Coyuntura archivos - Página 13 de 30

CONTROLAR LA JUDICATURA

Escrito en 29/10/2021. Publicado en Análisis, Coyuntura.

José Manuel Arroyo Gutiérrez. Exmagistrado y Profesor Catedrático UCR.

Tal parece que la crisis de la democracia contemporánea en todo el mundo, y con ella la deriva autoritaria que la acompaña, tiene un síntoma claro y siempre presente: el ansiado control del Poder Judicial por parte del Ejecutivo o el Legislativo.

Sea que volvamos los ojos a Europa, donde destacan, entre otros, los casos de Polonia, que ha obligado la intervención de las instancias externas de la Unión Europea para preservar un mínimo de independencia de la judicatura; o bien el caso de España, donde la situación resulta ya alucinante, dado que partidos conservadores de derecha, principalmente el PP, se niegan a renovar el Consejo de la Judicatura, acumulándose cuatro años de caducidad del mandato de los antiguos integrantes, asegurándose su control y haciendo de la Constitución letra muerta.

Si nos fijamos en el continente americano, en estos momentos están declarados varios incendios en la casa de la democracia. En Brasil, el presidente Bolsonaro no está dispuesto a someterse a decisiones de la Corte Suprema de Justicia –que obviamente no controla-, y está acudiendo al apoyo del ejército y de seguidores en las calles para legitimar un eventual golpe de estado. Y en el barrio centroamericano, un muchachito de gorrita con visera hacia atrás, envalentonado por un apoyo popular fruto del desgaste de las fuerzas partidarias tradicionales, está haciendo mesa gallega con las instituciones salvadoreñas, en cuenta y en primer lugar, todas las instancias judiciales, comenzando por el Tribunal Constitucional, la cabeza del Ministerio Público, y más recientemente, todos los jueces y juezas que en principio considera desconfiables (mayores de 60 años o con 30 de servicio).

Ciertamente los casos mencionados son algunos de los más groseros, que ilustran las intromisiones político-partidarias en el Poder Judicial, su independencia y el rol de árbitro que se supone debe jugar en un régimen democrático sano. Pero éstos no son los únicos caminos que el autoritarismo elige para asegurarse un ascendiente determinante para tener a la judicatura arrodillada. Hay vías más sutiles, aunque no menos peligrosas. El reciente caso de los Estados Unidos de América, donde haciendo uso de los mecanismos legales para designar a los miembros de una de las cortes de justicia más prestigiosas del mundo, un Donald Trump prepotente y una mayoría senatorial republicana ultraconservadora, maniobraron para impedir la última propuesta del presidente Obama e impusieron un control mediante varios nombramientos nuevos, todos adeptos a su línea ideológica, poniendo así en riesgo los avances conquistados durante siglos de jurisprudencia progresista, destruyendo sanos equilibrios y poniendo en capilla ardiente temas fundamentales de derechos humanos.

En Costa Rica, con exhibición del peor rasgo de carácter tico, es decir, el “mátalas-callando”, y en el contexto de varias resoluciones lamentables para nuestra Constitución, tales como la autorización de la reelección presidencial o la aprobación de la agenda complementaria al TLC, la ruta seguida sobre todo desde las mayorías parlamentarias, ha sido tomar control de la Corte Suprema a través de un régimen de nombramientos patético, donde se juega a la objetividad mientras se maniobra de mil maneras para designar las candidaturas políticamente “confiables” o “inofensivas”. Todo lo que se perciba como excelencia académica o profesional, todo lo que pueda garantizar independencia y objetividad en los fallos, todo lo que pueda repetir condenas por corrupción a políticos o gentes de poder cuestionados, es inmediatamente descalificado, en un “diálogo” cada vez más intenso y pernicioso entre algunos vecinos de González Lahman y otros de Cuesta de Moras.

El síntoma de descomposición institucional más grave que se percibe en este degradado régimen de nombramientos, está en los mismos agentes internos del Poder Judicial, con suficiente conexión e influencia político-partidario como para recomendar o descalificar a los aspirantes a la magistratura. Si infundir miedo en una democracia es el recurso más vil que pueda concebirse para conquistar las mayorías, llevar esa estrategia de terror al terreno de la justicia, prepara el colapso definitivo de todo el sistema. Jueces con miedo equivale a médicos hipocondriacos o a sacerdotes ateos.

En nuestro país ya no basta la afinidad ideológica de los jueces, lo cual puede ser comprensible. Se está exigiendo algo más. Una clase política miope y regresiva, está queriendo imponer un modelo de sociedad con pensamiento único, en el que frases como “dictadura en democracias” o “en Costa Rica hay exceso de democracia”, son ya consignas que están dispuestos a imponer al precio que sea necesario.

En la antesala de un campaña política más, donde el debate sobre la Justicia y el Poder Judicial siempre han estado ausentes, valdría la pena que una iniciativa ciudadana le pregunte a candidatos y candidatas si realmente creen en el Poder Judicial, y el necesario control que los jueces deben tener frente a los conflictos entre ciudadanos y de éstos frente al Estado.

La regla fiscal: un fundamentalismo financiero que se debe eliminar

Escrito en 21/10/2021. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Francisco Esquivel. Economista.

El diccionario de la Real Academia Española define fundamentalismo como “exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina o práctica establecida”. La regla fiscal es eso exactamente. Es una limitación del gasto público aplicada férreamente sin importar las consecuencias de tal restricción. No importa si los niños pobres se quedan sin alimentos, o los ancianos pobres sin su pensión no contributiva, o si los acueductos rurales se paralizan. Incluso, si el país se queda sin censo y sin el servicio 911, tampoco es relevante para esta regla. Lo que vale es detener al “enemigo” de la economía: el gasto público. Es el neoliberalismo en su pura esencia.

Para la visión liberal el Estado es un obstáculo. Si el libre funcionamiento de los individuos produce el mejor resultado posible, ¿para qué queremos que el Estado intervenga en la economía? Por el contrario, la intervención del Estado, según este enfoque, producirá una distorsión en el funcionamiento de los mercados porque no dejará que los individuos actúen libremente, lo que se traducirá en un resultado no óptimo del mercado. Al respecto, el Estado estrujaría al individuo, cobrándole impuestos para desarrollar una intervención ineficiente. Si se eliminan los impuestos, el ingreso quedará disponible para el libre uso de los individuos, los que deberían producir lo mejor para la economía mediante los mercados libres.

El déficit fiscal de Costa Rica es importante. Amerita un programa urgente que combine equilibradamente el control riguroso del gasto y las acciones firmes para incrementar el ingreso. Sin embargo, cuando el enfoque liberal orienta la política fiscal, la disminución del gasto predomina sobre el incremento del ingreso. La experiencia reciente lo demuestra: se están impulsando acciones para aumentar la carga tributaria de los grupos de ingreso medio y bajo; sin afectar significativamente a los segmentos de ingreso alto. Así, el incremento de los ingresos será limitado. Por lo tanto, dominando la visión liberal, el equilibrio en las finanzas públicas se pierde, y la obsesión por reducir el gasto impide una acción integral de la política fiscal. En ese sentido, la gestión fiscal se reduce a perseguir partidas: salarios, compra de insumos, transferencias para la población pobre, pensiones, etc. Se recortan indiscriminadamente las partidas, sin considerar la importancia estratégica de los ministerios ni de los programas respectivos. La regla fiscal es la “fórmula operativa” de la persecución de partidas. El mecanismo es muy sencillo: se establece un nivel máximo de la deuda del Gobierno que se calcula como porcentaje respecto al Producto Interno Bruto (PIB). La política fiscal actual lo define como el 60% respecto al PIB. Si el monto de la deuda sobrepasa ese nivel, se activa un freno: se aplica un porcentaje reducido de crecimiento del gasto y el resto se acomoda a ese límite. En este momento, ese indicador sobrepasa levemente el 70%. ¿Cómo se definió ese porcentaje crítico de la deuda? Arbitrariamente. ¿Por qué no un 80%, o un 40%? En Japón ese indicador llega a 256%. En Estados Unidos el indicador asciende a 133%, mientras en Canadá equivale al 116%. Estos países aplican políticas de ingreso y de gasto para reducir los déficits; pero no se amarran a la rigidez de una regla fiscal como la costarricense, que opera en función del porcentaje de la deuda respecto al PIB.

El “truco” de la regla fiscal es condicionar el crecimiento del gasto al nivel de dicho indicador. En la situación fiscal actual, bajar el indicador desde el 70% al 60% tomará varios años; tal vez muchos. Eso dará una excusa para reducir el nivel del gasto hasta niveles insospechados. Cuando el indicador vuelva a su “nivel normal” del 60% será tarde: varias, o muchas funciones habrán sido desmanteladas. Incluso, podría suceder que el déficit fiscal se elimine en unos 3 o 4 años, pero el nivel de la deuda todavía supere el fatídico 60%. En consecuencia, tendríamos el absurdo de que el gasto se sigue recortando, aunque ya no habría déficit. El próximo gobierno, aunque intente modificar la política fiscal, no podrá hacer nada para detener la regla fiscal. La única solución es derogarla. Hay intentos por introducir excepciones; sin embargo, esas iniciativas no captan la esencia del problema: el enfoque liberal no admite parches. Por lo tanto, habrá una oposición obstinada a las excepciones porque “quebrarían” la disciplina. No se puede tapar el sol con un dedo, hay que cambiar la regla fiscal y aplicar un método diferente de control del gasto.

La persecución de partidas contiene errores metodológicos serios. En primer lugar, la regla se aplica, de manera general, al Gobierno Central (es decir, al presupuesto de los ministerios y de los otros Poderes del República) y a las entidades autónomas. Sin embargo, el déficit está en el Gobierno Central. Las instituciones autónomas tienen sus propios ingresos y normalmente no tienen déficit. Entonces, ¿por qué amarrar a las autónomas con la regla fiscal? Por ejemplo, el AyA no puede financiar adecuadamente con sus propios ingresos a las ASADAS, que administran acueductos comunales, porque “se pasa” del límite de gasto impuesto por la regla fiscal. ¡Notable ejemplo del enfoque anti estatista de la política fiscal¡: la regla fiscal se convierte en un pretexto para desmantelar las funciones básicas del Estado, en su acción descentralizada. Si las entidades autónomas no tienen déficit, ¿por qué están sujetas a la regla fiscal? No hay justificación; prevalece el prejuicio ideológico contra la acción del Estado.

Además de lo anterior, hay un defecto metodológico más grave. Antes de recortar una partida del presupuesto público, es necesario evaluar el impacto, la eficiencia y la calidad del gasto que se piensa reducir. Cualquier partida puede ser un problema, pero no de manera general. No es que, por ejemplo, los salarios, la compra de insumos o las transferencias sean malos, en sí mismos, sino que el recurso que se contrata con ese gasto se podría usar de manera ineficiente, o ser de mala calidad. La regla fiscal no evalúa el impacto, la eficiencia y la calidad del gasto; simplemente, aplica el bisturí porque el gasto público es “malo para la economía”. Lamentablemente, la regla fiscal olvida lo establecido en la ley 8131, que establece el marco operativo que se debe aplicar para obtener el máximo provecho de los presupuestos. El artículo 52 establece la obligación de los ministerios de Hacienda y de Planificación Nacional y Política Económica de velar por la eficiencia, el impacto y la calidad del gasto, aportando “los elementos explicativos necesarios para medir la efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos”. Nada de esto se encuentra en la regla fiscal.

La regla fiscal está generando daños que justifican su eliminación. Cercena áreas importantes de la gestión pública, de manera arbitraria, obedeciendo al dogma anti estatal. Y lo hace sin evaluar lo básico: la eficiencia, el impacto y la calidad del gasto. Por lo tanto, debe sustituirse por un riguroso control del gasto, orientado por la ley 8131, sin los defectos metodológicos citados.

La Gran Estupidez al Cuadrado

Escrito en 25/09/2021. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Paulino Vargas Solís

He dicho que la regla fiscal es, con sobrado merecimiento, la Gran Estupidez. Pero lo mejor del cuento, es que la Contraloría de Marta Acosta, ha puesto lo suyo para hacerla aún más estúpida.

Como sabemos, esta regla establece límites al crecimiento del gasto público en función de ciertos parámetros que la ley define. Con el perdón de ustedes, voy a omitir detalles sobre ese particular. Luego me referiré a ello.

Una vez considerados los parámetros definidos, y una vez calculado cuánto puede crecer el gasto público, de un año al siguiente, hay dos formas posibles de aplicar el porcentaje de crecimiento resultante: sobre el presupuesto aprobado o sobre el presupuesto ejecutado. El gobierno aplica la regla sobre el primero, pero la Contraloría lo hace sobre el segundo. Sin embargo, dado el poder sancionatorio que la ley concede a la Contraloría, prevalece la tesis de ésta. Y ello tiene serias consecuencias.

Supóngase la institución XYZ. Su presupuesto en 2021 es 100. Al final de 2021, la institución XYZ ejecuta 95 de los 100 (es normal, y prácticamente inevitable, que siempre haya algún margen de subejecución).

Supóngase que para 2022 la regla fiscal permite un crecimiento máximo del 2,0%. El gobierno aplica ese porcentaje sobre el monto total del presupuesto de 2021, y, entonces, le asigna un presupuesto de 102 a XYZ para 2022.

Pero la Contraloría toma los 95 realmente ejecutados en 2021 y sobre esa base aplica el porcentaje de crecimiento del 2,0%. Ello significa que, como máximo, XYZ podrá gastar 96,9 en 2022. El nivel de subejecución tiende a crecer. Pero eso no es lo principal.

Veamos

Volvamos a 2021. Se presupuestaron 100, se ejecutaron 95. Hubo un superávit de 5, pero suponga usted que 3 de esos 5 están comprometidos, digamos que para una inversión en equipo de cómputo. Lo cual, por cierto, es muy usual, o sea, es muy usual que queden compromisos de un año para el siguiente, sobre todo cuando se trata de inversiones en infraestructura y equipo.

Bueno, pero la Contraloría no permite usar esos 3 que quedaron comprometidos. Solo permitiría utilizar 1,9 ya que ese es el límite que arbitrariamente impone. Y eso bajo el supuesto de que TODO lo demás en la institución XYZ, queda congelado en su nivel de 2021.

A esta institución le quedan dos opciones: incumplir la regla y afrontar las consecuencias derivadas de una sanción de la Contraloría, o enfrentar una demanda judicial por incumplimiento de contrato con la empresa que iba a proveer el equipo de cómputo.

¿Qué opción le queda a esta y a las demás instituciones? Aplicar la estrategia de “coyol quebrado, coyol comido”, o sea, gastar en el día a día, olvidarse de planificar para el mediano y largo plazo, y, en especial, olvidarse de proyectos de inversión cuya plena ejecución demande varios años.

Más estúpido ¡¡¡¡Imposible!!!!

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su página de Facebook.

Costa Rica: pan y circo de bicentenario

Escrito en 19/09/2021. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Marcos Chinchilla Montes

Juvenal acuñó la expresión “pan y circo para el pueblo”, la que alude a la distracción que se le ofrece e impone a un pueblo para evitar que éste no solo reflexione sobre las contradicciones y problemas que afectan a la sociedad en la que vive, sino también para que busque superarlas.

En eso resumo el espectáculo que se organizó para celebrar la independencia costarricense el pasado 15 de setiembre en el Estadio Nacional. Un colorido espectáculo tipo Hotel Fiesta (con su todo incluido) donde se conjugan luces, trajes, bailarines, músicos e historias perfectamente sincronizadas en torno a una idea central: el ser iguales en un país encantador, perfecto, independiente y sin contradicciones. Miles aplaudieron la versión oficial, la versión que siempre han conocido desde su niñez.

Ni por asomo, una alusión a la corrupción, al aumento de la pobreza, o la concentración de riqueza cada vez más descarada y vergonzosa, a las imposiciones históricas del Fondo Monetario Internacional. Nada de mencionar el machismo y la violencia hacia la mujer, el tráfico de drogas, la discriminación a las poblaciones no binarias, la violencia del crimen organizado que se extiende por todo el país. Bien escondidos quedaron los asesinatos políticos del Codo del Diablo, el robo de las tierras indígenas, el combo fiscal, la ilegalización de las huelgas, la destrucción del medio ambiente, la policía militarizada que reprime manifestantes, la exclusión educativa, la venta de la patria. Carmen Lyra figuró mutilada e instrumentalizada, al menos no quedó reducida a los Cuentos de mi tía Panchita.

Se impuso la fina coreografía, una bofetada descarada a historia crítica y reflexiva de nuestro pasado.

En fin, lo volvieron a hacer; millones de costarricenses recibieron su dosis de soma para afianzar la idea de que somos lo mejor de Centroamérica y América Latina; aunque diversos indicadores sociales reflejan la progresiva y peligrosa regresión social que sufre el país. Eso se llama construir la identidad nacional a base de mentiras y sueños, ocultando debajo de la cama nuestras múltiples contradicciones acumuladas a lo largo de siglos.

Tal vez para el tricentenario, quienes nos sucedan puedan reflexionar de manera profunda y honesta sobre el país que están construyendo; si es que quienes vivimos en esta época, algo les dejamos para repensar su pasado y futuro.

Pandemia y reactivación de la economía: una ocasión para un proyecto país

Escrito en 06/09/2021. Publicado en Análisis, Coyuntura.

La pandemia y su doble crisis, sanitaria y económica.

La crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID-19 ha profundizado la crisis económica que venía desde antes, reflejada en el estancamiento del crecimiento económico del país en los últimos años. Por ejemplo, en el decenio transcurrido entre 2001 y 2010, la tasa de crecimiento real promedio de la economía de Costa Rica fue de 4,33%, mientras que en el decenio 2011-2020 la tasa de crecimiento real promedio fue de 2,70%. En el desempleo igualmente se venía de una situación compleja, que se agudizó en medio de la pandemia, pues desde la crisis económica del 2008-2009 el desempleo había llegado a los 2 dígitos y con la pandemia subió por encima del 20%, situación que, además, ha afectado en mayor proporción a las mujeres, a los jóvenes y a los habitantes de las regiones Chorotega, Pacífico Central y Brunca.

Además de las pérdidas lamentables de seres queridos, que se cuentan por miles en el país y por millones en el mundo, la pandemia ha dejado muchas personas con consecuencias en su salud, que requerirán atención permanente y apoyo social para retomar sus vidas. No podemos dejarlos solos, el Estado debe procurar los medios para atender a estas personas que sufrirán consecuencias en sus vidas una vez que la pandemia haya terminado. Pero también debemos buscar la manera de fortalecer financieramente la atención médica del país, que ha sufrido presiones enormes en medio de la crisis, debido a la caída en los ingresos de la CCSS y a una mayor demanda de los servicios de salud, que han llegado casi al límite de su capacidad.

Una crisis siempre nos afecta y de ella nunca salimos igual, salimos peores o mejores.

El papa Francisco nos lo ha recordado con frecuencia, planteándonos el reto histórico de salir mejores. La crisis que estamos viviendo nos enseñó que una situación de estas requiere de la acción de todos, que solo con la ayuda de todos podemos salir adelante, que el apoyo para las personas más afectadas es esencial y que las acciones colectivas son fundamentales para sobrellevar los efectos de la crisis. El amor al prójimo debe reflejarse en el respeto a las medidas sanitarias que protegen a los demás, así como la disposición a construir soluciones en conjunto.

Es importante hacer énfasis en la búsqueda de una solución para las personas más afectadas por el impacto económico de la pandemia

Debemos plantearnos como objetivo fundamental poder otorgar un ingreso vital mínimo para las personas que viven en pobreza, para que puedan vivir con dignidad, así como garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna, a la salud, a una educación de calidad, al acceso a agua potable y a un ambiente sano.

La sociedad post pandémica debe plantearse como objetivo fundamental una sociedad más equitativa, también debemos tomar medidas para distribuir la inequidad en la distribución del ingreso. Evitar el deterioro de los salarios reales, reducir la informalidad y la precariedad laboral e impulsar un sistema tributario más progresivo, deben ser objetivos de la sociedad como un todo.

De la crisis sanitaria la impresión generalizada es que estamos saliendo o vamos a salir relativamente pronto.

Poco a poco se empieza a ver la luz al final del túnel, aunque todavía nos falta caminar un trecho importante y empiezan a surgir nuevos retos. El mundo observa con preocupación cómo la variante Delta se vuelve la variante dominante del virus en muchos países, siendo esta variante más contagiosa que las otras, incluso que la variante original que presuntamente salió de Wuhan, China. Costa Rica ya registra la presencia de la variante Delta en el país, así como de la variante Lambda, ambas variantes de preocupación, según la OMS. Se suma a lo anterior, que existen personas en el país que se resisten a vacunarse, lo que ha frenado el avance inmunitario y el logro efectivo de la inmunidad de rebaño. En el interín tenemos que atender el llamado a seguir colaborando entre todos, mantener la vigilancia, el uso adecuado de mascarillas, a evitar actividades públicas masivas en lugares cerrados.

Por otra parte, se ha producido el acaparamiento de vacunas por parte de los países más ricos, al punto que se está llegando a la posibilidad de que muchas vacunas en poder de países desarrollados lleguen a alcanzar su fecha de vencimiento sin haber sido utilizadas. La tan deseada inmunidad de rebaño es global, no local, estamos conectados y este egoísmo y falta de solidaridad, y hasta engaño, atrasó toda proyección de mejora conjunta en el manejo de la crisis; ahí ya, empezamos a fallar en grande. Se difundieron además y con amplitud algunas de las dificultades que han ralentizado el sistema COVAX, un esfuerzo multinacional de acopio y distribución de vacunas contra el COVID-19. Así las cosas, el egoísmo con el que se ha manejado el tema de la vacunación mundialmente, está atrasando la salida del problema y provocando más enfermedad, una extensión de la crisis y más sufrimiento.

Por ello, a nivel de países desarrollados y en vías de desarrollo, en lo que ya desde hace un tiempo se viene pensando es en la reactivación de la economía.

No cabe duda de que la reactivación económica es una necesidad, que la pandemia se ha convertido en un problema, simultáneamente, local y global. Pero una reactivación de la economía en términos de una superación de la crisis provocada por la pandemia, como una vuelta al pasado, manteniendo el mismo sistema económico y las formas insostenibles de relacionamiento con el ambiente, con la avidez de recuperación que lo caracteriza y de la que tecnológicamente hoy día es tan capaz, sería radicalmente insuficiente. ¿Cómo sería una reactivación pensada en términos de abandonar el uso de energías fósiles y optar por energías y tecnologías amigables con la naturaleza, objetivos hacia los que como un máximo pareciera ya se están dando pasos?

Este cambio es importante como necesario, pero es insuficiente. Recordemos que el Papa Francisco ya estaba escribiendo su carta Fratelli Tutti cuando sobrevino la pandemia, denunciando la naturaleza tan poco humana y fraterna inherente al sistema económico, financiero y comercial actual, que incluso la escribió años después (3/10/2020) de la Laudato Si’ (4/05/2015) sobre la imperiosa necesidad del cuidado del planeta, nuestra casa común. En otras palabras, la necesidad de concebir y crear otra economía es anterior y superior a reactivarla e incluso a hacerla más amigable con la naturaleza. Hay que hacerla humana. Tiene que ser una economía en función del ser humano. El ser humano todo y todos los seres humanos tienen que ser el centro de la economía.

En Costa Rica no concretamos una estrategia de reactivación efectiva y, más bien, nos hemos sumido en un proceso de ajuste fiscal centrado en recortes de gasto, que provocarán más problemas para llevar la economía costarricense a una senda sostenible de recuperación económica y atrasarán la necesaria reducción del desempleo.

Conocedores, expertos y decisores en el campo de las tecnologías, sobre todo de la tecnología informática, ya nos están presentando la digitalización como la base cultural de la nueva forma de vida y cómo la tecnología será capaz de activarla.

Tecnológicamente hablando puede ser cierto. Pero el problema que enfrentamos, anterior a la emergencia de la pandemia, es humano, cultural y social, no meramente tecnológico, que en absoluto se va a resolver con el desarrollo de nuevas tecnologías y la intensificación de la globalización, al contrario, se va a agravar, con sus efectos ya presentes de concentración de riqueza, desigualdad, discriminación y exclusión, empobrecimiento y migraciones. El ser humano y su entorno, deben ser el centro de las políticas públicas, que busquen el bienestar general como objetivo final. La salida de la pandemia debe centrarse en esa premisa básica, o seguiremos tropezándonos con “las mismas piedras” que antes de la crisis del COVID-19. No podemos volver a la “normalidad” pre pandémica.

La digitalización va a generar la pérdida de empleos, cantidad de puestos están siendo sustituidos por tecnologías que hacen el trabajo de otros y otras

La superación de la pandemia y la necesidad de reactivar la economía, deben ser ocasión para concebir, formular, proyectar y poner las bases progresivas de un proyecto país profundamente fraterno y solidario. Desde ya cada proyecto y política pública nuevos deben pensarse en esta nueva dirección, como pasos hacia la misma y de la misma, una comunidad nacional y global profundamente humana, fraterna y solidaria donde todos podamos desarrollarnos lo más humanamente posible. En ningún proyecto de los que se discuten en la Asamblea hay un énfasis en el reentrenamiento del personal. A este aspecto hay que darle mucho énfasis dadas las proyecciones futuras de un mundo más digitalizado, virtualizado y automatizado.

En este sentido hay que retomar la parábola del buen samaritano, donde están los criterios para organizar el mundo tomando como centro al ser humano.

La inclusión o exclusión de las personas que sufren define los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Cada día enfrentamos la opción de ser el Buen Samaritano y para reconstruir el mundo es necesario tener los criterios de la parábola del Buen Samaritano. Reconocer y superar la tentación que nos circunda, somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles.

Solo hay dos tipos de personas, los que se hacen cargo del dolor y los que pasan de largo. El creer en Dios no garantiza el vivir como a Dios le agrada. Hay que ver al Señor en el hermano, esto es un reto. Vivimos en un mundo donde se menciona al Señor, pero no nos apropiamos de Él…creemos que debe ser Él el que haga, que a nosotros no nos toca hacerlo.

En este nuevo marco deben inscribirse leyes como las de reformas y proyectos de ley, como el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, y por supuesto todos los proyectos y políticas tendientes a la reactivación económica.

Es importante el orden de una materia fundamental como el empleo público, pero esto no puede ser llevado adelante con criterios fiscalistas como norte, que no piensen en las condiciones de trabajo de miles de funcionarios públicos que aportan a la construcción del país. Es importante que se exija eficiencia en sus funciones y responsabilidad por sus actos, pero esto debe hacerse con políticas que promuevan mejores prácticas de trabajo y no castiguen la remuneración salarial en general, como parte de políticas de austeridad que han comprobado su falencia en otros países.

Hay que hacer un diagnóstico del país que necesitamos.

Debemos plantear un modelo económico que nos permite alcanzar el máximo bienestar por medio del bien común y escoger proyectos y políticas que nos conduzcan al mismo. Se trata de un proyecto país, con la participación de toda la ciudadanía, resultado de un consenso nacional, que atraviesa organizaciones sociales, empresarios, partidos y gobiernos. La responsabilidad es de los políticos con la participación crítica de la ciudadanía.

“Es posible comenzar de abajo y de a uno, pugnar por lo más concreto y local, hasta el último rincón de la patria y del mundo, con el mismo cuidado que el viajero de Samaría tuvo por cada llaga del herido. Busquemos a otros y hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde sin miedo al dolor o a la impotencia, porque allí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser humano.”

Encíclica Fratelli Tutti

José Amando Robles Robles, céd. 800520054
Carlos Pentzke Pierson, céd. 800750461
Natalia Jiménez Carvajal, céd. 106200962
Arturo Córdoba Sequeira, céd. 108060635
Axel Fernández Fajardo, céd. 800490514
Deyanira Sequeira Ortíz, céd. 102480675
Virginia Hernández Esquivel, céd. 400970377
Fernando Rodríguez Garro, céd. 401650895
Del grupo Maestro Eckhart.

Resistir y Construir

Escrito en 02/09/2021. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Por Esteban Beltrán Ulate
Profesor

La pluralidad de partidos políticos camino al proceso electoral no es sinónimo de pluralismo ideológico, sino una muestra del poder hegemónico compitiendo a más no poder por asumir el poder gubernamental con una estrategia clara, desmantelar el sistema de planificación solidaria, rasgar las vestiduras del sistema de seguridad social, desmantelar las riquezas naturales al mejor postor y entregar la fuerza de trabajo de nuestras juventudes calificadas al empresariado internacional que tiene como único objetivo la acumulación sin responsabilidad patronal.

La falsa libertad de elección que se construye en una papeleta -que adquiere poco a poco el tamaño de un cartel de autopista- que se escribe principalmente bajo las presiones mediáticas, el marketing de agencia hace mesa redonda con la deuda política.

Las personas que invocan la democracia real deben asumir la esperanza de un modelo social de transformación hacia una nueva época. Esto significa que las prácticas heredadas de nuestras y nuestros próceres debe re-afirmarse y renovarse bajo nuevos métodos para planificar tácticas y estrategias que permitan dirigirnos a las fibras mismas de las estructuras.

Así, sin pelos en la lengua hay que decirlo, las condiciones necesarias para un gobierno progresista no están dadas para este cuatrienio, falta aún más trabajo de conciencia social, lo que se ha realizado no es suficiente. No obstante, lejos de ahogarse en lágrimas, hay que ser contundentes en lo siguiente: la opción de resistencia y construcción está en la Asamblea Legislativa en este momento.

Por eso es que, las tendencias progresistas del país están frente la encrucijada de dos caminos (1) Perecer bajo la división electoral y continuar con su agenda de trabajo de base o (2) consolidar un pacto de mínimos para consolidar una opción alternativa en la Asamblea Legislativa para cada provincia, y convertir esta situación en un fortalecimiento del trabajo de base comunal.

Este pacto de mínimos para el bienestar social debe ser el compromiso de un nuevo modelo de participación y creación política popular. Los métodos deben ser renovados, las comunidades tienen que sentir en la piel su vocación para la transformación, por medio de foros sociales provinciales, asambleas populares cantonales, mesas de construcción colectiva de leyes.

Frente a la noche neoliberal, encendamos la luz de la esperanza, entre las y los comunes, pensando y posibilitando puntos de resistencia y creatividad. La Asamblea Legislativa es una opción posible en estos momentos, por medio de un pacto de mínimos que sea el caballo de Troya del pueblo que aspira por el bien común.

Plataforma de la ciudadanía y los movimientos sociales – Invitación a ser parte

Escrito en 27/08/2021. Publicado en Coyuntura, Formación.

Costa Rica se aboca a la elección de las personas y partidos que regirán el destino del país para iniciar el Tricentenario. Se trata de un proceso electoral con una participación récord de partidos políticos.

Los movimientos sociales, compuestos por las organizaciones sociales y la ciudadanía, no pueden permanecer inactivos o asumir una posición pasiva. Frente a la situación crítica del país, pueden hacer una valiosa contribución al presentar propuestas concretas sobre los aspectos más sustantivos. Su voz debe levantarse hasta hacerse oír y ser tan fuerte como para minimizar la parafernalia que montarán algunos partidos, con el respaldo de los grandes medios de difusión y que, por demás, debilitan el pensamiento crítico y racional de la población.

Para ello, el movimiento social, desde su diversidad, debe procurar orientar a las personas hacia lo realmente sustancial, las reivindicaciones y luchas más sentidas, urgentes y esenciales para formular las políticas que, efectivamente, atiendan las necesidades del pueblo.

Las organizaciones y personas firmantes de esta invitación queremos facilitar la conformación de una plataforma. En dicha plataforma se recogerán las propuestas que cada organización o grupo presente desee ofrecerle a la ciudadanía y a los grupos organizados, para confluir en un movimiento desde las bases mismas que centre la campaña electoral en los problemas fundamentales y se proyecte más allá de las elecciones.

Proponemos, -para construir esa plataforma-, que cada organización o grupo de la ciudadanía haga llegar al correo que se indica abajo, un máximo de cuatro propuestas relevantes sobre su temática principal de lucha. El conjunto de propuestas se incorporará por medio de un trabajo de síntesis y concordancia a realizarse por un grupo de Trabajo Comunal Universitario (TCU). Luego, ese documento será pulido y ampliado en lo necesario por las personas, movimientos y organizaciones participantes.

Sugerimos que las propuestas de cada persona, organización o movimiento estén compuestas por dos elementos:
a. Un enunciado a modo de titular de no más de 140 caracteres con espacios.
b. Un párrafo explicativo de no más de 1000 caracteres con espacios.

¡Nuestra voz debe escucharse! Le agradeceremos si comparte esta invitación.
Correo-e para el envío de las propuestas: foro@confluenciasolidaria.org
El equipo de TCU iniciará la sistematización de las propuestas para construir la plataforma a mediados de noviembre.

La chispa

Escrito en 21/08/2021. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Manuel Delgado

Pocas veces el país ha estado enfrentado a un peligro tan determinante como la pretendida Ley de Empleo Público.

Es un adefesio jurídico; es un adefesio político, pero, sobre todo, es un adefesio moral.

Lo primero que llama la atención es que se le propone como una medida para ayudar a paliar la crisis fiscal y el déficit público. Pero la justificación económico-financiera no está ni medianamente clara. El gobierno dijo al principio que la ley iba a ahorrar un equivalente al 1,5% del PIB. Nunca dijo de dónde salió ese cálculo, pero más el Ministerio de Planificación estimó ese ahorro en una cifra situada entre un 0,6 y 0,9% del PIB. Ahora que se desvincularon de ella el Poder Judicial, las Universidades, las municipalidades y, al menos en parte, la Caja, ese mal llamado ahorro posiblemente sería muchos menos. Pero nadie ha dicho cuánto.

En los aspectos económicos ahondaremos más adelante, pero ahora quiero referirme a lo más aterrador de esa ley, que es el llamado Sistema de Gestión del Desempeño que le da al ejecutivo poderes absolutos sobre cuerpos y almas.

Se trata de darle a MIDEPLAN el poder rector sobre el empleado público, la posibilidad de determinar a quién se contrata y a quién se despide prácticamente sin cortapisas.

Para ello se le dota de una guillotina: los empleados públicos pueden ser despedidos con dos calificaciones anuales de menos del 70%. Los motivos de esa calificación son tan abstractos, que se le da al jerarca el poder omnímodo de echar sin responsabilidad patronal a los empleados que no le conviene a la administración o al partido de turno. O a él personalmente. Por supuesto, ya sabemos que los primeros que irán para fuera son los activistas sindicales.

Ese poder ilimitado de la administración, me decía una activista, alimentará el acoso laboral pero sobre todo el acoso sexual, porque los empleados y empleadas saben que tienen que estar bien con los jefes si quieren conservar sus puestos.

La ley le da a ese ministerio, además, potestades de adoctrinamiento de su mano de obra de manera ilimitada: formarán a los empleados de acuerdo con los intereses del grupo o grupos en el poder. Es lo que se conoce como Estado corporativo. Por cierto, esos grupos de poder y los partidos que los representan han dejado mucho que desear en materia moral como para que pongamos en sus manos tanta responsabilidad.

Todos queremos una administración pública más eficiente, pero ese proyecto no lleva como fin lograr esa meta. Muy al contrario: logrará un estado más autoritario, menos participativo, con jerarcas de más poder y, por tanto, un sistema más propenso a la corrupción.

Nosotros tenemos una excelente institución en materia de manejo del sector público. Es el Servicio Civil, creado por impulso de los trabajadores precisamente para frenar la práctica del clientelismo, que cada cuatro años cambiaba despedía a unos y contrataba a otros según la bandera del partido vencedor en las elecciones. Estamos a un tris de volver a esas prácticas de los años treintas y cuarentas.

Lo que hay que hacer es limpiar esa institución, e impulsar el control desde abajo, desde las asociaciones de beneficiarios, de pacientes del seguro, de clientes de los bancos, de abonados a los servicios de agua y luz, de estudiantes y padre de familia, de los ciudadanos corrientes. Precisamente la solución somos nosotros, los que financiamos ese aparato y no tenemos ningún poder en esas instituciones.

Contra la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia

Escrito en 04/08/2021. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Por Luis Paulino Vargas Solís

La resolución de la Sala Constitucional -al menos el “por tanto” que se dio a conocer- tiene claros y oscuros, no obstante lo cual, hay en un punto en el cual fue absolutamente contundente: de parte del presidente Carlos Alvarado, de su subalterna la ministra Pilar Garrido, y de una amplia mayoría de diputados y diputadas, ha habido una actitud de abierto e indisimulado irrespeto a la Constitución de la República, como al mismo tiempo se puso en evidencia que estos señores y señoras, desconocen flagrantemente, o en todo caso no les importa un rábano, algunos de los principios más fundamentales en que se asienta la democracia y el Estado de derecho.

Muchas veces, muchas personas se los advertimos, en todos los tonos y de todas las formas posibles. Inútilmente, como es evidente.

De forma deliberada, y con absoluta alevosía y mala intención, se ha intentado pisotear la Constitución, borrar de un plumazo algunos de los principios filosóficos y doctrinarios más importantes que inspiraron a la Asamblea Constituyente de 1949, y, con ello, no solo socavar el Estado de derecho, sino torpedear principios tan básicos como el de la división de poderes, sin el cual la democracia no tiene sentido.

Carlos Alvarado como los diputados y diputadas, violentan así su juramento de respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, y violentan también el mandato que, en ese mismo sentido, recibieron del pueblo costarricense.

Todo esto es extremadamente grave, quizá mucho más grave que el peor escándalo de corrupción que hemos visto en los últimos tiempos.

Publicado en https://www.facebook.com/1472773056278453/posts/2775957075960038/ y compartido con SURCOS por el autor.