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Sin consultar el diccionario

José Manuel Arroyo Gutiérrez

La realidad social obliga a la creatividad en el ámbito del lenguaje y las palabras. Cuando la inequidad, pobreza y exclusión crecen, y ya no podemos esconderlas debajo de las alfombras, una pléyade de conceptos nuevos se une a los tradicionales para dibujar un paisaje más exacto y variopinto de la sociedad en que vivimos.

Con el clásico de Víctor Hugo, los “miserables”, hemos nombrado a quienes, estando por completo desposeídos de bienes materiales y de fortuna, terminan perdiendo también la dignidad que debiera tener toda persona. Son los “desheredados” de la tierra –así llamados por la literatura sociológica contemporánea-. los que no han recibido nada y no dejarán nada a sus descendientes. En este grupo conceptual también se ubica el “limosnero”, con reminiscencias religiosas, o el tradicional “indigente”, que sobrevive de lo que buenamente le regalan o rebusca entre desechos.

En la tradición está de manera indiscutible el ropaje que medio-abriga a los desposeídos, con una legión de sinónimos: pordioseros, desarrapados, harapientos, y de seguro se me quedan otros términos similares en el tintero.

Otro orden de calificativos apela más bien al lugar o “topos” donde se ubica o deambula la persona. Aquí aparecen los “marginales”, es decir, los que viven en el margen del mundo, los que no están integrados al centro de convivencia, en fin, los que no logran sentarse a la mesa del reparto. Este concepto es hermano de quienes están “en situación de calle” por no tener dónde albergarse y, más recientemente, -en lo personal un descubrimiento- se habla de los “habituales” una mezcla de tener la costumbre de habitar en las calles y padecer alguna adicción.

Un último ejemplo de creatividad lingüística lo aporta la destacada filósofa española Adela Cortina, que introduce el término “aporofobia”, ese sentimiento, con frecuencia reflejado hasta en políticas públicas reaccionarias, que rechaza todo lo que huela a pobreza, ya sea nativa, o bien la que traen las inmigraciones en nuestros días. Es también la fobia que nos hace subir la ventana del automóvil ante la presencia de un indigente, el pasarnos de acera o el lavarnos compulsivamente ante el más mínimo roce con un ser humano de estos.

En todo caso estamos hablando del pobre, pobrísimo, paupérrimo que, en términos técnicos nos lleva a hablar de “porcentajes de pobreza”, gente “por debajo de la línea de pobreza” o gente “en pobreza extrema”. Los datos engendrados por el neo-liberalismo que campea, arrojan más del 20% (uno de cada cinco costarricenses) en situación de pobreza, un 6% de esa condición es extrema; con un ensanchamiento de la inequidad, medido por el Índice de Gini, que ya está alrededor del 0.6; y con una explosión de individuos en “condición de calle” al triplicarse su número en los últimos años. Ese ultra-liberalismo es la opción político/económica dominante, más allá de las tendencias autoritarias que hoy nos preocupan tanto, y que han cultivado desde hace cuatro décadas –cual más cual menos- todas las banderías políticas que nos han gobernado. Vinieron primero a privatizar, desregular, desaparecer la clase media y empobrecer a la población en general; ahora están aniquilando la democracia y el Estado Social de Derecho, si los dejamos.

El programa Alternativas transmitirá el 28 de agosto un panel sobre integración social y el papel de RENASES frente al autoritarismo

El Colectivo Reflexión-Acción invita a una nueva emisión del programa «Alternativas», bajo el título «¿Es la hora de la integración social para frenar el autoritarismo? ¿RENASES es la opción, qué propone?», a transmitirse el 28 de agosto de 2026, a las 6:00 p.m. (hora de Costa Rica), en vivo por Facebook Live, YouTube y Spotify.

RENASES es la Red Nacional de Sectores Sociales.

El panel invitado está integrado por:

  • Juvenal Cascante Araya, agricultor, maestro pensionado, expresidente del SEC (Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense), abogado y profesor de Derecho en la Universidad de San José.

  • Laura Rivera Alfaro, máster en Trabajo Social y licenciada en Derecho.

  • Guido Sibaja Fonseca, productor agroalimentario.

  • Cecilia Jiménez Arce, MSc en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México, licenciada en Sociología y Trabajo Social por la UCR, presidenta y fundadora de ACODEHU, fundadora de varios sindicatos y quien formó parte de la inscripción del Frente Popular.

El programa se transmite en alianza con emisoras amigas: Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución, 506 Ondas de Alajuelita y Radio Voces Libertarias 97.3 FM.

Alternativas se define como un espacio para «pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores», activo desde el 12 de enero de 2020.

Declaratoria de secretos de Estado y su naturaleza jurídica: ¿un cheque en blanco para el Poder Ejecutivo?

La Asociación Americana de Juristas, Rama Costa Rica le invita a la mesa redonda virtual:
«Declaratoria de Secretos de Estado y su naturaleza jurídica: ¿un cheque en blanco para el Poder Ejecutivo?»

Joan Vintró Castells y Rodolfo Brenes Vargas conversarán sobre los alcances jurídicos de la declaratoria de secretos de Estado, sus límites y mecanismos de control, así como la tensión entre la protección de información sensible, el derecho de acceso a la información pública y los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Una oportunidad para reflexionar sobre una pregunta fundamental: ¿hasta dónde puede llegar la potestad del Poder Ejecutivo para declarar información como secreta?

Evento abierto al público

📅 3 de septiembre de 2026

🕙 10:00 a. m. – Costa Rica | 6:00 p. m. – España

💻 Vía Microsoft Teams

ID de la reunión: 937 387 052 960 6

Código de acceso: 3TH7dH

La presencia del sector agropecuario en el Plan Nacional de Desarrollo 2027-2030: metas e inversión limitada frente a un sector en crisis

German Masís

El martes reciente el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, presentó el Plan nacional de Desarrollo e Inversión pública 2027-2030, denominado Braulio Carrillo, que según el documento “se erige como la hoja de ruta estratégica mediante la cual el mandato democrático otorgado a la Administración Fernández Delgado se traduce en 8 Metas Nacionales, 50 Metas Sectoriales y más de 240 metas de Intervenciones Públicas” (Plan Nacional de Desarrollo, 2026, p.16)

Una revisión del apartado del Plan Nacional dedicado al Sector Agropecuario y una valoración de los alcances de los objetivos y metas en términos del desarrollo de este sector, permite determinar lo siguiente:

En el Plan se han incluido 3 Metas sectoriales, es decir el 6% de las metas sectoriales totales, 15 Metas de inversión pública, que representan también un 6 % de las metas de inversión totales y no hay metas sectoriales desagregadas regionalmente.

La Inversión total en la ejecución de las metas y objetivos en el sector agropecuario asciende a ₡ 670 786 043 734,91, alrededor de un 11,5% de la inversión total en el plan de Desarrollo.

Las metas sectoriales son:

Incrementar la oferta productiva agropecuaria dirigida hacia los mercados internacionales para la exportación agrícola, pecuaria y la industria agroalimentaria.

La meta es aumentar el Monto de exportaciones agropecuarias en dólares en 597,198,548 entre el 2027 y el 2030.

Incrementar la productividad del Sector Agropecuario y la generación del empleo, mediante el apoyo institucional a través de la innovación y desarrollo de capacidades.

La meta es aumentar la Productividad laboral anual en colones en 2,088,742 en el período

Promover la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en las fincas agropecuarias aplicando el modelo NAMA para mejorar el desempeño productivo y ambiental del sector agropecuario.

La meta es captar y mitigar 9,976 Toneladas más de CO2 entre 2027 y 2030.

Por su parte las metas de inversión pública en el sector están ligadas a varios ejes y programas tales como:

En Abastecimiento Institucional, cuyo objetivo es:

Fortalecer las capacidades productivas, comerciales y de gestión de los Productores Primarios Base (PPB) del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), a fin de incrementar su nivel de impacto y participación en los encadenamientos de abastecimiento institucional.

Indicador

La Inversión en este eje será de: 402,933.000.000 financiado con Recursos ordinarios del CNP.

En Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, el objetivo es:

Generar conocimiento científico y tecnológico para contribuir a la competitividad, funcionalidad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios.

La Inversión será de ₡710 494 699,00 financiado con Recursos ordinarios del MAG-INTA

En Producción Sostenible el objetivo es:

Desarrollar modelos de producción sostenibles en fincas ganaderas y agrícolas mediante la implementación de prácticas y tecnologías adaptadas a cada sistema productivo con el fin de mejorar la eficiencia productiva, reducir el impacto ambiental y resiliencia frente al cambio climático

La Inversión es: ₡233 600 000,00, financiada con Recursos ordinarios MAG-Extensión agropecuaria.

En el Programa Nacional de Control de Calidad de Semillas, el objetivo es:

Fortalecer la producción de semilla para asegurar la disponibilidad de semilla de calidad, mediante el incremento de variedades y del volumen producido.

La inversión será de 1,167,944,787 financiada con Recursos ordinarios MAG y la Oficina nac de Semillas.

En el Programas de Buenas Prácticas Agrícolas, el objetivo es:

Verificar los residuos de plaguicidas en vegetales frescos de producción nacional y productos de importación y exportación para proteger el ambiente y la salud humana con alimentos inocuos.

La inversión es de ₡2 381 438 320,00 000 financiada con recursos ordinarios MAG-Sistema Fitosanitario del Estado.

En el Impulso a la Estrategia de agricultura de precisión en los territorios rurales, el objetivo es:

Impulsar la ejecución de proyectos de agricultura de precisión para la reducción de uso de químicos, plaguicidas y aumento de la producción con uso de tecnología control del recurso hídrico y fertilizantes.

La inversión es de: ₡767 000 000,00, financiada con Recursos del INDER.

En el Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras, el objetivo es:

Impulsar el desarrollo socioeconómico en la región Chorotega a través del incremento en la disponibilidad hídrica en la margen derecha del río Tempisque,

La inversión en este eje es ₡260 641 547 940,00, financiada con Recursos del SENARA préstamo BCIE

En Servicios eficaces y eficientes asociados a la sanidad vegetal y salud animal, es:

Ampliar la cobertura del sistema nacional de vigilancia de resistencia antimicrobiana en sistemas productivos agropecuarios autorizados, para la protección de la salud pública, la sanidad animal y la inocuidad alimentaria.

La Inversión en este eje es: ₡98 157 484,00 financiada con Recursos ordinarios MAG-SENASA

En el Desarrollo de la Maricultura sostenible en Costa Rica, el objetivo es:

Impulsar el desarrollo sostenible de la maricultura en Costa Rica, fomentando la producción de recursos marinos.

La Inversión es: ₡127 000 000,00, financiada con Recursos INCOPESCA-Cooperación Española

En el Programa de inserción de grupos de mujeres y jóvenes de la zona rural, al sector agro productivo, el objetivo es:

Generar emprendimientos productivos para mujeres y jóvenes de la zona rural agrupadas en clubes 4S, con el propósito de lograr su inserción efectiva en el sector agroproductivo o en actividades alternativas.

La Inversión es: ₡320 000 000,00, financiada con Recursos ordinarios MAG CONAC 4-s

Como se puede observar se trata de un conjunto de metas, que se centra sobre todo en el tema de Productividad y Sostenibilidad, con componentes de producción sostenible, de semillas de calidad, de buenas prácticas agrícolas, el manejo agroquímicos, la sanidad animal y un componente nuevo de agricultura de precisión, que es tal vez el único componente de modernización agrícola.

Se introducen componentes adicionales como el de acceso al agua en Guanacaste, que es retomado del proyecto del agua que había sido financiado hace varios años y que ha avanzado poco en su ejecución, el del programa de Abastecimiento institucional en el área de comercialización y el componente de apoyo a la incorporación de jóvenes y mujeres en la agricultura, un tema novedoso a futuro. Sobre el financiamiento de las acciones y metas incluidas en el Plan es claro que provienen en su mayoría de los fondos ordinarios del MAG, algo del INDER y del CNP y no hay ninguna asignación adicional de recursos ni financieros, ni tampoco técnicos.

La revisión efectuada permite, detectar la ausencia de metas en temas claves para la recuperación y fortalecimiento del sector, como el tema del desarrollo agroindustrial y agregación de valor, el de alternativas de comercialización, el del financiamiento agropecuario, el de los seguros agrícolas, el de capacitación técnica y el de la seguridad alimentaria, demasiadas carencias frente a un sector con serios problemas estructurales y abandonado por la institucionalidad pública desde hace varias décadas

Pese a lo mencionado las metas y objetivos incorporados, pretenden enfrentar los desafíos que el mismo plan señala y cuyas dimensiones son el resultado del rezago del sector agropecuario durante de varias décadas. Ellos son:

Fortalecimiento de la productividad, competitividad y generación de valor agregado

Reducción de la vulnerabilidad del Sector Agropecuario frente al cambio climático

Disminución de las disparidades territoriales y sociales, mediante la generación de empleo de calidad, la inclusión productiva

Fortalecimiento de las oportunidades para mujeres y personas jóvenes en el medio rural.

Enormes desafíos, para los limitados alcances de las metas y recursos del Plan.

El Plan a su vez, aporta un diagnóstico sectorial, que menciona algunas las debilidades tanto a nivel macro como micro del sector, resultado de una transformación que sitúa al agro, como una actividad secundaria que ha visto reducirse dramáticamente su papel en la economía, en la generación de empleo y en la producción de alimentos.

Señala “en términos macroeconómicos, que la participación relativa del sector en el PIB nacional se redujo de 4,0% a 3,6%, aunque el sector mantiene una balanza comercial superavitaria y una participación relevante en la generación de divisas.

A nivel microeconómico, indica que la población ocupada disminuyó en 8,2%, pasando de 217 104 a 199 248 personas (INEC), lo que refleja procesos de ajuste productivo, migración hacia otros sectores y cambios en la composición de la fuerza laboral.

En el ámbito socioeconómico, si bien los indicadores de pobreza han mejorado a nivel nacional, existen diferencias entre zonas urbanas y rurales. En 2025, la pobreza rural (19,3%) y la pobreza extrema (5,5%) superan las registradas en zonas urbanas (13,6% y3,1%, respectivamente), lo que evidencia condiciones de mayor vulnerabilidad en los territorios rurales.

Además, afirma que persisten situaciones estructurales que requieren atención estratégica como la participación de las mujeres en el empleo agropecuario continúa siendo limitada (alrededor del 13,6%) y se mantienen diferencias en los niveles de ingreso por sexo. Asimismo, se evidencia una disminución en la participación de población joven, lo que plantea desafíos importantes en términos de relevo generacional y sostenibilidad futura del sector.

Asimismo, el sector enfrenta una alta vulnerabilidad frente al cambio climático, lo que incide en la estabilidad de la producción y en los ingresos de las personas productoras. En este contexto, resulta necesario avanzar hacia sistemas productivos más resilientes, sostenibles y eficientes en el uso de recursos”. (Plan Nacional de Desarrollo, 2026, p.104)

No obstante, pese a las debilidades y vulnerabilidades apuntadas, el diagnóstico pretende brindar un panorama optimista al mencionar que, “el sector evidencia una evolución positiva en un contexto desafiante y que el agro mantiene una base productiva sólida, que enfrenta el reto de acelerar su crecimiento relativo mediante mayor valor agregado, innovación y diversificación productiva”.

Así mismo, el diagnóstico presenta como válidos argumentos alejados de la realidad de la mayoría de los productores de diferentes actividades productivas, como la afirmación de que “las condiciones de costos de producción muestran una mejora significativa, por la disminución entre 2022 y 2025, en los precios de insumos como fertilizantes, agroquímicos y alimentos concentrados, destacando la caída del 57,5% en el precio de la urea, disminución que contribuye a mejorar la rentabilidad de las unidades productivas, aunque el sector continúa expuesto a la volatilidad de los mercados”, argumento a la postre erróneo y desactualizado, y que marca una condición diametralmente opuesta en la actualidad.

Tampoco acierta el diagnóstico, con respecto a la evolución del agro como actividad económica, al establecer que entre 2022 y 2025, el Producto Interno Bruto Agropecuario creció aproximadamente 4,5%, lo que confirma una recuperación sostenida de la actividad productiva. Este crecimiento se acompaña de un incremento del 13,6% en el Índice Mensual de Actividad Agropecuaria (IMAGRO), reflejando una expansión general de la producción, particularmente, en actividades pecuarias y de apoyo” (Idem, PND,pag103), crecimiento que en los últimos dos años ha sido negativo del -2%, mientras que el IMAGRO ha fluctuado constantemente con crecimientos negativos en varios meses, que ha hecho pensar en una recesión del sector.

Por el contrario, la realidad de la producción agroalimentaria nacional, es mucho más compleja y angustiante para muchos agricultores, como han reconocido productores y autoridades en diferentes regiones, el sector agrícola de Costa Rica enfrenta una de las crisis más graves de la última década, factores climáticos extremos, el avance de plagas y enfermedades, así como el aumento de los costos de producción(y de las importaciones), han puesto en riesgo la estabilidad de familias dedicadas a la agricultura y la ganadería, a lo que se suma que el fenómeno del Niño ha impactado de forma desigual diferentes zonas productivas(Infobae,14-6-2026.)

Frente a esa realidad del sector, el Plan Nacional de Desarrollo ofrece una propuesta limitada e insuficiente en sus metas, acciones y recursos y poco comprometida con el mejoramiento de las condiciones productivas, tecnológicas, comerciales, financieras y de los medios de vida que requieren los agricultores, sus familias y el medio rural.

Costa Rica en la era multipolar: oportunidades y desafíos

Álvaro Fernández González

Costa Rica no puede seguir discutiendo su relación con China y Estados Unidos como si el mundo continuase dividido en dos bloques antagónicos, siguiendo la visión maniquea de la Doctrina Monroe y el Corolario Trump.

Esa visión pertenece al pasado. El siglo XXI está configurando un escenario multipolar donde la capacidad de los países para prosperar dependerá de su inteligencia estratégica, de su soberanía tecnológica y de su habilidad para diversificar alianzas sin renunciar a sus propios intereses.

El verdadero riesgo no es cooperar con China o mantener una relación estrecha con Estados Unidos. El riesgo consiste en carecer de un proyecto nacional y dejar que otros definan nuestras prioridades.

Un país sin estrategia termina adaptándose a las decisiones ajenas, mientras desperdicia oportunidades para fortalecer su economía, su ciencia, su educación y su capacidad de innovación.

La irrupción de las nuevas derechas también interpela a la oposición democrática. No bastará con denunciar los excesos del gobierno o defender las instituciones heredadas.

Si el Pacto Patriótico aspira a convertirse en una alternativa creíble, deberá ofrecer una visión de futuro capaz de responder a las demandas de una sociedad marcada por la desigualdad, la incertidumbre y el cambio tecnológico.

La ciudadanía espera propuestas que fortalezcan la democracia, impulsen un nuevo modelo de desarrollo y sitúen a Costa Rica en mejores condiciones para enfrentar la competencia global.

La historia demuestra que el país ha sabido reinventarse en momentos decisivos. Hoy enfrenta uno de ellos.

La pregunta ya no es si debemos mirar hacia Washington o hacia Beijing.

La pregunta es si tendremos la voluntad de construir un proyecto nacional que dialogue con ambos desde la soberanía, el conocimiento y la confianza en nuestras propias capacidades.

En un mundo que cambia aceleradamente, la mayor amenaza no es la multipolaridad. Es la falta de visión para comprenderla y actuar en consecuencia.

El reconocimiento por parte de Colombia de la soberanía de Israel en los Altos del Golán (territorio sirio ocupado): algunas reflexiones

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público
Facultad de Derecho UCR
nboeglin@gmail.com

El pasado 10 de agosto, mediante un comunicado oficial (véase texto), Colombia optó por reconocer formalmente la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán.

Como bien se sabe, se trata de un territorio de Siria que Israel ocupa de manera ilegal desde 1967, y que incorporó formalmente a su territorio en 1981. Desde entonces, en un sinfín de resoluciones, tanto del Consejo de Seguridad (véase resolución S/Res/497(1981) adoptada por unanimidad), como de la Asamblea General de Naciones Unidas, así como de otras organizaciones internacionales y regionales, se ha reiterado que Israel no posee ningún título jurídico válido sobre este territorio, que tiene la obligación de devolver los Altos del Golán a Siria y que ningún Estado debería reconocer la titularidad israelí sobre este territorio.

La precitada resolución del Consejo de Seguridad de diciembre de 1981 señala que el Consejo:

«Reafirmando que la adquisición de territorio por la fuerza es inadmisible con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, los principios del derecho internacional y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad,

1. Resuelve que la decisión Israel de imponer sus leyes, su jurisdicción y su administración al territorio sirio ocupado de las Alturas del Golan es nula y sin valor y no tiene efecto alguno desde el punto de vista del derecho internacional;

2. Exige que Israel, la Potencia ocupante, revoque su decisión de inmediato«.

Además de Siria (véase comunicado oficial), al igual que varios Estados en Oriente Medio entre los cuales podemos señalar a Arabia Saudita (véase comunicado) y a Catar (véase comunicado), Turquía manifestó su reprobación al anuncio hecho por Colombia (véase comunicado oficial del aparato diplomático turco). De igual manera se manifestó la Organización para la Cooperación Islámica (véase comunicado), ante lo que constituye una verdadera provocación de Colombia para con el mundo árabe y la comunidad musulmana como tal. Al respecto no queda muy claro si las nuevas autoridades de Colombia han sopesado las desventajas que podría ocasionarles, en sus relaciones con el mundo árabe, esta sorprendente decisión.

Es de precisar que el comunicado oficial de Colombia del pasado 10 de agosto señala en su parte final que se asumieron compromisos con Israel pocos días antes, al indicar que:

«Este comunicado se publica de acuerdo al compromiso adquirido por ambas naciones, el pasado sábado 8 de agosto«.

Salvo error de nuestra parte, no se ha tenido mayor aclaración sobre el «compromiso adquirido por ambas naciones» y sería de gran utilidad conocerlo en detalle, en particular lo recibido por Colombia a cambio.

No está de más recordar que desde el 1ero de mayo del 2024, Colombia había suspendido sus relaciones diplomáticas con Israel (véase comunicado oficial) en señal de profundo repudio por las exacciones de todo tipo cometidas por Israel en Gaza. En el precitado comunicado de mayo del 2024, se lee que:

«Colombia no puede ser cómplice ni guardar silencio manteniendo relaciones diplomáticas con un gobierno que se comporta de esa manera y enfrenta tan graves acusaciones de la comisión de un genocidio, crímenes de guerra y violaciones al Derecho internacional Humanitario.

Colombia tampoco puede ser indiferente al enorme e indescriptible sufrimiento humano que esto causa, por lo cual el presidente Gustavo Petro ha anunciado la decisión de romper relaciones diplomáticas con Israel a partir del 2 de mayo«.

Mapa extraído de esta nota de la BBC del 13 de agosto del 2026 titulada «Cuál es la importancia de los Altos del Golán y por qué es polémico que Colombia reconozca la soberanía israelí sobre ellos».

Una breve aproximación jurídica

La ilegalidad de la situación que persiste desde 1981 en los Altos del Golán proviene del hecho siguiente: los Altos del Golán fueron adquiridos por Israel mediante el uso la fuerza en 1967.

Desde 1945, la normativa internacional prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones entre Estados soberanos, y el corolario a esta regla fundacional de Naciones Unidas, es el no reconocer adquisiciones territoriales realizadas recurriendo al uso de la fuerza: de ahí, por ejemplo para citar un caso reciente, que muy pocos Estados reconocen la soberanía de Rusia sobre los cuatro «oblast» o territorios ucranianos, incorporados formalmente al territorio ruso en el 2022; y que pocos son los Estados que reconocen la soberanía de Rusia sobre la península de Crimea (territorio ucraniano) desde que Rusia la «adquirió» ilegalmente en el 2014 mediante una operación denominada «hombres vestidos de verde» (véase artículo de la BBC de marzo del 2014) seguida de una supuesta «consulta popular» que arrojó una sospechosa cifra de 95,5% de votantes a favor de pertenecer a Rusia (véase nota de The Guardian).

Es tal la importancia de esta norma desde 1945, que en este artículo publicado en el 2024 en el sitio jurídico especializado EJIL-Talk y titulado «Is the Prohibition of Forcible Annexations of Territory a Jus Cogens Norm?«, dos especialistas sostienen que la prohibición de la adquisición de un territorio mediante el uso de la fuerza constituye una norma imperativa de derecho internacional general (una categoría de norma más conocida como «regla de jus cogens«).

En julio del 2024, en su opinión consultiva relacionada al carácter ilegal de la ocupación y de la colonización por parte de Israel del territorio palestino ocupado (véase texto integral), la Corte Internacional de Justicia (CIJ) recordó (véase párrafo 179 de la opinión consultiva) que:

«179. La Cour a conclu que les politiques et pratiques israéliennes équivalaient à l’annexion de vastes parties du Territoire palestinien occupé. Elle estime que le fait de tenter d’acquérir la souveraineté sur un territoire occupé, ainsi que cela ressort des politiques et pratiques adoptées par Israël à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, est contraire à l’interdiction de l’emploi de la force dans les relations internationales et à son corollaire, le principe de non-acquisition de territoire par la force».

.. / ..

179. The Court has found that Israel’s policies and practices amount to annexation of large parts of the Occupied Palestinian Territory. It is the view of the Court that to seek to acquire sovereignty over an occupied territory, as shown by the policies and practices adopted by Israel in East Jerusalem and the West Bank, is contrary to the prohibition of the use of force in international relations and its corollary principle of the nonacquisition of territory by force».

En otras palabras, la prohibición de la adquisición de territorio mediante el uso de la fuerza y la prohibición del uso de la fuerza constituyen dos caras de la misma regla básica que impera desde 1945 dentro del ordenamiento jurídico internacional: aplica para el territorio ocupado por Rusia en Ucrania desde el 2022, para el territorio palestino que ocupa Israel desde 1967, así como para la ocupación israelí en los Altos del Golán.

Al proceder con este reconocimiento, Colombia se convierte en el primer Estado de América Latina en reconocer formalmente la soberanía de Israel en este territorio ocupado de Siria: lo cual debería de plantear algunas interrogantes muy válidas sobre las intenciones de sus nuevas autoridades con relación a muchas otras reglas vigentes en el ordenamiento jurídico internacional.

En cuanto al posible alineamiento de las posiciones de Colombia con las Israel en Naciones Unidas, es muy probable que se verifiquen a partir del próximo mes de septiembre, al iniciarse la Asamblea General de Naciones Unidas; así como con otras iniciativas tendientes a satisfacer excitativas israelíes y norteamericanas relacionadas a su campaña conjunta en contra de la Corte Penal Internacional (CPI), así como en contra la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el territorio palestino ocupado, la jurista italiana Francesca Albanese.

Una comunidad internacional coherente y consistente frente a unos pocos incoherentes

En diciembre del 2025, la resolución anual condenando la ocupación israelí de los Altos del Golán (véase texto) fue aprobada con una abrumadora mayoría en la Asamblea General de Naciones Unidas con 123 votos a favor y únicamente 7 en contra: a saber, Estados Unidos, Israel, Micronesia, Palau, Papua Nueva Guinea, Paraguay y Tonga. Se remite al detalle de la votación en este enlace oficial de Naciones Unidas. En toda lógica, deberíamos observar en este 2026 a Colombia aparecer en este grupo ultra minoritario que Estados Unidos e Israel logran usualmente reunir en votaciones sobre Palestina, y más generalmente sobre las exacciones de todo tipo de Israel, que condena con frecuencia el órgano plenario de Naciones Unidas (Nota 1).

Nótese que en el 2024, el mismo ejercicio en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas (véase texto de la resolución) registró 97 votos a favor y 8 en contra (véase nota de prensa de la agencia de noticias turca Anadolu).

En el 2023, fueron esta vez 151 los Estados votando a favor de la resolución A/Res/78/77) y tan solamente dos previsibles votos en contra: los de Estados Unidos y de Israel (véase detalle del voto en este enlace oficial de Naciones Unidas).

A la pregunta natural que pueda surgir al notar dos únicos votos en contra:

«¿Se habrá observado sobre este punto particular de la agenda internacional, un aislamiento tan evidente de Israel y de su incondicional aliado norteamericano (usualmente muy hacendosos para obtener los votos de algunos Estados isleños del Pacífico para maquillar su profunda soledad)?»

la respuesta es la siguiente: en el año 2016, la oposición al texto se redujo en Naciones Unidas a un solo voto en contra (Israel), mientras que la delegación de Estados Unidos optó por registrar su voto con las demás abstenciones (15), la resolución A/RES/71/99 obteniendo 163 votos a favor (véase detalle de la votación del 2016 en este enlace oficial de Naciones Unidas).

Cabe señalar que el único Estado en el mundo en reconocer formalmente la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán es Estados Unidos. Este reconocimiento no lo había hecho ningún Presidente de Estados Unidos antes del 25 de marzo del 2019: véase al respecto esta nota oficial de la Casa Blanca, la cual es firmada por el que fuera entonces Presidente de Estados Unidos y que ha vuelto a serlo desde el 20 de enero del 2025. Remitimos a nuestros estimables lectores al análisis que entonces publicamos en el 2019 (Nota 2).

A modo de conclusión

Con este insólito reconocimiento, las nuevas autoridades electas de Colombia confirman ser parte de lo que podríamos denominar las «fichas útiles» de Israel (y de Estados Unidos) en América Latina, que buscan erosionar las reglas más básicas del ordenamiento jurídico internacional: recientemente, por ejemplo, Estados Unidos e Israel lograron que Argentina los acompañara para cuestionar la prohibición de la tortura (Nota 3).

En la precitada votación de diciembre del 2025 sobe los Altos del Golán (cuyo detalle está disponible en este enlace oficial), únicamente Paraguay votó en contra, Argentina (otra ficha muy útil de Israel desde diciembre del 2023) optando por abstenerse.

No está de más referir a la «época dorada» entre Israel y Colombia vaticinada por el jefe de la diplomacia israelí al llegar a Colombia para asistir personalmente a la toma de posesión de las nuevas autoridades, en el mes de agosto pasado (véase nota de prensa de Demócrata): fue tal la premura por complacer a Israel que a penas 48 horas después de clausurarse la ceremonia oficial de toma de posesión (un viernes), Colombia procedió a reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán (un lunes) con un «tweet» enviado a media mañana del mismo día (véase tweet).

– Notas –

Nota 1: A modo de ejemplo, cuando en noviembre de 2012 la Asamblea General reconoció a Palestina como «Estado Observador No Miembro«, se adoptó la resolución A/Res/67/19 con 138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones. Entre los votos en contra acompañaron a Estados Unidos y a Israel: Canadá, Islas Marshall, Micronesia, Palau, Panamá, Nauru y República Checa (véase comunicado oficial de Naciones Unidas). De forma similar (9 votos en contra), en una votación sobre la obligación de no trasladar embajadas a Jerusalén que tuvo lugar en 2017, reuniéndose 128 votos a favor (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). Esta curiosa «coalición» según el término utilizado por el Washington Post en el 2012 (véase artículo) se expresó también en 2021, durante la votación de la resolución A/RES/76/225 (véase texto), con sus 7 votos en contra, frente a 156 votos. Este núcleo duro puede a veces verse algo reducido: una de las expresiones más modestas en número de votos de la llamada «coalición anti Palestina» (4 votos: Estados Unidos, Israel, Islas Marshall y Micronesia) es, sin duda, esta resolución votada en octubre de 2003 sobre la construcción del muro construido por Israel, adoptada con 144 votos a favor y 4 en contra (véase el comunicado oficial de Naciones Unidas).

Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Atentando contra una regla esencial en derecho internacional: a propósito de la reciente decisión de Estados Unidos sobre los Altos del Golán«. 27 de marzo del 2019, disponible en este enlace.

Nota 3: El 20 de noviembre del 2025, se votó la resolución trienal en el seno de la Comisión de la Asamblea General, que reafirma la prohibición de la tortura y de los malos tratos (véase texto de la resolución). Por primera vez en los últimos decenios, en vez de adoptarse por consenso, se solicitó un voto en el que se contabilizaron un total de 169 Estados votando a favor y … votaron en contra Argentina, Estados Unidos e Israel. De estos tres Estados, únicamente Estados Unidos procedió a explicar su voto en contra, con argumentos risibles si no se tratara de un tema tan grave (véase texto). Este detalle (véase recuadro) de la votación merecía, en nuestra modesta opinión, una mención en diversos medios informativos: mucho más llamativo resulta el hecho que haya pasado totalmente desapercibido en la prensa internacional y que muchas salas de redacción omitieran toda referencia a este intento por erosionar una regla internacional fundamental en materia de protección de los derechos humanos. ¿Realmente ya no interesará a nadie que haya Estados objetando de manera tan desvergonzada la prohibición absoluta de la tortura y de los tratos inhumanos, crueles o degradantes?

UCR recomienda aprobar proyecto sobre vedas pesqueras, pero pide fortalecerlo con ciencia y mecanismos de control

A pesar de que la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa aprobó el pasado 13 de agosto una moción para no consultar al Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) de la Universidad de Costa Rica (UCR) el proyecto de ley sobre sostenibilidad social durante los períodos de veda pesquera, la Universidad ya emitió su criterio técnico sobre la iniciativa y recomienda su aprobación.

El proyecto, expediente N° 25.603, busca reformar la Ley de Pesca y Acuicultura para ampliar el acceso a compensaciones económicas para las personas pescadoras que vean afectados sus ingresos durante los períodos de veda, sin que el otorgamiento dependa exclusivamente de su condición socioeconómica.

El criterio del CIMAR, solicitado por la Universidad, expresa una conformidad general con la iniciativa, pero advierte que el proyecto debe incorporar mayores elementos científicos, técnicos y de seguimiento para garantizar que las medidas propuestas contribuyan efectivamente a la sostenibilidad de los recursos pesqueros y al bienestar de las comunidades que dependen de esta actividad.

Entre las recomendaciones planteadas se encuentran fortalecer la fundamentación del proyecto mediante estudios científicos, estadísticas y evidencia empírica; establecer criterios más claros para la aplicación y control de los mecanismos previstos; precisar el financiamiento destinado a investigación; garantizar que los estudios sean realizados por personal con experiencia técnica pertinente; promover medios de vida alternativos para las comunidades pesqueras; y establecer mecanismos de monitoreo y evaluación sobre el estado de las poblaciones explotadas y los niveles de pesca ilegal.

El CIMAR también recomienda mejorar los sistemas de información sobre capturas, subsidios y personas beneficiarias, así como fortalecer el monitoreo, control y fiscalización durante las vedas.

Con base en este criterio técnico, el Consejo Universitario de la UCR acordó recomendar la aprobación del proyecto de ley, siempre y cuando se incorporen las observaciones y recomendaciones formuladas por el CIMAR.

La posición de la Universidad contrasta con la decisión adoptada por la comisión legislativa, que, según informó el Semanario Universidad, aprobó una moción para excluir la consulta al principal centro universitario especializado en investigación marina del país. Paradójicamente, mientras se optó por prescindir formalmente de esta consulta, el CIMAR ya había producido un criterio técnico que no rechaza la iniciativa, sino que plantea condiciones para mejorarla.

Para la UCR, apoyar la iniciativa no significa aprobarla sin modificaciones. Por el contrario, la atención a las necesidades económicas de las comunidades pesqueras debe ir acompañada de evidencia científica, mecanismos de control, investigación y políticas que garanticen la sostenibilidad de los recursos marinos. En un contexto de deterioro de las pesquerías nacionales, estas condiciones resultan fundamentales para que una política de compensación social no termine desvinculada de la recuperación y conservación de los ecosistemas y recursos de los que dependen las propias comunidades pesqueras.

Asociación Costarricense de Escritoras invita al Festival «Grito por la Paz» el 1 de setiembre en San Pedro

La Asociación Costarricense de Escritoras (ACE), en colaboración con la Comunidad Buen Vivir Costa Rica y con Bernal Monestel, del restaurante Mundo Loco, invita al Festival «Grito por la Paz: Mujeres de la ACE», un espacio donde, según señalan las organizadoras, «la palabra se levanta, denuncia y afirma la vida».

La actividad se realizará el lunes 1 de setiembre, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., en Mundo Loco, ubicado en San Pedro, calle principal, casi frente al Banco Popular.

Participan como narradoras y poetas: Adriana Hidalgo, Claire de Mezerville López, Elliette Ramírez, Laura Contreras, Laura Vásquez, Leda Cavallini, Julia Hernández, Marta Rojas Porras, Rocío Mylene Ramírez, Elena Monge, Isabel Falla y Shirley Ruiz Monge, esta última como invitada por Buen Vivir. También participa la escritora Anacristina Rossi.

La música estará a cargo de la cantautora Guadalupe Urbina y de la violinista Amanda Araya Vásquez.

Se solicita confirmar asistencia al 8865-7002, con Marta Rojas Porras.

Estar ahí – crónica

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Al pensar en escribir esta crónica me doy a la tarea de buscar evidencia audiovisual que complemente mi observación, realizada al mediodía del viernes 21 de agosto en el propio pretil de la Universidad de Costa Rica.

Mientras hago la búsqueda, doy con un zafarrancho grabado en una actividad festiva en el centro del país. Una batalla campal que involucraba hombres adultos y policías. Todos trenzados en golpes, patadas, insultos. Se volvió viral.

Mientras observo el material, vuelvo a la mañana del 21 de agosto y la pregunta que me hago es si son comparables ambas “batallas” y si habría que buscar entonces otra forma de denominar eso que se ha dado en llamar en español “la batalla de aura”, traducción libre y conveniente del inglés “aura farming”.

¿Por qué estuve allí justo a esa hora?

Fui convocado a la segunda reunión de la recién creada Red Interuniversitaria en Movilidades Humanas (RIMHU), que aglutina diferentes profesionales trabajando en este tema. La reunión se celebraría en las instalaciones del recordado Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) ubicadas en el Campus de la Universidad de Costa Rica, en San Pedro de Montes de Oca.

Debo reconocer que mi viaje al pasado fue inmediato. Al cruzar la Plaza 24 de abril se me activó en la memoria los vivos recuerdos de las jornadas de lucha por el presupuesto de la educación superior pública en 1991 y las largas horas de clase y estudio en sociología, en el antiguo edificio de la Facultad de Ciencias Sociales.

Todo eso mezclado con la emoción de una extraordinaria sesión de trabajo en la que delineamos los primeros bosquejos de una figura que propone incidencia y acompañamiento en el tema de las movilidades humanas en Costa Rica.

Al salir de la reunión me dispuse a volver al camino que me llevara de vuelta a los recuerdos. Al cruzar de nuevo la 24 de abril noto y escucho un intenso barullo cercano. Mi percepción me lleva a voltear inmediatamente la mirada hacia el Edificio de Estudios Generales, convertido en una inmensa tribuna con sus dos pisos superiores abarrotados de espectadores, a los que la altura les daba un lugar privilegiado en la observación.

Camino unos pasos más y me encuentro con un redondel humano improvisado, a un costado de las tribunas que se levantan expectantes. El barullo proviene de una voz colectiva que reacciona y traduce la emoción: del rechazo a la aprobación, todo en cuestión de segundos. No veo violencia, no noto inseguridad en la actividad. Veo juego, expresión y un espacio abierto dispuesto para el encuentro.

(Pienso en el video del zafarrancho y vuelvo a preguntarme por el correcto nombrar de las cosas como un acto político)

Trato de inmiscuirme entre el grupo. No tengo éxito. Trato de erguirme lo más que puedo para mirar al interior del redondel, lo que ocurre allí.

Lo que logro observar, son tres o cuatro jóvenes protagonistas de la contienda de turno. Es cierto que los gestos son lo importante, pues con ellos se logra la aprobación-desaprobación del colectivo. Entre líneas leo-veo actitudes, expresiones, reacciones corporales y gestuales.

Trato de mirar y sentir lo más que puedo, cuando al lado dos jóvenes se colaboran levantando uno al otro en sus hombros. Ahora los privilegiados son ellos. Aprovechando el momento de apoteosis, le solicito al “de arriba” que tome unas fotos con mi teléfono. No sé en qué momento logró cerca de 10 imágenes. – “le tomé algunas”- me dice mientras sigue con su vista fija en el centro del redondel.

Estar ahí, en ese momento, me confirma varias reflexiones y apuntes hechos de previo: se trata de un juego. Dicho esto, me permito recordar que para nuestras generaciones jóvenes fue pulverizada la noción de futuro y es el presente el que ahora es incierto. Por eso las posibilidades de ser, en estos momentos, deben considerar “el derecho al delirio”, al decir de Eduardo Galeano. Jugar en estos tiempos y de la forma que lo hacen, debe ser considerado una estrategia de resistencia contra la inmovilidad y la aprehensión del presente.

La otra reflexión que me surge es de naturaleza conceptual: lo que observo es una acción de presentación del yo, de acuerdo con Erving Gofman. Entonces me pregunto qué condiciones distancian estas competencias a todas luces formadoras de una colectivización inmediata, de las diatribas violentas y peligrosas que un día sí y otro también observamos en medios de comunicación y redes sociales.

¿Cuál yo está tras la violencia y el insulto?

Hace sol y un poco de calor. Mi observación ha concluido y me retiro con sigilo entre la muchedumbre que sigue aprobando-rechazando en coro. Mientras me alejo pienso en la metáfora del redondel que decide: el circulo, en perfecta sincronía. Tal vez esa sea la próxima acción que nos permita reconstruirnos como proyecto social.

Que el juego y la alegría colectiva nos señale el camino.

Un argumento republicano en favor de prohibir actividades remuneradas a las diputaciones

Alejandro Guevara Arroyo

La pasión desbocada por el dinero es la marca de agua de un cierto carácter humano. Resulta visible en quienes, una vez satisfechas sus necesidades básicas y aquellos bienes relevantes para el florecimiento humano, dan aun un peso desproporcionado a las acciones y consideraciones que buscan la obtención de dinero.

Dicha faceta del carácter resulta incompatible con el adecuado ejercicio de las funciones públicas, en especial de aquellas más importantes, las políticas. Una persona tal, tenderá a encontrarse sometida a dicha pasión, que hará más probable que, cuando exista un conflicto, prevalezca sobre la debida atención por el bien común y el respeto que podría recibir de sus conciudadanos por el correcto ejercicio de sus atribuciones públicas.

Actualmente en Costa Rica se encuentra en el trámite legislativo el expediente nº 24.282. El proyecto, presentado originalmente por el exdiputado Jonathan Acuña Soto y cuyo trámite el Frente Amplio ha procurado acelerar, busca prohibir a las diputaciones el ejercicio remunerado de profesiones liberales y otras actividades remuneradas mientras ostenten el cargo.

La discusión pública parece que ha entendido que el objetivo más importante al que aspiraría dicho proyecto es que la persona diputada dedique su tiempo sólo a la función pública. Sin embargo, pienso que existe un sentido constitucional más profundo en la propuesta. En efecto, dicha legislación sería una pieza en la construcción de un armado institucional que propicie que personalidades adecuadas ejerzan tan alto cargo.

Lo que dicho proyecto busca no es sólo disponer de más tiempo para legislar. Más importante aún es que, si se aprobara, se establecería una regla institucional que haría menos probable que el interés pecuniario privado compita con las obligaciones propias del cargo. De esta manera, se contribuiría a la definición de un cierto carácter adecuado para la persona diputada.

Una concepción mínima de la democracia se despreocupa por asuntos de esta índole. En otras palabras, no construye conscientemente una institucionalidad que propicie o desincentive ciertos caracteres en quienes ostentan el poder público. Se limita, en buena medida, a reaccionar ante los actos indeseables cuando ya han sucedido. A la altura de nuestros días, queda claro el tipo de figuras públicas que un diseño institucional indiferente a tales disposiciones puede contribuir a propiciar aquí y en muchos otros lugares.

Requerimos un diseño institucional y constitucional guiado por otros principios. Un orden constitucional y legal que haga probable la aparición de ciertas disposiciones morales, de ciertos caracteres cívicos, en quienes detentan el poder. Después de todo, el corazón de una república democrática es la virtud cívica de quienes la habitan (como notó Helena Béjar).

Correctamente, Montesquieu hizo de la virtud cívica el principio fundamental de la democracia y vinculó esa virtud, en la República democrática, con el amor a la igualdad y a la frugalidad (ver su Espíritu de las leyes, libro III y V).

La frugalidad que se busca en la República democrática no es una inclinación a la privación ascética. Es una disposición del carácter que tiende a subordinar el apetito privado por la riqueza a las exigencias de la cosa pública. Favorecer el surgimiento de tales caracteres, pensaba con justeza Montesquieu, era función de las leyes y la Constitución. El expediente nº 24.282 puede ser entendido, entonces, como una pequeña pieza de ese diseño institucional republicano. Se trata de una regla orientada a favorecer, y también a seleccionar, caracteres cuyas disposiciones resulten adecuadas al ejercicio republicano del poder público. Disposiciones cívicas que, a la altura de nuestros días, tanta falta hace a nuestra República.