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Después del susto

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Óscar Madrigal

Pocos días después de la segunda vuelta de las elecciones donde resultó electo presidente Carlos Alvarado, me encontré a un compañero con el cual habíamos coincidido en varias luchas estudiantiles, que había sido alto dirigente del Partido Socialista y luego dirigente del PAC. Casi sin saludarnos me dijo:

—¡Qué susto!

—Si, le contesté

—Estuvieron tan cerca.

Efectivamente celebramos el triunfo de Alvarado y del PAC. El país había estado a punto de caer en manos de los sectores pentecostales más conservadores y retrógrados. Esa posibilidad había sido derrotada y se podía mantener el Estado de Bienestar a salvo al menos 4 años. Se llamó la Revolución de las Crayolas porque, pensábamos, el futuro Gobierno serviría para mejorar las condiciones del pueblo, y quizás tratar de medio volver la tortilla para que los grandes capitales contribuyeran más para reducir la pobreza y la desigualdad.

Fabricio representaba un enorme retroceso en muchos derechos humanos, tales como los sexuales por ejemplo, y reunía a grupos de los económicamente más neoliberales. Estos últimos grupos también estaban en el PAC que se habían fortalecido con la llegada de Rodolfo Piza y su equipo económico. Sin embargo, también pensábamos, podían ser mejor neutralizados por las corrientes progresistas que casi unánimente se agrupaban con Alvarado.

El gobierno de Unidad Nacional ayudó a conservar alguna posibilidad de una gestión equilibrada y en beneficio de los grupos económicamente más desfavorecidos.

¿Quién nos iba a decir 3 años después que todo aquello fue una gran maniobra fraudulenta?

El Gobierno de Alvarado no solo ha gobernado para los sectores económicamente más poderosos sino que ha eliminado derechos humanos tan importantes como el de huelga o las convenciones colectivas, congelado salarios por 10 años, aumentado las cargas impositivas a los asalariados y creado un régimen de terror contra las organizaciones sociales. Esencialmente ha sido un fiasco desde su política internacional hasta la social.

Durante muchos años el movimiento estudiantil luchó por otorgarle un presupuesto justo y necesario para el desarrollo de las Universidades. Entendíamos los estudiantes de aquellas épocas que sin presupuesto las universidades no podían avanzar ni asegurar su autonomía. Que sin un presupuesto asegurado no había la suficiente libertad frente a los políticos de turno; que quien controlara el presupuesto podía controlar las políticas universitarias y con ello su autonomía.

¡Quién hubiera dicho a dos viejos dirigentes estudiantiles que en aquel momento se mostraban satisfechos de que no hubieran ganado los pentecostales, que el Gobierno que acaban de elegir consumaría el mayor atentado contra la autonomía de las universidades y condujera la mayor contrarreforma neoliberal de la historia patria!

Solicitud al presidente de la República Carlos Alvarado Quesada y a la Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Los riesgos de lesionar el principio constitucional de la Autonomía Universitaria

Costa Rica y el mundo en general, son escenario del avance de corrientes de pensamiento conservadoras que han permeado la economía, la política, la ciencia y la cultura. Los avances del pensamiento retrogrado en momentos de crisis sanitaria, económica, financiera y ambiental afectan como un todo el Estado social de derecho, y, de modo particular, a las universidades públicas. Es desde esta óptica que debemos valorar el riesgo que se cierne sobre la Autonomía Universitaria en el proyecto de ley 21.336, Ley marco de Empleo Público.

La Constitución de 1949, en el artículo 84, recoge una de las reivindicaciones más significativas de la modernidad y del pensamiento universal humanista: la independencia de la ciencia, la creación y la cultura, del poder político. Con sabiduría, el texto constitucional, tal y como lo ha señalado la Sala Constitucional (Sentencia No. 001313 de 1993), otorga a las universidades públicas independencia para el desempeño de sus funciones y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propio.

Transferir decisiones del régimen laboral o de la planificación institucional hacia instancias del Poder Ejecutivo contraviene seriamente esta autonomía y la Constitución Política. El texto de la Ley Marco de Empleo Público es esencialmente fiscalista. Más allá de las partes introductorias de la ley, no hay una preocupación real por el valor público que deben generar las instituciones estatales –razón sustantiva de la reforma del Estado que debe impulsarse, con un amplio diálogo nacional–.

Los nudos del debate dejan ver con claridad la intencionalidad real del texto de ley: reducción del gasto público a través de los salarios como medida para paliar la crisis fiscal, dicen sus promotores y propagandistas. Sin embargo, poco o nada interesa en el debate legislativo la calidad del trabajo público, la pertinencia de los procesos de trabajo, productos o resultados institucionales, el reto de la multidimensionalidad y articulación territorial de la gestión pública. Todos ellos temas sustantivos en la calidad de la gestión del trabajo humano en el seno del Estado.

No obstante, igual o mayor esfuerzo ponen en ocultar que la crisis fiscal obedece a la baja recaudación de impuestos del país, a contar con una de las deudas más caras del mundo, a la porosidad tributaria que permite la elusión y la evasión fiscal, el contrabando y la expatriación de riqueza generada nacionalmente hacia paraísos fiscales u oculta a través de entramados jurídicos locales e internacionales.

Las mismas fuerzas que hoy atizan los prejuicios contra las universidades públicas y los universitarios, a través de información distorsionada o parcial, cierran trincheras y hacen uso de su capacidad de presión y de amenaza para oponerse a cualquier avance en la ruta de una mayor progresividad y transparencia tributaria.

Es real el riesgo de avanzar en una ruta nefasta, en un entorno y en un momento de posicionamiento de actores y mensajes que satanizan lo público, el disenso y el avance en los derechos de las personas. Surge la amenaza de que a “pellizquitos inconstitucionales” en cadena, estas fuerzas del conservadurismo y la privatización vayan debilitando conquistas logradas en el campo de las políticas públicas que hoy, todavía nos permiten mostrarnos como una nación diferente, pese a la galopante desigualdad.

La autonomía universitaria que ha garantizado la libertad de pensamiento y el avance del conocimiento en función de las transformaciones que demanda nuestra sociedad, es una de las columnas vertebrales de nuestra democracia. La defensa de la autonomía universitaria es consecuente también con profundizar los esfuerzos que ya se están realizando en las comunidades universitarias para revisar el modelo salarial, ser más eficientes con el uso de recursos públicos y eliminar inequidades y abusos existentes.

Por lo tanto, como personas que hemos estado ligadas de diversas formas al Partido Acción Ciudadana, demandamos a nuestra fracción legislativa y al señor presidente de la República excluir a las universidades públicas del proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

Olga Marta Sánchez Oviedo
Yamileth González García
Alberto Salom Echeverría
Luis Felipe Arauz Cavallini
Eugenio Trejos Benavides
Alicia Vargas Porras
Elizabeth Fonseca Corrales
Margarita Bolaños Arquín
Grettel Ortiz Álvarez
Olivier Pérez González
Nicolás Murillo Rivas
Fernando Rodríguez Garro
Leda María Zamora Chaves
Gerardo Fumero Paniagua
Cristóbal Granados Mora
Carlos Calvo Pineda
Edgar Gutiérrez Espeleta
Daniel Vartanian Alarcón
Jeannette Cordero Gamboa
Emilia Molina Cruz
Henry Mora Jiménez
Patricia Salgado Muñoz
Javier Cambronero Arguedas
Sarah Salazar Bonilla
Melvin Jiménez Marín
Ana Cristina Briceño Lobo
Eduardo Enrique Solís Portuguez
María Antonieta Camacho Soto
Fabián Solano Fernández
Yanina Soto Vargas
Janina Montero Cabezas

Encuentro multisectorial contra el Proyecto de Empleo Público. Declaración final

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

Las instituciones participantes, organizaciones sociales, sindicales, comunidades universitarias, municipales, considerando:

Que los efectos de la pandemia del COVID han profundizado asimetrías sociales y económicas que el país venía presentando como mayor concentración de la riqueza, menor capacidad redistributiva del ingreso nacional, incremento acelerado de la pobreza y de la desigualdad social, incremento desmedido del desempleo afectando principalmente a mujeres y jóvenes, mayor precarización de la inserción laboral, entre otros.

Que, en lugar de ampliar la inversión social y el papel del Estado, para hacer frente a esa realidad, las élites económicas y políticas han venido proponiendo una acción fiscalista y de austeridad presupuestaria, que no sólo pone en riesgo la acción misma del Estado, sino que deja en la indefensión a miles de habitantes.

Que los medios de comunicación privados en forma homogénea han lanzado una fuertísima campaña orientada a culpar al sector público y principalmente a la clase trabajadora como los responsables de los problemas en las finanzas públicas, actuación que se realiza de manera infundada, tergiversando datos o manipulándolos al presentar solo una parte de ellos, para generalizar conclusiones falaces.

Que el gobierno actual y las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa PLN, PUSC, PAC, Restauración Nacional y Nueva República, vienen desarrollando una agenda legislativa absolutamente regresiva que descarga los costos de la crisis en los sectores medios y la clase trabajadora.

Que la crisis de las Finanzas Públicas no es responsabilidad de los salarios de la clase trabajadora del sector público y mucho menos del Gasto Público, es responsabilidad del fraude fiscal corporativo que sustenta su accionar en la evasión y la elusión continuada. Se deben gravar las grandes rentas de capital, al sector financiero, al patrimonio y principalmente a las grandes riquezas.

Que la estrategia de recorte y austeridad presupuestaria a la institucionalidad pública pone en peligro no sólo el desarrollo de políticas públicas y de servicios públicos, sino la existencia misma del Estado Social que ha garantizado que Costa Rica posea indicadores de desarrollo humano por encima de la media de la región.

Que el Proyecto sobre Empleo Público que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa es una iniciativa sin un proceso real de consulta a las organizaciones sindicales y autoridades de instituciones públicas, que además es un proyecto que atenta contra las autonomías institucionales y autonomías constitucionales, pues tiene un carácter claramente autoritario y antidemocrático que representa el desmantelamiento del Estado Social Costarricense.

Acordamos:

  • Crear un Frente Nacional de Defensa del Estado Social Costarricense que involucre a comunidades universitarias, a organizaciones sindicales tanto del sector público como privado, a organizaciones comunales y de vecinos, al movimiento estudiantil universitario, a organizaciones feministas y de mujeres, a organizaciones de pequeños y medianos productores agrícolas, sector campesino a autoridades municipales, a juntas comunales de salud, y otras.
  • Desarrollar diversas actividades de sensibilización a la opinión pública a fin de evidenciar y demostrar que el proyecto de Empleo Público no busca mejorar la eficacia, ni ordenar al sector público, sino desmantelar el Estado y precarizar condiciones laborales y salariales de la clase trabajadora.
  • Enfrentar en forma conjunta toda la agenda legislativa que en el marco del Acuerdo con el FMI pretende cargar sobre los hombros de los sectores medios y laborales el costo de la crisis económica, por medio de un aumento de la carga impositiva.
  • Desarrollar actividades de sensibilización para el mejoramiento del trabajo dentro de las instituciones a fin de garantizar la defensa del Estado Social Costarricense.

POR LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

POR LA DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL COSTARRICENSE

Organizaciones Sindicales

Asociación Nacional de Educadores ANDE
Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE
Sindicato de Educadores Costarricenses SEC
Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense BUSSCO
Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social UNDECA
Central General de Trabajadores CGT
Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses CMTC
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum CTRN
Sindicato Patriótico de la Educación SINPAE 7 de Agosto
Sindicato Nacional de Profesionales de la Orientación SINAPRO
Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y de Telecomunicaciones SITET
Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones ANTTEC
Asociación de Abogados y Profesionales del Grupo ICE ABOGAPROICE
Federación Unión Sindical de Trabajadores del Grupo ICE FUS/ICE
Sindicato de Trabajadores de la UNA SITUN
Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica SINDEU
Asociación de funcionarios del TEC AFITEC
Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad Técnica Nacional UTRA-UTN
Asociación de Profesionales de la UNED UNED-PRO
Alianza Sindical del Poder Judicial
Asociación Nacional de Empleados Judiciales ANEJUD
Sindicato del Poder Judicial SINDIJUD
Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras UNT
Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social SINASSASS
Sindicato de Trabajadores del INA SITRAINA
Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses SITECO
Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados SITRAA AyA
Federación Nacional de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones FENTRAP
Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda SINDHAC

Organizaciones Sociales

Frente Nacional por la Defensa de la Caja y la Seguridad Social FRENASS
Comisión Nacional de Enlace CNE
Coordinadora Popular de Occidente
Diego Miranda Méndez Regidor Municipalidad de San José
Asociación Nicaragüense inmigrantes en Costa Rica-ANICR

Comunidad Universitaria

Rectoría y Consejo Universitario de la Universidad Nacional
Rectoría y Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica
Rectoría y Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia
Consejo Universitario del Instituto Tecnológico de Costa Rica
Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica FEUCR
Rectoría y Consejo Universitario, Universidad Técnica Nacional

De leyendas urbanas a verdades constitucionales

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

M.Ed. Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional y presidente del CONARE
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica
Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica
M.B.A. Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia
Dr. Emmanuel González Alvarado, rector de la Universidad Técnica Nacional.

Algunos abogados convierten en tiza y pizarrón la autonomía universitaria, sin sonrojarse siquiera por tan disparatada interpretación. Dicha autonomía no es leyenda urbana. Está creada por la Constitución Política y existen votos o sentencias de la Sala IV que tienen efecto para todo ciudadano (erga omnes), especialmente para los especialistas en la materia, y que no son “disparates” ni “interpretaciones que hacen las altas autoridades universitarias”:

La autonomía universitaria se encuentra establecida en los artículos 78, 84, 85 y 87 de la Constitución Política, que las autoridades de los supremos poderes juraron cumplir y defender. La Sala IV ya ha interpretado dichos artículos por lo que las altas autoridades universitarias únicamente enuncian y reiteran lo que ésta ha establecido.

La actividad intelectual constituye la base del quehacer universitario en todos sus ámbitos y requiere de la riqueza de un talento humano que las universidades puedan planificar, requerir, reclutar, remunerar, evaluar, promover, administrar, capacitar y dirigir con plena independencia de gobierno. La independencia constitucional de administración, organización, gobierno, política, planificación, presupuestaria, económica y patrimonial que protege la autonomía universitaria, tiene como eje central y supone la existencia de dicho talento humano. Como consecuencia, poseen estatutos de personal propios derivados de la potestad constitucional de decidir libremente.

En Actas de la Asamblea Nacional Constituyente consta la intención de proteger a la universidad pública de los vaivenes politiqueros y de las influencias contrarias que puedan predominar en los Poderes del Estado (Acta 160, 4/X/1949, tomo III, pág. 387 a 395). Dicha protección fue garantizada, además, con la libertad de cátedra que permite decidir libremente el contenido de la gestión académica universitaria, sin estar sujeta a lo dispuesto por poderes externos a ella, como también brinda libertad a la comunidad académica para expresar sus ideas, permitiendo la coexistencia de diferentes corrientes de pensamiento (votos 3550-92, 7170-09). Las universidades estatales están fuera del ámbito de dirección del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa no puede aprobar leyes que intervengan en las áreas de competencia de las universidades estatales como tampoco restarles ni impedirles cumplir su cometido (voto 1313- 93).

El artículo 84 constitucional también crea independencia universitaria económica pues separa su patrimonio del Estado y en su siguiente artículo 85 establece principios constitucionales y normas especiales que regulan la planificación y el presupuesto universitarios, sobre cuya formulación no pueden tener intervención los Poderes del Estado. El Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal define el contenido del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior y determina los gastos e inversiones necesarias para su adecuado desarrollo. Los regímenes salariales universitarios inciden en la sostenibilidad de dicho Fondo y se cargan a su propio presupuesto y patrimonio, constitucionalmente separados. La inversión pública en educación es constante y corresponderá siempre al menos a un 8% del PIB (artículo 78 constitucional), por lo que cualquier ahorro presupuestario quedará siempre en beneficio de las propias universidades, sin impacto fiscal alguno en favor del Estado. Estas normas y principios no pueden quedar sin efecto por normas de inferior jerarquía, como es la Ley Nº 9635 (Regla Fiscal). Estas normas constitucionales tampoco requieren de interpretación, sino que son de aplicación directa e inmediata (voto 3035-96).

La alta calificación del talento humano universitario es resultado de rigurosos procesos de selección y evaluación, conformes a los principios constitucionales de empleo público e incluso superan los existentes en el régimen de Servicio Civil.

Contrario a lo que viene siendo afirmado, el artículo 191 sí autoriza la exclusión de su cobertura, tratándose de excepciones derivadas de la propia Constitución. La autonomía universitaria es una clara excepción constitucional, no sólo por el contenido de los artículos 84, 85 y 87 citados, sino por voluntad del constituyente al haber establecido que, a diferencia de las Instituciones Autónomas creadas en los artículos 188 y siguientes, las universidades públicas no están sujetas a la ley en materia de gobierno (voto 1313-93), la cual comprende la autorregulación de su propio Estatuto de Empleo Público universitario, como sistema, tal y como lo propone el CONARE.

En ejercicio responsable de su autonomía, las universidades rinden cuenta y someten sus presupuestos a la potestad de fiscalización de la Contraloría General de la República, la cual nunca ha sido cuestionada, por lo que tales afirmaciones ponen en tela de duda la objetividad y credibilidad de los artículos redactados en contrario. Los presupuestos universitarios constan aprobados y publicados en su sitio web.

La anualidad, prohibición, dedicación exclusiva, salario escolar, aguinaldo, riesgo policial, entre muchos otros sobresueldos, no han sido creados por las universidades públicas, sino que tienen su origen en normas legislativas y decretos. Eliminar la autonomía universitaria no podrá ser nunca solución a esta coyuntura no universitaria. Esas leyes y decretos son los disparadores del gasto público, no las bases salariales universitarias ni su sistema de escalafones. Además, dentro de los objetivos fundamentales del proyecto de ley de empleo público está la tercerización de puestos no sustantivos en cada institución pública, a criterio de la Dirección General del Servicio Civil y MIDEPLAN, mediante la aplicación de índices homogeneizados de evaluación, lo cual atenta también contra la autonomía universitaria.

La autonomía universitaria, que es ejercida con pleno respeto de los principios constitucionales vigentes, comprende más que la simple “potestad de aprobación de planes y programas de estudio y finalidades”, “determinar estructuras internas” o “administrar personal y recursos”, tal y como erróneamente se viene opinando.

San José, 25 de febrero de 2021

Autonomía universitaria ¿una leyenda urbana?

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista, director a.i. CICDE-UNED

Ofrezco aquí algunas reflexiones en relación con el artículo “La leyenda urbana de la autonomía universitaria” (La Nación, 23 de febrero 2021), autoría del abogado Rubén Hernández Valle.

Pero antes, quiero decir lo siguiente: sin duda hay cuestiones que debemos corregir en los sistemas de remuneración de las universidades. Los excesos e inequidades existentes deben desaparecer, y es nuestro deber para con la ciudadanía costarricense garantizar que se corrijan a la mayor brevedad posible. Igualmente tengo claro que las universidades compartimos la responsabilidad de contribuir a resolver los problemas que acongojan hoy día a nuestro país, incluyendo no solo el problema fiscal, sino también -e incluso más importantes- los problemas del desempleo, la pobreza y la marginalidad. Como asimismo sostengo que la mejor forma de hacerlo es garantizando eficiencia máxima en el uso de los recursos que la sociedad costarricense nos asigna, trabajando con esmero y dedicación en función de las necesidades y demandas de nuestro pueblo, y generando propuestas -científica y técnicamente fundamentadas- que contribuyan a encontrar soluciones viables y humanizadas, socialmente justas y solidarias, para los múltiples problemas que hoy enfrentamos.

Aparte lo cual, y ante las aseveraciones de Hernández Valle, yo, que soy solo un humilde economista, quiero respetuosamente plantear lo siguiente:

1) Dice el distinguido jurista, que el artículo 191 constitucional regula las relaciones entre servidores públicos y Estado por medio de un estatuto de servicio civil, sin formular excepciones explícitas. Cierto. Pero también el artículo 84 concede a las universidades potestad para “…darse su organización y gobierno propios”.

2) ¿Cómo podrían darse las universidades una “organización y gobiernos propios” si ello no incluye la posibilidad de regular sus procesos de contratación, estímulo y evaluación del personal? ¿Cómo podría existir tal “organización y gobierno propios” si en una materia tan delicada y fundamental, un ente externo es el que define “la organización y gobierno” que se aplicarán? Importante enfatizarlo: este no es un detalle menor ni accesorio, porque estamos hablando de instituciones dedicadas a la educación superior -incluyendo el nivel de doctorado- y la investigación científica, lo que exige disponer de personal altamente calificado.

3) Con un agravante que Hernández Valle omite: el proyecto de empleo público no solo concede a un órgano externo la capacidad de decidir sobre este delicadísimo aspecto de la “organización y gobierno” de las universidades, sino que, además, introduce la posibilidad de que se ejerzan influencias político-partidarias sobre el nombramiento, la remuneración y evaluación del personal de las universidades. Lo cual pone en grave riesgo el artículo 87 de la Constitución: “La libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza universitaria”.

4) O sea, y en lo que a las universidades compete, el artículo 191 tiene que ser leído en relación y de forma concordante con los artículos 84 y 87, y teniendo presente lo que es esencial a la naturaleza propia de las universidades públicas: la libertad de cátedra no es un principio abstracto, sino que se encarna en el personal que hace docencia, investigación y extensión. Si el nombramiento, la promoción y remuneración de ese personal, queda en manos de entes externos y politizados, ni hay autonomía ni habrá libertad de cátedra.

5) Asimismo, indica el señor Hernández Valle, que las universidades están sujetas a los principios constitucionales del equilibrio financiero, lo cual, supongo (Hernández no lo indica en su artículo en La Nación) que se refiere al artículo 176 constitucional. Pero este es un principio que rige para la “Administración Pública” (sic) en su conjunto, y es dentro de ese principio general, que debe aplicarse lo que se estipula en el artículo 85, el cual ordena: “El Estado dotará de patrimonio propio” a las universidades, “…y les creará rentas propias”. Además indica: “…mantendrá -con las rentas actuales y con otras que sean necesarias- un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal”, y reafirma con contundencia: “Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan” (el énfasis es mío).

6) Asunto de elemental coherencia: deben cumplirse las obligaciones en materia de equilibrio financiero (artículo 176) -lo cual está más allá de las responsabilidades y potestades propias de las universidades- sin incumplir las obligaciones relacionadas con los presupuestos universitarios (artículo 85). Pareciera que alguna gente considera que cumplir el artículo 176, justifica incumplir el 84.

7) También hace ver el señor jurista, que las universidades no están exentas de la aplicación de la regla fiscal. Al respecto, me animo a indicar: si, podrían estar sujetas, siempre que ello no implique, de una u otra forma, directa o indirectamente, incumplir lo que ordenan los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución (recordemos: la regla fiscal nace de una ley, la 9635, cuya jerarquía es inferior a la de la Constitución). Al margen de lo cual agrego: desde el punto de vista económico, la regla fiscal es un esperpento absurdo, y una antigualla que saca del sarcófago ideas obsoletas y comprobadamente fallidas.

8) También saca a relucir el señor abogado, el artículo 6 del Convenio 98 de la OIT. Afirma entonces que el mencionado artículo 6 “…prohíbe (sic) la celebración de convenciones colectivas en el sector estatal” (el énfasis es mío) ¿Realmente las prohíbe? Transcribo a continuación, en forma literal, ese artículo 6 de ese Convenio 98 de la OIT: “El presente Convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado y no deberá interpretarse, en modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de su estatuto” (el énfasis es mío). Si mi español todavía es el que se habla en el mundo, decir que “no trata” no equivale a decir “que se prohíbe”, mucho menos a la luz de lo que expresan las últimas 15 palabras de ese artículo.

9) Si usted saca un ratito y lee lo que dice ese convenio (puede hacerlo aquí: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312243), verá que los artículos 1 al 5 tratan sobre la libertad de sindicalización y la independencia de la organización sindical. Entonces, y según este señor, ¿el artículo 6 conlleva la prohibición de que los trabajadores y trabajadoras del sector público puedan libremente organizarse en sindicatos independientes? De tan absurda y desatinada, la idea es simplemente ridícula, y mucho más lo es a la luz de lo que ese mismo artículo 6 plantea, cuando explícitamente ordena que “…no deberá interpretarse, en modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de su estatuto”. Obviamente, “sus derechos” o “su estatuto” son los derechos o estatuto de las trabajadoras y trabajadores del sector público.

10) Un detalle no puede pasar inadvertido: de una forma harto arbitraria, el señor Hernández Valle apela a ese artículo 6 del Convenio 98 de la OIT, para concluir (vergüenza ajena da tan solo repetirlo) que ahí se prohíben las convenciones colectivas en el sector público ¿Por qué no dice nada de todo lo que se ordena en los artículos 1 al 5 de ese mismo convenio? Ahí se protege el derecho a la libre e independiente organización sindical de los trabajadores y trabajadoras. Este derecho, sin embargo, es ampliamente irrespetado en el sector privado en Costa Rica ¿Por qué tanto silencio de Hernández Valle sobre esa penosa realidad? Saque usted sus propias conclusiones.

Compartido con SURCOS por el autor; publicado en su blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/02/autonomia-universitaria-una-leyenda.html

Concentración en defensa del Estado Social de Derecho y la universidad pública

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

UNA comunica:

“La U pública te necesita, nuestro encuentro es frente a la Asamblea Legislativa. Juntas y juntos somos fuerza”.

Esta es la invitación de Francisco González, rector de la Universidad Nacional para que como ciudadanos, comunidad universitaria y sociedad se exprese las preocupaciones y rechazo al Proyecto de Ley de Empleo Público.

Tres razones fundamentales asisten la convocatoria:

  1. No se puede aceptar que el Proyecto de Ley viole los principios constitucionales que le otorgan a las universidades la potestad de organizarse de acuerdo a sus principios y fines de sus propios estatutos.
  2. No se puede aceptar que el ente rector en materia de empleo no sean las mismas universidades que tienen la experticia, la experiencia y la potestad de elegir los mejores perfiles, de generar las mejores capacitaciones y de seleccionar a las mejores personas funcionarias de las universidades.
  3. No corresponde pensar en un atropello al Estado Social de Derecho, generando un proyecto que al día de hoy ni siquiera se tiene claridad de cuáles son las mociones que van a aceptarse o no para constituir el texto final de este proyecto.

La invitación es para que el día 24 de febrero a las 10:00am frente a la Plaza de la Democracia, en Asamblea Legislativa se pueda reunir personal docente, administrativo, estudiantes y ciudadanos a manifestarse en contra de este Proyecto de Ley.

Adjuntamos el video completo:

Enviado por Efraín Cavallini

En una democracia se cobran las cuentas

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Óscar Madrigal

El Presidente Alvarado se reunió ayer con la fracción del Partido Liberación Nacional.

El objetivo de la cita fue ponerse de acuerdo acerca de cómo impulsar más rápidamente y aprobar la agenda con el FMI.

Los diputados de Liberación aprovecharon la ocasión para quejarse de algunos diputados del PAC que estaban diciendo cosas diferentes al discurso oficial. Eso crea, lo que ahora llaman de manera muy raro: RUIDO. En consecuencia, lo mejor para estos señores es el silencio, que nadie, Dios guarde, piense diferente y mucho menos exprese desacuerdos.

Los diputados de Liberación Nacional quieren que todo pase a golpe de tambor, sin discrepancias, sin sorpresas, sin que nadie se dé cuenta.

El Presidente Alvarado, regañado por los mediocres diputados liberacionistas, casi de rodillas, les imploró que “calmaría” a los díscolos diputados o diputadas del PAC. ¡¡Impondría inmediatamente el silencio!!

Los diputados del Partido Liberación Nacional más parecen la fracción oficialista que los del PAC.

En realidad, ha sido la fracción liberacionista la más beligerante, la más intransigente y la más reaccionaria de esta Asamblea Legislativa. Es la fracción liberacionista la que ha propuesto las leyes más antipopulares, más antisindicales, más regresivas tributariamente y más injustas contra los trabajadores del sector público. Si bien todas las fracciones legislativas han contribuido a la aprobación de una legislación anti-trabajadora, la de Liberación Nacional les gana por mucho.

A lo anterior se suma un gobierno dócil, sin carácter y también favorable a todo el conjunto de la legislación retrógrada.

Pero no olvidemos que los diputados del PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL han sido los peores, lo más malvados contra los trabajadores.

Existen 300 mil funcionarios públicos a los que han jodido hasta decir basta, 100 mil pensionados a los que piensan joder más, miles de trabajadores del sector privado a los cuales se les niegan los derechos, que todos pueden sumar unos 500 mil trabajadores. Estos tienen al menos una compañera o familiar, lo cual suma UN MILLÓN DE VOTANTES.

Un millón de votantes que pueden decidir las próximas elecciones, no solo a nivel de presidente sino de diputados.

Pero hay que tener memoria.

En las actuales circunstancias el VOTO es el arma más próxima para cobrar las conductas de esos diputados contra el pueblo.

Carta Pública al Rector de la UCR: La lucha debe ser por toda la institucionalidad solidaria, no solo por las universidades

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 21 de febrero del 2021.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 21 de febrero del 2021.
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector, Universidad de Costa Rica
Presente.

Reciba un saludo atento. Quienes suscribimos la presente, todos, todas integrantes de la comunidad de docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de Costa Rica (UCR), queremos manifestarle, de manera muy atenta y respetuosa, pero también enfática, las siguientes inquietudes.

Por medio de noticias de prensa, entre las que se incluye información publicada en el Semanario Universidad el pasado 16 de febrero, nos enteremos de que los rectores de las universidades públicas, entre ellas la UCR, se encuentran haciendo “lobby” para intentar “conciliar con los diputados una moción con la que se buscaría dejar por fuera del proyecto de Ley Marco de Empleo Público a las universidades estatales” (Zúñiga, Adrián, 16 de febrero del 2021, “Universidades promueven moción para ser excluidas del proyecto de Ley Marco de Empleo Público”; en: Semanario Universidad).

Entendemos que esta gestión se da como reacción ante la inclusión de las universidades públicas en el mencionado proyecto. A su vez, tenemos claro que, con dicha iniciativa de ley, los sectores conservadores, amparados en la gestión del actual gobierno y en las bancadas de los partidos de línea conservadora con los que ha conformado alianza en la Asamblea Legislativa, aspiran a apuntalar el proceso neoliberal de desmantelamiento y pauperización de las instituciones solidarias del Estado Social de Derecho en el país, así como a configurar un mecanismo autoritario y antidemocrático de control político para el sector público. Hacemos eco de estas consideraciones en virtud de que se desprenden tanto del texto del proyecto como de los muchos intercambios y reflexiones que se han generado en diversos foros alternativos sobre el tema.

Sin duda, coincidiremos en que la UCR —al igual que las demás universidades públicas— forma parte sustantiva de toda esta institucionalidad solidaria a la que se intenta asestar un golpe definitivo en la actual coyuntura. En el caso de la UCR, el fundamento solidario de su institucionalidad se pone de manifiesto en su Estatuto Orgánico, particularmente en lo expresado en los artículos 3, 4 y 5. No es casual que la UCR fuera, junto con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Código de Trabajo y las Garantías Sociales, una de las primeras instituciones creadas en el marco del proceso de reforma social que, con perspectiva solidaria, se gestara en los años 40.

Como todos sabemos, gracias al impacto social agregado de todas las políticas y de todas las instituciones creadas en esa época, fortalecidas y complementadas en el devenir de la implementación del modelo de desarrollo que las sustentaba, nuestro país llegó a lograr y a ostentar, por décadas, elevados índices de desarrollo humano. La UCR y las universidades públicas —a la par del resto de instituciones estatales—, no solo aportaron cualitativamente a esos logros, sino que han servido como elementos de “contención” ante el evidente y progresivo deterioro institucional y social generado por la paulatina radicalización de la “contra reforma” neoliberal, de la cual el proyecto de ley Marco de Empleo Público constituye un evidente punto de llegada.

A todas luces, no es solo la UCR ni es solo la educación superior pública lo que está en juego en este momento, es toda la institucionalidad pública en su conjunto, la paz social y la perspectiva de futuro de la nación.

Por lo tanto, en una coyuntura tan crítica como la presente, y ante una acción tan contundente de parte de los sectores conservadores, promotores del deshumanizado proyecto neoliberal, sorprende sobremanera ver que los rectores acuden, al margen del resto de instituciones, fuerzas y movimientos sociales, a tratar de negociar por su cuenta, de manera exclusiva, una supuesta salida o salvamento para las universidades públicas. En un momento histórico que, más que nunca, demanda la mancomunidad de esfuerzos para contrarrestar la arremetida neoliberal, la sociedad costarricense y quienes componen los movimientos sociales miramos anonadados a las autoridades universitarias hacerse a un lado para intentar salvarse a sí mismas, de manera exclusiva, mientras dejan al resto de instituciones a su suerte, con todo lo que eso implica.

Y sorprende aún más cuando el principal recurso argumentativo al que se apela es la “autonomía universitaria”, como si dicho principio constituyera un fin en sí mismo, al margen de las condiciones y circunstancias de la realidad social. La autonomía universitaria sin justicia social es un principio vacío y expresa más una suerte de defensa de «privilegios» que un valor social. No hay duda de que la autonomía universitaria está en juego, pero esta autonomía solo tiene sentido y contenido en función de una sociedad en la que prevalezcan el Estado de Derecho, la solidaridad, la justicia y la paz social. Apelar a la autonomía universitaria para protegerse individualmente y volver la mirada hacia “otra parte” mientras se deja a la suerte al resto de instituciones públicas, mientras se pisotean las estructuras solidarias y se compromete el futuro del país, es una completa incoherencia con los funda-mentos de la Universidad Pública.

Con este accionar, las autoridades universitarias apelan a una “táctica” que poco o nada tiene de estratégica: no solo dan la espalda al resto de la institucionalidad pública y al modelo de sociedad por y para el cual fueron creadas, sino que, además, se dejan llevar por la consabida estratagema, tan propia de los sectores conservadores, de dividir para vencer, con el inminente riesgo de que, al final, se pueda perder todo, incluyendo el supuesto “salvamento” propio.

Además, se dejan tentar por focalizar la discusión en el tema de los salarios, lo cual, si bien es un asunto significativo que hay que enfrentar y resolver, sobre todo desde la perspectiva de las inequidades internas, de ninguna manera refleja la cuestión de fondo, que es el intento de los sectores conservadores de desmantelar la institucionalidad solidaria del Estado Social de Derecho.

Así, toda la pertinencia de la Acción Social, la Investigación y la Docencia, asentados en las lógicas del pensamiento crítico, se ponen en “entre dicho” ante este tipo de procederes de parte de las autoridades universitarias.

Una parte significativa de la “buena imagen” que han tenido nuestras instituciones de educación superior en las últimas décadas se ha asentado en su relativamente coherente y consistente vinculación con la sociedad. Sin embargo, esta imagen ha venido sufriendo un deterioro progresivo. Y, si bien es cierto que esta desmejora se debe en parte a la narrativa conservadora que se reproduce de modo sistemático contra la educación superior pública, también es claro que se suman otros aspectos relacionados con un paulatino inconsecuente accionar social de las universidades en los últimos años.

Destaca de manera especial la gregaria y poco solidaria actitud adoptada por las autoridades de las universidades públicas durante el movimiento social contra la Reforma Fiscal, a finales del 2018, que llevó a las organizaciones sindicales de las instituciones públicas a sostener el movimiento de huelga más largo de la historia del país. En aquella ocasión, mientras esas organizaciones se expusieron al sesgado juzgamiento social —en un contexto de informaciones parcializadas, así como de narrativas políticas y mediáticas plegadas a los intereses del gobierno y del sector empresarial— en el caso de la UCR solo se “concedió” permiso para acudir a un par de marchas, convocadas para caminar “por la acera”, como si la movilización social no tuviera en su carácter disruptivo uno de los principales sustentos para procurar presión y generar cambio en la política pública.

Si bien, en el caso de la UCR, aquella situación se dio bajo la circunstancia de una administración claramente conservadora y poco proclive a apoyar acciones sociales como esas, lamentablemente, pese al advenimiento de una nueva administración que se presentó como defensora de una propuesta progresista, el mismo movimiento social que antes tuviera que ver a las universidades hacerse a un lado ante una lucha tan trascendente, ahora mira cómo los rectores intentan negociar por aparte, a espaldas de los demás.

En estas circunstancias, y ante todas las consideraciones planteadas, nos parece muy importante exhortar a las autoridades universitarias, y en particular las de la UCR, para que reconsideren su accionar, de cara a hacer frente tanto al proyecto de ley concreto como a las transformaciones institucionales que lo motivan.

En particular, recomendamos que las autoridades universitarias de la UCR, antes que promover acciones –negociaciones y marchas— de manera independiente, al margen del resto de actores sociales, apelen a un esfuerzo mancomunado y apunten a sumar esfuerzos con el resto de fuerzas vivas de la sociedad, pues solo de esa manera —sumando fuerzas, antes que dividiéndolas— podremos aspirar a salvaguardar la institucionalidad solidaria como un todo, y a mantener condiciones sociales e institucionales que permitan retomar el rumbo para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria.

Suscribimos, atentamente:

1.Marvin Amador Guzmán, docente e investigador, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, cédula 106730592.
2. Carmen Caamaño Morúa, docente e investigadora, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales, cédula 105770718.
3.         Lucía Molina Fallas, docente, Escuela de Psicología, cédula 107930190.
4.         Adriana Rodríguez Fernández, profesora, Escuela de Psicología, cédula 1-11220442.
5.         Adriana Maroto Vargas, docente, Escuela de Psicología, cédula 2-0519-0760.
6.         Mariano Sáenz Vega, sociólogo, investigador del Centro de Investigaciones en Antropología (CIAN), cédula 302200485.
7.         Roberto Fragomeno Castro, profesor catedrático, Escuela de Filosofía, cédula 8 0137 0052.
8.         Isis Campos Zeledón, docente e investigadora, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, cédula 106750974.
9.         Andrés Dinartes Bogantes, docente interino, Escuela de Psicología, investigador colabo-rador del Instituto de Investigaciones Sociales, cédula 113010879.
10.      Helga Arroyo Araya, docente Escuela de Psicología, cédula 603030677.
11.      Eva Carazo Vargas, productora de Desayunos de Radio Universidad, cédula 108930621.
12.      Miguel Regueyra Edelman, docente, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, cédula 104910119
13.      Vilma Leandro Zúñiga, profesora, Escuela de Psicología, cédula 303360920
14.      Yorlenny Madrigal Vargas, Centro de documentación, Instituto de Investigaciones Socia-les, cédula 601590539.
15.      Amanda Mesén Badilla, profesora, carrera de Psicología, Sede Occidente, cédula 1-13950114.
16.      Maurizia D’ Antoni Fattori, docente, Escuela de Psicología, cédula 8-0119-0458.
17.      Ignacio Dobles Oropeza, docente, Escuela de Psicología, cédula 104330692.
18.      María José Masís Méndez, docente, Escuela de Psicología, cédula 304050372.
19.      María del Rocío Murillo Valverde, docente, Escuela de Psicología, cédula 106530858.
20.      Mauricio Castro Méndez, docente, Facultad de Derecho, cédula 107130156.
21.      Teresita Cordero, docente, Escuela de Psicología, cédula 401200379.
22.      Laura Chacón Echeverría, docente, Escuela de Psicología, cédula 1512 278.
23.      Eduardo Bolaños Mayorga, docente, Escuela de Psicología, cédula 113860823.
24.      Ruthman Moreira Chavarría, docente, Escuela de Psicología, cédula 1 1017 0869.
25.      Mario Andrés Soto Rodríguez, docente, Escuela de Psicología, cédula 1-1312-0325.
26.      Mirta González Suárez, profesora emérita, Escuela de Psicología, cédula 800480869.
27.      Vernor Arguedas Troyo, catedrático jubilado, Escuela de Matemática, cédula 90013012.
28.      Ana Patricia Maroto Vargas, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 204500764.
29.      Jesús Rodríguez Rodríguez, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 205880957.
30.      Héctor Mauricio Barrantes González, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 205750207.
31.      José Adrián Moya Fernández, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206890333.
32.      Javier Francisco Morera Soto, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206440864. 
33.      Evelyn Alfaro Vargas, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206120068.
34.      Carlos Márquez Rivera, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 800750594.
35.      Andrés Cubillo Arrieta, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206620597.
36.      María Fernanda Vargas González, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206560425.
37.      Imelda María Rojas Campos, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 205820789.
38.      Jéssica Jiménez Moscoso, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206310569.
39.      Melissa Cerdas Valverde, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206530134.
40.      Bryan Gómez Vargas, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 113710405.
41.      Wendy María Araya Benavides, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 207020684.
42.      Priscilla Angulo Chaves, docente y estudiante, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 116750218.
43.      Sindy Mora Solano, profesora, Escuela de Sociología, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), cédula 1-1051-0573.
44.      Gustavo A. Jiménez Barboza, docente, Escuela de Sociología, Investigador IIS, cédula 1-1358-0886.
45.      Sergio Villena Fiengo, Director Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), cédula 8-0086-0259.
46.      Gabriela Jiménez Rodríguez, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B23510.
47.      Andrey Gerardo Carrillo Sánchez, estudiante, Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica, Sede de Occidente, carné A61235.
48.      Javier Cisar Arce, estudiante, Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica, Sede de Occidente, carné B82248.
49.      Daniela Oconitrillo Calderón, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B95663.
50.      Wilder Johan Díaz Gutiérrez, estudiante, Educación Primaria, Sede de Occidente, carné B92608.
51.      José Armando Obando Vega, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede Rodrigo Facio, carné B85700.
52.      Tiffany Rodríguez Aragón, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné B96581.
53.      Alex González Rodríguez, estudiante, Gestión de los Recursos Naturales, carné B83488.
54.      Julio Armando Villalobos Bermúdez, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné B88482.
55.      José Pablo Ramírez Marín, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné C06343.
56.      Luis Ernesto Aguilar Carvajal, docente, Escuela de Sociología, Investigador IIS, cédula 1-1025-0338.
57.      Héctor Ferlini Cartín, Sede del Pacífico y Escuela de Filosofía, cédula 113220032.
58.      Flory Chacón Roldán, docente, Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), cédula 113900025.
59.      Adriana Vindas González, docente, Escuela de Psicología, cédula 108760608.
60.      Adriana Sánchez Lovell, Instituto de Investigaciones Sociales (IIS).
61.      Silvia Azofeifa Ramos, docente, Instituto de Investigaciones Sociales, cédula 402000281.
62.      Guillermo A. Navarro Alvarado, investigador, IIS, cédula 114190096.
63.      Amanda Alfaro Córdoba, docente e investigadora, Sección de Artes, Escuela de Estudios Generales, cédula 205590541.
64.      George García Quesada, docente e investigador, Escuela de Filosofía, cédula 901070687.
65.      Carlos Guillermo Calderón Tenorio, estudiante de la Maestría Académica en Teoría Psicoanalítica, cédula 115860293.
66.      Esteban Andrés Morales Solano, estudiante de Bachillerato en Sociología, cédula 305130524.
67.      Laura Pamela Gamboa Granados, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B93124.
68.      María Catalina Acuña Blanco, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B80053.
69.      Yeisy Dayana Varela Arroyo, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné C08101.
70.      Joshua Rojas Zamora, estudiante, Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica, Sede de Occidente, carné B66307.
71.      Andrea Molina Ovares, docente Escuela de Psicología, cédula 1 13060256.
72.      Andrés Cambronero Rodríguez, estudiante egresado de la Maestría en Psicología Comunitaria, UCR, cédula 1-1516-0984.
73.      Maricel Monge Chaves, estudiante de Geografía y Enseñanza de Estudios Sociales, cédula 115620858.
74.      Melissa Hernández Vega, estudiante, Maestría en Estudios de las Mujeres, Géneros y Sexualidades, cédula 1-1472-0652.
75.      Luis López Ruiz, docente e investigador, Escuela de Sociología e IIS, cédula 108030653.
76.      Josué Arévalo Villalobos, docente, Escuela de Psicología e INIE, cedula 109790015.
77.      Marisol Jara Madrigal, docente, Escuela de Psicología, cédula 109990220.
78.      María Andrea Araya Carvajal, docente, Escuela de Psicología, Sede Rodrigo Facio y Sede de Occidente, cédula 1 1090 0787.
79.      Soledad Hernández Carrillo, docente, Escuela de Psicología, cédula 110900469.
80.      Roberto Herrera Zúñiga, docente, Escuela de Filosofía y Sede de Occidente, cédula 1 1146 0533.
81.      Damián Herrera González, docente, Escuela de Psicología, Sede de Occidente, cédula 206070116.
82.      Gerardo Cerdas Vega, docente, Escuela de Trabajo Social, cédula 108970131.

Puede ver el formulario en este enlace

Representantes laborales municipales se manifestarán en la Asamblea Legislativa en la mañana de este lunes 22 febrero

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

Comunicado de ANEP:

• Fuerte oposición en la institucionalidad municipal costarricense a ser incluida en la Ley Marco de Empleo Público

Cerca de 50 representaciones obrero-laborales de igual número de municipalidades del país, se manifestarán mañana lunes 22 de febrero, en las afueras de la Asamblea Legislativa, a partir de las 9 de la mañana.

Se trata de dirigentes sindicales de base que representan a igual número de juntas directivas de las seccionales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en igual número de gobiernos locales.

Igualmente, otras 15 representaciones municipales de base, aunque no asistirán por diversas razones, indicaron adhesión rotunda a este movimiento y a la causa que lo inspira.

En el evento se dejará constancia explícita de la más rotunda oposición al expediente legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público; y, en lo específico, exigirán la exclusión del régimen municipal del mismo.

Fuerte respaldo a este planteamiento se manifiesta en la práctica totalidad de la institucionalidad del sistema municipal costarricense.

Abrumadora mayoría de alcaldes, de alcaldesas, de concejos municipales, han venido expresando su crítica y oposición a lo que se considera un nuevo ataque del Gobierno Central de la República por controlar la acción político-ejecutiva y financiera de las municipalidades.

Aparte del mundo obrero municipal, entidades como la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), manifiestan claro oposición al indicado proyecto de ley, pues atenta, como nunca antes había ocurrido, a la autonomía constitucional del régimen municipal.

Los gobiernos locales no dependen de las finanzas del Gobierno Central-Ministerio de Hacienda para funcionar pues son autosuficientes.

Además, como reiteradamente lo ha demostrado la ANEP y ya nadie lo refuta, los salarios de las personas trabajadoras asalariadas estatales no son responsables del déficit fiscal; mucho menos, la clase trabajadora asalariada de las municipalidades.

En la actividad, se leerá un nuevo manifiesto del mundo obrero municipal sindicalizado en la ANEP; y se espera, que varias personas diputadas de la República, salgan de sus despachos, para que dialoguen con los y las visitantes.

La actividad abre paso a nuevas acciones contra la nefasta Ley Marco de Empleo Público en el plano local y en defensa de la autonomía constitucional del régimen municipal.

San José, domingo 21 de febrero de 2021.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP