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¿Cómo explicarnos la “loca” realidad política actual? ¿Se deteriora la institucionalidad democrática?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

La democracia costarricense fue apareciendo de a poco a lo largo de nuestra vida como nación.

Había primero, sin que la mayoría de los colonos lo supieran, que desatar los debilitados lazos que en las primeras dos décadas del siglo XIX todavía nos ligaban al colonialismo español.

Más de tres siglos de un férreo dominio español, habían dejado una impronta de exterminio de los pueblos originarios, de esclavitud de los muchos empobrecidos sobrevivientes, vasallaje, y corrupción.

Sin embargo, ya a punto de expirar aquel dominio infernal, gracias a las revueltas y guerras de independencia desde México hasta la Patagonia, hubo un acontecimiento en la misma España, que sentó bases sólidas para impregnar en la conciencia de los líderes de aquellas guerras, ideas liberales y democráticas.

En efecto, Las Cortes de Cádiz fueron el primer parlamento liberal del mundo hispánico. Se reunieron de 1810 a 1814 en Cádiz, único puerto libre de la ocupación de Napoleón Bonaparte en España, mientras el Rey Fernando VII se encontraba preso en Francia.

Los dictados de las Cortes pretendieron cobijar tanto a España como a la América hispana; pero a una España que diera sus primeros pasos por la senda democrática y no bajo el yugo del Rey. Los acuerdos fueron aprobados en 1812 y de ellos emanaron tres resoluciones fundamentales:

1. Soberanía Nacional. La Soberanía residiría en la Nación, ya no en el Rey.

2. División de poderes y libertades. Subsistiría la Monarquía Constitucional, pero cuarteada por la aparición del sufragio indirecto (amplio para la época), libertad de imprenta, igualdad jurídica de todos los hombres ante la ley (las mujeres continuarían excluidas momentáneamente) y fin del Tribunal de la Inquisición.

3. Ciudadanía americana. Todos los nacidos libres en ambos continentes serían considerados españoles. Esta resolución dio paso a la emergencia de diputaciones provinciales y ayuntamientos constitucionales en América, incluida Costa Rica.

37 diputados americanos, por Costa Rica el egregio Fray Florencio del Castillo, fueron escogidos para representarnos en las Cortes de Cádiz. Allí aprendieron de principios democráticos y fueron redactadas las primeras constituciones republicanas de Hispanoamérica. De allí brotaron las ideas de los ayuntamientos constituidos por elección, así como las diputaciones bajo el mismo principio.

Costa Rica pasó durante ese período de dos ayuntamientos a más de 40, y los ayuntamientos fueron la primera experiencia electoral de los pueblos americanos. Se consolidó como idea la soberanía nacional, las autoridades representativas electas directa o indirectamente, la libertad de imprenta y la aparición de la ciudadanía, si bien de momento solo entre los varones, frente a los súbditos de los reyes españoles. Cádiz no nos dio la democracia plena, pero de ella recibimos el molde.

Costa Rica, como puede observarse no se quedó atrás; después de la primera independencia de 1821, se fue consolidando poco a poco, la libertad de una nación pequeña y pobre, pero pujante, en la que las ideas democráticas quedaron plasmadas en la primera Constitución denominada por Braulio Carrillo “Ley de Bases y Garantías”.

Muy pronto, en medio de altibajos, se declaró “República Constitucional”, cuyo líder fue José María Castro Madriz. Este episodio sentó bases firmes en la conciencia de las élites y del mismo pueblo para enfrentar al invasor y esclavista filibustero proveniente de los Estados Unidos, personificado en la figura de William Walker. Esta lucha fue convocada por el mismo presidente Juan Rafael Mora Porras, quien, acompañado por otros próceres como José María Cañas, de estirpe salvadoreña y el propio hermano de don Juanito, quien fue José Joaquín Mora, llamó al pueblo a las armas para asentar así la verdadera independencia de Costa Rica.

La democracia no dio al pueblo verdaderas libertades, ya que habrían de venir muchas lunas y tantas luchas, antes de que todos los hombres primero y, las mujeres, junto a la etnia de los afrodescendientes y otras minorías después, ya en pleno siglo XX, pasada la guerra civil de 1948, obtuvieran plenos derechos ciudadanos, como el derecho al voto libre y garantizado por la Constitución.

La Costa Rica moderna, surge después de la Guerra Civil de 1948; no sin antes haber conseguido estas garantías y libertades ciudadanas, asentadas en las conquistas sociales: la ley de la Seguridad Social, la creación de la Universidad de Costa Rica, el código del trabajo y otras leyes de semejante cuantía, bajo el Gobierno del presidente Benemérito Rafael A. Calderón Guardia, en alianza con el Partido Vanguardia Popular (comunista) cuyo líder fue el también Benemérito Manuel Mora Valverde, y con la Iglesia Católica, que era jefeada entonces por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, también nombrado después Benemérito de la Patria.

Así se consolidó la modernidad, esta vez bajo el liderazgo principal de José Figueres Ferrer, nombrado asimismo Benemérito, por su intensa labor para eliminar el ejército, que se había solidificado tras la guerra del 48, ampliar las leyes sociales mediante la universalización de la seguridad social y la creación de una serie de instituciones democráticas que caracterizaron el Estado Social de Derecho de la Segunda República. Igualmente, los hombres de esta Segunda República dinamizaron la movilidad social, le dieron bases firmes a la división de poderes, la fortificación de las libertades electorales, mediante la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, la creación de organismos de control de la ejecución de los demás poderes del Estado y de las Instituciones autónomas.

No obstante, el país vivió la mayor parte de este tiempo, bajo la égida de dos partidos políticos principales, Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana, los cuales se alternaron en el Poder Ejecutivo, conservando algunas diferencias entre sí. Liberación, un partido más estatista y reformista; la Unidad, se fue consolidando como una coalición conservadora que proclamaba la “desestatización” y desregulación de la economía.

Los principales problemas de esta democracia fueron: la ilegalización del partido Vanguardia Popular (una ilegalización expresa y larga) y en un principio del partido Republicano Nacional (calderonista), que fue proscrito de facto, sin haber sido mencionado expresamente en el decreto. Los líderes de ambos partidos fueron perseguidos y exiliados. Tales fueron los obstáculos más grandes a la participación electoral que tuvo Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX.

Otros escollos fundamentales de la democracia costarricense, a partir de la segunda mitad del siglo XX que deseamos mencionar fueron: la diversificación económica, a través de la legislación del Mercado Común Centroamericano (MCCA). Aunque en un principio se intentó romper la dependencia económica del país con la economía de los Estados Unidos, al cabo del tiempo, no obstante, la economía se fue anclando todavía más a las economías de los países capitalistas desarrollados, principalmente la de los Estados Unidos, por medio de las industrias de integración. En este contexto se sellaron alianzas entre los sectores cúpula de la industria costarricense, con el capital financiero e industrial extranjero. La dependencia económica se fortificó y esto afectó grandemente la independencia del Estado en la toma de decisiones frente a los intereses del capital extranjero. Ni el partido Unidad Socialcristiana, ni el mismo partido Liberación Nacional fueron óbice para que nos convirtiéramos, cada vez más, en un eslabón de la cadena de la economía capitalista internacional.

Por otro lado, como telón de fondo, progresivamente se fue afianzando una inédita desigualdad social, que fue la contrapartida de la concentración de la riqueza cada vez en menos manos. Junto a ello, la clase media se debilitó y sigue en ese curso, en el cual, los sectores más vulnerables se hicieron más débiles aún. Además, los partidos tradicionales perdieron sus identidades, se comenzaron a parecer cada vez más el uno al otro; se desató en ellos, en sus gobiernos una funesta corrupción, tanto en la administración pública como en la privada, que provocó un desalineamiento de los sectores que tradicionalmente habían apoyado a uno y otro partido. Se llegó a perder, prácticamente de manera integral la credibilidad de un gran contingente de los electores en esas coaliciones políticas.

Como consecuencia de lo anterior, se abrieron oportunidades para otros partidos políticos nuevos, como el Partido Acción Ciudadana (PAC) que, en las elecciones del 2002, rompe el bipartidismo y fuerza a un balotaje o segunda ronda electoral por primera vez en la historia electoral de Costa Rica, entre Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana.

En las elecciones del 2014, el PAC quiebra por completo el bipartidismo y gana esas y las siguientes elecciones del 2018. La crisis estaba declarada para los dos partidos tradicionales.

Posteriormente surge el fenómeno que se ha conocido como el “chavismo”, el cual venció en las elecciones del 2022 y se reelige con Laura Fernández Delgado en el 2026.

La sociedad se transforma y la democracia se debilita

Lo que está ocurriendo es un fenómeno que da cuenta del debilitamiento de las estructuras partidarias tradicionales, una supina desconfianza en la institucionalidad y aunado a lo anterior ha cundido la inseguridad entre la ciudadanía, el temor profundo ante la penetración del narcotráfico y la violencia en las calles y áreas públicas, el agigantamiento de las brechas de igualdad y la frustración con el Estado.

De ahí que ahora, la cuestión democrática no consiste solamente en quién ganó y quién perdió las elecciones; ahora se trata de saber qué es lo que los titulares del poder formal, los ganadores del ejecutivo hacen con el poder que recibieron. La cuestión democrática gira ahora alrededor de los contrapesos del poder, si están operando o no, la tolerancia al adversario y, sobre todo, la posibilidad de que se produzca una mayor erosión de la institucionalidad democrática sin que se hubiese producido la ruptura del orden constitucional.

Por otra parte, se comienza a percibir una ruptura ya no solo en el terreno de la actividad política, sino además y de manera abrupta, en el seno de la sociedad civil. En ella están surgiendo varias fracturas que dan como resultado segmentos ciudadanos con diversos intereses entre sí, distintas ideologías y maneras de percibir la realidad. El asunto que reviste más profundidad es que entre los ciudadanos ya no solo aparecen diferencias de opinión entre grupos con respecto a cómo perciben la realidad, al Estado y al mismo gobierno, eso es natural en una democracia. El asunto ahora es más profundo ya que las diferencias parecen organizarse alrededor de fracturas sociales, económicas, territoriales, culturales y políticas.

Lo que debe estudiar la ciencia política actual, es que las grietas no habían llegado a producir todavía nuevas organizaciones sociales que pudiesen dar lugar a nuevas alianzas entre los partidos tradicionales en decadencia y los nuevos grupos sociales de ciudadanos aglutinados por determinadas percepciones de la realidad sociopolítica. Muchos de los nuevos grupos ya no solo rechazaban a los partidos tradicionales, sino que se han cohesionado por su rechazo al sistema en su conjunto. Son lo que podríamos llamar coaliciones en el seno de la sociedad civil antisistema.

Si este fenómeno en mi opinión bastante reciente puede desembocar o no en rupturas graves que pudiesen dar lugar a enfrentamientos que atenten contra la tradicional democracia, dependerá por una parte de la capacidad del llamado “chavismo” de ofrecerle a estos nuevos grupos de la sociedad civil, con visos de ser antisistema, un programa de realizaciones conducente a resolver problemas concretos, o carencias que afligen a estos grupos sociales en la cotidianidad. Y, por el otro lado, puede depender también de cómo se conduzcan los grupos opositores de la política, y la capacidad que muestren ellos también, para ir al encuentro de esas bases sociales desafectas y con bastante rencor y desdén frente al fenómeno de lo político en sentido tradicional.

Todas estas son algunas de las cuestiones que creo requieren de investigaciones más profundas que permitan entender la trama que se da en la situación política actual.

Organización Cívica Madre Tierra defiende la independencia judicial ante decisiones del Ejecutivo sobre el presupuesto del Poder Judicial

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Pronunciamiento de la Organización Cívica Madre Tierra

En defensa de la independencia del Poder Judicial, la separación de poderes y el derecho a una justicia pronta y cumplida

La Organización Cívica Madre Tierra, en defensa de la democracia, los valores republicanos, el respeto por las instituciones, la justicia social y la sostenibilidad, manifiesta su profunda preocupación ante las decisiones y planteamientos del Poder Ejecutivo relacionados con el presupuesto del Poder Judicial.

Consideramos que esta situación no puede reducirse a una controversia contable ni a una disputa coyuntural entre instituciones. Lo que está en juego es un principio esencial de nuestra democracia: la independencia de los poderes de la República y el derecho de todas las personas a una justicia pronta, cumplida e independiente.

1. La separación de poderes es un principio democrático fundamental

La democracia costarricense se sustenta en la separación y el equilibrio de los poderes de la República. Ningún poder está por encima de los demás ni puede utilizar sus atribuciones para condicionar indebidamente el funcionamiento de otro.

El Poder Judicial tiene una función constitucional propia: administrar justicia con independencia de las presiones políticas, económicas o partidarias.

Por ello, las decisiones relacionadas con sus recursos deben analizarse no solo desde criterios de austeridad, eficiencia y control del gasto público, sino también desde la obligación de preservar las condiciones que hacen posible su independencia.

2. El mandato constitucional sobre el financiamiento judicial debe respetarse

Madre Tierra considera indispensable que exista claridad jurídica sobre el alcance de la disposición constitucional que establece para el Poder Judicial un presupuesto “no menor del seis por ciento” de los ingresos ordinarios.

La expresión “no menor” no puede convertirse en un mecanismo para reducir discrecionalmente los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones constitucionales del Poder Judicial.

Cualquier interpretación de esta disposición debe atender tanto a su literalidad como a su finalidad: garantizar las condiciones materiales indispensables para que la administración de justicia pueda funcionar con independencia y eficacia.

3. Controlar los recursos públicos no significa subordinar a otro poder

La fiscalización de los recursos públicos es legítima y necesaria. Todas las instituciones del Estado deben estar sometidas a criterios de transparencia, eficiencia, rendición de cuentas y control.

Sin embargo, el control presupuestario no debe transformarse en un instrumento de presión política.

Nos preocupa, por ello, cualquier mecanismo mediante el cual recursos constitucionalmente destinados al Poder Judicial puedan ser reducidos, congelados o condicionados posteriormente a autorizaciones políticas que comprometan su capacidad de funcionamiento.

Fiscalizar no significa subordinar.

El ejercicio de las competencias presupuestarias debe respetar los límites que establece la Constitución y preservar el equilibrio entre los poderes de la República.

4. La legislación financiera debe interpretarse dentro del marco constitucional

Las normas de administración financiera, control y fiscalización son instrumentos indispensables para garantizar el uso responsable de los recursos públicos.

Pero ninguna norma de rango legal puede interpretarse de manera que desconozca las garantías constitucionales relativas a la independencia de los poderes.

Por ello, Madre Tierra considera necesario que cualquier decisión relacionada con el presupuesto judicial esté sustentada en criterios jurídicos públicos, verificables y constitucionalmente consistentes, y no en interpretaciones cambiantes determinadas por la coyuntura política.

5. Defender la independencia judicial no significa defender el statu quo

Madre Tierra no plantea una defensa corporativa del Poder Judicial.

Las instituciones públicas deben ser evaluadas, fiscalizadas y reformadas cuando sea necesario. El Poder Judicial debe mejorar su eficiencia, transparencia, gestión y capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudadanía.

Pero reformar una institución no es lo mismo que debilitar las condiciones materiales que le permiten cumplir su función constitucional.

Costa Rica necesita un Poder Judicial más eficaz, transparente y accesible, no uno financieramente vulnerable frente a decisiones coyunturales del poder político.

6. La ciudadanía es la principal afectada

Las consecuencias de un debilitamiento de la administración de justicia no recaen únicamente sobre jueces, fiscales o funcionarios judiciales.

Afectan a las personas que esperan una sentencia, a las víctimas que buscan justicia, a quienes necesitan resolver conflictos, a quienes defienden sus derechos y, en general, a toda persona que requiere tribunales independientes frente al poder político o económico.

Una justicia debilitada significa una ciudadanía más vulnerable.

7. Más democracia significa también más controles al poder

Costa Rica atraviesa un período de profundas tensiones institucionales y de creciente cuestionamiento ciudadano.

La respuesta a ese malestar debe incluir reformas que hagan al Estado más eficiente, combatan la corrupción, reduzcan desigualdades, mejoren los servicios públicos y recuperen la confianza de la ciudadanía.

Pero esa transformación debe realizarse fortaleciendo el Estado de derecho y los contrapesos democráticos, no debilitándolos.

Defender las instituciones no significa impedir las reformas.

Exigir rendición de cuentas no significa aceptar la subordinación de un poder a otro.

Defender la independencia judicial no significa defender el statu quo.

Nuestra posición
La Organización Cívica Madre Tierra:

1. Reafirma su defensa de la separación e independencia de los poderes de la República.

2. Exige el respeto de las disposiciones constitucionales relativas al financiamiento del Poder Judicial.

3. Solicita transparencia y fundamentación jurídica pública en las decisiones relacionadas con la asignación, reducción, congelamiento o ejecución de los recursos destinados al Poder Judicial.

4. Rechaza cualquier utilización del presupuesto público como mecanismo de presión o debilitamiento de la independencia institucional.

5. Defiende el derecho de todas las personas a una justicia pronta, cumplida e independiente.

6. Reconoce la necesidad de reformar y mejorar el Poder Judicial mediante procesos democráticos, transparentes y respetuosos de su independencia constitucional.

7. Hace un llamado a la Asamblea Legislativa, a la Contraloría General de la República, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo para que esta controversia sea resuelta dentro del marco constitucional y mediante el diálogo institucional, evitando que el conflicto entre poderes termine perjudicando a la ciudadanía.

Una democracia que limita el poder

Costa Rica no necesita poderes que se impongan unos sobre otros. Necesita instituciones fuertes, independientes, responsables y capaces de responder a las necesidades de la población.

La democracia no consiste únicamente en elegir gobernantes. También supone limitar el poder, garantizar derechos y preservar instituciones capaces de ejercer sus competencias con independencia, incluso cuando sus decisiones resulten incómodas para quienes gobiernan.

Para Madre Tierra, la independencia judicial constituye una condición esencial de esa democracia.

Defenderla es defender los derechos de todas las personas costarricenses.

Organización Cívica Madre Tierra

En defensa de la democracia, los valores republicanos, el respeto por las instituciones, la justicia social y la sostenibilidad.

Los nazis: ayer, hoy y ¿mañana?

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por Arnoldo Mora

Evocando la primera frase con que Marx y Engels encabezaron su célebre Manifiesto de 1848, ante la situación actual de la política mundial sólo se me ocurre decir: «Un fantasma llamado “Adolfo” recorre las cancillerías de todos los rincones del mundo», lo cual ha provocado reacciones antagónicas; con mal disimulado entusiasmo desde la Casa Blanca en el Norte de nuestro Continente hasta la Casa Rosada en el Sur, pero con seria preocupación en el Viejo Continente, desde 10 Downing Street en el Oeste hasta el Kremlin en el Este…y así sucesivamente en el resto del planeta. No es para menos. La historia parece repetirse, pero no de igual manera, pues en los procesos históricos la dinámica es dialéctica no mecánica. Si bien la estructura ideológica es la misma ayer (década de los treinta del siglo pasado) como actualmente, no pocos rasgos predominantemente coyunturales son notoriamente diferentes. Los movimientos nazifascistas en sus diversas variantes tienen en común el nutrirse de la xenofobia, y del hecho de surgir a partir de la crisis estructural de origen socio-económico, que afecta masivamente a los sectores y regiones empobrecidas y que repercute en la esfera política. Pero hoy se da en algunos casos una notoria diferencia, pues antaño esos movimientos se aglutinaban en torno a un líder carismático al cual rendían un culto cuasi religioso: il Duce en Italia, der Führer en Alemania, el Caudillo en España. Hoy en día el fenómeno se repite con Trump en Estados Unidos, Le Pen en Francia pero no con AfD en Alemania o Vox en España; porque en estos últimos países mencionados predomina la estructura partidaria que busca ganar elecciones dentro de un modelo tradicional, es decir, supeditado al marco legal cuyo respeto da legitimidad al poder. Sin embargo, el resultado es el mismo: crisis y eventual fin del régimen político surgido de las revoluciones liberal-burguesas, llamado genéricamente “democracia”, que hace factible que la sociedad civil disfrute de las libertades públicas y el respeto, al menos formalmente, de los derechos humanos. Costa Rica por desgracia, no parece estar exenta de esta amenaza, pues da signos de lo dicho desde 2022.

Esta crisis es “histórica”, es decir, no hay marcha atrás; es también global, pues ya no alcanza tan sólo a los países hegemónicos, como se dio en el siglo pasado, sino que su protagonismo salpica a todos los rincones del planeta sin distingos de lugares geográficos, culturales, religiosos o de diversos niveles socio-económicos. Por lo cual nos afecta de diversa manera y en diversos momentos de nuestra historia política. Debido al alcance universal de la revolución científico-tecnológica en los medios de comunicación, y a los cambios en los medios de producción, esta vorágine afecta a la humanidad entera. Desde el punto de vista político, llama la atención la ausencia de líderes mundiales, debido a la crisis de las naciones-Estado que está dando origen a una fragmentación del poder económico y político de marcado tinte regional, donde la cercanía geográfica juega un papel que antes asumían factores ideológicos y culturales, como las tradiciones de cultura popular, la religión o las lenguas. Pero detrás de todos estos cambios históricos, que provocan a diario los acontecimientos que atiborran los espacios noticiosos y las páginas de los comentaristas, subyacen cambios más profundos que no tienen antecedentes en la historia de la humanidad. En concreto, el surgimiento de China como potencia mundial a partir de la crisis financiera del 2008. Con esta crisis terminó definitivamente el “orden” establecido por las potencias que salieron triunfantes en la II Guerra Mundial. Hoy emerge un nuevo “orden” mundial en el que Occidente impone su revolución cultural pero pierde la hegemonía política. Algo similar a lo que pasó con la caída del Imperio Romano: Roma perdió el poder político, pero dejó como legado imperecedero la estructura imperial con la que Occidente logró dominar al mundo entero…excepto a China. Con el triunfo de la Revolución de Mao (1949) China se “occidentalizó” política y económicamente bajo la conducción de un partido marxista-leninista; esto no obstante, siempre culturalmente se cuidó de nutrirse de sus raíces ancestrales, en especial, de la ética confuciana.

El factor más relevante en todos estos procesos radica en la imposibilidad (¡dichosamente!) de desatar una guerra mundial para imponer ese “orden”, debido a que las potencias antagónicas a Occidente (eje China-Rusia) son potencias que se han dotado de un arsenal termonuclear, que podría acabar con todo signo de vida en el planeta en cuestión de horas. No obstante, la guerra es como el deporte: lo bonito es que alguien salga victorioso; pero cuando todos salen derrotados, se acaba el placer. Por eso sólo se pueden provocar guerras regionales con fines económicos y políticos, que buscan superar las crisis estructurales de raíz económica en las potencias hegemónicas, sin por ello dejar de intentar mantener la hegemonía regional. Pero ese estado de cosas no está en condiciones de dar una solución a la crisis política mundial. Sólo una organización, basada en un “contrato social” entre todos los pueblos de la tierra puede hegemonizar un poder planetario real, es decir, que esté dotado de una autoridad con facultades punitivas, tanto económicas como militares, que le posibilite solventar esta crisis, cuyas manifestaciones más preocupantes se hacen patentes con el surgimiento de movimientos nazifascistas, movimientos que ingenuamente se creían destruidos luego de la II Guerra Mundial. Sólo así se puede devolver la paz a una humanidad que necesita con urgencia destinar todos sus recursos económicos y tecnológicos y su poder político y mediático a resolver la apocalíptica crisis ecológica y sus manifestaciones en las crisis climáticas, como el recalentamiento del planeta, que hoy amenaza sumir a millones de seres humanos en la hambruna. Pero para lograr esa meta se debe comenzar por provocar un movimiento que despierte las conciencias de hombres y mujeres del mundo entero sin distingos de ninguna especie. Dichosamente, a pesar de estos oscuros presagios, hay signos que nos inspiran optimismo. Me refiero en concreto a la manifestación de masas más grande de la historia de Estados Unidos, como fue la protesta pacífica que cerca de 8 millones de ciudadanos llevaron a cabo en más de 50 ciudades bajo la consigna NO KING.

Termino estas reflexiones enfatizando en que, destinar los ingentes recursos económicos y tecnológicos que hoy se emplean en hacer guerras cada vez más absurdas, que tan sólo logran exterminar a poblaciones inermes y no a las fuerzas militares adversas, es la razón de ser del quehacer político. Solo así acabaremos con la amenaza que se incuba en los brotes de nazifascismo, cuya sombra oscurece el horizonte de una humanidad en trance de agonía.

El púlpito, el presupuesto y el miedo

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rodrigo Campos Hernández

Por Rodrigo H. Campos Hernández

Setiembre comenzó bajo la sombra del miedo. Termina con una pregunta sobre quién pretende gobernar nuestras conciencias.

Setiembre comenzó bajo la sombra del miedo. Escribí entonces sobre la excepcionalidad, las amenazas y el riesgo de que el temor se instalara en nuestras conciencias antes incluso de que ciertos hechos ocurrieran. El mes termina y el miedo sigue. Ahora se alimenta también de decisiones que desordenan la política exterior, recortan servicios sociales y acercan cada vez más el discurso religioso al ejercicio del poder.

El viernes 25, en la Asamblea Legislativa, la presidenta Laura Fernández Delgado participó en la celebración del Día de la Biblia. Allí afirmó que ese libro podía servir como manual para ser una buena presidenta. La frase merece atención. Quien gobierna puede tener sus creencias y expresarlas; otra cosa es presentar un texto religioso como guía para tomar decisiones en nombre de una sociedad plural. Cuando la fe entra al despacho presidencial, cabe preguntar quién decide qué significa esa guía y qué lugar les queda a quienes no la comparten.

No se trata de negar la libertad religiosa ni de expulsar a las personas creyentes de la política. Se trata de impedir que una interpretación religiosa particular se convierta en medida de ciudadanía, en fundamento de una ley o en criterio para reconocer derechos. Una democracia puede albergar muchas fes; no debería exigir ninguna para garantizar la igualdad.

En Costa Rica esa discusión tiene una dificultad adicional. El artículo 75 constitucional establece que la religión católica es la religión del Estado, aunque protege el libre ejercicio de otros cultos. Por eso hablar de una política laica no es describir una realidad ya alcanzada: es plantear una tarea democrática pendiente. La laicidad significa que las decisiones públicas deben justificarse ante toda la ciudadanía mediante razones, derechos y responsabilidades comunes, no mediante la autoridad de una iglesia o de una doctrina.

Lo ocurrido en la campaña electoral muestra que la preocupación no es abstracta. Laura Fernández firmó una alianza política estratégica con el Foro Mi País, que presentó compromisos como eliminar la llamada “ideología de género” de las aulas. El Tribunal Supremo de Elecciones ordenó cautelarmente detener mensajes que llamaran a votar utilizando razones o símbolos religiosos y la difusión de un folleto que pedía a los cristianos evangélicos votar por Pueblo Soberano. La intervención del Tribunal deja una señal institucional clara: la frontera entre convicción religiosa y movilización electoral no puede borrarse a conveniencia.

La influencia de estos movimientos tampoco se limita a Costa Rica. Un análisis regional de El País describe cómo grupos evangélicos han ganado espacio en gobiernos y movimientos políticos de Centroamérica y los vincula con dinámicas presentes también en Estados Unidos y Brasil. Pew Research Center, a partir de encuestas realizadas en seis países latinoamericanos, encontró que alrededor de dos tercios de las personas consultadas en Brasil, Colombia y Perú consideran importante que su presidente defienda a quienes comparten sus creencias religiosas. En esos tres países, mayorías similares también creen que la Biblia debería influir en las leyes. Son datos de esos países, no una descripción uniforme de todo el continente; sí muestran que la relación entre identidad religiosa y poder político es un fenómeno regional que merece atención.

El fundamentalismo político aparece cuando un sector pretende que sus convicciones sean la norma moral obligatoria para toda la sociedad. No hace falta que se prohíban las elecciones ni que se cierre el Congreso para que el pluralismo se estreche. Basta con clasificar unas posiciones como virtuosas y otras como una amenaza; basta con afirmar que ciertos derechos son una imposición ideológica, mientras la propia doctrina se presenta como verdad natural, familiar o divina.

En esa lógica también encaja la cruzada presidencial contra la llamada “ideología de género”. La presidenta ha dicho que el tema era “agua pasada” y luego reafirmó la oposición de su Gobierno a su presencia en las escuelas. Al mismo tiempo, personas homosexuales ocupan puestos dentro del aparato gubernamental. La contradicción no está en sus identidades: está en un poder que incorpora a algunas personas mientras desacredita las demandas colectivas de igualdad, reconocimiento y educación inclusiva. La diversidad parece aceptable como presencia individual, pero se vuelve sospechosa cuando reclama derechos.

El discurso religioso también debe confrontarse con la política social. La mayoría oficialista aprobó recortar ₡40.000 millones a CEN-CINAI y ₡30.000 millones al BANHVI, trasladando principalmente esos recursos al Régimen No Contributivo de Pensiones. Las personas adultas mayores que reciben esas pensiones también necesitan protección. Precisamente por eso no deberíamos aceptar que el Estado enfrente unas urgencias contra otras: niñez, vivienda popular y vejez no tendrían que disputarse una bolsa insuficiente. Después del recorte se reportaron órdenes de transporte suspendidas y cambios temporales de horario en algunos CEN-CINAI. Las autoridades discutieron el alcance de las afectaciones, pero el problema dejó de ser hipotético cuando el acceso a servicios concretos quedó comprometido.

En la misma modificación presupuestaria se habilitó un traslado de ₡70 millones para comunicación de Casa Presidencial. No es que esos recursos salieran directamente de CEN-CINAI o del BANHVI. Pero, en medio de una discusión sobre austeridad y necesidades sociales, la pregunta sobre las prioridades del Gobierno resulta inevitable: ¿qué encuentra financiamiento y qué se deja expuesto al recorte?

La política exterior completó el cuadro. La presidenta viajó a Colombia y no asistió a la Asamblea General de la ONU. Días después destituyó al canciller Manuel Tovar, quien estaba en Nueva York y tenía prevista la intervención de Costa Rica. La Presidencia alegó que no le había comunicado una invitación a una reunión del “Escudo de las Américas”. La crisis terminó trastocando la representación costarricense en una semana diplomática importante. No es una simple diferencia de agenda: es una señal de improvisación y de concentración de las decisiones en la voluntad presidencial.

También merece escrutinio el nombramiento de Boris Marchegiani como representante ante la ONU. La prensa reportó que él mismo reconoció no tener experiencia diplomática y recordó su participación en el financiamiento de vallas que exigían la renuncia de jerarcas públicos y sus vínculos políticos con el oficialismo. El Gobierno defendió su idoneidad. La pregunta sigue en pie: si existen diplomáticos de carrera, ¿qué criterio explica que un aliado político sin trayectoria diplomática ocupe una representación de tanta importancia? Los puestos públicos no deberían funcionar como recompensa por la cercanía con quienes gobiernan.

Así termina setiembre: la Biblia en el atril, la austeridad sobre servicios sociales, los nombramientos bajo sospecha y una disputa política que presenta la diversidad como amenaza mientras admite selectivamente a algunas personas diversas dentro del poder. El miedo no surge de una sola noticia. Crece cuando se vuelve difícil reconocer un principio común que explique las decisiones del Gobierno y cuando una doctrina religiosa parece ganar autoridad sobre los derechos de quienes no la comparten.

Defender una política laica no significa exigir que las personas creyentes callen. Significa que ninguna iglesia, ningún pastor y ninguna interpretación religiosa gobiernen por encima de la ciudadanía plural. Las leyes deben proteger a creyentes y no creyentes por igual; deben responder a necesidades comprobables y garantizar derechos, no imponer una fe.

Setiembre se acaba. El miedo permanece, pero no tenemos que resignarnos a que el púlpito dicte la ley ni a que la incertidumbre sustituya al debate democrático. También podemos tomar distancia del ruido para cuidar el juicio crítico y recuperar fuerzas.

El futuro robado: la creación de inseguridad y miedo

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupo1

La seguridad es quizás el aspecto más destacado de las demandas de la ciudadanía contra el Estado, que tiene la obligación y el monopolio de hacer cumplir las leyes, la Constitución y el orden constituido social e históricamente. Luego, es una responsabilidad pública sensible para el funcionamiento de la sociedad, cuyo incumplimiento es factor determinante de la crisis, del caos, pero para los sectores socialmente vulnerables, contra quienes no pueden protegerse ni defenderse. Así, la Constitución de la República es irrespetada, las leyes violentadas, o se crean nuevas, para amparar los intereses de corporaciones económicas y financieras dominantes. De este modo, las mafias, los carteles, la trata de personas, o los asesinos a sueldo, se convierten en los nuevos intocables en complicidad con las autoridades. Las consecuencias sociales de ese aparente nuevo orden es el incremento de la vulnerabilidad contra los pobres, cuyo único amparo es el miedo, el silencio, el aislamiento e invisibilizarse para no ser víctimas de nuevas o viejas alianzas.

No obstante, la seguridad no se circunscribe exclusivamente contra la delincuencia y la corrupción política, también la salud pública, la educación, el trabajo, el bienestar social, la vida, forman parte de esas seguridades que deben ser garantizadas por la institucionalidad estatal, las cuales son parcial y deficientemente atendidas, para beneficio de los negocios privados, que lucran con la complicidad estatal que tiene la obligación de supervisar, vigilar y velar por la calidad de su atención de acuerdo con los requerimientos sociales establecidos. En la actualidad se evidencia el incumplimiento de las obligaciones públicas, particularmente contra los sectores vulnerables y empobrecidos que carecen de medios alternativos para satisfacer sus urgentes necesidades.

La inseguridad creada desde los poderes institucional, jurídico, delincuencial y mediático son creaciones intencionadas para masificar los temores, miedos y angustias ocasionadas por la imprevisibilidad de los acontecimientos cotidianos que desconocen, agreden, engañan y violentan la privacidad y seguridad de las poblaciones.

En Costa Rica se incrementan los empobrecidos del campo y la ciudad, los excluidos, los despojados del trabajo y sus recursos, los emprendedores, las personas de la calle, así como los pequeños agricultores y los campesinos sin tierra, en un espacio donde se difunden profusamente los actos delincuenciales, corrupción, desastres naturales, tragedias familiares y las políticas que atentan contra los ingresos y calidad de vida de los subalternos, son acciones que confluyen para crear miedos e inseguridad a poderes que se imaginan omnipotentes, que persiguen y controlan a quienes protestan pacíficamente. Sin embargo y paradójicamente, son los tiranos quienes tienen miedo, por ello la permanente sobreprotección policial por inventados enemigos, en el desprecio y menoscabo del pensamiento y la acción de los subalternos, en la adquisición y uso de técnicas de control y espionaje contra quienes preguntan y protestan, mientras se promueven las técnicas para el control, las estafas y las usureras prácticas financieras que profundizan la inseguridad ciudadana y la pobreza.

La inseguridad y el miedo de los sectores vulnerables no son solo consecuencias de la desigualdad e inequidad social y nacional, también han sido convertidas en medios estratégicos globales, creados y concertados políticamente para robar el futuro a las poblaciones costarricenses y latinoamericanas.

El gobierno democrático, o la representación coyuntural del Estado, no es un ente a quien se le ha otorgado el derecho de decidir por la ciudadanía. No, los procesos electorales son requerimientos formales para el cumplimiento de específicas funciones públicas, una facultad relativa y dependiente del soberano, de las demandas y necesidades ciudadanas, sin lesionar ni comprometer nuestra identidad nacional ni su futuro, menos aún, participar en proyectos imperiales.

Es obvio que la elección no crea tiranos, ni democracia, pues los tiranos se descubren envileciendo y liquidando el orden social democrático y político nacional. La actuación que denigra nuestra historia y empobrece poblaciones son hechuras de poderes que trascienden el espacio nacional, impulsadas, asesoradas y financiadas por el imperio y los serviles gobiernos que participan de la corrupción y los fraudes electorales, como se ha demostrado en los procesos recientes contra la democracia y soberanía latinoamericana.

La historia contemporánea nos muestra cotidianamente que los alineamientos globales han servido y sirven a intereses imperiales, nunca para el bienestar de los pueblos, del progreso de su gente, ni el respeto de su historia y cultura. El poder gubernamental de ningún modo posee la facultad ni el derecho de parasitar los recursos ni transgredir los derechos ciudadanos, de lo nacional ni es autónomo, para hacer lo que se le antoja durante el temporal periodo de gobierno.

La seguridad en la inseguridad nacional e internacional es la transición en la reconfiguración de la influencia y dominación del espacio mundial, alinearse con el fascismo, como lo hace el gobierno costarricense, ofende nuestro pasado y nos obliga aceptar, lo que nunca hemos decidido, la imposición y aceptación del saqueo de las riquezas latinoamericanas, para mantención de un decadente y caduco poder imperial.

1 Catedrático. Docente e investigador jubilado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Estética de lo horrendo

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Son feos. Digo. Corporalmente.

Tienen patillas pronunciadas o barbas sospechosamente simétricas. Son anaranjados o de facciones desiguales que hacen lucir sus dentaduras como corredores desordenados. Visten la tosquedad del protocolo de la comunicación y la propaganda extremista de los años cuarenta del siglo anterior.

Eso es lo que son. Esa representación del poder mediante la mueca, la burla y el cinismo. Una observación de cerca a toda su teatralidad evidencia esa fea estética del poder que hoy campea por América Latina. Y más acá.

Feos, locos, desencajados.

Pero lo que sorprende, si es que algo sorprende ya en un país como Costa Rica, es la fealdad física de quienes detentan el poder (ellos mismos se han encargado de afear sus facciones a través de la mueca, la máscara, el insulto) sumada a la fealdad de espíritu que los caracteriza en su ejercicio político.

Ahí sí son feos con ganas.

Lo voy a decir con todas las palabras posibles: la fealdad y pobreza de espíritu mostrada por la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa no tiene comparación alguna.

Recién se conoce la dimensión del drama migrante costarricense con dos personas fallecidas este 2026 en sus condiciones de detención por parte de ICE. La última de ellas falleció a falta de atención médica y acceso a alimentación adecuada, lo que produjo voces de indignación de varios sectores locales.

Lo que se solicitó en plenario fue solamente un acto simbólico de homenaje para esta persona, a lo que la bancada oficialista se negó en su mayor parte.

La estética del horror termina fusionando caras y cuerpos con sus espíritus. A esa representación acudimos hoy. Que esa fealdad absoluta no pueda cristalizar su proyecto de destrucción de la institucionalidad democrática costarricense.

Una pequeña luz hermosa de resistencia y rebeldía se viene prendiendo. Ante la fealdad, la belleza.

Que así sea.

A 166 años del fusilamiento de Mora, Arancibia y Cañas, organizaciones comunales mantienen viva su memoria

Escrito en . Publicado en Formación.

Edison Valverde Araya

30 de setiembre 1860 – Hace 166 años fueron fusilados Mora y Arancibia (chileno). Dos días después también fue fusilado Cañas (salvadoreño).

En su honor, hace un tiempo, junto a vecinas y vecinos de Puntarenas, realizamos homenaje en el Parque Mora y Cañas del Puerto. Luego lanzamos flores al mar.

También «habilitamos la memoria» de la Ruta de los Héroes 1856 (camino de piedra), entre Atenas y San Mateo, con carretas, bueyes y muchos vecinos y vecinas de esos cantones.

Por otro lado, en los Barrios del Sur, Parque Los Héroes de Paso Ancho, pintamos un mural con Juanito Mora, Pancha Carrasco y Juan Santamaría, como Héroes de la Patria.

¡No olvidamos!

Por ellos y el Ejército Libertador Costarricense de 1856-1857, es que hemos gozado de libertad y seguimos adelante.

Organizaciones que han ayudado a promover el rescate de la memoria histórica, con estas actividades:

– Movimiento Patriótico Juanito Mora

– Comunidad Buen Vivir.

La trampa del ad populum y el espejismo del poder absoluto

Escrito en . Publicado en Análisis.

La falacia de la mayoría: por qué ganar una elección no otorga un cheque en blanco

Por JoseSo (José Solano-Saborío) para SURCOS

Existe un error lógico tan antiguo como la filosofía misma, pero tan peligroso como la demagogia moderna: la falacia argumentum ad populum. Consiste en afirmar que una idea es correcta, justa o incuestionable simplemente porque cuenta con el respaldo de una masa o una mayoría.

En la política contemporánea —desde el mapa internacional con figuras en todo el continente americano desde Estados Unidos a Argentina, incluyendo el plano local costarricense impulsado por el discurso de Rodrigo Chaves Robles y la gestión de figuras como Laura Fernández Delgado— este vicio de la lógica ha dejado de ser un mero tropiezo discursivo para convertirse en una estrategia de control. Mediante técnicas de comunicación masiva y encuadres de programación neurolingüística (PNL) propios de la propaganda populista, se le ha inyectado a una parte de la ciudadanía la premisa de que el voto equivale a un cheque en blanco.

Hace poco un conocido, simpatizante chavista, me increpó a mi por exigirle —en uno de mis videopódcasts— la rigurosidad y transparencia que se le debe demandar a cualquier administración pública, y su argumento fue revelador: “La oposición no puede darle órdenes ni exigirle al gobierno porque este ganó la mayoría”.

Esta afirmación no solo refleja un dogmatismo ideológico, sino un desgarro conceptual profundo sobre la naturaleza del sistema político. Delata una incomprensión absoluta de lo que significa vivir en una democracia plena.

Democracia no es la dictadura de la mayoría

El primer error sustancial radica en confundir el origen de la legitimidad con el ejercicio de la legitimidad:

El origen del poder: Ciertamente, las urnas determinan quién administra el Poder Ejecutivo y cómo se conforman las curules legislativas. La mayoría elige.

El ejercicio del poder: Una vez ganada la elección, el mandato debe ejercerse dentro de los marcos que establece la Constitución Política y las leyes. Ganar una elección otorga la responsabilidad de gobernar a todos, no el derecho de arrasar con la institucionalidad. En Costa Rica, nuestra Constitución Política lo demanda, taxativamente, en su artículo 11.

El concepto clave que la propaganda populista oculta a sus seguidores es el de los pesos y contrapesos. Históricamente, la democracia constitucional se diseñó no solo para garantizar que la mayoría decida, sino para evitar lo que pensadores como Alexis de Tocqueville acuñaron como la “tiranía de la mayoría”.

Si el apoyo popular bastara para validar el actuar de un gobernante sin fiscalización alguna, la ley carecería de sentido. Bajo esa lógica perversa, un gobierno con 80% de aprobación podría disolver la Sala Constitucional, silenciar a la prensa o suspender las garantías individuales argumentando que “el pueblo lo respalda”. Eso no es democracia; es el germen de un autoritarismo con fachada electoral.

El caso costarricense: El valor de una democracia plena

Costa Rica ostenta históricamente la categoría de democracia plena en los índices internacionales no por la efectividad de sus discursos presidenciales, sino por la solidez de sus contrapesos:

Supervisión y control político: La Asamblea Legislativa no solo “sugiere”, sino que tiene la obligación constitucional de ejercer control político y fiscalizar las acciones del Ejecutivo. La oposición no es un adorno: es un pilar representativo de los sectores ciudadanos que no votaron por el oficialismo.

Legalidad y fiscalización: La Contraloría General de la República y el Poder Judicial no existen para frenar el desarrollo, sino para garantizar que los recursos públicos no se utilicen arbitrariamente ni al margen de la ley.

El Estado de Derecho: En un Estado de derecho, el soberano es la ley, no la persona que ocupa la silla presidencial ni la masa que le aplaude en redes sociales.

La mayoría electoral es efímera y fluctuante. Quienes hoy aplauden el abuso de poder creyendo que la mayoría estará siempre de su lado, olvidan que las reglas que hoy permiten al oficialismo saltarse los controles son las mismas que mañana los dejarán indefensos ante futuros gobiernos.

Exigirle seriedad, apego a la ley y respeto institucional a un gobierno no es un acto de “desobediencia” ni de “bloqueo”, como pretende instalar el libreto populista; es el deber ciudadano más básico dentro de un régimen democrático. La verdadera lealtad patria no se le rinde a un caudillo con pies (y hasta la cara) de barro, se le rinde a las instituciones que garantizan nuestra libertad.

Los elegidos de ayer y de hoy

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez

Creerse elegido es la superstición requerida
para elegir después a los sacrificados en masa
Francisco Rodríguez, Alopecia, 2025.

Álvaro Vega Sánchez
Sociólogo

Los elegidos es el título de una serie difundida por Netflix que narra la experiencia de vida profundamente humana del Jesús histórico y sus discípulos. El tema de la elección es columna vertebral en la teología bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y hoy cobra vigencia particular, atendiendo al contexto geopolítico.

Abraham es elegido para crear un pueblo que sea de bendición a todas las naciones (Genesis 12:1-3), mientras que hoy el llamado pueblo elegido se ha convertido, emulando a los antiguos imperios, en maldición para las naciones, particularmente su vecino el pueblo de Palestina, víctima de una acción criminal devastadora. Un pueblo que pasó de ser víctima de uno de los principales genocidios históricos a convertirse en victimario.

Jesús es elegido por su Padre para instaurar un reino de paz y justicia y, a su vez, este elige a doce discípulos y algunas discípulas, como María Magdalena, para que continúen su misión, particularmente a favor de los empobrecidos y marginados de la tierra. Es una elección que conlleva un compromiso gratuito y generoso por la vida, para convertir a la humanidad en una hermandad de amor, justicia, paz y solidaridad.

La elección divina no es ningún privilegio que obedece a cualidades excepcionales de una persona o pueblo, es un acto de gracia; tampoco para ostentar y hacer alarde de poder y grandeza. Es, más bien, un llamado a defender y promover el derecho a la vida digna de todos los seres humanos, particularmente hacer justicia a los pobres, huérfanos, viudas, extranjeros e inmigrantes (Dt 10:18). Y por esa causa, los elegidos se convierten en víctima de aquellos poderes que buscan someter, excluir y discriminar; sufren persecución, exilio, sometimiento y muerte. En la película Violinista en el tejado, el protagonista en una escena dramática, donde el pueblo sufre el exilio, eleva su mirada al cielo y protesta ante Dios por haberles escogido como su pueblo: “Sé que nosotros somos tu pueblo elegido. Pero de vez en cuando, ¿no podrías elegir a otro?”.

En este sentido, resulta contradictorio cómo se ha revertido el comportamiento del Israel sionista de hoy, al considerarse el único elegido por Dios, y cuyo rostro es el de la arrogancia y prepotencia faraónica. Efectivamente, si ayer el faraón se resistía a la liberación del pueblo judío hoy es Israel quien se resiste a la liberación del pueblo palestino. También se ha convertido en una amenaza para la paz mundial, induciendo a otras naciones a que le acompañen en una guerra de sometimiento y exterminio.

Por su parte, vuelve con fuerza la doctrina del destino manifiesto bajo el actual gobierno de Donald Trump, que concibe a los Estados Unidos como nación elegida por Dios para llevar “democracia” y “libertad” a todos los pueblos, aunque ello implique doblegarlos por la fuerza a entrar en sus dominios imperiales. Apelar al mesianismo civilizador, como agente destinado a propiciar los ideales democráticos y libertarios, le ha servido para justificar las intervenciones con evidentes intereses geopolíticos, así como la apropiación de recursos y mercados estratégicos para expandir su dominio como potencia. Asimismo, se recicla la doctrina Monroe: “América para los americanos”, como contraparte a las nuevas propuestas del multilateralismo.

Una vez más, es utilizado el nombre de Dios para emprender y justificar la guerra de exterminio, por parte de dos naciones que han hecho alianza para ejercer un dominio absoluto en un mundo que más bien busca nuevas formas de poder geopolítico compartido, para convivir pacíficamente propiciando el bienestar y progreso de todos los pueblos de la tierra, sin exclusiones.

Se está utilizando “el nombre de Dios en vano”, es decir, el pecado de idolatría; el uso interesado del nombre de Dios o la creación y adoración de nuevos dioses-ídolos a imagen y semejanza de élites de poder que buscan legitimar sus intereses egoístas y espurios. Como bien señala el escritor José Saramago, «no es un dios, sino el “factor Dios » el que se exhibe en los billetes de dólar y que se muestra en los carteles que pide para América (la de los Estados Unidos, no la otra…) la bendición divina…Ha sido el “factor Dios”, ese que es terriblemente igual en todos los seres humanos donde quiera que estén y sea cual sea la religión que profesen, ese que ha intoxicado el pensamiento y abierto las puertas a las intolerancias más sórdidas, ese que no respeta sino aquello en lo que manda creer, el que después de presumir de haber hecho de la bestia un hombre acabó por hacer del hombre una bestia”.

El pueblo costarricense, con lucidez, inteligencia política y gran sensibilidad humana ha sabido ondear la bandera de la paz y la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Ganó reconocimiento y credibilidad internacional con la eliminación del ejército, la creación de áreas protegidas que salvaguardan una cuarta parte de su territorio, el acuerdo de paz en Centroamérica, la Proclama de Neutralidad ante conflictos armados internacionales, entre otras iniciativas. No debemos, bajo ninguna circunstancia, bajar esa bandera. Todo lo contrario, levantarla con más fuerza y valentía, convocando a la paz con justicia, la erradicación de todas las formas de violencia y la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Un no rotundo a las guerras por la conquista de recursos y poder geopolítico global.

Los pueblos libres, dignos y nobles están siendo desafiados a establecer un pacto global por la convivencia pacífica y la preservación del planeta. Un pacto que sea de bendición para todos los pueblos de la Tierra.

Lidiando con Washington: diplomacia y autodeterminación

Escrito en . Publicado en Análisis.

Álvaro Fernández González | Setiembre 2026

El encuentro de Xi Jinping con Donald Trump y los discursos de Trump, y del presidente de Irán y de la presidenta de Venezuela ante la ONU plantean una pregunta: ¿cómo lidiar con Washington sin renunciar a decidir el propio rumbo? La “estabilidad estratégica” convive con amenazas y acuerdos desiguales. Trump habló de “aniquilar” a Irán y reivindicó la operación estadounidense en Venezuela y el acceso posterior a su petróleo.

China tiene una capacidad económica y política que le permite negociar como gran potencia. Xi propuso cooperar, encauzar la competencia y gestionar las diferencias; también pidió reanudar las negociaciones con Irán. Beijing busca estabilidad para desarrollarse. Aquí la autodeterminación se expresa en poder dialogar, disentir y mantener opciones propias, sin que el otro dicte el desenlace.

Irán enfrenta una amenaza más inmediata. Masoud Pezeshkian defendió en la ONU la seguridad de su país y el uso pacífico de la tecnología nuclear, sin cerrar una salida negociada. Su firmeza recuerda que amenazar con destruir al interlocutor altera el sentido de la diplomacia. ¿Qué garantías permitirían negociar sin convertir la supervivencia en moneda de cambio?

Venezuela ensaya otra respuesta. Delcy Rodríguez agradeció la disposición de Trump a cooperar y destacó el acuerdo energético, a la vez que reclamó soberanía y ausencia de injerencia. La reconstrucción y el ingreso de recursos pueden hacer razonable negociar. Pero Trump presenta el petróleo como fruto de la victoria de las cañoneras. Importa entonces saber quién decide las ventas, administra los ingresos y puede revisar los compromisos. Una mejora económica no despeja el costo político del acuerdo.

Lidiar con Washington exige diplomacia; llamarla defensa de la autodeterminación requiere algo más.

La prueba está en el margen para rechazar exigencias, conservar socios y controlar los recursos, en las garantías frente a la fuerza y en la participación efectiva de cada pueblo en decisiones que comprometen su futuro.