1.Todavía no hay una acusación formal contra el presidente de la República, el vicepresidente Brunner, el canciller Arnoldo André, algunos diputados oficialistas y otros adherentes al Partido Progreso Social Democrático (PPSD), porque la Fiscalía se encuentra en una fase de investigación acerca de quiénes son los presuntos responsables de haber incurrido en graves delitos contra la legislación electoral de nuestro país. Por lo consiguiente en este artículo no me propongo inculpar a nadie; sé que hacen falta las pruebas concluyentes para que se pueda hablar de culpables.
2. Sin embargo, sí deseo expresar mi criterio de carácter politológico más que jurídico, sobre la relevancia que esta investigación tiene en Costa Rica hoy. Diré primero que cualquier investigación que se realice en contra del presidente de la República y otros altos funcionarios del poder ejecutivo y de la Asamblea Legislativa, es de mucho cuidado; sobre todo cuando se trata de examinar presuntos hechos dolosos en que podrían haber incurrido los altos dignatarios gubernamentales, porque de probarse la culpabilidad, se constituiría un grave daño político, jurídico y moral que afectaría aún más la credibilidad de la sociedad civil en la política y en los políticos.
3. En este caso, la investigación discurrió primero, desde hace tres años por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y, se configuró un documento en noviembre del 2024. Este documento deberá ser conocido, esperamos que con urgencia por los magistrados del TSE. Pero, dado que se trata de una investigación a tan altos dignatarios del Estado costarricense, el pasado 17 de enero, el fiscal general, Carlo Díaz, sustentado en una orden judicial de la Sala Tercera (que conoce y se pronuncia sobre delitos penales), incauta el documento, justamente con el fin de examinar si amerita elevarlo a los tribunales de justicia competentes para que se inicie un juicio. El documento al que nos referimos versa sobre el supuesto financiamiento paralelo en la campaña del hoy presidente Rodrigo Chaves. De probarse los hechos que allí se señalan, obviamente sería a todas luces un ilícito grave contra artículos del código electoral y, como ha quedado dicho procedería que el fiscal lo eleve a juicio.
4. El procedimiento no es nada sencillo, puesto que algunos de los altos dignatarios investigados, como el presidente de la República, el vicepresidente, el ministro de Relaciones Exteriores y los dos diputados, están investidos de inmunidad. En tal caso procede que el TSE valore la denuncia y, si lo estima necesario, ordene a la Inspección Electoral, que instruya una investigación preliminar. Si realizado este proceso encuentra indicios de culpabilidad, deberá trasladar la denuncia a la Asamblea Legislativa, a fin de que ésta, proceda a levantar la inmunidad de los funcionarios que estime necesario. Se requerirán dos terceras partes de los votos de los diputados a la Asamblea Legislativa para levantarles la inmunidad a los dignatarios aquí mencionados para que puedan ser sometidos a juicio. O sea, se trata de un procedimiento calificado.
5. ¿Cuáles son los presuntos delitos en que habrían incurrido los dignatarios y otros de sus partidarios? El informe del Departamento de financiamiento de partidos políticos del TSE, como resultado de tres años de investigación concluyó que se habrían cometido por parte del presidente, los siguientes delitos electorales, a saber: Rodrigo Chaves, habría recaudado fondos para financiar al PPSD, sin haber recibido autorización alguna del tesorero de este partido político. Una violación como esta, de haberse producido, implicaría penas de dos a cuatro años de cárcel, según artículo 273 del Código Electoral. Los recursos, postula el informe de investigación habrían ingresado a cuentas de una firma privada ATA Trust Company, mediante la cual se administraron los recursos del fideicomiso “Costa Rica Próspera”. También señala el informe dado a conocer por el diario La Nación, que el presidente recibió contribuciones o donaciones, por medio de una estructura paralela a las cuentas oficiales del PPSD, con lo cual evadía el control del propio partido político; esa cuenta paralela que se constituyó fue el fideicomiso mencionado y uno de los sujetos de investigación. Con ello se habría violado el artículo 275, inciso b, del código electoral.
6. A su vez al canciller Arnoldo André, se le atribuyen dos delitos más: igual que Chaves habría violado el artículo 273 del mismo código, tras haber incurrido, supuestamente en la misma falta de captar recursos por medio del fideicomiso, para el PPSD también. Pero, por otra parte, se le atribuye haber donado a esa estructura paralela, el fideicomiso, una suma de 3,6 millones de colones. De haberse producido esa donación sería una irregularidad violatoria del artículo 274 del citado código.
7. A la diputada Luz María Alpízar, en su calidad de presidenta del PPSD, se le estaría atribuyendo haber recibido financiamiento privado, mediante el aporte de personas no autorizadas para recaudar esos fondos, las cuales habrían empleado cuentas, aparentemente no inscritas, ni autorizadas por el tesorero nacional, o por el comité ejecutivo nacional del PPSD. De probarse tal delito sería una violación al artículo 275 del mismo código. En este caso, si se logra probar el delito se señalan penas de cárcel de dos a seis años.
8. Al diputado Waldo Agüero, se le investiga también por sospechas de haber violado el artículo 275. A la vez, a su hija, Sofía Agüero Salazar, se le sigue proceso de investigación por sospechas de haber recibido y depositado fondos en su cuenta bancaria, ilegales, para financiar la candidatura de su padre. En este caso el dinero recaudado provenía del banquero Jack Loeb. (Cfr. Para más abundamiento, pueden conocer informes de los artículos del diario La Nación sobre esta materia de los días domingo dos de febrero del 2025, págs. 1 y 3, martes 4 de febrero, págs.1 y 3 y, miércoles 5 de febrero, págs. 1 y 3).
En suma, la investigación a la que nos hemos estado refiriendo del Departamento encargado de estudiar el financiamiento de los partidos políticos, perteneciente al TSE, habla de dos supuestas estructuras paralelas a la contabilidad oficial del partido de Chaves, el fideicomiso y una cuenta privada de la señora Sofía Agüero Salazar.
Al estudio de estos supuestos delitos, está abocada ahora la fiscalía general, con el objeto de seguir la trazabilidad de los fondos recaudados mediante estructuras paralelas y así se estaría probando que los recursos se habrían recibido de donantes privados no autorizados, cuyo destino era beneficiar tanto la candidatura a la presidencia de Chaves, como la de Brunner, y la de los candidatos a diputados de aquel entonces, aquí mencionados con anterioridad. También se afirmó en este artículo, que el fiscal tuvo que solicitar autorización de los magistrados de la Sala Tercera de lo penal, para obtener la orden judicial y así incautar el documento al que hemos hecho referencia.
Como puede verse, de probarse los ilícitos, los altos funcionarios de la administración pública, el presidente Chaves y los demás, habrían incurrido en faltas graves que atentarían contra nuestro sistema electoral, y habrían faltado a la confianza de los costarricenses que votaron por ellos y los que todavía les mantienen la confianza. Es de esta manera como se vulnera la democracia costarricense y cada vez mayor cantidad de personas en nuestro país se han ido decepcionando de la política y los políticos. Esperamos que los que sean acusados, no acudan a procedimientos espurios y leguleyadas en su defensa que, producirían todavía más decepción en el pueblo.
El lawfare no es de creación jurisprudencial, ni legal. Tampoco corresponde a creatividad doctrinaria jurídica; siendo, una instrumentalización de la justicia. Es la utilización de una opción aparentemente legal y lógica de tipos y actuaciones judiciales, utilizados como instrumentos políticos y por ende alejada de lo sistemático de la dogmática jurídica. Se conoce como guerra jurídica; judicialización de la política; o acoso judicial. Se relaciona con el ataque al poder ejecutivo o al representante de esa rama; mediante la utilización de instancias judiciales nacionales e internacionales, buscando su desprestigio y hasta su caída y destitución, sin el uso de las armas. Su principal engranaje es funcionar con la dictadura mediática intoxicante (medios de comunicación) y el uso de las redes sociales. En el escenario latinoamericano, luego del fracaso de las dictaduras militares, se acudió, como signo desestabilizador del imperio y lacayos criollos, a la llamada “dictadura civil” para transmutar, en los últimos años, en el fenómeno del “golpe blando”. La derecha habla del Estado de Derecho; pero la realidad es que tienen archivado el Estado Social. El escenario propicio para la aplicación del lawfare es la carencia, o falta de funcionamiento, de un Estado Social, en un país determinado; en donde predomina la institución judicial subordinada al poder político y a los partidos políticos tradicionales, detentadores de poder; con una presentación de miseria de la justicia y por ende un cuadro de justicia vulnerable. Tomando los casos emblemáticos de uso del “golpe blando” en países latinoamericanos como Honduras, Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil y el no abortado del caso colombiano, se puede caracterizar una constante de aplicación en gobiernos progresistas, alternativos, con proyección de izquierda, que afectan al “establecimiento” pro-imperio. La medida no ha logrado aplicar en gobiernos de izquierda, con inspiración socialista y por ende con un marco constitucional diferente, de nuevo tipo, tal como sucede con la indoblegable Cuba; el ejercicio constitucional del bravo pueblo bolivariano y la consecuente inspiración soberana del gobierno sandinista. Por ende, al abordar sobre su caracterización persiste en mantener una apariencia de legalidad, buscando deslegitimar, desprestigiar, provocar el repudio popular y aplicar hacia el desgobierno y/o el “mal gobierno”.
Destacar que cuando hay sumisión al estado social no se da aplicación del lawfare. No es dable particularizar en lo de jueces afines al régimen imperante; como el de casos de jueces que resaltan como jueces valientes. Aunque no es tema de este ensayo, no se puede desconocer el contenido ideológico de las sentencias judiciales. Predomina el ejercicio de la tridivisión de los poderes. Aplica lo del ejercicio o ejecución armónica de la tridivisión del poder. Por ello se puede encontrar una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, valiente, al asumir en contrario una imposición del ejecutivo. Pero, de igual manera, la correspondencia de decisiones judiciales armoniosas y acorde al desempeño gubernamental en la Republica Bolivariana de Venezuela, como también en la Nicaragua Sandinista. O las medidas judiciales contra la pretendida fascistización contra el migrante en los Estados Unidos. Hasta aquí este preámbulo de fundamento jurídico-doctrinario, sobre el lawfare, para adentrarnos en la caldera del diablo, tal como corresponde al desarrollo institucional actual en Colombia.
Cómo opera el lawfare en Colombia
Existe particulares condiciones en el escenario, no ya de una Rama seca de la justicia, la cual fue incinerada por el militarismo de derecha. Sí, de un sistema de justicia, permeado por la corrupción, en un modelo de estado considerado, por algunos, como un narco-Estado imperante. Realísticamente operan feudos, con identificaciones y denominaciones exactas y de contenido delictivo como el denominado “Cartel de La Toga”. No opera el acoso judicial cual un modelo único aplicado a cada país. Pero en el caso colombiano si se da y aplica unas condiciones y formas lastimosas. Comencemos por el comportamiento de las Altas Cortes ante las propuestas de reformas de fondo (ni siquiera revolucionarias) en lo de la salud, lo laboral, pensional, tributario e iniciativas administrativas gubernamentales para superar el estado de cosas inconstitucional (eci) que existen en regiones del país como en la Guajira, por ejemplo y a hoy potenciado en lo de El Catatumbo. Pero no solo en eso; el sistema judicial contencioso administrativo (Consejo de Estado) ha sido reiterativo en impedir la función constitucional de ser el presidente de la república el orientador de las relaciones internacionales. Durante cerca de tres años transcurridos de gobierno progresista-liberal, los nombramientos de libre remoción de embajadores, cónsules y del servicio exterior, le fueron revocados al presidente de la república, quien actúo conforme al mandato constitucional, Artículo 189-2 de la Constitución Política de 1.991 (CP91). “Corresponde al Presidente de la República: “Dirigir las relaciones internacionales”. Bajo revestimiento legal, adujeron la existencia de un estatuto reglamentario de la carrera consular, que exige suplir vacantes con personal adscrito en antigüedad en la Cancillería, al que le acomodan lo de “pacto sindical”; siendo que una asociación de empleados de libre nombramiento y remoción, en modo alguno son sindicalizados; resultando tal materia así atendida totalmente inconstitucional; como es desde todas luces notorio impedir al director de las relaciones internacionales la búsqueda de mejor escogencia de sus colaboradores. Pues bien, sin pretender ser taxativos, ese es un caso ejemplar de acoso judicial y de guerra legal contra el presidente colombiano. Tan solo nombrar, como de registro, el procedimiento obtuso y dilatorio de la Corte Suprema en nombrar al Fiscal General de Colombia, que debía reemplazar al anterior titular Francisco Barbosa. Quedó, como de registro histórico “el manejo de los tiempos” y el condicionamiento a que el cuestionado fiscal citado, quien empoderó como un descarado activista político de oposición al ejecutivo; autoproclamándose como un órgano de control constitucional, sin serlo; que no tenía superior alguno que le vigilare y auditare, buscando lograr el cometido que su aliada y también cuestionada Vice Fiscal General, continuara en interinidad, por inconcebible periodo de tiempo; de no ser por el decido empeño del movimiento popular movilizado, en abortar tan criminal treta. Se pueden citar más casos emblemáticos de intervención torticera de las Altas Cortes contra el programa político del presiente G. Petro y que dibuja la escena del llamado “golpe blando”. Pero ha quedado demostrado que el tal golpe blando no solo aplica por el uso del manejo de las instancias judiciales. En el caso colombiano, también se acudió al acoso por parte del principal órgano de control constitucional, la Procuraduría General, que es el supremo director del Ministerio Público. Resulta innumerable señalar las actuaciones, en desfase, de la Procuradora General Margarita Cabello; todas tendientes a enrarecer el ambiente de un “mal gobierno” del titular del Ejecutivo. Logró la muerte política, mediante destitución y prolongadas inhabilidades para desempañar cargos públicos, de muchos funcionarios gubernamentales, destacando el de dos representativos: el ex canciller Álvaro Leiva Duran y el Dr. Luis Guillermo Pérez Casas, como director de la Superintendencia de Subsidio Familiar. Al igual que el anterior Fiscal General mencionado, actúo la Procuradora General como una activista opositora contra las decisiones del titular del ejecutivo nacional, presidente G. Petro U. De igual reseña resulta el inconstitucional proceder del Consejo Nacional Electoral (CNE) al violar el fuero constitucional que reviste al presidente de la república, que predica sea únicamente La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes su juez natural. Siendo el CNE el máximo rector que inspecciona y regula la actividad electoral, armó una plataforma de ataque contra el señor presidente de la república al decidir investigarlo, con cargos directos, dentro del debido accionar por la investigación que adelanta sobre supuesta violación de topes financieros en la campaña electoral para le elección de presidente. Corresponde que “esos” cargos contra el señor presidente sean de conocimiento de la Comisión de Acusaciones y así no ha sido tramitado. De resultar ciertos y probados esos cargos de irregularidad electoral, el candidato ganador, que en este caso lo fue el presidente de la república, incurriría en mala conducta, con el efecto de destitución del cargo de elección y al no ser previamente juzgado por su juez natural le declararían la vacancia que llegaría a ser suplida por el actual presidente del Senado. Así resumido, sobre la suerte de la presidencia de la república de Colombia pende una espada de Damocles, como resultado de un montaje torticero, materializado en un recurso crudo de guerra jurídica contra el titular de la rama ejecutiva.
Pero valga pues, para concluir en reflejo de asomo de aplicación del acoso legal y judicial conocido como lawfare lo último sucedido por la actual titular de la Fiscalía General, Luz Adriana Camargo Garzón y por la señora ministra de Justicia Angela María Buitrago.
La encerrona al proceso del fin del conflicto armado con una insurgencia denominada coordinadora bolivariana
Con 30 años de análisis y conocimiento del conflicto armado interno; no había encontrado una actitud tan mentirosa, falaz, de perjurio y descalificadora del estatus insurgente de la guerrilla colombiana. Pensaba que no lo era de la concepción de nuestro presidente; pero si lo es de la CIA y del adecuado maquillaje Trump. El Catatumbo exige y requiere un consejero nacional sobre el conflicto armado, con aplicación de solución política definitiva.
Una cosa es analizar el desvertebrado accionar del Alto Comisionado del gobierno progresista – liberal, en la búsqueda del fin del conflicto armado interno en Colombia, basado en la perfidia y en la práctica divisoria anti – solución; y otro callar ante el maquiavélico accionar de la titular de la Fiscalía General de la República, contra la buena fe del presidente G. Petro U, en su búsqueda de «Paz». La detención arbitraria, desde todo punto de vista, contra Giovanni Arias Rojas, alias ARAÑA, de la muy fraccionada Segunda Marquetalia y ahora denominada la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, al mando del cuestionado Walter Mendoza, demuestra el accionar de la derecha militarista pro imperio, al finiquitar el proceso adelantado con lo que queda de ese sector insurgente. La postura del vocero gubernamental, Dr. Armando Novoa, es consecuentemente jurídica y digna de aplauso, conforme al marco legal aplicado.
La Fiscalía General alega que antes de concretar acuerdos en la mesa de negociación o de conversaciones, la Interpol no está impedida para solicitar capturas. Que la circular roja aplicada al ex farc alias Araña, en su calidad de vocero de los negociadores, se dio desde antes del actual gobierno. Calla en explicar que la decisión fue tomada desde Lyon Francia, y aquí ejecutada y cumplida en un tiempo récord de 24 horas. LA Fiscal General, se erige como intérprete de la norma; en la prelación del acatamiento a un acuerdo internacional como lo es el de la extradición. Desconoce la orden expresa, legal, de levantamiento de orden captura contra el señor Giovanni Arias Rojas. Como funcionaria en el papel de actora judicial, a ella no le compete interpretar la orden a ejecutar. Tampoco es interprete de la norma y mucho menos abrogarse la facultad de aplicarla, como si se tratara de un juez. Olvida que La Fiscalía no es un órgano de control y en esto emula al saliente Fiscal General opositor, de quien en la práctica ha sido una garante continuadora. La Fiscalía es una operadora del sistema judicial, pero no imparte justicia. Eso lo olvida para acudir a una acción de desprestigio al accionar gubernamental del ejecutivo nacional
En tanto y al unísono, la ministra de justicia Angela María Buitrago, defendió la captura de alias Araña, contradiciendo la argumentación del negociador del gobierno Dr. Armando Novoa, ante la orden de su detención, emanada de la Interpol, sin mayores consideraciones.
Las anteriores dos funcionarias, al mejor ejemplo de contenido y naturaleza del fenómeno del lawfare, en este artículo analizado, justifican la decisión de entrampamiento de un vocero de un sector de la insurgencia al que el gobierno del presidente G. Petro, le dio el carácter de insurgente o rebelde, independiente que esté incurso en delitos de narcotráfico, (que no es un delito de lesa humanidad, ni crimen de guerra).
Ambas abrieron un debate político-jurídico sobre el cumplimiento de los tratados internacionales y la protección de quienes han realizado acercamientos con el Estado para dejar las armas. Aduce la ministra Buitrago en cuestión: «No es una orden proferida internamente, por lo que no es un proceso que se esté ventilando en Colombia. Para nosotros, los tratados, las convenciones y los convenios son obligatorios de cumplir por el principio de la reciprocidad para efectos de justicia». Significa lo anterior que la orden presidencial puede ser desconocida, acudiendo a instancias internacionales.
Indudablemente han generado, ambas funcionarias, una escena de estafa procedimental con el único mensaje y encubierta labor de instrumentalizar una adecuación de trámite judicial a la espera de resultados desconsiderados a la eficacia y eficiencia de la gestión gubernamental; afectar su buen desempeño y propiciar la solicitud formal del gobierno entrometido de los Estados Unidos de pedir la extradición de alias Araña, que no será competencia a definir de ninguna de la dos nombradas sino del señor presidente de la república de Colombia. Conclusivamente, es un claro caso de guerra jurídica o lawfare, para afectar la consistencia del titular del ejecutivo nacional. Y quien extraditará: ¡el señor presidente o el imperio!
El regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca y a la escena internacional está redefiniendo el tablero geopolítico de Occidente. Su reciente conversación con el presidente Vladimir Putin para iniciar las negociaciones y poner fin a la guerra en Ucrania no solo confirma que este conflicto fue inducido por Occidente, sino que también representa un giro fundamental en la política exterior de Estados Unidos. Con este movimiento, Trump ha puesto en su lugar a una Europa que durante décadas ha dependido de la protección estadounidense sin asumir la responsabilidad de su propia seguridad. Ahora, el mensaje es claro: si Europa no es capaz de garantizar su propia defensa, Estados Unidos no seguirá sacrificando sus recursos y su gente por ellos.
Desde la Segunda Guerra Mundial, Europa convirtió a Estados Unidos en su principal herramienta de seguridad, delegando en Washington la respuesta ante cualquier amenaza externa. La Guerra Fría y la expansión de la OTAN reforzaron esta relación, pero los tiempos han cambiado. Trump ha entendido que Estados Unidos no tiene por qué seguir asumiendo el rol de protector absoluto de Occidente, especialmente cuando sus propios intereses estratégicos están en juego. Su postura hacia Rusia ya no es de confrontación como la pasada administración del presidente Biden, sino de cooperación estratégica, lo cual es correcto y necesario en un mundo que avanza hacia la multipolaridad.
El caso de Ucrania es un claro ejemplo de la nueva visión de Trump. En lugar de seguir financiando sin límites al gobierno de Volodímir Zelenski, la prioridad será recuperar lo invertido. La administración Trump probablemente exigirá el pago en forma de petróleo y tierras raras, recursos fundamentales para la economía y seguridad energética de Estados Unidos. Así lo ha mencionado el destacado coronel estadounidense Douglas McGregor en una reciente entrevista. Se acabó el financiamiento descontrolado a gobiernos que no aportan beneficios tangibles a Washington.
La eventual conclusión de la guerra en Ucrania podría marcar el principio del colapso definitivo de la OTAN, una organización que nació como un dique contra la Unión Soviética pero que, tras la caída del bloque comunista, sobrevivió a base de conflictos diseñados para justificar su existencia. Mantenida artificialmente por las élites globalistas de Occidente, la Alianza Atlántica ha demostrado ser más un instrumento de hegemonía estadounidense que un verdadero garante de seguridad.
Hoy, la paradoja es innegable: la izquierda, que durante décadas exigió el desmantelamiento de la OTAN, ahora titubea y evita confrontarla abiertamente. Su institucionalidad, hábilmente adaptada al lenguaje del progresismo, ha logrado cooptarla mediante un sofisticado ejercicio de soft power. Prueba de ello son las declaraciones del entonces secretario general Jens Stoltenberg en 2023, cuando, en un mensaje grabado y difundido por la Alianza, afirmó: “Existimos no solo para defender y proteger nuestras tierras, sino también a las personas en toda su variedad”. Ahora, la OTAN no solo se presenta como un bastión militar, sino también como una supuesta defensora de la diversidad. Y así, la izquierda, que en otro tiempo habría denunciado su existencia, prefiere callar.
Si Washington deja de sostener esta estructura caduca, Europa se verá obligada a redefinir su seguridad bajo sus propios términos, sin el paternalismo estadounidense. La disolución de la OTAN, un escenario antes impensable, hoy ya no parece una utopía, sino una posibilidad concreta en el tablero geopolítico.
En el caso de Asia, la posible desmilitarización de las relaciones con China y la estabilización del tema de Taiwán podrían ser otros de los grandes logros de una política exterior más realista y pragmática. Garantizar la paz en la región del Indo-Pacífico es esencial, y para ello es necesario abandonar la lógica de confrontación impuesta por el globalismo liberal. Un entendimiento entre Estados Unidos y China sobre los asuntos estratégicos de la región aseguraría una estabilidad duradera y reduciría los riesgos de conflicto.
La única región donde no está claro cuál será el accionar de Washington sigue siendo Oriente Medio, y los compromisos que tiene Trump con Israel, donde la situación sigue siendo tensa y las posibilidades de un gran conflicto regional que incluya a EE. UU. siguen vivas. Sin duda, este puede ser el talón de Aquiles del gobierno norteamericano en temas geopolíticos.
En este contexto, la política de Trump moldea un mundo donde las grandes potencias negocian desde sus propios intereses sin estar atadas a una visión hegemónica impuesta por una élite occidental decadente. Sí, es el fin de la globalización neoliberal tal como la conocemos. Esto marca el inicio de una era multipolar en la que el globalismo liberal, con su agenda de intervención y control absoluto, empieza a desmoronarse. El futuro se encamina hacia un equilibrio de poder más natural, donde cada nación puede defender sus propios intereses y zonas de influencia sin ser obligada a seguir un modelo único e impuesto desde arriba. Trump no solo está tratando de reordenar Occidente, sino que, junto con Rusia y China está poniendo los cimientos de un mundo verdaderamente soberano y multipolar.
“La democracia está muriendo”. “No funciona más”. “Es un modelo que no ha logrado cumplir las promesas de bienestar que le hizo a la ciudadanía”. Estas son frases que se repiten en cientos de análisis y que cobran aún más sentido ante el auge de regímenes autoritarios que llegan al poder utilizando procedimientos democráticos. Pero ¿estamos ante un fracaso de la democracia o la responsabilidad es del sistema socioeconómico que la sustenta?
Para responder a esta pregunta, es importante considerar varios aspectos. La democracia occidental, es el resultado de una larga y cruenta lucha de la burguesía juntos con otros sectores sociales, contra el absolutismo y que tuvo un momento culminante con la Revolución Francesa. Desde entonces, los avances y los retrocesos democráticos han sido el resultado de distintas correlaciones de fuerza, en diferentes contextos espaciotemporales, asimismo, las nociones de “libertad”, “igualdad” y “justicia” derivadas de dicha revolución, no han sido productos acabados, sino conquistas por mantener y profundizar.
Lo mismo sucede con los pilares que sustentan la edificación democrática: el equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para que ninguno prive sobre otro; el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía y la posibilidad de que cualquier grupo de ciudadanos, reunido en un partido político, pueda aspirar a gobernar el Estado y que esta potestad de gobernar se someta a la voluntad popular, que podrá decidir periódicamente cuál grupo gobierna.
Mientras existió el campo socialista, los Estados del «mundo libre» se presentaron como los modelos de democracia frente a lo que calificaron como gobiernos totalitarios antidemocráticos. Estableciendo Estados de derecho y optando por modelos de bienestar social, buscaron garantizar el ejercicio de los derechos básicos a la mayoría de sus habitantes, mostrando el bienestar logrado como fruto de la democracia. Todo esto sobre un modelo económico que permitía lucrar y acumular riquezas, pero con mecanismos de redistribución más o menos eficientes.
En América Latina, en la segunda mitad del siglo XX, la mayoría de las democracias formales no lo eran en la práctica y las desigualdades socioeconómicas generaron tensiones que explotaron en graves conflictos armados, dictaduras y represión, especialmente en el cono sur y en Centroamérica. En los países tomados por la violencia, la democracia ni siquiera llegaba a hacer promesas.
Con la caída del socialismo, las potencias capitalistas iniciaron el proceso de desmantelar el marco jurídico del estado social de derecho, incluyendo compromisos con la salud y la educación públicas, así como con los derechos laborales conquistados a inicios del siglo XX. Se mantuvieron las libertades individuales, pero se erosionaron profundamente los derechos colectivos.
Esta nueva etapa del capitalismo mundial, caracterizada por «más mercado y menos estado», implicó la privatización de servicios públicos y medidas restrictivas de inversión social, profundizando las brechas sociales y la pobreza.
Para los países de América Latina que habían sufrido las dictaduras y los conflictos armados, el “retorno a la democracia” coincidió con la implantación de las medidas neoliberales[1], (con la excepción de Chile, donde el neoliberalismo floreció sobre la dictadura) y la construcción de la institucionalidad democrática tuvo que hacerse en el marco de los discursos de reducción del Estado. ¿Qué podría prometer la democracia en términos de bienestar e igualdad en ese marco de capitalismo salvaje?
No se puede dejar por fuera el fenómeno de la corrupción que crece y se multiplica entre las élites políticas en contubernio con sectores tanto empresariales como del crimen organizado, que minan desde dentro de los estados, la confianza ciudadana en la institucionalidad pública y en la política.
Ya entrado el Siglo XXI, la sindemia[2] generada por la pandemia del COVID 19, evidenció las profundas desigualdades sociales y desnudó las deudas de los estados con las personas más desfavorecidas, deudas forjadas desde la década de los 80 por el capitalismo neoliberal. La forma tan clara en cual las sociedades se dividieron entre las personas que tenían su supervivencia asegurada en medio del encierro y quienes sintieron que lo perdían todo, propició el resentimiento de estas personas hacia quienes conservaron sus empleos e ingresos. Esto llevó a importantes sectores de la población a reaccionar contra un sistema “que les abandonó” y a apoyar a figuras mesiánicas que prometen venganza contra las élites y libertad frente a los gobiernos.
Profundizando en los principales impactos socioeconómicos y políticos de la pandemia del COVID-19:
Socioeconómicos
Desempleo: La pandemia provocó un aumento significativo del desempleo a escala mundial, con millones de personas perdiendo sus trabajos debido a la interrupción de actividades económicas. Las personas que generaban ingresos en el sector informal se vieron también entre la población más vulnerable.
Recesión Económica: Muchas economías entraron en recesión en 2020, con una caída drástica en la producción económica y el cierre de numerosas empresas.
Desigualdad: La pandemia amplificó las desigualdades existentes, afectando de manera desproporcionada a las personas y comunidades más vulnerables.
Industria del Turismo y Servicios: Sectores como el turismo, la aviación y los servicios se vieron gravemente afectados, con pérdidas económicas significativas.
Educación: El cierre masivo de escuelas y la transición a la educación en línea en sistemas que no estaban preparados para ello, generaron desigualdades en el aprendizaje y afectaron el desarrollo educativo de millones de estudiantes.
Políticos
Gobernanza y Respuesta: Las respuestas gubernamentales variaron significativamente, con medidas de confinamiento de diversos grados y restricciones que generaron controversia y protestas. En muchos casos, las restricciones sanitarias sirvieron de laboratorio para el autoritarismo.
Políticas de Estímulo: Muchos países implementaron programas de estímulo económico para mitigar los efectos de la crisis, aunque por lo general fueron insuficientes.
Desconfianza en las Instituciones: La pandemia aumentó la desconfianza en las instituciones gubernamentales y sanitarias, en parte debido a la propagación de desinformación y teorías de conspiración.
Políticas de Salud Pública: Hubo un enfoque renovado en las políticas de salud pública y la importancia de la preparación para futuras pandemias. Pero también se evidenció la falta de soberanía de los sistemas nacionales y la dependencia de la industria farmacéutica globalizada.
Culturales
Como ya se mencionó, la pandemia hizo evidente la convivencia de personas privilegiadas y desprotegidas, fomentando la fragmentación social. En muchos casos, las personas que estaban seguras en sus casas, con sus despensas llenas, recriminaban fuertemente contra quienes rompían el encierro para buscar ingresos.
El sentido de libertad: La imposición del encierro con la consiguiente limitación a la libertar de tránsito y reunión se vivió en muchos sectores, especialmente entre las juventudes, como un abuso del Estado. Las personas de jóvenes de los sectores privilegiados, pero también en las clases populares, burlaron este sistema organizando fiestas clandestinas y rechazado las restricciones.
El auge de las teorías de conspiración y el sentimiento anti-ciencia: Sobre bases reales que exponían el sentido de lucro de la gran industria farmacéutica, se crearon fuertes teorías antivacunas que impulsaron corrientes totalmente anti-ciencia. A la vez, la noción de que existen élites globales súper poderosas que buscan controlar las mentes y voluntades de las mayorías, se expandieron. La facilidad con que la información falsa y la desinformación se mueven en las redes sociales, ampliamente accesibles para todas las personas, contribuyó a este fenómeno.
El gran agotamiento: En la post pandemia, se generó un estado emocional -y físico- caracterizado por un enorme cansancio que se expresa en todas las esferas de la vida social. Hay una disminución del activismo presencial, un rechazo generalizado a la información que genere preocupaciones, y un aumento en la búsqueda de “información” de fácil consumo que genere gratificaciones inmediatas.
Estas consecuencias profundas y variadas en diferentes aspectos de la vida global, aunadas al deterioro generalizado de las condiciones de vida de grandes sectores de la población, ayudan a responder la pregunta que da origen a esta reflexión.
La pandemia de COVID-19 ha tenido efectos profundos en la economía y la sociedad. Ha amplificado las desigualdades existentes, aumentado el desempleo y generado una crisis económica global. Las medidas de confinamiento y distanciamiento social han afectado a diferentes grupos de manera desigual, exacerbando las tensiones sociales y económicas. Por su parte, el neoliberalismo, con su énfasis en la desregulación, la privatización y la reducción del gasto público, ha contribuido a aumentar la desigualdad económica y social. Las políticas neoliberales han debilitado las redes de seguridad social y han dejado a muchas personas más vulnerables a las crisis económicas. En este contexto, las propuestas formales de la democracia no tienen mucho que ofrecer y los mecanismos que ofrece se muestran obsoletos o insuficientes.
Quienes sí parecen estar ofreciendo respuestas a esta crisis, o al menos narrativas que son bien recibidas, son los movimientos de extrema derecha. La ultraderecha viene ganando terreno en varios países, aprovechando el descontento social y económico generado por la pandemia y las políticas neoliberales. Estos movimientos suelen prometer soluciones rápidas y simples a problemas complejos, lo que les atrae a muchos votantes desilusionados.
La pandemia de COVID-19 y las políticas neoliberales han creado un contexto de inestabilidad y descontento, que ha sido aprovechado por los movimientos de ultraderecha para ganar apoyo. La combinación de crisis económica, aumento de la desigualdad y la percepción de que las instituciones tradicionales no están respondiendo adecuadamente ha llevado a muchos a buscar alternativas más radicales.
Entonces, el retroceso en los procesos de democratización expresado en la desconfianza o desprecio hacia el Estado y capitalizado por la ultraderecha en auge, el influyente tecno-feudalismo y la poderosa narco burguesía, más que una falla democrática, obedece a la naturaleza del sistema económico capitalista, al que nunca le interesó el bienestar de las mayorías. Ha sido sobre esa base en la que surgieron y se desarrollaron las democracias. Si seguimos culpando a la democracia por su fracaso, estaremos dejando impune al capitalismo, que seguirá rampante su curso hacia el control total de las sociedades. Sin justicia social y económica, no hay democratización que perdure.
[1] El neoliberalismo surgió en la década de los 80, impulsado por los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, liderados por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, promoviendo la reducción del papel del estado en la economía, la desregulación de los mercados y la privatización de empresas públicas. Estas políticas se basaban en la creencia de que los mercados libres y competitivos eran la mejor manera de generar crecimiento económico y prosperidad. Sin embargo, llevaron a un aumento de la desigualdad y la pobreza, ya que los beneficios del crecimiento económico no se distribuyeron equitativamente.
En América Latina, el neoliberalismo se implementó a través de programas de ajuste estructural promovidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que exigían a los países reducir el gasto público, privatizar empresas estatales y abrir sus economías al comercio internacional. Estas medidas provocaron mayores niveles de pobreza y desigualdad.
El neoliberalismo promovió políticas de austeridad, que implicaban recortes en el gasto social y la reducción de los servicios públicos. Esto llevó a un debilitamiento de las redes de seguridad social y a un aumento de la precariedad laboral. La globalización y la liberalización del comercio favorecieron la expansión del neoliberalismo, permitiendo a las empresas multinacionales operar en múltiples países y aprovechar las diferencias en costos laborales y regulaciones ambientales.
[2]Sindemia es un término acuñado por primera vez en la década de 1990 por el antropólogo estadounidense Merrill Singer y proviene de la unión de los conceptos de sinergia y pandemia. Se considera sindemia cuando dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades.
La historia de la Guerra Fría dejó muchas enseñanzas estratégicas, pero quizás una de las más importantes para Rusia y China fue el uso que Estados Unidos y Occidente hicieron del islam radical como herramienta de desestabilización contra la influencia soviética y comunista en Asia Central.
Durante décadas, Washington financió y promovió grupos yihadistas para enfrentar a la URSS en Afganistán y otras regiones, basándose en la incompatibilidad ideológica entre el materialismo marxista-leninista y la cosmovisión religiosa islámica. Sin embargo, con el tiempo, esos mismos grupos entendieron que solo fueron utilizados por Occidente, lo que llevó a su enfrentamiento directo con EE.UU. en episodios como el 11 de septiembre y la expansión de la insurgencia islamista global con el Estado Islamico posteriormente, y su guerra santa contra occidente.
El comunismo soviético, al ser un producto de la modernidad ilustrada, compartía con Occidente un mismo origen filosófico basado en la razón, la secularización y el materialismo. En el mundo islámico, que mantiene una visión profundamente espiritual y tradicionalista, este enfoque resultaba profundamente ajeno, lo que facilitó que Occidente explotara esas diferencias ideológicas. Estados Unidos financió figuras como Osama bin Laden y promovió el surgimiento de grupos como Al Qaeda con el propósito de debilitar la presencia soviética en Afganistán, en lo que se conoce como la «trampa afgana». Sin embargo, una vez que la URSS colapsó, el islamismo radical, lejos de ser un aliado eterno de Washington, comprendió que sus patrocinadores occidentales solo los habían instrumentalizado, lo que llevó a una ruptura de sus relaciones.
La contradicción más evidente en la estrategia estadounidense quedó expuesta con la victoria de los talibanes en Afganistán en 2021. Los mismos Estados Unidos que se presentan como defensores de los derechos humanos y la igualdad de género fueron los que financiaron, entrenaron y armaron a los talibanes en los años 80, ayudándolos a convertirse en la fuerza política y militar que son hoy. Sabían perfectamente que este grupo no permite ni siquiera que las mujeres hablen en público, que impondrían un sistema de gobierno basado en una interpretación extrema de la sharía y que restringirían libertades fundamentales.
Sin embargo, en nombre de la democracia y la libertad, les dieron apoyo logístico, dinero y armas. El colapso del gobierno prooccidental de Kabul y el regreso de los talibanes al poder fueron la prueba final del fracaso de la política estadounidense en la región. Durante 20 años, Washington vendió la idea de que estaba construyendo una democracia en Afganistán, pero la realidad es que nunca tuvo un proyecto sostenible. Cuando llegó el momento de la retirada, abandonaron el país al mismo régimen que décadas atrás habían financiado y utilizado como instrumento contra la URSS.
Rusia aprendió de esta experiencia y, tras la disolución de la URSS, abandonó el comunismo en favor de una revalorización de su identidad histórica basada en el cristianismo ortodoxo y la tradición nacional. Este giro no solo sirvió para cohesionar su sociedad internamente alrededor de la figura del presidente Putin, sino que también le permitió redefinir su política exterior hacia el mundo islámico.
A diferencia del Occidente liberal, que insiste en imponer su visión de democracia, derechos humanos y progresismo (nihilismo) moral, Rusia se ha posicionado como una potencia respetuosa de las tradiciones y creencias de los pueblos musulmanes. Esta estrategia de soft power ha permitido que muchos países islámicos, en lugar de ver a Rusia como un enemigo, la perciban como un aliado en la defensa de los valores tradicionales frente a la ofensiva cultural, y en algunos casos hasta militar, de Occidente.
China, por su parte, también ha tomado nota de esta historia. A pesar de sus propias tensiones internas con minorías musulmanas, Pekín entiende que el islamismo radical fue una creación occidental y que, en términos geopolíticos, es preferible construir lazos pragmáticos con el mundo islámico basados en el respeto mutuo y la no injerencia en asuntos internos. Su estrategia en Medio Oriente y África refleja esta visión, centrada en el comercio, la inversión y la cooperación, en lugar de intentar imponer modelos políticos o ideológicos.
De esta manera podemos contrastar y ver grandes diferencias que marcan la pauta hacia un mundo cada vez más multipolar. Occidente sigue atrapado en su lógica de superioridad civilizatoria, donde se presenta como la cúspide del desarrollo humano y descalifica a cualquier sistema que no encaje en su esquema liberal-democrático. Esta actitud, que remite a la vieja dicotomía entre civilización y barbarie de la época colonial, ha generado un profundo rechazo en muchas partes del mundo, incluidas las sociedades musulmanas. Mientras EE.UU. y Europa predican valores de «progreso» y «derechos humanos», al mismo tiempo imponen sanciones, intervenciones militares y desestabilización política en países que no siguen su línea.
Así, el mundo musulmán ha comenzado a ver en Rusia y China socios más confiables y menos intrusivos que Occidente. Esto es algo que tiene muy claro el presidente Trump. El tiempo ha demostrado que la estrategia de instrumentalizar el islam radical terminó siendo un arma de doble filo para Estados Unidos y Europa, mientras que Rusia y China, con su enfoque de respeto por las tradiciones, han logrado acercarse a un mundo que antes les era hostil. La lección de la Guerra Fría ha sido bien aprendida, y la reconfiguración del poder global así lo demuestra.
En la ceremonia de juramentación, Trump asumió una actitud desafiante frente al mundo entero; se mostró como lo que pretende ser: el último emperador de Occidente. Por eso considero que el título que encabeza estas líneas pudo ser también: Trump enfrenta al mundo. Pero cabe ahora preguntarse cuál es ese mundo que Trump no teme en desafiar, porque el presidente tiene al menos dos mundos frente a sí: el doméstico y el planetario, aunque, ante sus ojos, no poseen el mismo valor. El primero, como lo señala en su conocido slogan de campaña y que tanto éxito le ha deparado: “América primero”, equivale a decir que, para sus compatriotas y, sobre todo, para él, los Estados Unidos está muy por encima del resto del mundo, por lo que lo primero, por no decir lo único que realmente importa son sus propios intereses; más que su país como totalidad son él, Donald Trump y sus incondicionales, lo que realmente cuenta; es en función de esa élite y sus intereses que él se propone gobernar la nación más poderosa del mundo, ese es su único programa de gobierno, con lo que lograría la realización de sus sueños hegemónicos, ejerciendo el poder en función de sus intereses gremiales; el resto del mundo interesa en la medida en que sea útil a la plena realización de los mismos. Empleando una grandilocuencia enfática, ve en su retorno a la Casa Blanca la definitiva, por no decir última oportunidad, de hacer realidad el sueño que, desde que vino a este mundo, acaricia. Para lograrlo se siente, no sólo privilegiado, sino también ungido por fuerzas sobrenaturales. Como emperador, Trump no siente la urgencia de buscar el aval de su pueblo; todo lo contrario, es este quien debe estarle agradecido.
Esta arrogante actitud se inspira en una filosofía o concepción del mundo, del hombre en concreto. Para emplear el término consagrado por Max Weber, según el cual las grandes civilizaciones se caracterizan por tener un modelo de hombre ideal, un “arquetipo” o idea platónica de ser humano, el “hombre de negocios” (businessman) es el hombre ideal del que se nutre la “american way of life”, del norteamericano medio. Es gracias a la realización de este ideal que el pueblo norteamericano ha logrado ser la civilización más exitosa de la humanidad. Él, Donald Trump, encarna ese ideal mejor que nadie; eso explica el éxito político que ha logrado y que hoy, y durante los próximos 4 años, no cesará de exhibir orgulloso ante el mundo entero. Siempre había luchado por hacer de su vida la realización plena de ese ideal, ahora disfruta por haberlo logrado en el ocaso de su vida y como hombre escogido por la Providencia para servir de modelo a toda una nación. Por eso se rodea de gentes que esperan participar de sus sueños, por lo que le son fieles incondicionalmente. Trump se ha rodeado de un equipo unido por el vínculo de su lealtad al líder, pero muy diverso e, incluso, contradictorio en sus métodos y en sus ambiciones personales. Por lo que ahora la incógnita es saber hasta cuándo durará ese equipo una vez que haya pasado la euforia de la victoria y deban enfrentarse a los retos de cada día y a las intempestivas decisiones de un hombre que concentra todo el poder y sólo confía en sus ocurrencias.
Hay, sin embargo, un hombre que aparece como clave, especie de primer ministro que goza de la plena confianza del líder. Es un advenedizo, que no nació en su actual país, sino en Sudáfrica, lejana no sólo en la geografía, sino en su historia política. Me refiero a Elon Musk, cuya biografía es la negación total de los valores democráticos de que los Estados Unidos dice ser el modelo ante el mundo entero. Elon Musk es un “afrikaner”, es decir, un ferviente defensor del apartheid, un esclavista, convencido de que los nativos de África son una “raza inferior”. A la llegada a la presidencia de Pretoria de Nelson Mandela, el héroe de las luchas libertarias de su pueblo y padre de la patria, Musk huyó con sus millones a una tierra que le ha permitido convertirse en el multimillonario más grande del mundo, por lo que se considera el modelo ideal, el arquetipo de hombre weberiano” según la mentalidad yanqui; no es, por ende, ninguna casualidad que Trump lo haya convertido en la eminencia gris, el poder detrás del trono, no sólo para apoyarlo en su trajín y ante las muestras crecientes de deterioro físico y mental y del estrés que acarrea el ejercicio del poder supremo de la nación más poderosa del mundo, sino también para mostrar un modelo de éxito total a una nación dividida y sedienta de inspiración.
Este proceder de un presidente salido de las filas del Partido Republicano no constituye ninguna novedad; todo lo contrario, todos los presidentes republicanos posteriores a la II Guerra Mundial siempre fueron así. Veamos. Un anciano Eisenhower en su segundo período de gobierno dejó que el joven y ambicioso vicepresidente, el californiano Richard Nixon, gobernara mientras un convaleciente presidente se entretenía jugando golf. El poder detrás del trono en tiempos del comediante Ronald Reagan era Bush padre. Cuando éste llegó al poder, su vicepresidente Cheney era el que gobernaba con poderes omnímodos, lo que le permitió, luego de la sangrienta invasión a Irak, que la empresa liderada por su hijo se apropiara de los pozos de petróleo de ese país. Pero el caso más reciente y de peores consecuencias para América Latina, fue el del secretario de Estado (ministro de Relaciones Exteriores), Henry Kissinger; de origen alemán y proveniente de una familia askenazi, Kissinger fue formado en las juventudes nazis, de donde logró huir para hacer una carrera política exitosa en su segunda patria, los Estados Unidos. En Nuestra América Latina es considerado como el mayor genocida porque, en su condición de secretario de Estado de Nixon, planeó e impulsó a los ejércitos cipayos del Cono Sur (Chile, Argentina, Uruguay) a ejecutar implacablemente el Plan Cóndor, imponiendo dictaduras fascistas llamadas “regímenes de seguridad nacional”, que causaron a esos sufridos pueblos más de 60 mil asesinatos y cientos de miles de exiliados políticos dispersos por el mundo entero.
Ante esos antecedentes, cabe preguntarse no sin angustia ¿qué les espera a nuestros pueblos cuando Trump anuncia como una de las prioridades de su gobierno, anexionarse Canadá y Groenlandia, militarizar la frontera con México para garantizar “la seguridad nacional”, lo mismo que ocupar militarmente el Canal de Panamá, a fin de monopolizar su uso y obstaculizar el comercio con su archirrival China? Frente a tan ominosa amenaza, sólo cabe una respuesta, la que ya fuera soñada por Bolívar: dejar de lado las diferencias y unirse.
Un antiguo proverbio chino dice: “Las montañas son los nutrientes de la cultura y los ríos son los vasos sanguíneos de la civilización”. Esta metáfora, evocadora de la conexión entre la geografía y el desarrollo humano, nos recuerda que las relaciones entre naciones deben fluir como ríos, sorteando obstáculos y nutriendo las bases del entendimiento mutuo. En un mundo marcado por tensiones geopolíticas crecientes, Costa Rica no puede darse el lujo de descuidar su relación con la República Popular China, un socio clave en términos comerciales, tecnológicos y culturales.
Desde que Costa Rica estableció relaciones diplomáticas con China en 2007, la cooperación entre ambos países ha generado beneficios tangibles en infraestructura, comercio e intercambio académico. Tanto así, que este gigante asiático ha pasado a ser el segundo socio comercial del país. Sin embargo, en el escenario global actual, marcado por la competencia entre grandes potencias y la presión de actores externos, algunos de ellos, con una evidente mala intención, han tratado de sembrar dudas sobre la importancia de estos lazos, fortaleciendo una mentalidad obsoleta propia de Guerra Fría. Frente a esta coyuntura, es fundamental reafirmar la soberanía de la política exterior costarricense y su compromiso con relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo.
Para entender mejor el modo de actuar de China en la arena internacional y desmitificar falsas afirmaciones que hacen algunos con el fin de sembrar división y duda, es menester conocer los principios fundamentales que rigen la política exterior de ese país, los cuales no distan mucho de la tradición de la política exterior costarricense, caracterizada por el diálogo, la cooperación y la negociación. Los principios de la política exterior china son:
1. Respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial
2. No agresión mutua
3. No interferencia en los asuntos internos de otros países
4. Igualdad y beneficio mutuo
5. Coexistencia pacífica
Estos principios no son meras declaraciones retóricas, sino el fruto de la experiencia histórica de la propia China. Tras padecer invasiones, saqueos y la explotación de potencias imperiales, China ha forjado una política exterior cimentada en el respeto mutuo y la cooperación, alejándose de la coerción y las sanciones que perpetúan prácticas neocoloniales. Su enfoque refleja aquella máxima de Confucio: “Lo que no quieras que los otros te hagan a ti, no lo hagas a los otros”, convirtiendo la memoria histórica en una guía para una diplomacia práctica basada en la equidad y la no injerencia.
En este sentido, la visión del presidente Xi Jinping sobre “un futuro compartido para la humanidad” refleja una perspectiva amplia e inclusiva, especialmente dirigida a los países en desarrollo y del Sur Global. A diferencia de otros actores que intentan exportar modelos políticos y económicos a la fuerza, China entiende que cada país tiene su propio camino de desarrollo, determinado por sus condiciones históricas, culturales y materiales. Como ellos mismos afirman, el sistema político de cada nación es como un par de zapatos: no todos pueden usar el mismo modelo, y los intentos de imponer soluciones uniformes han llevado, en múltiples ocasiones, a fracasos históricos.
Costa Rica, con su democracia consolidada y su enfoque en el multilateralismo, debe fortalecer sus relaciones con China sobre la base del respeto mutuo. En un mundo donde las alianzas estratégicas son clave para el desarrollo de los pueblos, la cooperación con China ofrece oportunidades que van desde el comercio y la inversión hasta la transferencia tecnológica y el desarrollo sostenible.
La estabilidad y transparencia en las relaciones bilaterales son esenciales para evitar la influencia negativa de terceros que, en función de sus propios intereses, buscan generar desconfianza en la relación Costa Rica-China. La política exterior de un país debe ser soberana y responder a sus propias necesidades de desarrollo, no a presiones externas basadas en prejuicios o en el desconocimiento de la diplomacia china contemporánea.
Costa Rica debe entender su relación con China no como un dilema geopolítico, sino como una oportunidad para consolidar una cooperación pragmática y mutuamente beneficiosa. En tiempos de incertidumbre global y de transición hacia la multipolaridad, mantener una diplomacia basada en el respeto y el beneficio compartido es la mejor estrategia para garantizar el bienestar y el desarrollo del país.
No cabe dudas que al presidente de EUA le gusta mucho ser el centro de atención mundial. Para ello ha tenido exabruptos con temas que no son de su dominio. Sus actitudes se distinguen mucho de la modestia en las de representantes de otras potencias mundiales. Su perfil es de un neofascista que se considera dueño no solo del mundo occidental, sino de la compleja economía política mundial. Después de décadas de haberse superado al imperio invasor, expansionista y guerrerista que tuviéramos en los años 70s y 80s, volvemos al asecho de la ultraderecha, esta vez, con una fuerza intervencionista que puede acabar con los procesos democráticos en nuestro continente, los que nos ha costado más de una generación construirlos.
Lamentablemente, tenemos algunos gobiernos que se aferran al mandato inconsulto, a los cuales les atrae gobernantes imperialistas como Donald Trump, ya vemos la gran cercanía del gobernante salvadoreño y no sería extraño que Rodrigo Chávez, se alinee fácilmente con ese gobierno. El presidente Novoa de Ecuador, con facilidad se inclinaría ante los mandatos de Trump. Títeres hay suficientes como para montar una ofensiva fascista en nuestra Iberoamérica.
Sin embargo, cuando vemos las grandes movilizaciones de mexicanos y de migrantes iberoamericanos que protestan por las acciones del gobierno racista y sectario de EUA, nos damos cuenta de que hay esperanzas en nuestra democracia y en nuestra juventud.
Sabemos que debemos seguir con la educación política sin temor a las amenazas de los grupos oligarcas en cada país. El proceso democrático debe seguir, aunque con la aparición de un líder estadounidense con ese perfil, estamos en un grave riesgo de retroceder. Trump nos ha enviado a su secretario de Estado, Marco Rubio, como emisario de un emperador romano, para asegurar sus posiciones territoriales y la voluntad de sometimiento de los gobernantes locales. Es claro que ese emisario no visitará Nicaragua, Honduras y Venezuela, menos a la isla de Cuba.
Nuestro proceso de democratización debe seguir creciendo sin permitir el vasallaje de nuestros gobiernos y pueblos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum nos sigue mostrando diariamente cómo se debe hacer.
La diplomacia es el arte de la prudencia, de la previsión estratégica y de la defensa de los intereses nacionales sin caer en servilismos ni alineamientos ciegos. Sin embargo, la política exterior de Costa Rica bajo el gobierno de Rodrigo Chaves ha sido todo lo contrario: errática, dependiente y carente de un criterio propio. Ahora que la realidad geopolítica cambia drásticamente, con el presidente Trump y el presidente Putin acercándose para poner fin a la guerra en Ucrania, queda en evidencia el ridículo que han hecho muchos países al seguir sin cuestionamiento alguno la narrativa impuesta por Washington y Bruselas.
La paz en Ucrania, que tanto se ha negado durante años por los intereses de una élite occidental, parece inminente. Esto deja en una posición incómoda a los gobiernos que compraron la retórica de defensa de la democracia ucraniana, cuando en realidad todo se trató de una estrategia geopolítica de desgaste contra Rusia. Los países europeos y los aliados incondicionales de la administración demócrata estadounidense quedan expuestos como meros instrumentos de una agenda que nunca tuvo a Ucrania como prioridad ni objetivo final, sino que buscó prolongar el conflicto para beneficios estratégicos.
En este contexto, la pregunta para Costa Rica es clara: ¿qué hará ahora el gobierno de Rodrigo Chaves y su canciller sin experiencia, Arnoldo André Tinoco, cuando su gran aliado norteamericano cambie de postura? ¿Seguirán bailando la música que Washington les imponga, como el propio Chaves admitió vergonzosamente hace unos días? Es un espectáculo lamentable ver cómo la diplomacia costarricense se ha convertido en un eco vacío de la política exterior estadounidense, sin la más mínima capacidad de definir una postura propia que responda a los verdaderos intereses del país.
Costa Rica y su clase política en general, en su mayoría acríticamente pro-occidente, ha apostado por una línea hostil hacia Rusia sin ninguna necesidad ni conocimiento profundo de las razones del conflicto, perjudicando cualquier posibilidad de relación con una de las potencias globales más influyentes de la actualidad. Ahora, con Trump inclinándose hacia un acercamiento con Moscú y un preacuerdo de paz con el presidente Putin, ¿seguiremos con nuestra postura obsoleta y absurda o veremos a Chaves y su equipo dando un giro sensato respecto a Rusia?
Pero el problema no es solo Rusia. Este mismo patrón de sumisión e ignorancia geopolítica se está viendo reflejado en la relación con China. La Casa Blanca dicta la línea, Costa Rica obedece, sin importar si nuestras decisiones benefician o perjudican al desarrollo del país. Lo vimos con Huawei y lo veremos en cualquier otro tema estratégico. La lección es clara: la política exterior de la Costa Rica chavista no responde a una visión soberana ni a un análisis propio de los acontecimientos internacionales, sino a una simple repetición de la narrativa occidental añeja y neocolonial, sin importar las consecuencias.
El tiempo ha demostrado que la visión maniquea del conflicto en Ucrania, promovida por Estados Unidos y la OTAN, era falsa. Que el triunfo de Rusia es irrefutable en todos los ámbitos y que la neutralidad, así como las buenas relaciones con todos por igual, es el único camino viable para un país pequeño como Costa Rica en tiempos de incertidumbre global. Pero ¿ha aprendido algo nuestra clase política que tanto ha criticado al “terrible Putin”? Si seguimos con la misma actitud de sumisión y falta de visión estratégica, el ridículo de la diplomacia chavista solo será un capítulo más en la triste historia de nuestra falta de autonomía internacional.
MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval Académico Universitario Titular Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera Ex integrante de Comisión de Vinculación Academia- Sectores Productivos, UTN y, Comisión de Capacitación y Formación UCCAEP por Cámara de Comercio de Costa Rica Sede Central UTN www.utn.ac.cr Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales, MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales. Ex Funcionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina, Escritor, Científico Social, Líder Sindical ANEP-UTN
No existe criterio para definir qué es un narcoestado o narcoeconomía. Punto de partida. Usar el concepto es caer en subjetividades. Este artículo aborda varias preguntas: ¿Qué es un Narco Estado o Narcoeconomía?, ¿Cuáles son las sus características?,¿Qué países son considerados Narco Estado?, ¿Es Costa Rica un Narco Estado o Narcoeconomía? Y, algunas alternativas estrategicas para enfrentar las mafias y el Narco Estado o Narcoeconomía. Hoy se habla por gente no especialista de narcocracia costarricense. Ayer caferonarcocracia, bananonarcocracracia, piñanarcocracia y … hoy cocanarcocracia.
¿Es Costa Rica un Narco Estado? ¿Se desarrolla en nuestro país la industrialización, distribución, comercialización internacional o financiamiento de las drogas por el Estado Nacional? ¿Esta involucrado el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Asamblea Legislativa, Régimen Municipal, Tribunal Supremo de Elecciones, Partidos Políticos, Sistema Financiero Nacional con el Narcoestado? Son preguntas que requieren respuestas.
Según el Informe Mundial sobre las drogas 2023 de la ONU el cultivo para la producción de drogas, el narcotráfico y los delitos que afectan al medio ambiente están experimentando un auge en la cuenca del Amazonas, debido en parte a la conjunción de la abundancia de recursos naturales y la escasa presencia estatal, el arraigo de la corrupción y factores estructurales relacionados con la economía informal, la desigualdad y el desempleo.
La “narcodeforestación”, es decir, el blanqueo de los beneficios del tráfico de drogas mediante la especulación con los terrenos, el sector agrícola, la ganadería y la infraestructura conexa, constituye una creciente amenaza para la pluviselva de mayor extensión del mundo.
Las economías ilícitas de las drogas pueden prosperar en situaciones de conflicto y de debilidad del estado de derecho y, a su vez, pueden prolongar o alimentar los conflictos. En algunas zonas de conflicto, la economía de las drogas y la inestabilidad se entrelazan en un círculo vicioso en el que la debilidad del estado de derecho facilita la expansión de esa economía, la cual, a su vez, proporciona recursos financieros para mantener o ampliar el conflicto.
Hay un récord de consumo de cocaína y nuevos opioides sintéticos. La producción de cocaína se ha triplicado en 10 años. La aparición de nuevos y potentes opioides como los nitazenos hacen aumentar las muertes por sobredosis. La demanda y la producción sin precedentes de cocaína y la aparición de potentes opioides sintéticos están agravando el problema de las drogas, provocando un aumento de los trastornos por consumo, la violencia y los daños ambientales. El cultivo mundial de arbusto de coca aumentó 12% entre 2021 y 2022, hasta alcanzar las 355.000 hectáreas.
La aparición de nuevos opioides sintéticos está provocando un aumento de las muertes por sobredosis y complicando la lucha contra el narcotráfico. Los nitazenos, unos opioides más poderosos que el fentanilo, que están provocando numerosas sobredosis en América, Europa occidental y Oceanía. En conjunto, el consumo de drogas en el mundo aumentó un 20% en la última década hasta alcanzar los 292 millones de usuarios. Aunque el consumo de cocaína es el que más crece, en números totales, el cannabis sigue siendo la droga más usada, con 228 millones de consumidores. Le siguen: Opioides: 60 millones. Anfetaminas: 30 millones. Cocaína: 23 millones. Éxtasis: 20 millones.
Algunas zonas fronterizas de América Latina y Asia se han convertido en centros neurálgicos de grupos de narcotraficantes que expanden su actividad para abarcar otras formas de delincuencia, como la trata de personas para obligarlas a delinquir y los delitos que afectan al medio ambiente, lo que está dañando los frágiles ecosistemas y repercutiendo negativamente en las comunidades locales. Estas actividades ilícitas también están contribuyendo a la degradación ambiental mediante la deforestación, el vertido de desechos tóxicos y la contaminación química.
Según el informe citado supra, en Canadá y Estados Unidos, el consumo nocivo de la droga se ha acelerado, como muestran los datos sobre hospitalizaciones y trastornos psiquiátricos. Hay un “renacimiento” de los psicodélicos. La investigación sobre el uso terapéutico de sustancias psicodélicas, y el uso en retiros espirituales, viajes y festivales están contribuyendo al floreciente interés comercial y al uso no supervisado, “cuasi terapéutico” y no médico de psicodélicos.
Reiteramos. ¿Qué es un Narco Estado o Narcoeconomía?, ¿Cuáles son las sus características?,¿Qué países son considerados Narco Estado?, ¿Es Costa Rica un Narco Estado o Narcoeconomía? Y, ¿algunas alternativas estratégicas para enfrentar las mafias y el Narco Estado o Narcoeconomía? Hoy se habla por gente no especialista de narcocracia costarricense. Ayer caferocracia, bananocracracia, piñacracia y … hoy cocarocracia. ¿Es Costa Rica un Narco Estado? ¿Se desarrolla en nuestro país la industrialización, distribución, comercialización internacional o financiamiento de las drogas por el Estado Nacional? ¿Esta involucrado el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Asamblea Legislativa, Régimen Municipal, Tribunal Supremo de Elecciones, Partidos Políticos, Sistema Financiero Nacional con el Narcoestado?
“El término narcoestado o narcoeconomía (con la partícula narco-: «droga»; y más específicamente:»asociado con el tráfico ilegal de drogas»), es un neologismo económico y político que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el poder y las riquezas del narcotráfico, cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales.”
Actualmente no existe ninguna institución u organismo que establezca criterios para definir qué es un narcoestado. Sin embargo, el término se usa en el discurso político y mediático con base en la situación de un país, y está en ocasiones influido por tendencias partidarias.
El uso del término comenzó a implantarse en los años 1980 con la aparición de poderosas organizaciones mafiosas en Colombia (los carteles de Medellín, Cali y del Norte del Valle), siendo particularmente notable el caso de Pablo Escobar, fundador del cartel de Medellín, quien había logrado convertirse en representante de Medellín ante el Congreso en 1982. También se estima que el Cartel de Cali logró influir en la campaña presidencial de Ernesto Samper.
Para el Dr. Paul Rexton Kan– que es nuestra fuente primaria de ésta reflexión-, los narcoestados se pueden dividir en cinco categorías según su nivel de dependencia en el comercio de narcóticos y la amenaza que el narcotráfico en dicho país representa para la estabilidad nacional e internacional. Estas cinco categorías son: Incipiente. En desarrollo. Serio. Crítico y Avanzado.
En su libro Tráfico de droga y Seguridad Internacional (2016), Kan ofreció ejemplos para cada categoría, colocando a Afganistán, Burma, Guinea-Bisáu y Corea del Norte en la categoría de «avanzado». También clasificó a los países según su papel en el narcotráfico en: fuente, de transporte e híbrido.
Pierre-Arnaud Chouvy dice en su artículo El mito del narco-estado que el uso reciente del término «narcoestado» ha sido cuestionado por ser aplicado de manera demasiado amplia y sin un criterio claro, en particular luego de la atención mediática hacia Guinea-Bisáu, catalogado como «el primer narcoestado del mundo» en 2008, y más bien el término debería referirse solo a aquellos países en los que el comercio de narcóticos está patrocinado por el estado y constituye la mayoría del PIB general de un país.
Algunos países señalados como narcoestados son:
En África: Guinea-Bisáu, Nigeria, Cabo Verde, Ghana.
El primer país considerado un narcoestado en el mundo fue Guinea-Bisáu en 2008, al cual la ONU llamó «el primer narco-estado de África» y la Casa Blanca catalogó como un refugio de narcotraficantes. Para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Guinea-Bisáu es un centro del transporte de droga en la región, con la complicidad de los más altos niveles políticos y militares.
Nigeria se ha convertido en la última década en un importante productor de metanfetaminas. Según advierten los expertos, no es fácil detener el aumento de la metanfetamina en Nigeria. Ya que, pese al riesgo de arresto e incluso ejecución para los traficantes en Asia, las ganancias son irresistibles en un país donde el salario mínimo es de solo 50 dólares al mes. La ubicación de Cabo Verde lo convierte en un importante punto de transbordo y almacenamiento de drogas traficadas desde América Latina a Europa. Según una evaluación de la Unidad de Información Financiera del país, Cabo Verde es particularmente vulnerable al lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas. El estudio mostró que los delincuentes utilizaban empresas, notarios, organizaciones no gubernamentales y empresas inmobiliarias para blanquear dinero.
Ghana. En lo que se refiere al tráfico de droga en Ghana, este país ocupa un sitio importante en el cultivo, la transformación y el tránsito del cannabis en África de Oeste. En este país, el cannabis se produce en una gran escala y proporciona un mercado interior evaluado a más de 2 millones de consumidores. Las redes ghanesas del tráfico del cannabis son muy activas, y estarían al origen de la propagación del cultivo del cannabis dentro de la subregión, particularmente, en Gambia, Senegal y Burkina-Faso. Los traficantes ghaneses se ocupan del suministro de las semillas, compran las cosechas y organizan el transporte. Que se trate de grupos armados o de traficantes que desafían las autoridades por violencia y corrupción, este tráfico queda lucrativo en tiempos de paz así como en tiempos de guerra.
En Sudamérica: Bolivia. Colombia. Perú. Venezuela. Es último desde 2019, se ha estado reportando múltiples cargamentos de drogas que proceden de Venezuela en múltiples islas del Caribe como lo son Curazao, Aruba y Trinidad y Tobago.
En Centroamérica: Guatemala. Honduras.
Analistas en seguridad, todos exfuncionario de agencias de seguridad estadounidenses, advirtieron que Guatemala está a las puertas de convertirse en un narcoestado debido a la infiltración de estructuras criminales en instituciones de seguridad y de partidos políticos, donde candidatos con señalamientos por nexos con el crimen organizado resultaron elegidos con financiación política al Cartel de Sinaloa y conspirar para asesinar rivales políticos. Honduras, tiene todas las características para convertirse en un narcoestado.
En Norteamérica: México. Debido al poder que ejerce el narcotráfico en México, en años recientes comentaristas y periodistas lo han llegado a calificar como un narcoestado. En el Caribe: Haití, en las Antillas. Desde el regreso al poder de Jean-Bertrand Aristide en 2000 que los carteles de la droga y las bandas armadas ocuparon cada vez más el espacio público, hasta el punto de que figuras notorias del tráfico de narcóticos se postularan a cargos parlamentarios para defender directamente sus intereses. Haití se convierte así en un narco-Estado. En Asia: Afganistán.Siria. Filipinas. Líbano. Sobre Afganistán, tras la caída del régimen de Talibán con la invasión de una coalición internacional liderada por Estados Unidos en octubre de 2001, el país se convirtió rápidamente en el principal productor de opio del mundo. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advertía sobre la posibilidad crítica de Afganistán de convertirse en un «narcoestado», país que entonces proveía el 90 % de la heroína consumida en Europa. Hoy Afganistán es la fuente del 90 % de la heroína consumida a nivel mundial, con alrededor de 354 000 personas trabajando a tiempo completo en el negocio de la droga y ganancias que representan el 7 % del PIB de ese país. Siria, «uno de los más recientes narcoestados», señalándolo como el «epicentro global de la producción de la droga Captagon». El tráfico de drogas ilegales ha dominado el Líbano desde la década de 1960.104 En 2014, las autoridades libanesas incautaron 25,4 millones de tabletas de Captagon en el aeropuerto y el puerto de Beirut. Líbano se convirtió en un país de tránsito para el tráfico de drogas. El caso de Filipinas el archipiélago se está convirtiendo en un narcoestado. En Europa, Albania las organizaciones criminales del país «controlan territorios, producen inversiones sustanciales y activamente influencias la política albanesa». «Albania produce y exporta una significativa cantidad de marihuana, especialmente a Europa». Un país con «corrupción desenfrenada, instituciones jurídicas y gubernamentales débiles y control fronterizo laxo». Se califica como el «primer narcoestado de Europa». Países Bajos los cumple con muchas de las características de un narcoestado».
A MODO DE CONCLUSIÓN
Costa Rica cumple con algunas de las cinco categorías para ser un Narco Estado o Narcoeconomía. Hay comercio de narcóticos a lo interno – consumo- y en algunos procesos de exportación que salen desde la provincia de Limón y Puntarenas. En ese sentido, no estamos en categoría de incipiente, en desarrollo sino en categoría de Serio. Debemos intervenir para no pasar a Crítico y Avanzado.
Adicionalmente, siendo las “mafias” una macro criminalidad del reciclaje de dinero que opera sin controles en todo el planeta y hace difícil la reconstrucción de los flujos financieros de dinero sucio. Y dado que Costa Rica, está en la ruta de la droga y zona regional de logística además es vulnerable y tiene escasos recursos. Tomando en cuenta que somos una bodega y puente de las guerras de las drogas en ruta a México, Brasil, UE y EEUU sugerimos algunas formas para combatir la mafia: Primero, estrategia de seguridad nacional y regional. Estamos inmersos en un área geopolítica, geoeconómica y militar en donde la seguridad nacional tiene un gran peso y cuya agenda tiene temas prioritarios, p.ej. el terrorismo, los grupos armados, los paramilitares, el narcotráfico, el tráfico de personas, las posibilidades de migraciones masivas, el lavado de dinero, los secuestros, las bandas como Mara Salvatrucha, los Zetas y el Populismo Radical. Debemos establecer una política exterior activa en Centroamérica contra el narcotráfico en alianza con EEUU-México. Segundo, estrategia cantonal. Hay que nombrar 86 Comisionados Antidrogas – uno por cada Cantón-. Tercero, estrategia de premios e incentivos. Requerimos una política seria de incentivo de los arrepentimientos y colaboración con la justicia por parte de quien, por haber sido mafioso, puede revelar desde adentro esos secretos de la organización absolutamente necesarios de conocer. Hay que promulgar una legislación de “premio e incentivo” equilibrada e inclusive de impunidad total (100%) para el colaborador (res) que nos lleven a los peces gordos. Esta estrategia supera “el rastreo de llamadas”, “la prisión preventiva”, “la plataforma de información policial”, el “Centro Judicial de Intervención Policial”, “El secreto bancario” e incluye el perdón por el Poder Ejecutivo para los que colaboren. Cuarto, estrategia de autonomía al Poder Judicial. Elección de magistrados por elecciones nacionales supervisadas por el Tribunal Supremo de Elecciones independiente de las elecciones nacional. Quinto, estrategia de comunicación pública. Hay que revisar el Plan “LODI” (Logic Distribution), en donde la solución pasa por una forma de legalización que no ha de ser libre, precisamente, sino que viene supeditada a una “distribución organizada y controlada de la droga” para aquellas poblaciones altamente adictas en nuestra sociedad para abordarlas desde la salud pública.
Somos una bodega de almacenaje de drogas al igual que los demás países centroamericanos, hay infiltración de carteles mexicanos y colombianos aliados con nacionales, que están pagando con drogas sintéticas y crack y no solo con dinero por ayudar en el transporte; tenemos un mercado de consumidores nacionales y espiral de violencia por drogas, sabemos que la droga se transporta por vía marítima (78%), aérea y terrestre (22%). Solo el Cantón Central de San José cuenta con 5.600 mendigos drogadictos. Debemos actuar en cada distrito y cantón de lo contrario serán tomados por las mafias.
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