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EEUU: Asesinatos, pobreza y discriminación

Por Pablo Ruiz*

En los grandes medios de América Latina pasó un tanto desapercibido el Informe Mundial 2024 de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) la que analiza la situación de derechos humanos de más de 100 países y que, en mi opinión, los grandes medios suelen utilizar sólo cuando les conviene, en general para seguir con sus retórica contra Cuba o Venezuela, sin explicar que las sanciones económicas de Estados Unidos contra estos países generan pobreza, migración, y terminan violando los derechos humanos.

En general, los grandes medios suelen ocultar o maquillar las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en sus propios países al mismo tiempo que, por línea editorial, defienden el sistema económico neoliberal el que permite la concentración de la riqueza para unos pocos y la pobreza (violación de los derechos humanos) para muchos.

Por supuesto, del gran hermano, de la democracia estadounidense, casi nada se divulga sobre la situación de derechos humanos en Estados Unidos y si se conocen nadie pone el grito en el cielo ni pide sanciones. Menos se critica la política exterior estadounidense que tiene consecuencias nefastas para otros países en materia de derechos humanos.

Vemos en las noticias con horror, tristeza, e impotencia la muerte de más de 24 mil palestinos, muchos de ellos niños, asesinados por Israel con armas y apoyo de los Estados Unidos.

El 11 de enero pasado en las noticias del medio alemán DW en español entrevistaron al subdirector para América Latina de HRW, Juan Pipper, y le preguntaron cómo se explica el doble discurso de EEUU que dos veces vetó una resolución, en el Consejo de Seguridad de la ONU, para pedir un alto al fuego en la Franja de Gaza.

“Este doble rasero que vemos en Estados Unidos, que vemos en Bruselas y también en otros países del mundo es hoy uno de los grandes desafíos que tienen los derechos humanos a nivel global” dijo Pipper, agregando a continuación que la Comunidad Internacional reaccionó  de forma correcta frente a la guerra en Ucrania.

“Hace falta que se apliquen las mismas herramientas, las mismas respuestas en el caso de lo que está ocurriendo hoy en Palestina y en otras crisis menos conocidas como lo que ocurre en Sudán o mucho más cerca, en nuestra región, en América Latina, en Haití. Son situaciones dramáticas de violaciones a los derechos humanos que requieren que la Comunidad Internacional responda de forma clara y sin dobles raseros. Siempre protegiendo los derechos humanos y a las víctimas”, expresó Pipper.

Anotar que en el conflicto en Ucrania la gran mayoría de los países se oponen a la guerra y han abogado por negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Mientras que EEUU y los países de la OTAN han resuelto apoyar la guerra y que se sigan desangrando ambas naciones.

El Informe Mundial 2024, de la organización internacional Human Rights Watch, señala en el apartado de la situación de los derechos humanos en los mismos Estados Unidos que “el racismo, el sentimiento antiinmigrante y las amenazas a la democracia continuaron siendo problemas apremiantes de derechos humanos en Estados Unidos en 2023”.  Veamos algunas partes del informe en cuestión.

Asesinatos policiales

De acuerdo con el informe, “hasta el 28 de septiembre, la policía había matado a más de 800 personas en 2023, cifras similares a las de años anteriores. Per cápita, la policía mata tres veces a más personas negras que blancas”.

Los números de las personas asesinadas por la policía siguieron aumentando, llegando hasta 1329 en el año 2023 de acuerdo al sitio de monitoreo mappingpoliceviolence.org.

El informe de Human Rights Watch indica que “los llamamientos generalizados para reducir la dependencia excesiva de la policía y abordar los problemas sociales con la inversión en vivienda, atención sanitaria y educación fueron en gran medida ahogados por los llamamientos a una mayor financiación policial y a la reversión de las reformas policiales”.

Esto último, “fueron impulsados por una persistente divulgación de información errónea y narrativas engañosas sobre el aumento de las tasas de criminalidad y la disminución de la seguridad pública”.

Lo mismo, sacado de manual, lo podemos ver en tantos países, donde ayudados por los grandes medios de comunicación de los grupos de poder, se siembra el miedo con el fin de seguir militarizando la vida y justificando leyes que dan más garantías e impunidad a las Fuerzas de Seguridad.

Otro antecedente que indica el Informe, común en muchos países del mundo, es que “la mayoría de los departamentos de policía de Estados Unidos se niegan a proporcionar datos sobre su uso de la fuerza, lo que hizo necesaria la recopilación y el análisis de datos de organizaciones no gubernamentales”.

Desigualdad Económica y Encarcelamientos

En Estados Unidos, uno de los países más ricos e industrializados del mundo, de acuerdo al informe, “la brecha de riqueza racial continuó siendo muy marcada: por cada dólar de riqueza de las familias blancas, las familias negras tenían apenas 24 centavos y las familias hispanas, 23 centavos, una brecha que ha cambiado muy poco en los últimos 50 años”.

“La desigualdad de ingresos en Estados Unidos es muy alta en comparación con otros países ricos: el 10 % de los que más ganan acapara casi la mitad de todos los ingresos y el 50 por ciento inferior obtiene sólo el 13 por ciento”.

El informe indica que “el índice GINI, una medida estadística de la desigualdad de ingresos, apunta que para Estados Unidos ha aumentado un 3,2 % desde 2021. La desigualdad de riqueza es igualmente marcada: el 50 % más pobre de la población de EE.UU. posee solo el 1,5 % de la riqueza privada del país”.

La pobreza, desigualdad, las grandes diferencias en el acceso a los derechos entre la población estadounidense puede explicar, en alguna medida, el aumento en la tasa de encarcelamiento, El informe de HRW dice que existen “aproximadamente 2 millones de personas recluidas en cárceles, prisiones y centros de detención de inmigrantes estatales y federales en un día cualquiera, y millones más en libertad condicional” y donde, claro, hay “una representación enormemente excesiva de personas negras en prisiones y cárceles” en los Estados Unidos.

Migrantes: Biden expulsó a 2,3 millones de personas

Este punto, la problemática de la migración hacia los EEUU, es quizás uno de los pocos temas que uno puede leer en los medios masivos. Aunque, como en muchos temas, no se abordan las causas profundas de la migración que es la pobreza, las consecuencias del neoliberalismo, el cambio climático, las sanciones a terceros países, y la militarización impulsada por los mismos Estados Unidos que son factores que explican por qué las personas buscan migrar.

El informe de HRW señala que “las autoridades estatales y federales (en Estados Unidos) continuaron aplicando políticas destinadas a disuadir a las personas de buscar asilo en el país, en flagrante violación del derecho internacional de los derechos humanos, prácticamente forzándolas a emprender rutas más peligrosas”.

“La política de expulsiones sumarias del Título 42 de 2020 expiró en mayo, pero fue reemplazada por una nueva regla laberíntica de asilo. Conforme al Título 42, justificado como una medida de emergencia para combatir la pandemia de Covid-19, el gobierno de Biden expulsó sumariamente a 2,3 millones de personas sin analizar sus solicitudes de asilo”, señala HRW.

Vale recordar el Artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el que consagra que “en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país” y los Estados están obligados por la Ley Internacional a tramitar sus solicitudes.

El informe recuerda que “como candidato, Biden prometió a poner fin a la detención de inmigrantes en cárceles privadas, pero en julio, el 90 % de los 30.000 extranjeros que en promedio son detenidos cada día en EE.UU. estaban recluidos en instalaciones privadas”.

La Cárcel ilegal de Guantánamo

Debemos recordar que, dentro de la base militar de los Estados Unidos en Guantánamo, territorios que Cuba demanda sean devueltos al país, sigue existiendo una cárcel ilegal que viola los derechos humanos.

Este 11 de enero pasado, se cumplieron 22 años desde su apertura, la que fue establecida por el presidente George W. Bush en 2002, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La cárcel ilegal en Guantánamo ha llegado a albergar a más de 700 prisioneros.

El documento de HRW señala que “al momento de redactar este informe, 30 musulmanes extranjeros permanecían encerrados en el centro de detención militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba, entre ellos cinco acusados de participar en los ataques del 11 de septiembre de 2001”.

También indica que “las conversaciones sobre un acuerdo para que los acusados del 11 de septiembre se declararan culpables a cambio de cadena perpetua se estancaron, después de que el presidente Biden rechazará las solicitudes de atención de los hombres para ayudarlos a recuperarse de las torturas de la CIA y no cumplir sus condenas en régimen de aislamiento”.

Vale agregar que el documento no menciona sobre la existencia de los presos políticos recluidos en las cárceles estadounidenses como Mumia Abu Jamal o Leonard Peltier, entre otros.

Política exterior de EEUU

El informe de HRW también analiza algunas prácticas de la política exterior estadounidense partiendo por el presente conflicto palestino-israelí indicando que el “presidente Biden criticó duramente el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre, que resultó en la muerte de cientos de israelíes y otros civiles y se comprometió a aumentar el apoyo a la defensa de Israel más allá de la ayuda militar anual ya aprobada”.

Sin embargo, HRW es crítico al respecto y señala que “dicha asistencia de seguridad y transferencias de armas incumplieron las leyes y políticas internas de Estados Unidos que condicionan la ayuda militar estadounidense a garantizar que sus aliados no violen el derecho internacional. Los funcionarios estadounidenses instaron pública y privadamente a Israel a minimizar el daño civil en su respuesta militar y permitir la entrada de asistencia humanitaria a Gaza”.

Agregó que si bien es cierto que algunos funcionarios del gobierno de Biden hicieron ver sus preocupaciones el gobierno israelí este no cambió su política y siguió atacando a la población civil palestina la que debe ser protegida y respetada de acuerdo con la Ley Internacional y el Derecho Internacional Humanitario. Pese a lo anterior, Estados Unidos ha seguido enviando armas y dando asistencia militar a Israel.

Sobre la guerra de Rusia y Ucrania, el informe indica que “Estados Unidos siguió brindando un importante apoyo militar y económico a Ucrania en 2023 en respuesta a la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022” y que “Biden aprobó la transferencia de municiones de racimo estadounidenses a Ucrania. Estas armas están prohibidas por un tratado internacional debido a los peligros que representan para los civiles, pero ni Estados Unidos ni Ucrania son partes de ese tratado”.

En este apartado no señala que también el gobierno de Zelensky incumplió “las leyes y políticas internas de Estados Unidos que condicionan la ayuda militar estadounidense a garantizar que sus aliados no violen el derecho internacional”.

Sin embargo, en el capítulo sobre la situación en Ucrania señala el informe que “la Misión de Observación de la ONU también documentó 75 casos de detención arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad ucranianas, en su mayoría de personas sospechosas de delitos penales relacionados con el conflicto, y el 57 por ciento de los detenidos dijeron que fueron sometidos a torturas y malos tratos, predominantemente en lugares de detención no oficiales”.

Al cierre de este artículo, en una cárcel de Ucrania murió el periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira quien antes de morir, bajo custodia del Estado ucraniano, acuso persecución, tortura, y extorsión bajo el gobierno de Zelensky.

Finalmente, el informe de Human Rights Watch, con sus acentos y silencios, nos permite ver cómo también dentro de los Estados Unidos se violan los derechos humanos. Es importante denunciar el mito de la democracia estadounidense.

* Pablo Ruiz es periodista y parte del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile

Foto: SOA Watch

Una verdadera democracia para Guatemala

Alberto Salom Echeverría

“Y de esta manera fueron vencidos los señores

de Xibalbá al ver tantas flores juntas.”

Popol Vuh.

Inicio con esta frase tan bella del Popol Vuh, nuestro Popol Vuh, que me la hizo llegar mi dilecto amigo el expresidente Luis Guillermo Solís. Yo le respondí que haría falta señalar que, con la juramentación del ahora presidente constitucional de Guatemala, Bernardo Arévalo, se ha ganado una “batalla” importante para hacer renacer una verdadera democracia en Guatemala, pero la lucha será mucho más larga y compleja.

¿A qué herencia hay que renunciar?

Guatemala es probablemente el país que posee la estructura social más oligárquica en todo Centroamérica. Y, esto es una herencia de la colonia que, las fuerzas democráticas guatemaltecas no se han logrado quitar de encima.

En la década de los años cuarenta se produjo en el más nórdico de los países del Istmo centroamericano, el inicio de la llamada “primavera democrática”. Esta “primavera” se abrió con la “revolución democrática” de octubre de 1944, encabezada justamente por el padre del actual gobernante de Guatemala, Juan José Arévalo. ¿Revolución? Sí, porque como nos dijera en una oportunidad a varios revolucionarios costarricenses, el prócer asesinado por las crueles balas del ejército y la oligarquía guatemalteca, Meme Colom Argueta: “en nuestro país (Guatemala), para impulsar reformas democráticas, así chiquititas -y nos mostró sus dedos pulgar e índice de su mano derecha casi juntos- hay que hacer una revolución así grandotota -y nuevamente nos mostró esta vez sus dos manos ampliamente extendidas para evidenciar la diferencia-“.

El gobierno de Arévalo puso una detente a muchos años de regímenes militares de los más bárbaros y despóticos de la historia de los países centroamericanos. Aquellos regímenes militares estaban coludidos con la oligarquía más rica, aristocratizante y antidemocrática de los cinco países que tradicionalmente han constituido Centroamérica. Los militares eran los guardianes de la enorme riqueza amasada sobre la base de la explotación principalmente de la población originaria de Guatemala; sin duda la más extendida en todo el “Istmo”, conformada por diferentes etnias y poseedora de una rica tradición cultural: los Mayas. No obstante, no poco han ayudado los estudiantes universitarios, los intelectuales y hasta sectores minoritarios y democráticos de las fuerzas armadas a apuntalar las luchas progresistas y anti oligárquicas en Guatemala.

Y ¿cuáles fueron esas reformas “pequeñitas”, según la expresión del prócer Meme Colom? Los costarricenses sabremos aquilatar su significado, ya que la primera y fundamental reforma fue la conquista del código del trabajo en 1947. Mediante este código se puso fin a la denominada “Ley de vagancia”, mediante la que se sometió a muchas personas que vivían en el mundo de la pobreza y de la miseria a jornadas laborales extenuantes. Por medio de la seguridad social se legalizó el derecho de huelga, se le otorgó además el derecho al voto a todos los varones mayores de edad y a las mujeres que supieran leer y escribir.

Al terminar con el trabajo forzado, se desestructuró la hacienda como matriz societal de más larga duración; la cual era otra herencia funesta del período colonial, nos dice Julieta Rostica coordinadora del Grupo de Estudios sobre Centroamérica de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Todos estos cambios formaron parte, en principio, de la Carta Constitucional de 1945. En ella se estampó un precepto constitucional que denominaron “la función social de la propiedad”, el cual sirvió de base para la ley de “Reforma Agraria” que se impulsó en el segundo gobierno de la “revolución democrática”, el de Jacobo Árbenz en 1952. Durante el primer gobierno de Arévalo, también se había promovido una reforma educativa, se impulsaron campañas de alfabetización, se reabrió la Universidad Popular de Guatemala, florecieron las escuelas nocturnas para trabajadores, se impulsó como nunca la educación rural y la formación de maestros. También desde el Congreso de la República Antonio Colom Argueta impulsó otras tantas reformas a la educación, entre ellas el “Escalafón de maestros”.

El gobierno de Árbenz fue más radical que el anterior del presidente Arévalo; de hecho, se ganó el mote de “gobierno comunista”, desatando con ello una marejada contrarrevolucionaria, que derivó en un levantamiento militar alentado por la siniestra CIA de los Estados Unidos, dando al traste con los gobiernos de la “primavera democrática” de Arévalo y Árbenz. La “Reforma Agraria” llevó las cosas a un punto que los conservadores sencillamente no soportaron, asimismo, para la United Fruit Co., que acaparaba el 80% de la tierra cultivable en Guatemala, la erradicación de la “Ley de Trabajo Forzado” resultó un hecho insólito e insoportable. Ambos sectores, el de la oligarquía ultraconservadora y la United Fruit Co. financiaron el levantamiento militar junto a la CIA estadounidense, a cuyo frente se colocó el coronel Carlos Castillo Armas, quien entró por la frontera desde territorio hondureño y avanzó hasta la capital, provocando la caída nueve días después de Jacobo Árbenz. (Cfr. Oliva, Ayelén. “¿Quién fue Juan José Arévalo, el padre del nuevo presidente de Guatemala que lideró la “revolución de octubre” hace 80 años? BBC News Mundo. enero 2024).

A partir de ese momento, la represión desatada por los militares contra los sectores populares se tornó sumamente violenta, derivando en consecuencia, en una ola de asesinatos y cárcel contra todo el que se insubordinaba, el proceso en su integralidad estuvo exento de juicio previo. Todavía después de Castillo Armas, prosiguieron los crímenes y las desapariciones, que se han llegado a contabilizar en 200.000 personas entre 1978 y 1990. Es pues a esta herencia de latrocinio y arbitrariedad por parte del Estado guatemalteco, a la que se debe renunciar, y es debido a ello que, al actual mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo le costó tanto ser juramentado el 14 de enero, pasada la medianoche.

Bernardo Arévalo: por la verdadera democracia.

El actual presidente Arévalo, fue juramentado pasada la medianoche, junto a su vicepresidenta Karin Herrera, hecho que se efectuó simbólicamente en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Esta juramentación se llevó a cabo, no sin que antes se hubiese escenificado un intenso debate entre diputados oficialistas y miembros de la oposición, próximo a enfrentamientos violentos entre los representantes del pueblo. En contrapartida, en las calles aledañas al Congreso también se encontraron las fuerzas policiales de la represión en la capital guatemalteca y las fuerzas populares que desde temprano inundaron las calles del centro de la capital y en los alrededores del Congreso.

Con antelación la fiscalía de la Nación había iniciado un espurio proceso contra el ahora presidente constitucional de Guatemala. Este proceso llevaba la intención de impedir que Arévalo y Herrera asumieran el poder político. Arévalo en varias ocasiones y en distintos foros denunció que se fraguaba en su contra un “golpe de Estado”. Por otra parte, el Tribunal Supremo Electoral se pronunció validando el proceso electoral como legítimo, consagrando así, el triunfo de Arévalo y Herrera en las urnas electorales por un porcentaje de votos superior al 60%. Asimismo, la Corte Constitucional rechazó todos los recursos de amparo presentados por políticos de la oposición contra el proceso electoral, pretendiendo tacharlo de fraudulento. Todo esto preconiza las difíciles condiciones en medio de las cuales le corresponderá desenvolverse al actual gobierno, cuya misión política fundamental estriba en reestructurar el sistema democrático guatemalteco. El apoyo popular recibido será el principal bastión con que contará Bernardo Arévalo en el tanto que él, su vicepresidenta y el enorme movimiento popular que ahora los apoya, conserven esa unidad férrea de contenido anti oligárquico, antimilitarista y por una democracia verdadera.

Los enemigos que tienen enfrente no pueden ser subestimados; en esencia, son los mismos que intentaron tantas veces sabotear al Gobierno Constitucional de Juan José Arévalo, padre del actual mandatario y que le propinaron un golpe de Estado al siguiente gobierno del coronel progresista Jacobo Árbenz Guzmán, desatando la contrarrevolución y una represión generalizada contra el pueblo guatemalteco, “los de a pie” como se les dice tradicionalmente. Son los mismos enemigos, excepto uno, por ahora: el gobierno de Los Estados Unidos, encabezado por su presidente Joe Biden, quien ha estado apoyando en todo momento que se llevara a cabo el traspaso de poderes de una manera pacífica. De igual manera, esta vez la Organización de Estados Americanos, OEA, que preside Luis Almagro, ofreció su apoyo irrestricto al presidente electo. Ya era hora que la OEA se apuntara a favor de una causa justa para el pueblo.

Así quedó finalmente constituido el nuevo gobierno democrático de Guatemala, en una larga, aunque fructífera noche. Su objetivo cardinal, la consecución de una democracia verdadera en Guatemala será una tarea harto compleja, jalonada de muchos riesgos en el camino; la solidez democrática, el apoyo popular y la legitimidad que ha ganado el gobierno que recién asumió el mando de la Nación, hacen pensar que esta vez, el movimiento popular se puede solidificar junto a su gobierno con el objeto de poder cumplir así una tarea de gran trascendencia y calado en Guatemala y en todos los países del Istmo centroamericano. Es una responsabilidad histórica.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Destructiva «cascada de dólares»

Freddy Pacheco León

Aparte de la gasolina, por acción de la Aresep, ningún producto importado de primera necesidad, y otros, ha bajado de precio. Las importaciones de alimentos, medicinas, materiales de construcción, utensilios, ropas, etcétera, hasta suben de precios, mientras los salarios siguen congelados y la pobreza aumenta.

Por otro lado, el turismo que apenas se recupera del parón provocado por la pandemia, está captando dólares que les generan cerca de un 30% menos colones, necesarios para pagar salarios y compra de servicios, precisamente, en colones. Se vislumbra una grave crisis en el sector, apenas termine la temporada alta.

En cuanto a las exportaciones, de todo tipo, la cantidad de dólares, convertidos a colones, muestra angustiantes valores muy disminuidos, por lo cual, los productos agrícolas, entre ellos el café, está sufriendo pérdidas crecientes, que se suman a las inherentes a las del cambio climático, que algunos todavía insisten en negar.

«Cascada de dólares», que ha duplicado las reservas del Banco Central, a más de US$14 MIL MILLONES, sin que las autoridades se estén preocupando de su origen, pese a que está provocando una emergencia, un desbarajuste económico, en sectores productivos, y los habitantes en general, que ven como más de 180 personas al día, están perdiendo sus empleos. Dólares «muy guardaditos» por la administración Chaves, mientras las necesidades de inversión social y en infraestructura productiva, reciben apenas limosnas.

Rodrigo Chaves era una aberración política, pero significaba renovación y esperanza

Vladimir de la Cruz

¿Qué pasó en las elecciones del 2022? Todavía no se ha hecho un buen análisis de ese proceso electoral. La sociedad política y empresarial nacional todavía está en shock emocional con el triunfo de Rodrigo Chaves.

La primera ronda de esas elecciones las ganó el Partido Liberación Nacional, el partido socialdemócrata y su candidato José María Figueres Olsen. Eso no significó que triunfara, en la conciencia de los votantes, en ese momento de febrero, el ideario socialdemócrata, ni el ideario figuerista, referido a don Pepe Figueres, que ha sido lo tradicional en la percepción política que ha girado alrededor de ese partido, y en cierta forma en el aire político nacional.

José María en los últimos cinco días de campaña, antes de la votación de la segunda ronda, intentó atraer a los votantes con su propuesta Ochomogo2.0, una plataforma social que en ese momento presentada fue como un canto a la luna. En su partido, y a su alrededor, se habían impuesto los grupos más conservadores y neoliberales de Liberación Nacional, que frente a los cantos de sirena de Rodrigo Chaves no causaban ningún enamoramiento electoral en la segunda ronda, no por la discusión social o política, que debía mantenerse, sino por el discurso anti partido tradicionales, anti políticos tradicionales, anti Política nacional, anticorrupción en general, que Rodrigo Chaves mantenía y que hacía representar en José María Figueres su principal candidato opositor, hacia abril del 2022.

Su discurso fue también contra las élites gobernantes, que no solo eran las políticas sino también de ciertos grupos empresariales, económicos, productivos y financieros, que tradicionalmente se habían coaligado alrededor de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.

La base material y emocional que le dio el Triunfo a Rodrigo Chaves, en mucho fue la pobreza, la extrema pobreza, la marginación, la exclusión, los graves problemas relacionados con desempleo, empleo informal, deserción estudiantil; la desatención de la población en instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social y en la educación pública, la desestructuración del Estado Social de Derecho que se ha venido impulsando; el debilitamiento que se ha venido haciendo de instituciones claves para el país y la población, como el ICE; las políticas privatizadoras de instituciones estatales que se impulsan, los problemas asociados a la violencia social, a la inseguridad ciudadana, a la narco economía, la narco política, a la explosión numérica de bandas criminales en el país y la lucha que tienen por territorios, por el control de las drogas, su comercialización y exportación, que se expresan en el sicariato.

Además de la renovación política que él mismo se auto proponía, también se presentó como El Salvador, la esperanza de los pobres, de los marginados y excluidos. Era la utopía realizable para la mayoría social que le apoyó.

Rodrigo Chaves era el símbolo de la renovación, de la limpieza institucional nacional. De allí también su arraigo en costarricenses, que aún mantiene desde la Casa Presidencial, porque una inmensa mayoría nacional y social costarricense se ha sentido marginada, desplazada de la atención pública estatal. Zonas geográficas se han abandonado de estas políticas nacionales, las que él trata de atender publicitariamente.

Su surgimiento desde afuera de la política tradicional fue en cierta forma su empaque de éxito, del foráneo, del outsider. En él, miles de costarricenses descubrieron que podían herir el statu quo, el establishment político, votando por un personaje impensado.

Fueron votantes airados, que pudieron votar a la derecha como a la izquierda, según se le hubiera llegado al oído, según se le hubiera apelado al llamado del pueblo. En cierta manera, hoy se ven en los pequeños partidos que se ha tratado de impulsar desde la Casa Presidencial, que se movilizan en protestas contra la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional y contra el Tribunal Supremo de Elecciones, que también se impulsa desde el discurso presidencial contra medios de comunicación, periodistas y analistas políticos, contra diputados y altos funcionarios públicos, que él no ha podido nombrar, ni dependen de su escogencia y designación.

Este canto de sirenas ya se venía introduciendo en la vida política nacional desde la campaña del 2018, de manera más evidente. Como consigna se traía desde años atrás sin que repercutiera políticamente.

En el contexto mundial había una tendencia al populismo político, al autoritarismo político y hacia gobiernos de derecha. En América Latina el péndulo político de nuevo se movía hacia populismos de derecha y gobiernos autoritarios.

A Liberación Nacional lo dejaron solo en la segunda ronda tanto liberacionistas, de la primera ronda, como los grupos opositores que debieron haberse coaligado con Liberación y Figueres, para la segunda vuelta, obviamente con una plataforma política y un efectivo gobierno de unidad nacional, que ni siquiera se sugirió.

El abstencionismo, en este sentido, fue la mayor expresión de este abandono electoral el primer domingo de abril del 2022. Pero eso tuvo sus consecuencias, el ascenso de Rodrigo Chaves a la Casa Presidencial. Su triunfo era una aberración política, pero significaba renovación y esperanza

El golpe casi mortal que recibió el partido Acción Ciudadana, luego de dos años de gobiernos continuos, fue un mayor shock político. Contra este partido los grupos y organizaciones sociales que le habían apoyado se desmovilizaron, especialmente por las reformas legislativas que se impulsaron en el gobierno de Carlos Alvarado, dirigidas desde la Asamblea Legislativa por el liberacionista Carlos Ricardo Benavides. Desmovilizados esos sectores sociales, de Acción Ciudadana, no hubo hacia ellos un discurso que les provocara confianza en Liberación Nacional como alternativa final de esa campaña electoral.

La campaña electoral al final no fue un problema de izquierdas o derechas, de progresistas o neoliberales. Fue una lucha por la renovación política de la que Rodrigo Chaves se hacía el representante más importante contra la vieja política y la corrupción histórica que representaba el escenario político nacional sobre su pasado histórico, que recaía en los partidos gobernantes del bipartidismo clásico, liberacionistas y socialcristianos, como del partido Acción Ciudadana.

El resultado electoral desde febrero estaba echado en la Asamblea Legislativa, donde Liberación Nacional tenía la fracción de diputados más grande. Pero, eso no era suficiente. Ni siquiera para darle la posibilidad a Liberación Nacional en caso de que hubiera llegado a la Presidencia.

El partido Progreso Social Demócrata y el Liberal Progresista de Eli Feinzaig Mintz habían sido la sorpresa con su cantidad de diputados, 10 y 6 respectivamente. Una Asamblea Legislativa constituida por representantes de seis partidos. Los partidos Unidad Social Cristiana, con una fracción muy conservadora políticamente, muy alejada de la tradición socialcristiana, y una fracción de gente muy joven, bien preparada, del Partido Frente Amplio, que se ha lucido legislativamente en estos dos años. Es el cuerpo legislativo nacional.

Para nosotros los costarricenses la democracia no es suficiente declararla. La democracia tiene que justificarse. Cuando ésta se debilita en la conciencia y en la realidad el autoritarismo se convierte en un gran atractivo, la fuerza en toda su expresión se vuelve intuitiva, provoca el instinto gorila, que antes estaba reservado a los militares y ahora lo asumen políticos como Rodrigo Chaves.

Su gorilismo institucional se expresa en el descontento popular existente, heredado de gobiernos anteriores, a quienes constantemente se dirige expresándoles e identificándose con su frustración, y haciéndoles ver que eso es parte suya. Se presenta como adalid del deseo insatisfecho de las mayorías. De allí su posición revanchista contra las clases y élites políticas del reciente pasado nacional.

El populismo no hay que demonizarlo. Es una respuesta democrática, arropada de liberalismo político. Es un liberalismo antidemocrático. Esto es lo que representa Rodrigo Chaves, de la misma manera como los dictadores y tiranos son reacciones antidemocráticas. El populismo tiene diferentes formas de presentarse. El zoológico humano político produce distintos olores y aromas seductores, atractivos. El populismo más que un sistema de creencias o posturas filosóficas es una forma de gobernar y organizar todo el tinglado político institucional.

Rodrigo Chaves, como el populista que él trata de representar y hacer sentir, es el líder principal. Todo se mueve alrededor suyo. Hace girar toda la acción estatal e institucional en el vértice que él constituye. Lo que se aparta de ese punto lo elimina, destituye o sustituye. Exige reconocimiento, demanda y atención constante. Sus encuentros de prensa semanal procuran eso. Han fracasado hasta hoy tanto que ninguna de sus reuniones semanales provoca una agenda nacional política de discusión, lo que le debe ser altamente frustrante. Por ello se pelea con los periodistas de los espacios de opinión, y con sus invitados, que para él generan más opinión pública, más credibilidad y más agenda política nacional de discusión. La crítica contra el gobierno es válida democráticamente y es el gobernante el que tiene que demostrar la invalidez de la crítica o de sus afirmaciones.

Como populista que es trata de ordenar toda la vida pública a su alrededor, especialmente de su voluntad. Su discurso político, su oralidad presidencial es su forma de gobernar, es su forma de hacer política, es su forma de crear realidades paralelas a la que se tiene real y naturalmente; es su forma de seleccionar hechos descontextualizados donde él define los términos en que deben ser tratados, abordados o diagnosticados.

El populismo y el autoritarismo político rechazan y niegan las evidencias empíricas, el método científico, el discurso o análisis de los expertos, la legitimidad del periodismo, porque inventan o crean un mundo a sus propias medidas y dimensiones, introduciendo narraciones no verdaderas pero creíbles.

El populismo ha surgido también por la crisis de representación que se ha dado en gobiernos y en la representación parlamentaria y municipal. El tema central es si este populismo ha surgido para quedarse después de Rodrigo Chaves. No con Chaves, porque no tiene reelección posible, salvo que altere el marco democrático institucional que se lo permita. Si no se queda él, ¿con quién? ¿Quién será su muñeco político? Por ahora no tiene partido propio, aunque le están formando sus turbas, sus partidarios confusos y desordenados.

La sociedad política exige acuerdos y pactos coyunturales, con partidos, líderes políticos y sociales. Este gobierno pareciera no estar interesado en nada de eso. Es parte de su demostración de que está contra todo ese pasado que ellos representan. Pero, tampoco tiene partidos ni nuevos líderes actuales, ni socios legislativos que se le pudieran aparecer o acercar, con independencia y respeto. Para Rodrigo Chaves solo el grupo de diputados, que se identifican personalmente con él tiene valor. Para él, los otros diputados siguen representando el pasado político que él criticó en su campaña electoral.

El problema principal es que los líderes populistas y autoritarios no buscan ni les interesan los acuerdos. Para los líderes populistas lo que les interesa es exacerbar ánimos presentando los problemas catastróficos de manera que solo ellos pueden enfrentarlos.

Su incapacidad de gobernante la sigue atribuyendo a la institucionalidad que él se empeña en debilitar, y ojalá desaparecer. La fractura social y política que sigue existiendo es porque se carece, especialmente desde el Poder Ejecutivo, de realizar o impulsar pactos o acuerdos, consensos y compromisos necesarios por una mejor gobernabilidad. Sí él criticó el ambiente político diciendo que no había ingobernabilidad, sino que no había gobernantes. De continuar así, de su gestión se llegará a la misma conclusión: con Rodrigo Chaves aumentó la ingobernabilidad y fue el peor gobernante.

El y su gobierno representan un nuevo grupo político, empresarial, económico, financiero y social; una nueva élite política y gobernante. Por ahora su discurso se ha dirigido a sectores populares marginados.

La clase media sigue apartada del discurso político oficial del gobierno y de los partidos políticos parlamentarios. La clase media es clave para la estabilidad democrática nacional. Las clases medias, en su diversidad, son termómetro de la temperatura política.

El ideal de Rodrigo Chaves es ser percibido como Dios y Señor. Se presenta generalmente identificado en su toma de decisiones con el pueblo bajo, sin que esto sea peyorativo, recordando constantemente la morosidad política, judicial y legislativa de los partidos y grupos gobernantes anteriores, exigiendo la máxima lealtad posible, especialmente de los medios de comunicación, de los periodistas. Los que no se le sometan deben ser neutralizados o eliminados del escenario de la información y comunicación pública, de allí sus bravuconadas con algunos periodistas en especial, y con sus programas de opinión. A los intelectuales y analistas les da un valor negativo. Lo que no se ajuste a sus parámetros pasa a ser su enemigo.

La desigualdad, y las enormes brechas sociales que están surgiendo, de mantenerse, va a hacer surgir más movimientos populistas, que se perciban como renovadores y salvadores.

Espero que el gobierno de Rodrigo Chaves no descarrile la vida democrática nacional. Reconozco en él su Presidencia como la de todos los costarricenses, como símbolo nacional que es su investidura. Su representación máxima nos obliga con igual intensidad a llamar la atención de sus yerros, de sus equivocadas decisiones, de su débil o falta de atención de ciertos problemas nacionales, de hacerle ver problemas con la intención de que les ponga más atención, y ojalá los resuelva.

Gaza /  Israel: México y Chile anuncian remisión conjunta de caso a la Corte Penal Internacional (CPI)

Foto extraída de nota de la BBC titulada «Ataque en Israel ¿Porqué el ejército de Israel tardó tanto en reaccionar al ataque de Hamás desde Gaza?» (edición del 10/10/2023)

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

«At the same time, the onslaught on Gaza by Israeli forces over these 100 days has unleashed wholesale destruction and levels of civilian killings at a rate that is unprecedented during my years as Secretary-General. The vast majority of those killed are women and children. Nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people. The humanitarian situation in Gaza is beyond words. Nowhere and no one is safe«.

 

Declaraciones (véase enlace) del Secretario General de Naciones Unidas, 15 de enero del 2024

En un comunicado dado a conocer este 18 de enero del 2024, México ha anunciado haber procedido, conjuntamente con Chile, a la remisión de la situación existente en Gaza a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), por posibles crímenes debidamente tipificados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de 1998 (véase texto completo del Estatuto).

El artículo 14 de dicho instrumento multilateral faculta a cualquier Estado Parte a remitir toda situación susceptible de interesar a la Fiscalía de la CPI, al precisar que:

«1. Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas.

  1. En la medida de lo posible, en la remisión se especificarán las circunstancias pertinentes y se adjuntará la documentación justificativa de que disponga el Estado denunciante«

México es Estado Parte al Estatuto de Roma desde octubre del 2005, Chile lo es desde junio del 2009, al tiempo que el Estado de Palestina lo es formalmente desde el mes de enero del 2015.

Breve puesta en contexto

Como bien se sabe, la CPI es competente para establecer la responsabilidad penal de individuos que, en el ejercicio de sus funciones, instigaron, ordenaron o cometieron actos particularmente graves como el genocidio (artículo 6), los crímenes de lesa humanidad (artículo 7), y los crímenes de guerra (artículo 8).

En 5 de febrero del 2021, la Sala de lo Preliminar de la CPI adoptó una histórica decisión (véase texto completo) en la que declaró a la CPI perfectamente competente para investigar lo que ocurre en todo el territorio palestino, sin excepción de ningún tipo. En su conclusión se puede leer (página 60) que:

«FINDS that Palestine is a State Party to the Statute;

FINDS, by majority, Judge Kovács dissenting, that, as a consequence, Palestine qualifies as ‘[t]he State on the territory of which the conduct in question occurred’ for the purposes of article 12(2)(a) of the Statute;

and FINDS, by majority, Judge Kovács dissenting, that the Court’s territorial jurisdiction in the Situation in Palestine extends to the territories occupied by Israel since 1967, namely Gaza and the West Bank, including East Jerusalem».

Como ya viene siendo costumbre cuando se trata de Palestina, esta decisión fue pocamente divulgada en los grandes medios de prensa: remitimos, sobre sus alcances, a un breve análisis que realizamos al respecto en la fecha en la que fue dada a conocer (Nota 1).

No está de más señalar que Estados Unidos se sintió obligado a descalificar esta decisión preliminar de la CPI (véase comunicado oficial), confirmando – sin proponérselo – los profundos temores que significa para Israel la existencia misma de la CPI con relación a sus operaciones militares en el territorio palestino ocupado (Nota 2).

Los comunicados de México y de Chile en breve

En el comunicado de su Secretaría de Relaciones Exteriores de este 18 de enero (véase texto completo reproducido al final de esta breve nota como material/documento), se lee que México informa que:

«El día de hoy, México y Chile, remitieron al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) la situación del Estado de Palestina, a fin de que investigue la probable comisión de crímenes de su competencia».

El texto del comunicado de México también señala que:

«La acción de México y Chile obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte, específicamente a partir del ataque del 7 de octubre de 2023, llevado a cabo por militantes de Hamás y las hostilidades posteriores en Gaza.

Con esta acción, México reitera su respaldo a la CPI como el foro idóneo para el establecimiento de responsabilidad penal internacional individual, en los casos más graves y de mayor relevancia para la comunidad internacional, a la vez se enfatiza la importancia de garantizar la independencia del fiscal de la CPI para investigar los crímenes cometidos en el marco del conflicto en Gaza, ya sea que estos hayan sido cometidos por agentes de la potencia ocupante, como de la potencia ocupada.

La intervención de la CPI cobra particular relevancia ante los numerosos informes de Naciones Unidas que dan cuenta de muy numerosos incidentes que pueden constituir crímenes de la competencia de la CPI de acuerdo con el Estatuto de Roma.«

Por su parte, en su comunicado (cuyo texto está reproducido al final de estas reflexiones), Chile indica que:

«Considerando que actualmente existe una investigación en curso por parte de la Fiscalía de la CPI respecto a la situación de Palestina, el objetivo de la remisión de Chile es apoyar al fiscal en su indagación.

“Lo que nos interesa es apoyar la investigación de cualquier posible crimen de guerra que se haya cometido en el área, venga de donde venga, trátese de crímenes de guerra cometidos por israelíes o por palestinos y crímenes de guerra que se hayan cometido en el territorio de Gaza, en los territorios ocupados de Cisjordania, en Jerusalén del Este y también, por cierto, en Israel”, señaló el canciller.

Agregó que “es importante tomar en cuenta que el derecho internacional humanitario se refiere tanto a la acción de los Estados como también de los grupos no estatales. En consecuencia, se refiere a actos cometidos por el Estado de Israel, pero también, por cierto, a actos cometidos por el grupo, Hamas a través de las acciones terroristas que desarrolló el día 7 de octubre del año pasado en territorio israelí”.

Lo que no se señala en ambos comunicados, es que la CPI es competente para examinar actos susceptibles de interesar a la Fiscalía cometidos en territorio palestino; en cambio, al no ser Estado Parte Israel al Estatuto de Roma, en principio, la CPI no es competente para examinar actos cometidos en territorio israelí, a menos que Israel la autorice a iniciar investigaciones en su territorio.

Cabe recordar que luego de firmar el Estatuto de Roma el 31 de diciembre del 2000, Israel notificó en el 2002 a Naciones Unidas su decisión de anular los efectos de su firma al indicar (véase nota 4 en el estado oficial de firmas y ratificaciones) que:

« In a communication received on 28 August 2002, the Government of Israel informed the Secretary-General of the following:»…..in connection with the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on 17 July 1998, […] Israel does not intend to become a party to the treaty. Accordingly, Israel has no legal obligations arising from its signature on 31 December 2000. Israel requests that its intention not to become a party, as expressed in this letter, be reflected in the depositary’s status lists relating to this treaty.»

Se trata de una notificación similar, redactada en términos idénticos, a la remitida unos meses antes por Estados Unidos, optando por «retirar» su firma al Estatuto de Roma (Nota 3).

Una justicia internacional cada vez más solicitada ante las proporciones del drama humano que se vive en Gaza

Esta acción de México y de la Chile ante la CPI se da justo una semana después de haberse realizado las audiencias en La Haya (11 y 12 de enero del 2024) ante otra instancia jurisdiccional, la Corte Internacional de Justicia (CIJ): estas audiencias respondieron a la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel el pasado 29 de diciembre, acompañada de una solicitud urgente de medidas provisionales (véase texto completo), invocando la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio de 1948, que tuvimos la oportunidad de analizar (Nota 4).

En su extensa solicitud de más de 80 páginas (véase texto completo, cuya lectura completa se recomienda), Sudáfrica pasó en detalle lo ocurrido desde la tarde/noche del 7 de octubre en Gaza, incluyendo en los párrafos 101-107 el detalle de las escalofriantes declaraciones oficiales de altos responsables israelíes.

Con relación a la CPI, la Fiscalía de esta jurisdicción internacional ya había sido objeto de un «referral» colectivo relacionado al drama humano que se vive en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023: esta acción conjunta presentada el 17 de noviembre del 2023 fue coauspiciada por Bengladesh, Bolivia, Comoros, Sudáfrica y Yibutí (véase texto completo). De igual manera tuvimos la oportunidad de explicar brevemente sus alcances (Nota 5).

A modo de conclusión

Ante la reiterada incapacidad de un órgano como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para ordenar un cese al fuego humanitario en Gaza (debido al veto de Estados Unidos ejercido en dos oportunidades, y a la amenaza de un tercer veto que explica las debilidades de la resolución 2720 del Consejo finalmente adoptada el 22 de diciembre del 2023 – véase texto), era previsible que otros Estados, como un grupo liderado por Sudáfrica, y ahora la dupla México-Chile de manera conjunta, buscaran la manera de activar mecanismos jurisdiccionales a su disposición: tales como los que ofrece el Estatuto de Roma que crea la CPI, o bien la misma CIJ.

Ello con el fin de intentar frenar los ímpetus de Israel que, desde la tarde noche del 7 de octubre, a modo de represalia por el ataque sufrido en su territorio por parte del Hamás el mismo día, ha emprendido una acción punitiva colectiva en contra de la población civil de Gaza. Estas acciones militares indiscriminadas y desproporcionales se realizan en abierta violación a las reglas más básicas del derecho internacional humanitario.

El último informe elaborado por Naciones Unidas (al 17 de enero, cuya lectura completa se recomienda) detalla el nivel de destrucción al que se ha llegado, con casi 25.000 víctimas mortales y más de 61.000 personas heridas, señalando además que cada nuevo día de bombardeos israelíes en Gaza conlleva la pérdida de centenares de personas:

«Between the afternoons of 16 and 17 January, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 163 Palestinians were killed, and another 350 people were injured. Between 7 October 2023 and 12:00 on 17 January 2024, at least 24,448 Palestinians were killed in Gaza and 61,504 Palestinians were injured, according to the MoH.

Between 16 January and 17 January, three Israeli soldiers were reportedly killed in Gaza. Since the start of the ground operation, 191 soldiers have been killed, and 1,152 soldiers have been injured in Gaza, according to the Israeli military«.

No está de más indicar que muchas de las personas gravemente heridas en Gaza están prácticamente condenadas a muerte, al yacer bajo los escombros sin que puedan ser auxiliadas, en el frío, sin acceso a comida ni agua. Cuando son auxiliadas, llegan a centros hospitalarios y refugios sobrepoblados, muchos de ellos total o parcialmente destruidos, sin energía ni agua, ni suficientes medicamentos, ni suficiente personal médico para atenderlos.

Tampoco está de más recordar que los Estados Partes al Estatuto de Roma adoptado en 1998 son 124 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), mientras que los que son Estados Partes a la Convención contra el Genocidio adoptada en 1948 son 153 (véase estado oficial), por lo que la inacción y el silencio de los demás Estados Partes a ambos instrumentos plantean interrogantes muy válidas.


Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «Corte Penal Internacional (CPI) / Palestina: ¿el fin de la impunidad para los autores de crímenes de guerra cometidos en Palestina?«, editada el 5 de febrero del 2021 y disponible aquí.

Nota 2: Años antes de que Palestina sea Estado Parte al Estatuto de Roma (2015), un cable confidencial de la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv del 23/02/2010 (véase texto completo) dado a conocer por Wikileaks en el 2011 ya indicaba el profundo temor de Israel que generaba en aquel año a sus autoridades la CPI, en estos términos: “Libman noted that the ICC was the most dangerous issue for Israel and wondered whether the U.S. could simply state publicly its position that the ICC has no jurisdiction over Israel regarding the Gaza operation”. El Coronel Liron Libman, alto funcionario israelí, era (y sigue siendo) un gran conocedor de las reglas que imperan en el derecho internacional: ostentó durante muchos años el cargo de Jefe del Departamento de Derecho Internacional del Ejército de Israel (IDF).

Nota 3: En este mismo estado oficial de firmas y ratificaciones se lee (Nota 12 en la parte final) que: » In a communication received on 6 May 2002, the Government of the United States of America informed the Secretary-General of the following: «This is to inform you, in connection with the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on July 17, 1998, that the United States does not intend to become a party to the treaty. Accordingly, the United States has no legal obligations arising from its signature on December 31, 2000. The United States requests that its intention not to become a party, as expressed in this letter, be reflected in the depositary’s status lists relating to this treaty«.

Nota 4: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito de la reciente demanda interpuesta por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, editada el 29 de diciembre del 2023 y disponible aquí .

Nota 5: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito del anuncio hecho por Sudáfrica de una acción conjunta ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)», editada el 18 de noviembre del 2023 y disponible aquí.

Materiales / Documentos: 
Documento 1: 
Comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México del 18 de enero del 2024 (véase enlace oficial)
Remisión de la situación de Palestina a la Corte Penal Internacional (CPI)

El día de hoy, México y Chile, remitieron al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) la situación del Estado de Palestina, a fin de que investigue la probable comisión de crímenes de su competencia.

La remisión se fundamenta en el artículo 13 a) y 14 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que permite a un Estado Parte remitir al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al fiscal que investigue la situación para determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas.

La acción de México y Chile obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte, específicamente a partir del ataque del 7 de octubre de 2023, llevado a cabo por militantes de Hamás y las hostilidades posteriores en Gaza.

Con esta acción, México reitera su respaldo a la CPI como el foro idóneo para el establecimiento de responsabilidad penal internacional individual, en los casos más graves y de mayor relevancia para la comunidad internacional, a la vez se enfatiza la importancia de garantizar la independencia del fiscal de la CPI para investigar los crímenes cometidos en el marco del conflicto en Gaza, ya sea que estos hayan sido cometidos por agentes de la potencia ocupante, como de la potencia ocupada.

La intervención de la CPI cobra particular relevancia ante los numerosos informes de Naciones Unidas que dan cuenta de muy numerosos incidentes que pueden constituir crímenes de la competencia de la CPI de acuerdo con el Estatuto de Roma.

A esto se suma el colapso prácticamente total de la infraestructura nacional de justicia de Palestina, por lo que no estaría en capacidad de investigar o enjuiciar los posibles crímenes cometidos en su territorio o por sus nacionales.

El Estado de Palestina es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional desde el 1 de abril de 2015, por lo que ésta tiene jurisdicción para investigar los crímenes de su competencia ocurridos en el territorio del Estado palestino o por sus nacionales.

El Gobierno de México tiene conocimiento y da puntual seguimiento al caso presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia y a la solicitud de medidas provisionales.

México reitera su compromiso con la justicia internacional, la prevención del genocidio y otros crímenes de guerra y contra la humanidad. Asimismo, confía en que estas acciones, basadas en la solución pacífica de controversias, puedan abrir espacios para un cese al fuego inmediato y contribuyan a allanar el camino para una paz duradera en la región sobre la base de la solución de dos Estados que convivan dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas«.

Documento 2: 
Comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile del 18 de enero del 2024 (véase enlace oficial)
Chile y México presentan remisión de la situación de Palestina ante la Corte Penal Internacional

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, informó que el embajador de Chile en Países Bajos, Jaime Moscoso, presentó hoy, junto a México, un escrito de remisión ante la Corte Penal Internacional (CPI) respecto de la situación en Palestina, con el objetivo de reforzar la investigación de los presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad ocurridos en Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este e Israel, ilícitos contemplados en el Estatuto de Roma.

Considerando que actualmente existe una investigación en curso por parte de la Fiscalía de la CPI respecto a la situación de Palestina, el objetivo de la remisión de Chile es apoyar al fiscal en su indagación.

“Lo que nos interesa es apoyar la investigación de cualquier posible crimen de guerra que se haya cometido en el área, venga de donde venga, trátese de crímenes de guerra cometidos por israelíes o por palestinos y crímenes de guerra que se hayan cometido en el territorio de Gaza, en los territorios ocupados de Cisjordania, en Jerusalén del Este y también, por cierto, en Israel”, señaló el canciller.

Agregó que “es importante tomar en cuenta que el derecho internacional humanitario se refiere tanto a la acción de los Estados como también de los grupos no estatales. En consecuencia, se refiere a actos cometidos por el Estado de Israel, pero también, por cierto, a actos cometidos por el grupo, Hamas a través de las acciones terroristas que desarrolló el día 7 de octubre del año pasado en territorio israelí”.

Desde el pasado 7 de octubre, Chile ha insistido reiteradamente, al igual que muchos países y organismos internacionales, en condenar los ataques terroristas de Hamas y en exigir la liberación inmediata de los rehenes; en reconocer el derecho de Israel a defenderse de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario; en condenar las operaciones militares en Gaza que no han cumplido con los principios de proporcionalidad y distinción del derecho internacional humanitario; en exigir el respeto del derecho internacional y los derechos humanos; y en solicitar un cese inmediato al fuego.

Finalmente, Chile reitera nuevamente su llamado al diálogo, que conduzca a la única solución posible para poner fin a este conflicto histórico: dos Estados, Israel y Palestina, coexistiendo en paz, en el marco de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, de conformidad a lo establecido en las resoluciones adoptadas por Naciones Unidas». 

Esquivel y Chaves en su laberinto

José Luis Valverde Morales

El regreso del ingeniero Jorge Granados Soto, supone el duro revés al ego de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva del Seguro Social, de carambola a su escudero, hasta ahora incondicional, presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles.

Granados es reinstalado en la gerencia de Infraestructura y Tecnologías de la CCSS con el voto de seis de los nueve miembros de Junta Directiva, consolidando la alianza de representantes patronales y de los trabajadores.

El ingeniero tiene una sólida formación profesional, estudios de posgrado en Japón (donde saben de terremotos y temblores) cayó en desgracia por no doblegarse ante las falacias para descarrilar la construcción del nuevo hospital de Cartago.

MENOS MARGEN.

El margen de maniobra de Marta Esquivel se estrecha cada vez más, el empecinamiento de resistirse a los lineamientos salariales fijados por ley en el plan fiscal, colocan en un zapato al Poder Ejecutivo.

Rodrigo Chaves Robles, está en la encrucijada, o enmienda el abollado barco de la gobernabilidad, lo orienta a mejor puerto, mediante el diálogo y la concertación o sigue empecinado en la confrontación, estrellándose un día sí y otro también, en la Constitución y las leyes, que ha ido conociendo a golpes y reveses de la institucionalidad.

Espalda

A Federico Cruz Saravanja, conocido como Choreco y a Christian Bulgarelli, asesores cercanos en materia de comunicación les dio la espalda.

Marta Eugenia sigue ahí, contrario a su antecesor Álvaro Ramos, quien sin pecado alguno fue desterrado.

Las decisiones próximas de Chaves serán cruciales, o sigue hundiéndose en el Titanic de la soberbia y la tozudez o capea el iceberg del amiguismo, amenaza del buque donde vamos los habitantes de este maravilloso país.

Publicado en Facebook y compartido con SURCOS por el autor.

La narco mafia y narco política hay que enfrentarla con la mayor unidad nacional, política y social que sea posible

Vladimir de la Cruz

Hace algunos años, en la década de 1960, el anticomunismo arreciaba en el continente. La cercanía de la recién triunfada Revolución Cubana, que se había declarado socialista, en el contexto anticomunista de la Guerra Fría, fortaleció ese ambiente político mundial en esta región. A 90 millas de Estados Unidos una Revolución como la cubana tenía que desatar ese pánico, esa incertidumbre.

A escala internacional se desarrolló el anticomunismo bajo el concepto de la Guerra Fría. En Europa, Churchill, frente al surgimiento de un conjunto de países socialistas que emergieron de las cenizas bélicas de la II Guerra Mundial impulsó, para Europa, el concepto de la Cortina de Hierro. En el Asia, frente al avance descolonizador de la India, la Península de Indochina y la Península de Corea; y el avance hacia la Revolución Popular Socialista de China, en 1949, se impulsó la idea de la Cortina de Bambú. Con esto se crearon bloques mentales, económicos, militares, como la OTAN primero, y luego el Tratado de Varsovia, que fueron el gran marco de la Guerra Fría, para el llamado mundo “occidental”. En América Latina se aprobó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en 1948, con igual propósito de defender las naciones latinoamericanas del avance del comunismo.

En Latinoamérica se impulsaron y sostuvieron feroces dictaduras y tiranías, durante una larga noche contra las democracias. La de Costa Rica sobrevivió a la guerra civil de 1948, pero arrastró parte de esa Guerra Fría, en la proscripción del Partido Comunista de Costa Rica, llamado Vanguardia Popular, y de una decena de partidos en los años siguientes hasta 1974, cuando se eliminaron las restricciones y prohibiciones para su organización electoral.

En la década de 1960 a nivel regional se impulsó el Consejo de Defensa Centroamericano, del que seguimos siendo parte, según entiendo, como parte de esa política continental y mundial; se establecieron controles y censuras en el Correo nacional, se cerró un periódico en el gobierno de Francisco Orlich y un coletazo de esas prohibiciones llevó al cierre de Radio Noticias del Continente, en el gobierno de Luis Alberto Monge, al calor del triunfo, en 1979, de la Revolución Sandinista en Nicaragua y la emergencia de la revolución popular anti dictaduras en Centroamérica; conflictos armados que se superaron con las gestiones del Gobierno de Oscar Arias, que llevaron a los acuerdos centroamericanos que se los reconocieron en su merecido Premio Nobel de la Paz.

Ese proceso no ha sido fácil todavía. Basta ver el pasado fin de semana donde se quiso impedir un triunfo electoral socialdemócrata en Guatemala, o en Nicaragua donde opera un gobierno autoritario en toda la línea.

Por cierto, en esa década se produjo el escándalo Irán Contras con el cual se descubrió que Estados Unidos con droga financiaba grupos antirevolución sandinista. ¿Cómo es qué es? Eso favoreció, desde entonces, las rutas y los negocios de la droga en la región.

Recientemente, el gobierno de Estados Unidos dejó libres, por la vía del indulto, a personas capturadas, de origen venezolano, parientes y amigos del presidente Maduro, que habían sido capturados infraganti en drogas y lavado de dinero, a cambio de unos detenidos norteamericanos en Venezuela, y por las negociaciones de inversiones norteamericanas que se estaban autorizando en el petróleo de ese país.

¿Qué mensaje está dando el gobierno norteamericano, a grupos delincuenciales? Está diciéndo a los grupos narcotraficantes que capturen y secuestren ciudadanos norteamericanos o funcionarios de ese gobierno, para cambiarlos por líderes mafiosos o narcomafiosos, que llevan a las cárceles de Estados Unidos, que es lo que se hizo en Venezuela.

En Costa Rica, esas restricciones políticas que existieron, en aquellos años, y las políticas que se ejecutaron, obedecieron a las presiones de los Estados Unidos, como recientemente el gobierno del presidente Rodrigo Chaves fue presionado por el gobierno norteamericano para impedir las negociaciones con la República Popular China, a propósito de las prohibiciones que el gobierno impuso contra el teléfono chino Huawei, y otros artículos de origen chino, a pesar del Tratado de Libre Comercio que existe, con ese país, desde el 2010.

En aquellos años, de la década de 1960, usar el término “comunista” para alguna gente podía ser ofensivo. Así sucedió en un caso, que llevado a los tribunales fue fallado a favor del demandante, condenando a la persona que de esa manera se refirió a una persona.

Un “comunista” es la persona que milita en un partido Comunista, y pertenece organizado a él, así como un liberacionista es aquel que pertenece al Partido Liberación Nacional. Hay gente que perteneciendo a este partido está en gobiernos de otros partidos, quizá porque interpretan que sirven al país, y no a un partido político.

El Ministro Mario Zamora Cordero, por ejemplo, fue Ministro del gobierno de Laura Chinchilla. Ha sido liberacionista en su vida política, lo que no le afecta para su ejercicio ministerial actual. Le está sirviendo al país desde donde él puede. ¿Y puede?

Su trayectoria profesional y pública es buena para el cargo que tiene. Profesionalmente se graduó en Derecho, con una tesis que proponía en cierta forma la creación de un Ministerio del Interior, fusionando Seguridad y Gobernación, sugiriéndolo al estilo de cómo funcionaban en los gobiernos autoritarios de Sur América. Fue Subdirector de la Escuela Nacional de Policía “Francisco J. Orlich”, fue Director de la Unidad de Seguridad Comunitaria, hoy Programas Preventivos, fue Director General de Migración y Extranjería, e impidió, si no recuerdo mal, el negocio de visas chinas que se trató de realizar en esos años. Fue Viceministro y Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública. Hoy es el Ministro de Seguridad Pública que ha impulsado la Política Nacional de Seguridad, que no se ve con buenos frutos.

El Ministro de Justicia y paz, del actual gobierno, Gerald Campos Valverde, es un abogado penalista. Ha sido suboficial y oficial de investigación, jefe de Oficina y de Delegaciones del OIJ en varias provincias, asesor jurídico de la Dirección General del OIJ, subjefe de las delegaciones regionales en la zona de San Carlos y en Limón, provincia muy conflictiva relacionada con la narco delincuencia. Llegó a ser Director General Interino del OIJ.

Pareciera, a la sensibilidad pública, que estos dos ministros andan cada uno por su lado, cuando tienen institucional, profesional y personalmente experiencias que podrían compartir en la lucha nacional contra la pandemia de la narco mafia existente en el país y en las “ medidas fuertes y directas de combate al narcotráfico”, que tampoco se sienten.

Cuando una persona es nombrada en el servicio exterior de Costa Rica, como Embajador, por ejemplo, le sirve a Costa Rica, en el gobierno que así lo designa, del Presidente del caso. No se le sirve al partido político que llevó al Presidente a la residencia de Zapote. Si esto no lo sabe un Ministro es porque es un tonto, porque en el Consejo de Gobierno es donde se nombran y acreditan embajadores. Para ello se valoran sus méritos.

Recordemos, elementalmente, que el Presidente una vez electo lo es de todos los costarricenses, nos guste o no ese Presidente, hayamos votado por él o no. Si esto no lo sabe un ministro, y usa un argumento de este tipo, es para impresionar no al “embajador” que fue, sino contra el Presidente que lo designó, o a algún lector desinformado.

Todavía esas mentes enfermizas, que viven del anticomunismo trasnochado, siguen usando esos adjetivos, y otros, como “socialistas”, “comunistas”, “izquierdistas”, “que visitan Cuba” etc., con el afán de impresionar o asustar interlocutores, generalmente carentes de información, de conocimientos básicos históricos, ingenuos, que se quedaron atascados con las cadenas de la época de la Guerra Fría, o para darle alimento y paga a los troles que están a sus servicios.

Esas mentes enfermizas viven de fantasmas “comunistas” del pasado, a modo de etiquetas que endilgan a personas, o que recuerdan militancias que ya no se tienen. Hay que ser serios y no vulgares panfletarios.

En el caso del Partido Comunista costarricense solo mentes perversas, desinformadas, incultas, prejuiciadas políticamente, genéticamente marcadas por ese anticomunismo enfermizo, ignorantes de la Historia Patria, pueden negar el papel que jugó en la promulgación de la Legislación Social y Laboral y de las Garantías Sociales. Eso está ampliamente reconocido en los Benemeritazgos de la Patria que han dado a líderes comunistas, como Manuel Mora Valverde, Carlos Luis Fallas, Fabián Dobles, Joaquín Gutiérrez Mangel, Emilia Prieto. Dos benemeritazgos ha recibido Carmen Lyra.

En la segunda mitad de la década de 1980 el histórico Partido Comunista de Costa Rica, Vanguardia Popular, sufrió una división catastrófica, que afectó todos los escenarios en que participaba social y políticamente. Ya no participa ni siquiera en elecciones como Vanguardia Popular. Los otros partidos de la izquierda costarricense anteriores a 1990, el Socialista Costarricense, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, desaparecieron en esa misma década de 1980. Sus militancias se desagregaron, se dispersaron, se ubicaron en otros escenarios, incluso políticos. Algunos de esos militantes tratan de rearticular algo de ese pasado, pero pesan, en muchos de ellos los prejuicios, los resentimientos, la poca visión de lo que es la unidad política de sectores amplios para atender los graves problemas que tenemos en el país, como el lavado de dinero, el narcotráfico, las narcomafias, las pandillas y los grupos que todo eso crea, que se acercan a los gobiernos y a las instancias de la seguridad nacional.

Las izquierdas hoy tienen otras expresiones organizativas y movilizadoras, la mayor parte alejadas del escenario de los partidos políticos, lo que las hace votar más por el canto y el llanto de los candidatos que por los programas y los partidos.

En el América Latina después de 1991 al caer la Unión Soviética, y el campo socialista europeo, también empezaron a caer los gobiernos dictatoriales del continente. La reconstrucción democrática no ha sido fácil.

Hoy no existen los partidos comunistas como existían antes de 1991. Han perdido influencia política, parlamentaria. Los viejos países socialistas hoy son de desarrollo capitalista. La Rusia actual no es la Unión Soviética, no impulsa movimientos ni partidos comunistas, ni socialistas ni nada que se les parezca. La República Popular China tiene un doble sistema de vida, políticamente comunista con una economía socialista y de mercado, que disputa el mercado mundial.

Con todos los países que fueron comunistas, excepto Vietnam y Corea, tenemos relaciones diplomáticas y comerciales.

En Costa Rica cualquier ciudadano, considerado, definido o autodefinido, de izquierda o de derecha, si quiere organizar un partido político, tiene que hacer una declaración en sus Estatutos y Programas de defender el régimen democrático institucional que tenemos.

Todos los partidos de la izquierda política nacional, desde 1974, han tenido que hacer esa declaración estatutaria y programática.

No hay partidos, hoy en el país, que propicien una insurrección armada, o algo así, contra el gobierno por más que lo critiquen. Tampoco los ha habido.

¿De qué sirve para funcionarios públicos, de alto nivel, ministros, por ejemplo, que se supone que tienen una cierta cultura básica, sobre todo cuando han pasado por la Universidad, salvo que la Universidad no haya pasado por ellos en estos aspectos culturales informativos, que traten de asustar interlocutores, oyentes, acudiendo al adjetivazo de “comunista”, “izquierdista”, “socialista” o de haber “estado en Cuba”. A Cuba hoy cualquier ciudadano costarricense puede viajar libremente sin contagiarse de las ideas políticas oficiales de Cuba.

En la política costarricense al interior de los partidos hay sectores políticos de izquierda, algunos se definen también de centro y hay de derecha. Así ha sido en Liberación Nacional, en la Unidad Social Cristiana, en Acción Ciudadana, por citar tres casos. En estos partidos hay militantes, que tienen raíces comunistas, socialistas, izquierdistas por sus familiares, sus progenitores, sin que ellos hayan militado en organizaciones de ese tipo. Es igual que en la religión y el fútbol. En las familias puede haber divisiones por estos temas, sin que se desintegren. Esa es la riqueza social y política de la vida democrática costarricense.

Cuando se acude al adjetivo, al epíteto, para descalificar a una persona, es porque se carece de argumentos o porque se evade la realidad y la responsabilidad que se tiene que asumir. Así, por ejemplo, si un ministro, supongamos de Seguridad, dice que está luchando contra las narcomafias en el país, eso debe demostrase en hechos, no en discursos sin contenido real. Si en el gobierno anterior, un Ministro de Hacienda dijo que el problema de lavado de dinero en Costa Rica es muy serio, que se estimaba en un 22% del Producto Interno Bruto, y ese Ministro, sigamos suponiendo, llega a presidente, y como tal guarda silencio contra lo que él públicamente reconoció, ¿cómo puede interpretarse ese silencio y esa inacción contra ese lavado de dinero?

Para despejar escenarios de discusión, de diálogo o de intercambio de opiniones, si se quiere, relacionados con las opiniones que he manifestado en medios radiales, les manifiesto a quienes desde el gobierno me han llamado de esas maneras, tratando de invocar fantasmas del pasado, que efectivamente fui militante comunista, dirigente estudiantil universitario. En 1973 voluntariamente me retiré del Partido Comunista. Me integré por una década al Partido Socialista Costarricense. Al desintegrarse este partido y el partido Vanguardia Popular en la década del 80, me quedé sin militancia alguna. En 1996 me invitaron a formar parte y ser candidato a la Presidencia por el Partido Fuerza Democrática, donde estuve hasta la campaña electoral del 2006.

Con esa pequeña biografía política fui miembro del Comité Director del Proceso de Concertación, invitado por el Presidente Miguel Angel Rodríguez, fui Miembro de las Comisiones de Notables que integraron la Presidenta Laura Chinchilla y el Presidente Carlos Alvarado. Serví de Embajador de Costa Rica, en Venezuela, a solicitud del Presidente Oscar Arias.

Nunca he militado en los Partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Valoro sus aportes al desarrollo institucional y democrático de Costa Rica.

Profesionalmente trabajé en las Universidades públicas, de Costa Rica y la Nacional, por más de 40 años, hasta mi retiro en el 2013. En este momento soy miembro del Consejo Universitario de la UNED.

De nada de lo que he hecho me arrepiento. Viví mi tiempo histórico, lo disfruté. He sido consecuente y honesto conmigo en todo esto. En esta larga jornada aprendí a valorar personas, estimarlas, a criticarlas cuando se debe. Mis amigos me han conocido así, y así me aceptan, como yo los acepto a ellos. También acepto la crítica, reconozco que me puedo equivocar, que tengo capacidad para rectificar lo que corresponda.

Los ciudadanos ante los funcionarios públicos, el presidente, sus ministros y otras altas autoridades del Gobierno y del Estado, tenemos el derecho de crítica, de control político ciudadano, asumiendo las responsabilidades del caso. Insisto. La crítica que he hecho en medios radiales no es personal. Es institucional, es política en el buen sentido de esta palabra.

Si se quiere llevar el asunto de las críticas y observaciones a un plano personal, con amenazas judiciales, es para eludir y distraer el problema de fondo, el problema del alcance y trascendencia que tiene en el país la presencia del narcotráfico y la narco política en general.

El tema del narcotráfico, la narcopolítica y su impacto en la sociedad costarricense no es una pasarela para el desfile publicitario y de luces de ciertos personajes.

No tengo miedo a esta discusión ni a las repercusiones que me pueda causar. Ni tampoco me asustan las amenazas.

Es la Costa Rica actual y la del futuro, de nuestros hijos y nietos la que está en juego.

La narco mafia política hay que enfrentarla con la mayor unidad nacional, política y social posible; con comunistas, excomunistas, izquierdistas, revolucionarios de todo tipo, liberales, neoliberales, socialdemócratas, socialcristianos, liberacionistas, exliberacionistas, exsocialcristianos, con pac-istas y expac-istas, con chavistas y antichavistas, con partidos políticos, asociaciones de empresarios y trabajadores, con cooperativistas, con todos los ciudadanos independientemente de donde se ubiquen política, organizada y partidariamente, que quieran sinceramente acabar con este mal.

A esta lucha me he sumado, con los riesgos que esto tiene.

No son Molinos de viento los que se combate, son “desaforados gigantes en fiera y desigual batalla”.

Enviado a SURCOS por el autor.

Elecciones y tensiones en el estrecho de Taiwán

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

En medio de una delicada coyuntura política, se llevaron a cabo elecciones en Taiwán el pasado 13 de enero. Lai Ching-te fue electo como nuevo presidente, sin embargo, su partido, el Partido Democrático Progresista (PDP), no logró mantener la mayoría en el Parlamento, obteniendo 51 escaños pero perdiendo 11, haciendo que su partido pierda la mayoría parlamentaria. Para el profesor Liu Guoshen director del Centro de Innovación Colaborativa para el Desarrollo Pacífico de las Relaciones en el Estrecho de la Universidad de Xiamen, el espacio de gobernanza para el partido de Lai será muy limitado en los próximos cuatro años, por lo que le será muy difícil implementar su agenda política.

Este resultado, lejos de ser un simple cambio de liderazgo, ha desencadenado preocupaciones debido a la estrategia de Lai Ching-te de confiar plenamente en Estados Unidos y resistir a China, colocando a la isla en una situación innecesaria al borde de una posible confrontación que podría salirse de control en cualquier momento y con posibilidad de una escalada global.

La apuesta extrema y peligrosa de Lai Ching-te de depender en gran medida de Estados Unidos como aliado estratégico y resistir activamente a China no ha pasado desapercibida, poniendo al mundo entero en constante tensión. Este enfoque, aunque puede tener sus fundamentos para algunos en occidente, no deja de recordar los riesgos que implica confiar ciegamente en ciertos socios, quienes primero empoderan y encantan con sus promesas, y luego abandonan. Ucrania es el mejor ejemplo de ello.

La pérdida de 11 escaños por parte del PDP podría ser interpretada como una reacción a la postura confrontativa de Lai Ching-te, especialmente cuando se observan los eventos geopolíticos recientes en otras partes del mundo. La dinámica política en Taiwán se vuelve aún más compleja con la aparición de una nueva fuerza política, el Partido Popular de Taiwán, que nace en 2019 y ha emergido como la tercera fuerza más votada en la isla. Tras obtener 3,69 millones de votos y una tasa de votación del 26,46%, este partido ha logrado un impacto significativo en el escenario político taiwanés.

Es interesante observar que este fenómeno se tradujo en una disminución en las tasas de votación de los candidatos de los dos partidos principales, el Kuomintang y el Partido Democrático Progresista (PDP), en comparación con las elecciones de 2020. Sin embargo, es crucial señalar que la base de seguidores del Partido Popular está compuesta principalmente por personas que no están satisfechas con el Kuomintang y el Partido Democrático Progresista. Estos votantes, en su mayoría pertenecientes a la generación más joven y con ideologías más progresistas, han demostrado ser cruciales para el ascenso de esta nueva fuerza política. Su creciente apoyo refleja una tendencia hacia posturas más verdes e ideológicamente diversas, desafiando las líneas tradicionales de la política taiwanesa.

Frente a este nuevo panorama, Lai Ching-te tendrá que reconsiderar algunas de sus posturas extremas respecto a China. Sería prudente que las nuevas autoridades taiwanesas reconsideren su enfoque y busquen vías para el diálogo y la cooperación, en lugar de alimentar tensiones que podrían tener consecuencias graves para la región y más allá. La estabilidad y la paz se construyen con sabiduría, diplomacia y un compromiso genuino con la resolución pacífica de las diferencias donde la filosofía del beneficio compartido sea la hoja de ruta para todos.

La República Popular China ha dejado claro que la reunificación pacífica es el camino para la paz y que considera este asunto como un asunto interno de su país. Ya ha sido advertido por Pekín, que existe una línea roja que de ninguna manera van a permitir que se sobrepase y ante la cual está dispuesta a usar la fuerza como último recurso, esa línea roja está legalmente delimitada en la Ley Anti Secesión del país. Atizar las diferencias de manera innecesaria, motivadas por intereses ajenos a la estabilidad regional, representa una actitud irresponsable que viola los principios fundamentales de la convivencia pacífica y el derecho internacional.

Las elecciones recientes en Taiwán han reflejado no solo la insatisfacción de una parte significativa de la población con los partidos establecidos, sino también la imperiosa necesidad de prestar una mayor atención a las aspiraciones y demandas de la generación más joven. Ha sido evidente que el PDP no representa ya la opinión pública mayoritaria de la isla. Esta nueva realidad se manifiesta en un contexto marcado por las crecientes tensiones geopolíticas globales y el enfrentamiento económico-comercial entre Estados Unidos y China.

La sorpresiva reunión entre los presidentes Xi Jinping y Biden en noviembre pasado podría servir como un atenuante de las tensiones en la isla, sugiriendo la posibilidad de un diálogo más constructivo entre las potencias por un lado, y las autoridades de Taiwán con el gobierno chino por otro. En este escenario, resulta esencial que las autoridades taiwanesas consideren la importancia de abordar no sólo las cuestiones internas, sino también de navegar hábilmente en el complejo entorno geopolítico para garantizar la estabilidad y el bienestar de su población. Aquí se pondrá a prueba el liderazgo, la madurez y la capacidad de las nuevas autoridades de la isla.

El SINART toca a su fin

Por Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

Desde que me tocó la enorme responsabilidad y honor de fundar el Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural (SINART) aquel ya lejano 15 de setiembre de 1978, la institución ha pasado momentos de angustia para poder sobrevivir. Los gobiernos de Monge, Calderón, Figueres tuvieron entre sus huestes enemigos mortales que quisieron destruirla desde adentro, pero encontraron fuerzas institucionales y ciudadanos conscientes que dimos una fiera lucha y lo impedimos. También tuvimos que enfrentar a los plumarios que escribieron en La NaziOn, o los Nachos y Pilares que atacaban desde los medios electrónicos a los que servían, y así en otros frentes.

Aquella institución de medios de comunicación creada con el fin de formar una sociedad libre, de pensamiento amplio, que resaltara los valores y cultura costarricense, no le servía a la clase dominante; poníamos en peligro su proyecto neoliberal de dominación a través del pensamiento único y la eliminación de la inteligencia, por eso atacaban a mansalva a la institución.

Cuando a finales de la Administración de don Miguel Ángel Rodríguez, quien al igual que don Rodrigo Carazo dio su apoyo incondicional al SINART, se conoció el proyecto de ley que le diera el tan ansiado marco jurídico. Tanto en ese periodo como en el siguiente, en la Asamblea Legislativa se combinaron la ambición personal de unos asesores de poco calado, la visión obstruccionista y destructiva de diputados como Otto Guevara y otros de su misma calaña, o accionistas de medios de comunicación o servidores incondicionales como Mario Arredondo, Joyce Zurcher, o políticos que la veían como instrumento para la manipulación política como Laura Chinchilla, Bernal Jiménez Monge o Carlos Ricardo Benavidez, para citar solo algunos; esa Asamblea Legislativa destrozó el proyecto.

Introdujeron cambios tan graves como convertirlo en una sociedad anónima del Estado, cuya junta de accionistas es el Consejo de Gobierno que nombra a sus directores, le quitaron el concepto “cultural” y, de remache, crearon una agencia de publicidad absolutamente innecesaria. Hubo otros cambios, “errores”, y hasta persecuciones políticas que no vale la pena ampliar, pues el cáncer que matará al SINART está en lo arriba apuntado.

Desde la incompetencia demostrada en la administración Pacheco, y la escalada cada vez peor de TODOS los que ocuparon la silla presidencial en Zapote, se puede demostrar como en cada uno como de ellos, quisieron manipular al SINART aprovechando que el Consejo de Gobierno, órgano político por excelencia, nombraba sus directores y los ministros de la Presidencia dictaban las normas y lineamientos de trabajo, especialmente durante las gestiones de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado. Hubo alguna excepción, si, los muy pocos meses de la Presidencia Ejecutiva de don Boris Ramírez, pero no tuvo tiempo parta salvar el SINART.

Pero lo peor, y por mucho, fue la llegada de la administración Chaves Robles y su ejército de trogloditas que invadieron la administración pública y el SINART (CANAL 13 Y RADIO NACIONAL) en particular. Las ilegales y corruptas formas utilizadas para pasar presupuestos de instituciones públicas y del BCIE a empresas privadas de producción y pauta publicitaria, resulta tan aberrante como querer ver a un zopilote con ínfulas de ave fénix.

Democratizar la pauta fue una frase salida de la nada en una reunión de la presidencia, como está demostrado, que sonó bonita para ocultar una aberración, que puedo resumir diciendo: es la forma de desfinanciar a la prensa canalla para financiar a la prensa vasalla. Eso solo en las dictaduras y los regímenes autocráticos se ha visto.

Para esto creyeron encontrar una vía, el SINART y su agencia de publicidad. Solo en las cabezas vacías de conocimiento de lo que es la administración pública y sin importar un carajo los objetivos fundamentales de la institución, como fue esa comisión ministerial y “diputadil”, se pudo concebir esta “ideota”, que no podía tener otro final más que un “doloroso aborto”.

Pero en ese proceso abortivo, se llevaron en banda a la madre institucional…mataron al SINART. La institución NO recibió los miles de millones que se dijo le iban a trasladar, lo impidieron las normales LEGALES y los lógicos temores de los funcionarios, aunque rechinaran todas las quijadas en la presidencia. Pero el poco prestigio que le quedaba al SINART entre los ciudadanos, después de tantos años de manipulación y alejado de sus objetivos de producción, también se perdió; ya no encontramos eco en organizaciones sociales, intelectuales o ciudadanos para defenderlo, ¿cómo?, ¿para qué?, ¿Con qué? Me preguntan muchos.

Ante el desprestigio, la Contraloría le asestó golpes mortales. No solo rechazó los presupuestos para finales el año 23, sino que el del presente año tampoco fue aprobado y, de remache, advierte que el 10% de los presupuestos de publicidad de los entes del Estado que dice la ley deberán ser girados al SINART, los mismos solo pueden utilizarse una vez que las instituciones cumplan con engorrosos procedimientos de compra a través del SICOP y elaboren el plan de medios correspondiente; pero además, señala que no es obligatorio para las instituciones girar ese porcentaje. Es decir, se quedaron sin ingresos, salvo la miseria establecida en el presupuesto nacional y que tampoco se los aprobaron en la Contraloría.

Y como postre, el actual súbdito presidencial o presidente Ejecutivo, envió una carta al personal ofreciendo una especie de movilidad laboral o trámite de mutuo acuerdo; para ello si le han aprobado trescientos millones de colones, además, espera poder conseguir otra suma parecida para seguir con los despidos.

A eso llevaron al SINART, al borde del abismo; sus enemigos duraron veinte años empujándolo con la complacencia de quienes, internamente, sumergidos en una zona de confort, no supieron defenderlo. Ahora, sin prestigio, políticamente destrozado, sin producción, sin programación que le devuelva la mejor imagen de tiempos idos, sin presupuesto, sin dinero, con equipos en mucho obsoletos… ¿Qué queda?

Si un grupo lo creamos y lo revivimos una vez, por qué no otro, más joven y con ideas frescas ¿no lo puede hacer?, por supuesto que sí, pero sugiero que antes de emprender la tarea, se den una vuelta por Pipasa, porque el espíritu de lucha en este país quedo perdido en las manos de tanto troglodita.

Tengo un enorme pesar en el corazón, porque al SINART lo cree con tantas bellas ilusiones para este país, que hoy al verlo postrado me produce un amargo desaliento. Aquella institución, que era como un león dando la batalla para hacer tantas y tantas cosas, hoy es una fiera herida, agonizante, en medio de la sabana…esperando que algún malhadado cazador le dé el tiro de gracia… para luego vender la piel, en buen estilo libertario.

Una reflexión desde las organizaciones de Economía Solidaria ante el proceso electoral municipal 2024

Costa Rica se prepara para un proceso electoral en febrero de 2024, en el que se definirá el rumbo del país para los próximos años. Ante este escenario, es fundamental que la ciudadanía conozca las propuestas programáticas de los diferentes partidos y candidatos, así como su compromiso con la promoción de espacios de participación ciudadana y la democracia participativa. Una de las formas de fortalecer estos valores es apoyar a las asociaciones de productores que se rigen por los principios de la economía solidaria, es decir, que persiguen el bien común, la cooperación, la autogestión y la sostenibilidad.

La red de economía solidaria somos una plataforma que reúne a diversas entidades que fomentamos e impulsamos prácticas productivas asociativas solidarias, basados en el respeto a los derechos humanos, la equidad y la justicia social. La red brinda formación, asesoría, intercambio de experiencias y articulación con otros actores sociales y políticos. De esta manera, se contribuye a crear una cultura de solidaridad y a construir otra economía posible desde abajo. Nos involucramos en el debate público sobre los problemas y las propuestas que afectan a sus sectores y a la sociedad en general, aportando nuestra visión y sus experiencias.

Las asociaciones de pequeños productores de Costa Rica son un sector clave para la economía y la sociedad del país. Estas entidades, que representan a miles de familias, se enfrentan a múltiples desafíos para mantener su producción y comercialización en un contexto adverso, marcado por 30 años de políticas neoliberales que han generado pobreza y exclusión en los territorios rurales. Los datos sobre la cantidad de asociaciones de pequeños productores en Costa Rica son limitados y dispersos. El último informe del Estado de la Nación ofrece algunas cifras que permiten apreciar su importancia y diversidad. Según este documento, en el año 2020 había 1.234 asociaciones de pequeños productores registradas ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que agrupaban a más de 100.000 personas. Estas asociaciones se dedican a diversos sectores productivos, como café, leche, cacao, miel, frutas, hortalizas, productos procesados, artesanías, servicios, entre otros.

Para finalizar, queremos destacar el papel fundamental que desempeñan las asociaciones de pequeños productores en el ámbito local y nacional, y la necesidad de que cuenten con el reconocimiento y el apoyo de las autoridades y la sociedad civil.

En síntesis, las perspectivas para la economía solidaria son de expectativa y esperamos compromiso político de las nuevas autoridades, para propiciar transformaciones reales y duraderas. La economía solidaria puede contribuir a fortalecer la democracia participativa y la gestión sostenible de los territorios, pero sólo si habrá disposición de enfrentar los retos estructurales que aquejan al país.

Una agenda de apoyo a la asociatividad en los municipios

  • Un gobierno local que se orientan a fomentar el reconocimiento, visibilización, el apoyo y la articulación de las iniciativas de los emprendimientos que existen en el territorio, así como a apoyar estas nuevas formas de organización económica basadas en la asociatividad con mayor impacto social.
  • Crear marcos normativos e institucionales favorables para economías asociativas familiares, que facilite la gestión de las organizaciones, su acceso a recursos públicos, su participación en las políticas públicas y su inserción en las dinámicas económicas locales.
  • Generar espacios de diálogo, concertación y alianza entre los gobiernos locales y los actores de esta economía local asociativa, para construir una visión compartida del desarrollo local y definir estrategias conjuntas para su implementación.
  • Promover la formación y capacitación de estos actores tanto en aspectos técnicos como en valores y principios de economías sustentables, así como fomentar la innovación social en este ámbito.
  • Apoyar el fortalecimiento organizativo y financiero los emprendimientos, mediante la creación de redes, plataformas, fondos apoyo, proyectos, capacitación y servicios de asesoría y acompañamiento.
  • Estimular la demanda social de los bienes y servicios producidos por esta asociatividad , mediante campañas de sensibilización, educación y apoyo a los sistemas económicos locales así como facilitar el funcionamiento de los mercados locales que den participación a esta diversidad de expresiones económicas locales y estimular la producción ecológica de bienes y servicios (con certificación ecológica, de comercio justo y que permita una compra ambientalmente correcta), propiciar el consumo responsable.

Carlos Hernández
Miembro Cokomal – Redess