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El diálogo que se propone

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Óscar Madrigal

El gobierno de Alvarado propuso la semana pasada un plan de diálogo social, que se orienta a que las organizaciones y las personas propongan soluciones y luego se realicen foros de intercambio de opiniones: lo han nombrado “escuchar, proponer, dialogar”.

Es una propuesta muy extraña ya que no es propiamente una negociación, ni tampoco un compromiso de cumplir acuerdos. En el fondo no representa nada sustantivo, desde el punto de vista de las organizaciones sociales más allá de que hagan llegar -una vez más- sus propuestas y la participación en una serie de foros que no tienen ninguna formalidad o carácter vinculante. Son foros para disertaciones sin eco gubernamental. Esto se deduce de los antecedentes, ya que en el pasado el Gobierno pidió propuestas a estas organizaciones que no fueron escuchadas y muchos menos atendidas.

Por tanto, no se trata de nada parecido a una conversación seria, responsable que le permita al Gobierno apoyar las políticas que puedan interesarle a los sectores más golpeados por estas crisis.

Más parece la búsqueda de una legitimación social para continuar por el camino que ha transitado el Gobierno de Alvarado.

El gobierno propone que envíen propuestas sobre tres ejes: finanzas y acuerdo con FMI, reactivación económica y creación de empleos.

Al Gobierno hay que hacerle saber de principio, de entrada y de previo, EN LO QUE NO ESTAMOS DE ACUERDO.

En Finanzas públicas que NO estamos de acuerdo en vender activos estatales, más impuestos a los empleados públicos, reducción de jornadas a los trabajadores públicos, aumento del IVA.

En reactivación económica que NO estamos de acuerdo con flexibilización laboral, con ley de empleo público, reducción de subvenciones a la vivienda.

En materia de creación de empleo NO estamos de acuerdo con eliminar el bono Proteger, extender por más tiempo las reducciones o suspensiones de los contratos de trabajo y el pago del IVA de manera indiscriminada.

El Gobierno debe entender que para un diálogo leal y fructífero debe comprometerse en primera instancia a no llevar adelante las políticas regresivas que hasta el momento ha impulsado.

Solo a partir del compromiso de un “impasse” o una tregua acerca de seguir fomentando políticas regresivas, las organizaciones sociales pueden colaborar en un clima propositivo, leal y sano con propuestas que ayuden a superar la crisis sanitaria y económica.

Covid-19, marginalidad y pobreza: El desafío fundamental

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Paulino Vargas Solís
Economista; Director CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista

La estrategia que se está aplicando para controlar la pandemia del Covid19, está teniendo algunos logros, pero éstos son insuficientes.

Si uno se remite al total de nuevos casos registrados semanalmente (de lunes a domingo), observa que el crecimiento de ese acumulado tiende a acelerarse hacia finales de mayo e inicios de junio, y alcanza un pico (de hasta más del 100%) a fines de junio e inicios de julio. A lo largo de este último mes, tiende a desacelerarse. En la semana que concluye el 2 de agosto se registran 369 casos menos que la semana previa (reducción del -9%), la primera vez que hay un decrecimiento semanal en dos meses y medio.

Si se lograra mantener tasas negativas de crecimiento, es decir, si lográramos que cada semana el número de casos disminuya en comparación con la semana anterior, iríamos camino de controlar la pandemia. Pero con la “apertura”, y por más protocolos que se apliquen en las empresas, es improbable que se logre tal cosa, porque la “apertura” implica más tumultos de gente, más personas en los buses y, en definitiva, mayores riesgos de contagio. Más aún en plena estación lluviosa.

Aunque no se han dado datos precisos, pareciera claro que el violento rebrote que hemos registrado a partir de mayo, se ha centrado en las barriadas empobrecidas de nuestras áreas urbanas. Lo cual, por cierto, no debería sorprender a nadie, puesto que se trata de poblaciones que viven en extrema precariedad, y en situaciones de hacinamiento.

Bajo esas condiciones, el discurso de responsabilización individual pierde sentido y se vuelve ineficaz. La disciplina del distanciamiento social y la higiene personal, se vuelve una imposibilidad de hecho, cuando docenas de personas viven literalmente amontonadas en unos pocos metros cuadrados. Y puesto que de ahí provienen muchísimos de los trabajadores y trabajadoras que las empresas necesitan, ello advierte acerca de la insuficiencia de que éstas apliquen rigurosos protocolos sanitarios. De muy poco les serviría hacerlo, cuando sus trabajadoras y trabajadores podría estarse contagiando en espacios externos a los del sitio de trabajo.

Se necesita desarrollar un concienzudo trabajo a nivel barrial. El sociólogo Miguel Sobrado sugería tomar como modelo la exitosísima experiencia del Hospital sin Paredes desarrollada en San Ramón. Dudo, sin embargo, que sea una referencia apropiada, porque hay enormes diferencias culturales entre las poblaciones, en gran parte rurales, de aquel cantón, y estas poblaciones de áreas urbanas empobrecidas.

La cuestión exige no solo un masivo esfuerzo educativo, sino también movilización de recursos: hay que proporcionar un mínimo de condiciones decentes de habitabilidad, que hagan viables la aplicación de las normas de cuido y prevención.

No esperemos que la Caja y el Ministerio de Salud, con sus recursos actuales, puedan resolver esto. La primera está embarcada en un esfuerzo extremo, realmente épico, en procura de atender el número creciente de pacientes Covid-19 que llegan a sus hospitales. El segundo, que también se ha partido el alma en esta lucha, simplemente carece de los recursos requeridos.

Tenemos que proporcionarles a estas instituciones esos necesarios recursos, pero, más aún, tenemos que asumirlo con un compromiso de alcance nacional, absolutamente prioritario. Es aquí donde se juega nuestro destino, y aquí, por lo tanto, donde deberían hoy estar enfocados los esfuerzos de Costa Rica entera: las diversas instituciones públicas; las universidades; municipalidades; cámaras empresariales; sindicatos; cooperativas y solidarismo; organizaciones comunales, etc.

Para ganar la batalla en el frente económico, tenemos que ganar la batalla en el frente sanitario. Si no entendemos esto tan básico, significa que no estamos entendiendo nada.

¡Pongámosle ganas!

Compartido con SURCOS por el autor y publicado en su blog https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2020/08/covid-19-marginalidad-y-pobreza-el.html?m=1

¡Que mueran los que tienen que morir! ¿Qué se esconde detrás de este cinismo?

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Henry Mora Jiménez

“Morirán los que tienen que morir”.
Carlos Soublette, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile (16/04/2020)
“Que mueran los que tienen que morir”.
Carlos Peña Quintana, presidente de la Cámara Nacional de Pymes, Costa Rica (01/08/2020)

¿Qué lleva a dos presidentes de cámaras empresariales, una en Chile y otra en Costa Rica, a sugerir este laissez faire, laissez morir, que nos parece tan contrario a todo humanismo? Una respuesta rápida podría ser que seguramente comparten una matriz ideológica muy similar, la del capitalismo salvaje, pero creo que hay razones más profundas. Veamos.

Ya Adam Smith, en La Riqueza de las Naciones (1776) proponía la tesis de que una economía de “libre mercado” conlleva la tendencia hacia el equilibrio económico, entendido este en términos de la convergencia entre la oferta y la demanda. Pero en esa misma obra Smith reconoció que tal pretendida armonía tenía un fundamento sacrificial: requería que la oferta de trabajo se ajustara a la demanda mediante la auto regulación de la población obrera, naciendo y muriendo aquellos “hijos que producen sus fecundos matrimonios” según los requerimientos del “estado de propagación” de la riqueza nacional. Es una tesis cínica, pero no hipócrita, pues reconocía lo que de hecho estaba sucediendo en la Inglaterra de su época.

Dos siglos más tarde, el gurú del neoliberalismo, F. Hayek repitió la misma tesis de Smith en una entrevista publicada en 1981 en el diario chileno El Mercurio: una “sociedad libre” -dijo- no puede garantizar la manutención de todas las vidas, “porque podría ser necesario sacrificar vidas individuales para preservar un número mayor de otras vidas”. Y acto seguido sentenciaba las únicas reglas morales que podían justificar este “cálculo de vidas”: la propiedad (privada) y el contrato (mercantil). Lo que Hayek presenta como un cálculo de vidas es en realidad un cálculo de muertes: las muertes reales, de hoy, supuestamente serán compensadas con vidas irreales en el futuro. Es una tesis a la vez cínica e hipócrita.

El mal llamado Darwinismo social plantea una tesis muy similar: en la lucha competitiva solo los más aptos pueden y deben sobrevivir. Se trata de una extrapolación a la sociedad humana del evolucionismo biológico que ni siquiera los seguidores de la doctrina del gen egoísta se han atrevido a hacer.

Estas distintas posturas sacrificiales son variantes de lo que podemos llamar, más allá del economicismo, el “mito del poder”, que podemos entender sencillamente así: “la muerte crea vida”. Como tal mito, se ha utilizado desde tiempos antiguos para justificar guerras, conquistas, sacrificios humanos y hasta el lanzamiento de bombas atómicas sobre población civil. Lo cual no debe extrañarnos, porque el ejercicio del poder crea, debe crear, mitos de dominación. Así ha ocurrido en las más diversas civilizaciones, desde los fenicios hasta el capitalismo neoliberal.

La covid-19 ha vuelto a poner este mito en boca de destacados (y no tan destacados) representantes de un capitalismo necrófilo, sosteniendo en esta ocasión y sin justificación alguna, que, si es necesario que ocurran muchas muertes para “salvar la economía”, es lo realista y lo correcto.

Los dioses fenicios, griegos, romanos, aztecas, etc., han sido sustituidos por el dios del mercado. Frente al mercado, la eficiencia y la competitividad, no hay derechos humanos que valgan, ni siquiera el derecho a la vida misma. Y lo anterior enmarcado, como no podría ser de otra manera, en un contexto socioeconómico de profundas discriminaciones y desigualdades estructurales que hacen del “cálculo de vidas” propuesto por Hayek, un eufemismo que pretende ocultar lo que el propio Adam Smith reconocía: las víctimas que se sacrifican no se seleccionan aleatoriamente.

Por ello, expresiones necrófilas como las reseñadas al inicio, no se justifican tanto por una pretendida coherencia con la ideología neoliberal aprendida en cursos de algún M.B.A., sino por una cultura de muerte que peligrosamente vuelve a instalarse en el mundo de ciertos círculos empresariales, tal como ocurrió durante la peste negra en el mundo de los círculos religiosos.

Y es que ante la incapacidad de entender a ciencia cierta la actual crisis, ni de ofrecer respuestas efectivas a la misma y a sus desastrosas consecuencias, el recurso narrativo de quienes de facto nos gobiernan, es recurrir al mito de que la muerte crea vida. Estamos a tiempo de evitar su propagación.

Foto: UCR.

La pretendida venta de FANAL: un verdadero despropósito

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Felipe Arauz, exministro de Agricultura y Ganadería

Está en el tapete la discusión sobre la posible venta de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). Esa intención parte de la premisa equivocada de que la FANAL deja pérdidas. Todo lo contrario, la FANAL no solo no deja pérdidas, sino que ayuda a programas de apoyo al sector agropecuario, a la seguridad social, y a otros programas estatales. Para entender las consecuencias de dicha venta, es necesario conocer el aporte concreto de FANAL y la naturaleza de sus deudas.

Relación del CNP con la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). El CNP recibe la mayor parte de su financiamiento a partir de su propia actividad. Solo en casos excepcionales ha recibido ingresos a partir del presupuesto del Gobierno Central. Una de las fuentes de financiamiento es la transferencia de fondos de la FANAL al CNP, gracias a la cual se están desarrollando diversos programas de semillas, estudios de mercado y capacitación en temas de valor agregado en particular para el sector agroalimentario, y asesoría a las Ferias del Agricultor en temas de mercadeo y manipulación de alimentos entre otros. Estas transferencias de FANAL al CNP fueron del orden de ₡3.500 millones en 2019. Las proyecciones para este 2020 son todavía mayores, pues a la mitad del año ha trasladado ya ₡2.600 millones.

Si bien el principal papel de la FANAL es proveer de recursos al CNP, también hace un aporte muy importante a la salud del país, al proveer al costo el alcohol que utiliza la Caja Costarricense de Seguro Social. El papel estratégico de FANAL como proveedor de alcohol para fines sanitarios quedó patente en la presente pandemia.

Costo de la FANAL para el Estado costarricense. La FANAL no le cuesta nada al Estado costarricense. Por el contrario, la FANAL no solo cubre sus gastos operativos, sino que aporta al fisco en impuestos alrededor de 11 mil millones de colones por año, más de lo que le generaría la venta de sus activos, cuyo valor ha sido estimado en 10 mil millones según el anterior ministro de Hacienda. Claramente, la venta de FANAL no viene a resolver los problemas fiscales, pero, con una facturación anual de 45 millones de dólares, la FANAL resulta un negocio lucrativo y, por ende, codiciado por algunas empresas, las cuales no tendrían interés alguno en el beneficio social de la fábrica. Por eso, parece que más que una necesidad de vender la FANAL, lo que hay es un interés de algún grupo empresarial por comprarla, porque el negocio es sumamente lucrativo: alguna empresa hará negocio, pero no habrá beneficios ni en lo fiscal ni en lo social.

La deuda de FANAL y por qué no se resuelve con la venta. De acuerdo con informaciones que han circulado, la FANAL adeuda 21 mil millones de colones en impuestos, incluyendo lo adeudado a Hacienda, INDER e IFAM. Las deudas tributarias de FANAL no tienen origen en que la FANAL dejara de pagar impuestos (ya dijimos que aporta al fisco 11mil millones de colones al año), sino en diferencias de cálculo sobre las bases imponibles de los impuestos que ya hoy día paga la FANAL. Es por eso por lo que estas diferencias han sido judicializadas a efectos de que sea la jurisdicción contencioso-administrativa la que dilucide la controversia entre instituciones del Estado. Mientras el Ministerio de Hacienda recientemente ha dado la razón a FANAL en cuanto a la metodología del cálculo de los impuestos, el INDER y el IFAM insisten en llevar su cálculo a la vía judicial. Sin embargo, estas diferencias se han acumulado durante aproximadamente 20 años y más de 5 gobiernos que no han logrado poner fin a la controversia tributaria entre FANAL, el INDER y el IFAM. En todo caso, se trata de una deuda de una institución estatal con otras, y su resolución no aporta nada al Estado como un todo.

Por otra parte, quien compre la FANAL debe asumir las deudas, a menos que se pretenda que se venda libre de deudas, y que el Estado las asuma (lo cual sería una tontería, si no un acto de corrupción), o que se condonen, en cuyo caso sería mejor condonarlas a la FANAL actual para que siga cumpliendo con su aporte social y fiscal como lo hace ahora.

Quien compre FANAL dispondrá de mecanismos para eludir impuestos. Uno de los compradores que más se ha mencionado está en la lista de grandes contribuyentes que reportan cero ganancias; obviamente este comprador no aportaría nada al fisco. Otro mecanismo sería exportar los licores, ya que el impuesto se aplica a lo que se venda en el territorio nacional. Estas situaciones tendrían una consecuencia fiscal negativa inmediata, pero también resultaría en un tema sanitario. Recuérdese el problema que hubo el año pasado con aguardientes importados que estaban adulterados con metanol, lo cual resultó en varias intoxicaciones. Eso no ocurrió con los productos de FANAL, los cuales, en su franja comercial de licores corrientes (aguardientes), han sido reconocidos por su pureza y calidad. También la CCSS dejaría de recibir alcohol al costo para sus fines medicinales.

Es necesario fortalecer la FANAL. En resumen, la venta de FANAL solamente dejaría pérdidas al Estado costarricense en lo económico, lo social y lo sanitario. Para que siga generando los beneficios ya descritos, es necesario que FANAL siga siendo parte del Estado costarricense. Deben explorarse formas creativas de resolver sus problemas y mejorar su gestión ante los nuevos desafíos que enfrenta el sistema agroalimentario nacional. Por ejemplo, en el corto plazo podría pensarse en mejorar su gestión para que expanda su negocio manteniendo el mercado local de aguardientes, seguir en la rentable línea de mezclados (tipo Chile Guaro) e incursionar en mercados de exportación. En el mediano plazo, la FANAL debe volver a destilar para agregar valor a la melaza de los productores de caña de zonas aledañas (CoopeVictoria, por ejemplo) y luego a los subproductos de la destilación como las vinazas, bajo un enfoque de biorrefinería para generar energía y otros bioproductos de alto valor que contribuyan al desarrollo sostenible del país.

Terminamos diciendo que este no es un tema ideológico de defender a ultranza instituciones del Estado, como sí parece serlo el trasfondo de su pretendida venta. Es un tema práctico: poner en la balanza un excelente negocio que va en el mejor interés de Costa Rica versus un negocio privado que a casi nadie beneficia.

El mensaje neoliberal: no hay plata, no hay plata…

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

En el capitalismo, especialmente en su versión neoliberal, predomina la acumulación creciente de la riqueza y no su distribución. No es casual que el 90% de la riqueza mundial esté en manos del 1% más rico. Y que nuestro pequeño país esté punteando en la lista de los más desiguales del mundo. Por eso, las arcas de los grandes empresarios, financistas y gobiernos neoliberales, según ellos, nunca están llenas; de ahí que el famoso rebalse para la prosperidad nunca se da.

Ello explica la preferencia, de estos sectores, por endeudarse e hipotecar el país a los organismos financieros internacionales. Es la forma de mantener a buen resguardo su alcancía o “buchaca”, no importa que se enmohezca.

Así, resulta contradictorio que mientras le recetan austeridad al pueblo en el uso de las tarjetas de crédito, y a cuenta gotas reducen los intereses de usura para proteger al sector financiero nacional, el Estado recurre al uso reiterado de su tarjeta de crédito, para favorecer al sector financiero internacional, con la complacencia de los interesados en que no toquen sus arcas, siempre “vacías”.

El mensaje retórico y altisonante de estos sectores se convirtió en un cotorreo que nos recuerda a la lorita del anuncio: no hay plata, no hay plata… Y, por supuesto, ha encontrado réplica en los principales medios de comunicación, que cada día elevan los decibeles de un discurso donde los culpables del déficit fiscal y casi de todos los males del país -solo falta que también incluyan a las víctimas de la pandemia-, son los empleados y pensionados del sector público, la clase media y los pobres que no aprenden a socarse la faja.

Asimismo, tenemos una Asamblea Legislativa que hace coro para pasar las leyes que eviten tocar las arcas de quienes sí pueden financiar el déficit fiscal y hasta atender, con generosidad, a la población más impactada por la crisis sanitaria. Una Asamblea, que ha venido vendiendo la idea de estar cohesionada para aprobar proyectos de interés nacional, algo que contrasta con la realidad de un país que está sacando la bandera blanca, para que venga el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a salvarlo.

Lo peor de todo, es que se esté aprovechando la situación de pandemia, para impulsar proyectos de ley y medidas gubernamentales que obedecen a mandatos tácitos o manifiestos de esos organismos. Y, por supuesto, avalados por los sectores económicos dominantes.

Se constituye, así, un bloque de poder tripartito: la alianza ente el Poder Ejecutivo y Legislativo, los grandes empresarios y los medios de comunicación dominantes. Se han unido para proteger sus arcas intocables, y trasladar los costos del déficit fiscal, la deuda y las consecuencias socio-económicas de la pandemia, al pueblo de hoy y a las generaciones de mañana. Están dispuestos a vender el país, en subasta pública, con tal de no ceder en un ápice sus privilegios.

¿Dónde ha quedado la herencia de la gesta heroica de 1856, cuando nuestros compatriotas defendieron la soberanía y dignidad nacional, frente a una horda de forajidos invasores que querían convertir a nuestra patria en un feudo de esclavitud y sometimiento?

Causa perplejidad, por decir los menos, que se claudique sin sonrojo alguno, en esta hora pandémica que más bien debería elevar el espíritu de la patria digna y soberana, que nuestros próceres y mártires nos enseñaron a defender y cultivar.

El papel de limosneros es vergonzante. No hipotequemos el futuro de esta patria noble y sencilla, pero digna. Parafraseando a Pablo VI, “la dignidad es el nuevo nombre del desarrollo de los pueblos”.

Imagen: César Fernández.

Hacen trizas del Estado

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

«El Estado tiene que cuidar de sus súbditos,
no producir en ellos un terror pánico
que retrotraería las cosas al estado de naturaleza, es decir,
al estado previo al acuerdo o pacto y a la guerra de todos contra todos»[1]

Hernán Alvarado

Lo que viene sucediendo en Costa Rica es que los representantes, las autoridades electas, están siguiendo una agenda que hace trizas el Estado social de derecho y el pacto social de 1949, plasmado en la Constitución de la República.

Nacido del terror

El origen del Estado es el terror a la muerte, como lo viera Thomas Hobbes.[2] Muchas cartas constitucionales fueron antecedidas por una guerra civil o una intensa crisis de gobernabilidad, de manera que la mayoría de las Repúblicas han nacido bañadas en sangre. Por eso, a menudo esos textos representan la verdad en armas de los victoriosos, según un pacto firmado con los derrotados. Así, pues, cada Estado emerge de una lucha cruenta, en una coyuntura crítica, y supera una situación excepcional o de violencia extrema; surge entonces como una portentosa ficción jurídica que erige el derecho como medio de pacificación.

Al derecho mismo lo sostiene, a su vez, un imaginario social, tan eficaz como que los seres humanos se dejan gobernar por creencias. En ese sentido, para Edgar Morin las ideas son entes posesivos, no solo herramientas intelectuales. No en vano Hegel creía que la idea era el sujeto absoluto de la Historia. Así que el Estado es, en esencia, social. Por tanto, no se puede destruir el «Estado social de derecho» sin destruir el Estado mismo, junto con la sociedad que le da consistencia y sustancia.

El apaciguador

Por tanto, el Estado supone una población organizada que responde a una norma representativa de un acuerdo de paz. Pero más allá de esa circunstancia implica un «ser juntos» que resulta «coesencial», es decir, una «sociación» y no solo una asociación.[3] En suma, nadie puede sobrevivir sin el otro, porque la vida implica una coexistencia pacífica entre seres humanos naturalmente obligada cuando se habita un planeta hostil.

El Estado es la mejor respuesta a la amenaza de muerte que proviene del vecino, más que a la que proviene de extraños. De ahí que sea su característica central el monopolio de la violencia, única que se considera legítima; de manera que la soberanía del Estado descansa sobre una oferta de seguridad. Por miedo a ser asesinadas, las personas están dispuestas a sufragar una organización social que les garantice paz como bien social supremo. Entonces, la llamada seguridad jurídica no es cualquier principio, sino que está en la raíz del Estado.

Este es, entonces, una manera de lidiar con el poder que unos ejercen contra otros, en la medida en que este tiende al abuso, a convertirse en violencia material, patrimonial y simbólica. Por eso, se dice que Hobbes dio a luz, en 1651, a la «invención moderna de la razón». La razón sobre la fuerza bruta y el interés particular, para servir a la seguridad y la convivencia. Por su parte, el Pueblo, y en particular los trabajadores productivos, sostienen el Estado, por esas buenas razones. Aunque el Estado supone un orden, incluso una jerarquía, porque en última instancia es la forma organizativa que conquistó una clase dominante para imponerla a las clases subordinadas, como un mal necesario que siempre puede llegar a convertirse, sin el debido control, en un terrorífico Leviatán.

El Estado opresor

Puesto que nace como alternativa frente a una historia de luchas sangrientas, nada más terrorífico y desconcertante que los crímenes del Estado opresor. Nada peor que un Estado que viola la ley, que dirige su violencia contra alguna persona, algún grupo o contra la misma población que debería proteger. En sí mismo, es una traición a la razón moderna, una total sinrazón. La racionalidad que acompaña a ese contrasentido parece monstruosa, pues arranca de cuajo el anhelo de una convivencia basada en el respeto entre personas.

El orden arbitrario de un gobierno que en vez de abolir el miedo lo provoca, crea la estampa perversa de una organización aterradora. Como delincuente o asesino, aparece como una estructura enemiga del ciudadano, capaz de brincarse el orden jurídico. Tal es el mayor absurdo imaginable y la mayor amenaza contra la paz social. Pero el Estado se precipita así en el remolino de su propia autodestrucción, contrastando con la razón moderna que necesita la convivencia para que fluya la compra y venta de mercancías.

Según una metáfora de Franz Hinkelammert, el que dispara al prójimo recibe esa bala en la nuca, dada la redondez del mundo. Él ha subrayado que toda vida social se erige sobre un mandamiento: «No matarás»; que existe como tal por lo mucho que se le infringe. Coincidentemente, para George Bataille (1897-1962) el interdicto o mandato general es contra la violencia,[4] porque el respeto a la vida del otro es la base de toda sociedad y el principio fundamental que todo Estado debería proteger cual esencia del valor moral y fundamento económico.

Oscuros nubarrones

En Costa Rica, resulta llamativo que una fracción de la burguesía le haya declarado la guerra a un Estado que es en primer lugar su servidor. Lo viene haciendo mediante una guerra financiera con las armas de la «ingeniería fiscal»: exenciones, moratorias, amnistías, evasiones, elusiones, colisiones, venta de activos a precio de remate y endeudamiento público. Todo un arsenal que depara ganancias billonarias a los más poderosos, pero tiene a la CCSS al borde de la quiebra y al gobierno de rodillas ante poderes fácticos, financieros y mediáticos que aseguran la acumulación, concentración y centralización del capital. Ello consolida la vergonzosa desigualdad social, mientras un coro de demagogos y populistas se rasga las vestiduras en público, como hacían antes los fariseos.

Esa guerra económica se acompaña con una guerra mediática que dispara una mentira tras otra, tendenciosamente, contra instituciones y universidades públicas, contra sus empleados y contra las personas pensionadas, aprovechándose de esa ilusión óptica que es efecto de unas redes sociales infestadas de odio e ignorancia; animadas por personas que son fácil presa de cifras, fotos, audios, noticias, trinos, memes y rumores falsos, además de argumentaciones falaces que solo muestran lo estúpidos que pueden llegar a ser nuestros prejuicios. Por dicha, son flores del mal que duran un día.

Tal como lo expone el juez de la República Andrés Retana,[5] el caso es que se está poniendo en marcha una agenda que suprime sistemáticamente derechos laborales y humanos conquistados a lo largo de muchos años, mediante una usurpación política autoritaria que, aprovechando la pandemia, no escatima esfuerzos en quebrantar la Constitución. Asimismo, se viene perdiendo la soberanía del Estado en cada coqueteo con el FMI y la OCDE, extraviada en la ilógica de una deuda impagable y montados como vamos en el tren sin frenos de la catástrofe ecológica. Ya se sabe que quien paga la música pone al endeudado a bailar descalzo al ritmo de los martillazos de la insolidaridad. Lamentable, porque sin soberanía estamos ante una caricatura de Estado.

Por eso, el Ejecutivo y el Legislativo seguirán siendo demandados, dadas sus múltiples tentativas de quebrantar la norma superior. Les seguirá lloviendo recursos constitucionales y de amparo, así como demandas penales. Además, ya el movimiento sindical y social ha cerrado filas y ha comenzado a tomar las calles. También han comenzado las manifestaciones como las de la Coordinadora Patriótica Alajuelense Juan Santamaría. El domador del Leviatán comienza a reunir su voz como si fuera los vientos de un huracán que sopla las velas de la resistencia popular.

La ley 9796 es el mejor ejemplo de todo esto. Ella recorta de manera regresiva y violenta las pensiones medias entre 2,200 y 5,000 millones (nominales). Al mismo tiempo, no toca a las más altas, las cuales mejoran. El Presidente ha celebrado en su Facebook la entrada en vigencia de ese adefesio jurídico, para ahorrar unos 10,000 millones al año, según corrige ahora (quién sabe qué se hicieron ya 2,000 que habían anunciado), pero no podrá usarlo como pretendía la ley 9836 sin contravenir el artículo 73.[6] Se socava así un pilar de la seguridad jurídica del Estado, lo cual representa una amenaza para todos: «A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas».[7]

Por encima de la carta magna, el Presidente se muestra orgulloso de meter la mano en el bolsillo de cientos de personas adultas mayores a las que se ha sumido en la mayor zozobra, angustia e indignación de toda su vida, haciéndolas sentir insultadas, humilladas y perseguidas, porque han hecho añicos sus proyectos de vida. Este ataque artero del Presidente contra los adultos mayores merece quedar impreso indeleblemente en la memoria de nuestro pueblo como una acción arbitraria y regresiva contra el Estado social de derecho. En sí mismo, revela lo poco que valora don Carlos la dignidad de su puesto y la poca conciencia que tiene de lo que son derechos laborales y humanos.

[1] Citado en la introducción de Carlos Moya a: Hobbes, T (1980) El Leviatán. Madrid: Editorial Nacional.

[2] Ver un ineludible trabajo sobre Hobbes en: Esposito, R (2003) Communitas. Origen y destino de la comunidad. Buenos Aires: Amorrortu.

[3] Esposito, Ibid, p. 13.

[4] Bataille, G (1985) El erotismo. Barcelona: Tusquets editores, p. 69.

[5] Andrés Alberto Retana Vargas (Juez de la República): «La supresión sistémica de derechos de las personas para el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos» (OCDE). Semanario Universidad. Opinión. Julio 20, 2020.

[6] Constitución de la República de Costa Rica.

[7] Ibid, capítulo 34.

Vaguedades e incoherencias insolidarias

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Acerca de la nota enviada a autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo por un grupo de empresarios e intelectuales

Grupo Economía Pluralista[i]

Hay varios aspectos que destacamos en la nota mencionada: las inconsistencias internas del planteamiento; la vaguedad de la mayoría de sus propuestas; su énfasis en medidas que debilitarían la institucionalidad pública y agravarían la crisis; y, en contraste con lo anterior, la evidente omisión de cualquier compromiso solidario por parte de las personas firmantes.

  1. Un planteamiento inconsistente y contradictorio

Las distinguidas personas firmantes de la nota, reconocen la existencia de “un legado histórico de brechas y dualismos estructurales”. Elogian la existencia de empresas modernas de alta productividad, en contraste con “un sector muy amplio de micro y pequeñas empresas de baja productividad y empleos de más baja calidad, cuando no precarios”. Incluso reconocen los graves problemas de desigualdad, existentes desde antes de la crisis asociada a la pandemia del Covid-19.

Aun cuando la anterior es una radiografía muy incompleta, sí deja suficientemente claro que existe una realidad de graves desbalances, fracturas y asimetrías, tanto en lo económico como en lo social. La conclusión obligatoria a que ello debería conducir, es al reconocimiento de que al país le urge replantearse a profundidad la estrategia o modelo de desarrollo. Y, sin embargo, claramente se elude reconocer tal cosa, cuando a lo sumo se propone un curso de políticas que, en lo esencial, implica perpetuar el statu quo, con apenas pequeños retoques y ajustes.

Así, por ejemplo, se reclama “un fortalecimiento del sector privado formal, que es el que genera los empleos de calidad” (énfasis agregado) ¿y el millón y resto de personas que permanecen en la informalidad? ¿Han de seguir en el olvido y la posposición, tal cual por muchos años se ha hecho? O bien se agrega que se requiere “el fortalecimiento de las cadenas de valor en aquello que hemos demostrado ser competitivos” (énfasis agregados). Lo cual obliga a preguntarse ¿en qué “hemos demostrado” tal competitividad? ¿Las zonas francas con su generoso ramillete de privilegios tributarios? ¿Las explotaciones piñeras con su atropello a los derechos laborales y todo el daño ambiental que provocan? Del contexto se desprende que ello no incluye a la mayor parte de las micro y pequeñas empresas y, definitivamente, no a los millones de personas en la informalidad laboral, en cuyo caso no habría interés en “fortalecer” a estos sectores que, claramente, han sido perdedores dentro de este modelo o estrategia de desarrollo.

Por otra parte, es interesante el enfoque que se asume, el cual se formula a partir de una mirada hacia el pasado y en retrospectiva: interesa aquello en que “hemos demostrado ser competitivos” (sea lo que fuere que eso signifique). No se mira al futuro, en búsqueda de nuevas opciones productivas, no solo más competitivas, sino, y sobre todo, inclusivas, equilibradas, equitativas, respetuosas de los derechos laborales y del ambiente.

2. La vaguedad como propuesta… excepto en lo que atañe al sector público

El planteamiento general del documento es sumamente vago. Hablan de cinco crisis distintas para, enseguida, apelar a la figura retórica de la “tormenta perfecta”, sin diferenciar apropiadamente entre los ritmos, tiempos, urgencia, naturaleza y causas que cualifican y especifican cada una de esas crisis.

Ello lleva a un planteamiento sumamente confuso, donde, después de reconocer “que no se puede hacer todo a la vez”, pasan a proponer “un enfoque holístico estableciendo prioridades”. Váyase a saber qué significa tal cosa. Lo único que enseguida queda claro, es la total oscuridad de su propuesta, cuando señalan que “la prioridad inmediata debe ser atacar, por todos los medios posibles, las cinco crisis mencionadas arriba”.

No podría haber una forma más dramáticamente desafortunada de definir prioridades.

Uno de los pocos aspectos donde sí se ofrece una formulación precisa y directa es en lo atinente al sector público, según una tónica claramente restrictiva y austeritaria, basada –como se ha vuelto costumbre– en el ataque y estigmatización de empleados y empleadas del sector público, precisamente en momentos cuando este es el que aporta la primera línea de defensa contra la pandemia, y cuando ese sector público, en pleno, hace un esfuerzo mayúsculo de reinvención para enfrentar la crisis.

Aparte de lo cual quedan dos preguntas fundamentales, que las personas firmantes de la nota omiten considerar:

  • Primero, acerca de las implicaciones negativas, para una economía sumida en una profunda recesión, que derivarían de los recortes propuestos. En las últimas semanas se han hecho públicas las preocupaciones de municipalidades, asociaciones comunales, juntas de educación e incluso empresariado vinculado al sector construcción, acerca de las consecuencias que esos recortes traerían. Son ejemplos concretos, que ilustran que esos recortes agravarían la crisis tanto en sus manifestaciones económicas como sociales y humanas.
  • Segundo, acerca del debilitamiento de la institucionalidad pública en momentos en que la crisis provoca una multiplicación de demandas y necesidades que esa institucionalidad debe atender y tratar de resolver. Por ejemplo: hace pocos días, un comunicado de Casa Presidencial informaba acerca del incremento de solicitudes de auxilio que el IMAS debió atender durante estos meses de crisis: cerca de 1,5 millones, con un incremento de alrededor del 350%.

Por lo tanto, las propuestas recortistas que estas personas promueven, claramente son una apuesta por el agravamiento de la crisis.

Hay algunos otros planteamientos específicos que podríamos compartir. La propuesta para la creación de un fondo de avales y garantías, la hemos reiterado en numerosas ocasiones. La posible creación de una Comisión Consultiva de Reactivación Económica, podría ser apropiada, a condición de que sea un foro realmente inclusivo y participativo, abierto en igualdad de condiciones a todos los sectores de la sociedad costarricense, y absolutamente transparente en su funcionamiento. La consabida simplificación de trámites es necesaria, siempre que ello no signifique descuidar la vigilancia y protección de los derechos laborales y del ambiente.

3. ¿Qué aporta cada quien ante la crisis?

Está claro que para las personas firmantes de la nota, los empleados y empleadas del sector público deben asumir una cuota importante, mediante una reducción de jornadas, cuya implicación más irracional y absurda tiene que ver con el debilitamiento de la capacidad de respuesta de las instituciones públicas, justo cuando éstas enfrentan demandas incrementadas ante la multiplicación de necesidades que la crisis provoca.

Notoriamente no se ofrece ninguna propuesta que pudiera implicar aporte por parte de los sectores que más riqueza poseen en Costa Rica. Esta omisión es particularmente notable, puesto que quienes firman la nota son, en general, personas solventes, incluyendo a algunas de las personas más ricas de Costa Rica. 

Es sintomático que las palabras “solidaridad”, “solidario”, “solidaria”, no aparezcan citadas ni una sola vez en esta carta. Lo cual hace necesario recordar que los valores de la solidaridad, compasión y equidad, son indispensables para construir una convivencia civilizada y pacífica. Tampoco debe olvidarse que sin una vida digna para todas y todos, difícilmente habrá paz social, y que sin paz social ni la sociedad prospera, ni tampoco lo harán los negocios privados.

4. Medidas urgentes

En los diversos pronunciamientos que nuestro grupo ha emitido, así como en los foros y entrevistas que en forma individual hemos participado, hemos planteado una amplia variedad de medidas, de corto, mediano y largo plazo, para aliviar la recesión, auxiliar a las personas y familias más afectadas, preservar la estabilidad de la economía y preparar el camino para su recuperación. No entraremos aquí en detalles al respecto, aunque sí enfatizamos la centralidad de los valores de solidaridad, justicia y equidad que nos inspiran, de donde se deriva la obligación de que cada quien aporte según sus posibilidades, lo cual incluye a personas integrantes de este grupo.

En esta nota, en particular, queremos retomar dos propuestas de política que, en el contexto actual, estimamos que es urgente tener en cuenta.

Primero, en relación con las políticas sanitarias. Por un lado, la urgencia de fortalecer la institucionalidad a cargo de la atención de las enfermedades, que permite recuperar la salud de las personas y salvar vidas, lo cual atañe fundamentalmente a la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero también es importante ponerle atención y reforzar la red pública de bienestar: bonos, subsidios, servicios básicos (electricidad, agua, telecomunicaciones), educación, vivienda, entre otros.  Todo lo cual es fundamental, ya no solo para atender la enfermedad, sino, sobre todo, para la prevención y el cuido de  la salud, una responsabilidad que hoy es asumida principalmente en los hogares y sobre todo por parte de las mujeres, siendo que las situaciones de privación y carencia impiden a menudo que esa tarea pueda ser satisfecha apropiadamente. De ahí que, en contra de las usuales y muy dañinas tesis de austeridad fiscal, sea de la mayor importancia que se fortalezca la institucionalidad pública-estatal a cargo de apoyar esa labor de cuido y prevención.

Segundo, una propuesta de política que es urgente se ponga en marcha, a fin de preservar el normal funcionamiento del sector público, aliviar el déficit fiscal y fortalecer financieramente a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), todo lo cual es indispensable para mantener la estabilidad de la economía y la paz social.

Lo resumimos en lo siguiente: en el contexto deflacionario que vivimos, con una profunda recesión en curso y agravamiento extremo de los problemas del empleo y de la pobreza, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) debe asumir una posición mucho más proactiva, no sólo proveyendo liquidez al mercado financiero en general, sino también apalancando las necesidades de financiamiento del Gobierno Central y reduciendo la presión de la carga financiera de la deuda, mediante los mecanismos que hoy la ley le provee, y a través de los cuales pueden promover una baja considerable de las tasas de interés sobre la deuda.

Con este fin, el Banco Central en conjunto con el Ministerio de Hacienda, y a través de un equipo técnico conformado para tal fin, deben analizar las necesidades de financiamiento a corto y mediano plazo del Gobierno Central, incluyendo aspectos importantes como la deuda del Gobierno con la CCSS, necesidades de flujo de caja del Gobierno Central, riesgos monetarios, así como el costo actual de los intereses pagados por la deuda interna, entre otros.  El resultado de dicho análisis deberá derivar en una propuesta de apoyo financiero de parte del BCCR al Gobierno Central.

Dicha propuesta derivaría en la definición de un monto adecuado de dinero que el Ejecutivo podrá financiar vía emisión de deuda pública, en una o varias emisiones, según los plazos de vencimiento que el equipo técnico antes mencionado considere prudentes y con tasas de interés lo más bajas posibles.

Esta deuda será emitida en el mercado primario para ser adquirida, previo acuerdo, por un banco público.  Posterior a esta compra el BCCR intervendrá en el mercado secundario adquiriendo estas emisiones de deuda.

5. A modo de conclusión

Comprendemos y respetamos que el gobierno escuche y tome en cuenta lo que plantean organizaciones que representan a sectores de gran poder económico, como la UCCAEP y Horizonte Positivo. Pero resaltamos que, igualmente, es su deber ineludible escuchar y tomar en cuenta los planteamientos de otros grupos y sectores. En democracia, todas las voces ciudadanas están investidas de la misma legitimidad y todas por igual tienen derecho a ser escuchadas. No respetar este principio fundamental, conlleva falsear la democracia.

[i] El Grupo Economía Pluralista reivindica y busca visibilizar la diversidad de enfoques teóricos y epistémicos que enriquecen el bagaje científico de la economía, como asimismo enfatiza que la economía, desprovista de un compromiso ético y moral, deviene un ejercicio intelectual estéril y deshumanizado. Somos más de 25 profesionales en economía, y nos movemos en ámbitos diversos: la academia, el sector público y privado y las comunidades.

Foto: CCSS

Emergencia nacional y ortodoxia económica: Una bomba de tiempo

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Mario Devandas

En varias conversaciones he escuchado a don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central y principal conductor de la política económica, argumentar que el uso no heterodoxo de la política monetaria y en particular el uso de una parte de las reservas en dólares del Banco, que ascienden a más de ocho mil millones de dólares, generaría desconfianza para el país en los mercados internacionales. Pero ¿que generaría más desconfianza utilizar esos recursos para enfrentar la grave situación que vivimos, o un desempleo desenfrenado, un incremento de la desigualdad, y una explosión social? Además de una no ortodoxa política monetaria, no se plantea una política tributaria progresista donde además de meter en cintura a los rentistas, a la evasión, y a las grandes utilidades, a las desmesuradas exenciones, se controle también el precio de las exportaciones para poner coto a los llamados precios de transferencia que nos desangran y nos reducen cada vez más a calidad de colonia.

Para que no se considere la propuesta en que he insistido desde una arista ideológica, voy a decirlo con palabras del propio FMI, al que don Rodrigo rinde mucha admiración:

“A más largo plazo, el impulso de la economía mundial está bajo la presión de un lento deterioro y debilitamiento de la confianza en las instituciones; y la confianza es, naturalmente, la savia de cualquier economía. Esta confianza tambaleante tiene muchas aristas: los efectos persistentes de la crisis financiera mundial, la percepción de que las recompensas del crecimiento económico y la globalización no se distribuyen equitativamente, el nerviosismo sobre el futuro del empleo y las oportunidades económicas, y la debilidad de los marcos de gobierno que suele facilitar la corrupción. El envejecimiento de la población y el financiamiento insuficiente de los sistemas de pensiones también están limitando el ímpetu de la economía, y la desigualdad de ingresos se está acentuando. Además, el cambio climático, si no se lo contrarresta, puede quebrantar gravemente el bienestar económico en las próximas décadas. Los países también deben seguir prestando atención a estos desafíos que acechan a largo plazo”.

“Mediante impuestos progresivos sobre la renta bien diseñados, así como ciertos impuestos sobre la riqueza, se puede contribuir a reducir la desigualdad sin sacrificar el crecimiento. Los estudios empíricos en curso muestran que un “ingreso básico universal” podría reducir la pobreza y la desigualdad, pero depende de la capacidad administrativa de cada país y de la posibilidad de mejorar la focalización del gasto social.”

Informe del FMI de 2018

Grupo de garantes al Señor Presidente de la República

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

San José, 20 de julio de 2020.

Sr. Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República
Casa Presidencial-Zapote

Señor Presidente:

            Con el respeto debido, una vez más nos dirigimos a usted en razón de la confianza que nos fuera depositada como Grupo de Garantes Éticos de su gobierno.

            Es evidente que la situación excepcional por la que atraviesa el mundo, y Costa Rica no es la excepción, ubica el tema de la gestión ética y el valor de la probidad en un plano mucho más allá de las eventuales denuncias por abuso de poder o corrupción por parte de algún funcionario público, para situar estas cuestiones en la base misma de la convivencia democrática y republicana, transformando esas valoraciones de moralidad y transparencia en pre-requisitos indispensables para poder sobrevivir estos difíciles tiempos con paz y justicia.

            Hemos escuchado, señor Presidente, con toda atención el mensaje que usted dirigiera al país el pasado domingo 19. Nos advierte usted de que vendrán tiempos aún peores de los ya vividos y que serán necesarios nuevos y radicales sacrificios. Creemos firmemente que este noble pueblo puede entender su llamado. No nos cabe duda que amplias mayorías comprenderán la necesidad de aportar y lo harán gustosas si se trata de superar la pandemia y reactivar la economía en dirección a reducir la pobreza y las desigualdades imperantes. Pero también es claro que esto supone que todos veamos el sacrificio de cada quien. No es justo ni legítimo que la contribución recaiga sólo en algunos y otros pretendan pasar por la tempestad absolutamente indemnes.

            También menciona usted la urgente necesidad de una actitud responsable y solidaria. Igualmente creemos que esto es posible, pero de nuevo se requiere que pasemos de las palabras a los hechos, de las consignas a los números. Esta sociedad se merece que con cuantificaciones claras y fieles, proporcionales y progresivas, según ingresos reales,  veamos con cuánto está contribuyendo cada uno, de la misma manera en que  se ha puesto números a la reducción del presupuesto nacional y a las disminuciones en salarios y pensiones del sector público. Es urgente que veamos los porcentajes y sumas aportadas por el sector privado que más beneficios económicos percibe. El país requiere, al menos,  de una propuesta para gravar las grandes fortunas y una estrategia que asegure minimizar la evasión y la elusión tributarias.

            Finalmente hace usted un vehemente llamado a la unidad nacional.  Nuestro criterio es que eso sólo será posible si previamente se anteponen los requerimientos nacionales en orden a construir un auténtico diálogo del gobierno con todos los sectores, que no se quede en un mero gesto o ritual, para demostrar que los intereses esenciales de cada quien, han sido considerados. Lo ideal sería un diálogo-debate nacional donde estén representados todos los sectores organizados del país, con mesas de trabajo especializadas y de donde salgan recomendaciones sobre las cuales usted pueda escoger. Hemos sido testigos de múltiples iniciativas, desde voces en la Asamblea Legislativa de diputados de oposición y de gobierno; así como del movimiento de Mujeres en Acción, Mujeres por Costa Rica, el grupo de economistas pluralistas, sindicatos y asociaciones de trabajadores,  y políticos y representantes de la sociedad civil que han dado sus puntos de vista y han concretado propuestas.  Por favor, señor Presidente, sin este ejercicio de diálogo eficaz no podrá hacerse realidad la unidad que todos quisiéramos.

            Con nuestra más alta consideración,

Quince Duncan Moodie, Margarita Bolaños Arquín, José Manuel Arroyo Gutiérrez