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Impulsan Pacto Patriótico Costarricense entre sectores sociales y diputaciones de oposición

Diversas organizaciones sociales agrupadas en la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) promueven la firma de un Pacto Patriótico Costarricense con diputadas y diputados de oposición para el período legislativo 2026-2030, con el propósito de establecer una agenda común de defensa institucional, fortalecimiento democrático y promoción de políticas públicas orientadas al bienestar de la población.

La propuesta plantea una articulación entre sectores sindicales, agroalimentarios, ganaderos, indígenas, arroceros, ambientales, empresariales, estudiantiles, movimientos populares, organizaciones artísticas, religiosas, territoriales, académicas, colegios profesionales, cámaras de radio y televisión, pescadores y otros sectores sociales, representados por la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES).

El documento señala que el objetivo principal es promover valores considerados fundamentales para el país, entre ellos la democracia, la paz social, el diálogo, el Estado Social de Derecho, la participación ciudadana, la libertad de expresión, la atención de las poblaciones empobrecidas y vulnerables, así como la defensa de instituciones públicas estratégicas como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Consejo Nacional de Producción (CNP) y el Banco de Costa Rica (BCR).

Como marco de referencia, la propuesta adopta los principios contenidos en el documento denominado “Soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica”, impulsado por el denominado Bloque Democrático de la Asamblea Legislativa.

Entre los ejes planteados figura la defensa del Estado Social de Derecho, la institucionalidad democrática, la separación e independencia de poderes, el respeto a la Constitución Política y la protección de los derechos fundamentales.

Asimismo, se propone fortalecer los mecanismos de diálogo entre sectores sociales y representantes legislativos, de manera que las organizaciones puedan presentar iniciativas de ley y planteamientos para el ejercicio del control político desde la Asamblea Legislativa.

La propuesta incorpora además la defensa de la libertad de prensa, el derecho a la información, la libertad de reunión, la manifestación pacífica y la participación ciudadana como pilares esenciales de la democracia. También plantea el fortalecimiento de la agenda de derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género.

En materia de seguridad ciudadana, el documento promueve un combate frontal contra el crimen organizado, el fortalecimiento presupuestario del Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, la Fuerza Pública y Seguridad Pública. Además, propone transformar la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en una unidad de inteligencia estratégica civil sometida a controles democráticos y mecanismos de rendición de cuentas.

La iniciativa también plantea una visión preventiva de la seguridad basada en la promoción de la cultura de paz, el deporte, la educación, las expresiones artísticas y el fortalecimiento del tejido social y comunitario.

Uno de los apartados más extensos se refiere a la educación pública. El pacto propone avanzar gradualmente hacia el cumplimiento del mandato constitucional de destinar el 8% del Producto Interno Bruto a la educación, establecer una negociación quinquenal del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y revisar los modelos de construcción y mantenimiento de infraestructura educativa.

En relación con la seguridad social, el documento plantea la defensa y fortalecimiento de la CCSS, la sostenibilidad de los regímenes de salud y pensiones, la definición del monto real de la deuda estatal con la institución y el establecimiento de mecanismos para su pago. Asimismo, propone medidas para reducir las listas de espera, enfrentar la escasez de especialistas y promover reformas que permitan un acceso más justo a los medicamentos.

La propuesta también incluye la revisión de la regla fiscal para identificar mejoras que permitan proteger la inversión social, así como el fortalecimiento gradual del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).

En materia ambiental, el pacto plantea fortalecer el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), otorgar mayores competencias a los guardaparques, mantener la prohibición de la minería metálica a cielo abierto, proteger a personas defensoras de derechos humanos y ambientales, garantizar el acceso al agua potable mediante el fortalecimiento de las ASADAS y promover soluciones integrales para la gestión de residuos con enfoque de economía circular.

El documento incorpora además compromisos relacionados con los derechos de las mujeres, las personas cuidadoras, la niñez, la juventud, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las poblaciones en condición de vulnerabilidad, la comunidad LGBTIQ+, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y las personas migrantes y solicitantes de refugio.

Otro de los ejes centrales es el fortalecimiento de la producción nacional y de la seguridad alimentaria. Entre las propuestas destacan el apoyo a la actividad agropecuaria, la mejora del acceso al financiamiento para productores, la creación de seguros agropecuarios accesibles, el fortalecimiento de los controles fitosanitarios y la búsqueda de alternativas al actual sistema de areteo del ganado.

La agenda también contempla reformas orientadas al combate contra la corrupción, el enriquecimiento ilícito, la evasión y la elusión fiscal. Asimismo, promueve políticas de transparencia, acceso a la información pública, apertura de datos, interoperabilidad digital y transparencia algorítmica dentro de la institucionalidad pública.

Como parte de los acuerdos operativos, la propuesta establece mecanismos para que RENASES presente iniciativas legislativas y planteamientos de control político, así como la conformación de equipos técnicos y políticos integrados por representantes de las fracciones legislativas y de los sectores sociales.

El documento reconoce además al denominado Equipo Timón como instancia coordinadora de RENASES e interlocutora con las fracciones legislativas que decidan adherirse al pacto. Dicho equipo está integrado por representantes de ANDE, ANEP, APSE, SEC, SINAE, UNAG y UNDECA,

La propuesta contempla que la firma del Pacto Patriótico Costarricense se realice en la Asamblea Legislativa durante el presente mes de junio, mediante la adhesión de diputadas y diputados de oposición y representantes de las organizaciones sociales participantes.

OES-UNA: “Discusión sobre una reforma fiscal es necesaria y urgente”

Observatorio Económico y Social llama la atención sobre la necesidad de evitar centrar la discusión en medidas de corto alcance y la urgencia de tomar en cuenta el impacto sobre los sectores más vulnerables

UNA Comunica. El Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) ha venido advirtiendo sobre un deterioro en la recaudación tributaria desde el 2023.

En el informe Análisis de la Coyuntura Fiscal 2024 se señalaba una reducción de los ingresos tributarios durante ese año, situación que ya se había presentado en 2023. Esta tendencia continuó en 2025 y se ha intensificado durante los primeros meses de este año, tal como lo había anticipado el propio Ministerio de Hacienda en las proyecciones incorporadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

La disminución de los ingresos tributarios se ha observado en diversos rubros y no responde a un único factor. Entre las principales causas destacan el menor dinamismo de las empresas del régimen definitivo, la reducción de los ingresos de algunas empresas que facturan en moneda extranjera, el congelamiento salarial en el sector público, el efecto de la apreciación del colón sobre el valor declarado de los bienes importados, la modificación de los valores declarados en la importación de vehículos y diversas decisiones adoptadas por la anterior Asamblea Legislativa, entre ellas, la reducción del impuesto a la propiedad de vehículos, la disminución del impuesto sobre la renta para personas físicas con actividad lucrativa y la limitación de algunas potestades de control de la Administración Tributaria.

Sobre este punto, en el informe Análisis de Coyuntura Fiscal 2024 se advertía que “el Observatorio reitera el llamado a evitar un debilitamiento adicional del sistema tributario, con más reducciones de impuestos o incorporaciones de nuevas exoneraciones, tal y como se ha estado haciendo en los últimos dos años con la reducción del impuesto a la propiedad de vehículos, la pérdida de potestades de la administración tributaria en el cobro del impuesto sobre la renta, la reducción del impuesto a personas físicas con actividad lucrativa (personas con actividades propias) o las reformas recientemente anunciadas en el Selectivo de Consumo, pues el deterioro de los ingresos públicos afectará la posición fiscal del país y complicará la asignación de recursos adicionales a las más apremiantes necesidades de la población”.

Hoy, esta advertencia parece estarse confirmando, pues el deterioro de las finanzas públicas se ha vuelto cada vez más evidente.

Por esta razón, el OES-UNA considera positivo que haya una discusión sobre una eventual reforma tributaria, dada la necesidad de corregir problemas que se han venido acumulando en el sistema tributario costarricense durante décadas. La reforma fiscal aprobada en 2018 tuvo un alcance limitado y no fue concebida como una transformación estructural del sistema, sino como una respuesta inmediata a la necesidad de generar recursos adicionales para enfrentar la situación fiscal del momento.

En ese contexto, era necesario mantener abierta la discusión sobre reformas de carácter estructural que permanecieron pendientes, particularmente en materia del impuesto sobre la renta, así como sobre eventuales ajustes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), incluida la discusión acerca de su tasa impositiva. Sin embargo, la irrupción de la pandemia por Covid-19 desplazó estas prioridades e impidió la continuidad de una agenda de reformas tributarias de mayor alcance.

El país mantiene pendiente una agenda de reformas tributarias de gran relevancia. Entre ellas destacan:

– La revisión integral de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en esencia continúa siendo la aprobada en 1988 con las modificaciones incorporadas a lo largo del tiempo.

– La reducción de los niveles de incumplimiento tributario por parte de las personas jurídicas.

– El fortalecimiento de la recaudación proveniente de las personas físicas, ámbito en el que Costa Rica se encuentra rezagada respecto al promedio de los países de la OCDE.

– La introducción de mecanismos de control que eviten el uso de Sinpe Móvil como instrumento para la evasión del IVA.

– La racionalización de determinadas exoneraciones.

– La revisión de los beneficios tributarios otorgados a empresas acogidas a regímenes especiales.

– La definición de estrategias para enfrentar la erosión futura de la recaudación proveniente de los impuestos a los combustibles.

Asimismo, resulta necesario retomar medidas orientadas a fortalecer las capacidades de control y fiscalización de la Administración Tributaria, así como valorar la incorporación de tributos que, además de generar ingresos, contribuyan al cumplimiento de objetivos ambientales.

Por estas razones, el OES-UNA hace un llamado a promover una discusión amplia e integral sobre la reforma tributaria que requiere el país, evitando limitarla a ajustes puntuales destinados únicamente a resolver necesidades de financiamiento de corto plazo. El objetivo debe ser avanzar hacia un sistema tributario más robusto, equitativo y sostenible, capaz de fortalecer las capacidades de la Administración Tributaria y garantizar la disponibilidad de recursos para atender las prioridades nacionales en el largo plazo.

Además, las reformas que eventualmente se adopten deben proporcionar al gobierno central los recursos necesarios para responder a necesidades ineludibles de la población, como por ejemplo: el fortalecimiento del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuya sostenibilidad requerirá recursos que exceden los obtenibles mediante una eventual capitalización derivada de la privatización de un banco público, el pago de la deuda del Estado con la CCSS.

Asimismo, debe considerar además el fortalecimiento del financiamiento de la educación pública, el incremento de los recursos destinados a la seguridad ciudadana, el resarcimiento de los montos no transferidos al Poder Judicial en años anteriores, el fortalecimiento de los programas sociales y la atención de necesidades operativas del gobierno central, incluidas aquellas asociadas a la puesta en funcionamiento del nuevo centro penal actualmente en construcción.

La reforma tributaria que eventualmente se proponga debe considerar de manera explícita sus efectos sobre la población en condición de vulnerabilidad económica, incorporando mecanismos que permitan compensar o minimizar posibles impactos adversos. Hasta el momento, sin embargo, este aspecto no ha sido señalado como una condición fundamental dentro de la discusión pública sobre la reforma.

Por ejemplo, la eventual aplicación de la tarifa general del 13% del IVA a los bienes que actualmente integran la canasta básica tributaria, podría generar un aumento significativo en la recaudación de este impuesto, al ampliar la base gravable y gravar una mayor proporción del consumo realizado por los hogares de mayores ingresos. No obstante, una medida de esta naturaleza incrementaría la carga tributaria sobre los hogares de menores recursos, los cuales destinan una mayor proporción de sus ingresos al consumo de bienes esenciales.

Por esta razón, cualquier modificación en esta dirección debería acompañarse de mecanismos de compensación adecuados. A partir de experiencias implementadas en otros países de la región y de propuestas que han sido discutidas con anterioridad en Costa Rica, resulta pertinente valorar la devolución del IVA pagado por los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad económica. Este mecanismo, conocido en el ámbito internacional como “IVA personalizado”, permitiría mitigar los efectos regresivos del impuesto y fortalecer la progresividad del sistema tributario, al tiempo que se preservan los objetivos de recaudación fiscal.

Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía, UNA

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Programa Alternativas debatirá el papel de la educación religiosa ante los desafíos del futuro

El programa Alternativas dedicará su próxima emisión al tema “Educación religiosa: ¿custodia del pasado o diálogo con el futuro?”, un espacio de reflexión sobre los desafíos contemporáneos de la educación religiosa, su papel en sociedades cada vez más diversas y su capacidad para contribuir al diálogo intercultural y la formación integral de las personas.

La actividad se transmitirá en vivo el 5 de junio de 2026 a las 18:00 horas (-6 UTC) a través de Facebook Live, YouTube y Spotify, como parte de los espacios de análisis promovidos por el Programa Alternativas.

El panel contará con la participación de especialistas con experiencia en educación, pedagogía, psicología y estudios religiosos.

Participará Maricela Pleités, máster en Recursos Humanos por la Universidad María Cristina Aguilera de España, licenciada en Administración Educativa por la UNED, licenciada en Docencia por la Universidad de San José, bachiller en Educación Religiosa por la Universidad Católica y psicóloga en formación.

También formará parte del panel Denisse Vindas Gutiérrez, asesora regional en Educación Religiosa con experiencia en asesoría pedagógica, capacitación docente y desarrollo de estrategias educativas, reconocida por su liderazgo y compromiso con una educación integral e inclusiva.

Asimismo, participará Ramón Gerardo Vega Sánchez, asesor regional, docente y psicólogo, con trayectoria académica en educación secundaria y universitaria, experiencia internacional y reconocimientos por su labor educativa.

El panel se completa con José Mario Méndez, doctor en Filosofía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador y académico de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, Costa Rica, quien ha desarrollado estudios sobre educación religiosa y pedagogía intercultural.

La actividad busca generar un diálogo sobre el presente y el futuro de la educación religiosa, sus aportes a la formación humana y su relación con los procesos de transformación cultural, social y educativa.

La transmisión contará además con el apoyo de diversas emisoras aliadas, entre ellas Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución, 506 Ondas Alajuelita y Radio Voces Libertarias 97.3 FM.

Fecha: 5 de junio de 2026
Hora: 18:00 horas (-6 UTC)
Transmisión: Facebook Live, YouTube y Spotify

¿Es Laura Fernández la presidenta N.º 50?

Vladimir de la Cruz

Con frecuencia desde que asumió la Presidencia de la República, Laura Fernández Delgado, me han preguntado, padres de familia y algunos maestros y profesores, si la presidenta es la persona número 50 en ocupar ese cargo, como se dijo en los medios de información, y así se le presentó.

Esta es una inquietud que podría no tener gran importancia, dependiendo de cómo se aborde esta numeración o definición de la condición de gobernante de Costa Rica. Pero, es una inquietud que les han planteado a estudiantes valorando el proceso democrático que vivimos en febrero de este año.

Si se trata de ver o analizar la condición de Gobernante tendríamos que atender diversas situaciones históricas. Si tomamos a los gobernantes desde antes de la Independencia o si lo hacemos a partir de la Independencia, el 29 de octubre de 1821.

Si es del período anterior podemos abordar el tema de la Gobernabilidad de la Provincia de Costa Rica durante su período de la conquista y la colonia española. Aquí, habría que considerar a todas las personas que ejercieron la Autoridad Suprema sobre el territorio y su población que origina la Costa Rica dominada por los españoles, por las autoridades que ellos impusieron. Y, podría considerarse también la historia aborigen de las comunidades indígenas que habitaban el territorio, organizados en comunidades que tenían sus caciques, con lo cual se sumarían otros gobernantes que no dejaban de tener presencia en sus comunidades aun cuando estaban sometidas, superada la resistencia a la dominación. Obviamente la dominación española anuló la gobernación de los caciques, pero existieron.

Pero, también hay que considerar como autoridades superiores de Gobierno a quienes ejercieron esa condición en la Capitanía General de Guatemala, o Reino de Guatemala como también se conoció, que eran autoridades superiores en toda la región de Centroamérica.

Del mismo modo, habría que tener como autoridades superiores de gobierno a los Virreyes que fueron nombrados como autoridades superiores del Virreinato de Nueva España o de México, al que pertenecía la Capitanía General de Guatemala.

Y, sobre todas estas autoridades estaban los propios Reyes de España, que fueron las autoridades supremas de todo el Reino Español, en España y Europa y en ultramar, fuera de Europa. Todo este engranaje de dominación política produce muchas personas como autoridades superiores de la Provincia de Costa Rica hasta su Independencia.

Desde este punto de vista, partiendo desde los días de la Independencia, para estimar el número de personas que han gobernado a la Provincia de Costa Costa Rica, al Estado de Costa Rica y a la República de Costa Rica, tenemos tres períodos a considerar. Primero, el período de las Juntas Superiores de Gobierno, así considerado el período que va desde 1821 hasta 1824. Segundo, el período de incorporación a la República Federal de Centroamérica, que nos provoca dos situaciones, la de los jefes de Estado, cuando formando parte de la República Federal nos constituimos en Estado de Costa Rica, miembro o parte de la República, junto con los otros Estados centroamericanos. Así tuvimos jefes de Estado de Costa Rica desde 1824 hasta 1848.

Dentro de este período de la República Federal tuvimos como autoridades superiores de toda la región centroamericana, y de Costa Rica, a los presidentes de la República Federal de Centroamérica.

Costa Rica se retiró de la República Federal en 1838, pero permaneció con el nombre de Estado de Costa Rica hasta el 31 de agosto de 1848, cuando el entonces jefe de Estado y primer presidente de la República de Costa Rica, el Dr. José María Castro Madriz, declaró la fundación de la República de Costa Rica, como empezamos a llamarnos desde esa fecha, y así se nos reconoce nacional e internacionalmente.

Como República de Costa Rica operamos hasta el 8 de mayo de 1948, cuando José Figueres, jefe supremo y líder victorioso de la guerra civil de marzo y abril de ese año, se impuso en el gobierno, sobre Otilio Ulate, que había resultado victorioso en las elecciones de febrero de 1948, que se las anularon, y fundó la llamada Segunda República, que es el período que hemos vivido desde 1948 hasta hoy.

Desde esta perspectiva, de manera directa, tuvimos 14 Reyes de España, como autoridades superiores de todo el Reino, incluido Costa Rica. No considero a Napoleón Bonaparte, cuando destituye al Rey y gobierna España desde 1808 hasta 1814. Como Virreyes de Nueva España, a la que pertenecía la Capitanía General de Guatemala, hubo 62 virreyes.

En el caso de la Capitanía General de Guatemala, las personas que ocuparon el principal puesto de mando en toda la región, se denominaron Capitán General de Guatemala, Gobernador, Teniente de gobernador, Adelantado de Guatemala, Presidente de la Real Audiencia de los Confines de Guatemala y Nicaragua, Oidor – presidente, Presidente – gobernador, Gobernador de la provincia de Guatemala, Jefe Político Superior, Presidentes y Superintendente General de la Real Hacienda, que sumaron todos ellos alrededor de 150 autoridades coloniales.

Desde 1821 hasta 1823 tuvimos organismos colegiados de gobierno que se llamaron Junta de Legados de los Pueblos, Junta Interina, Junta Electoral, Primera Junta Superior Gubernativa, Segunda Junta Superior Gubernativa, Diputación Provincial o Triunvirato, comandantes generales, Congreso Constituyente y Tercera Junta Superior Gubernativa. Este período de las Juntas gobernó desde el 12 de noviembre de 1821 hasta el 8 de setiembre de 1823. Durante ese período 13 personas ejercieron como los principales de esos gobiernos colegiados.

Desde el 8 de setiembre de 1823 Juan Mora Fernández asumió como jefe de Estado de Costa Rica, dando inicio a ese período, del Estado de Costa Rica, hasta 1848, que se desarrolló en 17 breves gobiernos, algunos de ellos repetidos por una persona, como lo fueron Juan Mora Fernández o Braulio Carrillo. Como gobernantes fueron 17 pero como personas gobernantes 14.

Dentro de la República Federal tuvimos, desde 1825 hasta 1838, cuatro presidentes en 7 períodos de gobierno. Francisco Morazán gobernó 4 períodos.

Con el inicio de la República de Costa Rica, a partir del 31 de agosto de 1848, José María Castro Madriz tuvo el título de presidente de Estado, del 8 de mayo al 31 de agosto de 1848. A partir de esta fecha se regularizó el título de presidente de la República, hasta hoy. Como presidentes de la República 30 personas ejercieron 41 gobiernos, porque algunas repitieron gobierno.

Desde los gobernantes de Costa Rica, en 1821, considerando gobierno tras gobierno, hasta el gobierno de Teodoro Picado, 1944-1948, hubo 72 períodos gubernativos, unos cortos, otros estables en períodos de 4 años cada uno.

Desde 1948 hasta el 2026 hemos tenido, considerando a la Junta de Gobierno, 21 gobiernos. 20 a partir del Gobierno de Otilio Ulate Blanco, iniciado el 7 de noviembre de 1949.

De esta manera, a Laura Fernández Delgado la tenemos como la presidenta 20 o 21 del período de la Junta de Gobierno, según se analice desde mayo de 1948 o desde el inicio del gobierno de Ulate. Sería la presidenta 20 o 21 del período de la Segunda República.

Si nos devolvemos hasta 1848, cuando se fundó la República y se estableció la denominación de presidente, o presidenta, si consideramos todos los gobiernos, uno a uno, Laura Fernández Delgado es la presidente o presidenta número 62. Y. si nos remontamos a los días de la Independencia, desde el período de las Juntas de Gobierno, Laura Fernández Delgado es la persona que ejerce la Presidencia del gobierno 93, desde aquella época.

Durante el período 1834-1859 hubo 10 personas que ejercieron el Poder Ejecutivo como Encargados del Poder Ejecutivo.

Para la ciudadana Laura Fernández Delgado los números que se le pueden aplicar al ejercicio de su período gubernativo, de su Presidencia, son los siguientes: 20, 21, 62, 93, todos al gusto… todos igualmente válidos.

El decoro constitucional

Walter Antillón

Parte I. En general

El ejercicio del derecho público nos ha permitido comprobar que, de la vida y de la estructura del Estado, las constituciones sólo regulan explícitamente los aspectos primarios; de modo que aquella compleja realidad estatal se nutre y se concreta mediante una pluralidad de elementos provenientes de otras diversas fuentes.

El primer constitucionalista en identificar algunos de esos elementos fue el profesor británico Albert V. Dicey (Introduction to study of the law of the Constitution; MacMillan, London, 1914, pág. 244), quien a fines del Siglo XIX acuñó el sintagma ‘Constitutional conventions’ para indicar los acuerdos alcanzados en las altas esferas del poder acerca del significado de palabras clave, o de comportamientos adecuados, frente a los vacíos de la Constitución, lo cual tuvo gran difusión en el mundo del ‘Common Law’ (entre muchos: Wade-Phillips: Constitutional Law; Longman Green Co., London, 1948; pág. 87).

En el campo del Derecho Continental fue el gran maestro italiano Santi Romano quien primero se ocupó del fenómeno en su ensayo de 1909 Diritto e correttezza costituzionale (Ahora en Scritti minori, I, Diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 1990, p. 331 sigtes.). A partir de dicho ensayo, la doctrina ha elaborado el concepto de “correttezza costituzionale”, que traduzco como “decoro constitucional” (porque se trata precisamente de la dignidad, el respeto y la decencia en el comportamiento y en el lenguaje adoptados por los funcionarios) en los siguientes términos:

El decoro constitucional se traduce en deberes que no están previstos en la letra de la Carta, cuya vigencia, sin embargo se presupone. Junto a los acuerdos y las costumbres constitucionales, las reglas del decoro concurren a regular los actos y los modos de ejercicio del poder de los sujetos políticos, llenando los espacios vacíos dejados por las disposiciones de la Constitución formal, o integrando, o especificando el significado que debe atribuirse a dichas disposiciones. Se suelen expresar tanto en las actuaciones directas del funcionario como en forma de pactos, en compromisos de honor entre contrarios; en la mutua deferencia, respeto, cortesía entre los poderes públicos, etc. La comunidad ciudadana los adopta como parte de su educación política.

Las reglas del decoro constitucional son, por ende, de distinta naturaleza y cumplen diversos papeles: reglas de moral política, de equidad, de colaboración leal, de buena fe y de debida diligencia en la vida pública; de buen uso de poderes discrecionales, del lenguaje y los modales, etc.; contribuyen a asegurar el buen funcionamiento de los órganos supremos y a evitar que el ejercicio de los poderes discrecionales desemboque en abusos, disputas o tensiones interinstitucionales.

La doctrina moderna del Derecho Constitucional confiere suprema importancia a las reglas del decoro. Grandes publicistas como Santi Romano y Paolo Biscaretti di Ruffia hicieron importantes aportaciones al tema.

En opinión del profesor y juez constitucional Gustavo Zagrebelsky (en Enciclopedia Treccani: Voz “Correttezza Costituzionale”), el desprecio a las reglas del decoro debilita los pilares invisibles de la Democracia: su abandono genera peligros sistémicos graves:

  1. Degradación de la lealtad institucional

  • Guerra entre poderes: Las instituciones dejan de cooperar y comienzan a bloquearse mutuamente.

  • Uso estratégico del derecho: Las leyes se aplican para destruir al adversario político y no para el bien común.

  • Pérdida de la «buena fe»: Desaparece la confianza mínima necesaria para que los órganos del Estado negocien y dialoguen.

  1. Erosión del sistema democrático

  • Tiranía de la mayoría: El partido en el poder utiliza los vacíos legales para aplastar a las minorías, ignorando el pluralismo.

  • Degeneración en «autocracia electiva»: Se respetan las votaciones, pero se destruye el espíritu de la separación de poderes.

  • Polarización extrema: La política se convierte en un juego de suma cero donde el rival no es un competidor, sino un enemigo a eliminar.

  1. Inestabilidad y parálisis del Estado

  • Vacíos de poder: El bloqueo de nombramientos clave (como jueces constitucionales o defensores del pueblo) paraliza órganos vitales.

  • Crisis constitucionales continuas: Conflictos institucionales constantes que la Constitución escrita no puede resolver por sí sola.

  • Pérdida de credibilidad ciudadana: La población pierde la confianza en la política al ver el espectáculo de la confrontación total.

Zagrebelsky advierte literalmente que…

“…una Constitución no puede sobrevivir solo con el texto escrito. Si los actores políticos pierden la ética de la moderación y el autocontrol (constitutional forbearance), las normas escritas se vuelven inútiles y el sistema camina hacia el autoritarismo o el colapso…”

En la segunda parte de este artículo se analizará la situación de las reglas del decoro constitucional en Costa Rica.

Los fascistas ya no usan uniformes

José A. Amesty Rivera

Durante décadas, cuando se habla de fascismo, la imagen era bastante clara, Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, uniformes militares, propaganda del Estado abierta, censura directa y persecución sistemática de quienes se oponían.

Sin embargo, en el debate político actual ha surgido una pregunta cada vez más común en sectores críticos de la academia y la comunicación, ¿y si las formas de autoritarismo del siglo XXI ya no necesitan ese rostro clásico? ¿Y si hoy funcionan de maneras más difíciles de ver, más integradas en la vida cotidiana y, por eso mismo, más complicadas de identificar? ¿Y si su principal herramienta ya no es el ejército, sino la comunicación global?

No se trata de afirmar que exista un nuevo fascismo completamente definido o planificado, sino de una hipótesis de análisis, los sistemas de poder cambian de forma, pero no desaparecen.

En las últimas dos décadas se ha consolidado un fenómeno sin precedentes, la concentración de la comunicación global en manos de un pequeño grupo de empresas tecnológicas; plataformas como Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, WhatsApp, Telegram, entre otras menos conocidas, se han convertido en la principal forma de acceso a la información para miles de millones de personas.

Desde una mirada crítica latinoamericana, esto no es solo un cambio tecnológico, sino una nueva etapa del capitalismo, conocida como capitalismo de plataformas o capitalismo de la atención. Su idea central es simple, la atención humana se convierte en un recurso económico, y este recurso se obtiene mejor a través de emociones intensas que mediante información compleja o reflexión profunda.

El resultado es que los contenidos que más se difunden no son necesariamente los más verdaderos o importantes, sino los que provocan más reacción. El miedo se expande, la indignación circula, la rabia se multiplica y la polarización crece; así, la esfera pública deja de ser un espacio de debate democrático y se transforma en un mercado de emociones. Veamos algunos autores que ya planteaban el problema en cuestión.

Antonio Gramsci explicó que el poder no se sostiene solo por la fuerza, sino por la construcción del consenso cultural, a lo que llamó hegemonía. Desde esta perspectiva, los medios de comunicación y hoy también las plataformas digitales no son neutrales, son espacios donde se disputa el sentido común de la sociedad.

Actualmente, esta disputa está atravesada por la concentración económica; no se trata solo de quién produce información, sino de quién controla los canales por los que circula.

Hannah Arendt, política y filosofa, judeo-alemana, advirtió que los regímenes autoritarios se fortalecen cuando se destruye la idea de una realidad compartida; la propaganda no solo busca imponer mentiras, sino debilitar la noción misma de verdad común.

En el mundo digital, este fraccionamiento es aún más profundo. Distintos grupos pueden vivir en universos informativos separados, donde los mismos hechos se interpretan de maneras completamente opuestas. Esto debilita la base mínima para el diálogo democrático.

Noam Chomsky y Edward Herman, con su modelo de propaganda, mostraron que los medios tienden a reproducir los intereses de las estructuras económicas que los sostienen.

Desde una mirada latinoamericana, esto es clave, la concentración mediática no es un accidente, sino una expresión del poder económico sobre la producción de ideas.

No hace falta un control directo, basta con la dependencia de la publicidad, la propiedad cruzada de medios y la lógica de la rentabilidad, el resultado es una agenda pública donde algunas voces se amplifican y otras quedan al margen.

Umberto Eco propuso la idea de un “fascismo eterno”, entendido como un conjunto de rasgos que pueden reaparecer en distintos momentos históricos, como el miedo a lo diferente, el culto a la tradición, el rechazo al pensamiento crítico, la obsesión con conspiraciones y creación constante de enemigos internos.

Desde esta idea, el fascismo no es solo un fenómeno del pasado, sino una posibilidad que puede reaparecer en distintos contextos sociales y tecnológicos.

Jason Stanley, filósofo estadounidense, sostiene que las democracias no suelen caer de golpe, sino de forma gradual, ante debilitamiento de la prensa, pérdida de legitimidad de la oposición, normalización del discurso de odio y creación de enemigos internos.

En América Latina, este proceso puede entenderse en continuidad con formas históricas de exclusión social, donde muchos sectores han sido incluidos formalmente en la democracia, pero excluidos en la práctica.

Boaventura de Sousa Santos señala algo similar, muchas democracias son formales, pero limitadas en lo social, es decir, la ciudadanía existe en teoría, pero el poder real está concentrado.

Una diferencia importante con el siglo XX es el papel de las grandes empresas tecnológicas. Estas corporaciones concentran poder económico, tecnológico y comunicacional al mismo tiempo, esto les permite influir en la política, la cultura y las elecciones a nivel global.

Desde una mirada crítica, esto representa una nueva fase de concentración del capital, ahora también sobre la información y la forma en que percibimos el mundo.

Además de Gramsci, Arendt, Chomsky o Eco, en América Latina contamos con pensadores que han ayudado a comprender cómo opera el poder en nuestras sociedades.

Paulo Freire, advertía que toda educación puede convertirse en una herramienta de liberación o de dominación, dependiendo de quién controla el conocimiento y para qué fines. Hoy esa reflexión cobra nueva vigencia cuando buena parte de la información que consumimos, llega filtrada por cifras que deciden qué vemos, qué ignoramos y hasta qué temas terminamos discutiendo.

Por su parte, el argentino Ernesto Laclau analizó cómo se construyen los discursos políticos capaces de articular demandas sociales diversas, mientras que el peruano Aníbal Quijano explicó cómo muchas formas de dominación nacidas durante la colonia, continúan presentes bajo nuevas apariencias. Desde esta mirada, la concentración mediática y tecnológica, no puede separarse de las relaciones históricas de dependencia que han marcado a América Latina durante siglos.

También el venezolano Ludovico Silva insistía en que la dominación ideológica no funciona únicamente mediante la fuerza, sino a través de mecanismos culturales que llevan a los pueblos a aceptar como naturales situaciones que en realidad responden a intereses de grupos de poder. Hoy, en la era digital, esta reflexión adquiere una actualidad sorprendente.

Si observamos nuestra región, encontramos ejemplos que ayudan a entender estas dinámicas. En Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Venezuela, los debates políticos aparecen cada vez más atravesados por campañas digitales, noticias falsas, operaciones mediáticas y una creciente polarización que dificulta el diálogo. Cada país tiene sus particularidades, por supuesto, pero existe un fenómeno común, la lucha por controlar el relato público. Por ejemplo…

En Brasil, las redes sociales jugaron un papel determinante en la expansión de discursos radicalizados durante los últimos años. En Argentina, la confrontación mediática se ha convertido en parte cotidiana de la vida política. En México, el debate sobre el papel de los grandes medios y las plataformas digitales continúa siendo un tema central. En Colombia, las redes han sido escenario de fuertes disputas narrativas sobre la paz, la seguridad y los movimientos sociales. Mientras tanto, en Chile, Perú y Ecuador se observa una creciente fragmentación informativa donde amplios sectores de la población reciben versiones completamente distintas de una misma realidad.

En Venezuela, esta situación adquiere características particulares debido al peso simultáneo de las sanciones económicas, la confrontación política interna, la presión mediática internacional y la intensa batalla comunicacional que se desarrolla dentro y fuera de las plataformas digitales. Allí puede observarse con claridad cómo la información se ha convertido en un terreno estratégico de disputa política.

Como diría cualquier persona de nuestro pueblo, ya no se trata solamente de quién tiene el micrófono, sino de quién controla el escenario completo, las luces, el sonido y hasta la entrada al lugar. Esa es quizás una de las transformaciones más profundas de nuestro tiempo.

El sociólogo brasileño Emir Sader ha señalado reiteradamente que las disputas contemporáneas no ocurren únicamente en el terreno económico, sino también en el campo de las ideas. Del mismo modo, el argentino Atilio Borón ha advertido sobre la enorme capacidad de los poderes económicos para moldear percepciones colectivas, a través de sistemas de comunicación altamente concentrados.

Por eso la discusión de fondo no es tecnológica, el problema no son las redes sociales en sí mismas; la cuestión es quién las controla, bajo qué intereses operan y qué consecuencias tienen para la democracia, que una parte tan importante de la conversación pública mundial dependa de corporaciones privadas que no rinden cuentas ante los ciudadanos/as.

Dicho en palabras sencillas, cuando unas pocas empresas pueden influir sobre lo que millones de personas ven, piensan, temen o desean, estamos frente a una concentración de poder que merece ser debatida con la misma seriedad, con la que antes se discutía el poder financiero, militar o industrial.

Tal vez por eso la pregunta sigue siendo tan vigente como incómoda, ¿estamos frente a nuevas formas de autoritarismo adaptadas al siglo XXI o simplemente ante viejos mecanismos de dominación vestidos con ropajes tecnológicos? La respuesta todavía está en construcción, pero lo que parece claro es que los pueblos de América Latina, no pueden darse el lujo de mirar para otro lado mientras esta transformación ocurre delante de sus propios ojos.

Asi mismo, un elemento común en muchos discursos políticos actuales es la construcción de “enemigos”, como los migrantes, feminismos, pueblos indígenas, movimientos sociales, intelectuales críticos, minorías sexuales o políticas, entre otros.

No importa tanto el grupo específico, sino la función, canalizar el malestar social hacia un “culpable externo”; el miedo cumple aquí un papel central, organiza apoyos, simplifica problemas complejos y debilita el análisis de las causas reales. Veamos estas ideas en otros paises y regiones concretas hoy:

En EEUU, diversos análisis han mostrado una fuerte polarización mediática y política, donde parte de los medios contribuye a una narrativa de confrontación constante, esto refuerza la idea de que la política es una batalla permanente más que un espacio de acuerdos.

En Europa, casos como Hungría muestran procesos de concentración mediática y cambios institucionales que varios organismos han descrito como retrocesos democráticos, aunque manteniendo elecciones formales.

En países como Francia y Alemania, el crecimiento de la extrema derecha ha ido acompañado por un aumento del enfoque en inmigración y seguridad, dejando en segundo plano temas como desigualdad o redistribución.

En América Latina, la concentración de medios ha sido históricamente una barrera importante para una democracia más profunda. Grandes grupos empresariales han tenido un rol clave en la formación de opiniones públicas y agendas políticas.

Hoy, además, las sociedades dependen cada vez más de plataformas digitales controladas por empresas globales. Esto crea una nueva forma de dependencia, no solo económica, sino también informativa y conocedora. La disputa por el poder ya no es solo territorial o productiva, sino también sobre la infraestructura de la comunicación.

No es necesario pensar en conspiraciones para entender este escenario, basta observar cómo coinciden ciertos intereses, como, plataformas que ganan dinero con la atención, actores políticos que se benefician de la polarización y estructuras económicas que se reproducen en contextos de desigualdad. El resultado no siempre es planificado, pero sí coherente en sus efectos.

Finalmente, tal vez estemos ante una nueva etapa de la crisis del capitalismo, donde la tecnología amplifica viejas formas de dominación, o tal vez estemos viendo el surgimiento de nuevas formas de autoritarismo que aún no sabemos nombrar.

En cualquier caso, la pregunta sigue abierta, ¿qué tipo de gobernanza es posible cuando la información, la atención y hasta la forma en que percibimos la realidad están mediadas por estructuras muy concentradas de poder económico y tecnológico?

Porque quizá el cambio más profundo no es que alguien nos obligue a pensar de cierta manera, sino algo más sutil, que las condiciones mismas de lo que creemos pensar libremente están siendo moldeadas, día a día, por fuerzas que operan más allá del control de nuestros gobiernos.

El señor de los anillos quiere ganar la guerra

Gilberto Lopes
San José, 3 de junio 2026

Los ingenieros de élite de Silicon Valley tienen la obligación de participar en la defensa de nuestra nación, de nuestros valores. De preservar la ligera ventaja que los Estados Unidos y sus aliados occidentales todavía tienen sobre sus adversarios.

Así comienzan Alexander C. Karp, cofundador y CEO de Palantir, y Nicholas W. Zamiska, encargado de asuntos corporativos y consejero legal en la oficina de Karp, La República Tecnológica (*), un libro de 220 páginas, publicado en febrero del año pasado.

Este libro –dicen– pretende promover la discusión sobre el papel que Silicon Valley puede jugar en la reinvención del proyecto nacional; su base es un firme compromiso con el liberalismo y sus valores.

Palantir

¿Qué es Palantir? Es el nombre de la piedra de obsidiana con la que Sauron vigila a sus subordinados en la obra “El señor de los anillos”, de J.R.R. Tolkien. Es el nombre elegido para esta firma, una empresa de software de Silicon Valley, nacida en 2003 con una inversión de In-Q-Tel, el fondo de capital de riesgo de la CIA, que presta servicios a los sectores de defensa, seguridad e inteligencia, no solo de los Estados Unidos, sino de otros diversos países.

Peter Thiel, multimillonario fundador de Palantir y de Paypal, entre otras empresas, se ha instalado en la Argentina de Javier Milei, con quien comparte los principios del anarcocapitalismo.

Se estima que Palantir vale hoy cerca de 400 mil millones de dólares, más de 80 veces su ingreso anual, gracias a sus contratos con los órganos de defensa y de seguridad, con departamentos de policía, sin que se sepa bien la extensión de sus negocios, entre cuyos clientes se incluye el ministerio de Defensa británico, las Fuerzas de Defensa de Israel y las fuerzas armadas de Ucrania.

Inspirados en su visión liberal de la sociedad –Karp hizo un doctorado en filosofía en la Universidad Goethe de Frankfurt y estudió brevemente con el recientemente fallecido filósofo alemán, Jürgen Habermas, que cita en su libro– aseguran que “la capacidad de las sociedades libres y democráticas para imponerse exige algo más que un llamado moral. Exige hard power, y el hard power de este siglo se basará en el software”.

Silicon Valley

La República Tecnológica comienza con una crítica a lo que califican como una pérdida de rumbo de las tecnológicas de Silicon Valley. Habiendo sido abandonada el alma del país en nombre de la inclusividad, reivindican la necesidad de apoyar un “proyecto político más ambicioso”, hacer algo que “realmente valga la pena”. No ahorran críticas a personajes como el ya fallecido CEO de Apple, Steve Jobs, ni a su empresa, dedicada a satisfacer la demanda de un público ávido de Iphones o de computadores portátiles, pero poco comprometidas con un proyecto nacional.

No se trata solo, para Palantir, de un compromiso con el capitalismo y los derechos del individuo, que estiman insuficientes “para sostener el alma humana”. Reivindican “una noción sustantiva de una vida buena o virtuosa”, una definición que “excluye algunas ideas y defiende otras”.

“Hoy en los Estados Unidos, los principales temas que comparte la sociedad no son cívicos o políticos. Son, más bien, entretenimiento, deportes, celebridades y moda. Los viejos temas que conformaban una nación, un sistema educacional, el servicio militar obligatorio, la religión, el lenguaje común, una prensa próspera y libre, han sido desmantelados”.

Será a esa República Tecnológica que corresponderá recuperar la identidad perdida, los objetivos compartidos, los rituales cívicos capaces de mantener la sociedad unida.

¿Cuáles son? No quedan definidos claramente en la propuesta de Karp y Zamiska.

La defensa de la Nación

Palantir encontró, en la guerra de Afganistán, a principios del siglo, un escenario particularmente importante para las aspiraciones de la empresa.

“Había información suficiente para trabajar, pero estaba repartida en docenas, o centenares, de departamentos, que no la compartían. La tarea de unirla, de hacerla útil para decidir qué poblado atacar, qué prisioneros interrogar, qué preguntas hacer, era una tarea imposible”. Para hacerla posible el software de Palantir jugó un papel esencial, unificando la información y poniéndola a disposición de los militares, “que necesitaban navegar rápidamente en una base de datos que les permitiera ver el contexto en el que iban a desarrollar su misión”.

Los vientos estaban cambiando. Era esencial dirigir nuestra atención hacia la construcción de una nueva generación de armas con Inteligencia Artificial. En marzo del 2019, “Palantir ganó un contrato para construir nuevas plataformas de inteligencia para el Pentágono. “Según el Washington Post, por primera vez el gobierno tocaba la puerta de una compañía de software de Silicon Valley, en vez de los contratistas militares habituales”.

El secretario de Defensa (o de Guerra, como prefiere el gobierno actual), Pete Heghset, definió los nuevos objetivos en dos discursos, en octubre y noviembre del año pasado.

El 7 de noviembre, en el National War College de Washington, Hegseth habló ante generales y representantes de la industria de defensa. Les dijo que “el sistema de contratación pública de defensa, tal y como lo conocen, ha dejado de existir. Ahora es un sistema para la guerra”.

Para Hegseth la revisión de esos criterios “es un paso decisivo en la reconstrucción de la nación que en su día lideró el mundo, transformando las ideas en poderío bélico, los pensamientos en letalidad”. Queremos que las empresas “aporten soluciones innovadoras a nuestros combatientes para que podamos tener una ventaja abrumadora en las guerras futuras”.

¿Ventajas abrumadoras en guerras futuras? ¿En cuáles estará pensando Hegseth? ¿En qué ventajas?

Paslantir encaja bien, en todo caso, en el nuevo escenario. El sector tecnológico –dicen Karp y Zamiska– “se había alejado de los militares, desinteresado de pelear con una creciente burocracia y con una opinión negativa del público”.

Palantir tomó otra decisión, “quizás por algún gusto por el conflicto o la obstinada persecución de algo, de algo que funcionara”. Creen que fue “la voluntad de responder al mundo tal como es, no como nosotros desearíamos que fuera, la principal razón por la que la última generación de gigantes de Silicon Valley ha llegado tan lejos como ha llegado”.

EL MANIFIESTO DE PALANTIR

El 18 de abril pasado, Palantir publicó, en su cuenta de X, un manifiesto de 22 puntos donde resumía lo esencial de La República Tecnológica. En solo dos días tenía ya más de 30 millones de visualizaciones.

El manifiesto inicia con un llamado a “rebelarnos contra la tiranía de las aplicaciones”. “Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su ascenso”, afirman. Luego se refieren a la forma como piensan cumplir esa misión: “La élite de la ingeniería de Silicon Valley tiene la obligación positiva de participar en la defensa de la nación”.

Su visión sobre el papel de los Estados Unidos no es distinta a la de prácticamente todos sus dirigentes políticos. Ningún otro país en la historia del mundo –afirman-, “ha impulsado más los valores progresistas que este”. Agregan que el poder estadounidense ha hecho posible una paz extraordinariamente prolongada.

Las dos afirmaciones merecen alguna reflexión. Sobre el papel de los Estados Unidos, surgido del desarrollo del capitalismo hace ya más de dos siglos, libre de las trabas que, en Europa, significaba el viejo orden feudal, no solo les permitió una rápida expansión geográfica, ocupando territorios indígenas y avanzando sobre territorios de naciones vecinas, sino que extendió sus intereses económicos, hasta imponer un sistema prácticamente universal.

Sistema en el que se percibe hoy formas de decadencia que Palantir pretende enfrentar. No se trata solo del orden económico, sino también del político, como la democracia liberal sometida a nuevas formas, tanto en Estados Unidos como en otros países del mundo.

Su visón de que “el poder estadounidense ha hecho posible una paz extraordinariamente prolongada” se refiere, naturalmente, al territorio norteamericano. El resto del mundo vivió una guerra permanente, llevada a cabo por Estados Unidos a los más diversos rincones del mundo, en la misma medida en que iba extendiendo su influencia económica e imponiendo su orden político.

La propuesta de Palantir no es otra cosa que mantener viva esa condición, amenazada por otros modelos de organización económica y política con fuerzas que, paulatinamente, se han ido equiparando y, en algunos casos, superando a las de los Estrados Unidos.

Palantir y la encrucijada

Palantir sugiere que la era de disuasión atómica ha llegado a su fin. Una nueva generación de armas basada en la Inteligencia Artificial sustituirá a las nucleares como nuevo instrumento de disuasión. Es ahí donde Silicon Valley puede desempeñar un papel decisivo, muy distinto al que ha venido desempeñando, orientado a la defensa de la nación, como Karp y Zamiska proponen en su libro.

Estiman que hemos llegado a una nueva encrucijada, similar a la que enfrentaron los inventores de la bomba atómica: el software y las capacidades de la inteligencia artificial que Palantir y otras compañías están desarrollando facilitan el despliegue de nuevas armas letales. Un sistema de armas con una Inteligencia Artificial cada vez más autónoma que tiene sus riesgos, contra los que el Papa advirtió recientemente, como veremos.

Karp ve la aplicación de la inteligencia artificial al desarrollo de armas modernas como un instrumento del equilibrio de poder. Desde su punto de vista, la nueva tecnología tiene el potencial de condicionar la política internacional en este siglo y en el próximo, del mismo modo que las armas nucleares lo hicieron en el siglo pasado.

Los ingenieros de Silicon Valley se ven entonces –como los del Proyecto Manhattan, con el que Estados Unidos construyó la primera bomba atómica– enfrentados a una nueva encrucijada, ética y política. Un dilema resuelto, como sabemos, con la decisión de avanzar en la construcción de las nuevas armas, como se hizo entonces y como hacen hoy empresas como Palantir.

La crítica

John Ganz, escritor y columnista de The Nation, no ahorró críticas al libro de Karp y Zamiska.

Para Ganz es un libro “terrible”. Es, literalmente, un llamado a las armas. Anuncia un futuro oscuro y deprimente. Es pésimo tanto en forma como en contenido. Mal escrito, aburrido, lleno de ideas malas –cuando logramos entresacarlas de los clichés y las repeticiones­– que van desde lo simplemente dudoso hasta lo execrable e inquietante.

Los autores defienden la democracia como uno de los valores occidentales, pero parece que tienen algo más en mente. Miran con envidia a nuestros rivales autoritarios, dice Ganz. De hecho, la visión que plantea el libro es profundamente antidemocrática y elitista. En su opinión, el libro y el manifiesto son poco más que una estrategia de ventas.

Naturalmente, no es el único crítico. Gideon Lewis-Kraus, columnista del The New Yorker, se le adelantó unos días. En un artículo con el título de “La guía de Palantir para salvar el alma de Estados Unidos”, dice que el argumento central del libro es que la supervivencia de los Estados Unidos depende de la revitalización del complejo militar-industrial.

Con la posible excepción de “De cero a uno” (libro de Peter Thiel, que Lewis-Kraus califica como uno de los ejemplos más sólidos de un género que combina negocios y autoayuda), “la mayoría de los libros de los expertos en tecnología resultan decepcionantes. Karp parece el tipo de persona que podría haber incrementado la lista”.

Las aspiraciones de algunos ingenieros de Silicon Valley, de restaurar la grandeza de un Estados Unidos que visualizan en decadencia, no es nueva. Karp piensa que restaurando el complejo militar-industrial puede “hacer nuestro país grande nuevamente”.

El mismo Lewis-Kraus cita, al inicio de su artículo, publicado el 19 de febrero del año pasado, que en la primavera del 2014, un ingeniero transnarquista de Google demandó a la Casa Blanca “parar la decadencia nacional”. Su plan era sencillo: pensionar a todos los empleados gubernamentales; transferir la autoridad administrativa a la industria tecnológica; nombrar a Eric Schmidt CEO de los Estados Unidos. Schmidt –nos recuerda– era CEO de Google y un “avatar del liberalismo tecnocrático”.

El exministro de economía griego, Yanis Varoufakis, fue otro, entre muchos, de los que salieron al paso de la propuesta, en el artículo “Palantir y el nuevo orden”.

Surge una nueva forma de capital, un capital en la nube, máquinas algorítmicas que aseguran a sus propietarios el notable poder de cambiar nuestro comportamiento, afirmó.

La República Tecnológica sería un intento de definir la ideología que lo justifica. Varoufakis la llama “techlordism”. Los “señores de la tecnología”, cuya tarea sería proveer la cobertura ideológica para colonizar todo: el comportamiento humano, las instituciones públicas y el mismo Wall Street, lo público y lo privado, además de los individuos.

Desarmar la IA

El Papa León XIV también ha sumado su voz al debate. El uso de la inteligencia artificial para fines militares fue analizado en la reciente encíclica “Magnifica Humanitas”, de cerca de 42 mil palabras, de gran repercusión, más allá de sectores religiosos.

El «crecimiento del complejo militar-industrial se ha convertido en una característica propia del panorama político actual», con el “resurgimiento de la guerra como instrumento de la política internacional», dijo el Papa, que ya en un discurso ante los cardenales, el año pasado, había advertido que la IA era una amenaza potencial para la «dignidad humana, la justicia y el trabajo».

No se debe confiar decisiones letales o irreversibles a sistemas artificiales”, dijo el Papa, en lo que parece ser una velada referencia a lo ocurrido en la guerra contra Irán, cuando misiles norteamericanos, basados en mapas antiguos, utilizados por el software de Palantir para definir objetivos, destruyeron una escuela primaria femenina en la localidad de Minab, causando la muerte de más de cien niñas.

Antonio Spadaro, un jesuita italiano que fue cercano al Papa Francisco comentó la encíclica de León XIV en una entrevista concedida a Gilles Gressani, director de la página Le Grand Continent.

“La encíclica es más política, más geopolítica, más conflictiva”. Las novedades doctrinales más relevantes son al menos cinco, afirmó, entre ellas la introducción del concepto de desarmar la IA, sustrayéndola de la lógica de la competencia armada. La posibilidad de delegar en una máquina la decisión de matar es un fenómeno sin precedentes. “La decisión letal no puede delegarse a procesos automatizados, debe permanecer bajo un control humano efectivo”, afirma el documento.

La encíclica no menciona a Trump, pero la referencia es evidente en varios pasajes, dice Spadaro, como cuando critica la normalización de la guerra, el rearme como respuesta a toda crisis o cuando desmonta la lógica del “yo primero”.

Spadaro destaca el significado de la presencia de Christopher Olah, un millonario cofundador de Anthropic, una empresa de inteligencia artificial, en la mesa con el Papa, cuando se anunció la Magnifica Humanitas. Trump canceló contratos con Anthropic en febrero pasado, después de que la empresa se negara a permitir el uso de su software en vigilancia interna o en armas totalmente autónomas.

Una mirada al mundo

Nos parece que aquí hace falta una pausa, para ver más allá de Silicon Valley y hacer una mirada hacia el mundo. Al de entonces y al de ahora. Karp afirma que la supremacía del poder militar norteamericano en el siglo pasado ayudó a mantener la actual frágil paz en el mundo. Para mantenerla hoy propone un nuevo tipo de Proyecto Manhattan, manteniendo “el control exclusivo de las formas más sofisticas de Inteligencia Artificial en el campo de batalla”.

Pero eso ya no parece posible. El análisis obvia –por un lado– la naturaleza de una guerra donde la capacidad destructiva de las armas es cada vez mayor, sin descartar, ciertamente, las nucleares. Por otro, la decadencia de los Estados Unidos, enfrentado al surgimiento de China como una nueva potencia mundial.

La ausencia de esa consideración política mina el argumento de Karp, concentrado siempre en la preocupación de mantener una ventaja tecnológica que él mismo reconoce precaria. Probablemente cada vez más precaria y, en algunos aspectos, ya sobrepasada por sus adversarios.

Es muy distinto enfrentar a un enemigo mucho más débil, aunque fuera también una potencia nuclear (como La Unión Soviética, durante la Guerra Fría; o Rusia, después), que enfrentar a una potencia emergente que lo supera ya en diversos aspectos, inclusive militares, como China. Y que, además, no es el único rival. Hay que sumar Rusia y potencias nucleares como Corea del Norte, un escenario mucho más complejo que el de hace tan solo unos 45 años.

Es evidente –y el mismo Karp lo sabe– que en una confrontación de la naturaleza que él se imagina no habrá ganadores. Sería simplemente el fin de la humanidad. Sin embargo, sueña con una República Tecnológica capaz de ganar esa guerra. No se le escapa del todo la idea de la decadencia de las sociedades que llama “libres” y “democráticas”. Lo hace cuando reconoce que necesitan hoy más que un atractivo moral para atraer aliados. “Eso sirvió durante algunas décadas”, después de la Guerra Fría. Hoy hace falta, más claramente que entonces, poder militar.

Es una república muy parecida a la que Hegseth propone cuando delinea las nuevas orientaciones del Pentágono, cuando afirma que “no nos conformamos con construir un ejército más fuerte. Estamos sentando las bases para un dominio continuo durante las próximas décadas”. “Si es necesario, entraremos en guerra con el ejército y el equipo que tenemos, y ganaremos”. “Tendremos el arsenal necesario para defender la libertad y seremos sus guardianes”, agrega.

A Karp, como a Hegseth, les falta la visión de que, más que la bomba, fue el desarrollo de la economía norteamericana el fundamento de la preponderancia de los Estados Unidos. Como he sugerido en otro trabajo (y no me voy a extender sobre eso aquí), Estados Unidos llegó a la cumbre de su poder con la victoria en la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética. Desde entonces vive su lenta decadencia, algunas de cuyas expresiones más acabadas son la enorme concentración de la riqueza (de la que Palantir es un ejemplo) y el crecimiento insostenible de su deuda fiscal.

Quisiera sugerir que esa decadencia es no solo el fundamento de un rezago que no puede remontar, sino también la causa fundamental del desorden político que vive hoy la democracia liberal.

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(*) The Technological Republic

Hard power, soft believe and the future of the West

Alexander C. Karp and Nicholas W. Zamiska

Crown Currency, New York

Feb, 2025

Kit de supervivencia ciudadana

Por JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones
Cortocircuitos Mentales y la Resistencia Frente al ‘Chavismo Tico’

¡Hola! Qué bueno que te tomás un ratito para leer esto. Buscate un buen café, acomódate y prestá mucha atención si te sentís preocupado o ansioso por lo que vivimos con el actual gobierno, porque antes de arrancar con el tema de hoy quiero hacerte una advertencia muy importante: al final de esta colum te voy a dejar una propuesta de resistencia.

Sí, un kit de supervivencia ciudadana, pensado especialmente para vos y para todos los que no se han dejado enajenar por la estrategia de comunicación y la PNL de este oficialismo —ese estilo que muchos ya han bautizado en las calles como el del «chavista«—. Así que acompañame hasta el final, porque vamos a armarnos de herramientas reales para sobrevivir a lo que hoy se siente como una pesadilla y, sobre todo, para ayudar a nuestro país a despertar.

Retomando el hilo de lo que veníamos conversando en columnas anteriores, ya tenemos claro que el cerebro hace un cortocircuito cuando la realidad no cuadra con el fanatismo, y que los estrategas políticos se aprovechan de eso manipulando el miedo y la frustración. Hoy lo vemos a diario: gente hipnotizada por un discurso de poder diseñado para que no piensen, sino para que reaccionen a la defensiva. Les han instalado —a través de trolles en redes sociales o de los circos de los miércoles en Zapote— un reflejo automático donde cualquier crítica, por más fundamentada que sea, se responde con un ataque prefabricado. Si pueden, busquen los escritos en línea o en librerías, de León Festinger.

Pero no todo está perdido. Desde la ciencia política, la psicología y la comunicación estratégica existen formas de romper ese hechizo. Aquí es donde entra nuestra propuesta de resistencia, basada en dos acciones que podés empezar a aplicar desde hoy mismo.

1. El cortocircuito socrático: No devolvás el insulto, hacé preguntas

La primera es dominar el arte de no morder el anzuelo y aplicar lo que los filósofos llaman el método socrático. Yo sé que cuando estás intentando debatir algo importante y de la nada te lanzan esos insultos que ya les dejaron programados en la cabeza —cosas como «crema de rosas», «chimazón», «perico», «zurdo», «comunista» o «defensor de ratas»—, lo que te pide el cuerpo es devolver el golpe y enojarte. ¡No lo hagás! Si te alterás, los estrategas del caos ganan, porque su único objetivo es sacarte de tus casillas y evitar el debate real. Recordá que ellos han sido programados para no pensar, para lidiar con su incomodidad mental.

La estrategia socrática te propone algo mucho más inteligente: responder a esos ataques con preguntas genuinas, calmadas y directas. Si alguien te grita «¡pura chimazón!», vos respondele con total tranquilidad: «¿Exactamente qué parte de pedir que los fondos públicos se usen bien te parece que es estar dolido? ¿A vos no te preocupa el futuro de tu plata?». Al no encontrar un insulto de vuelta, y al verse obligados a tener que racionalizar y explicar un ataque que simplemente repitieron como loros, su cerebro choca de frente con la disonancia cognitiva.

Les provocás un cortocircuito monumental. Si hacés esto de manera sistemática y pacífica, eventualmente los llevás a un shock mental. Es como encenderles la luz de golpe; esa necesidad de procesar la pregunta resquebraja el condicionamiento que les implantaron y, poco a poco, los obliga a despertar de su trance.

2. El arte como escudo: La resistencia cultural

La segunda herramienta de nuestra resistencia es igual de vital y tiene siglos demostrando su poder: el uso de las expresiones culturales. A lo largo de toda la historia de la humanidad, frente a los sistemas más enajenantes y autoritarios, el arte y la cultura siempre han sido el gran escudo de la resiliencia humana. El fanatismo político quiere un mundo en blanco y negro, donde todos griten y nadie escuche; busca deshumanizar al que piensa distinto.

Pero una canción bien escrita, una obra de teatro, un buen libro, una sátira inteligente o un simple mural en la calle tienen la magia de saltarse todas las defensas lógicas y las barreras del prejuicio. El arte le habla directamente a la conciencia individual. Por eso, el arte es un acto de rebeldía y una forma hermosísima de desprogramar mentes.

Y ojo, aquí hay un detalle fundamental: no necesariamente te tenés que convertir vos en el artista. Si sentís que no tenés ese talento, ¡no pasa nada! No hace falta que agarrés un pincel o compongás una canción. Tu papel en esta resistencia puede ser, sencillamente, el de difundir. Podés ayudar muchísimo compartiendo y dándole visibilidad a las obras de esos pintores, escultores, poetas, músicos, y escritores que están alzando la voz. Darles a ellos una plataforma en tus redes o en tus círculos de amigos es darle oxígeno a la sociedad.

Mientras el discurso oficialista intenta llenarnos de enojo y divisiones, la cultura nos devuelve la empatía, el humor y la humanidad que tanto necesitamos para reconstruirnos.

Así que ya lo sabés. La próxima vez que te enfrentés a ese muro de fanatismo, respirá hondo, lanzá una buena pregunta socrática y, cuando llegués a casa, compartí esa obra, ese poema o poné a sonar esa música que te recuerda por qué vale la pena seguir luchando por un país mejor. No estamos solos en esto.

La independencia del juez es una garantía ciudadana

Gustavo Román Jacobo

La independencia del juez es una garantía ciudadana que, en el caso de los magistrados o jueces supremos, se refuerza aún más. Les garantiza a los ciudadanos que la persona en el cargo va a decidir los delicados asuntos que deba juzgar solamente conforme a Derecho y de acuerdo con su conciencia; que a la hora de resolver no va a temer con volverse incómodo para el partido X o el Y, pensando en que podrían influir para quitarlo del cargo. Dicho en sencillo: un juez sin estabilidad en el cargo no es independiente, y un juez no independiente es algo malo para la ciudadanía en general; algo que solo pueden desear quienes tienen el “sartén por el mango” y aspiran a mangonearlo.

Una sencilla indagación en los motores de búsqueda de Internet o en los Chatbots de IA generativa, permite constatar que, en todas las democracias del mundo, para proteger esa independencia de los más altos jueces, se establecen distintas garantías reforzadas de estabilidad en el cargo, pero siempre bajo la misma lógica: un juez que puede ser removido fácilmente por una mayoría ordinaria corre el riesgo de decidir según intereses políticos y no jurídicos. Y como en las democracias se quieren jueces que solo se postren ante la ley y no ante ninguna autoridad humana, ni siquiera la de la opinión pública, se diseñan distintos mecanismos para darles esa seguridad.

En Estados Unidos, por ejemplo, los jueces de la Corte Suprema ocupan el cargo “during good behaviour”, lo que en la práctica significa un mandato vitalicio salvo renuncia, jubilación o destitución por impeachment. En Canadá, los jueces de la corte suprema permanecen hasta una edad obligatoria de retiro. Este modelo busca que el juez no tenga que preocuparse por una futura reelección ni por agradar a quienes podrían renovarle el mandato.

Otra fórmula es la de los mandatos largos no renovables. Es el caso de Alemania, con los jueces del Tribunal Constitucional Federal, de Italia, con los de su Corte Constitucional, y de España, respecto de los magistrados del Tribunal Constitucional. Se pretende así que el período sea suficientemente largo para aislar al juez de presiones políticas y que la prohibición de reelección elimine incentivos para buscar el favor de quienes deciden la renovación de su mandato.

Un tercer mecanismo, no excluyente con los anteriores, es el que impide que los jueces supremos puedan ser removidos por decisión discrecional del gobierno o por una mayoría parlamentaria ordinaria. Un juez cuya permanencia en el cargo dependa del agrado que por él tenga el gobierno o una fuerza parlamentaria mayoritaria, no será independiente. Será un intérprete de las leyes temeroso de los políticos de turno y presto a satisfacer sus deseos. Por eso, para cesarlos suele exigirse una causal específica (delito, incapacidad, falta grave, etc.) y un procedimiento especial, en ocasiones con la intervención de distintos órganos.

Por último, en los sistemas que se prevé la posibilidad de la reelección, no es raro encontrar mecanismos que la faciliten, es decir, que dificulten la no reelección, por ejemplo, exigiendo para ello mayorías especiales. Esa fue la opción de nuestros constituyentes. El numeral 158 de la Constitución Política dispone que los “Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por un período de ocho años y por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa (…) y se considerarán reelegidos para períodos iguales, salvo que en votación no menor de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario”. De modo que el mismo amplio consenso del órgano elector requerido para nombrarlos se requiere para no reelegirlos.

En el caso de los magistrados del TSE, los artículos 100 y 101 de la Constitución disponen que son nombrados por la Corte Suprema de Justicia “por los votos de no menos de los dos tercios del total de sus miembros”, por “seis años” y que “podrán ser reelectos”. ¿Por cuántos votos? No lo dice la Constitución. Es el Código Electoral, en su artículo 13, el que, tras reiterar que serán electos por la “Corte Suprema de Justicia con el voto de por lo menos dos tercios del total de sus integrantes”, dispone que “se considerarán reelegidos para períodos iguales, salvo que por la misma mayoría se acuerde lo contrario.”

Esa fue una decisión legítima, válida y razonable del legislador que aprobó el Código Electoral vigente en 2009. Legítima porque, en su calidad de representantes del pueblo soberano, los legisladores tienen la potestad de aprobar las leyes y, mediante ellas, desarrollar los preceptos constitucionales. Válida porque la disposición del artículo 13 de la ley no contradice el texto constitucional, omiso respecto a la votación requerida para reelegir a los magistrados electorales. Y razonable porque no tiene sentido pensar que el constituyente quiso, como establecen los artículos 100 y 101, otorgar a los magistrados electorales las mismas “condiciones de trabajo”, “remuneraciones”, “inmunidades y prerrogativas” que a los magistrados del Poder Judicial, pero no proteger su estabilidad en el cargo. Menos aún tendría sentido que, además de no exigir una mayoría calificada para no reelegirlos –como ocurre con sus homólogos de la Corte Suprema de Justicia–, se les obligara a reunir la misma mayoría calificada con la que fueron elegidos para poder reelegirse.

Para razonar así, es necesario pensar que la naturaleza jurídica de una elección es idéntica a la de una revalidación del cargo. Es necesario obviar el principio del paralelismo de las formas (la votación que se requirió para elegir a un magistrado debe ser la misma para no prorrogar su nombramiento). Es necesario desconocer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha calificado la estabilidad de los jueces en sus cargos como un derecho humano (Tribunal Constitucional vs Perú, Apitz Barbera y otros vs Venezuela, y Reverón Trujillo vs Venezuela). Y es necesario, sobre todo, tener muchas ganas de sustituir a los magistrados electorales por otros que sean dóciles al poder político. Pues lamento truncarles la ilusión de llegar a tener un tribunal electoral de mentirillas: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Aguinaga Aillón vs Ecuador (30 de enero, 2023) sentenció que “las garantías de inamovilidad y estabilidad de los jueces electorales deben ser reforzadas. En ese sentido, la Corte considera que cualquier demérito o regresividad en las garantías de independencia, estabilidad e inamovilidad de los tribunales electorales, son inconvencionales en cuanto su efecto se puede traducir en un impacto sistémico igualmente regresivo sobre el estado de derecho, las garantías institucionales y el ejercicio de los derechos fundamentales en general. La protección de la independencia judicial en este ámbito adquiere una relevancia especial en el contexto mundial y regional actual de erosión de la democracia, en donde se utilizan los poderes formales para promover valores antidemocráticos, vaciando de contenido las instituciones y dejando solo su mera apariencia”.

Las peligrosas líneas que ya se cruzaron

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La semana anterior observamos con preocupación algunos hechos que conducen a pensar en la instalación de una deriva autoritaria sin retorno en Costa Rica.

Pienso en el manual aprendido y puesto en práctica.

Me quedó bastante claro luego de la lectura del buen trabajo periodístico y testimonial de la comunicadora Patricia Navarro, otrora ministra de Comunicación de la Administración Chaves, quien con gran argumentación y respaldo de fuentes logró explicar, entre otras cosas, cómo la construcción narrativa va socavando la realidad hasta convertir en verdades, mentiras absolutas. Su trabajo puede ser leído en el libro “Las máscaras del presidente” (Uruk, 2025).

Estamos ya en el cruce de líneas peligrosas, realizado irresponsablemente por la misma presidenta de la República.

Tachar de comunistas a quienes le adversan no cae en suelo estéril. Ese ha sido durante años el coco que asusta la epidermis conservadora que subyace la identidad costarricense.

Recordemos cómo fue prácticamente “bajado” del primer lugar de las encuestas José Maria Villalta al ser identificado como comunista por sus inmediatos seguidores, entonces de espectro aparentemente progesista, durante la contienda electoral de 2014.

La diferencia con el contexto actual radica en que esa denominación es asumida por una masa que ha sido bien trabajada a nivel de comunicación política. En el manual de construcción del enemigo es una de las principales tareas a realizar de forma cotidiana. Por eso recomiendo la lectura del texto de Navarro donde se explica este ABC de forma clara y contundente. Es peligroso, si, que incluso se busque crear un clima desestabilizador alrededor de las universidades públicas con ese argumento. Ya sabemos de todas maneras que vienen a ponerles candado. Y esa tarea no bajarán la guardia argumentando que en sus aulas se ideologiza y orienta el pensamiento hacia un enfoque político. Nada más lejos de la realidad.

Pero no solo a nivel discursivo se cruzan líneas peligrosas. El joven estudiante recién graduado de la carrera de sociología de la UNA Elian Xavier Jiménez fue golpeado y arrestado durante las manifestaciones contra la aprobación de la ley de armonizacion eléctrica. Para él la presidenta también tuvo palabras descalificadoras y amenazantes.

El mensaje es claro: ante la oposición y el cuestionamiento, se usará la fuerza como instrumento de intimidación.

Aún no se cumple un mes de instalado el nuevo gobierno en Costa Rica. Pero la víspera no anuncia cosas buenas, ni saca el día, como suele decir el dicho popular.

Se deberá conformar un verdadero frente opositor civil para resistir los embates de cuatro años que seguramente pesarán en la historia costarricense.