El Programa de Radio Alternativas invita a una nueva transmisión titulada “Entre la memoria y la ultraderecha: ¿Hacia dónde va Argentina? Será este viernes 22 de setiembre a las 6:00 p.m.
Como panel invitado, se contará con la presencia de Geraldina Colotti – Poeta, escritora y periodista. Directora de Le Monde diplomatique- y Gustavo Espinoza -Escritor, periodista y ex parlamentario. Jefe de la edición peruana de Resumen Latinoamericano.
Tengo la impresión y lo expongo a modo de hipótesis, de que el análisis que algunos hemos venido realizando sobre el triunfo de Rodrigo Chaves y su administración, ha partido de una perspectiva equivocada y, si un razonamiento parte de premisas falsas, es muy probable que la conclusión también sea falsa.
Hay que tener claridad meridiana de que, contrario a lo que muchos piensan, Rodrigo Chaves no es el detonante directo, ni el responsable del deterioro de nuestra institucionalidad, ni de la pérdida de credibilidad y de confianza en el sistema democrático. Rodrigo Chaves es sólo el instrumento, al servicio de algunos grupos políticos y económicos, que vieron la posibilidad de utilizar en su beneficio, la incertidumbre y la pérdida de legitimidad que enfrenta nuestro sistema político.
Estos grupos de poder emergentes se articularon al lado de “sicarios digitales”, especialistas en manejar las volubles voluntades y aprovecharse de las necesidades de las masas de votantes, -actuando como quien vende un producto comercial-; sin que en ellos exista un interés particular en impulsar una u otra concepción política: su lucha no es ideológica. Específicamente buscan satisfacer egos personales y de paso llenar sus bolsillos, para “venderse” después como “genios de las redes sociales”. En sus acciones no valoran ni ponderan, el daño político, social y económico causado a la sociedad y a la política, frente las expectativas generadas ante la opinión pública y la incapacidad real de satisfacerlas. Este no es un tema que les importe en particular.
Entre los políticos, esta misma intencionalidad tampoco genera sentimientos de culpa: su único objetivo consiste en ganar una elección, aunque en definitiva no tengan la menor idea para que utilizar el poder, por lo que terminan transformándose en vanidosos títeres de grupos de interés político y económico, que sólo procuran preservar el statu quo.
Rodrigo Chaves, en esta óptica, es un burócrata internacional ajeno por años a las realidades costarricenses que, ante la presencia de los candidatos tradicionales de siempre, carentes de confianza y credibilidad, logra sacar ventaja electoral y, tal como lo expone Anne Applebaum en su libro intitulado “El ocaso de la democracia”, hace uso de una buena e irresponsable estrategia de comunicación, ofreciendo a los votantes ávidos de promesas, soluciones fáciles a problemas complejos, espejismos en vez de realidades, en definitiva, populismo puro y duro.
Estos grupos políticos emergentes se aprovechan del hartazgo que enfrenta la sociedad costarricense, cansada del saqueo protagonizado por los representantes de los sectores económicos más favorecidos quienes, instrumentalizando a los partidos y a los políticos tradicionales, han logrado consolidar los procesos de concentración de la riqueza, y con ello profundizar la desigualdad e inequidad, en una Costa Rica que solía ser mucho más solidaria.
Desde esta perspectiva, Chaves constituye una “pequeña pesadilla”, resultado de esta triste realidad socioeconómica que vivimos como sociedad, alimentada por la incapacidad y entropía que sufre el Estado, que le impide atender apropiadamente la problemática socioeconómica y estructural que enfrentamos como país.
Constituye eso sí un error señalar a Rodrigo Chaves como el responsable de esta crisis de legitimidad.
No se trata de librar de responsabilidad al actual ocupante de la Casa Presidencial: Chaves es responsable directo de su prepotencia, de su intolerancia, de su autoritarismo, de la falta de estabilidad de su equipo de gobierno, de su desconocimiento de la realidad política costarricense, de sus improvisaciones y las de sus colaboradores.
En mi perspectiva particular, los responsables directos de esta crisis de legitimidad son los representantes de la clase política tradicional, los candidatos sempiternos, que pretenden seguir en el poder y qué, si no lo logran personalmente, procuran prolongar a sus familias y amigos en puestos políticos, para continuar usufructuando personal o familiarmente de la política y de los recursos públicos.
Estas acciones orientadas a perpetuar la presencia y la acción política de actores con poca o nula credibilidad, se han visto acompañadas por un deterioro acelerado y profundo de los valores éticos, tanto en el ámbito nacional, como local.
La combinación de acciones delictivas de funcionarios públicos, miembros de la clase política y de representantes del sector empresarial en actos de corrupción, en detrimento de la ética y del uso correcto de los recursos públicos, que, a los ojos de la sociedad, no han sido procesados con prontitud y eficiencia, han generado un profundo sentimiento de frustración e impunidad en detrimento del sistema político. Casos como la “Operación Diamante”, el “Caso Cochinilla”, el “Caso Pancho Villa” y el “Caso Azteca”, para mencionar los más recientes, han deteriorado aún más la imagen del Estado; de la política y de lo político, a los ojos de miles de costarricenses.
Otra manifestación de esta crisis la encontramos en la penetración de la delincuencia internacional; la multiplicación de los asesinatos en manos de sicarios vinculados a los cárteles de la droga y la penetración del narcodinero en la economía.
Paulatinamente los recursos económicos filtrados por los delincuentes internacionales se han transformado en un instrumento destinado a financiar dirigencias y liderazgos políticos locales y volcar, -por temor o en búsqueda de beneficios-, a algunos sectores sociales que, ante la incapacidad de satisfacer sus necesidades particulares, tienden a proteger con el silencio y la complicidad a sus eventuales benefactores o posibles agresores.
Como daño colateral, se multiplica el reclutamiento de jóvenes de edades tempranas, que en no pocos casos son asesinados por sicarios, convirtiéndolos en carne de cañón y llenando de luto a muchas familias a lo largo y ancho del territorio nacional.
La mala imagen de la política y lo político -que finalmente no resuelve los problemas que enfrentamos como sociedad-; su anclaje a las formas tradicionales de acción y de expresión; y su incapacidad de superación de esta realidad, constituyen uno de los elementos centrales que inhiben e incapacitan a la “clase política tradicional”, para desarrollar un proceso de generación de alternativas y acciones ante el populismo de Chaves y sus acólitos, y la cruda coyuntura sociopolítica que enfrentamos.
En el entretanto, los representantes de la casta política tradicional continúan sin comprender la urgente necesidad de evolucionar. Siguen sin entender que los ciudadanos están hartos de su incapacidad para resolver los problemas económicos, políticos y sociales. Se cierran a la realidad y pretenden obviar su complicidad en la construcción de esta problemática, fraguada en la concreción de muchas de sus acciones impulsando y aprobando leyes, que han transformado al Estado en un promotor y defensor de la inequidad y la desigualdad social.
Siguen los partidos y los políticos tradicionales sin plantearse o responder preguntas básicas para la convivencia política en la Costa Rica contemporánea. Seguimos sin respuestas a algunas preguntas que nos permitan definir un norte como sociedad:
¿Cómo debe de concebirse la democracia costarricense en la segunda mitad del Siglo XXI?;
¿Cómo se concreta esta concepción democrática en actividades medulares para nuestra sociedad: en el campo de la salud, la infraestructura, la economía o la seguridad ciudadana, entre otras?
¿Cómo debe de expresarse y consolidarse esta concepción política desde la educación, en donde muchos padres ni estimulan, ni comprometen a sus hijos a asistir a los centros educativos y, dónde los muchachos han perdido la esperanza, la ilusión y el interés por educarse, pues les genera mayor expectativa y capacidad de materializar ser un “influencer” o vincularse a un grupo delictivo?
¿Cómo hacer sentir a los educadores responsables y protagonistas del proceso educativo, de manera que podamos mejorar la calidad de la educación costarricense?
La pregunta anterior también válida para ser aplicada en la salud pública y comunitaria, transformando a los médicos en protagonistas del proceso de optimización del funcionamiento de los EBAIS y de la CCSS.
¿Cuál debe de ser el papel del Estado en la construcción de esta opción política?
¿Cuál el papel de los gobiernos locales?
¿Qué transformaciones deben de promoverse en las y desde las instituciones públicas, para lograr el fortalecimiento de la democracia política, económica y social?
¿Cuál debe ser el papel de la sociedad civil en esta dinámica sociopolítica?
Bien lo planteaba Séneca hace miles de años: ningún viento es favorable para quien no sabe dónde va.
Estoy convencido de que los partidos políticos tradicionales, o los grupos opositores de Chaves, no tienen claridad de la agenda que debe de construirse, no sólo para vencer el incipiente populismo del presidente, sino para cumplir el objetivo que debería de orientar el quehacer de quienes deseen gobernar este país en la segunda mitad del Siglo XXI: cuyo eje central debería de ser la renovación y reformulación del modelo democrático en lo político, lo económico y lo social.
Debemos comprender que la democracia no es una obra terminada, sino un edificio en constante construcción; que se deben de fortalecer las ideas democráticas, extendiendo su alcance más allá del ejercicio del derecho del sufragio.
Estamos en la obligación de ofrecer a los costarricenses del futuro, la seguridad de contar con un estado democrático no sólo en lo político, sino también en lo económico y lo social.
Es urgente tomar las decisiones y realizar las acciones que nos permitan frenar los arrestos populistas, pero también, que nos permitan superar el estado catatónico en que hemos caído. De lo contrario, cualquiera otro loquito, de esos que se ponen a gritar o a barrer en las redes sociales podría darnos la sorpresa de ganar las próximas elecciones y entonces, sin duda alguna, se concretarán acciones más enérgicas orientadas a debilitar el sistema democrático costarricense.
Este miércoles 20 de septiembre tendremos el programa: “Movimientos y Protesta Social en la Coyuntura Actual” Con la participación de José Julián Llaguno, María Clareth Calderón y Carolina Somarribas.
Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.
La empresa de telecomunicaciones de origen chino Huawei, ha estado en el punto de mira de los Estados Unidos, desde los tiempos de Donald Trump en la Casa Blanca, acentuándose en los últimos meses, en el marco de la disputada campaña electoral estadounidense, con el fin de que los electores conservadores, no solo miren en Trump al hombre fuerte dispuesto a enfrentar la “invasión” china que, les han dicho, se está viviendo en el gran país del norte, sino también a un Biden enérgico y peleador.
Como parte de ese escenario político, Gobierno e instituciones militares estadounidenses han prohibido comprar productos a Huawei, independientemente de su gran calidad y precios más favorables, bajo el pretexto de que esa compañía privada china, podría “expiar” instituciones de seguridad estadounidenses, y obtener datos de los usuarios, a través de sus equipos. Sin embargo, y no se puede afirmar lo contrario, al no demostrarse ni un caso de “espionaje”, ha quedado cada día más evidente, que lo que movió a Trump, y ahora al presidente y precandidato presidencial Joe Biden, a imponer barreras comerciales contra Huawei, no es ni más ni menos, que un esfuerzo por favorecer a empresarios occidentales, especialmente, representantes de otras marcas de equipos, frente a los que la empresa china ha tenido relevante éxito, no solo en los Estados Unidos, sino también, y esto es lo que más les preocupa, ¡en más de 170 países! Resulta que Huawei, desde hace una década superó a Ericsson como el mayor fabricante de equipo de telecomunicaciones en el planeta, y a la gigantesca Apple, como el segundo fabricante de teléfonos inteligentes más grande del mundo, solo superado por Samsung Electronics. Para el año, pese a las barreras impuestas en EUA y algunas naciones europeas, pasó a la delantera en el número de teléfonos vendidos a nivel mundial, alcanzando ganancias anuales superiores a los US$92 mil millones, lo que convierte a Huawei, obviamente, en ¡un “enemigo” muy peligroso!, para las corporaciones competidoras que no han podido seguir sus pasos.
La tecnología 5G
Como un detalle relevante, para acercarse a comprender las acciones supuestamente contra el “espionaje” chino, se tiene el asunto de la tecnología 5G, de la que tanto se habla en estos días, como instrumento vital del desarrollo. Se reconoce que la 5G marca el camino para que, el desarrollo de las telecomunicaciones en un futuro cercano, salte de las “carreteras de dos carriles”, hacia las necesarias “autopistas de diez o más carriles”; para ponerlo gráficamente. Pues resulta, que la tecnología 5G desarrollada por Huawei es, simplemente, la líder en el mundo, y eso se traduce en miles de millones de dólares de un negocio, en que no pueden ganar, como quisieran, las corporaciones competidoras. Hay incluso funcionarios de la Casa Blanca, de los que no están muy seguros de los alegados beneficios de esa innegable “guerra comercial”, que han admitido que EUA difícilmente podría alcanzar el nivel de China en el desarrollo de 5G, sin la participación de Huawei, convirtiéndola en el enemigo con el que no les queda más que negociar para competir con posibilidades en esa carrera. Por eso, pese a las tensiones creadas, se siguen dando ciertas negociaciones comerciales, entre las dos potencias mundiales, al tiempo que se evidencia, por otro lado, la intención de Washington de crear dos bloques emulando la Guerra Fría, no entre la ex Unión Soviética y los Estados Unidos y sus aliados, sino entre China y los EUA, a los que se suman unos aliados tanto europeos como de la periferia, principalmente subdesarrollados, con una poco disimulada tendencia a la sumisión.
El modelo rumano
Como parte de tal estrategia, le están dando respiración asistida a dos convenios internacionales; la Declaración de Bucarest (2000) y el Convenio de Budapest (2001), nacidos ambos, ANTES del vertiginoso desarrollo de las telecomunicaciones que el planeta está viviendo. Sendos convenios que se refieren, más bien, a la necesidad de enfrentar la corrupción interna de variado tipo y, por ejemplo, los fraudes cibernéticos, cometidos por delincuentes internacionales y nacionales, capaces de “hackear” equipos y redes informáticas, como medio de obtener pagos para “dejar en paz” a los afectados, como los sufridos por instituciones costarricenses hace poco más de un año. Convenios que no tienen nada que ver, con las acusaciones de “espionaje” usadas por Trump y ahora por Biden, dentro de la “guerra comercial” que se desarrolla, y en la que algunos, irracionalmente, quisieran inmiscuir a nuestro diminuto y subdesarrollado país.
Por ejemplo, el Convenio de Budapest (firmado por solo 56 países, después de 22 años de acordado), lo que busca, en lo medular, es “proteger a la sociedad frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet, mediante la elaboración de leyes adecuadas”, referido a infracciones sobre derechos de autor, fraude informático, pornografía infantil, delitos de odio y violaciones a la seguridad en redes. Invocarlo ahora para obstaculizar el desarrollo y comercio internacional de cualquier empresa de telecomunicaciones, (Huawei o cualquier otra), no es razonable y su sustento legal es muy cuestionable, un poquito “jalado del pelo”. De hecho, la legislación costarricense sobre esas materias, se ha venido estructurando, con avances significativos, independientemente de lo que dice ese convenio internacional, aprobado en Costa Rica hace tan solo seis años, sin que, precisamente por intrascendente, se le pusiera especial atención.
Pero, como siempre, hay un pero, pues ahora dicho convenio se ha convertido para el gobierno de Costa Rica, en el misil tico de la guerra comercial contra China, o más bien, específicamente contra la empresa Huawei, copiando por lo que desde Rumanía se ha evidenciado, es ese enfrentamiento comercial, con tintes geopolíticos, que Bucarest aceptó como parte de una negociación.
Trasplante del modelo rumano a Costa Rica
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció que se había publicado un decreto ejecutivo (Nº 44196-MSP-MICITT, del 31 de agosto en el Diario Oficial La Gaceta), donde se señala un viraje de 180º en el rumbo que ha venido tomando nuestro país, con respecto al intercambio comercial con China. Lo hizo a su regreso de un viaje a Washington, puntualizando que el gobierno de Costa Rica limitará ese comercio, anunciando la prohibición, todavía no justificada, que aplicará. “Mi ministro de Ciencia y Tecnología y yo el viernes firmamos un decreto gubernamental que básicamente exija que los países de los vendedores y proveedores potenciales deban haber adoptado los principios del acuerdo de Bucarest”. Y, como es usual cuando trata asuntos que no necesariamente comprende muy bien, agregó: “Ustedes saben lo que eso significa. No necesito entrar en detalles”.
Como era esperable, luego se pudo entender lo que contenía el significado de sus palabras, que es, ni más ni menos, que Costa Rica estaba siguiendo el “modelo rumano”, relacionado con el rumbo tomado por Rumanía, que, junto a Bulgaria, son, por cierto, los países más atrasados de la Unión Europea, muy diferentes a nuestro país, casi en cualquier elemento que se quiera comparar. Ambos incorporados a la Unión Europea y la OTAN, en virtud de su posición geográfica estratégica, frente a las que consideran son pretensiones territoriales expansionistas rusas (no chinas), especialmente ahora con la invasión a Ucrania. Países que, al no ser capaces de aportar nada significativo para los Estados europeos, con la aplicación del “modelo rumano”, al menos sirven para mitigar el avance comercial de China, favoreciendo así a empresas competidoras ajenas al gigante asiático. Por esa “colaboración”, se les retribuye con “alguito”; con apoyo económico por los “servicios prestados” por medio del modelo que le fuere dictado a los gobernantes rumanos.
No hay que ser muy brillante, consideran los analistas, para percatarse que desde tiempos de la Administración Trump, se consideró a Europa del Este y, concretamente a Rumanía, como pieza clave en la estrategia para aislar al gigante Huawei, que Washington argumenta, es un peón de Pekín y una grave amenaza a la seguridad de las telecomunicaciones occidentales, especialmente las militares. Por ello, Rumanía fue de los primeros países en adherirse a la iniciativa estadounidense, ‘Clean Network’, creada para “evitar la apropiación de información sensible por parte de actores malignos” en la red, “incluido el Partido Comunista de China”, según dice el discurso.
Avanzó así el “modelo rumano”, que ahora nuestro presidente, espera trasplantar a Costa Rica, olvidando de camino, como lamentablemente está siendo usual, ciertos “detallitos” que Chaves, su canciller André y los silenciosos funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, parecen desconocer o, que tal vez, aunque perplejos, disimulan, pues su jerarca no fue siquiera invitado a firmar el decreto que tanto afecta su ámbito de acción.
Recordemos que cuando Rumanía rompió con China, su primer ministro, el conservador Florin Cîțu, del Partido Nacional Liberal, argumentó que lo hacía pues era receloso de compañías que eran subsidiadas en sus países de origen. Preámbulo a lo que sucedería en abril de este año, cuando el gobierno rumano impidió que Huawei pudiese participar en el desarrollo de la red 5G en ese país balcánico, materializando así lo establecido en el Memorando de Entendimiento firmado con los EUA en el 2019, que, con asesoría estadounidense, obliga a verificar si cada compañía “sujeta al control de un gobierno extranjero, tiene una estructura accionarial transparente y, además de tener un historial de comportamiento ético, está sometida a un régimen jurídico que requiere prácticas empresariales transparentes”. Aspectos que Washington considera, sobra decir, no cumplen ciertas corporaciones chinas, y que el gobierno rumano, a cambio de beneficios económicos y de seguridad militar, por lo señalado antes, acepta dócilmente como válidos. “Donde manda capitán no manda marinero”, dice el refrán popular.
Ciertos “detallitos”
Ahora bien, si lo que el presidente Chaves desea, es clonar las condiciones rumanas en Costa Rica, antes de proceder a poner en ejecución el decreto ejecutivo del 31 de agosto de este año, no puede desconocer que la China moderna es un Estado activo y respetuoso de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y sus normas convencionales, pues no podría ser de otra manera, si aspiraba a tener éxito en el inmenso mundo del comercio internacional con todas las naciones. Un ejemplo es el respeto a las patentes y otros derechos, donde solo sobre la tecnología 5G, Huawei cuenta con una decena de patentes, que la protegen de competencia desleal. Asimismo, China aplica las normas internacionales de calidad ISO (International Organization for Standarization) que varias de sus grandes empresas, como Huawei, se esmeran en cumplir por la seguridad de que sus productos en la industria, son de especial calidad, así como su gestión de servicios. Es claro pues, que el reconocimiento internacional e independiente, es para los chinos, un componente fundamental en el engranaje complejo del comercio internacional y la gestión de la seguridad de la información, entre otros.
El tratado de libre comercio entre Costa Rica y China
Aparte de que Huawei y otras grandes empresas chinas, son propiedad de estructuras privadas ajenas al gobierno y al Partido Comunista Chino, vemos como algunas compiten incluso entre ellas, por lo cual no es correcto vislumbrarlas como empresas pertenecientes a gobernantes chinos, como sucedía hace muchos años, cuando el gigante asiático apenas mostraba signos de modernización de su incipiente aparato industrial. Eso hay que tenerlo presente a la hora de ejecutar acciones obstaculizadoras de su accionar empresarial fuera de China, pues sus empresas también gozan de derechos.
Pero si ello no fuere suficiente para “pensarlo dos veces”, antes de meter a nuestro país en el enmarañado manglar que vislumbramos, Rodrigo Chaves ha de considerar que Costa Rica, tiene suscrito y ratificado formalmente y en vigencia, un tratado de libre comercio que, entre muchas cosas negociadas oportunamente por los expertos nacionales y chinos, tiene un capítulo que determina la prerrogativa de “Trato nacional y acceso a mercados para el comercio de mercancías”, cuyo objetivo fundamental es el de “Asegurar que a las mercancías importadas se les brinde un tratamiento no discriminatorio”. Tratado que implica, además, “promover el comercio recíproco a través del establecimiento de normas comerciales claras y mutuamente beneficiosas y la prevención de barreras comerciales y distorsiones a su comercio recíproco”, como hasta ahora se ha cumplido.
“Detallitos” semejantes, no mencionados en el decreto ejecutivo de Chaves, harían inviable aplicar el modelo rumano en nuestro país, pues existe, para información del presidente, además de las normas de la OMC, una Carta Magna llamada Constitución Política de la República de Costa Rica, resguardada incluso en su cumplimiento, por una Sala particular de la Corte Suprema de Justicia, que determina que los convenios internacionales tienen “autoridad superior a las leyes”, por lo que desde sus aprobación por la Asamblea Legislativa y entrada en vigencia, no pueden ser derogados por una ley ordinaria, y mucho menos, por un decreto ejecutivo que, por definición, no puede ser contrario a la ley o leyes, al que se refiere. Porque no creemos que el presidente no conociera algo jurídicamente tan básico, no entendemos los objetivos del decreto ejecutivo, que es obvio, no tiene posibilidad alguna de ponerse en práctica.
La dignidad nacional
Cuesta digerir ese compromiso adquirido aparentemente por nuestro presidente Chaves con el presidente Biden. Surgen dudas acerca de las consecuencias de un decreto ejecutivo contrario a la normativa legal nacional e internacional, que mueve a especular que se trata de algo “importado” desde el norte, meses atrás, ya que, en su parte medular, por sus errores, pareciere redactado por funcionarios que desconocen la normativa legal costarricense, y que además, no sienten, por no ser costarricenses, algo fundamental vinculado al concepto de Patria que nos mueve y nos conmueve; el sentimiento de DIGNIDAD NACIONAL. Ese sentimiento que desde nuestra independencia y, luego con la Campaña Nacional que dirigiera nuestro héroe Juan Rafael Mora, forma parte integral del ser costarricense, de un pueblo agradecido con los compatriotas que incluso ofrendaron sus vidas en defensa de ese valor patriótico. Ese decreto ejecutivo, dolorosamente, no honra su memoria, pues olvida que el carácter de nación libre NO nos fue regalado hace 202 años, y que posteriormente, hubo que luchar valientemente por él durante la gesta patriótica de la Campaña Nacional, más de 30 años después de la declaratoria de independencia del reino de España.
Presencia de China en Costa Rica
En su reprochable decreto ejecutivo, Chaves no toma en cuenta que la República Popular China es uno de los principales actores en el contexto económico internacional, donde Costa Rica, aunque pequeñita, aspira a ser protagonista. Y, asimismo, que además de ser el segundo socio comercial de Costa Rica, solo superado por los Estados Unidos, hemos tenido intercambio comercial desde principios de los años 90, dándose un crecimiento constante a partir de la incorporación de China a la OMC, que no sobra recordarlo, es un organismo con capacidad de sancionar a los Estados que incumplen sus normas acogidas voluntariamente. Y mucho menos, cuando se esgrimen acusaciones ridículas, indemostradas e indemostrables, de “espionaje” sobre nuestras instituciones del Estado y las personas.
Desde que en junio del 2007 se anunció el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China, se sembró la semilla de un proceso significativo, de mayor vinculación económica y comercial entre ambas naciones. Al año siguiente, en noviembre del 2008, se inició la negociación del citado tratado de libre comercio entre ambos países, que se extendiera por seis rondas y concluyera con la firma del texto final en abril del 2010. Tratado que, al tener plena vigencia, ha de respetarse en su letra y espíritu, y que ha permitido que, para el año 2021, se alcanzara la cifra de US$3.246 millones en intercambio comercial. Con él, vemos como, en promedio, en la última década, el comercio con China creció a un ritmo anual de 9,1%, resultado del aumento del 20,8% en las exportaciones y del 8,4% en las importaciones. Y dato muy relevante, las exportaciones realizadas por empresas costarricenses en el 2021, ya superaban los US$308 millones, con buenas perspectivas de ir en aumento.
Asimismo, no está demás considerar que existe una “Comisión de Libre Comercio” establecida en el marco del citado TLC, que ha realizado seis reuniones desde la fecha de entrada en vigor, en las que se han discutido y acordado modificaciones respecto a reglas de origen, desgravación arancelaria y asuntos del tratado, sin que se hubiese conversado, siquiera (como es esperable) de la amenaza de “espionaje” que desde Washington nos están “sugiriendo”. En dichas reuniones bipartitas, se han abordado temas específicos de implementación y aplicación del certificado de origen, como corresponde formalmente, sin que se hubiesen presentado conflictos relevantes que resolver.
Sobre las señaladas exportaciones costarricenses por US$308 millones (2021), habría que preguntar a los empresarios exportadores de dispositivos médicos, carne y trozos de bovino, cítricos preparados o conservados, pieles y cueros, café, enchufes, circuitos integrados, y otros productos de una creciente y prometedora lista, si podrían encontrar otros destinos para sus exportaciones, en caso de que, a consecuencia del decreto ejecutivo de la “guerra comercial” que comentamos, China se desatendiera del tratado de libre comercio que sustenta ese intercambio comercial, como respuesta esperable del gobierno chino, a una barrera comercial ilegal e irrespetuosa, que se aplicaría a productos de sus nacionales.
Asimismo, habría que consultar a las empresas privadas y estatales, cuáles caminos tendría que seguir los que importan productos laminados de hierro o acero, centrales de comunicación, computadoras portátiles, teléfonos celulares, otros productos laminados planos, pantallas de televisión, automóviles y otros vehículos de transporte, llantas, juguetes, manufacturas de plástico y aparatos de radiodifusión, alimentos enlatados y congelados, etcétera, que los costarricenses importamos por un valor de US$2938 millones, si, ¡de un día para otro!, dejan de llegar a nuestros puertos y aeropuertos, productos que ya forman parte de la vida cotidiana de los habitantes de Costa Rica y de los proyectos de desarrollo. Ello, por la molestia de un gobierno chino que, con razón, se sentiría agredido, y que seguramente consideraría presentar demandas ante instancias de la Organización Mundial del Comercio, entre otros.
Y lo planteamos así, pues, aunque lo que el presidente quiere, para aparentemente cumplir con inconfesos compromisos, es borrar la marca Huawei del país, sería esperable una reacción no muy amistosa de China, y un conflicto internacional que pondría en juego la seriedad de Costa Rica, ante otros actores del comercio internacional.
Si Bucarest lo hizo, no significa que el “modelo rumano” también se pudiese activar en Costa Rica. Ni somos parte de la militar OTAN, ni tenemos a Rusia al frente, ni somos tan cándidos en pensar que, como pago, recibiríamos de los Estados Unidos y algunos países europeos, la “ayuda” financiera que pudiere mitigar el daño económico que fácilmente se vislumbra, y la sustitución adecuada de la tecnología de avanzada a la que estaríamos renunciando.
Lo que además está muy claro, es que Costa Rica está muy rezagada en tecnología 5G, según lo advirtió también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), que, por definición, vela por el buen diseño de políticas gubernamentales, que nos ayude a salir del subdesarrollo. El decreto de Chaves marca un rumbo claramente hacia atrás.
Las cifras son más que preocupantes. Se estima que Costa Rica perdería US$1100 millones al 2024, como consecuencia de una parálisis en 5G. Sin embargo, frente a esa amenaza, la buena noticia es que empresas como Huawei y otras cuatro multinacionales, se han mostrado interesadas en concursar por brindar esos servicios en nuestro país, por lo cual, necesariamente, hemos de guardar prudente distancia entre la guerra comercial que ha iniciado los EUA frente a China. Pero, paradójicamente, aunque Chaves ha declarado que “Costa Rica no se va a meter en un pleito entre elefantes”, es precisamente lo que está haciendo, al alinearse con los EUA, para tratar de “golpear”, desde nuestro diminuto país, a la empresa líder a nivel planetario, en el campo de la información y la tecnología de las comunicaciones, en infraestructura y equipos inteligentes, que cuenta con más de 200.000 empleados y que opera en más de 170 países, donde sirve a más de tres mil millones de personas.
Por otro lado, el éxito de Estados Unidos por presionar a otros países a que rechacen realizar negocios con Huawei ha sido limitado hasta el momento, pues países como Alemania, España, Suiza, Canadá o Francia han descartado las advertencias norteamericanas, permitiendo el acceso al fabricante chino a desplegar las redes 5G en sus territorios. Y, aunque sus gobiernos presentan algunas divergentes acciones internas, comprenden lo que realmente se mueve alrededor de las presiones potentes surgidas desde Washington. Hay rumores de acciones en Europa contra Huawei, pero los números no mienten. Según un estudio de Copenhagen Economics, la gran empresa china “contribuyó con 12.300 millones de euros a la economía europea en 2021 y contribuyó con más de 140.000 empleos en la Unión Europea”. Así, la prudencia de Confucio, aunque occidentales, como que les manda tener cuidado.
Aunque es incomparable en magnitud lo que sucedería en Costa Rica en caso de que nuestro país se involucre imprudentemente en ese “pleito entre elefantes”, es reconocido que en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), formidable empresa estatal que extiende su radio de acción hacia la generación y distribución eléctrica, y las telecomunicaciones, el anuncio presidencial ha provocado desazón en varios departamentos. El ICE quiere darnos la mejor tecnología 5G, al mejor precio y el más eficiente respaldo, y para alcanzar ese objetivo, es claro que no puede actuar, pretendiendo que Huawei no existiera, y menos, si se hace a partir de pretextos como “amenazas a la seguridad nacional” y “espionaje”. Es cierto que el público en general desconoce los alcances e importancia de “eso que llaman 5G”, pero hace menos de 20 años, tampoco entendíamos “eso que llaman Internet”, cuando daba sus primeros pasos en la Universidad de Costa Rica. Hoy pocos dudan de su trascendencia y muchos gozamos de sus beneficios.
Sobre la tecnología 5G, se pueden resumir sus aspectos positivos, acotando que permite mayor capacidad de transmisión de datos, velocidad en navegación e incluso la posibilidad de ayudar a reducir la brecha digital en Costa Rica, donde un millón de compatriotas en pobreza no tienen acceso a Internet. Además, 5G mejora la respuesta en tiempo real y es crucial para el funcionamiento de telemedicina y realidad virtual, permitiendo la interconexión de una mayor cantidad de dispositivos conectados simultáneamente, lo cual es fundamental para aplicaciones de la “Internet de las cosas” (IoT). Y aunque parezca de fábula, nos abre las puertas a la implementación de ciudades inteligentes, a lo que se suma un área muy importante, como es el impulso de distintas industrias con mejor sustento tecnológico, y el fomento de nuevos procesos en agricultura, manufactura, turismo y educación, entre otros. Por eso, repetimos, son como autopistas de 10 carriles o más, que vendrán a sustituir carreteras de lastre, si queremos aspirar los costarricenses a una calidad de vida mejor, por un desarrollo de la mano con el progreso, si de verdad queremos avanzar hacia el desarrollo.
Las contradicciones
Y es aquí donde precisamente nos llueven las interrogantes, pues cuesta entender cómo, por un lado, desde el gobierno, se habla de implementar la tecnología 5G para el año entrante, mientras por otro se le ponen amarras al ICE para cumplir con esa tarea propia de su campo de acción; tarea fundamental para su permanencia en el tiempo. Al anunciar a las empresas que están respondiendo a las licitaciones, desde el ICE nos dicen que “estas empresas serán responsables del desarrollo e implementación de la suite de servicios empresariales 5G, como un habilitador de desarrollo para empresas e instituciones, con necesidades de comunicación específicas que garanticen soluciones de alta velocidad, disponibles y seguras”, al tiempo que se cita como interesadas a competir bajo similares condiciones, a Consorcio Datasys Group Vinet (representante de Nokia), así como a Sonda CR-CL, Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica y One Way Technologies (representantes de Huawei).
Sin duda alguna, el ICE se vislumbra como el más afectado por las consecuencias del decreto ejecutivo, pues, inevitablemente, sus proyectos de desarrollo más recientes están vinculados con la marca Huawei, por lo señalado antes. La estructuración de las redes privadas para 5G, así como su operación eficiente, es parte de esa realidad tecnológica. No se puede desconocer, como parece lo hace nuestro presidente, que, durante el presente año, un 38% de las licitaciones procesadas por el ICE, se han dirigido hacia Huawei, y decenas de miles de millones de colones ha invertido nuestra empresa estatal en productos de dicha empresa china, siempre en busca de mejores condiciones para el Instituto y los costarricenses.
Si los enemigos del ICE quisieran debilitar a la empresa del Estado, frente a las corporaciones multimillonarias protegidas por otros tratados de libre comercio, diferentes al de Costa Rica con China, el ICE simplemente caería de rodillas ante los que quieren privatizarlo, venderlo o comprarlo. Más allá del doble discurso, que por un lado dicen querer fortalecerlo, se presentan situaciones como las que se derivarían del desdichado decreto ejecutivo que, de ponerse en vigencia, sería como el verdugo medieval muy dispuesto a cortar la cabeza del ente estatal, ante el imperdonable silencio de su junta directiva y su presidente ejecutivo.
No puede Costa Rica, no debemos permitirlo, involucrarse en ese conflicto de Estados Unidos contra Huawei, caracterizado por elementos comerciales, políticos, electorales e ideológicos, donde nuestro pequeño país solo lleva las de perder. Mientras el gran Brasil del presidente Lula, por ejemplo, más bien se acerca amistosamente a China, con muy buenas ideas, para el desarrollo de gigantescos proyectos beneficiosos para sus habitantes, aquí, desde nuestra pequeñez, le lanzamos un guante inamistoso al grandioso país asiático. Gesto que inevitablemente vemos vinculado, con la suspensión de la visita del presidente Chaves a China, “por cuestiones de agenda”, dijo Casa Presidencial.
Sabemos que ya se están dando reacciones de parte de diversos sectores nacionales, justamente preocupados con los sucesos comentados. Reacciones que esperamos puedan, uniendo fuerzas, detener cuanto antes el daño que se vislumbra para la nación. Las consecuencias negativas, en sus diversas aristas, si se deja profundizar, sería irreparable y muy costoso para el pueblo costarricense.
SURCOS comparte el siguiente análisis de coyuntura que nos fue enviado por la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del magisterio mexicano. El escrito incluye un documento PDF que adjuntamos y también lo puede descargar aquí, así como la siguiente introducción:
“El desarrollo capitalista en México ha dado como resultado en los últimos 30 años la imposición de un régimen neoliberal que se consolida a través de la alternancia democrática de partidos políticos burgueses en la presidencia de la república, hecho que trae una serie de reformas que repercuten tanto en ámbitos político-económicos, así como en lo educativo.
En este contexto en el 2013 nos consolidamos como Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 (AED 40), organización sindical que aglutina a trabajadores de la educación de la Sección 40, una sección más de todas las que conforman el entramado de secciones del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), el sindicato más grande de América Latina.
En el fragor de la lucha de clases en el sector magisterial nos consolidamos como organización independiente al hacer nuestros los 22 principios de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organización independiente nacida en 1979 que surge ante la necesidad de rebasar la relación tradicional con el Estado que representa el SNTE y sus estructuras charras.
En este contexto, nos pronunciamos de manera permanente, conscientes del papel que juega la propaganda política en la lucha de clases, de ahí compartir con el editorial el siguiente material”.
En la alborada de la década de los setenta del siglo XX, se inició un experimento inédito en Chile. No tendría significación solo en América Latina, sino en el mundo entero, puesto que nunca se había concretado nacionalmente una lucha social pacífica, por la vía electoral, que se hubiese planteado un rumbo socialista.
Se puede estar de acuerdo o no con el propósito definido por aquel conglomerado social que apoyó políticamente a la Unidad Popular chilena, pero no cabe duda de que estaba dentro de las directrices y reglas de la democracia occidental, tal como la conocemos desde hace más de 200 años. En otros términos, lo que estaba en boga en Chile, no era otra cosa que la “voluntad popular” que se concretó en favor de la “Unidad Popular “, encabezado el proyecto por la figura de un hombre, el Dr. Salvador Allende Gossens revestido de una férrea voluntad por cumplir con su pueblo el compromiso estratégico de instaurar el socialismo por la vía democrática; pero, al mismo tiempo era dueño de un carácter conciliador, un proceder flexible y maneras educadas en el trato con los demás. Una simbiosis rara, que configuró una personalidad única e inigualable, lo que le permitió obtener un gran prestigio y calado en los diferentes sectores de la sociedad.
Por esa personalidad tan peculiar, Salvador Allende, proveniente del partido socialista chileno que contribuyó a fundar en 1933, se constituyó en el arquitecto del proyecto unitario denominado Unidad Popular (UP), por encima inclusive del gran poeta universal Pablo Neruda, quien representaba al partido comunista de Chile y con quien compitió para ganar la candidatura dentro de ese conglomerado político que fue la UP. Allende había sido candidato a la presidencia de la República en tres oportunidades anteriores (en las elecciones de 1952 frente a Ibáñez, en las de 1958 frente a Jorge Alessandri, y finalmente en las de 1964 contendiendo a Frei Montalva); Allende hizo todo ese duro recorrido político antes de alcanzar el triunfo electoral en las elecciones de 1970, para ser investido como presidente Constitucional el 4 de setiembre de este año.
Adicionalmente, para poder alcanzar el solio presidencial, fue necesario establecer antes un acuerdo con la Democracia Cristiana chilena, que gozaba de la mayoría parlamentaria. Con ella se acordó la elección de Allende por el Congreso de la República, ya que había obtenido la primera mayoría, el 36% del total de los votos emitidos, pero este porcentaje resultó insuficiente para alcanzar de manera directa la nominación presidencial. Fue necesario que los partidos de la UP y el propio Allende firmaran un “Estatuto de Garantías Democráticas”, incorporado a la Constitución Política por medio de una reforma. Tras este acuerdo vital, el Congreso Pleno lo proclamó presidente de Chile, el 24 de octubre de 1970; entonces sí, fue nominado mediante una lujosa mayoría de 153 sufragios, contra únicamente 35 del expresidente Jorge Alessandri y 7 votos en blanco. (Cfr. Reseña biográfica Salvador Allende Gossens. “Salvador Allende Gossens, presidente de la República de Chile.” Bcn.cl).
Fue de esta manera que se consagró como lo acabamos de expresar, por vez primera en la historia del mundo occidental, la elección de un presidente marxista a la presidencia de La República, por medio del voto popular en unas elecciones libres. Allende y la Unidad Popular, comenzaron a cumplir meticulosamente con el programa con el que se habían comprometido, sin alterar ni en un ápice, el “Estatuto de Garantías Democráticas” acordado en el Congreso. Primero vino la aprobación de la Nacionalización de la Gran Minería del Cobre, que contó con el apoyo de la UP, de la Democracia Cristiana y hasta de algunos sectores de la derecha, ubicados en el partido de Alessandri. En segundo lugar, se acentuó la redistribución del ingreso y la reactivación económica; enseguida se acometió la tarea de avanzar rápidamente en la expropiación de grandes latifundios con la legitimidad que daba la Ley de la Reforma Agraria, aprobada durante el gobierno anterior de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), pero que en ese gobierno no caminó por falta de voluntad política y temor a las amenazas de los terratenientes. Fue así como se constituyó el área de propiedad social de la economía, todo dentro del orden democrático y de la Constitución Política.
En el campo de las relaciones internacionales, el gobierno encabezado por el presidente Salvador Allende G. forjó un nuevo sistema de alianzas, comenzando con el restablecimiento de relaciones con Cuba y enseguida continuó forjando amplias relaciones con los países del entonces llamado “campo socialista”.
Todo lo anterior se dio en medio de las más brutales acechanzas por parte del gobierno de los Estados Unidos, bajo la presidencia de Richard Nixon y teniendo como su asesor para temas de seguridad nacional a Henry Kissinger, quien fuera el principal responsable de orquestar una gran conspiración fraguada por la CIA, para debilitar e intentar aislar internacionalmente al gobierno chileno. Advierto que soy muy escéptico con respecto a las teorías de las conspiraciones; sin embargo, la anterior afirmación está sustentada en la desclasificación de los archivos de la CIA, lo que se produjo por primera vez en 1975. En la siguiente cita el periodista Peter Kornbluh, reconstruye paso a paso cómo se urdió el complot. En la parte introductoria el periodista escribió: “El 15 de septiembre de 1970, hace exactamente 50 años, Richard Nixon, entonces presidente de Estados Unidos, ordenó una intervención directa y soterrada para evitar que Salvador Allende llegara a La Moneda o, de no ser posible, derrocarlo. Para esto se planearon diversas fórmulas –incluyendo presiones sobre el presidente Frei Montalva– que quedaron registradas en documentos secretos.” A continuación, comienza el documento con esta notable cita: El 15 de septiembre de 1970, durante una reunión de veinte minutos en la Oficina Oval (en la Casa Blanca, EE. UU.) entre las 3:25 pm y las 3:45 pm, el presidente Richard Nixon ordenó a la CIA fomentar un golpe de Estado en Chile. Según notas escritas a mano por el director de la CIA, Richard Helms, Nixon entregó instrucciones explícitas para prevenir que el recién elegido presidente de Chile, Salvador Allende, asumiera su mandato en noviembre. O para crear condiciones para derrocarlo si lo hacía. “Una oportunidad en 10, tal vez, pero salvar a Chile”, “No le preocupan los riesgos que involucre”, anotó Helms, tal como aparece en sus manuscritos hoy desclasificados, mientras el presidente (R. Nixon) exigía un cambio de régimen en la nación sudamericana que se había convertido en la primera en el mundo en elegir libremente a un candidato socialista. «Trabajo de tiempo completo: los mejores hombres que tenemos «. «Hacer que la economía chille «. (Cfr. Este artículo corresponde a una traducción de ‘Extreme Option: Overthrow Allende’, publicado originalmente en la página del Archivo de Seguridad Nacional (NSA) de The George Washington University, Estados Unidos. https://www.ciperchile.cl/2020/09/15/documentos-desclasificados-de-eeuu-registraron-la-genesis-de-la-instruccion-de-nixon-para-derrocar-a-allende/).
Como en un inicio no pudieron ejecutar la maniobra acordada del derrocamiento del gobierno Constitucionalmente electo, a pesar de haber perpetrado también como parte de la estrategia, urdida con el apoyo irrestricto del gobierno de Nixon, el crimen llevado a cabo por un grupo de ultra derecha del jefe de las Fuerzas Armadas, general René Schneider Chereau, leal al gobierno Constitucional recientemente elegido, aprovecharon por fin una coyuntura de severa crisis económica entre 1972 y 1973, para alimentar el sabotaje de la economía, desabastecer los supermercados, y finalmente apoyar el paro de los transportistas que se produjo desde el día 9 de octubre de 1972, y se prolongó hasta el 5 de noviembre del mismo año. Este paro, que sorprendió a Chile, fue apoyado inclusive económicamente por los gremios empresariales de Chile (no en vano se le denominó “el paro de los patronos”), contó además con el auspicio directo de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos y fue un factor clave para desestabilizar al gobierno y crear las condiciones propicias para el “Golpe de Estado”, que se produjo finalmente el 11 de setiembre de 1973 y culminó con el derrocamiento de Salvador Allende. (Cfr. Rojas, Susana (8 de junio de 2003). “El Paro que Coronó el Fin o la Rebelión de los Patronos”. El Periodista. web.archive.org).
Lo que siguió, fue un baño de sangre que enlutó a la nación suramericana, asesinatos en masa, desapariciones, cadáveres lanzados al mar y vejaciones contra toda aquella persona que le pareciera a la “cruel dictadura de Pinochet”, que era un enemigo. La palabra “enemigo” vino a sustituir a la de “Ciudadano o Ciudadana”. Muchos patriotas debieron abandonar Chile huyendo al exilio, para evitar su encarcelamiento o desaparición. Costa Rica fue un testigo de excepción, porque aquí acogimos a cientos de chilenos inmigrantes, que por cierto contribuyeron decisivamente a desarrollar la Universidad Nacional (UNA), acogidos por el propio rector Benjamín Núñez y por toda la comunidad de académicos, estudiantes y personal administrativo. También hicieron un enorme aporte la cultura, al teatro, las artes y la música en general, y descollaron en muchos otros ámbitos de la vida nacional. Grandes amigos para toda la vida forjamos algunos de nosotros como consecuencia de aquella inmigración.
La brutalidad, el latrocinio, la ilegalidad de aquella dictadura inmisericorde encabezada por Pinochet, es deseable que nunca más pueda reaparecer en ninguna parte, que nunca se puedan volver a pisotear los derechos humanos de la manera tan desabrida como se dio a partir del 11 de setiembre de 1973 y por 17 años, ni de ninguna otra forma; que no se vuelvan a pisotear ni en Chile, ni en ninguna otra parte. ¡Que vivan la democracia y los derechos humanos! ¡Qué se honre por siempre la memoria del presidente Allende! ¡Qué viva el pueblo de Chile!
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Las narrativas sobre la nación por estas fechas suelen llevar a la exaltación y la hipérbole. Es fácil caer en la tentación de sentirse parte de una comunidad imaginada, al decir de Benedict Anderson y entregarse a la parafernalia de la convocatoria sobre los valores que configuraron nuestra particular sociedad: igualitaria, labriega-sencilla, horizontal.
Cada tanto como decir 15 de setiembre una idea de patria se recrea, pero suelen aparecer resquicios que nos recuerdan que, pese a los históricos intentos políticos por igualarnos, igualiticos nunca hemos sido, como decía el politólogo Manuel Rojas Bolaños en su prólogo a la obra póstuma de Carlos Sojo Obando: “Igualiticos: la construcción social de la desigualdad en Costa Rica” (PNUD, 2010).
Entonces la diferencia debe ser gestionada, valorada, aprehendida.
En el ritual de la celebración patria en la provincia de Heredia, un nutrido grupo de estudiantes, docentes, administrativos y padres y madres de familia del Centro de Enseñanza Especial de Heredia (CEEH) encabezó el desfile.
Ataviados con ropajes patrios, instrumentos, sillas de ruedas y dispositivos para la movilidad, las y los estudiantes desfilaron 900 metros acompañados y acompañadas de sus maestras y maestros, sus tutoras. Los mismos 900 metros que recorrió Andrea junto con su maestra y acompañante, los caminó el joven de la Banda del Liceo local. Este es el verdadero sentido de la inclusión: en acciones como estas, que no solo son afirmativas sino reforzadoras de esa noción, se ganan las distintas poblaciones centímetros en sus luchas por el reconocimiento, la autonomía y la igualdad en la diferencia real y efectiva.
A su paso por el centro de la ciudad la histórica sirena de un emblemático comercio herediano les daba la bienvenida. Y el público aplaudía quizá pensando hacia adentro, muy adentro, en lo que se ha hecho como sociedad para proporcionar a estas poblaciones equitativas condiciones materiales, pedagógicas e infraestructurales y no seguirlas marginando en las acciones cotidianas, las prácticas sociales y las políticas públicas.
Mientras la delegación desfilaba con orgullo y alegría, a los costados de las calles, en las aceras, allí donde el público se apostaba y aplaudía frenético a su paso, empezaba uno de los mayores obstáculos para la integración de estas poblaciones: las barreras de acceso.
¿Ha pensado usted en cuán dificultosas son nuestras aceras para poblaciones con dispositivos de transporte, tales como las sillas de ruedas? Este es tan sólo uno de los indicadores que debemos trabajar más y más rápido como sociedad para equiparar los derechos de todas y todos, sin importar las diferencias.
No está de más recordar que las instalaciones del Centro de Enseñanza Especial son parte de esa vergonzosa lista de infraestructura educativa que debe ser intervenida con urgencia por el Estado ante su precaria situación, que limita la posibilidad de cumplimiento de toda la normativa nacional e internacional que Costa Rica ha firmado en materia de inclusividad.
En 2015 entró en vigencia la modificación al artículo No.1 de la Constitución Política que reconoce la pluralidad y la diversidad en el país. Durante su presentación en las actividades de conmemoración de Heredia, las y los estudiantes del CEEH materializaron el espíritu de esta normativa, al tiempo que visibilizaron desde la motivación y la alegría con que participaron, los desafíos que tenemos en nuestra sociedad para procurar una gestión real y efectiva de las diferencias.
Las fotografías son de la página en Facebook del Centro de Enseñanza Especial de Heredia (CEEH).
Antecedentes: los años de la Presidencia de Salvador Allende
La represión policial y militar
Instauración del neoliberalismo en Chile como “espejo” de América Latina. La brecha económica
El sistema dictatorial del Cono Sur. El Plan Cóndor: instrumento de exterminio de la izquierda latinoamericana.
Antecedentes: los años de la Presidencia de Salvador Allende
Hoy nadie duda de que la Guerra Fría, además de un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, fue también una cruenta guerra no declarada que Estados Unidos desató por más de cuarenta años contra los pueblos de América Latina; y también sabemos que una de sus más trágicas víctimas fue el pueblo chileno.
Los documentos recién desclasificados en Washington acerca del gobierno del presidente Allende y el golpe de Estado de Pinochet han terminado por dejar en la más completa claridad la ilegítima, constante y funesta intervención del gobierno estadunidense en los asuntos de Chile; una intervención que se operó desde que los datos apuntaron hacia la posibilidad de que Allende ganara las elecciones en setiembre de 1970: el asesinato del general René Schneider, jefe del Ejército, en octubre de 1970; el boicot de los comerciantes para provocar escasez de los productos básicos desde 1971, hasta el paro de los camioneros en 1972: todas estas actividades fueron planeadas y financiadas por la CIA.
A comienzos de setiembre de 1970 Henry Kissinger escribía a Richard Nixon:
“El ejemplo de un gobierno marxista electo y exitoso en Chile, ciertamente tendría un impacto -y serviría como precedente- en otras partes del mundo, especialmente Italia. La propagación de un fenómeno semejante en otro lugar afectaría significativamente el equilibrio del mundo y nuestra propia posición en él”
Acusándola de totalitaria, abrumaron a Cuba con bloqueos y embargos, pero en el caso de Allende vemos que, en realidad, lo que preocupaba a Nixon no era la democracia, sino que se demostrara al Mundo la viabilidad del socialismo democrático.
Por eso, una vez electo Allende, Nixon declaró que ‘haría crujir la economía chilena’. Y efectivamente en los años siguientes sus bancos congelaron los créditos y su gobierno congeló la ayuda económica. El Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales dominadas por Estados Unidos cancelaron unilateralmente los préstamos ya otorgados; y la ITT formó un comité de representantes de corporaciones estadounidenses para coordinar con el gobierno Nixon una estrategia contra Chile.
Sin embargo, aún con la severa crisis inflacionaria desatada en Chile por la alevosía nixoniana, como bien dice el compañero Ramón Vargas, de la Asociación Americana de Juristas, Rama Chilena:
“…A pesar de estos afanes reaccionarios, el gobierno de Salvador Allende pudo llevar adelante parte importante de su programa: la nacionalización del cobre, la Reforma Agraria, el control de la banca, un programa de construcción de viviendas que no ha sido igualado. Con la Reforma Agraria se puso término para siempre al dominio del latifundio en el campo chileno y se crearon las bases para un importante desarrollo de la AgroIndustria…”
Ello se confirma indirectamente en la comparamos dos períodos dentro de los últimos sesenta años: el de los gobiernos de Frei Montalva y Allende (1964-1973), que muestran un coeficiente de Gini enteramente favorable, y el que arranca en 1974, con la política neoliberal de la Dictadura y años siguientes: la brecha económica entre ricos y pobres se dispara, haciendo de Chile uno de los países más desiguales del Mundo.
En todo caso, dado el conjunto de dificultades y obstáculos políticos, económicos y financieros creados e implementados por Estados Unidos contra Allende desde el comienzo de su gobierno, la oligarquía chilena apostaba a provocar su impopularidad y su descrédito; pero, por el contrario, en las elecciones de diputados y senadores de marzo de 1973, la Unidad Popular subió espectacularmente en comparación con las elecciones presidenciales de 1970: del 36.2% que obtuvo Allende en el 70, al 44.2% que alcanzaron sus diputados y senadores en marzo del 73. Es decir, despues de dos años y 4 meses de ejercer un gobierno boicoteado y acosado por todos lados, el partido liderado por Allende había aumentado más de un 20 % su caudal de votos.
Así las cosas, para detener aquel ejemplo ‘funesto’ de socialismo democrático, a Nixon, a Kissinger y a Pinochet y compañía, sólo les quedaba el golpe de Estado. Y el golpe de Estado fue cuidadosamente planeado y ejecutado el 11 de setiembre de 1973: hoy hace cincuenta años.
La represión policial y militar
El golpe de septiembre del 73 fue una acción militar ejecutada por el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Naval y el Cuerpo de Carabineros de Chile, para derrocar al presidente Allende y su gobierno. Así, mientras un aparatoso despliegue por mar y tierra se extendía a lo largo del país, tropas del ejército y aviones de la Fuerza Aérea sitiaron y atacaron el Palacio de La Moneda, sede del gobierno constitucional. Tal como lo prometió en su último discurso, Salvador Allende murió durante el asalto de los militares al Palacio.
Este golpe despedazó el orden constitucional de la Repúblilca, y dio origen al establecimiento de la usurpadora junta militar liderada por Augusto Pinochet. El país fue sometido a una dictadura que se extendió hasta 1990 y se caracterizó por practicar una salvaje represión. Durante este periodo, fueron cometidas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, se suspendieron los derechos civiles y políticos; miles de ciudadanos son detenidos, se producen allanamientos masivos y se cometen torturas, asesinatos y desaparición de personas; se establece la censura; se proscribe los partidos políticos y los sindicatos; los soldados queman miles de libros apilados en las calles de ciudades y pueblos; se disuelve el Congreso Nacional y el Poder Judicial se convierte en un instrumento dócil al gobierno. Una ‘Caravana de la Muerte’ recorre los pueblos deteniendo, torturando y asesinando ciudadanos, culpables del delito de ‘izquierdismo’. En suma, en ese período el régimen asesinó a más de 3 mil personas; un número considerable de chilenos se refugia en embajadas extranjeras y se calcula que cerca de doscientos mil fueron al exilio.
Instauración y fomento del neoliberalismo en Chile, como “espejo” para América Latina. La brecha económica
Pinochet fue un peón servil del Imperio, verdugo de su propio pueblo. Para cumplir su triste papel, Pinochet necesitaba reconocimiento internacional, sustento financiero e inversión, y los obtuvo gracias al masivo apoyo del gobierno Nixon y del sector financiero estadunidense. Desde 1974 puso la economía en las manos de los Chicago Boys, quienes al año siguiente iniciaron la implementación del shock neoliberal, que implicó una drástica reestructuración de la economía, de la sociedad y del sistema político, con el pleno apoyo y bajo el control monolítico del propio Pinochet, a través de un programa que contemplaba:
a) La drástica reducción del sector público y el rediseño del aparato estatal, a fin de que cumpliera exclusivamente su papel de gendarme;
b) La reorientación de los excedentes hacia el mercado de capitales;
c) La apertura de la economía al libre mercado con rebaja arancelaria;
d) La liberalización paulatina de los bancos;
e) La devolución al sector privado de gran cantidad de empresas del Estado: metalúrgicas, bancarias, aceiteras, textiles, electrónicas, pesqueras, etc., por medio de ventas a conglomerados económicos tradicionales, o constituidos a propósito.
La ayuda financiera masiva para el despliegue de dicha política neoliberal produjo, entre 1977 y 1981 una notable mejora en la economía; lo que Milton Friedman se apresuró a calificar como el “Milagro Chileno”: el cual fue promocionado internacionalmente con bombos y platillos como el triunfo del neoliberalismo y la justificación del golpe de Estado y del régimen de Pinochet. Porque, efectivamente, durante ese tiempo se redujeron considerablemente la inflación y el déficit fiscal; la producción industrial y la construcción se recuperaron y el Pib tuvo un aumento notorio; nació una multitud de empresas por la privatización del sector empresarial público, y como consecuencia proliferaron los nuevos super ricos amigos del régimen, junto a las grandes fortunas tradicionales.
En cuanto al agro, un tercio de las tierras de la reforma de Allende fue devuelto a sus antiguos dueños; y en lo que concierne a los campesinos que habían sido favorecidos, la mayoría terminó vendiendo su parcela por falta de crédito y de asistencia técnica.
En todo caso, el gasto social (educación, salud, vivienda) cayó drásticamente, al igual que los salarios, mientras que aumentaba el desempleo.
En resumen, si a comienzos de 1973, el acosado Chile de Allende atravesaba ciertamente una severa crisis económica, con una inflación del 606%, pero con un índice de desempleo de tan solo un 4,3 %; en 1982, tras una década de reformas de libre-mercado, la época milagrosa de los Chicago Boys dio paso a una nueva crisis económica que llevó a un desempleo del 23,7 % y a una disminución del producto interno bruto en un 14,3 %; y al término de la Dictadura militar en 1990, el índice de pobreza había alcanzado al 40 % de la población.
Todavía en la actualidad, la sombra de la brecha desigual persiste: los datos halagüeños registrados en los últimos años sólo han llevado a la conclusión de que Chile constituye un caso de crecimiento sin bienestar. Lo cual no impidió que, a través de los poderosos megáfonos del neoliberalismo se siga propagando por América Latina y el Mundo los ecos de un ‘milagro chileno’.
El sistema dictatorial del Cono Sur. El Plan Cóndor: instrumento de exterminio de la izquierda latinoamericana.
En sus inicios de 1973, la dictadura chilena no estaba sola: una vez consolidada, pasó a formar parte de un sistema interregional constituido por Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay y, poco después, Argentina, bajo la influencia y con el respaldo económico y militar de los Estados Unidos; sobre todo a través de la CIA y la Escuela de las Américas, que entonces ofrecía un postgrado en terrorismo de Estado, con énfasis en tortura y desaparición de personas.
La existencia y la disponibilidad de esos 6 regímenes militares pusieron las condiciones para el diseño de la gran operación estratégica del Plan Cóndor, fruto de la perspicacia de una de las grandes mentes criminales de hoy: el Premio Nobel de la Paz Henry Kissinger.
En efecto, en 1975 las dictaduras mencionadas, inspiradas por Kissinger, entonces Secretario de Estado, y bajo la tutela de Brasil, la hermana mayor, suscribieron la Operación Cóndor, también llamada ‘Plan Cóndor’: un pacto secreto de cooperación clandestina entre los aparatos de inteligencia y represión de las mencionadas dictaduras, cuyo objetivo era exterminar a todas las personas militantes en grupos u organizaciones de izquierda de la región, ya fueran partidos políticos, sindicatos, universidades, periódicos, revistas u otras agrupaciones. Se fundó secretamente en el Chile de Pinochet y duró catorce años, hasta 1989. Contagiados de filantropía, Perú y Ecuador ingresaron al ominoso cónclave en 1978.
En ejecución del Plan, las fraternales dictaduras practicaron más de 400.000 detenciones de personas, en las que se practicó sistemáticamente la tortura. Según la estimación de nuestro compañero de la AAJ profesor Martín Almada, descubridor en 1992 de los Archivos del Plan Cóndor en Paraguay (Archivos del Terror), más de 100.000 personas fueron asesinadas durante la vigencia del funesto Plan.
Pasado medio siglo desde el Golpe, sus secuelas son visibles en sectores del pueblo chileno que lo padecieron, y han transmitido a sus descendientes un mensaje de conformismo y pasividad, de temor y renuncia al pleno ejercicio de los derechos que, como seres humanos, les corresponde ejercer. Y esa es la realidad también en otros países de nuestro Subcontinente a consecuencia del Cóndor y de operaciones similares implementadas durante muchos años.
Los intereses de los Estados Unidos no constituyen la pauta que determine el destino del Planeta. Los pueblos de América Latina no merecían la suerte que les ha tocado vivir. Es preciso que lo sepamos, que no nos resignemos, que reaccionemos vigorosamente. Otro mundo es posible.
