¿Se han preguntado ustedes cuales fueron los motivos por los cuales Estados Unidos decidió aliarse con la Unión Soviética contra la Alemania nazi en el ll guerra mundial y no con Alemania contra la URSS?
No conozco opiniones al respecto, solo conozco de la brillante diplomacia y política de alianzas de Stalin que lo logró, pero yo tengo algunas opiniones de mi cosecha.
En Estados Unidos había muchas simpatías hacia el régimen nazi, entre otros el afamado piloto Lindenberg que fue el primero en cruzar el Atlántico en solitario y sin escalas con su avión.
Muchas grandes empresas de EEUU eran financistas de la Alemania hitleriana entre otras el mismitico Rockefeller.
No es casualidad que el político búlgaro Jorge Dimítrov definiera el fascismo como “la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chovinistas y más imperialistas del capital financiero”.
Los planes expansionistas de las “doctrina Monroe” y el “destino manifiesto” eran anteriores a la ideología nazi y al fascismo de Mussolini.
También el verdadero creador del “miente miente que algo queda” no fue Goebbels, el propagandista de Hitler, sino los gringos Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst con el amarillismo periodístico, muchos años antes.
Bajo ese proyecto de dominación mundial ya EEUU había logrado anexarse excolonias de España como Filipinas, Cuba y Puerto Rico, además de la mitad del territorio mejicano y el reino del archipiélago de Hawái.
USA veía en el proyecto de Hitler un competidor, un rival a sus propios planes expansionistas.
La Unión Soviética desde el punto de vista de clase era tan enemigo de la Alemania nazi como de Estados Unidos, pero USA no avizoraba en ellos en lo inmediato el mismo espíritu expansionista que el que si percibían en la Alemania nazi, que ya lo había hecho evidente con sus conquistas en gran parte de Europa.
Su razonamiento fue el siguiente, acabaremos con la Alemania nazi y después nos encargaremos de la URSS comunista.
A mí no me agrada reconocer esto, me da coraje, pero al final de los tiempos cumplirían su cometido, la destrucción de la Unión Soviética ha sido la mayor derrota política sufrida por la humanidad desde todo punto de vista y no la famosa implosión de que algunos hablan. Hasta el mismo Putin lo ha reconocido así.
Me pueden acusar de otorgarle demasiados méritos a USA, siendo EEUU ahora un imperio en decadencia, pero en esos tiempos era la potencia emergente.
Hoy día Estados Unidos, con el gobierno racista y supremacista de Donald Trump a la cabeza, lleva adelante la reedición de una historia terrible ya vivida por la humanidad, es el neofascismo, el fascismo del S XXl.
El nazi fascismo ha vuelto, regresa motivado por la revancha, nunca perdonó la derrota propinada por la Unión Soviética en la gran Guerra Patria; y está empeñado en apropiarse de cada vez más gobiernos en Europa y también en América Latina, a quien considera su patio trasero.
Utiliza para ello novedosos métodos que les ha dado tan buenos resultados hasta ahora más allá de los golpes de Estado militares y los conocidos como golpe técnico o lawfare: las revoluciones de colores, primaveras; manipulación de elecciones de diversas formas, entre ellas alterando los resultados, sobre todo los votos en el exterior, manipulación de algoritmos y la influencia mediática del presidente Trump.
(*) Profesor pensionado, articulista costarricense y referente de la izquierda en Costa Rica.
Los acontecimientos políticos y jurídicos ocurridos en Costa Rica durante los últimos días constituyen uno de los episodios más significativos de tensión institucional desde la creación de la Sala Constitucional en 1989. La presentación de una querella por el supuesto delito de prevaricato contra cuatro magistrados constitucionales, encabezada por la presidenta de la Asamblea Legislativa y respaldada públicamente por la presidenta de la República, la totalidad de la fracción oficialista y un grupo de simpatizantes trasciende el ámbito estrictamente judicial. Lo que está en discusión no es únicamente una resolución de la Sala Constitucional, sino la manera en que comprendemos la distribución del poder dentro de un Estado constitucional de derecho.
La resolución cuestionada, mediante la cual la Sala acordó mantener en funciones a doce magistrados suplentes mientras la Asamblea Legislativa resolvía los respectivos nombramientos, ha sido presentada por el oficialismo como una usurpación de competencias, un quebrantamiento del principio de separación de poderes e incluso como un «golpe a la democracia». Tales afirmaciones, pronunciadas desde las más altas esferas del poder político, merecen una reflexión serena y rigurosa, precisamente porque involucran conceptos cuya utilización no puede reducirse al terreno de la retórica política.
En una democracia constitucional, el desacuerdo entre poderes públicos no constituye una anomalía. Por el contrario, forma parte del diseño institucional. La teoría clásica de los frenos y contrapesos parte de la premisa de que ningún órgano del Estado concentra la totalidad del poder ni posee la última palabra en todos los asuntos. El Poder Legislativo legisla y controla políticamente; el Poder Ejecutivo administra y ejecuta las políticas públicas; el Poder Judicial resuelve controversias y garantiza la supremacía del orden constitucional. Las tensiones entre estos poderes son inevitables e incluso saludables cuando se desarrollan dentro del marco previsto por la Constitución.
Precisamente por ello conviene distinguir dos formas de legitimidad que con frecuencia se confunden en el debate público.
La primera es la legitimidad electoral. Los diputados y el Poder Ejecutivo reciben su mandato mediante el sufragio popular. Esa legitimidad es indispensable en toda democracia representativa y constituye el fundamento de su autoridad política.
La segunda es la legitimidad constitucional. Los tribunales constitucionales no compiten en elecciones ni pretenden sustituir la voluntad popular. Su legitimidad proviene de la propia Constitución, que les encomienda la función de controlar la constitucionalidad de los actos de los demás poderes del Estado, incluso cuando ello implique limitar decisiones adoptadas por mayorías democráticamente electas.
Reducir toda legitimidad al resultado electoral supondría desconocer uno de los principios esenciales del constitucionalismo contemporáneo: que las mayorías también están sometidas a la Constitución. Si bastara la existencia de una mayoría parlamentaria para definir el alcance de las competencias constitucionales, la jurisdicción constitucional perdería buena parte de su razón de ser.
En este contexto, resulta particularmente significativa una de las principales narrativas impulsadas desde el oficialismo: que «cuatro magistrados pretenden imponerse sobre treinta y un diputados elegidos por el pueblo». La fuerza política de esa afirmación es evidente; sin embargo, desde la perspectiva constitucional plantea una falsa oposición. La Sala Constitucional no disputa representación política con la Asamblea Legislativa. Ambas instituciones cumplen funciones distintas y complementarias. La primera controla la constitucionalidad de los actos del poder público; la segunda ejerce la representación política de la ciudadanía mediante la función legislativa y otras competencias expresamente previstas por la Constitución.
Tampoco puede perderse de vista la naturaleza de la decisión cuestionada. No se trata de la actuación individual o arbitraria de cuatro personas. La resolución fue emitida por un tribunal colegiado mediante un procedimiento institucional caracterizado por la deliberación, el intercambio de argumentos, la votación y la posibilidad de emitir votos salvados. Estos últimos, lejos de debilitar la legitimidad del tribunal, evidencian precisamente la existencia de un auténtico debate jurídico interno y fortalecen la transparencia del proceso decisorio.
Por ello, aunque la querella se dirija formalmente contra cuatro magistrados identificables como personas físicas, materialmente el cuestionamiento alcanza a la función jurisdiccional ejercida por la Sala Constitucional. Personalizar el conflicto puede resultar eficaz desde el punto de vista comunicacional, pero corre el riesgo de desplazar el verdadero objeto del debate: la interpretación constitucional realizada por el órgano competente para efectuar ese control.
Otro aspecto merece especial atención. El conflicto actual no puede comprenderse sin considerar el contexto institucional en que surge. Durante once oportunidades consecutivas la Asamblea Legislativa no logró concretar el nombramiento de los magistrados suplentes propuestos conforme al procedimiento correspondiente. Las razones de esa falta de acuerdo pertenecen al ámbito político y parlamentario. Sin embargo, la consecuencia objetiva de esa omisión prolongada consistió en colocar en riesgo el funcionamiento regular de la jurisdicción constitucional.
Este elemento resulta indispensable para comprender el razonamiento de la mayoría de la Sala. La discusión jurídica no consiste únicamente en determinar si el nombramiento de magistrados suplentes corresponde a la Asamblea Legislativa —competencia que nadie discute—, sino en establecer si la omisión reiterada de ese órgano podía comprometer el funcionamiento continuo del máximo tribunal constitucional y si, frente a esa situación excepcional, la Sala estaba facultada para adoptar una medida destinada a preservar la continuidad del servicio público de administración de justicia.
Es precisamente esa controversia jurídica la que debería ocupar el centro del debate nacional.
Sin embargo, el eje de la discusión parece haberse desplazado hacia otro terreno: la descalificación de los magistrados como supuestos «usurpadores», «golpistas» o responsables de un «golpe de Estado judicial». Este cambio de enfoque no es menor. Cuando el debate abandona el análisis de los argumentos constitucionales para concentrarse en la deslegitimación personal de quienes ejercen la jurisdicción, el riesgo consiste en transformar una controversia jurídica en un enfrentamiento político entre «el pueblo» y «cuatro magistrados». Se construye así una narrativa en la que el desacuerdo constitucional deja de presentarse como una diferencia interpretativa legítima y pasa a representarse como una confrontación moral entre quienes dicen defender la democracia y quienes supuestamente pretenden destruirla.
La teoría contemporánea del discurso político ha mostrado con claridad que las democracias no solo se disputan mediante leyes o elecciones, sino también mediante narrativas capaces de definir quién representa al pueblo, quién amenaza el orden institucional y quién merece confianza o desconfianza pública. Por ello resulta indispensable examinar críticamente los marcos interpretativos desde los cuales se presentan los conflictos constitucionales, especialmente cuando provienen de las más altas autoridades del Estado.
Igualmente preocupante resulta el anuncio realizado por representantes del oficialismo en el sentido de que no acatarán la resolución de la Sala Constitucional. Si tal posición llegara a materializarse, el problema dejaría de ser exclusivamente interpretativo para convertirse en una cuestión relacionada con el deber de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el órgano competente dentro del orden constitucional costarricense. En un Estado de derecho, las discrepancias jurídicas encuentran canales institucionales para su discusión y eventual revisión; la desobediencia institucional no constituye, en principio, uno de ellos.
La crítica a las decisiones judiciales forma parte de la vida democrática. Ningún tribunal, incluida la Sala Constitucional, está exento de escrutinio público, académico o político. Las sentencias pueden y deben ser discutidas cuando existan razones jurídicas para ello. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre criticar una resolución y criminalizar el ejercicio mismo de la función jurisdiccional. El Derecho Penal constituye la herramienta más intensa de que dispone el Estado y, por ello, su utilización frente a controversias de interpretación constitucional exige la mayor prudencia y una demostración particularmente rigurosa de los elementos que configuran el delito correspondiente.
Finalmente, conviene recordar una enseñanza fundamental del constitucionalismo: las instituciones no se diseñan pensando en los gobernantes del presente, sino en aquellos que ejercerán el poder en el futuro. Los precedentes que hoy se construyen sobrevivirán a las actuales mayorías parlamentarias, a los actuales magistrados y a las actuales autoridades del Poder Ejecutivo. La verdadera pregunta, por tanto, no es si una determinada actuación favorece o perjudica a un gobierno específico, sino si las reglas que hoy defendemos seguirían pareciéndonos aceptables cuando los protagonistas del conflicto fueran completamente distintos.
En tiempos de polarización política, el mayor desafío consiste en preservar la capacidad de distinguir entre la persona y el cargo, entre el órgano y quienes lo integran, entre la crítica jurídica y la deslegitimación institucional. Defender la Constitución no implica respaldar incondicionalmente a ninguno de los poderes del Estado. Significa, por el contrario, proteger el delicado equilibrio que ella establece entre legitimidad electoral y legitimidad constitucional, recordando que la fortaleza de una democracia no depende únicamente de la voluntad de las mayorías, sino también de la existencia de instituciones capaces de ejercer sus competencias con independencia, dentro de los límites que la propia Constitución les impone.
Solo desde esa comprensión será posible preservar un Estado constitucional en el que el conflicto entre poderes se resuelva mediante el Derecho y no mediante la sustitución de los argumentos jurídicos por narrativas que, lejos de fortalecer la democracia, terminen erosionando la confianza ciudadana en las instituciones llamadas precisamente a protegerla.
RENASES: II Asamblea Nacional, Diálogo Social, Plantón, refrendo de Sectores al Pacto Patriótico Costarricense y movilización.
La Red Nacional de Sectores Sociales convocó a más de 200 activistas de diversos sectores sociales, para celebrar la II Asamblea Nacional de RENASES, con la participación de fracciones de oposición en la Asamblea Legislativa, representantes de Partidos Políticos y líderes de organizaciones sociales.
José María Oviedo Chaves, coordinador de RENASES.
El pasado 29 de junio se estableció un Pacto Patriótico Costarricense entre las fracciones del PLN, FA y CAC y RENASES. Hoy refrendaron dicho pacto 25 nuevas organizaciones con el compromiso de construir una agenda nacional, que permitirá evidenciar los graves problemas que afrontan y buscar vías de solución. Así, la consigna fue optar por el diálogo social y la movilización, con miras a provocar el contrapeso necesario para fortalecer el régimen democrático, la defensa de la institucionalidad, la libertad de expresión, la atención a los costarricenses empobrecidos y vulnerables, la paz social fruto de la justicia y las urgentes respuestas que requiere el momento político del país.
La participación de organizaciones sindicales, agroalimentarias, ganaderas, ambientales, estudiantiles, comunales, territoriales, feministas, académicas, religiosas y otros movimientos sociales permitió la formulación de estrategias e incidencia política.
La II Asamblea toma acuerdos en medio de la tensión institucional
La Asamblea de RENASES se realizó en un contexto de creciente tensión entre poderes de la República, tras el señalamiento de la Presidencia sobre una resolución de la Sala Constitucional y los posteriores rechazos de fracciones de oposición y del Poder Judicial.
En ese escenario, RENASES reivindicó el papel de la sociedad civil organizada como contrapeso y expresión de una democracia participativa. Así, instó a defender la Constitución, la separación de poderes, la democracia, y la institucionalidad pública. En consecuencia, la II Asamblea acordó apoyar la convocatoria al “Plantón por la democracia” a realizarse el jueves 6 del presente mes.
También, enviar una misiva a la presidenta de la República, Laura Fernández; solicitando audiencia donde RENASES instará a un proceso de diálogo social, con miras a la solución conjunta de los principales temas-problemas expuestos en la II Asamblea.
Acerca de RENASES
La Red Nacional de Sectores Sociales es un espacio de articulación de organizaciones sociales y una plataforma de diálogo social, bajo la coordinación y representación a cargo del Equipo Timón, integrado por representantes de ANDE, ANEP, SEC, UNAG y UNDECA, que fomenta una agenda nacional que vincula a las diversas organizaciones y la problemática que cada una afronta y un Pacto Patriótico Costarricense con fracciones de oposición.
Imagine despertar en Santiago de Chile el 12 de setiembre de 1973. Ahora imagine hacerlo en Buenos Aires o en cualquier lugar de Argentina el 25 de marzo de 1976. Haga el ejercicio de estar en Tegucigalpa el 29 de junio de 2009.
En los tres casos el elemento común es que el día anterior hubo una ruptura del orden institucional y constitucional y los mandatarios de los tres países fueron depuestos.
Hubo un golpe de estado. Real. Consumado.
Lo que siguió a continuación fue una escalada de violencia en la que la tortura, las desapariciones, las violaciones y los asesinatos estuvieron a la orden. Las persecuciones en contra de los adversarios a los nuevos regímenes instalados se multiplicaron.
En los tres países hubo ciertamente golpes de estado de facto, porque fueron consumados con graves resultados para la ciudadanía y el tejido social en dichas sociedades.
Ahora haga el ejercicio de pensarse en cualquier lugar de Costa Rica el día después que irresponsablemente la presidenta de la República denominara como “golpe de estado” la decisión de la Sala IV para nombrar en prórroga a 12 magistrados suplentes para el Poder Judicial.
No solo fueron irresponsables y temerarias estas aseveraciones, que además se realizaron en un acto teatral y simbólico de muy pobre escenario, con parte de la fracción oficialista detrás suyo sin ninguna participación activa más que asentir mecánicamente a su discurso.
Es que, de un plomazo, la mandataria igualó sin reparo y consideración los graves hechos ocurridos en otros contextos latinoamericanos, a una estrategia espuria y manifiesta del Ejecutivo por controlar el Poder Judicial costarricense.
Visto entonces el error técnico, político y ético cometido, habría que señalar algunas acciones que podrían definirse en el campo de los autoritarismos y que provienen justamente de ese mismo poder ejecutivo que denunció ese supuesto golpe de estado en contra de la Asamblea Legislativa.
Entre algunas de ellas, destaca la preocupante prohibición de estimular el pensamiento crítico en las aulas del sistema educativo costarricense, lo cual nos parece de sumo cuidado y debe alertarnos sobre los límites que este gobierno quiere imponer.
Ciertamente es una hora compleja para la democracia costarricense. Como modelo perfectible que es, debe ser protegida de acciones como las impulsadas por el propio gobierno de Costa Rica.
El manejo imprudente y falso de un colón fuerte, pese a conocerse la cascada de dólares producto del ilícito lavado, y la ilusa estadística macroeconómica, que según los incompetentes Chaves y Nogui reflejaban una «economía milagrosa de nación próspera», cerró los oídos a las advertencias de experimentados economistas que sí vislumbraban lo que era obvio:
– Que el Ministerio de Hacienda y el Banco Central estaban, peligrosamente, «jugando de casita».
– Que las exportaciones pagadas con dólares artificialmente devaluados estaban golpeando los rubros de ingresos de múltiples empresas y personas «encadenadas» a procesos productivos otrora exitosos.
– Que el importante sector turismo, apenas recuperándose de las consecuencias de la pandemia del Covid-19, empezó a recibir dólares que se devaluaban todos los días, mientras el pago en colones de los empleados, así como de bienes y servicios, demandaban más dólares devaluados semana a semana, hasta obligarlos a hacer uso de sus reservas estratégicas.
Por otro lado, antes del ataque militar a Irán, el dólar barato solo se sentía en el pago de la importación de combustibles, pues Recope funciona sin fines de lucro, a diferencia de importadores de diversidad de artículos como automotores, medicamentos, productos alimenticios, maquinarias, etc., que, en aplicación de la normativa vigente, «no les da la gana» ajustar los precios hacia la baja.
En el caso de los empleados con salarios en dólares, como de servicios turísticos y «call centers», el golpe ha sido brutal, pues sus rebajas salariales ya alcanzan porcentajes casi criminales que rondan el 40 %.
La lista puede ser ampliada por muchos de los cientos de miles de afectados por esa «visión de estadistas» exhibida por «el mejor ministro de Hacienda del mundo», según los neoliberales salvajes de «The Banker», y exhibida también por el que dice tener «jugosas ofertas de trabajo en el exterior», gracias a sus muchos años en el Banco Mundial. ¡Así son de farsantes! Así se tiran aromáticas flores entre los dos, mientras los afectados por la incompetencia de ambos, solo quisieran despertar de esta pesadilla.
Y ahora el FMI, desde el trono supremo de la estadística macroeconómica, tira la toalla ante la evidente incapacidad de nuestros gobernantes de detener «el caballo desbocado» que ellos maltrataron para que así sucediera. Al FMI le disgusta que el Banco Central compre dólares para tratar de disminuir la velocidad de la carrera, pues quizá sus sabios estarán pensando en una dolarización forzada de nuestra maltrecha economía, aunque la inflación negativa (evidencia de un país improductivo) no puede ser manipulada como el usual argumento.
Cabe recordar que hace tan solo cuatro años el dólar costaba cerca de ¢700 (¡hoy cuesta ¢250 menos!). O sea, los asalariados en dólares están recibiendo casi un 40 % menos por su trabajo… ante la mirada complaciente de Nogui Acosta, Laura Fernández y la mirada «perdida» del ministro de Hacienda… que solo piensa en qué hará cuando se acabe el periodo presidencial que él está comandando, mientras el trote del caballo es cada vez más fuerte.
Cuando la Constitución debe ser leída en voz alta, es porque alguien ha dejado de escucharla.
Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr. Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED. Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).
Hay discursos que pasan inadvertidos y hay otros que quedan registrados como una advertencia para la historia. Las palabras pronunciadas por el magistrado Jorge Araya García pertenecen a esta última categoría. No fueron el producto de la exaltación, la improvisación o el cálculo político. Fueron, por el contrario, el recordatorio sobrio y contundente de una verdad elemental: en una república, nadie está por encima de la Constitución.
La escena resultó tan insólita como reveladora. Un magistrado de la Sala Constitucional se vio obligado a recordarles al presidente de la República y a una de sus ministras el contenido de los artículos 148 y 149 de la Constitución Política, es decir, las normas que establecen la responsabilidad de quienes ejercen el poder.
«Señor Chaves, usted juró defender la Constitución y las leyes. ¿O me equivoco?»
La pregunta cayó como un rayo en medio de un clima político caracterizado por la confrontación permanente, el descrédito sistemático de las instituciones y la creciente costumbre de presentar cualquier límite constitucional como si se tratara de un obstáculo para la voluntad del gobernante.
Pero el magistrado no emitió una opinión. Hizo algo mucho más grave y, al mismo tiempo, mucho más sencillo: leyó la Constitución.
Recordó el contenido del artículo 148, según el cual el presidente de la República es responsable del uso de las atribuciones que la Constitución le confiere y los ministros son responsables, junto con él, de las decisiones adoptadas. Más adelante, citó el artículo 149 y recordó que el presidente y sus ministros son responsables cuando impidan u obstaculicen el ejercicio de las funciones propias del Poder Judicial o cuando, por acción u omisión, violen una ley expresa.
No se trata de disposiciones secundarias ni de simples formalidades jurídicas. Constituyen el núcleo mismo del sistema republicano. Sin ellas, el poder dejaría de estar sometido a la ley y la democracia quedaría reducida a un simple ejercicio de fuerza política.
Lo preocupante es que el incidente no puede entenderse como un hecho aislado. Forma parte de un proceso más amplio y más peligroso: la normalización del ataque a las instituciones de la República. El problema ya no radica únicamente en la existencia de desacuerdos políticos, algo natural en cualquier democracia, sino en la tentativa de erosionar la legitimidad de los órganos encargados de ejercer controles sobre el poder.
Cuando se desacredita a los jueces, se ridiculiza a la prensa, se menosprecia a las universidades y se debilita a los organismos de control, no se fortalece la democracia; se la vacía de contenido.
La estrategia no es nueva. Ha sido aplicada innumerables veces en distintas latitudes. Primero se identifica un adversario. Después se le atribuyen todos los males del país. Más tarde se alimenta el resentimiento y se promueve la idea de que el gobernante encarna la voluntad popular y que, por lo tanto, cualquier límite a su autoridad constituye una forma de sabotaje. Finalmente, la legalidad es presentada como un estorbo y la institucionalidad como un enemigo.
La historia demuestra que los regímenes autoritarios no suelen derribar las instituciones de un solo golpe. Prefieren debilitarlas poco a poco, desacreditarlas ante la opinión pública y privarlas de los recursos necesarios para cumplir sus funciones. Cuando la ciudadanía comprende lo que está ocurriendo, el daño ya suele ser considerable.
Por esa razón, las palabras finales del magistrado Araya adquirieron un significado que trasciende la coyuntura política:
«¿Qué podemos esperar? ¿Seguirá otro recorte? ¿Cuándo será? ¿Nos dejará terminar el año?».
No era la voz de un funcionario defendiendo un presupuesto. Era la voz de un juez defendiendo la independencia del Poder Judicial frente a las presiones del poder político.
Y conviene decirlo con absoluta claridad: la independencia judicial no existe para proteger a los jueces, sino a los ciudadanos. Sin ella, la ley deja de ser un límite para el poder y se convierte en un simple instrumento de conveniencia.
La advertencia del magistrado también encierra una amarga paradoja. Un presidente que juró respetar la Constitución tuvo que escuchar, desde la más alta magistratura constitucional del país, la lectura de los artículos que definen los límites de su propio cargo.
Tal vez el momento más revelador haya sido aquel en que el magistrado expresó: «No estoy haciendo ningún juicio de valor; se los voy a leer». La frase contiene una enorme carga simbólica. Cuando la sola lectura de la Constitución se transforma en un acto de resistencia, es porque algo fundamental está ocurriendo en la vida política de una nación.
Costa Rica no puede darse el lujo de tratar estos episodios como simples anécdotas. Lo que está en juego no es la reputación de un gobierno ni la imagen de un magistrado. Lo que está en juego es la vigencia misma del pacto republicano.
Porque la Constitución no es un consejo, una recomendación ni una declaración de buenas intenciones. La Constitución es un límite. Y cuando el poder comienza a considerar los límites como una afrenta, la democracia empieza a caminar por un terreno extremadamente peligroso.
Los abajo firmantes, miembros de la Iglesia católica y como personas comprometidas con la vida pastoral y el bien común de nuestro país, manifestamos nuestra cercanía fraterna, respeto y solidaridad con el padre Jeison Víquez Acuña, Vicario Parroquial de San Blas de Nicoya y con toda nuestra Iglesia. Nos identificamos con las palabras pronunciadas por el sacerdote durante los actos conmemorativos de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, el pasado 25 de julio. Por ellas, nuestro hermano sacerdote ha sido el objeto de una injustificada campaña mediática que no solo nos preocupa, sino que nos llama a la reflexión.
Padre Jeison Víquez Acuña en la fecha de su ordenación en 2024. En la imagen está junto a Monseñor Manuel Eugenio Salazar, Obispo de Tilarán.
Lo hacemos movidos por el espíritu de comunión que caracteriza a la Iglesia y por la convicción de que sus ministros están llamados a anunciar el Evangelio con fidelidad, iluminando la realidad desde la Palabra de Dios y el Magisterio de la Iglesia. Cuando un sacerdote recuerda los principios de la dignidad humana, la justicia, la paz, el bien común, la responsabilidad de quienes ejercen la autoridad y la reconciliación entre los pueblos, no expresa simplemente una opinión personal; es una voz que forma parte de la Doctrina Social de la Iglesia y de su permanente misión evangelizadora.
La Constitución Política de Costa Rica reconoce el lugar histórico de la Iglesia católica en la vida nacional, mientras que el orden democrático garantiza plenamente la libertad religiosa y la libertad de expresión. Ambas libertades permiten que la Iglesia continúe ofreciendo, con respeto y sin pretensión de imponer criterios, una reflexión moral, inspirada en el Evangelio, sobre aquellas realidades que afectan la vida de las personas y de la sociedad. Esta misión no responde a intereses partidarios ni a coyunturas políticas, sino al mandato recibido de Cristo de anunciar la verdad, promover la justicia y servir a la reconciliación.
La Constitución Pastoral Gaudium et Spes (n. 76) reconoce la legítima autonomía de la comunidad política, pero afirma la misión de la Iglesia de emitir un juicio moral cuando lo exijan los derechos fundamentales o la salvación de las personas.
La discrepancia es parte de la vida democrática; sin embargo, ella debe ejercerse siempre dentro del respeto mutuo, sin descalificaciones personales ni intentos de desacreditar la misión pastoral de quienes sirven al pueblo de Dios.
Recordamos también las palabras pronunciadas por monseñor Javier Román Arias en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, al inicio del actual período constitucional, cuando exhortó a quienes recibían la responsabilidad de gobernar a ejercer la autoridad como un servicio al pueblo, con humildad, respeto por la institucionalidad democrática, búsqueda del diálogo y compromiso con la justicia y el bien común. Aquella exhortación pastoral mantiene hoy plena vigencia y constituye una expresión del servicio que la Iglesia sigue ofreciendo a la sociedad costarricense.
En la misma línea, el Santo Padre León XIV ha insistido en diversas ocasiones en que la Iglesia está llamada a ser signo de unidad en un mundo marcado por las divisiones, promoviendo una cultura del encuentro, del diálogo respetuoso y de la fraternidad, rechazando toda forma de odio, exclusión o polarización que fracture a los pueblos y debilite la dignidad de las personas.
Invitamos a los creyentes, más allá de sus opciones políticas, a poner sus energías al servicio de los valores del Reino, que trasciende todo proyecto político y sitúa en el centro a los más pobres, como nos lo recuerda el Papa León XIV en la exhortación apostólica Dilexit te.
Por todo ello, aprovechamos esta ocasión para expresar nuestro reconocimiento a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y agentes de pastoral que, con prudencia, caridad y fidelidad al Evangelio, continúan ejerciendo su misión profética al servicio de Costa Rica.
En las fechas de la celebración nacional en honor a Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona de Costa Rica, renovamos nuestra oración por el llamado de los obispos en favor de la unidad entre los costarricenses y de la protección del orden institucional. En momentos en que el mundo y nuestra patria enfrentan profundas tensiones sociales, económicas y culturales, el camino no puede ser el de la polarización permanente, sino el del encuentro, la escucha y la búsqueda sincera del bien común.
Pedimos a Nuestra Señora de los Ángeles que interceda por nuestra patria, para que fortalezca nuestra convivencia pacífica, inspire a quienes ejercen responsabilidades públicas y nos conceda a todos la sabiduría necesaria para construir una nación reconciliada, donde el respeto, la verdad, la justicia y la paz prevalezcan sobre toda forma de división.
En Cristo y bajo el amparo de Nuestra Señora de los Ángeles,
Javier Hernández Quirós, cmf. Prefecto de Apostolado, Misioneros Claretianos de Centroamérica.
Daniel Monge Sandoval, Centro Bíblico Claretiano «Para que tengan vida».
Gustavo Meneses Castro, Diócesis de Puntarenas, Secretario Ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana, Conferencia Episcopal de Costa Rica.
José Manuel Díaz Cantero, Arquidiócesis de San José.
Glenn Gómez Álvarez, Arquidiócesis de San José.
Marco Antonio Oviedo Núñez, Diócesis de Alajuela.
Rigoberto Segura Godoy, Catedral de Puntarenas.
Ricardo Brenes Méndez, Diócesis de Puntarenas.
Miguel Rojas Castillo, Diócesis de Puntarenas.
Luis Carlos Aguilar Badilla, Diócesis de Puntarenas.
Mario García Montoya, Diócesis de Puntarenas.
Rafael Aragón Marina, CENDHU.
Alexander Alfaro Chavarría, Parroquia de Esparza, Diócesis de Puntarenas.
Erick Marín Carballo, Franciscanos Conventuales, Colegio Saint Francis, Moravia.
Edgar Muñoz Fonseca, Arquidiócesis de San José.
Arturo Morales Funcín, Arquidiócesis de San José.
José Eduardo Bolívar Rojas, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Rodolfo Araya Rojas, Parroquia de Liberia, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Diác. Francisco Venegas Castro, Parroquia de Tilarán, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Diác. Mark Vincent Valenzuela Giera, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Elkin Eduardo López Alfaro, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Fray Oscar Alvarado Rojas, Terciario Capuchino.
Diác. Allan Siles Ríos, Arquidiócesis de San José.
Félix Ríos Gadea, Laico de la Diócesis de Tilarán y miembro de la Pastoral de Movilidad Humana.
Abelardo Morales Gamboa, Catedrático Universitario, Miembro del Equipo de apoyo a la Pastoral de Movilidad Humana.
Juan José Romero Zúñiga, Catedrático de la Universidad Nacional.
Rafael Ángel Villalobos Segura, Solidaridad y Misión, Centroamérica.
Magaly Zúñiga Céspedes, Psicóloga, Investigadora, Equipo de apoyo a la Pastoral de Movilidad Humana.
Gabriel Putoy Cano, CENDHU.
Hazel María Jiménez Eduarte, Parroquia de Guadalupe, Arquidiócesis de San José.
Fidelina Mena Corrales, Abogada defensora de Derechos Humanos.
Martha Zulay Castro Calderón, Parroquia del Roble, Diócesis de Puntarenas.
Adriana Elizondo Vargas, Parroquia de Esparza, Diócesis de Puntarenas.
Mayela Bolívar González, Parroquia de Parrita, Diócesis de Puntarenas.
Ricardo Meneses Castro, Parroquia de Bagaces, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Nancy Sing Ávila, Parroquia Bethania, Arquidiócesis de San José.
Saúl Vidal Valerín Chévez, Parroquia Parrita, Diócesis de Puntarenas.
Erick Jiménez Madrigal, Parroquia de la Gloria de Puriscal, Arquidiócesis de San José.
Róger Edward Meneses Castro, Parroquia de Turrialba, Diócesis de Cartago.
Juan Carlos Sing Ávila, Parroquia de Cañas, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Marjorie Ávila Salas, Arquidiócesis de San José.
Eugenia Ávila Chavarría, San Ramón de Alajuela.
José Antonio Arley Arley, Arquidiócesis de San José.
Marta Ávila Solera, Arquidiócesis de San José.
Manrique Ávila Cerdas, Arquidiócesis de San José.
Narciso Ávila Cerdas, Arquidiócesis de San José.
Ileana Ávila Cerdas, Arquidiócesis de San José.
Ingrid Alfaro Ávila, Arquidiócesis de San José.
Randall Alfaro Ávila, Arquidiócesis de San José.
Siulam Li Jiménez, Arquidiócesis de San José.
Dyala Apuy Ocampo, Arquidiócesis de San José.
Sandra Ávila Cerdas, Arquidiócesis de San José.
Celeste Murillo Meneses, Parroquia Corazón de Jesús, Heredia.
Karolina Ávila Valverde, Arquidiócesis de San José.
Kattia Sing Ávila, Arquidiócesis de San José.
Fernando Alfaro Ávila, Arquidiócesis de San José.
Diego Pérez Vásquez, Parroquia Bethania, Arquidiócesis de San José.
Andrés Pérez Sing, Parroquia Bethania, Arquidiócesis de San José.
María Fernanda Alfaro Solís, San Carlos de Alajuela.
María del Rocío Meneses Castro, Parroquia Corazón de Jesús, Heredia.
Néstor Zúñiga Pereira, Parroquia San José en Parrita, Diócesis de Puntarenas.
Juan Carlos Mora Sánchez, Parroquia San José en Parrita, Diócesis de Puntarenas.
María Esther Céspedes Morales, Parroquia S. Juan de Tibás, Arquidiócesis de San José.
Germán Pochet Ballester, Parroquia Santa Bárbara de Pavas, Arquidiócesis de San José.
Luis Fernando Carvajal Ortiz, Parroquia de Esparza, Diócesis de Puntarenas.
Juan Ignacio Torres Carvajal, Parroquia de Tambor, Diócesis de Alajuela.
Ana Isabel Umaña Araya, Centro Claretiano de Ayuda al Migrante, San José.
María Alejandra Villalobos De Ycaza, Juventud Claretiana, Heredia.
Lucía Villalobos De Ycaza, Juventud Claretiana, Heredia.
Esteban Villalobos De Ycaza, Juventud Claretiana, Heredia.
Orlando Navarro Rojas, director del Hogar de la Esperanza, Paso Ancho.
Beatriz De Ykaza Vélez, Arquitecta, Heredia.
María Auxiliadora Chávez Loáisiga, San Juan de Dios de Desamparados, Centro Claretiano de Atención al Migrante.
Dulce Umanzor Alvarado, Abogada, Activista por los derechos humanos, Puntarenas.
Giselle Zamora Arroyo, Moravia, Centro Bíblico Claretiano «Para que tengan Vida».
Carmen María Conejo Solera, San Francisco de Guadalupe, Centro Claretiano de Atención al Migrante.
Rocío Hernández Salazar, Centro Claretiano de Atención al Migrante, San José.
Giselle Fernández Salazar, Centro Claretiano de Atención al Migrante, San José.
Lilliana Montoya Conejo, Centro Claretiano de Atención al Migrante, Aurora de Heredia.
Randall Rivera Rodríguez, Centro Claretiano de Atención al Migrante, Aurora de Heredia.
José Francisco Brenes Quirós, Centro Claretiano de Atención al Migrante, Calle Blancos.
Margarita Murillo Montoya, Centro Bíblico, San Francisco de Goicochea.
Mariano Sáenz Vega, Encuentro Ecuménico, San José.
La comunidad cultural y médica de Costa Rica despide al Dr. Juan Jaramillo Antillón con eterna gratitud.
Juan Jaramillo Antillón fue nuestro muy querido colaborador durante una década y acaba de dejarnos
La muerte del Dr. Juan Jaramillo Antillón, colaborador y escritor de esta publicación, Meer en español, deja un vacío enorme, cultural y humanista en estas páginas, pero especialmente en la cultura nacional, en la medicina y la seguridad social costarricense.
Nació hace 91 años, cuando en Costa Rica no se había fundado la Caja Costarricense del Seguro Social, cuando apenas tenía cuatro años de haberse creado el Ministerio de Salubridad Pública, y cuando la expectativa de vida de los costarricenses apenas rondaba los 40 años.
Su niñez y adolescencia le ubicaron en los acontecimientos bélicos terribles de las décadas de 1930 y 1940, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, en el impacto que ambos eventos tuvieron en el país, y en las dificultades políticas e institucionales que se dieron en el país, al calor de esos sucesos.
Con el ascenso al gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en 1940, en plena guerra mundial, se creó la Universidad de Costa Rica, sin Facultad ni estudios de Medicina en esos años, y se creó la Caja Costarricense del Seguro Social, que inició la protección masiva en el campo de la salud de los costarricenses, permitiendo la atención médica de los trabajadores, inicialmente, y luego de sus familiares hasta su universalización.
El joven, entonces Juan Jaramillo Antillón, con deseos de estudiar medicina, estaba a la expectativa de lo que se ofrecía a estudiantes costarricenses en aquellos años: en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala; algunos lo hacían hacia Argentina, otros hacia México, Estados Unidos y los que mayor capacidad económica tenían, hacia Europa. Las becas que daba el Estado en esos años fueron escasas. Así, dispuesto a formarse como médico, se dirigió a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde concluyó sus estudios con los máximos honores en 1959. En esos años, la Universidad de Costa Rica apenas vislumbraba esos estudios, cosa que era una exigencia nacional en cuanto se habían establecido los seguros sociales y se demandaba una formación importante de médicos.
La Escuela de Medicina se instituyó el 25 de agosto de 1947, cuando el Congreso de la República así lo dispuso, pero su apertura quedó sujeta hasta que el Colegio de Médicos así lo estimara necesario y conveniente. Así, la Asamblea Universitaria durante ocho años, desde 1953 hasta el 6 de marzo de 1961, le dio forma y contenido al plan de estudios de la Escuela y Facultad de Medicina, inaugurándose en 1961 para sus primeros estudiantes, graduándose su primera promoción en 1965.
A partir de allí le siguieron sus pasos la Escuela de Enfermería en 1977, anexa a la Escuela de Medicina. Más tarde, en 1980, la Carrera de Nutrición se constituye en Escuela de Nutrición, para que finalmente, en 1996, se cree la Escuela de Salud Pública y, en 2004, la Escuela de Tecnologías en Salud, completando las unidades académicas encargadas de la formación de profesionales y especialistas en estas disciplinas. Su hermano, Orlando, también estudió medicina y fue el sexto decano de la Facultad de Medicina.
A su regreso de México, el Dr. Juan Jaramillo hizo su residencia médica en los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social. La medicina como ejercicio privado era muy reducida. No se habían constituido escuelas de medicina privadas ni desarrollado hospitales privados, excepto la Clínica Bíblica en 1929.
En 1963 obtuvo el Dr. Jaramillo su título de especialista en cirugía general. Siguió estudiando y profundizando en el campo de la medicina y volvió a México, donde obtuvo, en el Centro Médico Nacional del Seguro Social, en el Distrito Federal, en 1966, el postgrado en gastroenterología quirúrgica y proctología.
De nuevo en Costa Rica, se integró a la Caja Costarricense del Seguro Social y en 1970, por dos años, se desempeñó como jefe de la Clínica de Cirugía General del Hospital México, entonces uno de los hospitales más modernos que funcionaban en el país.
A partir de esos años, una brillante carrera en el campo de la medicina lo llevó a la Jefatura del Servicio y de la Sección de Cirugía del Hospital Rafael Calderón Guardia del Seguro Social de Costa Rica de 1973 a 1998 y a ser profesor de la Cátedra de Cirugía de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, a la cual estuvo ligado durante 33 años.
En este caminar fue profesor instructor, profesor asociado y finalmente catedrático de medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica.
Su ejercicio profesoral hizo que varias generaciones de médicos le dedicaran su graduación, siendo hasta 1990 el que más reconocimientos en este sentido había tenido.
En 1993, la Facultad de Medicina le distinguió reconociéndole su destacada labor en la difusión de los valores institucionales, declarándole también en 1996 profesor emérito de la Universidad de Costa Rica. El cuerpo médico nacional en siete ocasiones le dedicó la celebración de los congresos médicos nacionales de Costa Rica y de Centroamérica.
Durante el período de gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, 1982-1986, fue ministro de Salud. Su vida profesional fue reconocida por la Academia Nacional de Medicina y Cirugía de Costa Rica. Ha sido declarado Miembro de Honor de la Unión Médica Nacional, el sindicato de los médicos, de la Asociación Nacional de Salud Pública de Costa Rica, de la Asociación de Cirugía y de la Asociación de Coloproctología de Costa Rica, de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Nacional de Historia de la Medicina de Costa Rica. Sus reconocimientos le han dado 42 premios y honores. El gobierno del Dr. Miguel Ángel Rodríguez, en el año 2002, lo declaró Médico distinguido de Costa Rica.
El Colegio de Médicos de Costa Rica en su Memoria, de 150 años de existencia de dicho Colegio, lo declaró unos de los 35 médicos más destacados que ha tenido el país en ese tiempo de su existencia. También el Gobierno de Costa Rica, el Ministerio de Salud y la ministra de Salud le concedieron la Medalla al Mérito Salubrista Dr. Solón Núñez Frutos en el año 2010.
La International Health Medical Consortium, constituida por las principales Escuelas de Medicina de los Estados Unidos y Canadá, le concedió el Distinguished Health Medical Consortium por sus trabajos y publicaciones para mejorar la calidad de la enseñanza de la Medicina en Costa Rica y América Latina, con las cuales se ha distinguido como un gran historiador de la medicina y la seguridad social nacional, y como un gran humanista por la divulgación de sus artículos sobre temas universales.
Recibió el Diploma de Notable, dado por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, por méritos en el campo de la docencia, la ética, la moral, la investigación científica y como pionero en la educación médica continua.
En 1994. Recibió el Premio Áncora en Ciencias. Concedido por el periódico La Nación, de Costa Rica. Igualmente recibió los Premios Nacionales Aquileo J. Echeverría, en el campo del ensayo, y el Premio Nacional de Cultura MAGON, ambos dados por el Ministerio de Cultura de Costa Rica, siendo el Premio MAGON la más alta distinción que se le hace a una persona en Costa Rica, que destaca por su obra y su aporte a la cultura nacional.
Su obra bibliográfica comprende 35 libros en las editoriales de la Universidad de Costa Rica. La Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, la Editorial del Seguro Social de Costa Rica y la Editorial Académica Española, donde aborda distintos temas de medicina, salud, ciencias, filosofía, biografías, historia universal, antropología y cultura.
Su obra comprende también 37 folletos sobre medicina, salud y seguridad social y más de 80 artículos científicos en revistas nacionales o internacionales, así como casi 300 artículos divulgados en los periódicos costarricenses La Prensa Libre, La Nación y en la revista internacional Meer.
Tuvo una intensa participación en 130 congresos médicos, de salud o de seguridad social. Nacionales o internacionales, como ponente, expositor de trabajos o conferencista.
Quienes tuvimos oportunidad de tratarlo siempre encontramos en él a la buena persona, al gran científico y humanista que fue, al hombre bondadoso, sencillo, afable, solidario, preocupado por los problemas sociales y universales, al buscador permanente de la Verdad.
Su reciente fallecimiento ha dejado un gran vacío emocional en quienes lo trataron, cultivaron su amistad y le siguieron devotamente como fanáticos culturales de sus escritos y pensamientos.
Para la sociedad costarricense fue la pérdida de una mente brillante, de un ser humano extraordinario y excepcional, de una luz que no dejará de brillar, de esa persona que siempre vivirá en nuestro pensamiento y en nuestros corazones.
Se le recordará también como el hombre sabio, culto, de una curiosidad ilimitada e insaciable y por su entrega devota al servicio de la salud pública. Físicamente lo extrañaremos, pero su huella y su condición de humanista son indelebles. Nos dejó su legado; parte de él ocupa su espacio en la Nueva Gran Biblioteca de Alejandría desde el 2002 y la publicación Who’s Who in the World. 2003. 20 Editions.
La cultura costarricense perdió físicamente a uno de sus mejores intelectuales, hombre de ciencias, humanista, una gran persona y gran costarricense.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR nboeglin@gmail.com
Este 31 de julio, se dio a conocer el primer sondeo informal entre los 15 integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con relación a los candidatos/as en competencia para ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas a partir de enero del 2027.
Cabe recordar que además de los cinco Estados Miembros Permanentes (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia), en la actualidad los demás Estados que integran el Consejo de Seguridad son: Bahrein, Colombia, Dinamarca, Grecia, Letonia, Liberia, Pakistán, Panamá, Somalia, y República Democrática del Congo.
Para la única silla a ocupar de Secretario General a partir de enero del 2027, son 8 las candidaturas oficialmente inscritas (véase enlace oficial de Naciones Unidas con el detalle cada una de ellas). A notar que únicamente las candidatas oriundas de Costa Rica y de Guyana así como los nativos de Argentina y de Uganda han sido postuladas/os por sus propios Estados. En el caso de la candidata nativa de Chile, fue en un primer momento postulada conjuntamente por Chile, Brasil y México (véase carta conjunta): el 24 de marzo del 2026, las nuevas autoridades electas en Chile anunciaron retirarle su apoyo (véase nota de Reuters). Otra candidata oriunda también de Argentina, postulada por Maldivas, al parecer se retiró de la contienda, al no aparecer su nombre en el primer sondeo realizado en el Consejo de Seguridad.
En el caso de las candidaturas provenientes de América Latina, el primer Estado en postular formalmente a su candidato fue Argentina en diciembre del 2025 (véase carta), seguido luego por Chile, Brasil y México en febrero del 2026 y finalmente Costa Rica en el mes de marzo del 2026 (véase carta).
Resulta oportuno añadir que desde su creación en 1945, la Secretaría General de Naciones Unidas siempre ha recaído en un hombre, y que son muchas las regiones en el mundo que consideran que ha llegado el momento de que sea una mujer la que ostente la máxima posición dentro del organigrama de Naciones Unidas: pese a la cacofonía de la región latinoamericana en otras temáticas, las recientes cumbres de América Latina realizadas en el 2025 en el marco de la cumbre China-CELAC y UE-CELAC así lo reflejaron (Nota 1).
Breve puesta en contexto
En este 2026, pese al estruendo de las bombas y a la destrucción total de localidades, al desplazamiento de grandes cantidades de civiles que huyen bombardeos indiscriminados, a las lágrimas de incomprensión y de desesperación de muchos de ellos al volver y descubrir lo que eran sus barrios convertidos en un campo de ruinas y al irrespeto reiterado de las reglas más elementales del derecho internacional público por parte de varios Estados en estos últimos años, Naciones Unidas aparece como el único foro global con el que cuentan los integrantes de la comunidad internacional.
Ignorar las normas del ordenamiento jurídico internacional, cuestionar su utilidad así como la de los mecanismos internacionales, atacar el multilateralismo de Naciones Unidas, votar en contra de una norma fundamental como la prohibición de la tortura, desacatar decisiones de la CIJ, son acciones que responden todas a un mismo objetivo, fomentado por Estados Unidos y otros Estados (en particular desde la llegada de su actual ocupante a la Casa Blanca): volver a la denominada “ley de la selva”, y a la trágica época imperial que experimentó el mundo, en particular en el siglo XIX. Sobre este último punto, no es para nada una coincidencia si algunas declaraciones escuchadas desde el 20 de enero del 2025 en la Casa Blanca sobre Canadá, Cuba, el Canal de Panamá, Groenlandia, Irán o Venezuela, recuerdan la narrativa y la lógica de los emperadores de antaño.
En ese sentido, recordar en este mes de julio del 2026 la importancia del derecho internacional y de la justicia internacional, únicas brújulas con las que cuenta nuestra convulsionada sociedad internacional, cobran una particular relevancia. En particular al observarse en Estados Unidos a un mandatario empecinado, como nunca visto antes, en ordenar sanciones contra el personal de una jurisdicción internacional como la Corte Penal Internacional (CPI) y ello desde su llegada a la Casa Blanca al iniciarse el año 2025, y al vivirse un período en el que varios dirigentes en América Latina (así como en otras partes del mundo) la emprenden a nivel nacional contra el Poder Judicial, y más generalmente contra las entidades nacionales e internacionales a cargo de fiscalizar el aparato estatal y de proteger las libertades fundamentales de sus ciudadanos.
Al respecto, resulta de cierto interés observar que Estados cuyos mandatarios despotrican contra el multilateralismo y contra la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y vituperan con gran frecuencia contra los mecanismos existentes en materia de derechos humanos, presenten candidaturas oficiales para ocupar la silla del funcionario que ostentará la máxima posición dentro de la estructura organizacional de Naciones Unidas.
Los resultados obtenidos en breve
En este enlace se pueden leer los resultados obtenidos por cada uno/a de los candidatos(as), encabezando con 10 votos favorables la candidata postulada por Costa Rica, seguida de 9 votos favorables por la candidata de Guyana, y de 7 el candidato propuesto por Argentina, al tiempo que la candidata chilena iguala el número de votos favorables (6) con el ex Presidente de Senegal, postulado por Burundi: este último reúne la mayor cantidad de votos desfavorables (7), por lo que deberá multiplicar gestiones de cara al segundo sondeo previsto dentro de algunas semanas o dar por concluida su participación y abandonar la contienda.
La candidata ecuatoriana (postulada por Antigua y Barbuda), quien fungió como Presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2018, por su lado registra la mayor cantidad de «sin opinión«, lo cual evidencia que no ha logrado dar a conocer su visión sobre la organización, como los demás contendientes. Finalmente, el candidato presentado tardíamente por Uganda (el pasado 25 de julio, véase carta de postulación) debería decidir si intensifica sus gestiones en los diversos espacios existentes para darse a conocer, o si debería dar por terminada su efímera participación desde ya.
Imagen de tablero extraída de las redes sociales sobre los resultados del primer sondeo informal en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
La candidata de Costa Rica reúne la mayor cantidad de votos a favor, sin que se conozca la identidad exacta de los Estados que la apoyan ni tampoco la del Estado que le recomienda no continuar.
Lo que sigue
Este primer sondeo abre un secuencia de sondeos informales que se van a realizar dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en las próximas semanas: la secuencia permitirá medir y confortar el apoyo (o bien, al revés, la reprobación) para que continúen (o al contrario, abandonen) esta contienda algunos/as candidatos. La progresión numérica que se lea entre el primer y segundo sondeo será decisiva para los finalistas de esta contienda, al tiempo que la regresión numérica deberá ser entendida por algunos/as candidatos/as para retirarse a tiempo de la misma.
Es una vez confortada una sola candidatura, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la tramitará a la Asamblea General para su aprobación por aclamación.
Como siempre en una competencia, iniciar en posición favorable una contienda no necesariamente equivale a garantizar llegar en primera posición.
Con relación a los números de unos/as y otros/as, es de notar que no se conoce la identidad de los Estados que se manifestaron mediante una «opinión desfavorable«, y el hecho que puedan ser uno o varios Estados Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad se mantiene como una interrogante muy válida.
Tuvimos al respecto la ocasión de señalar que con el segundo sondeo, la candidata de Costa Rica en el mes de agosto del 2016 ya podía pensar en abandonar la contienda, al ver aumentando de un sondeo a otro el número de opiniones desfavorables (Nota 2). Los resultados del tercer sondeo (reuniendo 12 votos desfavorables) resultaron innecesariamente negativos para la candidata costarricense, cuyo perfil no se adecuó nunca al todo al perfil de todos los secretarios generales anteriormente electos en Naciones Unidas: a saber, personas que a lo largo de su trayectoria personal, ocuparon puestos ministeriales en su Estado de origen o han sido Jefe de Gobierno (como el actual Secretario General nativo de Portugal, y que ganó cómodamente esta contienda del 2016, su antecesor, ex canciller de Corea del Sur, así como el hasta ahora único Secretario General de Naciones Unidas oriundo de América Latina, ex canciller de Perú).
Toma extraída de esta nota de prensa de UNDispatch sobre resultados obtenidos en Nueva York a raíz del tercer sondeo confidencial realizado el 29 de agosto del 2016 de cara a la designación de un Secretario General de Naciones Unidas, en los que la candidata de Costa Rica registra un total de 12 opiniones desfavorables.
A modo de conclusión
Como bien se sabe, en Naciones Unidas, las normas que se mantienen incólumes desde 1945, permiten que uno de los cinco Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad (China, Francia, Estados Unidos, Reino Unido o Rusia) pueda recurrir a su derecho a veto para frenar las aspiraciones de los candidatos que no cuenten con su apoyo. Se trata de una prerrogativa con la que no cuentan estos cinco Estados para la designación de los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) (Nota 3).
Al respecto, cabe recordar que el mandato de un Secretario General es de cinco años, y puede ser reconducido por cinco años más. Con la notable excepción de Boutros Boutros Gali, de Egipto, con un único mandato (enero 1992 – diciembre 1996), todos los demás titulares fueron siempre reelectos para un segundo mandato consecutivo. La no reelección de Boutros Boutros Gali se debió al único voto en contra por parte de Estados Unidos en el seno del Consejo de Seguridad (véase al respecto esta nota de finales de 1996): la sesión de aquella fría noche de invierno del 13 de diciembre de 1996 fue descrita por quién fungió como su Jefe de Gabinete como sigue:
“13 Décembre 1996: Mme Madeleine Albright, Représentant permanent des Etats Unis à l´ONU, sort la première de la Séance officielle privée du Conseil de Sécurité (3725ème séance). Il est 20h 30. Elle passe, sans un mot, devant la presse diplomatique regroupée devant la longue tapisserie de Picasso représentant le massacre de Guernica. Quelques journalistes peuvent entendre un membre de sa délégation leur souffler « We did it » »(Nota 4).
Menos de una semana después, Kofi Annan, oriundo de Ghana, era electo Secretario General de Naciones Unidas, el 19 de diciembre de 1996.
Dada las fuertes tensiones que experimenta Naciones Unidas en su relación con Estados Unidos desde el mes de enero del 2025, y el carácter imprevisible del actual ocupante de la Casa Blanca, es probable que el actual mandatario norteamericano busque la manera de complicar la elección del (o de la) futura Secretario (a) General, con algún capricho personal o provocación en esta recta decisiva.
– -Notas – –
Nota 1: Durante la última cumbre China / CELAC, realizada en China en el mes de mayo del 2025 (véase texto completo colgado por la diplomacia de Colombia) el punto 13 se lee como sigue:
«13. China toma nota de la posición de los países de la parte de ALC de que ha llegado el momento para que una persona nacional de un Estado de América Latina y el Caribe asuma la Secretaría General de las Naciones Unidas, considerando que, de los nueve secretarios generales que ha tenido la ONU hasta la fecha, sólo uno ha sido originario de la región».
En la parte final de esta declaración final, se indica que el punto siguiente (el punto 14) no contó con la aprobación de Costa Rica (sin que se tenga explicación oficial alguna desde entonces) y que Argentina consideró oportuno no hacerse presente en la plenaria de esta cumbre: «La República Argentina estuvo ausente del Plenario Ministerial en la Cuarta Reunión del Foro CELAC-China y no participó en la adopción de estos documentos«. En noviembre del 2025, en otra cumbre, esta vez CELAC / UE (Unión Europea), se precisó en la declaración final adoptada (véase texto integral, y en particular el punto 21) que:«21.The European Union takes note of the position expressed by the countries of Latin America and the Caribbean to have a national of the region serve as the next Secretary-General of the United Nations». Nuevamente la diplomacia de Argentina consideró oportuno hacer ver, de manera estridente esta vez, ante los 27 Estados europeos y ante el resto del continente americano, su profundo descontento con algunos puntos. La total cacofonía de América Latina se dejó entrever de manera mucho más llamativa esta vez, al precisarse al final del texto de esta declaración final lo siguiente: «The Argentine Republic dissociates from paragraphs 10, 15, 18, 42, 44, the reference to “gender” in paragraph 9, the reference to “Pact for the Future” from paragraph 20 and the reference to “Agenda 20230 and its 17 Sustainable Development Goals SDGs” in paragraph 22; the Republic of Costa Rica dissociates from paragraphs 10 and 18; the Republic of Ecuador dissociates from paragraphs 10, 15 and 18; the Republic of El Salvador dissociates from paragraphs 10 and 18; the Republic of Panama dissociates from paragraphs 10 and 15; the Republic of Paraguay dissociates from paragraphs 10, 15, 18, 20, 22 and 44; the Republic of Trinidad and Tobago dissociates from paragraph 10 and from the reference to “We reiterate the importance of regional migration dialogue frameworks” in paragraph 47; the Bolivarian Republic of Venezuela withdraws from the declaration«. En el caso de Costa Rica, se desconoce si alguna explicación oficial fue aportada por parte de sus autoridades para explicar su objeción a los puntos 10 (América Latina como Zona de Paz y apoyo a la lucha contra el narco trafico en alta mar) y 18 (levantamiento del embargo a Cuba) de esta declaración final, puntos igualmente objetados por El Salvador. No se tiene conocimiento por parte de la diplomacia de Paraguay (objetando seis puntos), de Argentina (cinco puntos y referencias hechas en tres otros) y de Ecuador (tres puntos) de justificaciones aportadas oficialmente para explicar estas objeciones, ni tampoco de Venezuela (optando por rechazar todo el texto como tal).
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Segundo sondeo en el seno del Consejo de Seguridad de cara a la elección del Secretario General de Naciones Unidas«, DIPúblico, edición del 13 de agosto del 2016. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 3: Con respecto al Consejo de Seguridad, el Artículo 10, inciso 2 del Estatuto de la CIJ (véase texto) establece claramente que no habrá distinción alguna entre los votos de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad, al precisar que: «2. En las votaciones del Consejo de Seguridad, sean para elegir magistrados o para designar los miembros de la comisión prevista en el Artículo 12, no habrá distinción alguna entre miembros permanentes y miembros no permanentes del Consejo de Seguridad«. Se trata de una de las pocas disposiciones en Naciones Unidas en la que resulta irrelevante el tener dentro del Consejo de Seguridad un voto en contra (o varios…) provenientes sea de China, de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido o de Rusia. Dicho en otras palabras, si un jurista se ha manifestado o ha publicado textos sumamente críticos en contra de uno de estos cinco Estados durante su carrera profesional o como diplomático(a), ello no afecta su candidatura: siempre y cuando el Estado que lo proponga sí logre obtener el respaldo necesario mínimo de ocho votos dentro del Consejo de Seguridad, de quince posibles.
Nota 4: Véase CASSAN H., “La vie quotidienne à l´ONU au temps de Boutros Boutros-Ghali (extraits)», Mélanges offerts à Hubert Thierry. L´évolution du droit international, Paris, Pedone, 1998, pp.73-92, p.73.
Francesco Giulietti Silva francescomc8@gmail.com Egresado en Derecho y estudiante de Filosofía de la Universidad de Costa Rica
Los privados de libertad y las cárceles pasan en el olvido la mayor parte del tiempo, salvo en épocas determinadas. Las campañas electorales y las crisis de inseguridad ponen en el centro a todas esas personas procesadas y sentenciadas (los discursos populistas no distinguen dicha condición jurídica) por nuestro sistema penal. El país posee 13 centros penitenciarios[1] bajo el modelo cerrado (CAI)- 11 correspondientes a cárceles para hombres, 1 para adulto mayor, así como 1 para mujeres-. Según el Informe Anual de Labores 2025[2] del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, para febrero del 2026 había aproximadamente 19.453 personas privadas de libertad, con una sobrepoblación del 46,4% a nivel general y de centros penitenciarios con hasta un 134% de sobrepoblación frente a su capacidad real. Por primera vez, el CAI Vilma Curling llega a niveles de hacinamiento tan altos como el 40,37%.
Lo anterior debe alzar alarmas respecto a la posible regresión en materia de derechos humanos, particularmente sobre la dignidad humana de las personas reclusas. Un punto que llama especialmente la atención es el siguiente: una de cada cuatro personas privadas de libertad no ha sido procesada. Es decir, que el 25% de las personas que se encuentran en las cárceles están bajo la modalidad de prisión preventiva, sin una sanción penal en firme. Ello es digno de destacar debido a que, a pesar de que según nuestro Código Procesal Penal[3] la prisión preventiva debe ser excepcional y debe cumplir con determinados requisitos, tales como la probabilidad del hecho, peligro de fuga y/o obstaculización, que el delito atribuido sea sancionado con pena de prisión y que exista peligro para la víctima, persona denunciante o testigo. Quisiera resaltar que nuestro Código Procesal Penal, así como la práctica de nuestros Juzgados y Tribunales Penales, no va acorde con lo dispuesto en reiteradas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se establece que la prisión preventiva no debe tener un fin punitivo, debe ser de carácter extraordinario y fundamentarse únicamente bajo las causales de peligro de fuga y riesgo de obstaculización. Lo anterior se puede apreciar en el Informe 35/07 de la CIDH (Caso Peirano Basso vs. Uruguay), Acápite 81, Caso López Álvarez vs. Honduras (Corte IDH, 2006), Acápite 69 y Caso Palamara Iribarne vs. Chile (Corte IDH, 2005), resoluciones que forman parte de la columna vertebral del Sistema Interamericano para prohibir y evitar el uso arbitrario y punitivo de la prisión preventiva. En Costa Rica, por otro lado, parece ser que la prisión preventiva es la regla, más que la excepción.
Asimismo, instrumentos internacionales como las Reglas de Tokio[4] y Reglas de Mallorca[5] sobre administración de justicia penal y penas no privativas de libertad, aportan una serie de pautas que tienen como objetivo un equilibrio adecuado entre los derechos de los delincuentes, de las víctimas, la seguridad pública y la prevención del delito, aunado al hecho de que la justicia penal afecta de manera esencial a los derechos del individuo. Una vez visto lo anterior, es válido cuestionarse la finalidad del sistema carcelario, la implementación de las medidas cautelares y cómo vemos como sociedad a las personas procesadas y sentenciadas por el Derecho Penal y Penitenciario.
En la campaña electoral de las elecciones de 2026 varias candidaturas utilizaron a la seguridad como su mayor consigna. No es de extrañar, según el último Informe de Resultados de la Encuesta de Opinión Pública del CIEP[6], con fecha del 6 de mayo de 2026, la inseguridad y la delincuencia son consideradas como la principal problemática para los costarricenses. Los discursos de “mano dura” no surgen por generación espontánea, son un cálculo político que apela a las emociones del pueblo cuando este se encuentra asustado por un alza en las tasas de criminalidad.
Sin embargo, aunque a nivel discursivo pueda ser viable y efectivo, a nivel práctico no lo es. El sistema penal es el último peldaño al que debería llegar cualquier ciudadano. El Poder Judicial interviene cuando el hecho ya se dio y toca juzgar al imputado; es al Ejecutivo a quien corresponde la labor más importante, la prevención. La educación, el deporte, los espacios de convivencia ciudadana que le corresponden al Estado son factores determinantes para evitar la criminalidad, focalizado en las personas jóvenes, que en su mayoría suelen ser los reclutados por el crimen organizado.
Si se ignora el hecho de que la mejor política criminal es la prevención, nuestros gobiernos seguirán dándonos estos espectáculos mediáticos y cucharadas propagandísticas que no generan una solución real. Es más, la “mano dura”, podría decirse, es contraproducente, porque aliena y estigmatiza todavía más a las personas que se encuentran sometidas a este sistema. Se les cataloga como “los otros”, que “eso jamás me pasará a mí” cuando en realidad cualquier persona puede estar el día de mañana sometida a un juicio penal y que, irónicamente serían los primeros en exigir dichas garantías.
Tal y como menciona Roberto Gargarella, las personas no son meras calculadoras de coste-beneficio, bajo esta lógica neoclásica del sistema penal, todos los problemas de seguridad se solucionarían subiendo las penas por los distintos delitos, cuando claramente esto nunca ha servido. También, el hecho de que los humanos nos movemos por pautas de reciprocidad, en la que, si una persona se siente maltratada sistemáticamente por el Estado (como lo pretenden varios de los proyectos presentados por el Ejecutivo) es probable que este responda con maltrato. Si el Estado responde “golpe con golpe” en lugar de ver a estas personas como parte de la comunidad lo que hace es crear un círculo de violencia, donde cada vez esta se alimenta más. Por último, el autor plantea una sociedad de dos niveles, conformada por los que definen los límites y marcos del Derecho Penal y quienes lo viven en carne propia. Esto es perjudicial para los grupos excluidos, que perciben al sistema como un soldado armado que les declara la guerra a ellos. Como ejemplo cabe citar el proyecto de ley que propone extender hasta por 15 años la vigencia de la hoja de delincuencia, dificultando todavía más el buscar trabajo para una persona que ya cumplió su deuda con la sociedad.
En conclusión, el sistema penal debe ser abordado integralmente, la política criminal debe ser vista también desde la prevención más allá de sanciones más duras. Nuestro Código Penal sostiene que la finalidad de la pena es la resocialización[7], entonces, si creemos en esto, debemos tratar y concebir a los sometidos al régimen penal y penitenciario como integrantes de la comunidad más que “los otros” y los “alienados”, porque, como mencioné anteriormente, el día de mañana cualquiera de nosotros puede estar sentado frente a un fiscal que nos acusa o ante un juez que dicta prisión preventiva y seguramente lo primero que harían sería exigir sus garantías procesales y constitucionales.
