Estimado y respetado señor Rector Gustavo Gutiérrez Espeleta: sus lúcidas y patrióticas palabras, se inspiran en el espíritu de Rodrigo Facio, y en las mejores ideas y principios de aquellos maestros, que han hecho grande a la Universidad de Costa Rica.
Puede estar seguro señor Rector, que usted no está solo; la gran mayoría del pueblo costarricense en cuyas venas corre la sangre de los héroes de 1856, se identifican con su actitud y sus palabras.
Reciba nuestro apoyo solidario y fraterno.
Arnoldo Mora Rodríguez
SURCOS comparte el video en el cual el rector de la Universidad de Costa Rica expone los conceptos a los cuales se refiere el doctor Arnoldo Mora Rodríguez.
SURCOS comparte un video de la representación del movimiento estudiantil de la Universidad Nacional, mediante su Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA). En esta producción se analiza la situación política nacional, se hacen propuestas y se llama al diáogo respetuoso por el logro de un desarrollo pleno con justicia.
En el marco de la celebración de los 200 años de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica.
Nos encontramos con declaraciones que generan preocupación y descontento en la población. Es indignante escuchar al presidente de la República, Rodrigo Chaves, expresar que espera dirigir a un pueblo enardecido si la llamada Ley Jaguar es declarada inconstitucional. Esa no es la Costa Rica que queremos ni la que merecemos.
La Anexión del Partido de Nicoya es un hito histórico que simboliza la unión y la hermandad entre dos pueblos. Es un momento para recordar la importancia de la paz, el diálogo y el respeto en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Por ello, resulta inaceptable que, en medio de esta conmemoración, se promueva la confrontación y la violencia como forma de presión política.
Nuestra democracia se ha caracterizado por ser un espacio de debate y negociación, en el que las diferencias son resueltas a través del diálogo y el consenso. Es fundamental que como sociedad rechacemos cualquier llamado a la violencia y que exijamos a nuestras autoridades actuar con responsabilidad y respeto a la voluntad popular.
En este bicentenario de la Anexión del Partido de Nicoya, recordemos que la diversidad de opiniones enriquece nuestra democracia y que la tolerancia y el respeto son valores fundamentales en la construcción de un país más justo y solidario. Celebremos nuestra historia con orgullo, pero también con la firme convicción de trabajar juntos por un futuro mejor para todos los costarricenses.
Que este aniversario nos inspire a seguir construyendo una Costa Rica en la que prime la paz, la armonía y el respeto mutuo. No permitamos que la confrontación y la violencia empañen nuestra celebración.
Esa no es la Costa Rica que queremos. ¡Feliz bicentenario, Costa Rica!
El presidente de la República, de nuevo incita a la ciudadanía a reaccionar si la Sala Constitucional no aprueba su proyecto estrella, la Ley Jaguar. Usa epítetos los cuales no acostumbramos a escuchar a quien debería ser guía para la armonía del país.
En el pasado, sectores de la ciudadanía han hecho protestas contra el presidente por no estar de acuerdo en un tema. Esta vez, es el presidente el que llama a protestar, lo cual podría generar violencia.
Si a eso unimos otras recientes noticias, verdaderamente nos alarmamos.
Desde siempre la policía de Casa Presidencial recibía el entrenamiento de otros policías y generalmente rotaban en sus puestos. Ahora nos enteramos de que aparentemente son una élite que entrena en una propiedad privada y en tácticas más propias de un ejército que de una policía.
La Asamblea Legislativa debería investigar esos temas y también saber si el entrenamiento de nuevos policías es acorde al que recibe una policía civil y si su salario es el mismo de otros policías.
SURCOS comparte esta publicación de Doble Check y le invita a seguir este enlace para ver el informe completo y el video explicativo.
Texto original:
“En resumen: El proyecto de Ley Jaguar elimina funciones preventivas de la Contraloría General de la República (CGR), y el Gobierno, en un video, ha distorsionado este hecho sin ofrecer evidencia de lo contrario.
El Gobierno presentó el video como una verificación a un mensaje de la Contraloría del 18 de junio, con cinco puntos narrados por la ahora ministra de la Presidencia, Laura Fernández. La Contraloría señaló que el proyecto desmantela controles sobre fondos públicos, impide prevenir actos irregulares tras la presentación de denuncias y elimina controles preventivos. En su refutación, el Gobierno responde a argumentos que no fueron expresados por la Contraloría.
La iniciativa de Ley Jaguar sí elimina controles preventivos sobre los fondos públicos, y limita la posibilidad de que la CGR actúe de manera anticipada frente a irregularidades que se den a conocer por denuncias. Ante los señalamientos hechos por la Contraloría, Presidencia difundió refutaciones que se alejan de la crítica original. En respuesta a Doble Check, Casa Presidencial tampoco presentó argumentos atinentes y caracterizó la disminución de funciones de Contraloría como “límites constitucionalmente válidos y necesarios”.
Casa Presidencial también negó que su iniciativa permite evadir procedimientos en las contrataciones de obra pública. Además, el Gobierno rechazó que la Ley Jaguar le permita a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) escoger “a dedo” a sus socios estratégicos para desarrollar obra pública. Estas afirmaciones serán abordadas próximamente por Doble Check en las partes 2 y 3 de esta verificación”.
En recientes declaraciones dadas a un medio local, usted manifestó que si la Sala IV, declara inconstitucional su “Ley Jaguar”, la primera acción sería observar la reacción del pueblo. Si el pueblo decide “hacerse el pendejo” o, el “verdadero pueblo” organizarse y lanzarse a la calle y cambiar el ecosistema político y económico corrupto, tendría su apoyo.
Su amenaza abierta contra la institucionalidad democrática en las recientes declaraciones tipifica en nuestro Código Penal como instigación públicay propaganda contra el orden constitucional, según establecen los artículos 280 y 303 que se citan textualmente: -Será reprimido con la pena de seis meses a cuatro años de prisión, el que instigare a otro a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública, sin que sea necesario que el hecho se produzca.Y el artículo 303.- Se impondrá prisión de seis meses a tres años al quehiciere propaganda pública para sustituir, por medios inconstitucionales, los organismos creados por la Constitución o para derogar los principios fundamentales que ella consagra.
Señor presidente, nuestro país, apostó desde la creación de la República a la democracia como sistema de gobierno y, aún con altibajos, Costa Rica ha venido atendiendo en los últimos 76 años sus conflictos bajo un Estado Democrático y Social de Derecho y regido por los principios de legalidad y debido proceso, a los que usted está obligado de acuerdo con el artículo 11 de nuestra Constitución. Señor presidente, le recordamos que al tomar su cargo usted emitió un juramento contenido en el artículo 194 de la Constitución Política que dice: «¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? – Sí, juro. – Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden.»
Si usted pretende tomar con violencia las instituciones democráticas que le impiden actuar con autoritarismo y al margen de la ley, le recordamos que este es un pueblo pacífico y trabajador, no se deja llevar por llamados peligrosos a la violencia y contra la institucionalidad democrática.
Sus declaraciones son sujeto de una denuncia penal y así procederemos ante la Fiscalía. Cabe recordarle la estrofa del Himno Nacional: bajo el límpido azul de tu cielo ¡vivan siempre el trabajo y la paz!
Este martes 23 de julio se reabrió el paso sobre el puente La Amistad, camino a Guanacaste, acceso primario a Nicoya, puente que le costó a Costa Rica miles de toneladas de atún, y por una cantidad importante de años, y a pesar del pago, una obra que se deterioró y fue necesario intervenir.
En los procesos de negociación, siempre uno observa cuánto invierte y cuánto gana, sin duda, se deteriora por diversas razones, hasta el clima mismo ayuda, la sismicidad, la humedad, la sequía, en fin, todo se invierte, se hace, a cambio de una utilidad para el país mismo.
Nosotros seguimos con dudas, de cuánto hipotecamos, a cambio de tan necesario puente.
Hoy después de una inversión millonaria, que no la paga el presidente, la pagamos todos los ticos, se reabre y se pone al servicio de la economía regional, reduciendo el tiempo de llegada a esa linda porción de tierra tica.
Menos combustible, menos tiempo de conducción, menos desgaste vehicular, en fin, eso nos trae beneficio, pero cuánto más pagaremos todos, en ese análisis costo beneficio para tener vigente el uso de tan necesario instrumento.
El Río Tempisque, icono de la región, es sin duda la antesala de las maravillas naturales que resguarda esta tierra tocada y tallada por la mano de Dios, tierra de longevos, zona azul le dicen, porque sus habitantes logran con facilidad como guayacanes superar las expectativas de vida misma.
Tramar de las marimbas, el silbido o grito de un sabanero, palmoteando la coyunda, con el 28 en el cinto, su cutacha y la cubierta en la cintura, con el pañuelo seca su rostro ante su jornal quehacer.
Ni que se diga del potrillo o yegua, para colgar las alforjas y trasladarnos por largas distancias y descansar a la sombra del frondoso árbol de guanacaste, y comerse el gallo pinto con torta de huevo, envuelto en hoja de plátano, y el maduro con natilla y al final el agua dulce o un peinado paz tras.
Manjares de mi tierra, instrumentos para el desarrollo y transporte, que aunque traigan más inversión en turismo, algo se queda como gota de sudor que sacrifica su pueblo, algo debemos pagar, trae desarrollo cuesta, grandes condominios, las lapas y loras deben cuidarse de las hélices de las avionetas, el venado ya no duerme tranquilo, su hábitat esta invadido por el desarrollo. Algo debemos pagar…
Algo debemos pagar, para asegurarnos que las tanquetas de los contenedores viajen menos quizás con rumbo a Peñas Blancas o al mismo aeropuerto para trasladar mercadería para afuera o para adentro.
Algo debemos pagar, no importa si usted está en Limón o en Cartago, la factura llega a Hacienda, y de ahí se pagan los “cincos” de esa reparación.
No hay almuerzo gratis dicen los ancianos, pero cuánto deberemos pagar si son días, meses o años.
Quien diantres lo sabrá, por eso, cuando mire el listón patriótico de la reinauguración, pregúntese qué paga usted, qué paga él, qué pagan ellos, qué pagamos todos.
Adelante Guanacaste, tierra querida y adorada, el folclorista y el gui pi pía, el uyuyuy bajura, el tronar de los cascos de la bestia sobre el pavimento, hoy se hacen notar más que antes, cuando las calles eran de tierra o barro.
Pero nos debemos preguntar, cuando éramos felices y nadie lo sabía, hoy vamos camino al desarrollo, pero ojalá sin combustible en el arroyo, para tener agua limpia y cristalina, y no una factura para toda la vida.
Felices 200 años, feliz reinauguración del Puente La Amistad, que la factura que paguemos, no nos violente la paz.
Renier Canales Medina 23/07/2024, Zona Sur, Costa Rica.
Es necesario retrotraer el tema de la recuperación de tierras de El Jobo en el cantón de La Cruz, en Guanacaste, ahora que este gobierno está tratando de utilizarlo para hacer politiquería al servicio de un sector de la burguesía criolla sin hablar seriamente de la histórica batalla por la tenencia de la tierra en ese lugar, dónde perdió la vida el compañero Gil Tablada Corea. También hay que recordar el papel destacado de la Federación Nacional Campesina (FENAC), y del compañero Rodrigo Ureña Quirós.
Rodrigo Chávez Robles habla de denuncia ante los tribunales de parte del INDER en estos momentos. Dice que fue el ITCO el que les dio tierra a las campesinas y los campesinos en ese asentamiento. Y no le cuenta al pueblo costarricense quiénes fueron los protagonistas de esa lucha por la tierra y la justicia social y a qué costo lograron esas personas luchadoras obtener esa tierra pagando con su vida el compañero Gil Tablada Corea, quien fuera asesinado por el terrateniente Luis Morice, pero que los Tribunales de Justicia de este país nunca condenaron por ese crimen mientras estuvo viviendo en el país, y luego huyó a Nicaragua para evadir las acciones justicieras que ejecutaba la FENAC bajo la dirección del camarada licenciado Rodrigo Ureña Quirós.
Recordemos que Luis Morice (terrateniente) y Anastasio Somoza Debayle (presidente de Nicaragua) eran compadres porque Somoza era padrino de uno de los hijos de Morice.
Creo que llegó la hora de que entremos en acción para rescatar la memoria histórica de esa lucha en El Jobo, pedir cuentas sobre el asesinato de Gil Tablada Corea, denunciar la corrupción de los gobiernos anteriores del PLN – PUSC y no permitir que este gobierno oculte o invisibilice a los actores y protagonistas de esa gesta campesina y sea utilizada para hacer politiquería burguesa en una lucha entre dos bandos de la burguesía vende patria y anti pueblo.
Este comentario es una propuesta para actuar ya camaradas.
SURCOS comparte el siguiente documento presentado al Seminario Aportes de la Sociedad Civil Ante la Crisis de Seguridad Humana y el Desempeño Policial y Judicial. Ese esfuerzo ciudadano es coordinado por Walter Antillón Montealegre profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y Premio Rodrigo Facio Brenes 2022.
¿Cuáles son los hechos más relevantes ocurridos en el país en los dos últimos años, que configuran la crisis actual de seguridad humana?
Actualmente, el territorio nacional enfrenta condiciones sociales caóticas, caracterizadas por la situación general de la violencia en el país que se ha estado incrementando durante los últimos dos años. Al respecto de esto, es posible alinearse con perspectivas que consideren que las causas de la situación actual tienen su raíz en un periodo inmediato. Sin embargo, los hechos que suceden cotidianamente están cimentados sobre condiciones y eventos cristalizados a través del tiempo. Esto documenta los principales sucesos que, desde diferentes disciplinas teóricas y entidades, son considerados como los precursores de la situación de crisis de seguridad humana enfrentada actualmente en el país.
Línea del tiempo – Contexto histórico
La decadencia ochentera y el arrastre de los noventa
Durante los años ochenta, estalló la Crisis de los Ochenta. Con esto, el territorio nacional afrontó condiciones económicas desfavorables debido al aumento del precio de los combustibles. Asimismo, se llevaron a cabo manifestaciones sociales que reflejaban el desencanto social con las condiciones de la época. (Ovares, 2020, párr. 4).
La década de los noventa supone una disminución en la calidad de vida y los servicios públicos, provocando un cansancio poblacional debido a la insatisfacción de las necesidades básicas.Asimismo, comienza a cultivarse la desesperanza y el enojo debido a la falta de eficiencia en la solución de problemas del sistema público costarricense.
La desigualdad de ingresos está en un constante crecimiento desde la década de los años dos mil.Asimismo, esto se ha visto reforzado por los recortes presupuestarios en proyectos de inversión social. Con todo, se ha aletargado o negado el acceso a educación de calidad, becas y redes de cuido para las personas que las necesiten.
Línea del tiempo – 2020-2022
El frío baldazo de la pandemia y el 2020.
Para introducir la problemática actual acerca de la seguridad ciudadana en el país resulta esencial traer a colación el hecho de que, esta, no es reducible a la reciente proliferación de las redes de narcotráfico y de crimen organizado en la región. Esta, pues, responde a las dinámicas estado-poblacionales de descontento y enojo de las personas.
En relación con las consecuencias de la época de pandemia en el país, es posible resaltar el estrés y la ansiedad desarrollados por dicha emergencia sanitaria.Asimismo, las condiciones de confinamiento y las políticas públicas propiciaron el desempleo, lo que provocó un aumento en los síntomas de ansiedad y depresión en la población costarricense. En relación con esto, el desempleo juvenil alcanzó un pico considerable en 2020.
Al respecto de la educación formal, ésta no escapó de los impactos que supuso la pandemia. Asimismo, los recortes presupuestarios asociados al sistema educativo público ocasionaron una disminución del acceso a la educación de calidad posterior al 2020.Asimismo, otros sectores también se vieron afectados debido a recortes presupuestarios considerables, como los programas sociales.
Estas condiciones dan paso a una creciente desigualdad, lo que ocasiona mecanismos de exclusión social de las personas en condición desventajosa.
Efectos post pandémicos inmediatos. El crimen organizado y el 2021.
Algunas consecuencias del recorte presupuestario de la educación pública estuvieron reflejadas en la creación de los grupos criminales organizados locales.Al respecto de esto, estas agrupaciones adquirieron un atractivo para los jóvenes afectados por las carencias educativas de las zonas costeras y centrales. Esto procuró disputas por controles territoriales en la provincia de Limón y la Gran Área Metropolitana que, a su vez, aumentó la tasa de homicidios en dichas zonas.
Asimismo, la inacción de las autoridades de justicia provocó una carencia de un abordaje estratégico para evitar la expansión de los grupos criminales organizados locales.
La cotidianidad con la que estos hechos se producen ocasiona sentimientos asociados al miedo en las comunidades afectadas, especialmente aquellas en la zona de Limón y la Gran Área Metropolitana.
Efectos post pandémicos. El ascenso de Chaves en 2022.
Las elecciones de 2022 presenciaron un 40% de abstencionismo del padrón electoral.Esto fue un reflejo de la falta de participación política de la época. En relación con los elementos indicados anteriormente, podría indicarse que fue un efecto del descontento poblacional ocasionado por la ineficacia del sistema público.
La decepción y enojo poblacional, ocasionado por los eventos listados anteriormente, propiciaron un caldo de cultivo para la violencia. Esto propagó un favorecimiento de actitudes xenófobas, sexistas y antidemocráticas.
Al erigirse como presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles refleja el autoritarismo donde las condiciones de coexistencia pacífica son desplazadas en función del enojo y el irrespeto. Al respecto de esto, Chaves capitaliza el enojo popular y las actitudes antidemocráticas y autoritarias. Esto a su vez, propaga el clima de violencia en el territorio nacional.
El uso actual de las redes sociales propicia un ambiente donde se juzga y se acusa deliberadamente a cualquier persona. Asimismo, se propagan patrones de consumo masivo contrapuestos a comportamientos pacíficos.
La violencia en hechos y datos. ¿Qué pasó tras la elección? (2022-2024)
Aproximadamente un mes antes de ascender a la presidencia de la República Rodrigo Chaves indicó, en marzo de 2022, que prefería que le tacharan de cavernícolaantes de firmar un compromiso contra la violencia de género.
El FEES sufre un recorte de ₡129 000 en 2022. Esto significó un retroceso en materia educativa y en el financiamiento de la educación pública del territorio nacional.
El asesinato del líder indígena Jehry Rivera fue aplaudido por representantes gubernamentales y finqueros mediante un vídeo publicado en redes sociales en agosto de 2022. Asimismo, aumentaron las agresiones de la fuerza pública y de los finqueros contra los pueblos originarios.
Durante el año 2022 aproximadamente 6888 mujeres fueron víctimas de delitos sexuales, representando un 87% del total de los delitos sexuales reportados en el país.
La Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana de 2022 señaló que el delito más posible de experimentar es un asalto en la calle, con un 21% de las personas encuestadas indicando esa probabilidad.
Las agresiones físicas y sexuales proliferan en los espacios públicos, con un 75% de las personas encuestadas señalándolo.
El desempleo juvenil aumentó durante el primer trimestre de 2023.
El asesino de Jehry Rivera fue puesto en libertad en julio de 2023. Esto da cuenta de la proliferación de conductas antidemocráticas, especialmente contra los pueblos originarios.
Se ha atacado a las universidades públicas, a sus estudiantes y sus movimientos de protesta en relación con el FEES. Esto ha ocasionado un debate en redes sociales acerca de la posición de la educación superior pública como un sujeto contrapuesto a la figura presidencial actual.
Los ataques contra la Contraloría General de la República han aumentado durante la gestión Chaves-Robles. Al respecto de esto, la CGR ha señalado, en los últimos años, irregularidades en las gestiones del SINART, ICE y CCSS.
El Informe del Estado de la Nación indicó, en noviembre de 2023, que la desigualdad mantiene una tendencia creciente en Costa Rica. Esto provoca un aumento en los índices de violencia.
Al menos, un 54% de los hombres asesinados durante 2023 eran menores de 35 años.
La Ley Jaguar, Exp. No. 24 364, publicitada en junio de 2024, provocaría acuerdos menos transparentes y la eliminación de la fiscalización de los fondos públicos.
El sistema judicial nacional pierde confianza al reportarse la colaboración de varios jueces en casos de índole criminal relacionados al narcotráfico a través del Caso Madre Patria en junio de 2024. Esto remonta a lo mencionado por la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana de 2022 donde se reportó que un 59,2% de las personas no está de acuerdo con que los jueces cumplan prontamente la justicia.
Esto provoca que las familias tomen medidas como no permitir que los infantes jueguen fuera o que no visiten las casas de otros infantes. Esto podría, a su vez, ocasionar actitudes antidemocráticas basadas en el confinamiento, como reflejo de la época pandémica. Asimismo, las familias piensan que aumentar el número de policías de la fuerza pública podría solucionar los problemas de seguridad humanitaria.
Sin embargo, el encarcelamiento de jóvenes reflejaría las fallas del mismo sistema en auxiliar debidamente a dicho sector de la población.
Asimismo, es necesario anotar que, desde instituciones sociales como la educación, la familia y la comunidad, no se están identificando y reconociendo dichos casos con el suficiente tiempo. Esto podría manifestar el declive de la calidad social y educativa nacional actual.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señaló que un aproximado de 56% de los 406 homicidios contabilizados hasta mediados de junio de 2024 están vinculados a la delincuencia organizada.
La diversidad sexual es violentada a través del despido de la ministra de Cultura por tramitar un interés público para la marcha de la diversidad del mes del orgullo en junio de 2024.
Aproximadamente, un 38% de los infantes costarricenses conviven con condiciones desfavorables en sus hogares, especialmente en las zonas fronterizas y costeras del territorio nacional. Esto les hace vulnerables ante el abandono de los estudios escolares y los convierte en terreno para el cultivo del crimen organizado. Además, esas condiciones vulnerables aumentan la probabilidad del reclutamiento de los jóvenes en los gremios del crimen organizado.
La pronta entrada a la adolescencia provoca que las personas jóvenes tomen decisiones impulsivas. Asimismo, las sanciones legales dirigidas hacia este sector poblacional tienden a suavizarse. Esto, pues son dispositivos de apoyo de los grupos criminales organizados del país al momento de reclutar jóvenes en sus filas.
Pareciera ser que las consecuencias del crimen organizado suponen un golpe bajo hacia la calidad de la seguridad humanitaria actual. Sin embargo, estas secuelas también poseen una presencia física y psicológica. Con esto, es posible referirse a las recuperaciones físicas de las heridas provocadas en un asalto, así como al abordaje psicológico de las emociones de miedo, depresión y ansiedad ocasionadas por estos eventos. Asimismo, los homicidios embebidos de las condiciones deplorables de la seguridad ciudadana actual suponen desintegraciones familiares, gastos fúnebres y desencanto comunitario.
Así pues, pueden listarse los siguientes elementos clave para comprender la configuración de la crisis de seguridad humanitaria vivida en el territorio nacional:
La pandemia ocasionó un impacto considerable. El aumento del desempleo provocó dinámicas de desigualdad de ingresos, resultando en la exclusión social de las personas desposeídas.
La crisis de seguridad humanitaria no representa un problema nuevo. Esta es identificable a través de sucesos económicos y sociales ocurridos durante los últimos cuarenta años.
Los recortes presupuestarios a programas educativos (como el FEES), así como a la inversión social y comunitaria general están asociados con la disminución de la calidad de la educación pública y la integración social comunal. Esto provoca condiciones de cultivo para la inseguridad social a través de la deserción escolar y las oportunidades para que las personas accedan a educación universitaria becada y de calidad.
El crimen organizado es un síntoma tangible de la crisis humanitaria de seguridad que vive el territorio nacional. El declive de la calidad de vida y de educación supone que las personas jóvenes encuentren un atractivo en pertenecer a un grupo criminal organizado.
El ascenso de la administración Chaves-Robles al poder está aparejada con sentimientos y emociones de descontento, enojo, rencor y actitudes antidemocráticas heredadas por el confinamiento durante la pandemia, el deterioro económico-social de décadas, y el desencanto con la función pública.
El estilo autoritario para gobernar, sumado a otras expresiones de violencia discursiva que pululan en redes sociales y en representantes de algunos sectores sociales, políticos y deportivos configuran el caldo de cultivo para manifestaciones de violencia generalizada, más allá de los hechos atribuibles al crimen organizado.
Personas, entidades y otras fuentes consultadas
Allen Cordero Ulate. Sociólogo.
Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica
Henry Mora Jiménez. Escuela de Economía de la UNA.
Isabel Ducca Durán. Socióloga.
José Andrés Díaz González. Politólogo, IDESPO, UNA.
José Francisco Pacheco Jiménez. Economista, consultor internacional.
Laura Fernández Díaz – directora del Área de Niñez y Adolescencia, Defensoría de los Habitantes.
Marco Vinicio Fournier. Psicólogo.
Pablo Chaverri Chaves. Académico INEINA, UNA.
Observatorio Económico y Social. Escuela de Economía UNA.
Oficina de Comunicación. Universidad Nacional de Costa Rica
Ovares, C. (18 de octubre de 2020). ¿Otra ‘década perdida’ en Costa Rica? AgendaPública.
SURCOS Digital
Las imágenes son parte de un estudio de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica.
Redactado por Sofía Jiménez Murillo, estudiante de Sociología UCR, carné universitario C19987.
Recolección de información y coordinación: Magister Héctor Ferlini Salazar, comunicador, administrador, docente UCR, director de SURCOS Digital.
La urgente paz está muy lejos de concretarse en las fronteras que dividen Palestina e Israel, siendo este último el vecino que nadie quiere en esos territorios ocupados, más aún cuando su principal aliado es Estados Unidos, quien ha usado su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en múltiples ocasiones para evitar resoluciones que condenen el actuar de ese país.
Basta recordar lo que pasó en abril de 2024 en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuando Estados Unidos vetó el intento de muchos países de que Palestina fuera reconocida como Estado.
Palestina tiene estatus de observador desde 2012 en la ONU, pero no puede votar. Doce miembros votaron a favor de la resolución que reconocía a los Territorios Palestinos como Estado autónomo, mientras que EE.UU. votó en contra y hubo dos abstenciones: Reino Unido y Suiza. Recordemos que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad son 5: Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y China y cualquier resolución que tome la ONU para cumplir con el mantenimiento de la paz y la seguridad – su principal misión – debe contar con la aprobación de todos ellos, lo que es un gran obstáculo para la efectiva resolución de los conflictos, ya que basta que uno de esos 5 países se oponga para que las decisiones que se tomen no se lleven a cabo.
Este fue el caso de la resolución de la ONU que buscaba conceder a Palestina el estatus de miembro con plenos derechos. Como ya en muchas otras ocasiones, Estados Unidos usó la herramienta del veto para favorecer sus intereses y los de sus aliados, frustrando la aprobación de la resolución, pese a la clara mayoría de apoyos de parte de 15 miembros. Como había anunciado el número 2 de la misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Robert Wood, “a Washington no le parece pertinente otorgar la membresía sin un acuerdo previo entre palestinos e israelíes”, y el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Israel Katz, celebró la decisión estadounidense, afirmando que “esta vergonzosa propuesta ha sido rechazada. El terrorismo no será recompensado”, indicó muy libremente Katz, mientras que la Presidencia palestina ha afirmado que el veto es “injusto, poco ético e injustificado”.
La otra cara de la moneda, que Estados Unidos no quiere ver, es que sí se podría pensar que Israel tiene el derecho a defenderse, como han argumentado a lo largo de los años, pero su defensa no puede ser cometiendo genocidio contra el pueblo palestino y haciendo la vista gorda a las resoluciones internacionales que no están dispuestos a acatar cuando los afectan directamente, como la de la Corte Penal Internacional y las órdenes de arresto emanadas contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa, Joav Galant, por posibles crímenes de guerra en el conflicto en Gaza.
Podría parecernos un circo el modo en que se comportan las grandes potencias, hoy sí porque me conviene, mañana no porque me afecta; pero más que un circo es una tragedia, que como siempre en este sistema político estratégico mundial, afecta a los países más pobres y desvalidos, quienes pagan las consecuencias de la falta de compromiso con las propias instituciones internacionales, las que deberían garantizar el respeto a los derechos fundamentales de todos los Estados. Quizás si los Territorios Palestinos hubiesen ya sido reconocidos como Estado, las negociaciones de paz podrían haber llegado a alguna parte, hay una enorme diferencia en la negociación que puede realizar un Estado reconocido como tal y un pueblo que luego de décadas sigue luchando para ser considerado un Estado y no un territorio de tercera.
Lo que vemos es un profundo nivel de descomposición en este sistema, en el que un solo País pesa más que el voto de muchos. Increíble y desconsolador que millones de hombres y mujeres dependan de las estrategias de burócratas, cuyo único interés es mantener su hegemonía, aunque eso nos cueste la vida.
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