena y su salida del Banco Mundial. Sin embargo, ya de regreso en Costa Rica parece que las cosas no han mejorado.

Frecuente uso arbitrario y antijurídico del poder

Todos sabemos que cada presidente de Costa Rica, por mesiánico que pueda sentirse, debe mantener sus actuaciones dentro de los límites de la Constitución y la Ley: las potestades presidenciales, aún las discrecionales, no son legibus soluta; al contrario, caen enteramente bajo el principio de legalidad.

¿No es lamentable comprobar que el presidente Chaves, desde su candidatura, se ha ido hundiendo en el ilícito?

El régimen normativo e institucional de un Estado de Derecho se aviene mal con la investidura mesiánica, y el actual titular del alto cargo, haciendo gala de la inteligencia de un jaguar, parece que no ha conseguido digerirlo:

ya desde la campaña electoral, pero sobre todo una vez electo, el presidente Chaves ha asumido una pose de supremacía más allá de los límites normativos de su cargo; ha pretendido mano libre en sus designios, como si fuera un dueño de empresa; y por ese camino ha ido incurriendo en actitudes aberrantes y ha tomado decisiones inadecuadas que han tenido consecuencias.

En efecto, una abundancia de actitudes violatorias de límites y prohibiciones legales y reglamentarios de parte del presidente (en solitario, o en compañía de sus ministros) han provocado una avalancha de denuncias que el Ministerio Público está investigando, y que, hasta donde conozco, son alrededor de 70:

12 por incumplimiento de deberes

9 por tráfico de influencias

4 por nombramientos ilegales

4 por prevaricato

3 por abuso de autoridad

2 por influencia contra la Hacienda Pública

1 por financiamiento privado de la campaña electoral

1 por desobediencia

1 por fraude de ley

1 por legitimación de capitales

1 por coacción

1 por penalidad del corruptor, etc.

Lo anterior, sin contar con las numerosas causas pendientes contra ministros y otros personeros del Gobierno. Se trata de una cifra escandalosa, sin parangón en la historia Patria. ¿Cómo llegamos a este grado de litigiosidad penal?

Según el Gobierno Jaguar y sus seguidores la responsabilidad por la situación recae espectacularmente en el fiscal general y su equipo del Ministerio Público; en la Corte Suprema y en los partidos, los diputados y la prensa canalla. Pero lo que la masa chavista generalmente no sabe es que el Ministerio Público sólo actúa por denuncia proveniente de otras autoridades, o de personas o grupos privados.

Y entonces ¿quiénes son las decenas de denunciantes del presidente Chaves y sus colaboradores ante el Ministerio Público? No la Corte Suprema ni los jueces, sino funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos y mucha gente integrante de la sociedad civil: sindicalistas, empresarios, maestros, miembros de las directivas de las instituciones, funcionarios subalternos de los ministerios, antiguos personeros del propio Gobierno que, en un cierto momento, entraron en pugna con el presidente o sus ministros: fueron despedidos o renunciaron a sus cargos, etc.

Por mucho que se admire al presidente Chaves, es insensato seguir aferrados al prejuicio de que todo se trata de injustas persecuciones; que los grandes burócratas de la vieja guardia, como la Contralora General, los Procuradores, la Defensora de los Habitantes conspiran contra el presidente porque temen ser descubiertas sus fechorías y no quieren perder sus supuestas prebendas, etc. No: muchas de esas causas penales serán desestimadas, y lo están siendo ahora; también habrá sentencias absolutorias; pero es muy posible que en algunos casos el ciudadano Rodrigo Chaves Robles y algunos de sus ministros resulten justamente condenados; y lo serán, con toda probabilidad, por jueces independientes e imparciales.

Los casos

Mostraré los datos de algunas de las causas pendientes, por vía de ilustración:

1.- Cause seguida por llevar adelante el candidato Chaves, junto con un grupo de sus partidarios, la trama del financiamiento paralelo de la campaña, a pesar de la prohibición legal contenida en los artículos 273, 274 y 275 del Código Electoral. Dicha trama ha sido investigada por el Tribunal Supremo de Elecciones desde 2022, y culminó con la acción penal del Ministerio Público que dio lugar al Expediente Judicial 22-000210-0276-PE. En materia judicial nadie es dueño de la verdad, y la suerte de los procesos es incierta (habent sua sidera lites, decían los antiguos), pero la documentación de la causa es abundante y, francamente, no tiene un buen pronóstico.

ARTÍCULO 274.- Delitos sobre las contribuciones privadas

Se impondrá pena de prisión de dos a cuatro años: a) A quien, en nombre y por cuenta de una persona jurídica nacional o extranjera, o persona física extranjera, contribuya, done o realice aportes, en dinero o en especie, a favor de un partido político. b) Al extranjero(a) que contribuya, done o realice aportes, en dinero o en especie, a favor de un partido político, excepto cuando se trate de lo establecido en el artículo 124 de este Código. c) Al extranjero(a) o representante legal de persona jurídica extranjera que adquiera bonos o realice otras operaciones financieras relacionadas con los partidos políticos. d) A quien realice contribuciones, donaciones o aportes directamente a favor de tendencias, candidatos o precandidatos oficializados por el partido político, evadiendo los controles de las finanzas partidarias. e) A quien contribuya, done o entregue cualquier otro tipo de aporte, en dinero o en especie, a favor de un partido político por medio de terceras personas, grupos u organizaciones paralelas o mediante la utilización de mecanismos de gestión o recaudación que no estén previamente autorizados por el comité ejecutivo superior del partido.

En estos días la Corte Plena ha pedido a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero constitucional del presidente y demás funcionarios imputados en esta causa.

2.- Por afectar los derechos políticos fundamentales del ciudadano Claudio Alpízar, el Tribunal Supremo de Elecciones acogió un recurso de amparo contra el presidente Chaves, quien además resultó condenado en costas, daños y perjuicios (Resolución del TSE número 4259-E1-2025, emitida el 24 de junio pasado). Un presidente no puede abusar de su alto sitial para tratar de destruir políticamente a un ciudadano. Esto, en Costa Rica, no es un acto típico penal, pero sin duda es un ilícito y una inmoralidad.

3.- Por solicitar el presidente Chaves un beneficio patrimonial indebido (“un cariñito”) a favor de su colaborador Federico Cruz Saravanja, en el marco del contrato con la empresa RMC Productora S.A., con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Previa denuncia, el hecho fue investigado por el Ministerio Público como configurador del delito de concusión descrito en el artículo 355 del Código Penal, y dio lugar al expediente judicial número 25-000019-0033-PE. También en relación con esta causa, la Corte ha pedido levantar el fuero de inmunidad del presidente.

El citado artículo 355 dice: “se impondrá prisión de dos a ocho años, al funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”

Nota al margen: El delito de concusión es una práctica arraigada en muchos gobiernos. En Nicaragua lo practicaban sistemáticamente los Somoza; en Costa Rica lo practicó, comprobadamente, Daniel Oduber. En el apogeo de la corrupción de la Democracia Cristiana en Italia, este país fue llamado ‘Tangentopoli’: “País de la concusión”. La operación ‘manos limpias’ ejecutada por los jueces y los fiscales a fines del siglo XX, acabó con la concusión en Italia … por un tiempo.

4.- Por ofrecer el presidente Chaves los votos de su bancada al diputado Rodrigo Arias, a cambio de que se archive la causa 22-000210-0276-PE por financiamiento paralelo. Se trata del llamado delito de “penalidad del corruptor” (tal vez mejor llamarlo delito ‘de oferta ilegal’) descrito en el artículo 345 del Código penal. Con la noticia del hecho, el Ministerio Público promovió, a su vez, la causa penal a que se refiere el expediente 24-000031-0033-PE.

El artículo 345 del Código Penal dice: Las penas establecidas en los cinco artículos anteriores (modalidades de cohecho) serán aplicables al que dé, ofrezca o prometa a un funcionario público una dádiva o ventaja indebida.

Nota: lo escrito entre paréntesis no corresponde al texto original del artículo.

5.- Al disponer, perniciosa y arbitrariamente, que La Rueda de la Fortuna (programa de la Junta de Protección Social de San José) pasara de Canal 7, donde siempre disfrutó de un público masivo, al Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) con audiencia muy reducida, el Presidente incurrió en el delito de tráfico de influencias, previsto y sancionado por el artículo 52 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. La denuncia dio lugar al expediente judicial número 23-000082-0033-PE.

Dispone el citado artículo 52:

Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro (. . .) Con igual pena se sancionará a quien utilice u ofrezca la influencia descrita en el párrafo anterior (. . .) Los extremos de la pena señalada en el párrafo primero se elevarán en un tercio, cuando la influencia provenga del presidente o del vicepresidente de la República, de los miembros de los Supremos Poderes, o del Tribunal Supremo de Elecciones, del contralor o el subcontralor generales de la República; del procurador general o del procurador general adjunto de la República, del fiscal general de la República, del defensor o el defensor adjunto de los habitantes, del superior quien debe resolver o de miembros de los partidos políticos que ocupen cargos de dirección a nivel nacional.”

6.- El presidente Chaves hizo sendos nombramientos ilegales en las personas de Cindy Quesada Hernández y Erika Nahrgang Rodríguez, y como ministro de Hacienda en el Gobierno Alvarado, había hecho lo propio con Jacqueline Soto Rivel. Expediente judicial número 22-000052-0033 PE.

ARTÍCULO 337.- Será reprimido con treinta a noventa días multa el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público a persona en quien no concurrieren los requisitos legales.

7.- En suma, desde el inicio del Gobierno del presidente Chaves se ha observado en el presidente, en su Consejo de Gobierno y en varios de sus ministros una actitud desafiante ante el bloque de legalidad del País:

A) como fue el caso de la suspensión ilegal de algunos directivos de la Caja en 2022, que fueron reinstalados por la Sala Constitucional en 2023;

B) la misma Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia «en defensa de la libertad de prensa», anuló el abuso palmario de poder constituido por la orden de cierre emitida por el Gobierno contra el centro de eventos Parque Viva, propiedad del Grupo Nación y condenó al Ejecutivo al pago de daños y perjuicios;

C) miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional, fueron destituidos arbitrariamente en mayo de este año, violando autonomías garantizadas en la Constitución y en las leyes, tal como lo tiene establecido reiteradamente la Sala Constitucional. Se trata, como el anterior, de una clara desviación de poder, y su destino más que probable es la anulación.

Como consecuencia de la transgresión constante y el discurso disolvente e intransigente de don Rodrigo, el escenario actual es de odio, de confrontación y de zozobra; y estoy seguro de que él está consciente de ello. Y entonces, ante la inevitabilidad de su condena en algunas de las decenas de causas penales pendientes en su contra ¿qué hará?

¿Extremará su esfuerzo carismático apostando a un triunfo aplastante en las próximas elecciones, a fin de tratar de influir a posteriori en el destino de tantos procesos? Pero no cuente con ello, si Costa Rica mantiene la institucionalidad del Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

¿Tentará entonces el camino de la sedición, como algunas veces lo ha dejado entender? ¿se arriesgará al golpe de Estado, confiando en una supuesta lealtad de la Policía Administrativa, o en la remota posibilidad de ayuda militar de un país extranjero?

Ni el auténtico pueblo costarricense ni el orden jurídico interamericano lo permitirían; y nuestra Policía Administrativa conoce la Constitución. Y, por último, sería cruelmente irónico que una persona que vio transcurrir la vida fuera de la patria, regrese a hundirla en el caos de la reyerta fratricida, asegurándose con ello un lugar en el estercolero de la Historia, un piso por debajo de los Tinoco.

El caso Celso Gamboa y su relación con la situación socio-política de Costa Rica

Por: Allen Cordero Ulate1

1 Sociólogo, integrante del Movimiento de Trabajadores y Campesinos. Ex director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica.

El 23 de junio del presente año Celso Gamboa Sánchez, fue detenido a solicitud de la DEA de Estados Unidos; Administración de Control de Drogas. Esta detención se ha convertido en el acontecimiento político más relevante del momento. De todo se ha dado con este caso: el pueblo ríe; el gobierno se sacude; los partidos políticos ya nada tienen que ver con Celso; la DEA sale como el gran ganador. En fin: es pertinente que hagamos un análisis de este escándalo para ver qué conclusiones podemos extraer.

El pueblo ríe

La producción de memes con el caso Celso Gamba es impresionante: algunos muestran fotos de Celso con variados personajes de la política nacional; otros instan a Celso a “soltar la sopa”, o sea, a delatar a otros responsables; otros se burlan de las 10 enfermedades reportadas por este personaje para pedir traslado a una cárcel de mucho menor seguridad; etc. Queda la duda de hasta qué punto Celso Gamboa, a pesar de lo apestado que lo muestra alguna prensa, es un referente para ciertos sectores de la sociedad desaminados por la política actual, pero que ven en esta figura un modelo a seguir, dado su aire triunfador, su éxito en la política tanto legal como la ilegal. En algunos países o regiones los capos de la droga son prácticamente héroes.

Causas y efectos del caso Celso Gamboa

Este sonado caso se puede relacionar con variados aspectos de la realidad nacional e internacional. Sin duda tiene que ver con la situación política nacional pues se inscribe en una disputa de élites socio-políticas. Algunas de estas causas relacionadas con las luchas entre grupos dominantes son muy oscuras. También, tiene que ver con la realidad social del país donde la criminalidad asociada con trasiego y consumo de drogas se encuentra en el punto más alto de la historia nacional. Igualmente, puede relacionarse con aspectos de la economía nacional, donde algunos sectores poderosos se orientan a la economía relacionada con drogas como vía de acumulación de capital. Se puede pensar que hay vasos comunicantes entre la economía legal y la economía ilegal. Este caso también tiene que ver, aunque parezca increíble, con las relaciones internacionales en primer lugar con Estados Unidos. Veamos algunos aspectos de estas situaciones.

Impactos políticos

Los impactos políticos que está teniendo el asunto de Celso Gamboa es muy profundo. No obstante, es difícil saber cuál será el desenlace. Con el tema de las drogas se da paso a una suerte de política oscura o empañada. No se sabe claramente dónde está la verdad y dónde está la mentira. Así como hay una economía “legal” con conexiones oscuras con la economía “ilegal”. Asimismo, se puede pensar, funciona la política: con personajes legales, tales son los casos de las autoridades políticas que se relacionan con otros personajes opacos que trabajan en el oscuro mundo de los negocios de las drogas. Al final los escenarios políticos lucen turbios, sean legales o ilegales.

Algunos de los puntos de tensión política más significativos de la coyuntura actual son los siguientes:

  • Conflicto gobierno versus partidos políticos de oposición.

  • Conflicto gobierno versus otros poderes estales (judicial, legislativo, y Tribunal Supremo de Elecciones).

  • Conflicto gobierno versus prensa tradicional y alternativa.

Parece un conflicto desigual pues enfrenta a un presidente que se muestra junto a una mujer fuerte diputada; enfrentados contra el poder de múltiples actores visibles o invisibles que se escudan tras las instituciones, los partidos políticos tradicionales y también en la prensa. Pareciera un conflicto donde el presidente y su principal aliada tiene todas las de perder puesto que “todo el mundo” está contra él y ella. Pero no es tan así, por el no tan simple hecho de que este equipo, goza de una amplia popularidad, que si bien se ha desgastado producto de su accionar político, está lejos de haberse destruido. Antes bien, representa un inminente riesgo de continuidad.

¿Qué tiene que ver el caso de Celso Gamboa con toda esta situación? En que el gobierno y en particular, la figura del presidente está siendo una de las más señaladas con vínculos con el apestado de Celso Gamboa. En las redes, por ejemplo, están circulando videos de cuando el personaje devenido en desgracia se dirige a la casa del presidente en el exclusivo condominio Monterán. También están siendo acusados funcionarios muy cercanos al presidente: un ministro y un asesor. El presidente niega su relación con Celso Gamboa, pero le están lloviendo múltiples acusaciones.

¿Irá a venirse el gobierno abajo con el caso Celso Gamboa? Pudiera venirse abajo jurídicamente pero no políticamente. Al menos en este momento. O sea, no se puede descartar que al presidente se le levante su inmunidad y se le vea sometido a una batería de juicios, o bien, que salga huyendo del país poco antes de terminar su mandato o inmediatamente después de terminarlo. Es posible y hay muchos rumores el respecto. A ciencia cierta es difícil emitir un pronóstico político respecto a Rodrigo Chaves. Pero lo que hasta el momento aparece con un importante grado de solidez es que sigue conservando una importante popularidad en sectores populares, principalmente de los barrios más pobres de la ciudad y de las provincias dejadas de lado por el “desarrollo nacional”: Limón, Puntarenas y Guanacaste.

En esto último que hemos dicho, “dejados de lado por el ‘desarrollo nacional´” está una de las claves del éxito populista de derecha de Chaves. Es decir, Chaves sabe utilizar muy bien el desencanto de las clases populares más pobres con la política tradicional. Es un desencanto muy profundo que tiene que ver con el propio subdesarrollo capitalista que ha venido hundiendo en la miseria y la ausencia de oportunidades para estos sectores, todo esto profundizado por las políticas neoliberales. Obviamente, los partidos tradicionales, incluyendo a los partidos “progresistas”, como el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Frente Amplio (FA), son corresponsables de la aplicación de estas políticas. También las instituciones adscritas al poder legislativo, y electoral son corresponsables de estas situaciones adversas. Chaves, hábilmente ha venido canalizando este descontento e incluso intentando dar golpes institucionales, cosa insólita, contra el poder judicial y otros poderes. La debilidad política de Chaves es que no ha logrado que el apoyo que aparece en las encuestas se traduzca en apoyo callejero.

Las políticas de Chaves son derechistas porque al mismo tiempo que se lanza contra grupos privilegiados, aplica las mismas políticas neoliberales, como es priorizar el pago de la deuda interna y externa, de manera simultánea que ahoga instituciones y políticas como la CCSS, el gasto social, en temas como educación y vivienda. Además, se apoya en prejuicios muy arraigados en sectores populares, como la homofobia, la defensa a secas de la vida, que en palabras llanas significa la oposición al aborto, la xenofobia, etc. Aparte de elementos subjetivos como es hablar en tono pachuco, violento, o en tono de guaro vaquero de cantina.

El alza en la criminalidad

El caso Celso Gamba también se conecta muy bien con el asunto del crecimiento de la criminalidad ya que tiene que ver con trasiego de drogas. Gran parte de las violencias está relacionado con asuntos de drogas.

El indicador más usado para medir la situación de criminalidad de un país es el de homicidios dolosos. Los últimos años muestran una fuerte tendencia al alza. Siendo el 2023 el año más violento de la historia con 905 homicidios. En el 2024, la cantidad de homicidios bajó muy levemente pues hubo 880 homicidios; 25 menos que el año anterior (Semanario Universidad, 6.01.2025). Pero, julio del 2024 fue el más violento de la historia nacional con 80 víctimas; un 17,5 más que en el 2023. (Semanario Universidad, 05.08.2024). Ver: https://semanariouniversidad.com/pais/con-880-homicidios-2024-cerro-como-el-segundo-ano-mas-violento-de-la-historia/ y https://semanariouniversidad.com/pais/este-mes-de-julio-fue-el-mas-sangriento-en-la-historia-de-costa-rica/)

De acuerdo con algunos organismos especializados y también de lo que llega por fuente de la prensa y de los relatos, incluso vivenciales en nuestros barrios; buena parte de los homicidios se relacionan con temas de drogas. Así en un estudio, del Observatorio de la Violencia adscrito al Poder Judicial de Costa Rica, mostró que un 70% de los homicidios ocurridos en el 2024 tenían que ver con móviles de ajuste de cuentas o venganzas. El resto de los homicidios tenía que ver con discusiones o riñas (14%). El restante 16% se distribuía entre causas como la comisión de otro delito, la llamada “violencia doméstica” y otros. (Ver: https://observatorio.mj.go.cr/recursos/tablas-y-graficos)

En general, la vida social costarricense se ha hecho más violenta, principalmente relacionada con drogas como causa inmediata. Pero también por la realización de otros delitos o porque se utiliza la violencia para resolver diversidad de conflictos. Esta situación viene a afectar profundamente la calidad de vida de las personas que ven como un pasado con escasa violencia social se les escapa de las manos sin poder hacer prácticamente nada.

Otro indicador significativo de la violencia es la de género. En los dos primeros meses de 2025 se registraron 10 femicidios, o sea, la tercera parte de los ocurridos durante el 2024, año en que hubo 30 femicidios. (En: https://semanariouniversidad.com/pais/solo-dos-meses-del-2025-pais-alcanzo-una-tercera-parte-de-los-femicidios-del-ano-anterior/).

En un contexto como el de Costa Rica donde se supondría que los femicidios no existieran o tendieran a la baja, pues se supone que es un país avanzado en términos de relaciones de género, así como en términos de legislación; la situación es claramente adversa. Muchos de estos crímenes se revisten de formas de violencias extremas, donde las víctimas son sujetas de muertes muy dolorosas, alevosas, como descuartizamientos, entre otros.

Otro sector que no se debe olvidar cuando se hace un recuento de los efectos sociales de la criminalidad, definitivamente es la juventud. Una importante cantidad de víctimas viene de este sector. El director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga así lo ha venido enfatizando. Este funcionario dio las siguientes cifras: “(es)…doloroso la cantidad de menores de edad que están falleciendo”, pues se están muriendo”. Se refiere a las víctimas del 2024. O sea, un 39,7% se trató de jóvenes entre los 12 y los 29 años. (Semanario Universidad, 06.01.2025).

Por su parte, el presente año, 2025, no pinta nada bien. De acuerdo con la OIJ, la cantidad de personas asesinadas hasta mayo del presente año ya superó la del 2024 la del 2023, para esta misma fecha, Esto significa que a mayo del 2025 se registraban 370 homicidios, siete más que el año anterior, en el cual ocurrieron 880 homicidios en total, el segundo peor registro en la historia, solo superado por el 2023.” (LN, 02.06.2025) En: https://www.nacion.com/sucesos/homicidios-en-costa-rica-en-el-2025-ya-superan-los/KWRZYFGGK5HIDFF5ZD3KKCT3CM/story/)

Economía del narco

De acuerdo con el “Informe Mundial sobre las Drogas 2025” elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por las siglas en inglés); Costa Rica aparece entre las principales rutas marítimas para el tráfico de cocaína entre Sudamérica y Norteamérica.

Este informe se publicó el pasado 26 de junio. En el mismo se analiza el narcotráfico y el consumo de drogas en diferentes modalidades. Así, “…Costa Rica forma parte de una de las principales rutas del trasiego de cocaína proveniente de Ecuador, por aguas del pacífico. En tanto, en aguas caribeñas, la influencia es ejercida por los envíos desde Colombia.” Igual se indica que la mayor parte de los países centroamericanos forman parte de estas rutas.

Todo esto en un contexto de economía internacional de la cocaína que muestra un crecimiento de la producción que sería envidiable para cualquier actividad económica. De acuerdo con el informe citado, la producción de cocaína a nivel mundial experimentó un crecimiento récord llegando en 2023 a 3738 toneladas, lo que significó un incremento de casi el 34% respecto al 2022. (CRHoy, 01.07.2025; En:https://crhoy.com/costa-rica-entre-las-principales-rutas-para-el-trafico-maritimo-de-cocaina-expone-informe-de-onu/). La razón de este crecimiento es por supuesto, el aumento exponencial del consumo en Estados y Europa. Además, es un mercado en expansión hacia países asiáticos y africanos. Se estima que actualmente hay unos 25 millones de consumidores en el mundo. En el caso costarricense también hay un mercado interno. Buena parte de la criminalidad nacional tiene que ver con mercado interno.

Las tasas de ganancia en este negocio parecen ser exorbitantes pues un kilo de cocaína en Costa Rica cuesta entre 4000 y 4500 dólares. En tanto que en Europa cuesta entre 30000 y 35000 dólares. O sea, unas 7,5 veces más. (El Observador, 18.06.2025).

Se han vuelto pan de cada día las noticias relacionadas con incautaciones de drogas. El gobierno dice que las incautaciones son históricas, mientras que las fuerzas críticas al gobierno denuncian que los decomisos han disminuido significativamente. Los cierto es que los cargamentos son impresionantes. Así, por ejemplo, una noticia reciente del 9 de junio 2025 informa de una incautación de 3500 paquetes de droga, esto es 3,5 toneladas. (La Nación, 09.06.2025). En: https://www.nacion.com/sucesos/cae-enorme-cargamento-de-cocaina-en-contenedores/OWET54SKLVCV7KNC4ARCQRSNME/story/). Por lo tanto, con un valor de entre 105 y 122,5 millones de dólares. En colones sería la gigantesca cifra de unos 5 mil millones, en caso de ser calculado al valor menor de 30 mil dólares el kilo.

No se tiene datos del valor de la droga realmente colocada en los mercados internacionales. Pero, los datos de las incautaciones pueden servir de indicativos para estimar los valores monetarios de lo que se está moviendo.

Volviendo al caso de Celso Gamboa, a quien la DEA lo tiene como el líder en Centroamérica del Clan del Golfo para Centroamérica, él estaría recibiendo entre 500 mil y 2 millones de dólares mensuales por sus servicios. (CRHoy, 03.07.2025) O sea, estamos al frente de un pez muy gordo. De acuerdo con la nota anterior Celso fue reclutado desde el 2019 por un grupo dedicado a este negocio. Aparentemente la DEA venía dándole seguimiento desde el 2020. Hasta que se culmina con la solicitud de extradición.

La DEA y el imperialismo

La Ley de Extradición, que permite la deportación de costarricenses por presuntos casos de narcotráfico y terrorismo, fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de noviembre del 2024. Contó con el voto afirmativo de 44 personas diputadas. No hubo ningún voto en contra. Las restantes 13 de diputaciones no votaron por oposición si no por ausencia. Incluso, el Frente Amplio, al que se le tiene por la oposición de izquierda, votó a favor de dicha ley por medio de las cuatro diputaciones que en ese momento estaban presentes en el plenario. De manera que así de fácil fue reformada la Constitución Política que expresamente en su artículo 32 prohibía la extradición de nacionales.

Solamente algunas voces aisladas denunciaron la Ley de Extradición diciendo que mediante esta reforma de la Constitución Política se le permitía a Estados Unidos ejercer plenas potestades sobre personas costarricenses para calificarlas de narcos o terroristas. Téngase en cuenta que Estados Unidos utiliza, especialmente el calificativo de “terroristas”, con amplia discrecionalidad. Por ejemplo, para Estados Unidos prácticamente por solamente simpatizar con la causa palestina se es terrorista.

Con la detención de Celso Gamboa ha quedado claro que eso era lo que buscaba Estados Unidos desde hace buen tiempo. Justamente el 4 de febrero del presente año, Marco Rubio en su visita a Costa Rica colocó como uno de sus principales puntos de agenda la “ayuda” de la DEA y el FBI para el combate del narcotráfico, hablando expresamente de involucrar estos organismos para trabajar conjuntamente a los equipos nacionales de seguridad. (El País, 04.02.2025). Cosa que, en lo que respecta al caso Celso Gamboa, ya venían haciendo desde el 2020.

El gobierno de Rodrigo Chaves ha actuado en complacencia de Trump en esta y otras políticas. Este gobierno se manifiesta conforme su carácter completamente obediente a lo que le dicte Estados Unidos.

Si bien el imperialismo estadounidense se manifiesta muy cauteloso en sus relaciones internacionales, principalmente cuando se habla de China, en el caso de Centroamérica no ha tenido empacho en golpear la mesa obteniendo lo que quiera. Ha sido la tónica de casi todos los países centroamericanos, excepto Nicaragua, que ejecuta una política internacional oportunista pues si bien no rompe con Washington, al mismo tiempo profundiza sus relaciones con China y Rusia. Por su parte, en Panamá ha habido una huelga de personas profesoras y maestras que ha durado más de dos meses, y numerosas protestas a los largo y ancho del país, siendo uno de sus puntos el memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y Panamá. Por tanto, en Panamá, las políticas de Trump están contribuyendo fuertemente a la crisis nacional. Panamá muestra el camino de la resistencia y la lucha social.

La Ley de Extradición es una muestra de cómo el imperialismo impone su voluntad política en un país semi colonial como lo es Costa Rica. Donde existe un gobierno completamente servil a lo que dicte el amo del norte.

¿Debería tener el movimiento obrero y popular un conjunto de políticas sobre temas como los de Celso Gamboa?

Claro que sí. Debería tener políticas para enfrentar este tipo de acontecimientos. No solamente para este caso si no para otros asuntos que se conectan con el tema del tráfico de drogas y la criminalidad. Hoy en día el caso Celso Gamba es el que articula la coyuntura política. No sabemos a esta altura si Celso será extraditado o no. Ni cuál será el desenlace de este caso. Pero de lo que si se puede estar seguro es que, en el marco de la economía y la política nacional e internacional, casos similares o conectados, tendrán lugar. Por tanto, es necesario formular políticas para enfrentar la situación.

Un nivel de política puede plantearse en el terreno de la comprensión o explicación del fenómeno. Debemos procurar dar herramientas analíticas críticas al pueblo. Deberíamos poder explicar cómo el narco se inscribe como un eje de acumulación de capital que es aprovechado por grupos dominantes muy poderosos. No podemos creer a los cárteles de las drogas y sus jefes. Los “Celso Gamboa” no deben ser un modelo a seguir. Entendemos que explicar también significa escuchar las voces de nuestros pueblos. Para explicar mejor debemos escuchar.

También en el campo más inmediato de la subsistencia de las personas jóvenes, que constituyen la carne de cañón de los cárteles y las pandillas, deberíamos explicar pacientemente que hacerse integrante de las pandillas que sirven al narco o la criminalidad no resuelve sus problemas de fondo. Más bien puede ser el camino expreso a muertes prematuras. El camino es luchar por empleo de calidad, educación y salud. En última instancia hay que luchar por cambiar la sociedad como un todo, a favor de las clases desposeídas. En mi caso pienso que el socialismo es la solución. Pero debemos dialogar con la juventud trabajadora y desempleada, así como otros sectores, para ver qué proponen y cómo se puede conseguir lo que proponen.

Igualmente, a nivel de las comunidades y los territorios el pueblo debería organizarse en Comités de Seguridad Popular, que trabajen en el campo preventivo de la delincuencia. Algunas tareas de estos comités necesariamente son de seguridad, pero otras tareas conectadas irían en el campo de la mejora de la calidad a nivel a nivel comunitario: centros para deporte y cultura, empleo, acceso a la educación entre otras reivindicaciones sentidas.

Notas sobre el gobierno Chaves Robles

Walter Antillón

Este escrito consta de tres partes que se publicarán en secuencia: 1) Magia, saber y poder político; 2) El presidente Chaves y su modo de gobernar; y 3) Los delitos del presidente Chaves.

1.- Magia, saber y poder político

El contexto

El dogma del derecho divino de los reyes, que condujo a atribuirles poderes mágicos (vid. Marc Bloch: Los reyes taumaturgos. México, 1989) fue una expresión del dominio del pensamiento mágico de raíz católica en el terreno de la política, que prevaleció en la historia europea durante muchos siglos, hasta la Ilustración; y fue sustituido por el principio laico del contrato social: la ciencia política tomó el lugar de la doctrina religiosa, pero fue un camino lleno de sangre y dolor.

Sabemos que la distinción entre religión y política se basa en el diferente objeto de cada una, el de la religión las cosas supraterrenales y el político las cosas terrenales; y, claro, la diversa índole de dichas materias requiere métodos distintos: las terrenales imponen el método científico, circunscrito dentro de las dimensiones de la realidad; mientras que las religiosas imponen otro método: el método dogmático, basado en la fe y la revelación, temas que están libres de rigor científico porque no necesitan la demostración rigurosa de su verdad, sino, únicamente, la creencia o adhesión incondicional de la persona creyente: en religión no se necesita la demostración racional de sus fundamentos, sino que la persona debe creer sin dudar.

Esta es básicamente la razón por la que, desde Maquiavelo, se ha sostenido con acierto que el Estado, que es una organización autónoma de la ‘res publica’, debe ser laico; y que el mundo de las creencias (los apóstoles, los santos, los milagros y la fe) debe mantenerse dentro de la esfera propiamente religiosa, separado del mundo político. Ambas esferas estuvieron confundidas por siglos, y para muchos todavía lo están. Y la consecuencia de ello es que los argumentos de fe serían criterios válidos para decidir el voto en las elecciones políticas: y entonces no las va a ganar el candidato que ofrezca el mayor rigor científico en el diagnóstico y la solución de los problemas económicos, sociales y culturales de la comunidad, sino el que consiga una mayor adhesión a su condición de ungido, de hombre de Dios, y a sus planteamientos basados en la fe, la revelación, un supuesto ‘don de lenguas’ (ramaseca, etc.), criterios claramente inservibles en el plano de la política, plano de lo realmente posible.

Tal cosa funcionó en las nuevas repúblicas de América Latina en el siglo XIX, por influencia de los curas: si una parte considerable de la comunidad, por su bajo nivel educativo y su exposición masiva a las consejas curialescas, llega a creer que un candidato cuenta con el favor de Dios para gobernar, y con el poder de cambiar milagrosamente las cosas, seguro ese candidato iba a resultar elegido; aunque también muy probablemente su gobierno será desastroso, por la irrealidad de sus diagnósticos y la quimera de sus soluciones. Y así nos fue.

A inicios del siglo XXI tenemos que la religiosidad en general se ha reducido notablemente; pero aún en algunos sectores «…la confianza, la esperanza en la magia, no se ha desvanecido en absoluto con la llegada de la ciencia experimental…” (Umberto Eco: El mago y el Científico; EL País, 2009) Y precisamente, donde se ha mantenido una educación deficiente (dolencia endémica en la comunidad costarricense), ésta ha dado pábulo a la persistencia difusa de un pensamiento mágico ya en buena parte sin raíces religiosas explícitas, que sigue siendo irracional y se expresa de muchas maneras: desde la ingenua esperanza en que la oración pedigüeña va a influir en la lotería, hasta los fanatismos por los héroes deportivos; y en política, en la fe y en la atracción por el mítico ‘hombre fuerte’, ‘hombre de mano dura’ (siempre más parecido a Benito Mussolini que a José Martí) que resolverá todos los problemas (sobre esto hay que leer, sin falta, Desmitificar a los caquistócratas, de Gustavo Román Jacobo; en CR HOY, 5 de julio de 2025).

Modernamente la experiencia nos ha corroborado una dolorosa/certera lección: la conservación de una auténtica democracia requiere precisamente que la mayor parte del electorado sea capaz de separar, de manera nítida, la esfera política de la esfera mágico/religiosa; y la capacidad de distinguir el pensamiento mágico del pensamiento racional es, a su vez, el resultado de una robusta educación laica. Mientras ésta no se arraigue y generalice en la comunidad con una base racional, y a cambio predomine en el electorado la ignorancia (con sus hijos predilectos: la credulidad y el fanatismo), estaremos más expuestos al peligro de caer en manos de demagogos autoritarios: quienes irracionalmente adherían a la democracia, también irracionalmente renegarán de ella un día.

La historia reciente

Muy temprano, quizás ya en el Siglo XIX, nuestro pueblo se enamoró de la señora Democracia; y aunque pronto aparecieron razones para su desengaño (porque nuestra alabada democracia representativa era, en realidad, una oligocracia con periódicos relevos del poder), por mucho tiempo Costa Rica se aferraba a su ilusión democrática: perdonaba y olvidaba, y pasado un tiempo volvía a perdonar y olvidar, etc.

Perdonó y olvidó el autoritarismo fascistoide de León Cortés, la corrupción de Calderón Guardia, Figueres Ferrer y Oduber Quirós; la traición, los olvidos y las inepcias de Monge Álvarez, Arias Sánchez y la larga lista de los neoliberales, disfrazados o no; hasta que finalmente llegó el momento en que la pobreza y la exclusión nunca remediadas a fondo, la crisis fiscal permanente y una serie de graves escándalos de alto nivel (la Trocha, el Cementazo, la Cochinilla, el Diamante) rompieron el encanto; y la anti-democracia empezó a ascender paulatinamente en las encuestas.

De ese modo surgió en nuestro País el riesgo de una involución autoritaria. Hubo amagos anteriores, pero me parece que, a su manera, eso estuvo a punto de ocurrir una primera vez en nuestro Siglo (2018) con el brote virulento de la popularidad de Fabricio Alvarado: en ese momento la oligarquía codiciosa y timorata y los viejos políticos representados sobre todo por el partido Liberación Nacional, desacreditados a causa de sus gobiernos corruptos e ineficaces, y derrotados electoralmente, vieron la oportunidad de regresar al poder aliándose con aquel candidato que, por su investidura de ‘hombre de Dios’ y su mensaje puramente emotivo, parecía tener posibilidades de ser electo; pero que, por sí mismo, visiblemente carecía de aptitudes para gobernar. Tal contubernio, que haría de Fabricio un “tonto útil” al servicio de un grupo de sagaces políticos potencialmente derrotados, le ofrecía a dicho grupo la inesperada, fortuita ventaja de volver al poder. Pero la cosa no terminaba allí: en un plano diferente, Fabricio era también correa de transmisión de una fuerza política subrepticia, proveniente de las iglesias neopentecostales de los EE.UU que, desde hace años planean, dirigen y financian la penetración de sus organizaciones en América Latina; y han aceptado servir a su vez, de instrumento de una política neoliberal de dominación por parte del gran capital transnacional.

Toda la progresía, sumada a los católicos neo-asustados, votó por Carlos Alvarado; y éste ganó. Sin embargo, no dejemos de considerar que el temido peligro no fue conjurado del todo con la derrota de Fabricio: se mantuvo ominosamente presente debido a la conjunción ideológico/oportunista entre los 14 diputados del Partido Restauración Nacional, los 17 de Liberación Nacional y los 8 del PUSC que tendencialmente se les sumarían alrededor de las iniciativas reaccionarias provenientes de las cúpulas de dichas agrupaciones.

Es decir, para derrotar a Fabricio en la segunda vuelta, el progresismo de izquierda y centro-izquierda se arrojó en brazos de Alvarado, candidato del PAC, un partido sin ideas y sin ideales. Y se llevó un chasco, porque lo que sorpresivamente hizo Alvarado fue aglutinar todo el neoliberalismo: PLN, PUSC, PAC y además los propios pentecostales; y con esa mayoría parlamentaria y la complicidad inicial, estratégica, de la Sala Cuarta, se lanzó a debilitar la Caja, el ICE, las universidades públicas y las restantes instituciones de servicio público, así como las garantías del Derecho Laboral Colectivo y los sindicatos públicos: ¡último bastión que nos va quedando en la defensa del Estado Social y Democrático de Derecho!

Históricamente hablando, nuestro Estado Social y Democrático de Derecho tuvo su último defensor en Rodrigo Carazo Odio: después de él, a partir de Luis Alberto Monge, ex sindicalista réprobo, todos los presidentes han profesado en varia medida un neoliberalismo más o menos acorde con los planes de ajuste estructural del FMI y el BM (buques insignia del neoliberalismo en el Tercer Mundo), y con las mezquinas expectativas de aprovechamiento de las oligarquías con respecto a los despojos de la privatización: en suma, cada presidente de la lista contribuyó con la causa neoliberal mundial, arrancando algunos ladrillos, o un pedazo de pared del edificio del Estado Social de Derecho que nos legaron Calderón Guardia, Manuel Mora y Pepe Figueres.

Alvarado hizo su parte: magnificando mentirosamente la endémica crisis financiera del Estado y manipulando el truco de la regla fiscal, consiguió al cabo debilitar la posición de los sindicatos y del funcionariado público; pero la pobreza, la desigualdad y la canasta básica aumentaron, lo cual lo descalificó y alentó las esperanzas mesiánicas. Había llegado a Costa Rica un momento de gran peligro: la hora del outsider, del no contaminado con los vicios y corruptelas de lo que Milei en Argentina denominó “la Clase”; y apareció Rodrigo Chaves Robles, experto del Banco Mundial en aplicación de ajustes estructurales. Contra lo que declaraba apaciguadoramente en sus discursos de campaña, todo parece indicar que su misión en Tiquicia es, al fin, dar cristiana sepultura a los restos de nuestro pequeño Estado Empresario: a nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Populismo y magia en la coyuntura actual

Volvamos ahora al tema de las primeras páginas de este artículo, porque Rodrigo Chaves es, obviamente, el afortunado beneficiario de aquel fenómeno del pensamiento mágico al que aludíamos: colocado en el momento preciso y en el lugar preciso, pronunció las palabras e hizo los gestos y los contactos adecuados para que grupos desengañados de los viejos partidos y una masa fanatizada e ingenua hayan visto en él al iluminado redentor, el ‘hombre de mano dura’, que resolverá los sempiternos problemas del País; y él ha posado deliberadamente para representar ese papel.

Vuelvo a decirlo: desde hacía algunos años se podía vislumbrar con alguna claridad que en Costa Rica estaban dadas las condiciones objetivas para el advenimiento de esa figura providencial, en su modalidad populista:

– Esas condiciones objetivas estaban dadas, repito, por la inepcia y la corrupción de los partidos tradicionales, su cobardía, su falta de compromiso social y su complicidad con las clases opulentas (lo que les impidió siempre gravarlas con impuestos justos, condenando con ello al Estado a una eterna penuria fiscal), trajeron la corrupción en las altas esferas de poder, junto con el aumento de la brecha económica, la ruina del campesinado mediano y pobre, la proletarización de la clase media, la deserción escolar, el repunte de los delitos contra la propiedad, la propagación de la droga, el reclutamiento de la juventud pauperizada por parte del narcotráfico, el sicariado y un largo etcétera.

En su planteamiento de campaña, Chaves, el hombre nuevo en el escenario político-electoral, por un lado exhibe a los villanos (encarnación del Mal), que son los partidos tradicionales PLN y PUSC, y el PAC; junto con los Poderes Legislativo, Judicial y Electoral; la burocracia parásita en contubernio con un empresariado inmoral y acomodaticio, y con una ‘prensa canalla’; y por otro lado presenta al renovador: al salvador, es decir, él mismo (encarnación del Bien), virtuoso, sabio y justiciero. Se trata de una moderna edición del pensamiento mágico llamado populismo, que hace unos años estuvo representado por el fracasado Movimiento Libertario con su lema: “no más de lo mismo”.

Ahora bien, en política, el pensamiento mágico opera en ambas direcciones: afecta a la masa que diviniza al líder y lo absuelve de antemano de cualquier exceso, por criminal que sea; y afecta la mente de aquél, tentándolo para una alta apuesta que a sus ojos lo legitima para perseguir sus fines sin reparar en los medios. Estamos ante el vínculo “populista”, directo, entre el líder y sus fieles seguidores, que produce una fuerte tendencia a sustituir el orden institucional (parlamentario, judicial, electoral, de control financiero), por un espejismo en el cual el líder se dice intérprete de una pretendida voluntad soberana, éticamente superior: un ‘mandato de la Historia’ que estaría por encima de aquel orden jurídico estatal que se asegura obsoleto y carcomido por el vicio.

Continuará en entregas posteriores.

El desafío de América Latina frente a Trump: ¿Subordinación o soberanía en el nuevo orden multipolar?

Mauricio Ramírez Núñez

Mi tesis central radica en que las posturas agresivas y unilaterales de Trump hacia la región, lejos de ser exclusivamente negativas, podrían generar un punto de inflexión en el que los países latinoamericanos se vean obligados a tomar una postura más clara, soberana y unificada frente a Estados Unidos, a diferencia de la estrategia «soft» de los demócratas, que suele ser percibida como más sutil pero igualmente intervencionista. Esta es una tesis que países como Rusia la deben de tener muy clara en todo aspecto.

Durante el primer mandato de Trump, México vivió una transformación política significativa. Las posturas abiertamente xenófobas y agresivas de Trump hacia los mexicanos minaron el discurso tradicional de partidos como el PRI, que históricamente habían mantenido una relación servil con Estados Unidos. Esto abrió paso a un sentimiento nacionalista que favoreció el ascenso de Andrés Manuel López Obrador, cuya retórica de soberanía resonó con una población cansada de la corrupción de aquellos partidos, así como de la subordinación política y económica a Washington.

Aquí trazo un paralelismo interesante de considerar: lo que ocurrió en México podría replicarse en toda América Latina. La lógica detrás de esta afirmación es que las amenazas y actitudes confrontativas de Trump, como la idea de recuperar el Canal de Panamá o imponer sanciones unilaterales, podrían obligar a los gobiernos y las sociedades de la región a articular una respuesta más firme y cohesionada, anclada en la multipolaridad emergente liderada por actores como India, China y Rusia. Además de reactivar en la región la semilla para el surgimiento de nuevas fuerzas políticas e ideológicas.

Sin duda Trump seguirá la doctrina Monroe que busca reafirmar el control estadounidense sobre la región mediante una estrategia directa y matonesca, a diferencia de la estrategia más «soft» de los demócratas, que se reviste de un lenguaje progresista y diplomático pero que, en esencia, busca los mismos objetivos hegemónicos. Este contraste pone de relieve una cuestión clave: ¿es preferible enfrentar una hegemonía explícita y directa o una que actúa tras bambalinas? Desde mi perspectiva, la primera opción, aunque más dura, podría ser un catalizador para una mayor autonomía o despertar regional.

En este contexto, queda en evidencia la decadencia de Estados Unidos — por su desesperación por recuperar influencia y recursos— lo cual representa una oportunidad única para América Latina de redefinir su papel en el sistema internacional, dejando de ser un «patio trasero» y posicionándose como una región estratégica dentro del nuevo orden multipolar. Creo que Rusia y China pueden tener una lectura algo similar de esto.

La pregunta central es, ¿Qué postura tomaremos?, es tanto un llamado a la acción como un desafío político. En un escenario de crisis y confrontación, América Latina podría optar por dos caminos: mantener la subordinación histórica a Estados Unidos o construir una respuesta soberana y colectiva que aproveche las dinámicas del sistema multipolar. Esto último implicaría fortalecer la integración regional, diversificar las relaciones exteriores y revalorizar los principios de autodeterminación y soberanía.

Tampoco podemos dejar de lado riesgos de esto. Aunque Trump pueda actuar como un catalizador de cambios, la posibilidad de enfrentar sanciones, desestabilización económica o conflictos internos podría complicar la consolidación de una postura unificada en la región. Además, la creciente influencia de actores como China y Rusia en la región plantea sus propios desafíos en términos de dependencia y negociación.

Es momento de pensar en lo que desde hace tiempo ya varios políticos y académicos han planteado sobre un No Alineamiento Activo que nos permita tener equidistancia estratégica, así como una postura independiente y soberana en la política internacional.

El reto del Jaguar contra los Presidentes de la Asamblea y de la Corte

Vladimir de la Cruz

Vivimos inevitablemente la sociedad de la información y del conocimiento en la cual, por todo lado, nos llegan datos procesados, mensajes de todo tipo, puntos de vista sobre temas diversos, referencias de la actualidad inmediata que vivimos. El conocimiento y la información que nos llega es mezclada. Hay que saberla distinguir para valorar lo que nos interesa y lo que hay que dejar de lado o desechar, porque no tenemos todo el tiempo del mundo para entretenernos con esos mensajes informativos.

Esa información, la generalizada del Facebook, del WhatsApp, del Instagram, del TikTok, y de otras redes digitales similares, se vuelve adictiva por lo atractiva que es y por la simpleza de contenido que trasmite.

Lamentablemente, este mundo informático y digital ha ido creando una población analfabeta, que cada vez escribe y lee menos, que reduce las palabras a signos y garabatos, de ignorantes, sin cultura alguna, ni general, ni histórica y mucho menos política. De continuar en ese camino, el peligro es que avancemos hacia una población de analfabetos por desuso, es decir, de personas que aprendieron a leer y escribir que por no practicar la lectura y la escritura se les olvida cómo hacerlo. El analfabetismo y al analfabetismo por desuso, ha aumentado.

Los analfabetas y analfabetas por desuso son más fácilmente influidos y dirigidos también, por demagogos, por demagogos populistas, quienes apelan ante ellos con prejuicios, con emociones, con miedos, sembrando esperanzas, identificándose con sus frustraciones sociales, económicas y políticas, buscando ganar su apoyo, el apoyo popular, usando recursos de oratoria desinformada, con datos errados y engaños, halagando al pueblo, al bajo pueblo, al populacho con actitudes populistas que los identifican simbióticamente.

El proceso educativo nacional, hace bastantes años empezó a aceptar prácticas que se orientaban en esas direcciones, cuando ante la lectura completa de libros y textos, introdujeron y aceptaron las prácticas de lecturas de resúmenes de libros, prácticas que llegaron a las universidades, con igual daño formativo. Hay gente que se queja de leer más de 3 minutos, menos de una página.

La información como tal, como concepto latino que es, procede del verbo latino “informare”, que significa “dar forma a la mente”. De allí instruir, disciplinar, enseñar.

De modo, que quien no lee y no escribe, o no practica la lectura y la escritura, posee menos palabras, no desarrolla su mente. Con ello disminuye su capacidad de entendimiento y comprensión de textos, libros o discursos, se aumenta su ignorancia, es decir, la ausencia completa del conocimiento y, por ello, el desconocimiento de la realidad concreta, específica. En la escuela nos enseñaban a usar el diccionario, obligado como texto escolar. Hoy los niños y jóvenes estudiantes no lo tienen a mano.

En esa época, no hace mucho, aunque pareciera una eternidad, por la descerebración que se ha producido nacionalmente, sin estas redes informativas y de comunicaciones interpersonales, existía una cultura nacional, una educación nacional, relaciones familiares más estrechas y formales, más respeto, cultivo de valores personales, familiares, sociales, cívicos. Había tiempo y disciplina de lectura.

Las personas, los niños y estudiantes, los jóvenes como los adultos y personas mayores rendían culto y respeto a las tradiciones históricas nacionales. Aun sin mucha información histórica, las fechas patrias y las efemérides nacionales tenían peso, se respetaban, su cultivaban en su enseñanza básica. Hoy, esto se va diluyendo cada vez más, y más rápidamente. No interesan estas identificaciones con el país, con la Nación, con la Patria, con su Cultura, su Historia, con su Patrimonio.

Hoy se orienta hacia un cosmopolitismo vacío, hacia la creencia de que formamos parte de una misma comunidad universal sin pertenecer en la realidad a ninguna, porque se tiende a borrar esas identidades particulares. Se impulsa una globalización por encima de las diferencias nacionales, culturales, geográficas o políticas, donde los hombres universales se venden como los modelos.

Con fuerza se venden y promocionan de la misma manera los que han servido a organismos o instituciones mundiales, o internacionales. Por ello, no son casuales los personajes al estilo de héroes de ficción como Rodrigo Chaves, quien así se presenta ante una población de analfabetas, de analfabetas por desuso, y de analfabetas políticos que se identifican con el soldado universal, arropado de presidente, capaz de resolver los problemas de la población, y de saldar las cuentas con quienes por años han engañado a ese pueblo ignorante, como él lo ha dicho, por medio de sus dictadores y tiranos que usufructuando el poder solo para ellos, sus partidos y sus camarillas han gobernado, y que “no le dejan gobernar”.

El demagogo populista siembra el engaño, confunde para vender un producto o ganar un favor. Estos demagogos no se mueven en la sociedad de la información o del conocimiento. Afirman deliberadamente con sus actos, con sus acciones, con sus discursos, la sociedad de la ignorancia desde los medios de comunicación masiva, de sus redes sociales, de las redes que pagan troles, donde la condición de ignorante la presentan como virtuosa, donde los ignorantes se sienten sabios o identificados con la sabiduría del demagogo populista, sabiduría que asumen como propia, lo que los envalentona de modo agresivo.

Los demagogos populistas procuran provocar animosidad, fuertes sentimientos identitarios, reacciones fuertes, guerreristas, confrontativas. Viven azuzando, irritando, hostigando, aguijoneando para confrontar, para embestir, para luchar, para atacar. Viven ladrando, mejor dicho, gruñendo como jaguares.

Hace una semana el animal de Zapote, el Jaguar, gruñó fuerte. Al menos así lo hizo en un spot, un corto televisivo y en redes digitales, que trasmitieron muchas veces por todos los sistemas de comunicación que manejan en la Guarida de Zapote.

El Jaguar se abalanzó directo al pecho, y a las yugulares, de los Presidentes de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia, Rodrigo Arias y Orlando Aguirre. Se lanzó violentamente, tratando de sorprenderlos, para depredarlos, para cazarlos, para eliminarlos como las figuras más importantes de los Poderes Públicos, que el Jaguar no controla y domina, para evitar que figuras como ellos, representantes y defensores de la Democracia, nazcan, se reproduzcan y aumenten, y pueda evitarse el descarrilamiento de la Democracia que se impulsa desde la Guarida de Zapote.

El ataque fue directo: “Los invito, Rodrigo Arias y Orlando Aguirre, sin asesores, en cadena nacional en Facebook o donde ustedes quieran, donde nos sentemos a conversar sobre el desempeño de cada uno de los tres poderes que presidimos”.

El ataque fue el resumen apretado de una nota que les dirigió el pasado 12 de diciembre. En ella afirmó que “la democracia no es silencio, es la claridad con que exponen, se analizan y se discuten los problemas y los medios para resolverlos”. Frase contundente que es válida para quienes también critican al Presidente, sus actos y acciones u omisiones de gestión gubernativa.

Agregó el Inquilino de Zapote que “el silencio constituye, muchas veces, complicidad con lo que está mal en nuestra patria”. Por eso nadie, ninguna persona sensata, se puede callar frente a la mala, casi nula, conducción del país.

Recordó que el miércoles 11, en su montada conferencia de prensa, “los invitó a debatir en vivo, pública y transparentemente, sobre los desafíos y cambios que debemos llevar a cabo en los poderes de la república, por los que tanto clama el pueblo”.

El pueblo no clama. El que ha estado exigiendo, clamando, gritando desbocadamente contra los poderes públicos, como la Asamblea Legislativa, sus integrantes, sus diputados y, contra la Corte Suprema de Justicia, su Sala Constitucional, la Fiscalía General de la República y sus integrantes, los magistrados o funcionarios, es el Presidente Chaves.

Para el presidente que acepten la invitación al debate es “un sublime ejercicio democrático”. Pero, él no acepta debates con los periodistas independientes, no pagados por casa presidencial, o que no tienen el guion de las preguntas obligadas que hay que hacerle, para las cuales están preparadas las respuestas y hasta los funcionarios listos a contestar.

Propuso que el debate se hiciera en la Casa Presidencial, que llamó “la casa de todos los costarricenses”, o estar dispuesto a desplazarse a cualquier otro lugar en la fecha y hora que a los Presidentes del Poder Legislativo y del Poder Judicial lo prefieran.

¿Cuáles son los “desafíos y cambios” que el presidente quiere discutir de los otros poderes? No los señaló, ni siquiera hizo una caricatura de ellos. Así no se puede ir a un debate, donde no están bien definidos los temas y las reglas del debate.

En esas condiciones el encuentro va a estar montado, para la casa presidencial, solo para servirle a él y para atacar, como lo ha venido haciendo constantemente, a los Poderes Públicos, dañar su imagen, disminuir y falsear la confianza pública ciudadana que deben tener y se les debe rendir. Para atacar especialmente a los Presidentes de la Asamblea y de la Corte y desprestigiarlos.

La carta enviada, y el spot que la promueve, son una falta de respeto a los Poderes Judicial y Legislativo. Se pasa de la raya del respeto institucional que se debe tener de la independencia y autonomía de los Poderes Públicos.

El presidente no ha entendido, en casi tres años de morar en Zapote, que los Poderes Públicos en Costa Rica tienen 200 años de existencia. No ha entendido que esos Poderes Públicos tienen funciones propias, específicas, exclusivas e indelegables. Uno, para ejecutar las leyes y acciones de gobierno que derivan de ellas, otro para aplicar las leyes y desarrollar y asegurar la justicia y, el otro, para hacer las leyes, con una función adicional propia, indelegable y exclusiva, la de ejercer control político sobre el quehacer de todos los funcionarios públicos, incluido el Presidente y su administración o gestión de gobierno. No ha entendido que la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo son los únicos Poderes Públicos de carácter político, que podrían reunirse a discutir sobre temas políticos y electorales, como el presidente provoca. El presidente no ha entendido que el Poder Judicial, por su naturaleza no puede participar de debates políticos, donde puedan estarse mezclando, como lo pretende el presidente, temas también electorales. De la Independencia institucional que los poderes tienen, el que más independiente debe ser es el Judicial, por la imparcialidad que institucional, constitucional y jurídica tiene para poder mantener y asegurar la confianza e integridad de la función judicial encomendada ante la sociedad y la ciudadanía.

El Presidente ha venido enfatizando hacia el público analfabeto políticamente, que le sigue fanática y ciegamente, que esos poderes no le dejan gobernar; que hay que reformarlos o controlarlos con una mayoría de diputados afines a él, como está llamando a los ciudadanos a organizarse y a votar en las próximas elecciones de esa manera, contra todos los demás partidos políticos y a votar por los diputados de los llamados partidos jaguares, que llevarán ese emblema electoral, no importando el nombre que tengan.

Es el presidente quien ha venido minando las estructuras institucionales de control que públicamente existen, porque desea gobernar sin controles, entre otras cosas porque es una manera fácil de gastar dineros públicos con empresas o “socios”, o amigos empresarios del gobernante… porque lo que hay en el Gobierno, como él dijo de los otros gobiernos anteriores, es un grupo de amigos, de todo tipo de actividades empresariales, productivas, financieras y que produzcan riqueza, gobernando por medio de él.

Al presidente Chaves le urge y le es necesario despedazar, desprestigiar y hacerle perder credibilidad y confianza, ante el pueblo costarricense, a la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea Legislativa. Desea y trabaja para quedar como el único Poder Público válido y legitimado.

La forma en que el presidente del Ejecutivo Nacional se ha referido a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y de la Asamblea Legislativa es burlona, irrespetuosa, agresiva, baja pisos, intimidante. Nunca se había visto algo así en el país ni en la historia republicana que hemos vivido.

La carta, a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y de la Asamblea Legislativa, les fue enviada al momento en que la Asamblea Legislativa entró en receso parlamentario hasta el 6 de enero próximo.

El Presidente Rodrigo Arias Sánchez no tiene por qué responderle esa nota antes del 6 de enero. Si lo hace, ese día, será como un regalito del Día de Reyes para el inquilino de Zapote.

No están obligados los ciudadanos presidentes de estos Poderes Públicos, Rodrigo Arias y Orlando Aguirre, de aceptar el show político que, publicitariamente, quieren montar en Zapote para iniciar el año electoral del presidente Rodrigo Chaves Robles.

En ese tablao zapoteño, a lo flamenco, lo que se quiere hacer sonar es el zapateado de las botas presidenciales, que se pondrá ese día el Jaguar, donde lo que se pretende, como en los tablaos originales españoles, es que los participantes del espectáculo muestren atención y disfruten el show, en este caso del “bailongo” a la tica.

Para este espectáculo presidencial, no se han mostrado más que a dos “bailaores”, a Rodrigo Arias y a Orlando Aguirre, sin anunciar el repertorio de músicos, canciones y coreografías que Chaves tiene montadas para el jueves 9 de enero a las 2 p.m, día del baile llamado “Debate”, cuando quiere lanzarse el presidente a la arena electoral del 2025, preparando el ambiente electoral para su candidatura a diputado en las elecciones del 2026.

Bien harían los presidentes, de la Asamblea y de la Corte, de no aceptar el baile que les proponen en ese local, del Cabaret presidencial que quieren hacer funcionar ese día.

Casi se le ocurre al Jaguar, en lugar del tablao presidencial que les propone, haberlos llevado al Tablado de Zapote, a pocos metros de la guarida del jaguar, a tratarlos como toros de lidia, ya debidamente preparados para el sacrificio y muerte, como llevan a esos toros a esas plazas de toreo, a esas arenas de combate… donde está todo amañado contra los toros… como está ese debate estructurado contra los presidentes de la Corte y de la Asamblea.

Lo correcto en este momento, antes del show cabaretesco que se quiere montar, es que el Presidente Chaves se ubique correctamente en la historia republicana costarricense, en la historia de independencia y respeto que históricamente han tenido los Poderes Públicos.

El año 2025 es muy peligroso para el país, para la Patria, para Costa Rica, para su institucionalidad. Chaves procurará descarrilar el proceso histórico de la mejor manera que pueda. Para Chaves será el año en que tratará de montar su candidatura a diputado, o de sus candidatos a diputados y a presidente, a base de dinamitar todo lo que se le oponga política e institucionalmente.

La tensión política nacional será llevada al máximo posible, como nunca se ha visto, para tratar de provocar con ello la fórmula salvadora del autoritarismo militarista que se quiere instaurar en Costa Rica.

El Presidente se meterá en la campaña electoral, sabiendo que no puede hacerlo, pero sabiendo también que no hay condiciones políticas ni legales que lo puedan llevar a las sanciones máximas si se mete en la política electoral, ni que le puedan evitar su beligerancia política como lo está haciendo. Tiene el panorama despejado. Le falta iniciarlo con el show del reto al debate que ha propuesto.

A favor del presidente está que los partidos tradicionales, los que están en la Asamblea Legislativa y los que están por inscribirse para las elecciones del 2026, no tienen músculos desarrollados ni fuertes. Los partidos políticos parecieran tener una distrofia muscular, que es la enfermedad que progresivamente les ha creado debilidad y pérdida de la masa cerebral y muscular política, junto a sus militantes, partidarios y simpatizantes, que se han contagiado, cuando no se han ido a buscar otros partidos más sanos… aunque sean de populistas demagógicos, o a refugiarse irresponsablemente en el abstencionismo, como sucedió en la segunda vuelta electoral del 2022.

El discurso presidencial ante las próximas elecciones

Vladimir de la Cruz

La gente habla o se expresa cotidianamente, sin pensarlo, y quizá sin saberlo, en forma de prosa, es decir sin reglas de expresión sujetas al verso, donde las frases no riman, o son muchas veces sin entenderse, como sucede en el habla del Jaguar de Zapote, que al menos él reconoce, que no habla, que gruñe, que con frecuencia no liga su lengua con su cerebro.

El habla es la forma como se expresan ideas, pensamientos, razonamientos, por medio de los sonidos vocales que emitimos articuladamente.

Cuando hablamos discurrimos, hacemos, sin saberlo también, un discurso, como una construcción lingüística que nos permite comunicar nuestros pensamientos, de forma oral con elementos verbales y no verbales, incluso corporales.

Los discursos que hacemos, cuando hablamos, pueden ser para persuadir, convencer, entretener, intimidar o meter miedo, para amenazar, para construir una realidad, para proponer una realidad o un mundo para vivir mejor.

Los discursos son herramientas de comunicación. Generalmente se pretende que sean potentes o fuertes, y que respondan a estrategias de comunicación, los cuales pueden provocar reacciones a favor o en contra de quien los realiza. Se pueden hacer en forma oral o de manera escrita, dependiendo ante quién y dónde se hagan, de manera que pueden ser narrativos, expositivos, argumentativos, informativos y publicitarios, entre otras formas.

Con el discurso se pretende llegarle a un receptor del mismo, individual o colectivo, a grupos pequeños o grandes auditorios, pretendiendo obtener de quien lo recibe una respuesta positiva.

La clave del discurso está en el inicio para lograr que los receptores se interesen y pongan la atención debida, en el resto de lo que les quiere manifestar.

Debe procurarse que el discurso sea claro, comprensible y apto para quien se dirige. Debe procurarse credibilidad en los temas que se tratan, con sus propios desarrollos e ideas básicas.

Los discursos transmiten y exhiben comportamientos sobre temas generales como específicos. Por ello se dice o se refiere al “discurso de izquierda”, “discurso de la derecha”, “discurso de los comunistas”, “discurso de los anticomunistas”, “discurso de los populistas”, “discurso de los liberacionistas”, “discurso de los socialcristianos”, “discurso de los liberales o neoliberales”, y así se podría seguir. Con estas formas queda claro que se transmite un contenido, se comunican ideas, significados, y comportamientos políticos por el emisor respectivo.

El próximo año entramos activamente al año electoral, hacia las elecciones presidenciales y de diputados, que se realizarán el primer domingo de febrero del 2026, dentro de trece meses. Ya están encima. Así como han pasado casi tres años del gobierno de Rodrigo Chaves.

Más rápido se sentirá que pasa el tiempo hacia las elecciones. Todo lo que gire alrededor de ellas provocará esa sensación de que el tiempo vuela, lo que es cierto especialmente para los partidos y candidatos, que están sujetos al calendario oficial electoral, que ya publicó el Tribunal Supremo de Elecciones, que funciona a partir del primero de enero próximo, sin que pueda ser modificado desde esa fecha, dando toda la seguridad jurídica y electoral al proceso de las elecciones y a los partidos que van a participar.

Es claro y evidente que el Presidente Rodrigo Chaves está en campaña electoral. La legislación electoral y la Constitución Política le prohíbe al Presidente participar, en el escenario público, en asuntos políticos o electorales. Si participa comete el delito de Beligerancia Política, que si se le comprueba puede ocasionarle la suspensión de su condición de Presidente de la República.

De proceder esta situación se debe acusar al Presidente ante la Fiscalía General de la República. Por ser un Presidente de un Poder de Estado, la investigación la realiza el Fiscal General, a quien el presidente constantemente ataca, cuestiona, le hace escándalos y deslegitima. Probablemente, lo ha hecho y lo seguirá haciendo porque sabe bien, el Presidente, que el Fiscal es el primero que tiene que instruir sobre una acusación de este tipo. Por esta razón necesita debilitar esta figura institucional para provocar la desconfianza publica del Fiscal y de su Oficina, la Fiscalía.

De comprobarse los hechos, el Fiscal tiene que pasar el caso a la Corte Suprema de Justicia para que allí se proceda en lo que sigue. Por ser un Presidente de un Poder de la República el Presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene que pasar el caso a la Asamblea Legislativa, para que levante la inmunidad legal que goza el presidente, para poderlo procesar.

De allí también, se puede entender por qué el Presidente Chaves ataca constantemente a la Corte Suprema de Justicia, a su Presidente, a la Sala Constitucional, ampliando sus ataques a la Sala Penal, a la Fiscalía como parte del andamiaje institucional de la Corte, para debilitar sus credibilidades institucionales y eventualmente procesales.

Una vez recibido el caso en la Asamblea Legislativa se tiene que integrar una Comisión Parlamentaria, encargada de conocer el caso, en lo que se llama un Ante Juicio.

La Comisión Legislativa, como todas las comisiones estudia el caso, con los trámites internos parlamentarios, y termina dando un resultado, que puede ser negativo o positivo sobre lo que se le acusa al presidente. Si el resultado es negativo, de rechazo de la acusación, el expediente pasa al archivo legislativo. Si el resultado es mayoritariamente positivo, con dictamen favorable, y negativo con dictamen minoritario, se pasa todo el expediente al Plenario Legislativo, para que todos los diputados resuelvan si se levanta la inmunidad o no.

Allí, como en las Comisiones, se dan los debates correspondientes entre los diputados y se vota el levantamiento o no de la inmunidad que tiene para ser procesado judicialmente. Personalmente, veo que no hay ambiente legislativo para levantarle la inmunidad.

En el supuesto, de lo que expongo, que se le levante la inmunidad, entonces se procede a devolver el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que así se juzgue al Presidente.

De encontrarse culpable se procede a calificar la sanción y la máxima es destituirlo de su condición de Presidente e inhabilitarlo políticamente.

En este momento hay dos acusaciones ante el Tribunal Supremo de Elecciones, que conoce de delitos electorales contra el Presidente por beligerancia política, una de un ciudadano y otra del Presidente del partido Liberación Nacional. De igual manera, lo que disponga el Tribunal Supremo de Elecciones, tiene que pasarse por la Corte para el trámite del levantamiento de la inmunidad.

Como se puede apreciar no es tan fácil destituir al presidente por la violación constante que hace en sus intervenciones y discursos, de meterse a opinar contra partidos políticos y sobre temas electorales, lo que le está prohibido. Menos fácil es hacerlo en año electoral, por los plazos procesales de estos trámites, que pueden ser lentos. Pero, también porque un juicio así, en el año electoral, le puede ser muy útil al presidente para mantenerse activo en la campaña electoral, como gran protagonista, defendiéndose de las acusaciones que se le hagan y haciendo campaña, eventualmente para él mismo en caso de que quisiera, como se dice que aspira a ser diputado en el 2026, para lo cual tendría que renunciar a la presidencia en el mes de julio. Ya no gozaría de la inmunidad que tiene. Si se le quisiera continuar la acusación para lograr una sentencia que lo inhabilite de participar se podrían llevar en el tiempo el resto del año y el de las mismas elecciones.

La beligerancia que impulsa el presidente le permite estas discusiones y la posibilidad de su activismo político in extremis.

NO le veo posibilidades reales a procesos de este tipo contra el presidente en este momento. Lo que procede a los opositores al presidente es articular una alianza de fuerzas opositoras con una Coalición Electoral de partidos y de fuerzas sociales, cívicas, ciudadanas que lo puedan superar electoralmente en número de diputados, que es su propósito político, de lograr la mayor cantidad posible de diputados, ojalá una cantidad superior a los 29, para poder palanquear todas las reformas constitucionales y legales que le permitan volver a la presidencia en el 2030 con reelecciones consecutivas, al estilo de cómo están procediendo en Centro América y en el continente los distintos presidentes, y sus procesos electorales.

La construcción lingüística de los discursos e intervenciones del presidente está en esta lógica y perspectiva de afirmar su figura como el nombre fuerte y necesario para sacar adelante política, social y económicamente.

Sus discursos son potentes, al foro de sus ciegos seguidores, y al foro de sus intimidados opositores. Para sus discursos de los miércoles lleva un guion bien estructurado, con una buena guía de los temas que quiere tratar, de los fundamentos que los sustentas, de los actores que los justificarán y de los periodistas, ya contratados, para que le hagan las preguntas para las tienen las respuestas adobadas.

De los garabatos de sus guion, o apuntes a mano, se ve que a como habla y explica así tiene la guía. No hace frases grandilocuentes, pero sí enfatiza en los ataques, en el contenido del ataque y en los personajes por él abordados siempre de manera intimidante, baja pisos, mintiendo sobre ellos en algunos aspectos, creando con ello verdades falsas, que cuando se dicen en abundancia y repetitivamente se llegar a creer como verdades. Sus lemas han de ser: “miente, miente que algo queda” y “una mentira cien veces dicha llega a ser verdad”.

En sus discursos e intervenciones crea historia, algunas con cierta autenticidad, y hasta personajes ficticios con los cuales trata de identificarse y hasta defender…la Señora del Purral…

Tiene buen control de su comunicación no verbal, gesticular o corporal, incluso cuando se mete en el vestido del jaguar y en sus gruñidos, y sus manos actuando como garras…

Le gusta lanzar cuestionamientos provocadores. Recientemente ha aminorado los ataques personales, pero no deja de insinuar hacia quienes van dirigidos y cuáles personas se refiere, siempre burlescamente o bajándoles el piso de distintas maneras.

Hasta ahora no recuerdo que use estadísticas convincentes de su gestión. Lo que más le entusiasma son los resultados de encuestas sobre su persona. No es el presidente de citar personajes, no los necesita para sus tonterías discursivas, pero también porque debe ser de una baja cultura general. Este no sería su pecado, porque a veces quien pasa citando personajes es por la debilidad de sus propios argumentos y necesita darles la fortaleza de los personajes que cita, de manera que si actuara así, con solo quitarle las citas se quedaría sin discurso.

Quien lo está asesorando me parece que, para el genio y figura que es, lo está haciendo hasta ahora bien. Sin duda alguna el que más se cree sus discursos es él mismo. Curiosamente, no está publicando sus discursos, al menos los principales, los que le preparan y escriben, que para eso hay funcionarios especializados en los palacios presidenciales. En eso ha de ser vanidoso de publicar bajo su nombre lo que otros escriben.

Esta práctica la debe haber aprendido en los organismos internacionales en que trabajó. Allí se acostumbra que los informes y trabajos que se realizan salen con el nombre principal del director, del jefe o de la principal figura que está sobre quien o quienes redactaron el informe, el trabajo o la investigación. Si no aparece nada con el nombre del presidente como principal redactor o escritor es que no hizo nada relevante. Habría que revisar su currículum de publicaciones. De todas maneras esto no sería un pecado en esas experiencias laborales. Tan solo n os permitiría conocer el discurso, expresado en investigaciones y publicaciones hechas por el Presidente.

Estaremos atentos al discurso presidencial del candidato electoral oficial, sea cual sea, si es para presidente o para la diputación que salga de la Guarida de Zapote.

No tengo duda de que el discurso presidencial ante las próximas elecciones va a ser muy confrontativo, de pelea callejera, sin grandes contenidos, escogiendo como contrincantes a quienes vaya viendo mejor en posibilidades organizativas electorales o que empiecen a despuntar en encuestas. A todos ellos les montará sus policías políticas y represivas para buscarles cualquier lunar que tengan o haya tenido, no importa si de ahora o hace treinta, vente o diez años. Lo importante es buscar escándalos posibles descalificadores que puedan someterse acusaciones e investigaciones judiciales para limpiar el terreno electoral. Esta será, probablemente, la campaña más sucia y asquerosa electoralmente hablando de la historia reciente del país, que resultará de quienes así la orienten, la diseñen y la hagan.