La Gran Estupidez al Cuadrado

Luis Paulino Vargas Solís

He dicho que la regla fiscal es, con sobrado merecimiento, la Gran Estupidez. Pero lo mejor del cuento, es que la Contraloría de Marta Acosta, ha puesto lo suyo para hacerla aún más estúpida.

Como sabemos, esta regla establece límites al crecimiento del gasto público en función de ciertos parámetros que la ley define. Con el perdón de ustedes, voy a omitir detalles sobre ese particular. Luego me referiré a ello.

Una vez considerados los parámetros definidos, y una vez calculado cuánto puede crecer el gasto público, de un año al siguiente, hay dos formas posibles de aplicar el porcentaje de crecimiento resultante: sobre el presupuesto aprobado o sobre el presupuesto ejecutado. El gobierno aplica la regla sobre el primero, pero la Contraloría lo hace sobre el segundo. Sin embargo, dado el poder sancionatorio que la ley concede a la Contraloría, prevalece la tesis de ésta. Y ello tiene serias consecuencias.

Supóngase la institución XYZ. Su presupuesto en 2021 es 100. Al final de 2021, la institución XYZ ejecuta 95 de los 100 (es normal, y prácticamente inevitable, que siempre haya algún margen de subejecución).

Supóngase que para 2022 la regla fiscal permite un crecimiento máximo del 2,0%. El gobierno aplica ese porcentaje sobre el monto total del presupuesto de 2021, y, entonces, le asigna un presupuesto de 102 a XYZ para 2022.

Pero la Contraloría toma los 95 realmente ejecutados en 2021 y sobre esa base aplica el porcentaje de crecimiento del 2,0%. Ello significa que, como máximo, XYZ podrá gastar 96,9 en 2022. El nivel de subejecución tiende a crecer. Pero eso no es lo principal.

Veamos

Volvamos a 2021. Se presupuestaron 100, se ejecutaron 95. Hubo un superávit de 5, pero suponga usted que 3 de esos 5 están comprometidos, digamos que para una inversión en equipo de cómputo. Lo cual, por cierto, es muy usual, o sea, es muy usual que queden compromisos de un año para el siguiente, sobre todo cuando se trata de inversiones en infraestructura y equipo.

Bueno, pero la Contraloría no permite usar esos 3 que quedaron comprometidos. Solo permitiría utilizar 1,9 ya que ese es el límite que arbitrariamente impone. Y eso bajo el supuesto de que TODO lo demás en la institución XYZ, queda congelado en su nivel de 2021.

A esta institución le quedan dos opciones: incumplir la regla y afrontar las consecuencias derivadas de una sanción de la Contraloría, o enfrentar una demanda judicial por incumplimiento de contrato con la empresa que iba a proveer el equipo de cómputo.

¿Qué opción le queda a esta y a las demás instituciones? Aplicar la estrategia de “coyol quebrado, coyol comido”, o sea, gastar en el día a día, olvidarse de planificar para el mediano y largo plazo, y, en especial, olvidarse de proyectos de inversión cuya plena ejecución demande varios años.

Más estúpido ¡¡¡¡Imposible!!!!

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